Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06505-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06505-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06505-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
24 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01
Demandante: SANDRA AYDEE CORREA AHUMADA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 31 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 6 de diciembre de 20221, la señora Sandra Aydee Correa Ahumada, por intermedio
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia2, con ocasión de las sentencias proferidas el 2 de febrero y el 3 de noviembre
de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-
23-42-000-2020-00293-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
textualmente):
PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales de igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho
sustancial, desconocimiento del principio de legalidad y favorabilidad y
precedentes judiciales, vulnerados a la Señora MARÍA ESPERANZA BELTRÁN
HERRERA.
1
Se advierte que, el 16 de marzo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
La parte actora también alega el desconocimiento de los principios de legalidad y favorabilidad.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01
Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin efectos las
Sentencia proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A” Magistrado NÉSTOR JAVIER CALVO
CHAVES de fecha 2 de febrero de 2022 dentro del Radicado No. 25000-23-42-
000-2020-00293-00 (1) que negó a SANDRA AYDEE CORREA AHUMADA el
reajuste de su Pensión Jubilación con las partidas de que trata el Decreto 1214
de 1990 y del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A MAGISTRADO
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, de fecha 3 de noviembre de 2022, por confirmar
la Sentencia anterior que negó las pretensiones de la Demanda, de manera ilegal
y arbitraria, conforme a lo expuesto en esta Tutela.
TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponda conocer
de esta Tutela o se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A” Magistrado
NÉSTOR JAVIER CALVO CHAVES y/o al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, se profiera una nueva
Sentencia en derecho, respetando el debido proceso, el principio de seguridad
jurídica, el derecho de igualdad, a la recta administración de
justicia, los precedentes jurisprudenciales y en general providencia tendiente
a amparar los derechos fundamentales de la Señora SANDRA AYDEE
CORREA AHUMADA, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1214 de
1990, que consagra en el Artículo 102 la liquidación y pago de la pensión de
jubilación, la Prima de Servicio, Prima de Alimentación, Prima de Actividad.
Subsidio Familiar, Auxilio de Transporte y la duodécima parte de la Prima de
Navidad, teniendo en cuenta además lo señalado en el Decreto 352 de 1994,
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997, artículo 55, que consagra que
el personal que haya ingresado a la Policía Nacional antes de la Ley 100
de 1993, le es aplicable el Decreto 1214 de 1990, además los precedentes
Jurisprudenciales citados y aportados de la Honorable Corte Constitucional,
el Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Meta y
Juzgados Administrativos de Bogotá, que han sentado precedente al
respecto, entre ellos los acabados de citar.
CUARTO: Que para resolver el asunto, se consulten y tengan en cuenta los
Precedentes Judiciales, citados en esta Acción y otros que se han proferido
al respecto por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que
han señalado que el personal que haya ingresado a la Policía Nacional
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, le es aplicable el Decreto 1214
de 1990.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
La señora Sandra Aydee Correa Ahumada presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener el reajuste y la reliquidación de su pensión
de jubilación, porque consideró que le fue reconocida y liquidada en un monto inferior
al que tenía derecho, al no incluirse las partidas establecidas en el Decreto 1214 de
1990.
En la demanda ordinaria se argumentó que la señora Correa Ahumada ingresó a la
Policía Nacional el 7 de julio de 1990, como personal civil en la Dirección
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por lo que era beneficiaria del
2
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Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada
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régimen prestacional contenido en el Decreto 1214 de 1990; sin embargo, en octubre
de 1995 fue incorporada a la entidad descentralizada, Instituto para la Seguridad
Social y el Bienestar Social (Inssponal), momento a partir del cual dejó de percibir las
prestaciones sociales contenidas en el citado decreto.
Posteriormente, la Ley 352 de 1997 suprimió dicha entidad e incorporó a la
demandante nuevamente a la Policía Nacional desde de 1997 hasta la fecha de su
retiro, no obstante, no se volvió a pagar ni se incluyó en la pensión el subsidio familiar,
la prima de actividad, la prima de servicios, el subsidio de alimentación, el subsidio de
transporte y demás prestaciones del Decreto 1214 de 1990
Mediante Resolución 1244 del 23 de agosto de 2010, la Policía Nacional reconoció y
liquidó la pensión de la señora Sandra Aydee Correa Ahumada; y en julio de 2019,
esta solicitó la reliquidación en el sentido de que se incluyeran el pago de la prima de
actividad, el subsidio familiar, la prima de servicios, el auxilio de transporte, una
doceava de la prima de navidad y demás prestaciones salariales contempladas en el
Decreto 1214 de 1990. Dicha solicitud fue negada mediante oficio del 28 de octubre
de 2019.
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el que, mediante
sentencia del 3 de febrero de 2022, negó las pretensiones de la demanda, decisión
que fue apelada y confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en providencia del 3 de noviembre de 2022.
1.3. Argumentos de la tutela
Concretamente, la parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron su derecho fundamental a la igualdad dado que se han proferido distintas3
sentencias en las que se ha ordenado el reajuste de la pensión de jubilación, de
conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 con fundamento en que
dicho régimen es aplicable a quienes se vincularon a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, tales como:
• Sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2- del 12 de diciembre de 2019,
radicado 25000-23-42-000-2016-04235-01 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
• Sentencia del 30 de mayo de 2019, radicado 25000-23-42-000-2015-04547-01,
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
3
Al respecto, la parte enuncia cuarenta sentencias dictadas por diferentes autoridades judiciales en
procesos ordinarios o de tutela.
3
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Sentencia de tutela de segunda instancia
• Sentencia del 4 de febrero de 2021, radicado 25000-23-42-000-2014-03697-
01, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
• Sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicado 25000-23-25-000-2010-
00166-01, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
• Sentencia del 22 de agosto de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-02428-
01 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Adujo que se desconocieron las normas aplicables al caso, puesto que la Ley 352 de
1997 liquidó al INSSPONAL, creó nuevamente la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional y señaló en su artículo 55 que el personal civil que ingresó a la Policía
Nacional antes de la Ley 100 de 1993 continuaría cobijado por el Título VI del Decreto
1214 de 1990; por ende, a la pensión de jubilación debía incluirse la prima de servicio,
prima de alimentación, prima de actividad, subsidio familiar, auxilio de transporte y
una duodécima parte de la prima de navidad.
Señaló que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues, pese a que
se citaron sentencias de diferentes autoridades judiciales que han ordenado el
reajuste de la pensión a otras personas por haber ingresado a la Policía Nacional
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, aquellas no fueron tenidas en
cuenta por los falladores.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 15 de diciembre de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado sustanciador del proceso en
primera instancia, (i) admitió la acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A; (ii) ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, como tercero con interés, y (iii) dispuso que fueran notificados, a fin
de que rindieran el informe correspondiente.
2.1. La Policía Nacional sostuvo que no se vulneraron los derechos alegados por la
demandante, pues la decisión cuestionada se fundamentó en la sentencia de
unificación SUJ-019-CE-S2-de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, y que las providencias citadas por la accionante no eran aplicables porque
sus efectos eran inter partes y se dictaron en procesos en los que la actora no fue
parte, ni tuvo participación de ninguna naturaleza.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del ponente de la decisión
cuestionada, citó las razones y consideraciones expuestas en la sentencia objeto de
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reparo y concluyó que no se configuró la violación de los derechos alegadas, toda vez
que la providencia se fundó en la normativa y jurisprudencia aplicables al caso
concreto.
3. Fallo impugnado
La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del 31
de enero de 2023, negó la solicitud de amparo.
En síntesis, el a quo sostuvo que la tutela cumplía todos los requisitos generales de
procedibilidad, razón por la cual estudiaría de fondo los defectos fáctico, sustantivo y
de desconocimiento del precedente deducidos de la demanda.
Así, adujo que que la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no incurrió en ninguno de los citados
defectos, puesto que estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, las
pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, lo que le permitió
concluir que frente a las acreencias laborales y prestacionales reclamadas por la
demandante, esta sólo devengó la prima de servicios y la prima de navidad, las cuales
sí fueron tenidas en cuenta al momento de liquidar la pensión de jubilación, por lo que
no era procedente ordenar un reajuste en tal sentido.
Explicó que la autoridad judicial accionada sostuvo que la demandante sí era
beneficiaria del régimen prestacional contemplado en el Título VI del Decreto 1214 de
1990, pero no de los factores remunerativos, dado que en materia salarial se regía
por las normas expedidas por el Gobierno Nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional.
Explicó que tampoco se desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia
de unificación del 12 de diciembre de 2019, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el cual se unificaron los criterios del régimen salarial y
prestacional del personal civil vinculado a las Fuerzas Militares que se incorporó a las
plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General
de Sanidad Militar, en el sentido de que:
(…) en materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud
del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto
para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997); en materia prestacional
los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100
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de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen»
Por último, dijo que los argumentos propuestos por la parte actora pretendían «hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario, con
el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses».
4. Impugnación
La demandante impugnó la anterior decisión. Consideró que el a quo no tuvo en
cuenta que ingresó a la Policía Nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, por ende, debió considerar la jurisprudencia según la cual «el aspecto que
determina el régimen aplicable en el caso concreto, es que se hubiese vinculado a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993».
Por lo demás, reprodujo textualmente la demanda de tutela, cuyas razones ya se
encuentran detalladas.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido el 31 de enero de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que negó la acción de tutela.
Para ello, en primer lugar, se examinará si la acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. Solo en el
evento de que se cumplan, se analizará si el a quo acertó al negar el amparo
reclamado, o si, por el contrario, le asiste razón a la accionante y deben ampararse
los derechos fundamentales que estima vulnerados por las sentencias dictadas
ocasión de las sentencias proferidas el 2 de febrero y el 3 de noviembre de 2022, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2020-00293-00/01.
2. Análisis de la Sala
De entrada, esta Subsección se aparta del razonamiento del fallo de primer grado,
según el cual la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Veamos por qué.
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Sentencia de tutela de segunda instancia
En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
Esta tesis se ajusta a la jurisprudencia5 reiterada de la Corte Constitucional que, de
manera consistente y consolidada, expresa que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales.
La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface por la
invocación de la afectación garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto,
afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
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Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022.
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Sentencia de tutela de segunda instancia
De suerte que, si la demanda de tutela no cumple con estas condiciones el asunto
carece de relevancia constitucional, juicio que resulta más estricto cuando recae sobre
una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en atención a su función en
la definición e interpretación del derecho y el valor que la jurisprudencia y el
ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.
En el caso bajo examen, no hay duda de que la solicitud de amparo se sustenta en
las mismas razones expuestas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Tanto los argumentos expuestos en la primera
instancia, como los que dieron lugar al trámite de alzada fueron resueltos de manera
razonable para las autoridades judiciales accionadas, en una respuesta que responde
al objeto de debate que el legislador confió a su conocimiento.
La Sala no comparte la tesis de la primera instancia consistente en que «la cuestión
que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que el defecto alegado
puede llevar consigo una violación de los derechos a la igualdad, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y de los principios de legalidad y
favorabilidad, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente
amparados». Dicho aserto no se aviene a la reiterada jurisprudencia constitucional,
en la que se ha dicho que la relevancia constitucional no se cumple por el solo hecho
de que se invoque la vulneración de derechos fundamentales, pues, de ser así, en
todas las tutelas en las que se enuncie dicha situación se cumpliría ese supuesto.
Además, la sentencia no da cuenta de la razón por la cual el asunto es importante
para la interpretación o desarrollo de un postulado constitucional, para que se
justifique la intromisión del juez de tutela en decisiones de los jueces naturales, sino
que cita los derechos alegados por la demandante como la razón para dar por
cumplido este presupuesto, cuando en el fondo se trata de un asunto de mera
legalidad sobre la correcta interpretación del régimen salarial y prestacional aplicable
a la demandante.
Algo más, en la misma sentencia el a quo afirmó que:
[L]os argumentos alegados por el apoderado de la accionante en el escrito de
tutela, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las
que presuntamente incurrió; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la
parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una
instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió
dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.
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A juicio de la Sala, esa afirmación refleja el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, de suerte que no debió hacerse un análisis de fondo de los defectos
para luego concluir que la demandante pretendía «hacer uso de la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y
probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario».
Recuérdese, el principio del juez natural es una garantía del debido proceso que
dimana del artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado
«ante juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor
de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman
funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.
La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para
dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una autoridad que
no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El
juez constitucional no es un juez de lo contencioso administrativo, razón por cual no
tiene el papel de inmiscuirse en los asuntos específicos que a este último se le
asignan; cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida. De lo contrario, la
justicia constitucional se antepondría a los principios de juez natural, independencia y
autonomía judiciales.
Así, la Sala insiste en que las premisas de la solicitud de amparo reflejan la intención
de prolongar el debate de instancia en el que tanto el juez de primer grado como el de
la apelación negaron las pretensiones de la demanda con igual razonamiento: la
demandante no tiene derecho a la reliquidación de la pensión alegada, pues, aun
cuando la demandante es beneficiaria del régimen prestacional contenido en el Título
VI del Decreto 1214 de 1990, eso no significa que automáticamente deban incluirse
los factores salariales que no hubiesen sido efectivamente devengados.
Nótese que el fundamento para negar las pretensiones se centró en que la señora
Correa Ahumada no tenía derecho a percibir las partidas establecidas en el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990 como factor salarial —pues en esa materia se regía por
las normas de los establecimientos públicos—, sino que era beneficiaria del régimen
prestacional contenido en dicho decreto, de modo que para la liquidación de la pensión
sí le eran computables esos haberes siempre que los hubiera percibido. Y como
acreditó que, en efecto, devengó alguna de ellas, estas le fueron incluidas en el
reconocimiento pensional, no así las solicitadas en la demanda.
El ad quem sostuvo que la decisión se fundaba en la sentencia de unificación SUJ-
019-CE-S2-2019 del 12 de diciembre de 2019, a la cual le daría prelación en lugar de
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Sentencia de tutela de segunda instancia
los pronunciamientos alegados por la parte actora, por consiguiente, uno de los
argumentos de la tutela se cimienta en la premisa inexacta de que no hubo
manifestación sobre las decisiones judiciales que mencionó como precedentes en
ambas instancias. Así lo señaló la sentencia de segunda instancia:
[E]n el entendido de que los lineamientos de aquel proveído son de obligatoria
observancia para definir litigios como el presente, se dará aplicación a estos
de preferencia y sobre los demás pronunciamientos del Consejo de Estado
que la parte apelante trae a colación en su recurso, toda vez que los
enunciados en la impugnación obedecen a la resolución de casos con efectos
inter partes, mientras que la sentencia de unificación en comento tiene efectos
erga omnes que conlleva su imperiosa aplicación al margen de las demás
decisiones que individualmente se hayan o no proferido sobre la materia.
(Resaltos de la Sala).
Dicho en otras palabras, con apoyo en la enunciada sentencia de unificación la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia
del Tribunal que negó las pretensiones de la demanda, dado que debía diferenciarse
el régimen salarial del prestacional de los empleados civiles no uniformados del sector
Defensa, y que la señora Correa Ahumada como persona vinculada a la entidad antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 «es beneficiaria de la aplicación del
régimen prestacional previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 en virtud de la
transición normativa contemplada en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997».
Sin embargo, aclaró que las partidas reclamadas no se encuentran dentro de las
prestaciones del Título VI del Decreto 1214 de 1990, «sino que obedecen a sendos
factores de remuneración del servicio previstos particularmente en el Título III,
Capítulo II de la norma ejusdem, al cual la demandante no tiene derecho en la medida
en que tampoco es beneficiaria de este último precepto, pues aquel desarrolló el
régimen salarial que, como se señaló con antelación en virtud de la sentencia de
unificación de obligatoria observancia, no dependía de la fecha de vinculación anterior
a la Ley 100 de 1993 como sí lo fue el régimen prestacional».
En suma, se dijo que los factores reclamados no hacían parte del factor prestacional,
sino del salarial, y estos últimos no corresponden a los previstos en el Título VI sino
en el III, que no es aplicable a la demandante, pues el primero se refiere al
«cubrimiento de contingencias de la seguridad social» y el otro tiene una finalidad
remunerativa. Pese a ello, se aceptó que, si una parte acredita haber devengado
alguno de los emolumentos señalados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
serían tenidos en cuenta para calcular la pensión de vejez por estar expresamente
señalado en dicha norma.
Como puede verse, la intención de la parte demandante desborda la finalidad de este
medio judicial, pues el juez contencioso administrativo, como en efecto lo hizo, es el
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01
Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
llamado a definir los litigios de carácter laboral entre los servidores públicos que hayan
tenido un vínculo legal y reglamentario con el Estado y los aspectos de su seguridad
social cuando estén administrados por una entidad de derecho público, como en el
caso de la demandante, que se ajusta a lo normado en el numeral 4 del artículo 104
de la Ley 1437 de 2011. De manera que el juez de tutela ninguna razón observa para
arrogarse una competencia que no le corresponde.
Para la Sala, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
desatar el recurso de apelación, formuló la aquí demandante contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expuso de manera clara las razones de la
decisión, las cuales abordaron directa e indirectamente todos los puntos alegados por
la parte actora para concluir: «por haberse vinculado a la entidad demandada antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía derecho a ser beneficiaria
únicamente del régimen prestacional, pero no del salarial del decreto en mención,
resulta evidente que tal como lo estimó el a quo en la sentencia impugnada, no podían
reconocerse a su favor los conceptos laborales deprecados, y por consiguiente,
tampoco sería viable incluirlos como partidas computables en la base de liquidación
de la pensión de jubilación.».
La conclusión de las autoridades judiciales accionadas no es arbitraria, ni caprichosa,
sino que estuvo precedida de un análisis integral de los regímenes en discusión, del
contenido del acto de reconocimiento de la pensión, de las pruebas que obraban en
el proceso y de diferentes pronunciamientos de la Sección especializada, incluida la
sentencia de unificación que fijó la pauta interpretativa en la materia. A partir de todo
ello se dedujo que la demandante no tenía derecho a la reliquidación pensional
persuadida.
La Sala reitera que la acción de tutela no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses,
para que se revise la decisión como si se tratara de una instancia adicional. Ello atenta
contra las reglas previstas por el legislador quien dentro de su margen de
configuración normativa elige y decide las instancias ordinarias que debe impartirse a
un proceso. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de
todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a este mecanismo de amparo
constitucional, sino que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y
del juez natural6.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01
Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
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En resumen, la demanda de tutela está desprovista de argumentos constitucionales
que den cuenta de que se cumple el presupuesto de relevancia constitucional. La
carga argumentativa no solo requiere de la exposición de argumentos, sino que su
contenido debe estar desligado de la extensión del debate de instancia y tener una
marcada importancia constitucional, exigencias que, se insiste, la demandante no
cumplió.
La importancia iusfundamental o constitucional de un asunto no surge por el solo
hecho de invocarse la violación de derechos fundamentales, pues de ser así todos los
conflictos serían definidos mediante la acción de amparo, en la medida en que siempre
habrá un debate, al menos respecto a los derechos al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. Tampoco significa que la tutela deba hacer abstracción
de las disposiciones legales sobre las cuales versa el proceso jurisdiccional, solo que
debe limitarse las discrepancias con clara y marcada importancia constitucional, por
las razones que se han explicado a lo largo de esta providencia.
Valga considerar que, en la sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir que
este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los procesos o el
escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin trascendencia
constitucional, que no son propios del juez de tutela. En dicha providencia, se resaltó
que el estudio de este requisito se torna más estricto cuando se discuten decisiones
de una alta corte:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales7. Para determinar si
este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales8.
7
Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los
que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca
evitar la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06505-01
Demandante: Sandra Aydee Correa Ahumada
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Así pues, al considerar los criterios señalados, el presente asunto no es de aquellos
en los que exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o
darle alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se alegue la
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.
En conclusión, la Sala encuentra que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, razón por la cual modificará la sentencia impugnada, para, en su lugar,
declarar improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Modificar la sentencia impugnada, proferida el 31 de enero de 2023 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
Sandra Aydee Correa Ahumada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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