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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05523-00

Fecha
30 de octubre de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05523-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia constitucional frente a los cargos elevados. SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por La Fiduprevisora S.A. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05523-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

30 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Sexta de Oralidad

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y
prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Violación directa de la
Constitución / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Se declara la
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 29 de junio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Sexta de Oralidad
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-023-
2022-00097-02. Ese proceso fue adelantado por el accionante contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG) y el Distrito de Medellín, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la
sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y sus intereses
correspondientes al año 2020. En la providencia objeto de reproche se confirmó la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

A. Solicitud de amparo

1.- El 27 de septiembre de 2023 el señor Arroyave Cuervo presentó, a través de
apoderado judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la
administración de justicia, y a los principios de favorabilidad laboral, perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados, en su
concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la
falta de pago de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los
respectivos intereses.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia proferida el día 30/06/2023 (sic) en el expediente rad. No.
05001333302320220009700, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes: (…)>>

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

3.1.- Se vinculó al servicio educativo estatal en vigencia de la Ley 91 de 1989. En
consecuencia, le es aplicable el régimen anualizado de cesantías. Labora con una
entidad territorial certificada en educación por el Departamento de Antioquia.

3.2.- El Ministerio de Educación Nacional omitió consignar las cesantías e intereses
correspondientes al año 2020 en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG.

3.3.- El 26 de agosto de 2021 el accionante presentó reclamación administrativa
para que se reconociera el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las
cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización
por el pago extemporáneo de sus intereses.

3.4.- Mediante acto administrativo No. 202130389604 del 9 de septiembre de 2021,
la Secretaría de Educación de Antioquia negó el reconocimiento de la sanción
moratoria por la falta de pago de las cesantías y de la indemnización por el pago
tardío de los intereses.

3.5.- El accionante promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara la nulidad del referido acto administrativo y se condenara a la
entidad demandada al pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de
1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de
febrero de 2021, fecha en que se debió consignar el valor de las cesantías del año
2020 en el respectivo fondo. De igual manera, pidió el reconocimiento de la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, de conformidad
con el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de
1991.

3.6.- El 25 de octubre de 2022 el Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín
profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la
demanda.

3.7.- El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En
síntesis, sostuvo que la ley, la jurisprudencia constitucional (en particular, la
sentencia SU-098 de 2018) y el precedente de esta Corporación permiten que a los
docentes oficiales se les aplique lo previsto en la Ley 50 de 1990 en materia de
cesantías y la sanción moratoria, en igualdad de condiciones con los otros
servidores públicos.

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Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

3.8.- Mediante sentencia del 29 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Sexta de Oralidad confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal
consideró que la sanción moratoria y la indemnización que pretendía el actor eran
incompatibles con el régimen especial de los docentes, pues en la ley especial no
existe un plazo para la consignación de las cesantías e intereses y, además, estas
no son consignadas en cuentas individuales. También explicó que la sentencia SU-
098 de 2018 no era aplicable al caso concreto porque partía de supuestos distintos.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos
fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) una violación directa
de la Constitución. Además, se infiere que el accionante también reprocha un (iii)
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales ya que invoca varias providencias
de esta Corporación, de la Corte Constitucional, y tribunales y juzgados
administrativos del país que habrían sido inaplicadas por la autoridad judicial
accionada.

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las
Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en
que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional
de los docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de
empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos
correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese fondo y
deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la
disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías
parciales o definitivas. De lo contrario, se puede afectar la estabilidad financiera del
fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria en los
términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra una
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al
fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los
docentes oficiales, no es excluyente con las reglas generales previstas para los
demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las
prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero

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Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
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de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.
4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables al
accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La
primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 1.
Esta es la sanción moratoria que exige el accionante. Así, la Ley 344 de 1996
extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los empleados públicos, incluyendo a
los docentes oficiales.

4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio del
accionante, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de
1996) son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el
FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es
contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen
de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de
consignarlos en determinados términos, so pena de una sanción. En otras palabras,
en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar
oportunamente las cesantías al FOMAG y, una vez pagadas, el fondo las
administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son
excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Alega una violación directa de la Constitución. Ello, por cuanto se
desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por
no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un
régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos
favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato
discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello
conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

1
A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella
regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no
afilia al trabajador a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada
año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le
paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
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4.2.1.- Precisa también que no es necesario que se profiera una sentencia de
unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica
en la Sección Segunda de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima
en las providencias judiciales que deben proferir los jueces. Es decir, que
desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la
seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, pero
reitera que para ello es necesario argumentar las razones de forma suficiente, lo
cual no sucedió en este caso.

4.2.2.- Agrega que este mecanismo constitucional no constituye un recurso
adicional para instaurar una tercera instancia, sino que se trata de la única forma de
salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

4.3.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, el accionante
afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional
como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.3.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018 (que fundamenta las demás
providencias proferidas por el Consejo de Estado), SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la
Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción
moratoria, porque esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el
principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos.
Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

4.3.2.- Igualmente invoca veintiséis (26)2 sentencias proferidas por esta
Corporación, tres (3)3 sentencias proferidas por tribunales administrativos y once
(11)4 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

2
Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero
de 2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 17 de junio de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2018-04617-01, Sección Tercera,
Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de junio de 2019, radicado No. 411001-03-15-000-
2018-04679-01, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 29 de julio de 2019,
radicado No. 11001-0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales;
sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00173-01, Sección Segunda
Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado No. 08001-
23-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de unificación
del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth Ibarra;
sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez;
sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00132-01, Sección Segunda, Subsección
A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001-23-31-000-2014-
00815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021,
radicado No. 08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés;
sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33-000-2015-00445-02, Sección Segunda
Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-
23-33-000-2014-01127-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de
noviembre de 2021, radicado No. 40001-23-40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia
del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2015-90008-01, Sección Segunda Subsección
A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-
2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de
2022, radicado No. 080001-23-33-000-2017-00931-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2015-00075-01, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 76001-
23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de
mayo de 2022, radicado No. 080001-23-40-000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001-23-33-000-2019-00359-01,
Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de julio de 2022, radicado No. 47-
001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22
de agosto de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-90124-
01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado
No. 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández
Gómez; sentencia del 26 de enero de 2023, radicado No. 47001-23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), Sección
Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Gómez; sentencia del 23 de marzo de 2023, radicado No. 11001-
03-15-000-2023-01063-00, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; y sentencia
del 17 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00965-00, Sección Segunda, Subsección B
3
Sentencia del 31 de mayo de 2019, radicado No.

76-001-23-33-000-2013-00734-00 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; sentencia del 21 de julio de 2022, radicado No. 70001-23-33-000-02018-
00097-00 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre; y sentencia del 24 de enero de 2023, radicado No. 15001-33-33-007-2019-00046-01 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 4
Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-2022-
00115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de
2022, radicado No. 05001-33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de
Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-33-
33-003-2022-00066-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de
septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-002-2022-00065-00 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-009-2022-
00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022,
radicado No. 27001-33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó;
sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001-33-33-005-2022-00122-00 proferida por el Juzgado

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Sexta de Oralidad (accionado)
solicitó negar las pretensiones. Señaló que su decisión se ajustó a derecho y lo hizo
con observancia al debido proceso, por lo que no vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora. Agregó que la negativa del reconocimiento de la
sanción por no consignación regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los
docentes afiliados al FOMAG ha sido una postura reiterada entre esa sala de
decisión, pues no existe una sentencia de unificación en la materia.

6.- El Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín (tercero con interés) allegó
copia del expediente ordinario, pero no rindió informe.

7.- La Nación - Ministerio de Educación (tercero con interés) solicitó declarar la
improcedencia de la acción. Alegó que la tutela no satisface el presupuesto de la
relevancia constitucional porque no se advierte una vulneración a los derechos
fundamentales de la parte actora, toda vez que la sentencia acusada se fundamentó
en la normativa y jurisprudencia aplicable. Agregó que la sentencia SU-098 de 2018
contenía presupuestos distintos al del accionante, por lo que no constituía un
verdadero precedente vinculante para el caso concreto.

8.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG
(tercero con interés) solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, así
como su desvinculación del proceso. Adujo que la parte actora no argumentó
suficientemente los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

8.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual
amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la
Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cada
uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de
consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.

8.2.- En cambio, los valores del FOMAG son presupuestados en cada vigencia y
son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -
FONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías.

Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147-33-33-002-2022-
00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de enero de 2023
radicado No. 11001-3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de
Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que alleguen los
reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en
cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el
fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja
y no por cuentas individuales.

8.3.- Afirmó que las sentencias invocadas por el accionante no constituyen un
precedente vinculante, pues resolvieron casos particulares y distintos al presente.
Agregó que, en todo caso, no se vulneraron sus derechos fundamentales porque
las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de conformidad con las
pruebas y procedimientos legales.

9.- El Distrito de Medellín (tercero con interés) guardó silencio, pese a haber sido
debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

10.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia
de la acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia
constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la
acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la
apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso
ordinario5. Además, se negará la solicitud de desvinculación presentada por La
Fiduprevisora S.A., dado que fue vinculada en calidad de tercero con interés y no
como accionada.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad

11.- La providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales alegados por el accionante. Los defectos invocados se analizarán
en conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como la violación directa de la
Constitución se resuelven al estudiar las reglas jurisprudenciales aplicables al caso.

5
El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido
proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con este requisito.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

11.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que
(i) identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii)
sustenten suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además,
también ha señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y
pacífico, pues de lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según
las exigencias y particularidades del caso6.

11.2.- En este caso el tribunal accionado cumplió con las dos cargas señaladas y,
además, al momento de proferir la sentencia cuestionada no existía una postura
unificada en la materia. Frente a lo primero, se advierte que en la providencia
accionada se identificó la sentencia SU-098 de 2018 (que fundamenta las otras
sentencias invocadas por el accionante, tanto de la Corte Constitucional, como del
Consejo de Estado). De igual manera se aceptó que existen varias sentencias de
esta Corporación que han adoptado la postura señalada en esa sentencia de la
Corte Constitucional. Así las cosas, el tribunal accionado señaló expresamente las
reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó.

11.3.- A continuación, el tribunal desarrolló las razones para apartarse de ese
precedente, así:

<<Ahora, en igual sentido, la H. Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de
2018 al analizar la aplicación de la sanción consagrada en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 para un docente, concluyó en aplicación del principio de
favorabilidad, que la misma le era ajustable; sin embargo ello se dio en tanto
el docente nunca estuvo afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, recayendo la responsabilidad en cabeza de la Secretaria de
Educación del ente territorial

Así́ las cosas, se puede concluir que las providencias dictadas por el H. Consejo
de Estado en las cuales se ha dado aplicación a la sanción moratoria que
contempla el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, parten del supuesto que el
docente no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y en otros casos, se trata de sentencias en las que se dio
aplicación a dicha sanción con base en la sentencia SU-098 de 2018 que tal y
como se precisó previamente, cuando con supuestos fácticos distintos, y que
en todo caso, culminaron con la prescripción del derecho. (…)

Así las cosas, encuentra la Sala que el señor LUIS ANTONIO ARROYAVE
CUERVO, de conformidad con el certificado visible en el expediente, se encuentra
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con un tipo
de vinculación – Departamental, con un régimen de cesantías anualizado (…)

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Entre otras, la sentencia SU-354 de 2017.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

Igualmente, encuentra la Sala de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico
de esta providencia que, por tener el demandante calidad de docente, es de carácter
obligatorio su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
concluyéndose de ello que su afiliación no se encuentra reportada en un fondo
privado de cesantías; además, tal y como fue ya expuesto, es el Fondo quien
cancela las cesantías y los intereses a las cesantías del personal docente (Acuerdo
No. 39 de 1998) sin consignación, ya que la relación que se presenta en este caso
es directa entre el Fondo quien es el responsable de las prestaciones económicas,
y el docente, sin intermediario alguno.

Para esta Sala de Decisión es claro conforme las normas vigentes, que no existe
fundamento legal que consagre obligación de consignación en una cuenta
individual de cada docente, pues los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, provienen de diferentes fuentes, estando sometidos al
principio de unidad de caja - artículo 16 del Decreto 111 de 1996, con subcuentas
independientes, una de ellas destinada a cesantías, lo que quiere decir la no
existencia de cuentas individuales o independientes, lo cual es totalmente contrario
a los presupuestos establecidos para la aplicación de la sanción por no consignación
oportuna de la Ley 50 de 1990, los cuales suponen en forma clara, la existencia de
i) una afiliación a un fondo privado de cesantías, lo cual no sucede con el FOMAG y
ii) la obligación de consignación>> (se destaca).

11.4.- Además, el tribunal accionado identificó otras sentencias, tanto de la Corte
Constitucional como de esta Corporación, que sustentan la posición adoptada y en
las que se concluyó que la sentencia SU-098 de 2018 no era un precedente
aplicable porque partió de un supuesto distinto, en el que los docentes ni siquiera
estaban vinculados al FOMAG.

11.5.- A partir de lo anterior, el tribunal accionado concluyó que no existía una
postura jurisprudencial unificada y, en todo caso, había motivos para apartarse del
precedente invocado por el accionante. En ese sentido, esta Sala ya ha reconocido
en otras ocasiones la posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se
identifiquen las sentencias y reglas que se dejarán de aplicar, y se expongan los
motivos para ello7.

11.6.- En todo caso, vale precisar que, en la sentencia de unificación del 11 de
octubre de 2023 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, se
estableció:

<<Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera

7
Entre otras, sentencia del 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01648-00 y sentencia del
21 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02214-00, ambas con ponencia de este despacho y
que abordaron casos idénticos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05523-00
Accionante: Luis Antonio Arroyave Cuervo
Se declara la improcedencia

que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la
Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal>>.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional frente a los cargos elevados.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por La
Fiduprevisora S.A.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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