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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06463-01

Fecha
9 de mayo de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06463-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Sady Rodrigo Fernández Ramos contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y otros, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-06463-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, y otros

Temas: Tutela contra entidad judicial / Auto negó solicitud de nulidad en
proceso de nulidad y restablecimiento adelantado con ocasión
de la resolución de excepciones en un proceso coactivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Sady Rodrigo Fernández Ramos, en
contra de la sentencia proferida el 16 de febrero de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Sady Rodrigo Fernández Ramos promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
salud en conexidad con la seguridad social y de acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia proferida el
21 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 25000-2337-000-2019-00363-00.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Sady Rodrigo Fernández Ramos nació el 19 de septiembre de 1946, actualmente
tiene 76 años y sufre de cardiopatía isquémica, ha laborado por más de 35 años
como piloto de avión.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

ii) Solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación ante la Administradora
Colombiana de Pensiones1 en donde reporta 488.99 semanas de cotización, la cual
le ha sido negada en reiteradas oportunidades por «la falta de pago del bono pensional
o cálculo actuarial», según afirma, sin tener en cuenta que no debe sufrir las
consecuencias de la falta de pago del bono pensional por parte de la Caja de
Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 2, en
donde cotizó por más de 17 años, por lo que supera el tiempo de cotización
necesario para que se le reconozca la referida prestación pensional.

iii) El demandante instauró proceso laboral ante la jurisdicción ordinaria laboral en
contra de Colpensiones y CAXDAC con el fin de lograr el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación, el cual con radicado 08-001-31-05- 008-2014-00471-01
fue decidido de manera favorable mediante sentencia proferida el 16 de noviembre
de 2018 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla.
Decisión contra la cual las partes interpusieron recurso de apelación, actualmente
en trámite.

iv) El demandante presentó solicitud de tutela con el fin de lograr el reconocimiento
de su pensión de jubilación, la cual fue decidida por el Tribunal Superior de
Barranquilla mediante sentencia del 2 de agosto de 2016, en la que resolvió:

«TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y
seguridad social al ciudadano Sady Rodrigo Fernández Ramos, en consecuencia
ORDENAR al representante legal de Colpensiones o a quien este ordene, que
dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, solicite a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles “CAXDAC” que en el término de 15 días
siguientes al requerimiento, remita el bono pensional o en su defecto el cálculo
actuarial del señor Sady Rodrigo Fernández Ramos durante el tiempo que él
laboró en esa entidad a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES»

v) Colpensiones, con fundamento en la referida orden de tutela, expidió diferentes
actos administrativos con ocasión del proceso de cobro coactivo adelantado en
contra de CAXDAC, entidad que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, instauró demanda con el fin de cuestionar la legalidad
de estos, asignándosele el radicado 25000-23-37-000-2019-00363-00.

vi) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante auto del 28 de octubre de 2019 admitió el conocimiento de la demanda.

vii) Sady Rodrigo Fernández Ramos, el 6 de mayo de 2021 solicitó la nulidad de
todo lo actuado en tanto no fue vinculado al proceso en calidad de litisconsorte
necesario, pedimento rechazado de plano con auto del 21 de julio de 2022.

1 En adelante Colpensiones
2 En adelante CAXDAC

2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

viii) En relación con estas decisiones, el tutelante considera que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, a la salud en conexidad con la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia al incurrir en defecto orgánico y sustantivo por conocer de
un asunto que debe adelantarse ante la jurisdicción ordinaria laboral y negar su
vinculación al proceso, lo cual considera ha interferido en el reconocimiento de su
derecho pensional..

1.1.2. Pretensiones

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

«[…] 1. Ordenar la nulidad de todo el proceso llevado a cabo ante el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA SECCIÓN CUARTA ORAL
BOGOTÁ, Magistrada Dra. CARMEN AMPARO PONCE DELGADO, de CAXDAC contra
la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y la cual fue admitida el día
28 de octubre del año 2019, bajo el número de radicación 25000233700020190036300,
por no ser este tribunal competente para el proceso referenciado y por no vinculárseme
como litis consorte necesario, para defender mi cálculo actuarial tal como está dicho en
los hechos de la presente acción de tutela.

2. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a que me
reconozca mi legítimo derecho a la pensión de vejez, por reunir los requisitos legales
como son más de 30 años laborados en diferentes empresas de aviación y 488,29
semanas acreditadas por Colpensiones y siguiendo la tesis de la honorable Corte
Constitucional y del mismo Consejo de Estado, tal como lo señaló este alto Tribunal de
lo Administrativo en la sentencia calendada el 11 de mayo del año 2001, magistrado
ponente, Dr. Gabriel Valbuena Hernández, demanda del Decreto 824 del 2001 (…)”.

3. Que el anterior reconocimiento de mi pensión de vejez por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se haga de manera inmediata, teniendo en
cuenta que ya tengo más de 77 años de edad y con graves quebrantos de mi corazón,
por no ser en estos momentos el mecanismo ordinario apropiado por la demasiada
demora en resolver el recurso de apelación actualmente llevado en el honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (…).

4. Que se ordene a La Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles “CAXDAC” (…) a cancelar el bono pensional o cálculo actuarial a
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. […] »

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. Colpensiones3 solicitó que se declare la existencia de cosa juzgada toda vez
que en oportunidad anterior el demandante presentó una solicitud de tutela bajo
supuestos fácticos similares, la cual fue resuelta mediante sentencia proferida el 18
de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Quinta; además, alegó la falta

3 Ver índice 10 del expediente 11001031500020220646300. Archivo denominado «
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RV_CERTIFICADO_FWD(.zip ) NroActua
10»

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

de legitimación en la causa por pasiva ya que la pretensión de amparo debe ser
atendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera.

Por otra parte, en cuanto al reconocimiento pensional solicitado, refirió que ha sido
negado en reiteradas oportunidades «toda vez que no acredita los requisitos del
Acto Legislativo 01 del 2005 como tampoco de la Ley 797 del 2003», por lo cual,
ante el desacuerdo con la decisión de la administración, debe cuestionarla a través
de los procedimientos judiciales previstos para tal fin.

1.2.2. CAXDAC4 solicitó la vinculación de HELICOL S.A.S. en garantía del debido
proceso, en tanto el demandante tiene tiempos allí reportados con anterioridad al 1
de abril de 1994.

En cuanto a su competencia frente a los aportes de los aviadores antes de la fecha
referida, explicó que «según la Ley 32 de 1961 y el Decreto Reglamentario 60 de 1973,
CAXDAC era una persona jurídica de carácter privado sin ánimo de lucro, creada con el fin
de asumir algunas o todas las prestaciones que por ley correspondían a las empresas
aportantes y de procurar el mejoramiento económico, cultural y técnico de sus afiliados1,
pero NO tenía la calidad de Administradora de Pensiones con facultad de cobro frente a las
empresas de aviación».

Informó que en el «ACTA 001 DEL 05 DE JULIO DE 2018 ACUERDO ENTRE CAXDAC
Y COLPENSIONES», entre otros, se acordó la metodología para el traslado y pago
de aportes anteriores a abril de 1994, lo cual inicia con la solicitud formal por parte
de Colpensiones, donde está afiliado el demandante, ante el nominador y CAXDAC;
además, señaló que «existe el proceso ordinario laboral, siendo este el llamado a ser
instaurado hipotéticamente por el accionante por ser el mecanismo idóneo y eficaz para el
estudio del derecho solicitado»; razones por las cuales, requirió que se declare la
improcedencia de la solicitud de tutela en lo que a esa entidad se refiere, por
ausencia de vulneración de derechos fundamentales y la falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de las acciones u omisiones alegadas.

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 16 de febrero de
2023 declaró improcedente la solicitud de tutela por no satisfacer el requisito de la
subsidiariedad, toda vez que, el demandante «tuvo a su alcance el recurso de
reposición, de conformidad con lo previsto por el artículo 242 del CPACA, y/o el recurso de
apelación que, según el numeral sexto del artículo 321 del CGP, procede contra el auto que
en primera instancia “niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva», para
cuestionar el auto acusado y no lo hizo.

4 Ver índice 12 del expediente 11001031500020220646300. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_SADYRODRIGOFERNAND(.pdf )
NroActua 12»
5 Ver índice 14 del expediente 11001031500020220646300. Archivo denominado
«SENTENCIA(.pdf) NroActua 14»

4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

En cuanto a la pretensión de reconocimiento y pago de una pensión de jubilación,
recordó que actualmente cursa ante la jurisdicción ordinaria laboral un proceso en
tal sentido, y que si bien, «el actor ya superó la expectativa de vida certificada por el
DANE29 dado que nació en 194630, en el escrito de tutela no explicó ni tampoco acreditó
que el derecho al mínimo vital esté comprometido por la falta del pago en la pensión».

1.4. Escrito de impugnación6

Sady Rodrigo Fernández Ramos impugnó la decisión del a quo al considerar que,
sin perjuicio de no agotarse los recursos referidos en el fallo, lo cierto es que se está
ante una nulidad insanable, circunstancia que riñe con el proceso ordinario laboral
adelantado ante el Juzgado Octavo Laboral y Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, en el que se accedió a las pretensiones de reconocimiento y pago
de una pensión de vejez en su favor.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo
siguiente:

6 Ver índice 23 del expediente 11001031500020220646300. Archivo denominado «
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RV_IMPUGNACIONACCI(.zip ) NroActua
23»
7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,13 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.14

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad?

De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, se determinará si: ¿El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, vulneró los
derechos fundamentales de Sady Rodrigo Fernández Ramos con ocasión de la
providencia del 21 de julio de 2022 dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-37-000-2019-00363-00,
mediante la cual se negó le negó la solicitud de nulidad de todo lo actuado por falta
de vinculación en calidad de litis consorte necesario y falta de jurisdicción para
conocer de ese asunto, con la que incurrió, presuntamente, en defecto orgánico y
sustantivo?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia15, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
15 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

De conformidad con los supuestos fácticos acreditados en el expediente y los
argumentos expuestos en el escrito de impugnación, se observa que lo
pretendido por Sady Rodrigo Fernández Ramos es que, en amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la salud en
conexidad con la seguridad social y de acceso a la administración de justicia,
se deje sin efecto de la providencia proferida el 21 de julio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante la cual se le negó la solicitud de nulidad propuesta en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25000-2337-000-2019-00363-00, al considerar que debió ser vinculado a ese
proceso en calidad de litis consorte necesario y declararse la falta de
jurisdicción, toda vez que actualmente cursa un proceso ante la justicia
ordinaria laboral, cuya controversia obedece al reconocimiento pensional
pretendido, en el que coinciden los sujetos procesales.

Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas
en el referido medio de control 16, así:

• Colpensiones libró mandamiento de pago en contra de la CAXDAC, en
cumplimiento de un fallo de tutela, por valor de $1.327.969.990 por concepto de
cuotas partes pensionales derivadas de la pensión que le fue reconocida a Sady
Rodrigo Fernández Ramos. Decisión contra la que la ejecutada formuló
excepciones, las cuales se resolvieron desfavorablemente mediante Resolución
1437 del 9 de marzo de 2018, confirmada con Resolución 2537 del 15 de junio de
2018.

• La CAXDAC en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, incoó demanda contra Colpensiones con el fin de cuestionar los referidos
actos administrativos.

• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante auto del 28 de octubre de 2019 admitió la demanda, ordenó notificar a la
entidad demandada (Colpensiones), así como a los agentes del Ministerio Público
y de Defensa Jurídica del Estado.

• El 6 de mayo de 2021 Sady Rodrigo Fernández Ramos solicitó la nulidad de todo
lo actuado en tanto no fue vinculado al proceso en calidad de litisconsorte necesario

16

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000233700
0201900363002500023

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Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

e invocó la falta de jurisdicción por parte del juez contencioso-administrativo para
conocer del asunto.

• Mediante auto del 21 de julio de 2022, la autoridad judicial tutelada17 resolvió
rechazar de plano la solicitud de nulidad propuesta al considerar que «la obligación
aquí discutida, pese a que se deriva del cobro por concepto de bono pensional, no tiene
una naturaleza de carácter laboral ni prestacional, puesto que no resuelve el reconocimiento
pensional y/o configura alguna situación específica para el señor Fernández. Por el
contrario, no existe duda de que se trata de la discusión de unos actos administrativos
proferidos dentro del proceso de cobro coactivo gestionado por Colpensiones, por lo que
corresponde a esta autoridad resolver sobre su legalidad, sin extender su análisis a los
hechos que determinaron la obligación». Decisión notificada mediante estado
electrónico del 22 de julio de 2022.

• Mediante sentencia proferida el 2 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, se resolvió:

«[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto negativo respecto del oficio
radicado por la demandante el 24 de agosto de 2016; de la Resolución No. 001437 del
09 de marzo de 2018, que resolvió las excepciones presentadas contra el mandamiento
de pago del 07 de marzo de 2017; y de la Resolución No. 002537 del 15 de junio de
2018, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR probada la excepción de falta de título ejecutivo. Asimismo, DECLARAR
que la CAXDAC no está obligada a sufragar los valores indicados en el mandamiento de
pago del 07 de marzo de 2017 y ORDENAR a Colpensiones la terminación del proceso
de cobro coactivo adelantado en contra de la entidad demandante, levantando las
medidas cautelares si se hubieren decretado. […]»

• Sady Rodrigo Fernández Ramos interpuso solicitud de nulidad contra la anterior
decisión, la cual se encuentra pendiente de resolución.

En este orden de ideas, la Sala observa que la solicitud de tutela presentada
por Sady Rodrigo Fernández Ramos no satisface el requisito de la
subsidiariedad, pues, tal como lo refirió el a quo constitucional, no agotó los
recursos procedentes contra el auto del 21 de julio de 2022, a través del cual
se rechazó la solicitud de nulidad propuesta bajo idénticos argumentos a los
hoy expuestos ante el juez de tutela.

Lo anterior de conformidad con el parágrafo 2 18 del artículo 243 del CPACA y
el numeral 6 del artículo 321 del CGP que dispone la procedencia del recurso

17 En sala unitaria
18 Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos

proferidos en la misma instancia:
[…]
PARÁGRAFO 2º. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el
proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo
regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia
dentro del término previsto para recurrir.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

de apelación contra «[e]l [auto] que niegue el trámite de una nulidad procesal y
el que la resuelva».

Adicionalmente y sin perjuicio de lo expuesto, se observa que, durante el trámite
del presente asunto constitucional, la autoridad judicial demandada profirió la
sentencia del 2 de marzo del 2023, respecto de la cual Sady Rodrigo Fernández
presentó solicitud de nulidad, encontrándose pendiente de resolver.

Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los
recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo
suplante los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico. Es
decir, se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya
negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción
de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que supere los requisitos generales de procedencia
de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera debe concluirse
que el amparo de la referencia resulta improcedente por desconocimiento del
principio de subsidiariedad, ya que la providencia del 21 de julio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, pudo ser
recurrida en apelación, lo cual no sucedió.

Ahora, en cuanto al particular argumento del demandante respecto al impacto
negativo que podría tener la decisión adoptada en la jurisdicción contenciosa-
administrativa de cara al reconocimiento pensional ordenado en su favor por la
justicia ordinaria laboral, no comprende la Sala dicha apreciación, pues, tal como lo
refirió la autoridad judicial demandada en sentencia del 2 de marzo de 2023, no se
trata de desconocer la orden de tutela proferida el 2 de agosto de 2016 por el
Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Decisión Penal, sino de que:

«[…] la obligación crediticia contenida en los documentos expedidos por Colpensiones,
se refieren a un cálculo actuarial y no al bono pensional que le ordenó tramitar ante la
Caja de Aviadores – CAXDAC el juez de tutela, hecho que permite establecer dos
irregularidades: (i) Colpensiones se abrogó una competencia legal de la que no disponía
para constituir un título judicial contra CAXDAC con base en la liquidación del cálculo
actuarial; y (ii) la expedición del bono pensional es competencia de la Caja y no de
Colpensiones. […]»

Finalmente, en lo que se refiere a la pretensión de reconocimiento pensional la
solicitud de tutela tampoco satisface el requisito de la subsidiariedad, pues, al
respecto, el demandante adelantó proceso laboral ordinario19 en el que, en segunda
instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral,
mediante sentencia del 13 de junio de 2022, resolvió:

19 Radicado 08001-31-05-008-2014-00471-01

10

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

«[…] PRIMERO: CONFIRMAR los numerales 6, 7 y 8 de la sentencia de fecha 16 de
noviembre de 2018, dictada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla,
dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor SADY
RODRIGO FERNANDEZ RAMOS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES, CAXDAC, AVIANCA S.A., HELICOL, AEROSUCRE.

SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral 5 de la sentencia proferida en primera instancia,
previa consideración de la consulta.

TERCERO: MODIFICAR los numerales 1, 2, 3 y 4 de la sentencia de fecha 16 de
noviembre de 2018, dictada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla,
dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor SADY
RODRIGO FERNANDEZ RAMOS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES, CAXDAC, AVIANCA S.A., HELICOL, AEROSUCRE,
los cuales quedarán así:

PRIMERO: Condenar a la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE AVIADORES – CAXDAC a reconocer el bono y/o título pensional según el
cálculo actuarial respectivo a COLPENSIONES a efecto de que dichos tiempos sean
computados por esta última entidad en el reconocimiento pensional que debe realizar
COLPENSIONES al demandante teniendo para tal efecto un total de 20 años, 6 meses y 16
días, lo que se traduce en 1.043,158 semanas. Se concede un término de 1 mes a la
demandada CAXDAC, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para la realización del
respectivo cálculo actuarial.

SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por
COLPENSIONES en relación a las mesadas pensionales causadas con antelación al 27 de
junio de 2014.

TERCERO: Condenar a la entidad demandada COLPENSIONES, a reconocer y pagar
pensión de vejez de que trata el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
del mismo año, al señor SADY RODRIGO FERNANDEZ RAMOS a partir del 20 de septiembre
de 2006, en cuantía inicial de 1 SMLMV, en razón de catorce (14) mesadas por año, más los
aumentos legales a que hubiere lugar.

CUARTO: Condenar a COLPENSIONES a reconocer y pagar al actor señor SADY RODRIGO
FERNANDEZ RAMOS el retroactivo pensional causado desde el día 27 de junio de 2014. […]»

Es decir, el demandante contaba con otro mecanismo de defensa judicial para lograr
el reconocimiento y pago de una pensión de vejez en su favor, el cual agotó, y cuyas
sentencias de primera y segunda instancia resultaron favorables a su pedimento.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo a través de la cual
declaró improcedente, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, la solicitud
de amparo presentada por Sady Rodrigo Fernández Ramos contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06463-01
Demandante: Sady Rodrigo Fernández Ramos

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Primera, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por Sady Rodrigo Fernández Ramos contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y otros, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

12

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