Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06463-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06463-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06463-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
16 de febrero de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06463-00
Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06463-00
Accionante: SADY RODRIGO FERNÁNDEZ RAMOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA Y OTROS
Tesis: No es procedente interponer acción de tutela
cuando el interesado no hizo uso de los recursos
ordinarios para controvertir las providencias
judiciales que ataca.
No es procedente pretender el reconocimiento y
pago de una pensión a través de la acción de
tutela.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Sady Rodrigo
Fernández Ramos contra los autos proferidos el 28 de octubre de 2019 y
el 21 de julio de 2022 por la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el nro. 25000 2337 000 2019
00363 00.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela, con el fin de que se amparen
los derechos fundamentales al “debido proceso, mínimo vital, a la salud
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
en conexidad con la seguridad social y el acceso a la administración de
justicia”; para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] Para que cese la violación de mis derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, a la salud en conexidad con la
seguridad social y el acceso a la administración de justicia, los cuales
están siendo vulnerados por el honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Secretaria - Sección Cuarta, la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
CAXDAC y por la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, solicito ante su honorable despacho, que se sirva
amparar mis derechos fundamentales, en los siguientes términos:
1. Ordenar la nulidad de todo el proceso llevado a cabo ante el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA
SECCIÓN CUARTA ORAL BOGOTÁ, Magistrada Dra. CARMEN
AMPARO PONCE DELGADO, de CAXDAC contra la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y la cual fue admitida el
día 28 de octubre del año 2019, bajo el número de radicación
25000233700020190036300, por no ser este tribunal competente
para el proceso referenciado y por no vinculárseme como litis
consorte necesario, para defender mi cálculo actuarial tal como está
dicho en los hechos de la presente acción de tutela.
2. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, a que me reconozca mi legítimo derecho a la pensión
de vejez, por reunir los requisitos legales como son más de 30 años
laborados en diferentes empresas de aviación y 488,29 semanas
acreditadas por Colpensiones y siguiendo la tesis de la honorable
Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado, tal como lo
señaló este alto Tribunal de lo Administrativo en la sentencia
calendada el 11 de mayo del año 2001, magistrado ponente, Dr.
Gabriel Valbuena Hernández, demanda del Decreto 824 del 2001
(…)”.
3. Que el anterior reconocimiento de mi pensión de vejez por parte
de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se
haga de manera inmediata, teniendo en cuenta que ya tengo más
de 77 años de edad y con graves quebrantos de mi corazón, por no
ser en estos momentos el mecanismo ordinario apropiado por la
demasiada demora en resolver el recurso de apelación actualmente
llevado en el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla (…).
4. Que se ordene a La Caja de Auxilios y de Prestaciones de la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles “CAXDAC” (…) a
cancelar el bono pensional o cálculo actuarial a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones […]”. [Mayúsculas en el
escrito de tutela]
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que tiene 76 años, problemas de salud en el corazón
(cardiopatía isquémica) y que laboró más de 35 años como piloto de
avión.
Indicó que solicitó el reconocimiento de la pensión a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, pero fue negada en varias
oportunidades con fundamento “en la falta de pago del bono pensional o
cálculo actuarial”2, sin tener en cuenta que la jurisprudencia ha
considerado que el actor no debe sufrir las consecuencias por la falta de
pago de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles - CAXDAC a Colpensiones.
Señaló que, como piloto, cotizó al Instituto de Seguro Social 488,29
semanas y que también estuvo afiliado a CAXDAC en la que cotizó más
de 17 años, por lo que afirmó que cuenta con un total de 1.444,632
semanas, tiempo necesario para el reconocimiento de la pensión desde
que cumplió 60 años.
Explicó que presentó una acción de tutela que fue fallada el 2 de agosto
de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la
que fueron amparados los derechos fundamentales y se ordenó a CAXDAC
que pagara a Colpensiones el cálculo actuarial por el tiempo que estuvo
afiliado el actor a dicha caja y, por su parte, a Colpensiones que efectuara
el cobro coactivo por vía administrativa.
En cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela, Colpensiones expidió
la Resolución nro. 000591 del 7 de marzo de 2017 en la que dispuso librar
mandamiento de pago por vía administrativa coactiva a favor de
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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Colpensiones y en contra de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC - CAXDAC por la suma
de $1.327.969.990 por concepto del cálculo actuarial del asegurado Sady
Rodrigo Fernández.
Expuso que “el derecho a mi pensión de vejez depende del pago del
cálculo actuarial y por ello”3 la Caja de Auxilios y Prestaciones de la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC – CAXDAC presentó
demanda administrativa pretendiendo la nulidad del mandamiento de
pago proferido por Colpensiones, la cual correspondió por reparto a la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el
número de radicación 25000 2337 000 2019 00363 00 y que fue admitida
en proveído del 28 de octubre de 2019.
Arguyó que el tribunal administrativo no tiene competencia para conocer
del asunto, por lo que, mediante escrito del 6 de mayo de 2021, el
apoderado del actor solicitó la nulidad del proceso con fundamento en que
“contra CAXDAC, hay un proceso laboral de las mismas partes en la ciudad
de Barranquilla, en el que el Juzgado Octavo Laboral ya dictó sentencia
de primer grado y actualmente se encuentra en el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla y en la que, reitero, actúan las mismas
partes, son los mismos hechos, los mismos reclamos, como son el cálculo
actuarial, mi pensión y en la que es competente la jurisdicción laboral”4,
radicado con el nro. 08001 3105 008 2014 00471 01.
Acotó que, por auto del “21 de agosto (sic) de 2022”, la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la solicitud de
nulidad formulada.
En el acápite titulado “identificación de las providencias que originan esta
nueva acción de tutela” manifestó que se trata del auto del 28 de octubre
3
Ibidem.
4
Ibidem.
4
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
de 2019, mediante el cual la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la demanda promovida por CAXDAC en contra
del referido mandamiento de pago expedido por Colpensiones, y del auto
del 21 de julio de 2022, que “rechaza de plano mi vinculación como litis
consorcio al proceso”.
Argumentó que en el auto proferido el 28 de octubre de 2019 se configuró
un defecto orgánico toda vez que el juez administrativo no es competente
para conocer la demanda que formuló CAXDAC.
Afirmó que, en la providencia del 21 de julio de 2022, “que negó mi
intervención como litis consorcio necesario” 5, se incurrió en defecto
sustantivo, dado que se fundamenta en “el proceso administrativo del
cobro coactivo señalado en la Ley 1437 de 2011, cuando la competencia
es de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad
social”6.
Señaló que, “pese haber acudido a un proceso laboral, este apenas se
encuentra en trámite en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Laboral (…) radicación nro.
08001310500820140047101, ya tiene más de 3 años en su despacho
para resolver la apelación, por lo cual, no es la vía adecuada para resolver
mi derecho a la pensión porque soy un piloto en retiro con más de 77
años y con problemas en el corazón”7.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. Por auto del 9 de diciembre de 20228 fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar a la magistrada ponente de las providencias
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
cuestionadas Carmen Amparo Ponce Delgado del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, así como a la Caja de
Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
– CAXDAC y a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones9.
Igualmente, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, para que allegara copia digital del proceso
con radicado nro. 25000 2337 000 2019 00363 00, el cual fue remitido10.
3.2. La Directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, remitió informe
vía correo electrónico en el que solicitó11 declarar improcedente la
solicitud de amparo con fundamento en que las providencias cuestionadas
están conforme a derecho, y acotó que la tutela no es el mecanismo
adecuado para conseguir la satisfacción del derecho reclamado por el
actor, ya que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar
el objeto del litigio.
Agregó que el accionante ya había tramitado una acción de tutela en la
que pretendía lo mismo que ahora y de la que conoció la Sección Quinta
del Consejo de Estado, con el número de radicación 11001 0315 000 2022
03786 01, que, en sentencia del 18 de agosto de 2022, declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado, de manera que “el trámite alegado
en la presente tutela, ya había sido objeto de estudio por otro juez el cual
no accedió a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que la
presente acción de tutela debe ser declara improcedente ante la
existencia de cosa juzgada”12.
9
Esta orden se cumplió el 11 de enero 2023. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
10
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 0646300.
11
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
12
Ibidem.
6
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
3.3. El representante legal de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAD – CAXDAC presentó
informe vía correo electrónico13, en el que indicó que, antes de 1994,
CAXDAC no tenía la calidad de administradora de pensiones con la
facultad de cobro frente a las empresas de aviación; y, con la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1283
de 1994, a través del cual cambió la naturaleza jurídica de la entidad en
administradora de pensiones del régimen de transición y del régimen de
pensiones especiales transitorias de los aviadores civiles definidos en el
referido decreto. Por lo anotado, solicitó que se vincule al trámite tutelar
a HELICOL S.A.S. dado que, de conformidad con la historia laboral, el
accionante tiene tiempos reportados con anterioridad al 1 de abril de 1994
con dicha sociedad.
Manifestó que la acción de tutela es improcedente “ya que existe el
proceso ordinario laboral, siendo este el llamado a ser instaurado
hipotéticamente por el accionante por ser el mecanismo idóneo y eficaz
para el estudio del derecho solicitado”.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
13
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
14
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
7
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
4.2.1. De manera previa a examinar el fondo del asunto, la Sala se
pronuncia en relación con lo alegado por la Directora (A) de la Dirección
de Acciones Constitucionales de Colpensiones consistente en que la acción
de tutela es improcedente por la existencia de cosa juzgada con
fundamento en que el accionante ya formuló una petición de amparo con
idénticas pretensiones a la aquí examinada y fue conocida por esta
Corporación con el número de radicación 11001 0315 000 2022 03786
01.
Al respecto, se advierte que el ahora accionante interpuso tutela contra
la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Caja
de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores
Civiles ACDAD – CAXDAC y Colpensiones, pretendiendo que fuera
declarada la nulidad del proceso radicado con el nro. 2019 00363 00, con
fundamento en que la demanda fue admitida el 28 de octubre de 2019
sin que se haya dispuesto la vinculación del actor y sin tener competencia
para resolver la controversia planteada. Agregó que la autoridad judicial,
para la fecha en la que presentó el escrito de amparo, no se había
pronunciado frente a la solicitud de nulidad que elevó en el expediente
ordinario. También formuló como pretensiones que se le ordenara a
Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión.
15
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
8
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
La tutela fue conocida en primera instancia por la Sección Quinta del
Consejo de Estado que, en sentencia del 18 de agosto de 2022, declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que ya se había
proferido el auto que resolvía la solicitud de nulidad. La parte actora
impugnó la decisión y la Subsección B de la Sección Tercera de la
Corporación, en fallo del 22 de septiembre de 2022, revocó lo resuelto en
primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la tutela, bajo la
consideración que “(…) no le corresponde al juez de tutela entrar a
resolver si el tribunal es o no competente para adelantar la nulidad del
acto que libró mandamiento de pago, pues ese punto está en discusión
ante el juez ordinario. Adicionalmente, como bien mencionó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el
accionante cuenta con la posibilidad de interponer el recurso de apelación
contra el auto que resolvió la nulidad”17.
Bajo dicho contexto, no hay lugar a acceder a lo pedido por Colpensiones
porque, aunque en las dos tutelas el accionante pretendió que se declare
la nulidad del proceso ordinario alegando la falta de vinculación y
competencia, el caso es que, en esta nueva acción, como lo señaló el
actor, la solicitud de nulidad que presentó ya fue decidida y en dicha
circunstancia es que fundamenta la presente petición de amparo.
Adicionalmente, no sobra mencionar que en el anterior proceso de tutela
la Sección Quinta y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado no examinaron la procedencia de la acción contra el auto admisorio
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho proferido el 28
de octubre de 2019 ni contra el auto proferido el 21 de julio de 2022, que
rechazó de plano la solicitud de nulidad formulada por el apoderado del
señor Sady Rodrigo Fernández Ramos, puesto que el análisis se
circunscribió, en la primera instancia, a determinar si había mora judicial
en resolver la solicitud de nulidad; y, comoquiera que durante el trámite
17
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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se profirió la decisión, se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado. A su vez, en segunda instancia, se revocó la anterior decisión
y, en su lugar, fue declarada improcedente la acción de tutela porque el
asunto estaba en trámite.
4.2.2. De otro lado, el representante legal de la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC –
CAXDAC solicitó la vinculación de HELICOL S.A.S a este trámite tutelar,
con fundamento en que el accionante tiene tiempos reportados con
anterioridad al 1 de abril de 1994 con dicha sociedad. La Sala considera
que no es procedente ordenar la vinculación solicitada, comoquiera que
la petición de amparo está dirigida a controvertir las providencias
proferidas el 28 de octubre de 2019 y el 21 de julio de 2022 por la
Subsección B, Sección Cuarta, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso radicado con el nro. 2019 00363 00 que
promovió CAXDAC en contra de Colpensiones y, adicionalmente, el
fundamento de tal solicitud es propio del debate ordinario.
4.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:
4.3.1. La Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles – CAXDAC promovió demanda bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones pretendiendo la nulidad de los
siguientes actos administrativos19:
18
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 25000 2337 000 2019 00363 00. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
19
Las pretensiones fueron extraídas del acápite denominado “antecedentes” del auto
proferido el 21 de julio de 2022 por la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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“[…] - Acto ficto o presunto producto del silencio administrativo, el
cual nació́ de la solicitud radicada bajo el oficio BZ2016-911324 de
24 de agosto de 2016.
• Resolución nro. 001437 de 9 de marzo de 2018, por medio de la
cual se resuelven excepciones contra el mandamiento de pago y se
ordena seguir adelante con la ejecución y,
Resolución nro. 002537 de 15 de junio de 2018, por la cual se
resuelve un recurso de reposición contra el acto anterior […]”.
4.3.2. La demanda correspondió por reparto a la Subsección B, Sección
Cuarta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por auto del 28
de octubre de 2019, la admitió y ordenó la notificación personal al Agente
del Ministerio Público, al director de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al director de la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones.
4.3.3. El 21 de enero de 2020, la parte demandada, por intermedio de
apoderado judicial, presentó la contestación de la demanda y de las
excepciones propuestas denominadas “inexistencia del derecho
reclamado a cargo de Colpensiones; buena fe y genérica”; se corrió
traslado el 9 de octubre de 202020.
4.3.4. El 6 de mayo de 2021, el apoderado del señor Sady Rodrigo
Fernández Ramos formuló solicitud de nulidad procesal de todo lo actuado
con fundamento en que debía ser vinculado en calidad de litis consorte
necesario y que el competente para resolver la controversia es la
jurisdicción ordinaria laboral.
4.3.5. Por auto del 21 de julio de 2022, la magistrada de conocimiento
rechazó de plano la referida petición.
20
Lo que se extrae del acápite denominado “antecedentes” del auto proferido el 21 de
julio de 2022 por la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la parte actora promovió acción de tutela con
el fin de controvertir las siguientes providencias:
(i) El auto proferido el 28 de octubre de 2019, por medio del cual fue
admitida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
identificada con el nro. 2019 00363 00 por considerar que adolece de
defecto orgánico, puesto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no es competente para resolver la controversia planteada.
(ii) El auto proferido el 21 de julio de 2022, que rechazó de plano la
solicitud de nulidad formulada por el apoderado del señor Sady Rodrigo
Fernández Ramos. En este punto, la Sala precisa que, aunque en el escrito
de tutela el actor manifiesta que esta providencia “rechaza de plano mi
vinculación como litis consorcio al proceso”, en realidad, el
pronunciamiento fue sobre la solicitud de nulidad que presentó en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 2019
00363 00 y, además, una vez revisado el expediente que remitió la
Secretaría de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con destino a esta tutela, no se observa que la autoridad
judicial accionada haya resuelto sobre una intervención de terceros ni que
el ahora accionante lo hubiese pedido en ese sentido.
(iii) Por último, en relación con la segunda, tercera y cuarta pretensión
formulada en el escrito de tutela, se advierte que están relacionadas con
que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión en favor del
accionante.
Para resolver cada uno de los reparos formulado por la parte actora, la
Sala se detendrá en cada uno de ellos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06463-00
Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
En cuanto al auto proferido el 21 de julio de 2022 por la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Como se indicó, en esta providencia la magistrada de conocimiento
dispuso rechazar de plano la solicitud de nulidad que formuló el apoderado
del señor Sady Rodrigo Fernández Ramos en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro. 2019 00363
00, petición que se fundamentó en que debió vincularse al proceso como
litis consorte necesario y en que la jurisdicción ordinaria laboral es la
competente para pronunciarse del asunto.
En lo concerniente a esta decisión, la Sala advierte que la acción de tutela
es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, dado que,
una vez revisado el expediente radicado con el nro. 2019 00363 00,
remitido por la Secretaría de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca con destino a este proceso, se observa que el aquí
accionante no interpuso ninguno de los recursos procedentes para
controvertir lo allí resuelto. Lo anterior, por cuanto tuvo a su alcance el
recurso de reposición, de conformidad con lo previsto por el artículo 242
del CPACA, y/o el recurso de apelación que, según el numeral sexto del
artículo 321 del CGP, procede contra el auto que en primera instancia
“niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva”.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito
general de subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la
improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 21: (i)
cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) si se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
21
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que la acción de
tutela no busca suplantar los medios ordinarios de defensa judicial;
interpretar lo contrario, podría vaciar las competencias de las autoridades
judiciales, concentran en la jurisdicción constitucional las competencias
de las decisiones inherentes a ellas y generar un desborde institucional22.
En consecuencia, la acción de tutela promovida contra el auto proferido
el 21 de julio de 2022 es improcedente porque la parte actora tuvo la
posibilidad de cuestionar lo allí decidido a través de los recursos ordinarios
previstos por el legislador, pero no lo hizo en la oportunidad
correspondiente.
Frente al auto proferido el 28 de octubre de 2019 por la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Igualmente, la Sala advierte que la acción de tutela es improcedente para
controvertir el auto proferido el 28 de octubre de 2019, por medio del cual
fue admitida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
identificada con el nro. 2019 00363 00, dado que el ahora accionante
solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió la
demanda23. Luego, hizo bien en presentar el incidente de nulidad, como
el medio de defensa que tenía para debatir sobre la falta de vinculación y
competencia, pero, al abstenerse de presentar los recursos procedentes
contra la decisión que rechazó la nulidad, quedó en firme el auto que
admitió la demanda.
Al efecto, se pone de presente que, en el escrito titulado “solicitud de
nulidad procesal”, radicado por el apoderado del aquí accionante en el
22
Corte Constitucional. Sentencia T – 053 del 13 de febrero de 2020. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
23
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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Accionante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
proceso con radicado nro. 2019 00363 00, pidió “1. Declarar la nulidad de
este proceso, a partir del auto que admitió la demanda, respecto de las
actuaciones en él ocurridas y condenar a la parte demandante a costas
del proceso. 2. Notificar con el respectivo traslado de la demanda y en
calidad de litisconsorcio necesario a mi representado, señor Sady Rodrigo
Fernández Ramos para que ejerza su derecho a la defensa conforme a la
Constitución y a la ley”24.
La anterior petición la fundamentó así25:
“[…] 6. Así pues, por lo explicado en los numerales anteriores, y con
el fin de garantizar su debido proceso, en el referenciado proceso,
es necesario citar a mi patrocinado, señor Sady Rodrigo Fernández
Ramos, en calidad de litisconsorcio necesario, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 61 del CGP, aplicable por remisión expresa
del artículo 306 del CPACA, quien tiene un interés legítimo de que
CAXDAC pague el bono o cálculo actuarial a Colpensiones, con el fin
de él obtener su legítimo derecho a la pensión de vejez, por lo que
en consecuencia, tiene un interés directo en el resultado del proceso
referenciado.
7. Como quiera que la demanda fue admitida y ha seguido su curso
sin vincularse como litisconsorcio necesario a mi patrocinado, debe
decretarse la nulidad de todo lo actuado y dar aplicabilidad al
numeral octavo del artículo 133 del Código General del Proceso por
la expresa remisión del CPACA, procediéndose a la respetiva
notificación de mi patrocinado con el respectivo traslado de la
demanda, para que él pueda ejercer técnicamente su legítimo
derecho a la defensa que está consagrado en el artículo 29 de la
Constitución.
8. Por otro lado, respetada magistrada, porque (sic) esta demanda
administrativa si la vía correcta es la jurisdicción laboral y de esta
manera hay reiterados antecedentes por este tema en la Corte
Suprema de Justicia, sala laboral (…)”.
[…]”.
En ese sentido, la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo
para reabrir el debate sobre la falta de vinculación y competencia, dado
que ello fue objeto de examen a través de la solicitud de nulidad que
24
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radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
25
Ibídem.
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presentó y que fue resuelta por el juez natural de la causa, en el auto
proferido el 21 de julio de 2022, sin que el interesado haya controvertido
la decisión que la rechazó a través de los medios ordinarios de defensa
judicial. Por consiguiente, la acción de tutela es improcedente para
cuestionar el auto que admitió la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho proferido el 28 de octubre de 2019, puesto que no se cumple
con el requisito de subsidiariedad.
En lo relativo a las pretensiones consistentes en que se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión al actor
En cuanto a este punto, la Sala advierte que la parte actora afirmó en el
escrito de tutela que está en curso un proceso en la jurisdicción ordinaria
laboral con el número de radicación 08001 3105 008 2014 00471 01 en
el que se debate sobre el derecho a la pensión que reclama, y agregó que
fue fallado en primera instancia y que está pendiente resolverse la
apelación en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Alegó que el expediente “ya tiene más de 3 años en su despacho para
resolver la apelación, por lo cual, no es la vía adecuada para resolver mi
derecho a la pensión porque soy un piloto en retiro con más de 77 años
y con problemas en el corazón”26.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado, con fundamento
en el principio de subsidiariedad, que la acción de tutela es improcedente
para reclamar el reconocimiento y pago de acreencias pensionales, puesto
que el escenario idóneo para conocer este tipo de asuntos es la
jurisdicción ordinaria laboral, mediante el ejercicio del medio judicial
respectivo. No obstante, se ha admitido la procedencia excepcional de la
acción de tutela cuando se trata de la protección de derechos de contenido
prestacional, como son las acreencias pensionales, bien sea como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o como
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radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06463 00.
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medio principal cuando las vías de defensa judicial ordinarias no resultan
idóneas ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales
trasgredidos27.
Adicionalmente, ha explicado que la condición de vulnerabilidad o la
calidad de sujeto de especial protección constitucional del interesado no
son suficientes para que, sólo por esa circunstancia, la tutela sea
procedente en materia pensional. Por ello, la Corte Constitucional ha
establecido reglas jurisprudenciales para estudiar las pretensiones que
implican otorgar una pensión por vía de la tutela, que consisten en: (i)
que se trate de sujetos de especial protección constitucional; (ii) que la
falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al
mínimo vital; (iii) que el accionante haya desplegado cierta actividad
administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada, y (iv) que se acredite siquiera sumariamente, las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr
la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente
afectado28.
A partir de los anteriores criterios jurisprudenciales, la Sala considera que
la tutela es improcedente frente a la pretensión del reconocimiento y pago
de la pensión, por cuanto, si bien el actor ya superó la expectativa de vida
certificada por el DANE29 dado que nació en 194630, en el escrito de tutela
no explicó ni tampoco acreditó que el derecho al mínimo vital esté
comprometido por la falta del pago en la pensión.
27
Corte Constitucional. Sentencia T 009 del 21 de enero de 2019. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
28
Ibidem.
29
Al respecto, pueden verse las sentencias T -037 de 2016 y T – 015 de 2019 proferidas
por la Corte Constitucional.
30
De conformidad con la copia de la cedula de ciudadanía aportada por el actor. Visto en
el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Sady Rodrigo Fernández Ramos, según lo explicado en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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