Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06424-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06424-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06424-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
5 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06424-01
Accionante: YENLY ZEINED MORALES BÁEZ
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se revoca el fallo impugnado – SE AMPARA
• los obstáculos de índole administrativo no pueden ser una
justificación para coartar el disfrute de las vacaciones a que tienen
derecho los trabajadores
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la ciudadana Yenly Zeined Morales
Báez en contra de la sentencia de 27 de enero de 2023, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Yenly Zeined Morales Báez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a las vacaciones y al trabajo, cuya vulneración le
atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Unidad de Recursos Humanos, al Consejo Seccional
de la Judicatura del Meta, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Acacías y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la
negativa de las referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que se requiere para que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones
individuales.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que se desempeña en el cargo de escribiente adscrito al Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías, por lo que sus vacaciones se encuentran reguladas por el
régimen individual.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
2.2. Refirió que el 23 de noviembre de 2022 elevó solicitud ante la Juez Coordinadora
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías, con el propósito de que le concediera el disfrute
de sus vacaciones individuales.
2.3. Señaló que, en atención a lo anterior, la Juez Coordinadora elevó petición a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio con el fin
de que se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal -CDP- para cubrir
el reemplazo durante su descanso.
2.4. Indicó que, mediante oficio DESAJVIO22-1770 de 30 de noviembre de 2022, la
Dirección Ejecutiva Seccional accionada informó que no era posible emitir un CDP
para atender las expensas derivadas de un reemplazo por el referido descanso, bajo
el argumento de que no existía disponibilidad presupuestal.
2.5. Refirió que, en virtud de lo anterior, la Juez Coordinadora del Centro accionado
expidió la Resolución No. 038 de 30 de noviembre de 2022, mediante la cual negó
sus vacaciones, con fundamento en que la concesión del descanso, sin un
reemplazo, afectaría la correcta prestación del servicio, en atención a la alta carga
laboral de esa dependencia.
2.6. Manifestó que, con la anterior decisión, se vulnera su derecho fundamental al
trabajo, «[…] ya que se me está obligando a laborar sin que tenga la posibilidad de
disfrutar del descanso a que tengo derecho, por cada año laborado, propiciando con
ello desmejoramiento en mi salud física y mental, así como el deterioro en mi
capacidad laboral […]».
2.7. Señaló que también se vulneró su derecho fundamental a la igualdad toda vez
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio ha
emitido en anteriores oportunidades el certificado de disponibilidad presupuestal
para atender el pago de reemplazo por vacaciones a empleados del Juzgado Cuarto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Conforme con lo expuesto, no existiendo duda alguna que el derecho
fundamental al descanso y vacaciones, como al del trabajo en condiciones
dignas, y el derecho a la igualdad que demando su protección, se encuentran
conculcados por las accionadas, solicito de manera respetuosa al Magistrado
Ponente amparar estos derechos de rango constitucional.
Para ello, se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Unidad
de Recursos Humanos de Administración Judicial que, dentro de un término
perentorio y con fecha cierta, se expida el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal para atender el reemplazo del período de
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
vacaciones a que tengo derecho. A su vez, se inste a la señora Juez
Coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías - Meta, se emita el acto administrativo respectivo, en el que se me
conceda el derecho a las vacaciones a partir del 3 de enero de 2023.
Toda vez que el pasado 16 de noviembre de 2022, causé otro periodo de
vacaciones, se inste a las Accionadas, para que una vez realice la solicitud que
ha generado la presente Acción Constitucional, se genere sin dilaciones la
disponibilidad para el nombramiento de un reemplazo, durante el periodo que
solicite el disfrute de mismas.
Se conmine a las entidades accionadas, que a futuro y a fin de que todos y cada
uno de los empleados de la Rama Judicial, puedan gozar del derecho a disfrutar
vacaciones y los nominadores nombrar el reemplazo de quien disfruta de dicho
descanso remunerado, una vez se solicite la disponibilidad presupuestal para
atender el pago de vacaciones y prima de vacaciones; se emita el certificado
para ello al igual que el respectivo, para permitir el nombramiento de la persona
que reemplace al empleado que disfrutará de dichas vacaciones, sin que se
haga necesario que deba acudirse a la acción Constitucional para lograr que
dichos actos administrativos se formulen, pues lo mismo contradice la
verdadera función que la Constitución Política le asignó al Consejo Superior de
la Judicatura, como ente administrador del recurso humano y físico de la Rama
Judicial, entidad ésta de la cual hacen parte las oficinas accionadas […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El
magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 5 de diciembre
de 2022, admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, a través de su presidente,
rindió informe en el que advirtió que «[…] no funge las funciones de nominador ni
superior, por lo tanto, el competente para conceder las vacaciones del accionante,
está en cabeza del Juez Coordinador del respectivo Centro de Servicios […]».
5.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, por intermedio del abogado de la división procesos de la unidad de
asistencia legal de la entidad, rindió informe en el que manifestó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora.
5.3. Señaló que la presente «[…] acción de tutela no está llamada a prosperar ni debe
ser tramitada, por cuanto no cumple con los requisitos generales y específicos para
su procedencia, pues en el presente caso, no se está amenazando un derecho
fundamental, toda vez que la protección del derecho laboral de la accionante debe
ser atendido judicialmente por el medio correspondiente y por el Juez Natural que
corresponde al Juez Contencioso Administrativo o Laboral si llegare a ser el
competente […]».
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
5.4. Por último, sostuvo que: «[…] carece de Legitimación en la Causa por Pasiva en
el presente trámite constitucional, toda vez que no tenemos la condición de
nominador de la accionante, ni de ente pagador, para conceder o negarle las
vacaciones solicitadas […]».
5.5. La Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías,
en su condición de coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, rindió
informe en el que advirtió «[…] que el disfrute de las vacaciones de los servidores
judiciales, no obedece a capricho de la suscrita, sino a la difícil situación que no
permite, el disfrute de las mismas, no obstante contar con la disponibilidad
presupuestal para garantizarle el pago, que de manera oportuna fuera certificada,
pero no resulta lo mismo para la persona que obra de suplirla […]».
5.6. Por lo anterior, considera que no es ella quien «[…] está vulnerando los derechos
de la servidora judicial, pues las circunstancias [la] obligan a suspender, como se
dijo de manera temporal, las vacaciones […]».
5.7. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, a través de su
magistrada auxiliar, rindió informe en el que manifestó que «[…] no es viable
endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que
las acciones y omisiones que atribuye el accionante como vulneradoras, recaen
exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los
numerales 2 y5 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir
el Certificado de Disponibilidad Presupuesta (CDP) para designar los reemplazos
de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus
vacaciones […]».
5.8. Así las cosas, solicitó su desvinculación en el presente trámite al considerar que
no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de
amparar las garantías constitucionales del accionante.
5.9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderada judicial,
rindió informe en el que manifestó que esa cartera ministerial «[…] no ha vulnerado,
ni por acción u omisión, los derechos fundamentales a la igualdad, descanso y el
derecho al trabajo en condiciones dignas de la accionante, teniendo en cuenta que
no existe relación laboral con ellos [sic] y esta entidad, y los hechos que
presuntamente constituyen una vulneración de derechos fundamentales no son, ni
pueden serle atribuibles a este Ministerio […]».
5.10. Adicionalmente, indicó que: «[…] es la Rama Judicial la competente para
realizar los trámites pertinentes para ejecutar sus recursos según como maneje sus
novedades de nómina para el disfrute del periodo de vacaciones de sus
funcionarios, así como para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para nombrar los reemplazos de estos, dependiendo la necesidad del servicio […]».
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 27 de enero de 2023, resolvió declarar improcedente el amparo
deprecado por la accionante.
7. Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia consideró,
en síntesis, que la parte actora disponía del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, como mecanismo judicial idóneo y eficaz «[…] para la
protección de los derechos fundamentales invocados, sin que se pueda alegar su
insuficiencia o falta de idoneidad, pues las eventuales dificultades que imponen los
términos judiciales no puede ser razón para considerar que la acción de tutela sea
el único medio para que los nominadores, que tienen a su cargo planificar, organizar
y otorgar los periodos de vacaciones, cumplan de manera responsable con esa
importante facultad discrecional […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, con fundamento en
los siguientes argumentos.
9. Expuso que en la decisión impugnada «[…] se echa de menos todos los
fundamentos de hecho y de derecho que expuse en mi demanda y por los cuales
decidí hacer uso de este mecanismo constitucional […]»
10. Destacó que: «[…] Se equivoca el Juez de primera instancia al considerar que,
no se cumple con el requisito de subsidiariedad, indicando de “podrían ser acusados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” Olvidando qué, mi
inconformidad radica en que el despacho no puede prescindir de mis actividades en
razón a la alta congestión judicial que atraviesa la dependencia donde desarrollo
mis funciones y que, de no acceder a lo solicitado, esto es, conceder la asignación
presupuestal correspondiente para mi reemplazo durante el disfrute de mis
vacaciones, ocasionaría un represamiento de la carga laboral y al momento de
regresar, podría acarrearme una afectación grave a mi estado de salud, tanto física
como mental […]».
11. Por lo anterior, precisó que: «[…] Lo por mi solicitado, no pretende atacar la
legalidad del acto que negó el disfrute de mis vacaciones, lo cual es indispensable
para la procedencia de la pretensión del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho […]».
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela y si ello es así, determinar:
b) Si las accionadas vulneraron los derechos constitucionales fundamentales
invocados por la accionante, con ocasión de la falta de expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para cubrir su
reemplazo por el período que disfruta de sus vacaciones.
14. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; lo anterior en aras de dar claridad al asunto
planteado y proceder a (ii) resolver el caso concreto.
VIII.3. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales
15. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado,
asimismo señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas.
16. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Asimismo, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho que
tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste
normal de las mismas originado por la actividad laboral.
17. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:
[…] un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el
reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]4. (Resaltado por
fuera del texto original)
18. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: «[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»5.
En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática6 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de
los principios mínimos fundamentales del trabajo.
19. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo- OIT, establece que las
vacaciones remuneradas son un derecho irrenunciable del trabajador, en tanto que:
«[…] se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a
vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas […]»7.
20. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la ley 270 de 1996 8,
en los siguientes términos:
[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las
de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de
Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal
a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de veintidós días continuos por cada año de servicio […].
21. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:
[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para
determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar
transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las
normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado
4
Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
5
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
6
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
7
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963.
8
“LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la
autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos márgenes
razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso y
determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin
que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política
le ha dado a la administración de justicia […]. (resaltado fuera del texto original)
22. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]».
23. Sin embargo, en ambos supuestos el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.
VIII.4. El caso concreto
24. La ciudadana Yenly Zeined Morales Báez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a las vacaciones y al trabajo, cuya vulneración le
atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Unidad de Recursos Humanos, al Consejo Seccional
de la Judicatura del Meta, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Acacías y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la
negativa de las referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que se requiere para que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones
individuales
25. La autoridad judicial de primera instancia declaro improcedente el amparo
deprecado por la accionante, luego de considerar, en síntesis, que: «[…] la solicitud
de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues los actos
administrativos de la Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías y de la Dirección Seccional de Villavicencio, mediante los cuales se
negaron, respectivamente, las vacaciones pedidas por la accionante y la expedición
de un CDP para cubrir el costo de su reemplazo, podrían ser acusados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo […]».
26. La accionante solicitó que se revocara el fallo impugnado con base en que en
ningún momento pretende atacar a través de esta acción constitucional la legalidad
del acto administrativo por medio del cual se negó el disfrute de sus vacaciones, por
el contrario, su inconformidad radica en que la negativa de las accionadas en
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Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar su reemplazo,
con fundamento en la necesidad del servicio, conllevó a que no le sean concedidas
sus vacaciones; circunstancia que coarta su derecho fundamental al descanso
remunerado.
27. En este contexto, la Sala procede a estudiar, en primer lugar, si la presente acción
de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, especialmente, el
atinente a la subsidiariedad. Veamos:
i) Respecto del requisito atinente a la subsidiariedad, la Sala advierte que, contrario
a lo considerado por la autoridad judicial de primera instancia, este presupuesto se
encuentra satisfecho, dado que lo pretendido por la actora es gozar de sus
vacaciones, derecho laboral que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, debe ser entendido como de naturaleza fundamental y como una
garantía mínima del trabajador, pues a través del mismo se garantiza la
recuperación de las energías del trabajador afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el
empleador.
Adicionalmente, debe señalarse que la actora en ningún momento le está
atribuyendo la vulneración de sus derechos fundamentales a un acto administrativo
en específico, sino que promovió esta acción constitucional para que se ordene a la
accionadas expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere
para poder pagar su reemplazo mientras disfruta de sus vacaciones. De allí que, tal
como lo ha considerado esta Sección9, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho resultaría ineficaz para tal fin.
Es por lo anterior que se revocará el fallo impugnado que declaró improcedente el
presente mecanismo de amparo.
ii) Respecto de la legitimación en la causa por activa, la Sala advierte que la actora
se encuentra legitimada para promover el presente mecanismo de amparo, en tanto
es la directamente afectada con la determinación de las autoridades accionadas de
negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere
para vincular laboralmente a una persona que actúe en su remplazo.
iii) Respecto del requisito de inmediatez, se considera que la acción de tutela fue
promovida dentro de un término razonable.
28. Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra que, en el presente asunto,
se cumplen los requisitos generales de procedencia del mecanismo de amparo.
9
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando
Sánchez Sánchez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06424-01
Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
29. Ahora bien, descendiendo al caso de autos, se pone de relieve que en múltiples
ocasiones esta Sección10 ha resuelto amparar los derechos fundamentales de los
servidores judiciales accionantes y, como consecuencia de ello, ordenar a las
Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial accionadas expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la provisión de los
recursos necesarios para efectos de la vinculación de la persona que cubriera la
ausencia de los actores por encontrarse disfrutando sus vacaciones.
30. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades, en
síntesis, consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste
a los trabajadores […]»11. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala
de Decisión explicó lo siguiente:
[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
[…]
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]12. (negrillas fuera del texto)
31. Siguiendo esa misma línea argumentativa, y aunque es cierto que tanto otras
Subsecciones de esta Corporación como la Corte Suprema de Justicia han
considerado que el juez de tutela carece de competencia para ordenar la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, la realidad es que
esta Sección13, así como la Subsección B de la Sección Segunda14, la Subsección
10
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
13
En pronunciamiento de 20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, se consideró el mismo criterio que se está reiterando en la presente decisión.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06424-01
Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
B de la Sección Tercera15, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en que los asuntos de
índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como medida
de protección del derecho, sí resulta procedente que el juez constitucional ordene
adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.
32. En este contexto, cabe poner de relieve que, tal como esta Sección lo ha
considerado en otras oportunidades16, si bien es cierto la Circular PSAC05-89 de 18
de noviembre de 2005 no prevé la disposición de los recursos para los reemplazos
por vacaciones para los despachos que se encuentran integrados por más de tres
(3) servidores; la realidad es que la referida circular excluye expresamente a los
juzgados «[...] pertenecientes al Sistema Penal Acusatorio, quienes continuarán
bajo las instrucciones y procedimientos contenidos en la Circular 044 de 2005 [...]».
33. En atención a lo anterior, y comoquiera que el Juzgado en el que se encuentra
vinculada la aquí accionante pertenece al sistema penal acusatorio, tal restricción o
directriz no resulta aplicable para este caso.
34. Con fundamento en todo lo anterior, esta Sala amparará el derecho fundamental
al trabajo, cuya vulneración le es atribuible a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio, en atención a que es la entidad
responsable de administrar los recursos de la Rama Judicial dentro de su
jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 103 de la
Ley 270 de 1996.
35. Igualmente, dicha vulneración le es atribuible a la Juez Cuarta de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, en su condición de coordinadora del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Acacías, al haber negado el disfrute de las vacaciones
solicitadas por la aquí actora.
36. Así las cosas y, como medida de protección, la Sala le ordenará a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio que, en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación del
presente proveído, adelante las gestiones requeridas para expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios
con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Yenly
Zeined Morales Báez. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá
comunicar tal novedad de manera inmediata a la Juez Cuarta de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, en su condición de coordinadora del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Acacías.
15
Sentencia de 7 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-10553-01.
16
Ver entre otras las siguientes decisiones: (i) de 16 de septiembre de 2021, número único de radicación
110010315000202101150-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E); y (ii) de 9 de junio de 2022, expediente 25000-23-
15-000-20220-0451-01, C. P. Hernando Sánchez Sánchez.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06424-01
Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
37. De otro lado, la Sala le ordenará a la Juez Cuarta de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías, en su condición de coordinadora del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías, o quien haga sus veces, que una vez, se
disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en
provisionalidad el reemplazo de la señora Yenly Zeined Morales Báez, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, se
pronuncie sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la tutelante.
38. Sinperjuicio de las anteriores determinaciones, la Sala advierte que no se
accederá a la pretensión planteada por la parte actora asociada a que se conmine
a las accionadas a no volver a incurrir en actuaciones que restrinjan su derecho al
descanso, dado que esa solicitud, en específico, está fundamentada en supuestos
fácticos futuros e inciertos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de enero de 2023, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
AMPARAR el derecho al trabajo de la accionante Yenly Zeined Morales Báez, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones
administrativas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que
garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el
reemplazo de las vacaciones de la señora Yenly Zeined Morales Báez. Una vez
cuente con los recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera
inmediata a la Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacías, en su condición de coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías.
TERCERO: ORDENAR a la Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías, en su condición de coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías, o quien haga sus veces, que una vez, se disponga el
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el
reemplazo de la señora Yenly Zeined Morales Báez, deberá pronunciarse, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación,
sobre la concesión del disfrute de vacaciones solicitadas por la tutelante.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06424-01
Accionante: Yenly Zeined Morales Báez
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (28)
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