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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06457-01

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06457-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- MODIFÍCASE la sentencia de 20 de enero de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, cuya parte resolutiva queda así: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia constitucional respecto al defecto fáctico alegado. NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela en relación con el defecto por desconocimiento del precedente judicial. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06457-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de abril de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01
Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01
Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho -en modalidad de lesividad-, contra
acto administrativo que reconoció pensión gracia. Defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito
de relevancia constitucional cuando se pretende dar
continuidad a la misma discusión legal en relación con el
defecto fáctico. Estudio de fondo respecto del desconocimiento
del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 20 de enero de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado
dentro de la acción de tutela en la que declaró su improcedencia por desatender el
requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante afirmó que nació el 31 de diciembre de 1938 y que en la actualidad
“cuenta con 83 años de edad”.

Sostuvo que luego de cumplir los requisitos de ley, la Caja Nacional de Previsión
Social mediante Resolución Nº 4544 de 7 de mayo de 1996, reconoció y ordenó el
pago a su favor de una pensión gracia en cuantía equivalente al 75% de los
sueldos devengados en los últimos doce meses, efectiva a partir del 7 de junio de
1992.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01
Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Indicó que mediante Resolución N° 32235 de 2000, 28765 de 13 de diciembre de
2004 “y sentencia del 30 de octubre de 2008, emanada del Juzgado Veintisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” del 27 de agosto de 2009”,
obtuvo la reliquidación de la pensión gracia, elevando la cuantía a $777.683.30,
efectiva a partir del 29 de diciembre de 1999.

Refirió que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, presentó demanda en
su contra en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la modalidad de lesividad, con el fin de que se declarara la nulidad de
las Resoluciones Nos. 4544 del 7 de mayo de 1996, 32235 de 19 de diciembre del
2000 y 28765 del 13 de diciembre de 2004, mediante las cuales se reconoció y
modificó la pensión gracia reconocida a la demandante, y que a título de
restablecimiento del derecho se le ordenara reintegrar la totalidad de las sumas
canceladas, por considerar que no le asistía el derecho al reconocimiento y
liquidación de una pensión gracia.

Adujo que la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 9 de febrero de 2018, en
la que accedió a las pretensiones de la demanda, luego de considerar que la
demandada no cumplió con el requisito de tiempo de 20 años de servicio de
docencia oficial de carácter territorial, conforme con las pruebas obrantes en el
expediente.

Por último, afirmó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,
en sentencia de 5 de noviembre de 20201, confirmó la decisión bajo los mismos
argumentos, esto es, por considerar que no cumplió el requisito de 20 años de
servicio en la docencia oficial territorial, en tanto no tenía la condición de docente
territorial o nacionalizado, por lo cual no podía ser beneficiaria del derecho
pensional, toda vez que el mayor tiempo de servicios que acreditó era de carácter
nacional.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, igualdad, debido proceso y
seguridad social, supuestamente vulnerados con la sentencia de 5 de noviembre
de 2020, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”, confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad,
que la UGPP promovió en su contra.

1
La sentencia fue objeto de adición mediante decisión complementaria de 6 de octubre de 2022. En esa
decisión resolvió: “Primero: Adicionar el ordinal primero de la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad, promovida por la Caja Nacional de Previsión
Social en Liquidación (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP) contra la señora Rosa Gómez Tamayo, en el sentido de confirmar también por
las razones aquí expuestas la providencia del 9 de febrero de 2018 proferida por la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Segundo: Negar las demás solicitudes de
aclaración y adición.
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Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en donde resaltó que en el
presente caso se cumple con la inmediatez, pues, sostuvo, la sentencia que se
controvierte se emitió el 5 de noviembre de 2020, sin embargo, se notificó solo
hasta el 24 de noviembre de 2022, luego de que se resolviera de fondo la solicitud
de adición presentada.

Sostuvo que la decisión objeto de reproche constitucional incurrió en i) defecto
fáctico, por cuanto, indicó, “dentro del expediente NUNCA se probaron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de lo laborado por mi persona,
entre el 26 de noviembre de 1979 al 13 de marzo de 1995, las mismas entidades
mencionaron que no se allegó acto administrativo de nombramiento, la única
prueba con la que fallaron en mi contra dichas corporaciones accionadas, fue
una comunicación mediante la cual el jefe de la División de personal del Ministerio
de Educación Nacional me informa el nombramiento como docente de primaria
para trabajar en Bogotá, y el acta de posesión a partir del 26 de noviembre de
1979, concluyendo con esto, que yo era una docente nacionalizada de forma
indefinida y no tenía derecho a recibir la pensión gracia, aspecto que es de
reproche pues claramente dichas corporaciones incurrieron en vías de Hecho por
defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Además, la
carga de la prueba también la tenía Cajanal, y el mismo magistrado, pues se
solicitaron pruebas y no fueron atendidas pese a la insistencia, pues tenía afán de
fallar en contra”.

Sobre el particular, indicó que, después de haber trabajado en el departamento de
Caldas entre el periodo 11-02-1960 al 16-01-1968, “trabajé en calidad de
educadora territorial, bajo la dirección del Distrito Capital de Bogotá, solicité que
oficiaran al magisterio para que CERTIFICARA en qué planteles trabajé, pues lo
hice en planteles distritales y cooperativas entre otros en Bogotá por
aproximadamente Diecinueve (19) años y cuatro (4) meses, vinculada antes del
31 de diciembre de 1980, observando buena conducta en mi desempeño, pero las
corporaciones accionadas NI SIQUIERA DE OFICIO solicitaron se les allegara el
reporte de TODOS esos periodos laborados en Bogotá, adscrita a la Secretaría
de Educación Distrito Capital, pues solo me dieron cinco días para contestar la
demanda, tiempo que solo fue suficiente para llegar desde Manizales a Bogotá
para notificarme, y una solicitud a la secretaría de educación en Bogotá, demora
más de tres meses y eso poniendo tutela”.

Agregó que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta
por Cajanal en su contra, tampoco se probó que era docente nacionalizada, “pues
la carga de la prueba la tenía dicha entidad, y nunca probó tal situación; al
contrario, inicie trabajando como educadora territorial y termine como educadora
territorial cuando renuncie, cuyo acto se plasmó con la resolución 4102 del 02 de
marzo de 2000, por la cual se acepta la renuncia a unos docentes y directivos
docentes de la Secretaria de Educación Distrito Capital, cuya fecha de renuncia se
dio el 29 de diciembre de 1999, todos esos documentos son suficientes para
demostrar que si labore todo ese tiempo en primaria, y que los dineros con lo que
me pagaban eran municipales y distritales, se presume que el distrito es del
municipio de Bogotá”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01
Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Refirió que de forma reiterada solicitó al juez de primera instancia que i) se oficiara
a la Contraloría General del Departamento de Caldas, para que certificara el
tiempo laborado como instructora de primaria en el municipio de Aránzazu entre
febrero 11 de 1960 a marzo de 1967, en el municipio de Viterbo entre marzo 27 de
1967 a enero de 1968, y que se oficiara “a la secretaría de Educación, para que
certifique grado 1 en primaria, planteles nacionales, cuya fecha de ingreso de dio
el 26/11/1979”.

Adujo que en el caso se incurrió en ii) desconocimiento del precedente judicial
fijado por “la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del
proceso # 250002325000-2011-01007-03” y en la “SENTENCIA SUJ-11-52
emanada del Consejo de Estado, Sala de lo contenciosos-administrativo sección
segunda el veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), expediente 25000-
23-42-000- 2013-04683-01 (3805-2014), magistrado ponente Carmelo Perdomo
Cuéter”, en las que se indicó que “a pesar de que los recursos del situado fiscal
tienen su origen en la Nación, una vez eran cedidos a las entidades territoriales e
incorporados a sus presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad
exclusiva de la localidad destinataria, e inoxerablemente su naturaleza jurídica
cambiaba de nacional a territorial, en virtud de que ingresaban a las arcas locales
como rentas exógenas”.

Igualmente, mencionó que el desconocimiento del precedente judicial se configura
respecto de los fallos de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, i) rad. 76001-23-33-000-2013-01033-01 de 19 de febrero de 2018, ii) rad.
25000-23-42-000-2012-00425-01 de 31 de enero de 2018, iii) rad. 76001-23-33-
000-2013-01065-01de 16 de mayo de 20192.

Agregó que desde el 11 de agosto de 2021 se encuentra en tratamiento obligatorio
por discopatía 1 crónica severa “con reporte de resonancia magnética de fecha
19-08-2021, con colapso vertebral hacia el cuerpo de 11 - 12, de cambios
degenerativos severos, espondilosicos, estenosis espinales y foraminales,
cambios osteocondrosis, además presento insuficiencia renal crónica (desde hace
25 años), tratamiento que me han costado particularmente tres millones de pesos
para poder llevar una vida digna, y que sufrago con mi pensión, y que se
manifiesta por el profesional que los debo hacer periódicamente, para poder medio
movilizarme”.

Finalmente, manifestó que es sujeto de especial protección constitucional en la
categoría de la tercera edad o mayor adulta “de más de 76 años de edad”,
conforme con lo establecido al respecto en la sentencia T-015 de 2019, y que por
lo manifestado y probado sobre su estado de salud, en el caso se acredita un
perjuicio irremediable “lo que ocasionaría quitarme mi pensión gracia, tengo 83
años, ya no puedo salir, debo valerme de terceras personas para mis asuntos
personales, voy a las terapias porque ya no soporto el dolor que me aqueja, ya
me queda poco tiempo de vida, y estoy deprimida y triste por estas decisiones de

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M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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los magistrados del Consejeros de Estado al quitarme mi pensión por errores en
sus apreciaciones y errores probatorios”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Se solicita al Honorable Juez de Tutela, sea admitida la presente tutela como
mecanismo transitorio, y me sea concedido los derechos fundamentales, a la vida, a la
salud, toda vez que soy sujeto de especial protección constitucional en la categoría de
tercera edad o mayor adulta, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a la
buena fe, a la seguridad jurídica y derechos adquiridos, al debido proceso, por cuanto
se incurrió por el magistrado del consejo de estado sección segunda subsección A, en
vías de hecho por defecto fáctico dentro del raro proceso administrativo,
desconociendo pruebas, y negando, y fallando con interpretación errada de una sola
prueba.

2. Solicito con el mayor respeto, ordenar a la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
• SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro
del proceso # 250002325000-2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del
derecho, allegar a su despacho el proceso, para efectos de tener una mejor
comprensión, análisis y estudio del mismo, lo que se hace fundamental para corroborar
la veracidad de mis dichos y pruebas que se negaron, y determinar que se violaron
todos mis derechos expuestos.

3. Requerir a la secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, para que allegue todas
las certificaciones de los establecimientos donde labore incluida las cooperativas, con
indicación de tiempo, modalidad del contrato y con qué dineros se pagaron dichos
salarios.

4. Se revoque la sentencia proferida por La Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
• SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro
del proceso # 250002325000-2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del
derecho, excepto en las partes que me favorezca, y quede incólume mi pensión gracia,
toda vez que la requiero más en mi estado de ancianidad, y con las pruebas que
aporto”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia de la sentencia de 5 de noviembre de 2020, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en el marco de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, radicado
con el Nº 2011-01007-02, actor: UGPP.

5. Trámite procesal

Por auto de 6 de diciembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial
accionada. Igualmente, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -, como tercero
interesado en el resultado del proceso.

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Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se denegaran
las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto, sostuvo, en el caso no se
vulneraron los derechos fundamentales de la actora, pues, contrario a lo manifestado
por esta, la decisión objetada se sustentó en el precedente jurisprudencial aplicable,
mismo que prevé que la pensión gracia solo se reconoce a los docentes territoriales
o nacionalizados que se hayan vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, cumplan 20 años de servicio y 50 años de edad, sin que en el sub examine la
señora Rosa Gómez Tamayo hubiera demostrado en su integridad los requisitos
para ser beneficiaria de la prestación en comento.

Afirmó que si bien la accionante afirma tener derecho a la pensión gracia, lo cierto es
que, acorde con los parámetros dictados en las diferentes sentencias de unificación
proferidas por esta Corporación relacionadas con la prestación, entre estas, la
sentencia S699 de 26 de agosto de 1997, según la cual los tiempos de servicio
laborados en plazas docentes nacionales no son computables, así como tampoco
aquellos que provengan de un nombramiento efectuado por el Ministerio de
Educación Nacional, la demandante no contaba con los requisitos para acceder a
esa prestación.

Indicó que, contrario a lo anotado por la actora, la sentencia SUJ-Sll-11-2018 del 21
de junio de 2018 no prevé que un docente de carácter nacional pueda ser
beneficiario de la pensión gracia por el hecho de ser pagado por recursos del situado
fiscal o del sistema general de participaciones, sino que establece pautas para definir
cómo determinar si el docente es o no territorial cuando en su vinculación actuó el
Fondo Educativo Regional, y más concretamente, por la intervención del agente del
Ministerio de Educación Nacional.

Por último, relató que en el caso era claro que la demandante tuvo la calidad de
docente territorial entre el 11 de febrero de 1960 y el 16 de enero de 1968, no
obstante, frente al lapso comprendido entre el 26 de noviembre de 1979 y el 13 de
marzo de 1995, las pruebas allegadas al expediente daban cuenta de que su
vinculación era nacional, pues, como se anotó en la providencia objeto de tutela, la
comunicación expedida por la división de personal del Ministerio de Educación
Nacional en la que se le comunicaba a la señora Rosa Gómez Tamayo sobre su
nombramiento como docente y en donde se le solicitaba acercarse a la entidad a
tomar posesión del cargo, permitía inferir razonablemente que su vinculación
obedeció a la decisión del Gobierno Nacional y que, además, fue confirmada por el
acta de posesión, prueba también valorada, y de la cual se advierte que proviene del
Ministerio de Educación y Nacional no de una entidad territorial.

6.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -

La vinculada con interés presentó informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, por cuanto, indicó, la misma no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, en tanto la parte actora pretende usar la acción de tutela
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como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez
competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido
en la ley para el efecto.

Agregó que la decisión objetada no incurrió en defecto material o sustantivo, sino
que, por el contrario, la misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente
judicial que regula el tema, para determinar que no le asistía el derecho a la pensión
gracia a la demandante.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para
el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha
pronunciado el juez competente de la causa.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 20 de enero de
2023, declaró improcedente la solicitud, luego de considerar que incumplía con el
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, habida cuenta de
que, declaró, “el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron
en la vulneración de derechos fundamentales”.

Agregó que la actora plantea una afectación de derechos fundamentales que
tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y probatorio, el cual
ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y
fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
escrito en el que sostuvo que la solicitud la tutela no fue leída, analizada, ni
estudiada, y que la sentencia de primera instancia, de la página 8 a la 18 “solo se
limitó a decir que mi caso carecía de relevancia constitucional y fueron 10
páginas de jurisprudencia y marco normativo que nada tenían que ver con mis
reparos”.

Afirmó que en el escrito de la tutela sustentó y probó que es sujeto de especial
protección constitucional, en la categoría de la tercera edad o mayor adulta, “de
más de 76 años de edad T-015 de 2019, y que con lo manifestado y probado
sobre mi estado de salud, acredité el perjuicio irremediable lo que ocasionaría
quitarme mi pensión gracia, tengo 84 años, ya no puedo salir, debo valerme de
terceras personas para mis asuntos personales, voy a las terapias porque ya no
soporto el dolor que me aqueja, estoy deprimida y triste por estas decisiones de
los magistrados del Consejo de Estado al quitarme mi pensión por errores en sus
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apreciaciones y errores probatorios”, y afirmó que nada de esto fue motivo de
análisis en el fallo de tutela.

Finalmente, reiteró que en el caso no se analizó con base en la realidad que
expuso y la prueba reina que se pidió y no se decretó en el proceso ordinario pero
que anexó a la tutela, “cuál es el origen de los dineros con que me pagaban la
pensión, y que es de carácter municipal y el tiempo total laborado, cumpliendo con
los requisitos, tanto es así, que desde el 1996 el juez 27 administrativo y luego la
sala del tribunal administrativo de Cundinamarca me dieron la razón, y me
otorgaron mi pensión gracia, y posteriormente me reconocieron incrementos
pensionales con base en la totalidad de los factores salariales, por ello hubo
seguridad jurídica y caso juzgado, pero la extinta Cajanal y la acuciosa UGPP
revivieron mi caso”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
revoca el fallo de 20 de enero de 2023, proferido por la Sección Primera de esta
Corporación, en el que se declaró improcedente la acción de tutela promovida por
la parte demandante por incumplir con el requisito de relevancia constitucional, en
tanto la sentencia de 5 de noviembre de 2020, incurrió en i) defecto fáctico, por
cuanto i) “dentro del expediente NUNCA se probaron las circunstancias de modo,
tiempo y lugar respecto de lo laborado entre el 26 de noviembre de 1979 al 13 de
marzo de 1995”, y “la única prueba con la que fallaron en contra fue una
comunicación mediante la cual el jefe de la División de personal del Ministerio de
Educación Nacional me informa el nombramiento como docente de primaria para
trabajar en Bogotá, y el acta de posesión a partir del 26 de noviembre de 1979,
concluyendo con esto, que yo era una docente nacionalizada de forma indefinida y
no tenía derecho a recibir la pensión gracia” y, en tanto, alega, ii) que de forma
reiterada solicitó al juez de primera instancia que se oficiara a la Contraloría
General del Departamento de Caldas, para que certificara el tiempo laborado
como instructora de primaria en el municipio de Aránzazu entre febrero 11 de 1960
a marzo de 1967, en el municipio de Viterbo entre marzo 27 de 1967 a enero de
1968, y que se oficiara “a la secretaría de Educación, para que certifique grado 1
en primaria, planteles nacionales, cuya fecha de ingreso de dio el 26/11/1979”, lo
cual no ocurrió.

De igual forma, corresponde establecer si la sentencia objetada incurrió en ii)
desconocimiento del precedente judicial fijado por “la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la SECCIÓN
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01
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SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
• CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso # 250002325000-2011-01007-03” y
en la “SENTENCIA SUJ-11-52 emanada del Consejo de Estado, Sala de lo
contenciosos-administrativo sección segunda el veintiuno de junio de dos mil
dieciocho (2018), expediente 25000-23-42-000- 2013-04683-01”, en las que se
indicó que “a pesar de que los recursos del situado fiscal tienen su origen en la
Nación, una vez eran cedidos a las entidades territoriales e incorporados a sus
presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad exclusiva de la
localidad destinataria, e inoxerablemente su naturaleza jurídica cambiaba de
nacional a territorial, en virtud de que ingresaban a las arcas locales como
rentas exógenas", y en los fallos de la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, i) rad. 76001-23-33-000-2013-01033-01 de 19 de febrero de
2018, ii) rad. 25000-23-42-000-2012-00425-01 de 31 de enero de 2018, iii) rad.
76001-23-33-000-2013-01065-01de 16 de mayo de 20193.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial

3
M.P. Sandra Lissette Ibarra.
4
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
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10

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al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii)
Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi)
Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación
directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez

9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Conforme lo indicó el a quo, la acción de tutela no cumple el requisito de
relevancia constitucional en relación con el defecto fáctico

4.1.1. En el presente caso, la accionante considera que la sentencia de 5 de
noviembre de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado incurre en i) defecto fáctico, por cuanto “dentro del expediente
NUNCA se probaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de lo
laborado entre el 26 de noviembre de 1979 al 13 de marzo de 1995”, y “la única
prueba con la que fallaron en contra fue una comunicación mediante la cual el
jefe de la División de personal del Ministerio de Educación Nacional me informa el
nombramiento como docente de primaria para trabajar en Bogotá, y el acta de
posesión a partir del 26 de noviembre de 1979, concluyendo con esto, que yo
era una docente nacionalizada de forma indefinida y no tenía derecho a recibir la
pensión gracia”, y en tanto, alega, ii) de forma reiterada solicitó al juez de primera
instancia que se oficiara a la Contraloría General del Departamento de Caldas,
para que certificara el tiempo laborado como instructora de primaria en el
municipio de Aránzazu entre febrero 11 de 1960 a marzo de 1967, en el municipio
de Viterbo entre marzo 27 de 1967 a enero de 1968, y que se oficiara “a la
secretaría de Educación, para que certifique grado 1 en primaria, planteles
nacionales, cuya fecha de ingreso de dio el 26/11/1979”, lo cual no ocurrió.

En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia
de 20 de enero de 2023, declaró improcedente la solicitud, luego de considerar
que incumplía con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, habida cuenta de que, declaró, “el asunto controvertido por la
actora ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada, y la acción de
tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita
reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si
las entidades accionadas incurrieron en la vulneración de derechos
fundamentales”.

En la impugnación, la actora sostuvo que el caso no se analizó con base en la
realidad que expuso y la prueba reina que se pidió y no se decretó en el proceso
ordinario, pero que anexó a la tutela, “cuál es el origen de los dineros con que me
pagaban la pensión, y que es de carácter municipal y el tiempo total laborado,
cumpliendo con los requisitos, tanto es así, que desde el 1996 el juez 27
administrativo y luego la sala del tribunal administrativo de Cundinamarca me
dieron la razón, y me otorgaron mi pensión gracia, y posteriormente me
reconocieron incrementos pensionales con base en la totalidad de los factores
salariales, por ello hubo seguridad jurídica y caso juzgado, pero la extinta Cajanal
y la acuciosa UGPP revivieron mi caso”, y añadió que es sujeto de especial
protección constitucional en la categoría de tercera edad o mayor adulta, “de más
de 76 años de edad T-015 de 2019, y que “con lo manifestado y probado sobre
mi estado de salud, acredité el perjuicio irremediable lo que ocasionaría quitarme
mi pensión gracia”.
11
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4.1.2. Del expediente ordinario aportado como prueba al trámite constitucional, la
Sala observa que en el caso que originó la controversia la UGPP presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad,
contra las Resoluciones Nos. 4544 del 7 de mayo de 1996 mediante la cual se
reconoció una pensión gracia a favor de la señora Rosa Gómez Tamayo, 32235
de 19 de diciembre del 2000 y 28765 del 13 de diciembre de 2004, mediante las
cuales se reliquidó dicha prestación, en la que solicitó que se declarara que a esta
no le asistía el derecho al reconocimiento y liquidación de una pensión gracia.

En primera instancia, la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de 9 de febrero de 2018, en la
que accedió a las pretensiones de la demanda, luego de considerar que la
demandada no cumplió con el requisito de tiempo de 20 años de servicio de
docencia oficial de carácter territorial, en razón a que su nombramiento durante el
periodo comprendido entre el 9 de agosto de 1976 y el 30 de diciembre de 1995
fue con el Ministerio de Educación Nacional, entidad que estaba a cargo del pago
de sus salarios y prestaciones sociales, como se desprendía de i) la comunicación
enviada por la Jefe División Personal del Ministerio de Educación Nacional en la
que le informa de su nombramiento mediante la Resolución No. 23748 de 11 de
diciembre de 1978 como docente de primaria y le solicita se acerque a
posesionarse a la entidad, ii) del acta de posesión del Ministerio de Educación
Nacional mediante la cual la demandante toma posesión del cargo como profesora
de primaria a partir del 26 de noviembre de 1978 y iii) de la constancia expedida
por la Secretaría de Educación de Bogotá en la que se indica “'figura en la
nómina del programa de planteles nacionales”.

La ahora accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en
escrito en el que indicó que en el caso se presentaban i) ineptitud sustantiva de la
demanda, ii) prescripción de la acción, iii) falta de legitimación en la causa por
activa y iv) que la señora Gómez Tamayo sí tenía derecho a la pensión gracia “por
estar sometida a un régimen especial de pensiones y acreditar 20 años de servicio
y 50 de edad”, presupuestos que, sostuvo, fueron validados por Cajanal una y otra
vez, a lo que agregó que no debía aplicarse al caso “el vaivén de los cambios
jurisprudenciales”. Adicionalmente, la apelante solicitó la práctica de pruebas en
segunda instancia, en específico que se ordenara aportar en su integridad el
cuaderno administrativo al expediente, solicitud que fue denegada mediante auto
de 10 de junio de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”, luego de considerar que no se verificaba ninguna de los supuestos
contemplados en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para ese
efecto, y que las pruebas solicitadas ya habían sido allegadas en virtud de lo
ordenado por el a quo mediante auto de 1º de abril de 2016.

Posteriormente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en
sentencia de segunda instancia de 5 de noviembre de 2020, confirmó la decisión
desfavorable, luego de reiterar que la demandada no cumplió el requisito de 20
años de servicio en la docencia oficial territorial, en tanto no tenía la condición de
docente territorial o nacionalizado, conforme con las pruebas aportadas al
expediente.

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En el fallo objeto de tutela, luego de hacer mención al marco normativo aplicable y
a la evolución jurisprudencial sobre la materia, la autoridad judicial accionada
concluyó que la señora Rosa Gómez Tamayo no reunía la totalidad de los
requisitos establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia,
comoquiera que su vinculación como docente durante la mayoría del tiempo que
fue acreditado fue de carácter nacional. Sobre el particular sostuvo:

“En el presente asunto está demostrado que la señora Rosa Gómez Tamayo
nació el 31 de diciembre de 1938, con lo que se verifica que cuando elevó la
petición de reconocimiento de la pensión, el 7 de junio de 1995, tenía más de
cincuenta (50) años de edad.

Sin embargo, respecto al tiempo de servicios, en la Resolución n.° 4544 del 7
de mayo de 1996, a través de la cual se concedió la prestación, se tuvo en
cuenta lo siguiente:

Entidad Desde Hasta
Departamento de Caldas 60/02/11 68/01/16

Ministerio de Educación 79/11/26 95/03/13
Nacional

En cuanto al tiempo laborado entre el 26 de noviembre de 1979 al 13 de
marzo de 1995, la primera instancia mencionó que no se allegó el acto
administrativo de nombramiento. No obstante, en la contestación de la
demanda se adjuntó lo siguiente:

• Comunicación mediante la cual el jefe de la División de Personal del
Ministerio de Educación Nacional le informó a la señora Rosa Gómez
Tamayo el nombramiento efectuado mediante la Resolución n.° 23748
del 11 de diciembre de 1978 como docente de primaria. Igualmente, a
través de ese documento, le solicitó que se acercara a posesionarse a
la entidad.

• Acta del Ministerio de Educación mediante la cual la señora Rosa
Gómez Tamayo tomó la posesión del cargo de docente de primaria a
partir del 26 de noviembre de 1979, cargo para el que fue nombrada
por medio de la Resolución 23748 del 11 de diciembre de 1978.

Así las cosas, la Sala encuentra que la señora Rosa Gómez Tamayo no
cumplió el requisito de veinte (20) años de servicio en la docencia oficial
territorial. En efecto, durante el periodo comprendido entre el 26 de
noviembre de 1979 hasta el 13 de marzo de 1995 su vinculación lo fue con
el Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, la demandada no tenía la
condición de docente territorial o nacionalizado (Ley 91 de 1989), por lo
cual no podía ser beneficiaria del derecho pensional, toda vez que el
mayor tiempo de servicios que acreditó era de carácter nacional.

De lo expuesto, queda claro que a la señora Rosa Gómez Tamayo, conforme lo
señalado en forma procedente y en reiterada jurisprudencia esta corporación,
no le asistía derecho a la pensión gracia al no reunir los requisitos exigidos por
las normas que consagran tal prestación.

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Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Frente a lo anterior, el apelante únicamente se limitó a afirmar que la
señora Rosa Gómez Tamayo estaba sometida a un régimen especial de
pensiones y que por ello debía ser beneficiaria de esta prestación, ya que
acreditó un tiempo de veinte (20) años de servicio y cincuenta (50) años
de edad. No obstante, no advirtió que la mayor parte de la prestación de
su servicio tuvo lugar con el Ministerio de Educación Nacional, a partir del
26 de noviembre de 1979, aspecto en el que se fundamentó la sentencia
apelada y respecto del cual nada se dijo en la impugnación.

De igual forma, afirmó que los pagos a la señora Rosa Gómez Tamayo los hizo
el municipio o el departamento. Esta aseveración, además de ser general,
tampoco fue demostrada en el proceso, aspecto que en todo caso no coincide
con los documentos que acreditaron su vinculación con la entidad de carácter
nacional.

En consecuencia, al no asistirle la razón a la parte demandada, la Sala
desestimará las razones presentadas en el recurso de apelación”.

Lo anterior permite evidenciar que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, estudió lo relativo a la supuesta falta de prueba del periodo
laborado por la demandada como docente territorial, razón por la que confirmó la
decisión del a quo de acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la UGPP.

4.1.3. En ese sentido, a juicio de la Sala, los reproches desarrollados por la
accionante en el escrito de tutela lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con la falta de prueba del periodo laborado por
esta como docente territorial, aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso del
proceso ordinario en sus dos instancias, en el que se concluyó que la demandada
no tenía derecho a la pensión gracia, en tanto las pruebas aportadas daban
cuenta de que su vinculación como docente había sido a través del Ministerio de
Educación Nacional, por lo que el tiempo acreditado para ese efecto no podía ser
tenido en cuenta.

Cuestión diferente es que la parte actora al no estar de acuerdo con la apreciación
que se hizo sobre dicho cargo por parte de las autoridades judiciales, presentara
los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la supuesta vulneración de
derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir el hecho de que
el mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia adicional, lo que
desconoce el requisito de la relevancia constitucional.

Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201918, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finales, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se

18
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
14
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convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”19.

Lo anterior, es razón suficiente para concluir que la accionante acudió a la acción
de tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, igualdad, debido proceso y a la
seguridad social con inobservancia del requisito de la relevancia constitucional,
toda vez que insiste en el mismo debate relacionado con la supuesta falta de
prueba de los tiempos laborados como docente territorial, lo que evidencia la
intención de darle continuidad a un debate de naturaleza litigiosa.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero únicamente en relación con el defecto
fáctico alegado, pues lo relativo al desconocimiento del precedente judicial se
estudiará de fondo.

4.2. La sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial invocado, por lo que
en este punto la sentencia impugnada será modificada

4.2.1. En primer lugar, la Sala considera que en relación con el estudio del
supuesto desconocimiento del precedente judicial, en el caso se superan los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en tanto (i) la acción de tutela goza de relevancia constitucional, pues
debe definirse si se vulneraron a la accionante los derechos fundamentales a la
vida, salud, mínimo vital, igualdad, debido proceso y seguridad social, con la
sentencia de 5 de noviembre de 2020, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, confirmó la decisión de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, en modalidad de lesividad, que la UGPP promovió en su contra, y se
observa que la discusión planteada no pretende erigirse como una instancia
adicional del proceso que originó la controversia, (ii) la accionante no cuenta con
otro medio de defensa judicial, pues agotó el recurso de apelación contra la
sentencia de 9 de febrero de 2018, proferida por la Subsección “F” de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, (iii) se cumple el requisito
de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue objeto de solicitud de
adición y de aclaración que fueron resueltas el 6 de octubre de 2022, cuya
notificación se surgió el 24 de noviembre de 2022. Como la solicitud de tutela se
interpuso el 2 de diciembre de 2022 -9 días-, significa que se hizo dentro del
término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional20; (iv)
se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un
fallo de tutela.

19
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
20
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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4.2.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que21: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que
está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en
especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas22:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció23.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones
para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de

21
Sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
22
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de
que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al
caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica
del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la
aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto24.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.

4.2.3. En la sentencia objetada, la autoridad judicial accionada resolvió cinco
problemas jurídicos (i) la falta de legitimación en la causa por activa, ii) la ineptitud
sustantiva de la demanda, iii) la prescripción de la acción, iv) el derecho a la
pensión gracia que le fue reconocida por la entidad demandante y v) la pretensión
de restablecimiento del derecho formulada por la parte demandante en cuanto a
que la señora Rosa Gómez Tamayo debe devolver las sumas de dinero que le
fueron pagadas en virtud los actos que fueron declarados nulos). En el cuarto
problema jurídico se ocupó de analizar lo relativo al reconocimiento de la pensión
gracia de la accionante, en el que concluyó que la demandada no cumplió el
requisito de 20 años de servicio en la docencia oficial territorial, en tanto no tenía
la condición de docente territorial o nacionalizado, conforme con las pruebas
aportadas al expediente.

Allí, al analizar la pensión de jubilación gracia, la autoridad judicial accionada
indicó que el ordinal 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, acerca de los
conceptos de docente nacional y nacionalizado, fue objeto de análisis por la
Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, en la cual se puntualizó que “dentro del grupo de beneficiarios de la pensión
gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados”, y que en la sentencia SUJ-Sll-11-2018 del 21 de junio de 2018,
esa misma Sala indicó que para acceder a la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la
normativa que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los
servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales
por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del
31 de diciembre de 1980.

Igualmente, sostuvo que en un caso similar esa Subsección expresó que, con
base en la sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, no serían computables los tiempos de servicio ejercidos en
planteles nacionales ni aquellos que provengan de nombramientos efectuados por
el gobierno central.

4.2.4. En este sentido, la Sala encuentra que el desconocimiento del precedente
judicial alegado respecto de la sentencia SUJ-Sll-11-2018 del 21 de junio de 2018
no se configura, pues dicha sentencia fue explícitamente tenida en cuenta por la
autoridad judicial accionada para resolver el caso concreto, además de que, como
fue alegado por la demandada en la contestación de la solicitud de amparo,
aquella no establece una regla jurisprudencial conforme con la cual un docente de
carácter nacional puede ser beneficiario de la pensión gracia por el hecho de

24
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-01
Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

recibir un salario con recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, sino que únicamente establece las pautas para definir cómo
determinar si el docente es o no territorial cuando en su vinculación actuó el Fondo
Educativo Regional.

De igual forma, la Sala observa que el desconocimiento del precedente judicial
alegado respecto de las sentencias de la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, i) rad. 76001-23-33-000-2013-01033-01 de 19 de febrero
de 2018, ii) rad. 25000-23-42-000-2012-00425-01 de 31 de enero de 2018, iii) rad.
76001-23-33-000-2013-01065-01de 16 de mayo de 201925 no se configura, pues la
regla jurisprudencial allí desarrollada, conforme con la cual el derecho a la pensión
gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales y se reitera la
importancia del tiempo de servicio como referente para su otorgamiento, no se
desconoce en la sentencia objeto de tutela, en la que, conforme con las pruebas
obrantes en el expediente, se concluyó que la demandada no tenía derecho a la
pensión gracia que ostentaba, pues no acreditó 20 años como docente territorial o
nacionalizada.

Por las razones expuestas, la Sala modificará el fallo de primera instancia en el
sentido de (i) declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional respecto al defecto fáctico y (ii) negar las pretensiones de
la demanda, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente
judicial.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- MODIFÍCASE la sentencia de 20 de enero de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, cuya parte resolutiva queda así:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional respecto al defecto fáctico alegado. NIÉGANSE las
pretensiones de la acción de tutela en relación con el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

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M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: ROSA GÓMEZ TAMAYO

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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