Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02763-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02763-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02763-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG
Accionados: Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Sincelejo y Tribunal
Administrativo de Sucre.
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda en ejercicio de la acción de tutela
presentada por el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG contra la sentencia del 6 de junio de 2025 proferida
por el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo y la sentencia del 29 de enero de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.
SÍNTESIS1
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela contra las
sentencias del 6 de junio de 2025 y del 29 de enero de 2026, proferidas por el Juzgado
11 Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 70001-
33-33-003-2023-00141-00/01, mediante las cuales se le condenó al pago de la sanción
moratoria derivada del presunto retardo en el giro de las cesantías reconocidas a la
señora Magaly María Pérez Genez. La Sala declarará la improcedencia de la demanda
por falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 14 de abril de 20262, el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela con el fin de obtener la protección
de su derecho fundamental al debido proceso, igualdad, defensa y contradicción,
presuntamente vulnerados por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Sincelejo y el
Tribunal Administrativo de Sucre, con ocasión de las sentencias del 6 de junio de 2025 y
29 de enero de 2026, proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Relevancia constitucional / Defecto fáctico discusión
probatoria / Interpretación normativa / Sanción moratoria de cesantías docentes / Improcedencia.
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Índice 2 Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
del derecho con radicado núm. 70001-33-33-003-2023-00141-00/01 promovido por la
señora Magaly María Pérez Genez, mediante las cuales se declaró la nulidad del acto
administrativo ficto negativo configurado por la falta de respuesta a la solicitud de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de sus cesantías
parciales, y se condenó al FOMAG al pago de dicha prestación indemnizatoria.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad, principio de legalidad del gasto público y responsabilidad
fiscal de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que se consideran vulnerados por
las providencias judiciales demandadas.
2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que confirmó la condena y resolvió el pago contra
el FOMAG por concepto de sanción moratoria en el mismo proceso.
3. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que se observe
y aplique de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, reconociendo que la
responsabilidad por el pago de la sanción moratoria corresponde exclusivamente a
la entidad territorial que expide tardíamente el acto administrativo de reconocimiento
de cesantías, y no al FOMAG.
5. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en futuros casos
análogos, armonicen sus decisiones con la normatividad vigente y la jurisprudencia
de unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, evitando imponer al
FOMAG obligaciones prohibidas por la ley y carentes de apropiación presupuestal3.
B. Hechos
3. La señora Magaly María Pérez Genez, docente vinculada al servicio educativo oficial
del Departamento de Sucre, solicitó el 2 de febrero de 2021 el reconocimiento y pago de
sus cesantías parciales.
4. La Secretaría de Educación del Departamento de Sucre, mediante la Resolución núm.
0126 del 9 de febrero de 2021 reconoció a favor de la docente la suma de diecisiete
millones veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($17.029.448) por concepto
de pago de las cesantías, las cuales fueron consignadas a la docente el 2 de junio de
20214.
5. El 8 de septiembre de 2021, la señora Magaly María Pérez Genez radicó petición ante
el FOMAG y el Departamento de Sucre, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria derivada del pago tardío de sus cesantías parciales.
6. Ante la configuración del acto administrativo ficto negativo derivado de la falta de
respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria presentada el
8 de septiembre de 2021, la señora Magaly María Pérez Genez promovió demanda en
3
Índice 2 Samai.
4
La Sala advierte que en las providencias objeto de tutela se utilizan fechas distintas respecto de la puesta
a disposición de las cesantías. Mientras el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Sincelejo tomó como
referencia el 4 de junio de 2021, con fundamento en una certificación de pago expedida por Fiduprevisora
S.A., el Tribunal Administrativo de Sucre consideró acreditado que la prestación quedó a disposición de la
docente el 2 de junio de 2021, según desprendible de pago emanado del Banco BBVA.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el Departamento de Sucre, con el fin de obtener la nulidad del
referido acto presunto y se ordenara el reconocimiento de la sanción moratoria que
consideraba causada por el pago tardío de sus cesantías parciales.
7. Durante el trámite judicial, el FOMAG sostuvo que no era la entidad responsable de la
sanción reclamada, pues la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre remitió
tardíamente el acto administrativo de reconocimiento parcial de las cesantías a la
Fiduprevisora S.A, sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del
FOMAG, circunstancia que, a su juicio, trasladaba la responsabilidad al Departamento de
Sucre.
8. Mediante sentencia de 6 de junio de 2025, el Juzgado 11 Administrativo del Circuito
de Sincelejo declaró la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por la
falta de respuesta a la solicitud presentada por la señora Magaly María Pérez Genez para
obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de sus
cesantías parciales.
9. Como consecuencia de dicha decisión, declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto del Departamento de Sucre y condenó a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) al pago del equivalente a quince (15) días de salario por
concepto de sanción moratoria. Para sustentar esa determinación, aplicó la regla
jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-
SII-012 de 2018 sobre la contabilización de los términos para el reconocimiento y pago
de las cesantías y concluyó que la solicitud fue presentada el 2 de febrero de 2021 y que
el acto administrativo de reconocimiento fue expedido oportunamente el 9 de febrero
siguiente.
10. Señaló que, al no existir prueba de la notificación del acto administrativo, el caso debía
analizarse conforme a la hipótesis prevista para los actos expedidos en término, pero no
notificados, por lo que el plazo máximo para efectuar el pago de la prestación vencía el
19 de mayo de 2021. En ese contexto, advirtió que las cesantías fueron puestas a
disposición de la docente el 2 de junio de 2021, circunstancia que evidenciaba una mora
de quince (15) días calendario.
11. Finalmente, consideró que no se encontraba acreditado que el retraso fuera atribuible
al Departamento de Sucre, pues el soporte aportado por el FOMAG para demostrar que
la Fiduprevisora recibió la orden de pago el 21 de abril de 2021 no permitía establecer
con certeza que correspondiera al trámite de la demandante. En consecuencia, concluyó
que el retardo en el pago era imputable al FOMAG y ordenó el reconocimiento de la
sanción moratoria reclamada.
12. Y, a partir de esa valoración probatoria, concluyó que no se acreditó que la mora en el
reconocimiento y pago de las cesantías fuera atribuible a la Secretaría de Educación
Departamental de Sucre, toda vez que dicha entidad demostró haber tramitado
oportunamente la solicitud presentada por la actora. En consecuencia, concluyó que la
demora alegada era imputable al FOMAG.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
13. Inconforme con esa decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación y solicitó la
revocatoria de la sentencia; para sustentar su inconformidad, sostuvo que, de acuerdo
con el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"5, la
responsabilidad por la sanción moratoria corresponde a la entidad territorial cuando el
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“Artículo 57. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán
reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas
por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de
la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad
territorial. Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio
de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones
definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud
y de las mesadas pensionales de los maestros. Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse para
garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes,
pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial
o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las
cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías
por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
únicamente del pago de las cesantías.
“Artículo 57. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán
reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas
por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de
la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad
territorial. Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio
de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones
definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud
y de las mesadas pensionales de los maestros. Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse para
garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes,
pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial
o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. PARÁGRAFO.
La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las
cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías
por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
únicamente del pago de las cesantías. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una
o varias sociedades fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la
operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la
adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente párrafo. La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para
efectos de su redención.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
pago extemporáneo de las cesantías se origina en el incumplimiento de los plazos para
la radicación y entrega de la solicitud de pago al FOMAG.
14. Mediante sentencia del 29 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Sucre
confirmó la decisión de primera instancia al concluir que, conforme al artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019 y al Decreto 942 de 2022, la responsabilidad por la sanción moratoria
debe atribuirse a la entidad que incumpla los términos de su respectiva actuación dentro
del trámite de cesantías. En aplicación de ese criterio, descartó que existiera prueba de
una actuación tardía de la Secretaría de Educación Departamental de Sucre, rechazó los
documentos aportados por el FOMAG en segunda instancia para demostrar lo contrario
y consideró acreditado que la mora en el pago de las cesantías era imputable al FOMAG,
razón por la cual confirmó íntegramente la condena impuesta en su contra.
15. Contra la sentencia de 29 de enero de 2026, el FOMAG formuló solicitud de aclaración,
la cual fue negada por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante providencia de 27 de
marzo de 2026.
C. Fundamentos de la vulneración
16. El FOMAG sostiene que las sentencias proferidas el 6 de junio de 2025 por el Juzgado
11 Administrativo del Circuito de Sincelejo y el 29 de enero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Sucre vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, al
atribuirle la obligación de pagar la sanción moratoria derivada del pago tardío de las
cesantías parciales reconocidas a la señora Magaly María Pérez Genez, pese a que el
régimen jurídico vigente establece un esquema diferenciado de responsabilidades entre
las entidades territoriales y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
17. En relación con el defecto sustantivo, afirma que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el alcance del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y del Decreto 942 de
2022, disposiciones que modificaron el régimen aplicable a las cesantías de los docentes
afiliados al FOMAG y establecieron que la entidad territorial es responsable de la sanción
moratoria cuando el pago tardío se origine en el incumplimiento de los plazos para la
radicación y remisión de la solicitud de pago de cesantías al fondo. Según explica, a partir
de la entrada en vigencia de dicho marco normativo, los recursos del FOMAG no pueden
destinarse al pago de indemnizaciones económicas ni de sanciones moratorias y, por
tanto, la responsabilidad debe recaer exclusivamente en la entidad que genere la mora.
Afirmó que las providencias cuestionadas omitieron aplicar adecuadamente ese régimen
especial y mantuvieron una interpretación propia del esquema anterior de
responsabilidad.
18. Asegura que la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre remitió
tardíamente al FOMAG la Resolución núm. 0126 del 9 de febrero de 2021, mediante la
cual se reconocieron las cesantías parciales de la demandante. En ese sentido, afirma
que la fiduciaria recibió el trámite para pago únicamente el 21 de abril de 2021, por lo que
los cuarenta y cinco (45) días hábiles previstos en la ley para efectuar el desembolso
debían contarse a partir de esa fecha y no desde la fecha de expedición del acto
administrativo. Desde esa perspectiva, sostiene que el pago se realizó dentro del término
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
legal y que cualquier mora eventualmente causada sería imputable al Departamento de
Sucre por la remisión tardía del acto administrativo.
19. Respecto del defecto fáctico, manifiesta que las autoridades judiciales carecían de
soporte probatorio suficiente para concluir que el FOMAG fue la entidad responsable de
la mora. Señala que la controversia principal consistía en establecer la fecha efectiva en
que la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre remitió el acto administrativo
de reconocimiento de cesantías para su pago, pues de dicho elemento dependía la
determinación del sujeto obligado a asumir la sanción moratoria. Sin embargo, considera
que los jueces accionados atribuyeron la responsabilidad al FOMAG sin que existiera
plena certeza sobre ese aspecto determinante.
20. Afirma igualmente que el Tribunal Administrativo de Sucre descartó la documentación
mediante la cual pretendía acreditarse la fecha de remisión del acto administrativo al
FOMAG, particularmente los registros provenientes de la plataforma de gestión de la
Fiduprevisora y la denominada hoja de revisión asociada al trámite de cesantías, bajo el
argumento de que tales documentos fueron allegados con el recurso de apelación y no
podían ser valorados en esa etapa procesal. En criterio de la entidad accionante, esa
circunstancia condujo a que la decisión judicial se edificara sobre un panorama probatorio
incompleto y terminara atribuyendo indebidamente la responsabilidad al FOMAG.
21. Sostiene además que las providencias cuestionadas desconocieron las reglas de
distribución de responsabilidades previstas por el legislador para los eventos en que
concurren actuaciones de la entidad territorial y del FOMAG para el pago de las
cesantías. En particular, considera que no se examinó adecuadamente si la mora se
produjo durante la fase de reconocimiento y remisión del acto administrativo o durante la
etapa de pago a cargo del FOMAG, aspecto que resultaba indispensable para determinar
el sujeto responsable conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 942 de
2022.
22. Finalmente, sostiene que las decisiones judiciales demandadas le impusieron al
FOMAG una condena económica pese a que el ordenamiento jurídico vigente prohíbe
afectar los recursos del fondo con el pago de indemnizaciones económicas derivadas de
sanciones moratorias, circunstancia que, a su juicio, evidencia una interpretación
incompatible con el régimen legal aplicable y vulnera su derecho fundamental al debido
proceso.
D. Trámite procesal
23. Mediante auto de 15 de abril de 20266, el despacho admitió la demanda de tutela
presentada por el FOMAG, ordenó notificar al Juzgado 11 Administrativo del Circuito de
Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre para que rindieran informe sobre los
hechos y las pretensiones de la demanda; se vinculó, en calidad de terceros con interés,
a la señora Magaly María Pérez Genez y al Departamento de Sucre; y se requirió a las
autoridades judiciales para que remitieran las piezas procesales que estimaran
necesarias para resolver la solicitud de amparo.
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Índice 4 Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
E. Oposiciones e intervenciones
24. El Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Sincelejo7 solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, que se negara el amparo solicitado por
el FOMAG.
25. Indicó que la sentencia de primera instancia del 6 de junio de 2025 fue proferida con
estricto apego a las normas y a la jurisprudencia que regulan la sanción moratoria por el
pago tardío de cesantías y con fundamento en el material probatorio incorporado
oportunamente al expediente. Precisó que dicho acervo probatorio condujo a reconocer
el derecho reclamado por la demandante y a imponer la condena correspondiente a la
entidad hoy accionante.
26. Agregó que los argumentos expuestos por el FOMAG no son de recibo,
particularmente porque la decisión adoptada por el juzgado fue objeto de control por parte
del Tribunal Administrativo de Sucre en sede de apelación. Explicó que el tribunal
examinó nuevamente el asunto y concluyó que el reconocimiento de la sanción moratoria
y la condena impuesta se ajustaban a los presupuestos normativos exigidos para su
procedencia, razón por la cual confirmó íntegramente la decisión de primera instancia.
27. Sostuvo, además, que durante el trámite ordinario se garantizaron plenamente los
derechos de defensa, contradicción y debido proceso de la entidad demandada, toda vez
que esta ejerció su derecho de defensa y obtuvo un pronunciamiento por parte del juez
de segunda instancia. En consecuencia, afirmó que no se configuró actuación alguna que
permitiera inferir la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda
de tutela.
28. Finalmente, señaló que acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo implicaría
convertir la acción de tutela en una instancia adicional para controvertir decisiones
judiciales que ya fueron debatidas y definidas por los jueces competentes, desconociendo
el carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Por tal motivo, reiteró
la solicitud de declarar improcedente el mecanismo constitucional o, subsidiariamente,
negar el amparo pretendido.
29. El Tribunal Administrativo de Sucre y Magaly María Pérez Genez, vinculada al trámite
en calidad de tercera con interés, no rindieron informe dentro del término concedido por
el despacho.
30. El Departamento de Sucre8 solicitó declarar improcedente la acción de tutela o de lo
contrario, negar las pretensiones formuladas por el FOMAG.
31. Manifestó que no existe prueba en el expediente ordinario que permita concluir que la
mora en el pago de las cesantías parciales hubiese sido ocasionada por la entidad
territorial. Destacó que una de las premisas centrales de las decisiones de primera y
segunda instancia fue precisamente la inexistencia de la prueba sobre la notificación del
acto administrativo y sobre una eventual remisión tardía atribuible al Departamento de
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Índice 13 Samai.
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Índice 12 Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
Sucre. Añadió que, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso9,
correspondía al FOMAG demostrar los supuestos fácticos en los cuales sustentaba su
defensa, carga que no fue satisfecha durante el trámite judicial.
32. Sostuvo igualmente que las providencias cuestionadas se ajustan plenamente al
ordenamiento jurídico vigente y que el FOMAG se limita a invocar normas sustanciales,
particularmente la Ley 1955 de 2019, sin considerar las reglas procesales y probatorias
aplicadas por los jueces de instancia para adoptar sus decisiones.
33. Respecto de los derechos fundamentales invocados, afirmó que no existió vulneración
alguna del debido proceso, porque el Juzgado 11 Administrativo de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre actuaron conforme a las disposiciones procesales aplicables y a
la jurisprudencia vigente. Igualmente, indicó que durante todo el trámite judicial se
garantizó al FOMAG el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, pues tuvo
la oportunidad de contestar la demanda, aportar pruebas, presentar alegatos y ejercer
los recursos correspondientes. Agregó que tampoco se desconoció el derecho a la
igualdad ni el principio de legalidad del gasto público, dado que la condena cuestionada
se encuentra respaldada por una decisión judicial ejecutoriada.
34. Como argumento principal de improcedencia, sostuvo que la presente acción incumple
el requisito de subsidiariedad, debido a que la entidad accionante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión previsto en los artículos 24810 y siguientes del CPACA para
9
“Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la
carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba,
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar
al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente
el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de
contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
10
“Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
Artículo 249.De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.
<Inciso adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las reglas de
competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión
de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
controvertir las sentencias cuestionadas. Explicó que el núcleo de la inconformidad
planteada por el FOMAG consiste en la ausencia de una prueba que, según su postura,
resultaba determinante para definir la responsabilidad de la mora, circunstancia que
encuadra dentro de las causales de revisión relacionadas con la aparición de documentos
decisivos o con la existencia de pruebas relevantes no valoradas dentro del proceso. Por
tal razón, afirmó que la revisión constituye el mecanismo judicial idóneo y eficaz para
plantear las inconformidades expuestas, razón por la cual no resulta procedente acudir
directamente a la acción de tutela.
35. Añadió que la situación descrita por la entidad accionante no configura una vulneración
autónoma de derechos fundamentales, sino una discrepancia relacionada con la
actividad probatoria desarrollada en el proceso ordinario, cuestión que debe resolverse a
través de los mecanismos judiciales específicamente previstos para ello y no mediante la
acción de tutela. En su criterio, las sentencias cuestionadas fueron producto de un
análisis razonado y objetivo del material probatorio disponible, aplicado conforme a las
reglas de la sana crítica y a los principios que gobiernan la carga de la prueba. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción constitucional o, subsidiariamente,
negar las pretensiones de amparo.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
36. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver la presente acción de tutela interpuesta por la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG contra el
Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los
motivos que dan lugar al recurso”.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera,
dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
37. La Sala declarará improcedente la acción de tutela presentada por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
H. El requisito de relevancia constitucional
38. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales11; en ese orden de ideas, ha determinado que este mecanismo implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada12, con el fin de
impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como
una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
39. En línea con lo anterior, y con el propósito de evitar que la acción de tutela sea
empleada para revivir debates propios del proceso ordinario, la Corte Constitucional ha
establecido, como requisito de procedibilidad, que la cuestión sometida a consideración
del juez constitucional debe ser de evidente relevancia constitucional, exigencia que
delimita el ámbito de intervención del juez de tutela y preserva la competencia de las
jurisdicciones ordinarias13.
40. En la sentencia SU-215 de 202214, la Corte Constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales no puede limitarse a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico, de modo que no resulta procedente cuando se
pretende utilizar como una tercera instancia o como un mecanismo adicional para
controvertir decisiones judiciales desfavorables, siendo necesario que la controversia
trascienda la mera inconformidad con lo decidido por el juez natural.
41. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha identificado que este requisito supone la
verificación de varios criterios concurrentes15: i) que el caso involucre un debate
relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental y no se
circunscriba a un asunto exclusivamente legal o económico; ii) que la controversia no
esté dirigida a reabrir discusiones ya resueltas ni a sustituir la valoración del juez natural;
iii) que se formulen argumentos orientados a demostrar la existencia de una afectación
grave, directa y desproporcionada de los derechos fundamentales invocados, pues no
basta su simple enunciación; y iv) que, especialmente tratándose de decisiones
judiciales, se evidencie una actuación claramente arbitraria, caprichosa o contraria al
orden constitucional.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, MP. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, MP.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, MP. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
42. De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el requisito de
relevancia constitucional cumple tres finalidades esenciales16: (i) preservar la
competencia e independencia de los jueces de las distintas jurisdicciones, evitando que
la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir su
ejercicio a controversias que realmente comprometan derechos fundamentales; y (iii)
impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir decisiones judiciales.
43. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez de tutela
sólo se justifica cuando:
(…) la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de
los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere
una anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la
intervención del juez constitucional17.
I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
44. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre que se configure, al
menos, una de las siguientes causales especiales de procedibilidad: i) defecto orgánico;
ii) defecto procedimental absoluto; iii) defecto fáctico; iv) defecto sustantivo; v) error
inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación
directa de la Constitución.
45. En el asunto objeto de estudio, el FOMAG cuestiona las sentencias proferidas el 6 de
junio de 2025 por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Sincelejo y el 29 de enero
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Sucre, por considerar que incurrieron en los
defectos sustantivo y fáctico. En consecuencia, la Sala expondrá el alcance de defectos
con el propósito de determinar su configuración y la eventual vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
46. Respecto del defecto sustantivo18 se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.
47. En el presente asunto, la entidad accionante sostiene que las autoridades judiciales
accionadas desconocieron el alcance del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y del Decreto
942 de 2022, normas que establecen un régimen especial para determinar la
responsabilidad derivada del reconocimiento y pago tardío de cesantías de los docentes
afiliados al FOMAG.
48. Sobre el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del
material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
16
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, MP. Carlos Bernal Pulido.
17
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión19”.
49. En este caso, el FOMAG afirma que las providencias cuestionadas le atribuyeron la
responsabilidad por la sanción moratoria sin que existiera certeza acerca de la fecha de
remisión del acto administrativo de reconocimiento de cesantías por parte de la Secretaría
de Educación del Departamento de Sucre, aspecto que resultaba determinante para
establecer cuál de las entidades involucradas debía asumir las consecuencias derivadas
de la mora.
J. El caso concreto
50. La Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
51. En efecto, aunque el FOMAG invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, defensa y contradicción, así como de los principios de legalidad
del gasto público y responsabilidad fiscal, el análisis de los argumentos expuestos en la
demanda evidencia que la controversia se contrae a cuestionar la interpretación del
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y del Decreto 942 de 2022, así como la valoración
probatoria efectuada por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Sincelejo y el
Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 70001-33-33-003-2023-00141-00/01.
52. La entidad accionante sostiene que las decisiones cuestionadas atribuyeron
indebidamente al FOMAG la responsabilidad por la sanción moratoria derivada del pago
tardío de cesantías parciales y que no valoraron adecuadamente las pruebas
relacionadas con la fecha en que la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre
remitió el acto administrativo de reconocimiento a la Fiduprevisora S.A. En el mismo
sentido, alega que las autoridades judiciales efectuaron una interpretación incorrecta del
régimen especial de distribución de responsabilidades previsto en el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019 y el Decreto 942 de 2022.
53. Sin embargo, tales cuestionamientos, formulados bajo la denominación de defectos
sustantivo y fáctico, son, en esencia, los mismos que el FOMAG expuso durante el trámite
ordinario y, particularmente, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia, como se advierte con claridad al comparar los argumentos
expuestos en cada escenario procesal.
54. En efecto, al sustentar la apelación20, la entidad afirmó que "la responsabilidad del
pago de la sanción moratoria debe recaer exclusivamente en el Ente Territorial y no sobre
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio"; que "el Ente Territorial
19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño.
20
La Sala aclara que la comparación se realiza con fundamento en la exposición y transcripción de los
argumentos del recurso de apelación contenida en la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre el 29 de enero de 2026 (acápite 2.8. «Recurso de apelación»), providencia
que da cuenta de las razones de inconformidad planteadas por el FOMAG frente a la decisión de primera
instancia.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
remitió el acto administrativo 126 del 09 de febrero de 2021 a Fiduprevisora, el 21 de abril
de 2021"; y que:
(…) la Fiduprevisora S.A. como entidad pagadora, pagó la prestación dentro del término
de los 45 días hábiles posteriores a la recepción del acto administrativo ejecutoriado por
parte del Ente Territorial, por lo que es atribuible la mora al Ente Territorial por la tardanza
en la remisión del acto administrativo para pago, en armonía con el parágrafo del artículo
57 de la Ley 1955 de 2019.
55. Por su parte, en la acción de tutela sostiene que "la mora fue consecuencia directa de
la demora de la Secretaría de Educación de Sucre en remitir de forma extemporánea el
acto administrativo a la Fiduprevisora"; que el acto administrativo fue recibido para pago
el "21 de abril de 2021"; que "el pago se realizó el 04 de junio de 2021, es decir dentro
de los 45 días hábiles que tiene la Fiduciaria para realizar el pago"21; y que las
providencias cuestionadas desconocieron el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el
Decreto 942 de 2022 al atribuir al FOMAG una responsabilidad que, en su criterio,
correspondía a la entidad territorial. Tales planteamientos evidencian que la controversia
sometida al juez constitucional coincide sustancialmente con la debatida en el proceso
ordinario y decidida por el Tribunal Administrativo de Sucre al resolver la segunda
instancia.
56. En ese contexto, la Sala advierte que la inconformidad planteada por la entidad
accionante no se dirige a demostrar la existencia de una actuación arbitraria, caprichosa
o abiertamente contraria al orden constitucional, sino a cuestionar las conclusiones
jurídicas y probatorias alcanzadas por el juez natural de la controversia. Dicho de otro
modo, el FOMAG pretende que el juez de tutela reevalúe la interpretación de las normas
aplicables y el mérito demostrativo de los medios de prueba obrantes en el expediente
para arribar a una conclusión distinta acerca de la entidad responsable de asumir la
sanción moratoria reconocida en la sentencia ordinaria.
57. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional tiene
como finalidad preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
restringir la procedencia de la tutela a controversias que involucren auténticos problemas
iusfundamentales e impedir que este mecanismo se convierta en una instancia adicional
para controvertir decisiones judiciales desfavorables22. Asimismo, ha señalado que la
tutela contra providencias judiciales exige la existencia de un debate relacionado con el
contenido, alcance o goce efectivo de derechos fundamentales y no la simple discusión
de asuntos de naturaleza legal, interpretativa o económica23.
58. Igualmente, esta Corporación ha sostenido que el requisito de relevancia constitucional
no se satisface con la sola invocación de derechos fundamentales ni con la formulación
nominal de alguno de los defectos específicos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales. Por el contrario, corresponde al accionante demostrar de manera
suficiente que la controversia desborda el ámbito de la mera legalidad y plantea una
21
Índice 2 Samai
22
Corte Constitucional, sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 del 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
afectación constitucional de especial entidad que justifique el desplazamiento
excepcional de la competencia atribuida al juez natural24.
59. Aplicados estos criterios al asunto objeto de estudio, la Sala encuentra que el núcleo
de la controversia se reduce a establecer: i) cuál es la correcta interpretación del artículo
57 de la Ley 1955 de 2019 y del Decreto 942 de 2022; ii) a qué entidad corresponde
asumir la responsabilidad por la sanción moratoria reconocida a la señora Magaly María
Pérez Genez; y iii) cuál era el alcance y mérito demostrativo de las pruebas allegadas al
expediente en relación con la fecha de remisión del acto administrativo de reconocimiento
de cesantías. Tales cuestiones corresponden al ámbito propio de la legalidad, fueron
debatidas dentro del proceso ordinario y decididas por las autoridades judiciales
competentes.
60. La Sala observa además que la controversia posee un marcado contenido patrimonial,
pues la pretensión última del FOMAG consiste en trasladar a otra entidad pública la
obligación derivada de una condena económica impuesta dentro de un proceso
contencioso-administrativo. En ese sentido, el debate propuesto gira alrededor de la
determinación del sujeto legalmente obligado a asumir una prestación dineraria y no
alrededor de la protección inmediata de un derecho fundamental.
61. Esta Subsección ha declarado en casos análogos que las controversias sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por cesantías tardías de docentes afiliados
al FOMAG carecen de relevancia constitucional, por cuanto su núcleo se reduce a un
debate de naturaleza legal y económica sobre la distribución de responsabilidades entre
las entidades intervinientes en el trámite prestacional. En particular, ha precisado que la
acción de tutela presentada por el FOMAG "carece de relevancia constitucional" cuando
"el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso
ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia"25.
62. En estas condiciones, la sola discrepancia de la parte accionante con la interpretación
normativa acogida por los jueces de instancia o con la valoración de las pruebas realizada
por estos no otorga relevancia constitucional al asunto ni habilita la intervención del juez
de tutela. Admitir lo contrario implicaría transformar este mecanismo excepcional en una
tercera instancia destinada a revisar permanentemente las decisiones adoptadas por los
jueces ordinarios cada vez que una de las partes considere errónea la valoración jurídica
o probatoria efectuada dentro del proceso.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 27 de enero de 2023, expediente núm. 11001-03-15-000-2022-06433-00, M.P. Fredy Ibarra Martínez,
en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia
del 6 de julio de 2023, expediente núm. 11001-03-15-000-2023-02404-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2023,
expediente núm. 11001-03-15-000-2023-05523-00, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 27 de enero de 2023, expediente núm. 11001-03-15-000-2022-06433-00, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
En el mismo sentido, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2023, expediente
núm. 11001-03-15-000-2023-05523-00, M.P. Martín Bermúdez Muñoz: "se declarará la improcedencia de
la acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a los defectos
presentados, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados
en la apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario."
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02763-00
Accionante: FOMAG
Se declara la improcedencia de la demanda
63. Finalmente, la Sala advierte que tampoco se acredita la existencia de un perjuicio
irremediable que permitiera exceptuar el requisito de relevancia y habilitar la intervención
del juez constitucional de manera transitoria. La condena impuesta al FOMAG por
concepto de sanción moratoria tiene naturaleza eminentemente económica y patrimonial,
No se evidencia, en consecuencia, una afectación inminente, grave e impostergable de
derechos fundamentales que justifique la actuación excepcional del juez de tutela,
máxime cuando la entidad accionante contó con plenas garantías de defensa y
contradicción a lo largo del proceso ordinario.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
15
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