Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06433-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06433-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06433-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
27 de enero de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-06433-00
Demandante: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que en segunda instancia
resolvió la demanda en la que se condenó al FOMAG a reconocer y pagar la sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías parciales establecida en la Ley 1071 de
2006. La demandante invocó la configuración de los defectos fáctico y sustantivo,
respecto de los cuales la Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia
constitucional porque se pretende emplear este mecanismo constitucional como
una instancia adicional a las del proceso ordinario.
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), en contra del Tribunal
Administrativo del Huila y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva para la protección de su derecho fundamental del debido proceso consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2022 el Fomag presentó acción
de tutela en contra de las providencias proferidas el 31 de mayo de 2022 y el 4 de
octubre de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
y el Tribunal Administrativo del Huila, respectivamente, con el fin de que se
protegiera el derecho constitucional fundamental antes referido, por cuanto, a su
juicio, incurrieron en un defecto fáctico y sustantivo.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 12 de agosto de 2019 Edna Yamile Peña Santofimio presentó al Fomag y la
Secretaría de Educación Municipal de Neiva una solicitud de reconocimiento y pago
de cesantías parciales con destino a reparaciones locativas de vivienda.
2) Con resolución no. 1999 de 21 de agosto de 2019 la Secretaría de Educación
Municipal de Neiva ordenó el reconocimiento de la erogación reclamada y su pago
se surtió el 26 de mayo de 2020, por lo cual la señora Peña Santofimio presentó
una nueva petición para efectos de que le fuera reconocida la sanción moratoria por
el pago tardío de cesantías de que trata la Ley 244 de 19951, modificada por la Ley
1071 de 2006, pero esta no fue contestada.
3) La docente municipal presentó una demanda en contra del Fomag y la Secretaría
de Educación Municipal de Neiva para que se declarara la nulidad del acto ficto o
presunto por medio del cual se negó esa petición.
4) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva profirió sentencia
de primera instancia el 31 de mayo de 2022 en la cual accedió a las pretensiones
de la demanda por considerar que el término con el que contó el Fomag para pagar
las cesantías a la demandante venció el 22 de noviembre de 2019 y su pago solo
se hizo hasta el 25 de mayo de 2020, por lo cual estuvo probado que se generó el
derecho a reclamar el pago de la sanción moratoria.
5) Sobre la posibilidad de imputar responsabilidad a la entidad territorial, como lo
reclamó el Fomag en la contestación a la demanda, afirmó que acogería la tesis
horizontal de los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Neiva según la
cual la responsabilidad de proyectar y remitir los actos de reconocimiento de
cesantías corresponde al fondo y no al municipio, además, agregó:
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Ley 244 de 1995. “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para
los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
“Como tales aspectos no fueron debidamente acreditados en el proceso,
la obligación de cancelar la mora recaerá únicamente en el Ministerio de
Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1272
de 2018.”.
6) El Fomag apeló esa sentencia y solicitó su revocatoria con base en el parágrafo
del artículo 57 de la Ley 1955 de 20192 porque la autoridad territorial profirió la
resolución de reconocimiento de las cesantías de manera extemporánea, con lo cual
propició el retraso que conllevó al incumplimiento del término legal para su pago y
el consecuente reconocimiento de la sanción moratoria.
7) El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de segunda instancia el 4
de octubre de 2022 en la que confirmó el fallo apelado porque concluyó que el
municipio de Neiva no fue responsable de la mora porque el acto de reconocimiento
de las cesantías fue expedido y notificado oportunamente e incluso fue remitido a la
Fiduprevisora S.A. para su correspondiente pago en el plazo legal.
8) El Fomag es la autoridad responsable porque no dispuso oportunamente el
desembolso del valor, además, el plazo empezó a correr antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1955 de 2019.
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“Artículo 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que
trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaria de Educación de la entidad territorial y
pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el
citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual
debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante
resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de
unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas
por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales - FONPET. En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas
pensionales de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse para garantizar
el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y
beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías
en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los
plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
2. Los fundamentos de la vulneración
La autoridad actora señaló que en las providencias del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila se
incurrió en un defecto fáctico y un defecto sustantivo.
Respecto del defecto fáctico se alegó que las autoridades demandadas valoraron
indebidamente las pruebas que permitían inferir “en cabeza de qué entidad se
encuentra la responsabilidad del pago de la misma [sanción moratoria por el pago
tardío de cesantías].”.
En punto del defecto sustantivo alegó que, como lo reprochó desde el escrito de
contestación a la demanda en el proceso ordinario, existe una “prohibición por parte
del legislador” de condenar al Fomag al pago de sanciones moratorias por el pago
tardío de cesantías contenida en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“Primera: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
– FOMAG. [E]l derecho constitucional fundamental al debido proceso,
vulnerado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva, con la expedición de la sentencia de fecha 31 de mayo [de] 2022,
providencia a través de la cual se resolvió: (...)
Segunda: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FOMAG. [E]l derecho constitucional fundamental al debido
proceso, vulnerado por el Tribunal Administrativo del Departamento
del Huila Sala [de] Decisión No. 5, con la expedición de la sentencia de
fecha 04 de octubre del 2022, providencia a través de la cual se resolvió:
(...).
Tercera: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se dejen
sin efectos jurídicos las decisiones judiciales de 31 de mayo [de]
2022 y 04 de octubre [de] 2022, adoptadas respectivamente por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el
Tribunal Administrativo del Departamento del Huila Sala [de]
Decisión No. 5, al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho No. 41 001 33 31 003 2021 00215 00, y en su lugar se
elabore sentencia de remplazo donde se niegue la responsabilidad
atribuida de forma arbitraria y contraria a la Ley al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, por los días de mora que fueron
generados en vigencia 2020.”.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
4. Actuación de primer grado
Con auto de 6 de diciembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Huila y del titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
como autoridades judiciales demandadas con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Adicionalmente, se ordenó la notificación de la señora Edna Yamile Peña Santofimio
y el secretario de Educación del Huila.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Huila afirmó que la decisión
tuvo como soporte el caudal probatorio recopilado en el proceso ordinario, así como
la verificación y aplicación de la norma.
La acción de tutela es improcedente porque el aspecto relacionado con la
responsabilidad del ente territorial fue el fundamento central del recurso de
apelación que presentó el Fomag como único apelante, por lo cual el análisis de la
segunda instancia debía circunscribirse a ese reparo.
La Sala analizó el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y determinó que el Fomag era
la autoridad responsable del pago de la sanción moratoria porque no dispuso
oportunamente el desembolso del valor de las cesantías y porque el término para el
pago empezó a correr antes de la entrada en vigencia de la Ley 1995 de 2019.
La señora Edna Yamie Peña Santofimio, vinculada a este proceso como tercera
interesada, solicitó que se negaran las pretensiones del proceso con argumentos
similares a los de la autoridad judicial demandada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del
Huila con el fin de que se proteja el derecho constitucional fundamental del debido
proceso de la autoridad actora, presuntamente vulnerado con ocasión de las
sentencias proferidas por esas autoridades judiciales el 31 de mayo de 2022 y el 4
de octubre de 2022, respectivamente, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un
defecto fáctico y sustantivo.
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias del
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal
Administrativo del Huila, lo cierto es que los argumentos de reproche de la parte
actora se dirigieron a controvertir el contenido de la providencia de segunda
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Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
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instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente
providencia.
Lo anterior, aunado a que la sentencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y en el supuesto de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad
judicial encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería el
Tribunal Administrativo del Huila, en consecuencia, el análisis de la Sala se
circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela porque la sustentación de los defectos fáctico
y sustantivo no cumplió con el requisito de relevancia constitucional en la medida
en que todos sus planteamientos se dirigieron de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del proceso ordinario; además el defecto fáctico carece de una argumentación
suficiente para justificarse como pasa a exponerse:
1) En el presente caso el Fomag reclamó la configuración de un defecto sustantivo
porque, a su juicio, la autoridad judicial demandada analizó indebidamente el
contenido del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, a partir del cual pudo inferir que
existe una prohibición legal de dictar órdenes que comprometan el patrimonio de
esa autoridad.
2) Respecto del defecto fáctico afirmó, en términos generales, que se valoró
indebidamente las pruebas que permitían inferir que el pago de la sanción moratoria
reconocida a la señora Edna Yamile Peña Santofimio correspondía al municipio de
Neiva y no al Fomag.
3) La Sala advierte que en los términos en que fue planteada la controversia la tutela
se resolverán los defectos sustantivo y fáctico de manera conjunta porque no existe
duda de que, en su sustentación, la parte actora empleó argumentos similares,
atinentes al presunto error que cometió el Tribunal Administrativo del Huila por
condenar al Fomag al pago de una sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
y no así al municipio de Neiva, y reiteró sus razones relacionadas con las pruebas
que, a su juicio, demostraban la presunta tardanza en que incurrió esa autoridad
territorial durante el trámite administrativo para el reconocimiento de las cesantías.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
4) Ahora bien, revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala
encontró que en el escrito de contestación a la demanda el Fomag expuso lo
siguiente:
“Así las cosas, es de suma relevancia traer a colación lo dispuesto en la
Ley 1955 de 2019 en su artículo 57 parágrafo el cual menciona (...).
De acuerdo con lo expuesto por el poder jurisprudencial, es loable solicitar
en esta instancia su señoría de manera respetuosa vincular al ente
Territorial como litisconsorcio necesario por pasiva, en virtud del acto
administrativo allegado con la demanda, pues se observa en el presente
proceso el incumplimiento de los términos otorgados de manera taxativa
por la normatividad y más aun otorgando aplicabilidad a la reciente
normatividad esto es Ley 1955 de 2019, la cual reza en su Artículo 57: (...)
Es menester indicar que en el caso objeto de Litis se configura de manera
directa y sin lugar a duda lo dicho por demora de expedición de acto
administrativo que reconoce dicha cesantía, se solicita a su Honorable
Despacho sea probada dicha excepción toda vez que la demora que
configura sanción da inicio en el ente territorial, facultando a mi
representada a solicitar la no acción consecutiva del presente proceso
pues no estuvo en nuestro resorte la expedición de dicha Resolución.”.
5) Según lo anterior es claro que desde la primera oportunidad en que pudo ejercer
su derecho de contradicción en el curso del proceso ordinario que presentó la
docente, el Fomag manifestó que las pretensiones de condena en su contra no eran
procedentes por la presunta tardanza en el trámite administrativo y responsabilidad
del municipio de Neiva para asumir esa condena, de acuerdo con el parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
6) Sobre ese planteamiento de la demanda el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva consideró lo siguiente:
“2.3.4. Del llamamiento en garantía de la entidad territorial.”. (...)
Conforme a lo cual si bien al proferirse los actos administrativos que
disponen el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a los
afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
interviene la Secretaría de Educación del ente territorial en el que presta
sus servicios el docente, mediante la elaboración del proyecto de
resolución de reconocimiento prestacional; ello de manera alguna despoja
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la
competencia para reconocer y pagar tales prestaciones económicas, y por
ende, la sanción moratoria que se cause por la no consignación oportuna
de las cesantías. (...)
Posteriormente, la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022”, en el parágrafo de su artículo 57
dispuso que la Entidad territorial será responsable del pago de la sanción
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Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
mora en aquellos eventos en que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos a cargo de la
Secretaría de Educación territorial; así: (...)
Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Boyacá, teniendo
en cuenta la consolidada posición del Consejo de Estado acerca de la
inexistencia de un litisconsorcio necesario entre el Ministerio de
Educación y las entidades territoriales, arribó a la conclusión que, en virtud
de las disposiciones normativas precitadas, la vinculación de los últimos
en las acciones judiciales que demandan el reconocimiento de la sanción
moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías docentes,
procede a través del llamamiento en garantía: (...).”.
7) Ahora bien, en el recurso de apelación presentado por el Fomag contra la
sentencia de primera instancia esa autoridad reiteró, en los mismos términos que
ahora se plantean en el proceso de acción de tutela, que con la expedición de la
Ley 1955 de 2019 el legislador pretendió evitar que continúe pagando de sus
recursos las sanciones moratorias por el pago tardío de cesantías, así:
“Lo anterior, por INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, en razón de la
modificación introducida por el artículo 57 de la ley 1955 de 2019, me
permito manifestar con base en que la norma evidencia la clarísima
intención del legislador, de evitar que el patrimonio autónomo FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO continúe pagando de
sus recursos, indemnizaciones de carácter económico por vía judicial o
administrativa, lo cual sin lugar a dudas, comprende también la sanción
moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales o definitivas
de los docentes afiliados a este. (...)
En consecuencia, a partir del inicio de la vigencia de la Ley 1955 de 2019
el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a los docentes es un
trámite que, exclusivamente, se encuentra en cabeza de dos entidades,
perfectamente identificadas, esto es, en las Secretarías de Educación,
quienes tienen la competencia funcional de expedir el acto administrativo
de reconocimiento de la prestación, y la sociedad fiduciaria -Fiduprevisora
S.A.- que tiene la obligación legal y contractual de pagar la prestación.
Tal como versa en los anexos allegados en la presentación de la
demanda, la responsable en este caso, la entidad territorial, no expidió a
tiempo la resolución de reconocimiento necesaria para efectuar el pago
de las cesantías, y como dicho acto administrativo se dio con posterioridad
al año 2019, escapa la financiación por recursos de tesorería, mediante
títulos, autorizados por el ministerio de Educación Nacional, debiendo
entonces ser reconocida la sanción mora, si fuera procedente por parte
del ente territorial.”.
8) Frente a esas razones de reproche contra el fallo de primera instancia, el Tribunal
Administrativo del Huila consideró lo siguiente:
“[H]abrá de entenderse que el sub júdice se enmarca en una de las
hipótesis consagradas en la segunda regla de unificación,
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
Actora: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Acción de tutela
particularmente, en aquella que prevé que en la diligencia de notificación
del acto administrativo que reconoce las cesantías, el interesado renuncia
expresamente a los términos de notificación y ejecutoria; caso en el cual,
los 45 días para el pago de la prestación corren a partir del día siguiente
al de la referida renuncia (...)
De otra parte, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019, el MUNICIPIO DE NEIVA no es responsable de la
mora, porque como ya se indicó, el acto de reconocimiento fue expedido
y notificado oportunamente; incluso, fue remitido a la FIDUPREVISORA
SA para su correspondiente pago el 26 de agosto de 201947: tres (3) días
después de adquirir firmeza (renuncia a términos de ejecutoria ocurrida el
23 de agosto de 2019) y dentro del término dispuesto legalmente para la
expedición (15 días) y ejecutoria (10 días) de la resolución (plazo que
vencía el 17 de septiembre de 2019).
Es cierto, que la Resolución 1999 del 21 de agosto de 2019 fue aclarada
por solicitud de la FIDUPREVISORA SA; sin embargo, bajo el amparo del
artículo 5º de la Ley 1071 de 200648, a partir del 27 de agosto de 2019
inició el cómputo de los 45 días concedidos a la entidad pagadora para
cancelar la prestación social. Especialmente, porque el trabajador no debe
asumir la carga que acarrea el trámite administrativo que para efectos
prestacionales han dispuesto las entidades territoriales y el FOMAG;
quienes simplemente, deben allanarse a los plazos previstos en la
disposición en cita.
En tal virtud, la Sala concluye que la NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
MAGISTERIO es la entidad responsable de la sanción moratoria; en
primer lugar, porque no dispuso oportunamente el desembolso del valor
reconocido por concepto de cesantías parciales; y, en segundo lugar,
porque la obligación reclamada empezó a correr el 23 de noviembre de
2019, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
Aunado a lo anterior, el hecho de que no se haya establecido ni legal ni
reglamentariamente la fuente de los recursos para el pago de las
sanciones por mora causada con posterioridad al 31 de diciembre de 2019
(no atribuibles a las Secretarías de Educación), no enerva la
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales Magisterio cuando se verifica que dicha
obligación se generó por la demora en el desembolso de los recursos.”.
8) En esa medida, esta Corporación denotó que los argumentos que sustentaron la
presunta configuración de los defectos sustantivo y fáctico, relacionados con la
aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y la posibilidad de ordenar que se
condene al municipio de Neiva por la presunta tardanza en que incurrió durante el
trámite administrativo para el reconocimiento de las cesantías fueron debidamente
analizados y resueltos en la providencia del Tribunal Administrativo del Huila,
autoridad que consideró probado que las actuaciones de la autoridad territorial se
ajustaron a los términos legales.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
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Acción de tutela
9) Para sustentar la vulneración del derecho fundamental del debido proceso en el
mecanismo constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a
los analizados en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión sobre la autoridad responsable para el pago de esa erogación,
argumentos que fueron analizados por la autoridad judicial accionada con
fundamento en que, ese pago correspondía en su totalidad al Fomag por la fecha
en que se generó el derecho de acceder a él.
10) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de
la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados
y decididos en el proceso ordinario.
11) Lo expuesto permite concluir que la parte actora pretendió emplear a la acción
de tutela como una instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus
intereses en el proceso en que se profirió la providencia atacada.
12) Ante ese panorama la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico en las que corresponde al juez natural de la causa decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.
13) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
14) La acción de tutela que presentó el Fomag carece de relevancia constitucional
por lo cual se declarará improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-06433-00
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Acción de tutela
FALLA
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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