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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06454-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06454-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2023 en la que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06454-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de marzo de 2023

Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06454-01
Demandantes: LUCIO LUQUE AGUILERA Y OTRO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia –
requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia de primer grado del 19 de enero del 2023, emitida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. Mediante esta decisión se declaró
improcedente esta acción constitucional por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1. El señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS, actuando por
intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Antioquia. En la acción constitucional, la parte actora pretende el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia1.

1 El escrito fue radicado el 2 de
diciembre de 2022 en el buzón web de la Secretaría General del
Consejo de Estado secgeneral@consejodeestado.gov.co.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en las providencias del 15 de mayo de
2013 y del 8 de octubre de 2021 proferidas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
respectivamente. Lo anterior, en el ejercicio del medio de control de reparación
directa promovido por los accionantes contra el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)2.

3. Mediante el referido medio de control, se pretendía declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado por los perjuicios causados con ocasión de la ampliación de la
vía Medellín - Bogotá.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, solicitó:

Sirvase tutelar a mis mandantes los derechos fundamentales consagrados en los
Arts. 13, 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Nacional. Y QUE HAN SIDO
AGRAVIADOS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y EL
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCION TERCERA, SUBSECCION C.

CONSECUENTE CON LO ANTERIOR SE DECRETE LA NULIDAD DE LAS
SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDAS POR LAS
ENTIDADES ANTES CITADAS Y SE LES ORDENE QUE EN EL TERMINO DE
72 HORAS PROFIERAN NUEVAS PROVIDENCIAS VALORANDO TODA LA
PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA POR LA PARTE DEMANDANTE A LA
ACCION DE REPARACION DIRECTA A QUE HICE ALUSION EN EL HECHO
PRIMERO DE ESTE LIBELO DEMANDADOR Y TODA LA PRUBA QUE MILITA
EN EL PROCESO Y SE EXPONGA RAZONADAMENTE EL VALOR
PROBATORIO QUE SE LE DA A CADA PRUEBA DOCUMENTAL
PRINCIPALMENTE A LAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA. PUES LA
PRUEBA TESTIMONIAL NO ES LA UNICA PARA FALLAR UN PROCESO.

(sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. En el mes de enero del año 1998, el Instituto Nacional de Vías (en adelante
INVÍAS) inició la ejecución de la ampliación de la autopista Medellín - Bogotá, lo que,
al parecer de los accionantes, generó la desestabilización del terreno y la destrucción
parcial de la bodega de propiedad del señor Lucio Luque Aguilera, en la que
funcionaba la planta de producción de la sociedad El Arpre SAS, ubicada en el
municipio de Copacabana, Antioquia.

2 Reparación directa con el radicado n.º 05001-23-31-000-2001-00431-00/2.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro
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6. El 28 de septiembre de 2001, el señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre
SAS ejercieron el medio de control de reparación directa en contra del INVÍAS con el
fin de que se indemnizaran los perjuicios por el daño ocasionado por el proyecto vial
relativo a la doble calzada Medellín - Bogotá.

7. El asunto le correspondió en primera instancia a la Sala Cuarta de Descongestión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, mediante sentencia
del 15 de mayo de 2013, resolvió negar las pretensiones de la demanda, al no
encontrar demostrado que el deterioro de la propiedad del señor Luque Aguilera
hubiese sido consecuencia directa o indirecta de las obras de adecuación,
ampliación y pavimentación.

8. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación en
consideración a que, según su criterio, el a quo no habría valorado adecuadamente
el material probatorio, el cual habría sido determinante para que se le imputara
responsabilidad a la entidad accionada en el medio de control.

9. Mediante providencia del 8 de octubre de 20213, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo, pues señaló que no se
encontraba probado cómo ocurrió: i) la desestabilización del terreno del señor Luque
Aguilera; ii) el derrumbe parcial de la edificación donde funcionaba la sociedad El
Arpre SAS y iii) la intervención del INVÍAS en las obras de drenaje o las redes de
acueducto en la ampliación de la doble calzada.

1.4. Fundamentos de la solicitud

10. Los demandantes señalaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas en
el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra el
INVÍAS.

11. En su criterio, estas habrían desconocido las pruebas documentales aportadas al
proceso, las cuales habrían permitido acreditar el nexo causal entre el daño y la falla
del servicio por parte de la entidad demandada.

12. Agregó que no es de recibo el argumento relativo a que se configuró la fuerza
mayor por un hecho de la naturaleza, con ocasión del aumento de las precipitaciones

3 Notificada el 24 de agosto de 2022, según el índice 22 de Samai, dentro del radicado 05001-23-31-

000-2001-00431-02.

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durante la época de las obras, pues el registro meteorológico habría indicado lo
contrario.

13. Finalmente, señaló que el INVÍAS no cumplió con las medidas preventivas de
impacto ambiental durante el desarrollo de las referidas obras.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 7 de diciembre de 2022, el magistrado que conoció en primera
instancia admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar a las partes.

15. Igualmente, ordenó la vinculación, como tercero interesado en el resultado de
esta controversia, al director del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), quien fungió
como demandada en el medio de control de reparación directa con radicado n.º
05001-23-31-000-2001-00431-00/2.

16. Asimismo, le fue reconocida personería para actuar al abogado Hugo Castrillón
Aldana, en calidad de apoderado judicial de la parte actora de esta acción
constitucional.

17. Finalmente, requirió a la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia para
que allegara, a la Secretaría General de esta Corporación, copia electrónica del
expediente con radicado n.º 05001-23-31-000-2001-00431-00/2.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

18. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión del 8 de octubre de 2021,
advirtió que «las consideraciones esgrimidas en la providencia (…) son suficientes
para explicar la improcedencia del amparo solicitado».

19. Pese a haber sido notificados en debida forma, el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) guardaron silencio. No obstante, el
referido tribunal remitió el expediente ordinario objeto de estudio, de acuerdo con la
orden indicada en el auto admisorio de esta acción constitucional.

1.7. Fallo impugnado

20. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del
19 de enero de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
encontrarse satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional.

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21. Indicó que, de la lectura integral del escrito de tutela, se infirió que los reparos
efectuados obedecen a la indebida valoración probatoria relacionada con los
elementos documentales aportados al proceso, los cuales, a juicio del accionante,
habrían permitido acreditar el nexo causal entre el daño y la alegada falla del
servicio.

22. Señaló que para la Sala era claro que los reproches esgrimidos en la acción
constitucional se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del fallo, de primera instancia, del 15 de mayo de 2013. Esto,
para efectos de que se declarara probada la falla del servicio, por cuanto el daño
causado se dio como consecuencia directa de las obras de adecuación, ampliación y
pavimentación que se adelantaban.

23. Agregó que, si bien la parte demandante pretendió darle el cariz de vicio o
defecto a la situación planteada, resultaba evidente que los fundamentos que
soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los
argumentos que fueron planteados en el proceso ordinario, los cuales fueron
resueltos en el fallo, de segunda instancia del 8 de octubre de 2021.

24. Manifestó que, pese a que el defecto se orientó a la falta de valoración de las
pruebas, este no se habría configurado, pues no se encontró demostrada la falla del
servicio del INVÍAS, debido a que no existió certeza de que las obras que se
realizaron en la vía Medellín - Bogotá hubiesen sido las generadoras de la
desestabilización del terreno y la destrucción parcial de la bodega de propiedad de la
sociedad El Arpre SAS.

25. Finalmente, concluyó que, en el caso concreto, no se encontró acreditado el
requisito de relevancia constitucional porque su objeto consiste en reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso de reparación
directa. Además, resaltó que al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia.

1.8. Impugnación

26. La parte actora se limitó a reiterar los argumentos del escrito de tutela y a señalar
que impugnaba la decisión de primera instancia, en tanto, no la compartía en
ninguna de sus partes.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia del 19 de enero del 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019.

2.2. Legitimación en la causa

28. El inciso 1° del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

29. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19914, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a
través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales5.

30. Con fundamento en el marco conceptual expuesto6, la Sala advierte que el señor
Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS son titulares de los derechos
fundamentales que reclaman, en consideración a que ostentaron el extremo activo
en el medio de control de reparación directa promovido contra el Instituto Nacional de
Vías (INVÍAS), en el cual fueron negadas las pretensiones de la demanda.

31. Por otro lado, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al ser las autoridades
judiciales que profirieron las decisiones que se controvierten en esta acción de tutela,
se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
6 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha

venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

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2.3. Cuestión previa

32. Para la Sala es importante precisar que, si bien la parte actora afirmó que la
demanda de acción de tutela se promovió en contra de las providencias dictadas por
el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, el análisis en esta sentencia se limitará a la sentencia de
segunda instancia, puesto que fue el que puso fin a la controversia jurídica.

2.4. Problema jurídico

33. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación fáctica
expuesta, el material probatorio recaudado, los argumentos planteados en el escrito
de tutela y en la impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de
primera instancia proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, mediante el cual se declaró la improcedencia de la acción constitucional por no
encontrarse satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional.

34. Para estos efectos, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, en especial el de relevancia
constitucional?

35. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ¿vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia del señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El
Arpre SAS con ocasión de la expedición de la providencia que confirmó la
decisión de primer grado mediante la cual fueron negadas las pretensiones del
medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS)?

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad y, de superarse, iii) caso concreto en atención
a las generalidades de los defectos invocados.

2.5 . Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales,

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en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 8. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales9.

38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial12.

39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de

agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv);
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.

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iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de
instancia.

41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si, en el caso concreto,
concurren los requisitos de procedibilidad y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Requisito general de relevancia constitucional

43. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término
“relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200513 en la que señaló que la
acción de tutela solo es procedente siempre y cuando se cumplan ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia
constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra

13 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción
de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al
señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se
instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c)
que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las
discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.

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a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes. (Subrayado fuera de texto).

44. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos
avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple esta
exigencia. Así, en sentencia SU-215 de 202214, el Alto Tribunal unificó los criterios
que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento, los
cuales se pasan a exponer en el siguiente gráfico para mayor entendimiento:

Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se
cumple con los cometidos de la relevancia constitucional

Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.

Relevancia constitucional -
La protección de la autonomía e independencia de los La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La
jueces. tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se

sentencia Corte
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los

Constitucional 2022
jueces naturales”.

la preservación de la específica finalidad de la acción de Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
los derechos fundamentales. grave un derecho fundamental.

la prevención del uso indebido de la acción como una El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
instancia adicional de los procesos adelantados ante las ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
jurisdicciones competentes o para la solución de actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
discusiones de naturaleza eminentemente legal fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar
una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.

45. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201415, adoptó de manera expresa la
posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

46. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
14 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera

y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción
de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el
mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i)
no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y
explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.

47. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 16 modificó
la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los
temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.

48. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

I. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;

II. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que
este mecanismo solo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

III. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

49. Conforme a lo establecido en anteriores oportunidades, se procederá a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad
con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.

2.7. Caso concreto

50. En relación con lo expuesto, se confirmará la sentencia del 19 de enero de 2023
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandantes: Lucio Luque Aguilera y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

51. El señor Lucio Luque Aguilera y la Sociedad El Arpre SAS señalaron que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia con ocasión de la negativa ante sus pretensiones, en el marco del medio de
control de reparación directa que promovieron contra el INVÍAS.

52. Así las cosas, pese a que la parte actora no enmarcó sus reparos a la
configuración de un defecto específico, la Sala infiere que la providencia objetada
adolecería de defecto fáctico. Lo anterior, por cuanto, los accionantes consideraron
que, ante la indebida valoración del material probatorio, no fue posible establecer que
la causa del daño correspondió a la omisión y falta de prevención por parte del
INVÍAS durante el desarrollo de las obras relativas al proyecto de la doble calzada
entre Medellín y Bogotá.

53. Máxime, si con las pruebas documentales aportadas al proceso se hubiese
logrado acreditar que la desestabilización del terreno y la destrucción parcial de la
bodega de propiedad del señor Lucio Luque Aguilera, en la que funcionaba la planta
de producción de la sociedad El Arpre SAS, fueron resultado de la falla del servicio
por parte de la entidad demandada.

54. En este sentido, en relación con los reparos señalados anteriormente, la Sala
advierte que el caso involucra un debate jurídico eminentemente probatorio que
pretende dar lugar a una tercera instancia, lo que impide que los argumentos
cumplan con uno de los criterios determinantes para que un asunto revista relevancia
constitucional, tal como se pasa a explicar.

55. Tratándose del tema concerniente a la carga argumentativa como presupuesto
sine qua non, para efectos de la procedencia de la acción de amparo, existe un
deber de sustentar el defecto alegado, el cual adquiere una connotación aún más
precisa y exigente, en tanto, que, quien cuestiona una decisión de tal naturaleza,
está obligado a exponer las razones que sustentan su demanda de amparo y los
motivos que, en su criterio, explican la configuración de una causal especifica de
procedencia17.

56. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales expedidas
por una Alta Corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, es
necesario demostrar que en la sentencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencias del 19 de

noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-07143-00; del 25 de noviembre de 2021. Rad.
11001-03-15-000-2021-05353-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

Por consiguiente, este requisito requiere que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista18.

57. En tales circunstancias, se tiene que, si bien la parte actora hizo alusión a varios
yerros que, se infiere, corresponden al cargo por defecto fáctico, lo cierto es que no
presentó argumentos suficientes que demostraran por qué este tema debe
trascender las instancias ordinarias ya agotadas para llegar a la órbita del juez
constitucional, máxime cuando no identificó las pruebas que fueron indebidamente
valoradas o dejadas de analizar.

58. Esta Sala comparte el análisis hecho por el juez de primera instancia en esta
acción constitucional, en el sentido de concluir que, pese a que la parte actora señaló
el indebido análisis de las pruebas, lo cierto es que la autoridad judicial demandada,
luego de valorar todo el material probatorio allegado al expediente, concluyó que
había lugar a confirmar la decisión de primera instancia, pues no se encontraba
probada la falla del servicio del INVÍAS. Esto, en tanto no existía certeza de que las
obras que se realizaron en la vía Medellín - Bogotá fueron las que generaron la
desestabilización del terreno y la destrucción parcial de la bodega de propiedad de la
sociedad El Arpre SAS.

59. En el presente caso se planteó un debate legal y probatorio en el que no se
demuestra cómo la decisión del 8 de octubre de 2021 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C afecta el núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados. Esto, en el entendido de que los cargos expuestos en la
acción de tutela son similares a los presentados en sede de reparación directa, los
cuales ya fueron resueltos en dicha instancia.

60. Para esta Sala es claro que la autoridad judicial demandada, en la referida
providencia, expuso con claridad los argumentos que la parte actora pretende
desestimar por medio de la solicitud de amparo y explicó, con el respectivo sustento,
que los reparos se dirigen -de mamera exclusiva- a que se acredite la razón jurídica
necesaria de la imputación, la cual permita establecer que el daño se produjo por una
falla en el servicio de la entidad demandada.

61. Así las cosas, el debate planteado en relación con la acreditación o no del nexo
causal entre la conducta del demandado y el efecto adverso que de ella se deriva
para la parte actora fue debidamente analizado y resuelto en la providencia
cuestionada, dado que, según lo señalado por el juez de instancia, dicho nexo no se
demostró.

62. Lo pretendido por los accionantes es utilizar este mecanismo de amparo
constitucional como una instancia adicional del medio de control de reparación
directa. Incluso, sus reproches pretenden reabrir una tercera instancia para debatir

18 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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y otro
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nuevamente los argumentos que fueron despachados de manera desfavorable por
los jueces de instancia. En definitiva, la Sala advierte que este asunto no supera el
requisito general de la relevancia constitucional.

63. No sobra agregar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa
juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad. En específico, cuando se pretenden cuestionar por esta
vía las decisiones de los órganos de cierre en la materia.

2.8. Conclusión

64. Se confirmará la sentencia del 19 de enero de 2023 en la que la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo porque no
se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2023 en la que la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06454-01

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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