Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión gracia: requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01065-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
16 de mayo de 2019
PENSIÓN GRACIA – Requisitos / PENSIÓN GRACIA – Tiempo de servicio / PENSIÓN GRACIA – Prueba del tiempo de servicio / PENSIÓN GRACIA – Docentes nacionalizados y territoriales / PENSIÓN GRACIA – Modalidades de vinculación del docente
La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 para los educadores que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observando buena conducta, prestación que es compatible con la pensión de jubilación. […] [P]ara efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es viable la sumatoria de los años servidos en cualquier época, en la primaria como la de normalista, inclusive las labores de inspección; por lo que es evidente que la voluntad de legislador fue la establecer el referente del tiempo de servicio, y no la naturaleza en que éste sea prestado, ni el título que tenga. Así mismo, cuando se establece la sumatoria en cualquier tiempo, implica interpretar que no se requiere de la continuidad del servicio, como un todo del periodo, sino la totalización de los 20 años en las condiciones de docencia territorial o nacionalizada. […] [E]l derecho a la pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal; y además, clarificó la compatibilidad con la pensión ordinaria de jubilación. […] [L]o importante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestó los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales. […] [L]a línea jurisprudencial actual sobre el reconocimiento de la pensión gracia, es clara y pacífica alrededor de la importancia del tiempo de servicio como su referente, sin importar si es continuo o discontinuo, ni su modo de vinculación, como también a que no es necesario que al 31 de diciembre de 1980, el docente debe encontrarse en servicio activo, como quiera que en lo pertinente el texto normativo lo que dispone para esa fecha es el límite máximo para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada calenda. También es de la mayor importancia, establecer conforme a lo anterior, que el tiempo requerido y viable para el reconocimiento de la pensión gracia, no solo es aquél se deriva de las relaciones regulares y en titularidad, pues, tal como hemos visto, modalidades de vinculación como la interinidad, los nombramientos en provisionalidad e inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por contratos de prestación de servicio, resultan válidos en el entendido que se trata de una prestación cimentada en la prestación efectiva de labores de educador, sin aislar que en todo caso se requiere que el nexo sea territorial o nacionalizado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C, dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-33-000-2013-01065-01(0915-17)
Actor: CARLOS FERNANDO CAICEDO LASSO
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Referencia: RECONOCIMIENTO PENSIÓN GRACIA – VINCULACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL – PRUEBA DE LA VINCULACIÓN DOCENTE
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes procesales contra la sentencia del 5 de octubre de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda, encaminadas al reconocimiento de una pensión gracia.
ANTECEDENTES
Pretensiones.
1. El señor Carlos Fernando Caicedo Lasso, en ejercicio de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda con la finalidad de obtener la nulidad de las Resoluciones RDP 018633 del 23 de abril de 2013, proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP; y RDP 030895 del 9 de julio de 2013, emitida por el Director de Pensiones de la citada entidad, mediante las cuales le fue negada la pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada UGPP a reconocerle y pagarle una pensión gracia de jubilación, liquidándola con el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención del estatus a partir del 10 de diciembre de 2009, sumas que deberán ser actualizadas a valor presente, y pagadas dentro de los términos indicados en los artículos 187 y siguientes del CPACA.
1.2 Hechos.
3. Para una mejor comprensión del asunto, la Sala resumirá de la siguiente manera la situación fáctica del demandante, así:
3.1 Sostuvo, que el actor nació el 10 de diciembre de 1960 y se desempeñó como docente oficial del sector territorial al servicio del municipio de Santiago de Cali desde el 1º de octubre de 1979 hasta el 10 de diciembre de 2010; nombrado en dicho periodo por parte de autoridades territoriales.
3.2 Indicó, que al totalizar más de 20 años de servicio en la docencia nacionalizada, tener más de 50 años de edad, y haberse desempeñado con honestidad, idoneidad y buena conducta; el 28 de enero de 2013, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia a la UGPP.
3.3 Señaló que la petición referida fue negada a través de la resolución RDP 018633 del 23 de abril de 2013 con el argumento de que los tiempos servidos como docente entre octubre de 1979 y abril de 1985 al municipio de Santiago de Cali no pueden computarse para cumplir el requisito de tiempo de servicio de que trata la Ley 115 de 1994, por cuanto la prestación de dicha labor se desarrolló en ejecución de «contratos» que «no es un tipo de vinculación reglada para tal prestación».
3.4 Informó que frente a la negativa, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto confirmando el acto inicial, a través de Resolución RDP 030895 de 9 de julio de 2013.
1.3 Normas vulneradas y concepto de violación.
4. La parte demandante citó como disposiciones vulneradas los artículos 2º, 6º, 25, 53 y 58 de la Constitución Política, 10 del Código Civil, 5° de la ley 57 de 1887, 15 de la Ley 91 de 1989, 1° a 5° de la Ley 114 de 1913, 3° de la Ley 37 de 1933 y la Ley 60 de 1993.
5. Dentro del concepto de violación de la demanda el actor formuló un cargo en contra de los actos acusados, el cual sustentó indicando que fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, esto es, de las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 que no hacen distinción en cuanto al tipo de vinculación para efectos del reconocimiento de la pensión graciosa.
6. Adujo que le asiste derecho al reconocimiento del derecho pensional reclamado en la medida que su vinculación como docente mediante contratos de prestación de servicios no puede ser desestimada para efectos del cómputo del tiempo de servicios requerido para ello, conforme ha sido considerado por esta corporación.
7. Precisó que adquirió su estatus pensional al cumplir con la totalidad de los requisitos previstos parta ello, y que tiene un derecho adquirido legalmente, no una mera expectativa, puesto que se vinculó como docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y actualmente es una persona de la tercera edad que dedicó su vida a laborar para el estado al servicio de la educación con dedicación y honradez.
1.4. Contestación de la demanda.
8. La parte accionada contestó la demanda dentro de la oportunidad de ley, oponiéndose a las pretensiones, al estimar que el tiempo de servicios prestado por el actor entre el 1º de octubre de 1979 y el 11 de abril de 1985 en la modalidad de contrato de trabajo no puede ser computado para el reconocimiento de la pensión gracia al no haber sido desempeñado en propiedad, lo que impide que sea beneficiario de los derechos y garantías de las personas que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el sistema educativo nacional y que están inscritos en el escalafón de docentes, conforme lo establece el artículo 27 del Decreto 2277 de 1979.
9. Indicó, respecto de este particular, que el accionante incumple los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia porque su nombramiento como docente en propiedad fue a partir del 11 de abril de 1985 y en tal sentido no acredita la exigencia de haber laborado como docente oficial con vinculación de tipo nacionalizado, municipal o departamental antes del 31 de diciembre de 1980, prevista por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por lo que únicamente le es dable acceder a otorgarle una pensión de jubilación en los términos de la norma referida.
La sentencia de primera instancia.
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 5 de octubre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos acusados, y en consecuencia ordenó a la UGPP a reconocerle al demandante una pensión gracia con la inclusión de los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención del estatus, pero con efecto fiscal a partir del 10 de diciembre de 2010, por prescripción trienal; y, condenó en costas a la parte vencida.
11. Para lo anterior, tuvo en cuenta que conforme a la prueba aportada al proceso, el actor laboró como docente territorial en el municipio de Santiago de Cali mediante contratos que se ejecutaron entre el 1° de octubre de 1979 y el 11 de abril de 1985, acumulando un tiempo de servicios de 5 años, 6 meses y 10 días, y que con posterioridad a ello fue designado como docente en propiedad, desempeñándose como tal en el citado ente territorial entre el 11 de abril de 1985 y el 2 de mayo de 2012, completando un tiempo total de labores de 32 años, 7 meses y 2 días.
12. Frente a lo anterior, indicó que conforme ha sido considerado por esta corporación, los servicios prestados por los docentes vinculados a través de contratos u órdenes de prestación de servicios, para efectos de la pensión gracia, deben ser tenidos en cuenta para el computo de los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos por la Ley 114 de 1913, por cuanto ejercen las mismas funciones que los vinculados en propiedad mediante un acto legal y reglamentario; pues lo relevante es que el docente al reclamar el derecho acredite la prestación de esos servicios en un establecimiento del nivel territorial o nacionalizado.
13. Desde tal panorama, y conforme a los planteamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, señaló que la forma de vinculación de los docentes, de acuerdo a las circunstancias especiales en las que se presta el servicio público de educación, no puede ir en detrimento de sus derechos laborales y prestacionales pues, independientemente de los criterios de contratación, la labor docente exige el cumplimiento de los requisitos mínimos respecto de la cualificación y experiencia de su profesión, por lo que sí son computables los tiempos bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, por lo cual y para el caso del demandante debe sumarse el tiempo laborado bajo dicha modalidad de vinculación, máxime si se tiene en cuenta que acumuló un total de 32 años, 7 meses y 2 días de tiempo de servicios como educador y que consolidó el estatus pensional el 10 de diciembre de 2010.
Recursos de apelación.
14. La UGPP apeló la sentencia de primera instancia, con el propósito que sea revocada y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda; insistiendo en los argumentos expuestos en la réplica de la demanda, en cuanto que los servicios prestados entre el 1° de octubre de 1979 al 11 de abril de 1985 corresponden a una vinculación mediante contrato de prestación de servicios por lo cual no son computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia pues la norma establece una vinculación en propiedad mediante nombramiento en un municipio, departamento, distrito o nacionalizado.
15. El demandante recurrió en apelación la sentencia de primera instancia argumentando que debe ser complementada precisando que la condena impuesta debe cumplirse en los términos previstos para ello en los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, esto es, ordenando la actualización de las sumas adeudadas tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, y precisando los plazos para su cumplimiento y para la causación de los intereses moratorios.
Alegatos en segunda instancia
16. La parte demandante reiteró los planteamientos expuestos dentro de su recurso de alzada.
17. La parte demandada insistió en lo expuesto en el recurso de apelación.
18. El Ministerio Público, no rindió concepto en la causa.
19. Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de nulidad que invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para lo cual se tiene en cuenta las siguientes,
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR.
Problema Jurídico.
20. De acuerdo con el cargo formulado por la UGPP en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar cómo se acredita con idoneidad el tiempo de servicio para acceder a la pensión gracia, y las modalidades válidas para su cómputo.
21. Para resolver lo anterior, la Sala analizará, el contexto normativo de la pensión gracia y en particular el requisito del tiempo de servicio, para abordar el análisis del caso concreto.
22. Una vez resueltos los aspectos enunciados, y verificado el cumplimiento por parte del actor de las exigencias legalmente previstas para el otorgamiento de la pensión gracia, la Sala procederá a analizar las inconformidades del recurso de alzada propuesto por la parte actora por cuanto están relacionadas con los efectos de la sentencia estimatoria de las pretensiones.
Contexto normativo de la pensión gracia.
23. La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 para los educadores que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observando buena conducta, prestación que es compatible con la pensión de jubilación.
24. En sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, con ponencia del Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, se fijaron algunos lineamientos relevantes sobre la pensión gracia en los siguientes términos:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.»
25. De conformidad con la normativa que dio origen a la pensión gracia, y la interpretación jurisprudencial efectuada en la materia, es posible concluir que esta prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.
26. De otro lado, resulta muy relevante señalar que el artículo 6° de la Ley 116 de 1928, establece que:
«Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquélla la que implica la inspección.»
27. En tal virtud, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es viable la sumatoria de los años servidos en cualquier época, en la primaria como la de normalista, inclusive las labores de inspección; por lo que es evidente que la voluntad de legislador fue la establecer el referente del tiempo de servicio, y no la naturaleza en que éste sea prestado, ni el título que tenga. Así mismo, cuando se establece la sumatoria en cualquier tiempo, implica interpretar que no se requiere de la continuidad del servicio, como un todo del periodo, sino la totalización de los 20 años en las condiciones de docencia territorial o nacionalizada.
28. Es preciso tener en cuenta, que posteriormente la Ley 91 de 1989 (por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), señaló en su artículo 15 que el derecho a la pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal; y además, clarificó la compatibilidad con la pensión ordinaria de jubilación.
29. Ahora bien, la Sala estima pertinente sintetizar brevemente la jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda en relación con aspectos importantes de la pensión gracia.
30. En cuanto al tiempo de servicio y al tipo de la vinculación requerida para tener derecho a la pensión gracia, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado respecto de su prueba:
«En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de cuando- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación –desde ese momento- del servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión.»
31. Entonces, lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestó los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales; a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913 en los términos analizados.
32. Sobre la vinculación a la docencia a través de contratos de prestación de servicios, y la viabilidad de constituir una modalidad válida para el reconocimiento de una pensión gracia, esta Sala razonó así:
«Al respecto se precisa que la línea del Consejo de Estado, es que lo que se debe acreditar a través de los contratos es el objeto de los mismos, es decir, que efectivamente se haya vinculado para prestar el servicio docente y, por ende, no se hace necesario que exista un proceso previo en donde se haya declarado la figura de la realidad sobre las formas por cuanto la Ley 114 de 1913, lo que está permitiendo es la retribución a quien haya ejercido la labor docente, sin importar la naturaleza ni la clase de vinculación (…)».
33. Respecto, al tiempo de vinculación, la Sala de Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015, exp. 0775-2014, con ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón, definió como regla que:
«En el presente caso, para el 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91 de 1989 la (…) ya había prestado sus servicios como docente nacionalizado, pues había sido nombrada mediante Decreto No. 00439 de 19 de febrero de 1979, por el periodo comprendido entre el 19 de febrero al 20 de mayo del mismo año.
Lo anterior le permite a la Sala establecer que era posible que la demandada analizara si la actora reunía los requisitos para acceder a la pensión gracia, toda vez que la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, contemplada objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad, no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional como lo estimó el Tribunal.» (Negrillas fuera de texto original).
34. De esta manera, la línea jurisprudencial actual sobre el reconocimiento de la pensión gracia, es clara y pacífica alrededor de la importancia del tiempo de servicio como su referente, sin importar si es continuo o discontinuo, ni su modo de vinculación, como también a que no es necesario que al 31 de diciembre de 1980, el docente debe encontrarse en servicio activo, como quiera que en lo pertinente el texto normativo lo que dispone para esa fecha es el límite máximo para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada calenda.
35. También es de la mayor importancia, establecer conforme a lo anterior, que el tiempo requerido y viable para el reconocimiento de la pensión gracia, no solo es aquél se deriva de las relaciones regulares y en titularidad, pues, tal como hemos visto, modalidades de vinculación como la interinidad, los nombramientos en provisionalidad e inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por contratos de prestación de servicio, resultan válidos en el entendido que se trata de una prestación cimentada en la prestación efectiva de labores de educador, sin aislar que en todo caso se requiere que el nexo sea territorial o nacionalizado.
De caso concreto.
36. Es importante recordar, que la sentencia apelada accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que el actor acumuló un total de tiempo de servicios en la docencia territorial por 32 años, 7 meses y 2 días bajo nombramiento en propiedad y mediante vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios, siendo estos últimos periodos computables, pues independientemente de la modalidad de vinculación de los educadores, esto no puede ir en detrimento de sus derechos laborales y prestacionales, pues lo importante es la prestación efectiva del servicio.
37. La entidad demandada al apelar la sentencia de primera instancia, discrepa de tales conclusiones al considerar los servicios prestados por el actor entre el 1º de octubre de 1979 al 11 de abril de 1985, corresponden a una vinculación mediante contrato de prestación de servicios, por lo cual no son computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia pues la norma establece una vinculación en propiedad mediante nombramiento en un municipio, departamento, distrito o nacionalizado.
38. Para resolver los extremos que comprenden la apelación de la parte accionada, la Sala acudirá a la prueba obrante en la actuación, encontrando que el demandante Carlos Fernando Caicedo Lasso:
38.1 Nació el 1º de diciembre de 1960.
38.2 Laboró como profesor de tiempo completo bajo la modalidad de contrato de trabajo en la Institución Educativa Técnico Industrial «Antonio José Camacho» de la ciudad de Santiago de Cali, durante el lapso comprendido entre el 1° de octubre de 1979 y el 11 de abril de 1985, los cuales según lo certifica el rector y la secretaria general de dicha institución tenían una duración de 10 meses cada uno, cuyo objeto se circunscribió a labores educativas.
38.3 Al respecto debe precisarse que en cumplimiento del auto proferido por este despacho el 18 de diciembre de 2018, se allegaron copias de dos de los contratos referidos y de las planillas correspondientes a los pagos quincenales de la nómina de la Institución Educativa Técnico Industrial «Antonio José Camacho» del periodo comprendido entre octubre de 1979 y abril de 1985, en las cuales aparece reflejado lo reconocido al demandante por sus servicios como educador de dicha institución en dicho lapso.
38.4 Así mismo se evidencia del contenido de los contratos allegados al plenario que sus obligaciones y plazos de ejecución fueron los siguientes:
OBJETO
PERIODO LABORADO
« (…) Primera.- Prestación de Servicios. El profesor se obliga a incorporar su capacidad normal y personal de trabajo en el cargo de profesor del instituto, dictando las siguientes asignaturas: Taller de Ebanistería y Modelos Cursos Primeros.
Segunda.- El profesor dictará hasta veinticuatro (24) horas semanales de clase en los días hábiles del año escolar y las necesarias para la corrección de tareas que el Instituto determinare hacer, la calificación de los alumnos, la corrección de los exámenes finales y los que tuvieren lugar durante el año y, además, la vigilancia de los alumnos en los tiempos libres entre clases (…)».
Del 1º de octubre de 1979 al 15 de julio de 1980
« (…) Primera:- EL PROFESOR SE OBLIGA;- a) A poner al servicio del Instituto, para los fines que éste propone, su capacidad normal de trabajo en forma personal y directa, a su servicio exclusivo, en el desempeño de todas las funciones propias del empleo de PROFESOR, de conformidad con las órdenes, normas e instrucciones impartidas por los estatutos de la institución o sus representantes, observando en su desempeño todo cuidado y diligencia que sean necesarios.- b) Trabajar CUARENTA Y DOS (42) horas semanales, que debe dictar en días hábiles del año escolar y al tenor del horario e intensidad convenidos previamente (…)».
Del 12 de septiembre de 1983 al 15 de julio de 1984
38.5 Posteriormente y a través del Decreto 0311 del 9 de abril de 1985 de la Alcaldía del municipio de Santiago de Cali fue designado en propiedad como Profesor del Grado 4º del Instituto Técnico Industrial «Antonio José Camacho» de dicho ente territorial, del cual tomó posesión el 11 de abril de 1985 según acta No.144, y en el que se ha desempeñado hasta el 2 de mayo de 2012.
39. Estas pruebas, ponen de presente que en efecto se dio la prestación del servicio del actor como docente territorial al servicio del municipio de Santiago de Cali en periodos comprendidos entre el 1° de octubre de 1979 y el 11 de abril de 1985; mediante contratos de prestación de servicios aportados a la actuación en virtud de la facultad oficiosa del decreto para mejor proveer.
40. De cuyo contenido se evidencia que en ellos se pactaron obligaciones relacionadas con la prestación de servicios docentes en el Instituto Técnico Industrial «Antonio José Camacho» de la ciudad de Santiago de Cali, no obstante debe precisarse que si bien no se allegó la totalidad de contratos suscritos en dichos periodos entre el actor y la institución académica referida, se aportaron copias de las planillas correspondientes a los pagos quincenales de la nómina de sus educadores, las cuales reflejan los pagos realizados al demandante por la institución educativa entre el lapso referido por sus servicios como profesor.
41. Documentos a partir de los cuales se pudo corroborar tanto la vinculación docente mediante contratos de trabajo como los servicios prestados por el demandante como educador en el Instituto Técnico Industrial «Antonio José Camacho» de la ciudad de Santiago de Cali durante el lapso comprendido entre el entre el 1° de octubre de 1979 y el 11 de abril de 1985, y que a partir del 12 de abril de 1985 y hasta el 12 de mayo de 2012 continuó laborando en dicha institución por designación en propiedad como profesor, acumulando un tiempo de labores como docente de 32 años, 7 meses y 2 días.
42. Frente a ello, la Sala reitera que existen diferentes modalidades de vinculación al sector docente, tales como nombramientos en provisionalidad, interinidad, contratos de prestación de servicios, las cuales son válidas siempre que se certifiquen en la forma debida como la definió la jurisprudencia citada, y en este orden, a su vez fueron allegados los actos de nombramiento, contratos de prestación de servicios de los periodos señalados en el párrafo anterior por parte del actor como docente al servicio de una entidad territorial.
43. Cuestiona la UGPP en su recurso de apelación de manera puntual, que los tiempos de servicios prestados por el actor entre el 1° de octubre de 1979 y el 11 de abril de 1985, corresponden a una vinculación mediante contrato de prestación de servicios por lo cual no son computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia pues la norma establece una vinculación en propiedad mediante nombramiento en un municipio, departamento, distrito o nacionalizado.
44. Frente al anterior reparo, encuentra la Sala, que contrario a lo afirmado en la alzada, el tiempo servido por el actor como docente mediante contratos de prestación de servicios, si debe ser tenido en cuenta para efectos de la pensión gracia, pues, dentro del expediente como en su momento en la actuación administrativa, militan documentos que en su conjunto permiten confirmar el ejercicio de la profesión docente en tal modalidad, y que se hizo en una institución educativa territorial, tal como lo reflejan los certificados de historia laboral reseñados previamente, y los contratos mismos.
45. Por ello, la Sala reitera que existen diversas modalidades de vinculación al sector docente, en este caso, a través de contratos de prestación de servicios, los cuales son válidos puesto que fueron certificados en la forma debida, y adicionalmente se aportaron documentos que acreditan los pagos realizados al demandante como contraprestación de sus servicios como educador, tal como se evidencia en la relación de las pruebas anteriormente expuesta.
46. En virtud de las anteriores consideraciones, tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, la documentación obrante en la actuación es convincente en que el actor, cumplió con la vinculación como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, por un tiempo no menor a 20 años con honradez y consagración, acreditando así todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia; razón por la cual, se confirmará la sentencia apelada.
47. Ahora bien y teniendo en cuenta que dentro del recurso de apelación presentado por la parte actora se cuestiona la sentencia apelada de no haber precisado que la condena impuesta debe cumplirse en los términos previstos para ello en los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, esto es, ordenando la actualización de las sumas adeudadas tomando como base el índice de precios al consumidor, y determinando los plazos para su cumplimiento y para la causación de los intereses moratorios ante la eventualidad de su incumplimiento por parte de la UGPP.
48. Por lo que verificado el contenido del fallo controvertido evidencia la Sala que aunque en su ordinal cuarto se dispuso que dicha condena debería cumplirse dentro de los términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo, omitió pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda concernientes a que sobre las sumas adeudadas la UGPP realice los ajustes de valor correspondientes y que en caso de que incumpla el pago dentro del plazo legal reconozca los respectivos intereses moratorios conforme lo establecen los artículos 187 y 195 de dicha normativa.
49. Así las cosas se modificará la parte resolutiva de la sentencia apelada para precisar los aspectos señalados y adicionalmente se revocará lo concerniente a la condena en costas impuesta a la parte vencida del proceso.
50. Lo anterior en virtud del criterio jurisprudencial de esta Subsección del Consejo de Estado que ha precisado que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre la condena en costas, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
51. Ante lo cual y en el presente caso, la Sala haciendo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso y atendiendo los criterios de la jurisprudencia, echa de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a la réplica y contradicción. Por ello, esta sentencia se abstendrá de condenar en costas a la UGPP.
52. Finalmente, la Sala reconocerá a la abogada Maryi Tatiana Parra Baracaldo como apoderada sustituta de la entidad demandada conforme al memorial de sustitución de mandato visible a folio 238 del plenario.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO.- CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 5 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Carlos Fernando Caicedo Lasso contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para el reconocimiento de su pensión gracia, EXCEPTO el ORDINAL QUINTO que se REVOCA, referente a la condena en costas, conforme a la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- MODIFICAR el contenido del ORDINAL CUARTO de la sentencia dictada el 5 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que para todos los efectos quedará de la siguiente manera:
«CUARTO.- La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
En todo caso la sentencia deberá cumplirse dentro de los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y ante su incumplimiento por parte de la UGPP, dicha entidad deberá reconocer los respectivos intereses moratorios conforme lo prevé el artículo 195 de la misma disposición.»
TERCERO.- Reconocer a la abogada Maryi Tatiana Parra Baracaldo como apoderada sustituta de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP conforme al memorial de sustitución de mandato visible a folio 238 del cuaderno principal.
Por la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Los Consejeros,
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Ingreso al Despacho para fallo el 22 de marzo de 2019, folio 254.
Al respecto transcribió apartes de la sentencia dictada por esta Subsección del Consejo de Estado el 6 de mayo de 2010 dentro del proceso 1883-2008, cuya ponencia correspondió al Dr. Gerardo Arenas Monsalve y en la cual se resolvió una controversia de contornos similares a la presente.
Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Visible a folios 158 a 162 del cuaderno principal.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.”
Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.
«Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.»
Sentencia del 19 de enero de 2006, Expediente 6024-05, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro.
Sentencia del 28 de julio de 2016, exp.3876-2014, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Cuaderno principal, Registro Civil de Nacimiento, folio 14.
Según se informa en la certificación visible a folio 22 del cuaderno principal.
Se corrobora a través de las copias de los contratos visibles a folios 242 a 250, recabadas en virtud de facultad de mejor proveer de la Ponente.
Visibles a folios 17 a 178 del cuaderno de anexos 3.
Folios 3-5, cuaderno de anexos 3.
Folios 6-8, cuaderno de anexos 3.
Folio 256.
Conforme lo acredita el certificado de tiempo de servicio No.51.186 expedido el 12 de mayo de 2012 por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali visible a folio 21 del cuaderno principal.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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