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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00293-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Sandra Aydeé Correa Ahumada contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00293-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de noviembre de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00293-01 (3006-2022)
Demandantes: Sandra Aydeé Correa Ahumada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00293-01 (3006-2022)
Demandante: SANDRA AYDEÉ CORREA AHUMADA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA
NACIONAL

Temas: Régimen salarial y prestacional de los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa,
Policía Nacional vinculado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Aplicación de la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019. No procede reconocimiento de
prima de actividad, prima de servicios ni subsidio
familiar, y por tanto tampoco su inclusión como
partidas computables de la pensión de jubilación por
no ser prestaciones del Título VI del Decreto 1214 de
1990.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-188-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Sandra Aydeé Correa Ahumada en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Que se declare la nulidad del Oficio S-2019-058269 APRE-GRUPE-1.10
del 28 de octubre de 2019, por medio del cual la entidad demandada negó
la solicitud formulada por la demandante, tendiente a obtener el
reconocimiento y pago de la prima de actividad, prima de alimentación,
prima de servicio, subsidio familiar, auxilio de transporte, cesantías y
demás prestaciones contempladas en el Decreto 1214 de 1990, así como
el cómputo de tales conceptos en la liquidación de la pensión de vejez.
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.
2 Archivo en PDF obrante en el Expediente Digital visible en el índice 8 del registro en SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Sandra Aydeé Correa Ahumada

2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional: i) reconocer y pagar a favor de la
señora Correa Ahumada los haberes salariales deprecados en la
reclamación administrativa; ii) reliquidar la pensión de jubilación reconocida
a favor de aquella con inclusión de tales factores salariales; y iii) ajustar las
demás prestaciones que se vean afectadas por la inclusión de tales
emolumentos.

3. Conminar a la parte pasiva a cumplir la sentencia conforme a los artículos
182, 192 y siguientes del CPACA, particularmente al pago indexado de las
sumas adeudadas, así como de las costas procesales a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes3

1. La señora Sandra Aydeé Correa Ahumada ingresó a la Policía Nacional
como personal civil no uniformado desde el 24 de agosto de 1990, donde
prestó su servicio, adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de
dicha institución.

2. La libelista posteriormente fue incorporada al Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional desde el 2 de octubre de 1995
conforme al acta de posesión 2127 de la mentada fecha. Luego, aquella
fue trasladada a la Dirección de Sanidad y Bienestar Social de dicho
organismo ante la supresión de la primera entidad en comento y la creación
de la segunda conforme a la Ley 352 del 17 de enero de 1997.

3. La Subdirección General de la Policía Nacional expidió la Resolución
01244 del 23 de agosto de 2010 con la que reconoció y ordenó pagar a
favor de la demandante una pensión de jubilación conforme a las
previsiones de los Decretos 2701 de 1988 y 1214 de 1990, esto por haber
acreditado que laboró para la referida entidad por un lapso de 20 años y 21
días.

4. La señora Correa Ahumada percibió antes de 1995 la prima de actividad,
el subsidio familiar, el subsidio de alimentación y el subsidio de transporte;
no obstante, desde dicha anualidad, esta solo percibió como remuneración
el sueldo básico.

5. La demandante formuló ante la autoridad demandada el 10 de julio de 2019
una petición tendiente a obtener el reconocimiento y pago de las
prestaciones contenidas en el Decreto 1214 de 1990, a fin de que fueran
incluidas como partidas computables para el cálculo de su pensión de
jubilación.

6. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional respondió esta
reclamación a través del Oficio S-2019-058269 APRE-GRUPE-1.10 del 28
de octubre de 2019, en virtud del cual denegó lo deprecado por la libelista.

SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL

En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 7 de septiembre de 2021 (visible en archivo en PDF del expediente
digital visible en índice 8 del registro en SAMAI), el a quo prescindió de esta
en aplicación del artículo 182A del CPACA (adicionado por el artículo 42 de la
Ley 2080 de 2021), ello con el fin de correr traslado para alegar de conclusión

3 Idem.

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y proferir sentencia anticipada por tratarse de una controversia de pleno
derecho sin pruebas pendientes para practicar.

No obstante, en la referida providencia el tribunal de primera instancia fijó el
litigio en el presente caso de la siguiente forma: «[…] En ese orden, se procede
a fijar el litigio en los siguientes términos: Determinar si resulta procedente el
reconocimiento y pago de la Prima de actividad, prima de servicios, subsidio familiar,
prima de alimentación, auxilio de transporte y demás prestaciones sociales
contempladas en el Decreto 1214 de 1990 y el correspondiente reajuste de la pensión
de jubilación, desde la fecha de su vinculación, de conformidad con la normativa
reguladora de la materia y los hechos debidamente probados. […]»

SENTENCIA APELADA4

El a quo profirió sentencia escrita el 3 de febrero de 2022, por medio de la cual
negó las pretensiones de la demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:

El tribunal de primera instancia resaltó que, los empleados públicos y
trabajadores oficiales que se vincularon a los establecimientos denominados
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares e Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el Decreto 1301 del 22 de
junio de 1994 y la Ley 62 del 12 de agosto de 1993 respectivamente, para
efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y
subsidios no se rigen por las normas previstas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional, sino por las normas legales que para esta
clase de servidores fijó el Gobierno Nacional.

En cuanto al régimen prestacional de dichos servidores, destacó que si estos
se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se les
debe aplicar en su integridad el Titulo VI del Decreto 1214 de 1090, y a quienes
fueron nombrados con posterioridad a la ley en comento, afirmó que estarían
regidos por dicha norma.

Añadió que quienes estaban vinculados al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar para la Policía Nacional y luego fueron incorporados a la planta de
personal de la institución castrense, luego de la supresión de dicho organismo,
en efecto continúan sometidos al mismo régimen salarial que los regía
previamente, el cual no es otro que el desarrollado para los empleados de la
Rama Ejecutiva.

Sobre el caso particular, señaló que quedó debidamente acreditado el hecho
de que la señora Sandra Aydeé Correa Ahumada ingresó a la planta de
personal de la Policía Nacional el 24 de agosto de 1990, esto es, en virtud de
la Ley 352 de 1997 y con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, razón por la cual en materia salarial está gobernada por las normas
que para los empleados públicos del orden nacional expida el Gobierno
Nacional, mientras que en punto a su situación prestacional, aquella está
cobijada por lo previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.

En tal contexto adujo que a la demandante no le es aplicable lo dispuesto en
el Título III del Decreto 1214 de 1990, por cuanto a pesar de hacer parte del
personal de Bienestar Social que a su vez pertenece a la estructura interna de
la Policía Nacional, debe darse prelación a la norma posterior y especial
correspondiente a los artículos 56 de la Ley 352 de 1997 y 2 numeral 5 del
Decreto 133 de 1998 que consagran la aplicación de un régimen salarial
diferente al de la norma invocada. Además, indicó que los Decretos 1792 del
2000 y 092 de 2007 no hicieron alusión a la regulación del régimen
4 Archivo en PDF obrante en el expediente digital visible en el índice 8 del registro en SAMAI.

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remunerativo de dichos servidores, por lo que continúan vigentes los preceptos
anteriores reseñados anteriormente.

Expuso que al haberse incorporado la demandante al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, el régimen salarial
aplicable a su situación particular, en virtud a lo dispuesto en el Decreto 1301
de 1994, no era otro que el previsto por el Gobierno Nacional para los empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, en los términos del
artículo 88 ibidem, ello al punto de que la demandante no tiene derecho al
pago de los haberes contemplados en el Decreto 1214 de 1990, puesto que
en caso de tenerlo en cuenta, se daría una aplicación indebida de la ley, donde
los efectos jurídicos de unas normas no pueden extenderse a situaciones no
contempladas por el legislador.

Refirió además que el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 enlistó como
partidas computables para la liquidación de la pensión de jubilación: el sueldo
básico, prima de servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio
familiar, auxilio de transporte y prima de navidad. Al respecto manifestó que
en el último año de servicios, la libelista devengó asignación básica y la
bonificación seguro de vida. Adicionalmente, en el acto administrativo de
reconocimiento pensional se incluyeron como partidas computables el sueldo
para el grado ocupado, la bonificación por servicios prestados, y las primas de
servicio, vacaciones y navidad, por lo que la entidad demandada liquidó la
pensión de vejez de manera adecuada, es decir, con los últimos emolumentos
devengados como prestaciones sociales.

Puntualizó finalmente que si bien es cierto, el Decreto 1042 de 1990 prevé las
primas de alimentación y actividad, el subsidio familiar y el auxilio de transporte
como factores computables para la liquidación pensional, para el presente
caso, según certificado allegado a la actuación, no aparecen devengados por
la señora Correa Ahumada, por lo que no es posible ordenar su inclusión.

RECURSO DE APELACIÓN5

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones.

Al respecto manifestó que desde el ingreso de la libelista a la Policía Nacional
ocurrido el 24 de agosto de 1990 y hasta el 2 de octubre de 1995, aquella
devengó el subsidio familiar, la prima de actividad, la prima de servicio y demás
prestaciones del Decreto 1214 de 1990, tal como se certificó en el Oficio S-
2019-025018 ARFIN-GUTEG-1.10 del 8 de agosto de 2019.

Seguidamente aseguró que en virtud del Decreto 1301 de 1994, así como la
Ley 352 de 1997, es claro que el aspecto que determina el régimen aplicable
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional que hayan sido incorporados a las plantas de personal de
salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional respectivamente, es
que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993, caso en el cual se les debía observar en su integridad el Título
VI del Decreto Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Sobre el punto precisó que ese apartado normativo está comprendido por los
artículos 81 a 131, dentro de los cuales se encuentra el canon 102 que
contempla cada uno de los emolumentos deprecados, por lo que

5 Idem.

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necesariamente se debía acceder a su reconocimiento y cómputo para efectos
pensionales.

Añadió que a la señora Correa Ahumada se le reconoció su pensión de
jubilación mediante la Resolución 01244 del 23 de agosto de 2010, ello de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2701 del 29 de diciembre de 1988,
norma que tuvo vigencia mientras existió el INSSPONAL, es decir, del 2 de
octubre de 1995 al 17 de enero de 1997, 14 meses aproximadamente, fecha
a partir de la cual entró a regir la Ley 352 de 1997, razón por la cual el primer
decreto en mención fue tácitamente derogado por la Ley 100 de 1993, al punto
de que no podía ser tenida en cuenta para la liquidación de la prestación en
comento.

Sostuvo que para el año 1995 se le informó a la libelista por parte de la Policía
Nacional, que todo el personal que pertenecía al Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, Dirección de Sanidad y de Bienestar Social, ingresarían a hacer
parte del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar para dicha autoridad
castrense, ello con el respeto de los derechos adquiridos contemplados en el
Decreto 1214 de 1990, el cual aplicaría en su totalidad en virtud del principio
de favorabilidad. Por lo expuesto, estimó que no se podían variar las
condiciones laborales con el desconocimiento de las situaciones jurídicas
consolidadas originadas con base en el Decreto 1214 de 1990, puntualmente
en lo que tiene que ver con el pago de la prima de actividad, la prima de
alimentación, prima de servicio, el subsidio familiar y el auxilio de transporte,
prerrogativas que no están enlistadas en el Decreto 2701 del 29 de diciembre
de 1988 para efectos pensionales.

Adicionalmente planteó que en el presente caso debe tenerse en cuenta el
principio de inescindibilidad de la ley bajo el entendido de que lo instado con
la demanda es la aplicación integral del Decreto 1214 de 1990 y no de otras
normas o de apartados específicos de estas, de manera que no resulta viable
considerar que pueda observase la regulación en cita solo en algunos títulos
o secciones, cuando esta es una sola.

Señaló además que las prestaciones reclamadas son de carácter periódico,
por lo que su reclamación es viable en cualquier tiempo sin riesgo de
configuración del fenómeno prescriptivo, tal como lo consagra el artículo 164
del CPACA y como lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-198
de 1999 y el Consejo de Estado en providencia del 17 de mayo de 2007 (1784-
06).

Por último manifestó que el a quo no tuvo en cuenta ni dio aplicación adecuada
a los 37 precedentes jurisprudenciales que había traído a colación, los cuales
fueron proferidos por el Consejo de Estado y técnicamente respaldan su tesis
para acceder a los pedimentos de la demanda, particularmente la sentencia
de unificación proferida el 12 de diciembre de 2019 para resolver litigios como
el presente, así como los proveídos del 30 de mayo de 2019 (3737-17), 4 de
marzo de 2021 (3859-2016), 1.° de febrero de 2018 (2017-00615), 28 de
noviembre de 2018 (2017-02511); etc.

SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA

Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 5 de julio de 2022 admitió dicha impugnación y, en concordancia con
el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada

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providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presentaran solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 7 de
septiembre de 2022, proferida por la Secretaría visible en el índice 9 del
registro en SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se
procede a decidir de fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en el presente caso solo fue presentada por la
parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿Es procedente el reconocimiento a favor de la señora Sandra Aydeé Correa
Ahumada de la prima de actividad, prima de alimentación, prima de servicio,
subsidio familiar, auxilio de transporte y demás emolumentos previstos en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 como partidas computables de las
prestaciones sociales, y en consecuencia, debe reliquidarse su pensión de
vejez con la inclusión en el ingreso base de liquidación de dichos conceptos,
toda vez que su vinculación inicial con la entidad demandada fue anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993?

Acerca de este cuestionamiento, la Subsección desarrollará como tesis que:
la libelista no tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca el pago
de los emolumentos deprecados previstos en el Decreto 1214 de 1990, esto
con base en la aplicación de los lineamientos de la reciente unificación
jurisprudencial sobre el régimen salarial y prestacional aplicable al personal
civil no uniformado del Ministerio de Defensa vinculado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por esta misma razón, no es
procedente que se incluyan los mentados haberes laborales en la base de
liquidación de su pensión de vejez. Frente a este planteamiento se expone lo
siguiente:

 Acerca de la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12
de diciembre de 2019 y su aplicabilidad al presente caso

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado, así como en el sustento argumentativo de la demanda, la contestación
y el recurso de apelación, se infiere que la señora Sandra Aydeé Correa
Ahumada pretende la reliquidación de su pensión de vejez al instar el
reconocimiento y pago de la prima de actividad, prima de alimentación, prima
de servicio, subsidio familiar y auxilio de transporte al igual que su inclusión
como partidas computables de dicha prestación, al constituir factores de
liquidación conforme al artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 que asegura es
aplicable a su situación jurídica.

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Por su parte, la entidad demandada sostiene que la pensión en comento fue
debidamente liquidada, pues los emolumentos reclamados son conceptos
remunerativos del servicio previstos en el Título III de la norma ejusdem, el
cual no rige para la libelista por cuanto al haber sido incorporada al entonces
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, su
régimen salarial era el previsto por el Gobierno Nacional en el Decreto 1042
de 1978 y no el solicitado con la demanda, toda vez que del mentado Decreto
1214 de 1990 solo es viable tener en cuenta el Título VI relativo al régimen
prestacional.

Lo expuesto denota que, el objeto de la controversia en el sub lite es la
determinación del régimen salarial y prestacional que gobierna las
condiciones remunerativas del servicio prestado por la libelista al Ministerio de
Defensa en calidad de empleada perteneciente al personal civil no uniformado
de bienestar social adscrito a la referida autoridad de conformidad con la Ley
352 de 1997, y su eventual incidencia en la liquidación de la pensión
reconocida por parte de la entidad en comento.

Pues bien, bajo dicho entendido se resalta que la Sección Segunda de esta
Alta Corte expidió sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de
diciembre de 20196, por medio de la cual se fijaron las reglas jurisprudenciales
de interpretación para la resolución judicial de asuntos como el analizado en
dicha providencia y el que es objeto de examen en esta oportunidad.

En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva7, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su estudio y
sometimiento para resolver el asunto sub iudice es pertinente y necesario,
puesto que evidentemente el proceso de la referencia se encuentra pendiente
de definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos
de dicha providencia.

De hecho, en el entendido de que los lineamientos de aquel proveído son de
obligatoria observancia para definir litigios como el presente, se dará
aplicación a estos de preferencia y sobre los demás pronunciamientos del
Consejo de Estado que la parte apelante trae a colación en su recurso, toda
vez que los enunciados en la impugnación obedecen a la resolución de casos
con efectos inter partes, mientras que la sentencia de unificación en comento
tiene efectos erga omnes que conlleva su imperiosa aplicación al margen de
las demás decisiones que individualmente se hayan o no proferido sobre la
materia.

Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre la situación
jurídica laboral, salarial y prestacional del personal civil vinculado al Ministerio
de Defensa en vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud de la
organización del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional conforme al Decreto Ley 1301 de 1994, al igual que ante la supresión
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional y la posterior creación de la Dirección
de Sanidad o de Bienestar de acuerdo con la Ley 352 de 1997.
6 Ídem.
7 El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Adviértase a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en
los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]». (Negrilla del texto original).

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Igualmente, en la referida providencia se verificaron las consecuencias de la
unificación del régimen de administración de personal del personal civil
adscrito a los organismos y dependencias del sector defensa con base en la
Ley 1033 de 2006, y del mismo modo, los efectos del Decreto Ley 92 de 2007
que modificó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del
sector en comento, el cual contempló particularmente en materia salarial que,
los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa
continuarían regidos por la normativa anterior a este último precepto, pero
condicionado hasta que se materializara el ajuste de las plantas de personal.

Al respecto, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo aplicable a los casos como el
particular, se señaló lo siguiente:

«[…] 53. En resumen, se tiene entonces que el Presidente de la República
organizó el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en virtud de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 248.6 de la Ley 100 de
1993.

54. El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 (derogado por la Ley 352 de
1997) que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público, entidad descentralizada.

55. El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para
los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional,
quienes, por hacer parte de un órgano descentralizado, NO se regían, en
materia salarial, por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional.

56. Así pues, los empleados públicos, que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de 1994, se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa, y que
ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados
por el régimen salarial contemplado para dicho establecimiento público.

57. En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron
sometidos a la Ley 100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicaría el Decreto ley 2701 de 1988 y normas que lo
modificaran o adicionaran. Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de
1990.

58. La Ley 352 de 1997 (derogó el Decreto Ley 1301 de 1994) creó la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de
las Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, creado mediante el Decreto 1301 de 1994.

59. El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías
para los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa; en materia prestacional se dispuso que los vinculados
“antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su
integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen
o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta
disposición” (art. 3, num.4). Y, en materia salarial señaló que a “los empleados
públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen en el

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Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional”
(art. 3, num. 6) (Resaltado fuera de texto).

60. Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92
de 2007, y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración
del personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de
Sanidad Militar, mediante la realización de las equivalencias de lo empleos
preexistentes frente la nueva planta que fue ajustada con la tabla de
organización “TO”, fijada en la Resolución 1453 de 2008. Así pues, el Decreto
4783 de 2008 ordenó la incorporación de los funcionarios de la Planta de
Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a quienes se
dispuso que continuarían “percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados”. […]». (Negrilla y cursiva conforme a la transcripción).

En concreto, con base en los referidos postulados, la Sección Segunda de
esta Corporación fijó una serie de reglas jurisprudenciales de obligatoria
observancia en casos como el sub iudice, las cuales se sintetizan de la
siguiente manera:

SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO

(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas reguladas
por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos
del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un
órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas reguladas para
el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto
1. Entre la vigencia en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al
del Decreto 1301 Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
de 1994 y de la Ley Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
352 de 1997 prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo
modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990.

2. A partir de la (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
vigencia de la Ley Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
352 de 1997, los Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para
empleados los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional
públicos que antes (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus
servicios en el (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de
Instituto de Salud las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del
de las Fuerzas Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
Militares y que vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto
fueron 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
incorporados a la
planta de salud del Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
Ministerio de se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional
Defensa Nacional, en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
dejaron de (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
pertenecer al
sector
descentralizado

3. A partir de la
Ley 1033 de 2006 (i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron
se unificó el las plantas de personal, se determinaron las equivalencias y se fijaron los
régimen de sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello,
administración de

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personal que se los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se
aplica al personal empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
civil vinculado a
los organismos y Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la
dependencias del Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sector Defensa. Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración
Por ello, los correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia
empleos públicos del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron
del personal civil incorporados.
no uniformado
asignados a la (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
Dirección General incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la
de Sanidad Militar nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
pertenecen a la uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
planta de personal fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del
del Ministerio de Ministerio de Defensa Nacional.
Defensa Nacional
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo
equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema
de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar
percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del
Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley
352 de 1997.

 Determinación del régimen salarial y prestacional aplicable a la
demandante en atención a las reglas de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019

Advertido lo anterior, resulta necesario hacer alusión al marco normativo que
contempla el régimen salarial y prestacional del personal civil del Ministerio de
Defensa, así como a los haberes laborales que deben ser tenidos en cuenta
al momento de reconocer una prerrogativa como la que es objeto de debate.

Pues bien, en lo concerniente al personal que integra el sistema de salud de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, debe tenerse en cuenta que el
artículo 248 de la Ley 100 de 1993 revistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias por el término de 6 meses, entre otras cosas, para
organizar ese sistema en aspectos relacionados con su organización
estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad, organización
funcional, régimen que incluya normas científicas y administrativas, y régimen
de prestación de servicios de salud.

En virtud de ello, se profirió el Decreto 1301 de 1994 «por el cual se
reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», el cual en
su artículo 29 determinó la estructura organizacional, dentro de la cual se
incluyó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
organizado como un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Defensa
Nacional, tal como se había creado conforme al artículo 33 de la Ley 62 de
1993 y el artículo 1.° del Decreto Ley 352 de 1994. Textualmente, el artículo
56 de la primera norma en cita indica:

«[…] ARTICULO 56. El articulo 2 o del Decreto Ley 352 de 1994 quedara así:
Artículo 2o. Objeto. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, desarrollará programas de educación, recreación, vivienda propia y
fiscal, readaptación laboral y subsidios para los discapacitados físicos. Así
mismo, dirigirá el Subsistema de Salud de la Policía Nacional y en tal carácter
será el responsable de ejecutar las políticas, planes y programas que adopte el

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Ministerio de Defensa y el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, y ejercer las funciones relativas a la organización y
funcionamiento de dicho Subsistema.
[…]»

Con posterioridad, a través de la Ley 352 de 1997 «por la cual se reestructura
el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad
Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», se efectuaron los
siguientes ajustes y modificaciones al referido esquema institucional y
funcional:

1. Restructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional;

2. Creó la Dirección General de Sanidad8 con el objeto de administrar los
recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e
implementar las políticas, planes y programas que adopten el Consejo
Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el
Comité de Salud de las Fuerzas Militares;

3. Ordenó la supresión y liquidación, entre otros, del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional;

4. Ordenó la incorporación de su personal a la planta del Ministerio de
Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según fuera el caso
conforme la reglamentación que para tal efecto el Gobierno Nacional
debía expedir9, con el respeto de los derechos adquiridos y sin la
exigencia de requisitos adicionales.

En lo referente a su régimen prestacional, se destaca que el artículo 55 de la
Ley 352 de 1997 señaló que quienes se hubieren vinculado con anterioridad a
la Ley 100 de 1993 continuarían como beneficiarios de las previsiones que
sobre la materia señala el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, mientras
que los demás, quedarían sometidos a lo contemplado en la Ley 100 de 1993
y en lo no consagrado en ella, se les aplicaría lo señalado en el precepto
normativo precitado. Al respecto, la norma en cita consagró lo siguiente:

«ARTÍCULO 55. Régimen prestacional. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se
incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas
entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará
aplicando en su integridad el Título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud
de la presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En
lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el
Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.».

Por su parte, en materia salarial el artículo 56 de la norma ejusdem indicó que
los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran a las
plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional en
virtud de lo indicado en dicha ley, continuarían sometidos al mismo régimen

8 Artículo 9 de la Ley 352 de 1997.
9 Artículo 54 de la Ley 352 de 1997

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que se aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto
de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según el caso. Dicho
canon contempla lo siguiente:

«ARTÍCULO 56. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa
Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán
sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, según sea el caso.».

Ahora, ante la diversa interpretación en sede administrativa e incluso judicial
sobre la diferenciación entre régimen salarial y prestacional y los efectos de la
vinculación de los empleados civiles no uniformados del sector defensa, la
Sección Segunda del Consejo de Estado dictó la prementada sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019 en la cual se zanjó dicha discusión
para fijar un parámetro hermenéutico pacífico al respecto.

Sobre el punto, la Sala destaca que en el supuesto normativo 1.° del cuadro
elaborado con anterioridad acerca de las reglas jurisprudenciales anunciadas,
se puntualizó sin dubitación en lo atinente a los derechos prestacionales y de
seguridad social que:

«[…] Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a
la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990. […]». (Líneas intencionales).

Conforme a lo esbozado en precedencia, es claro que lo que fija el marco
jurídico para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporaron a
la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa en cuanto al régimen
prestacional, es su vinculación o nombramiento antes o después de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues continuarían sometidos a la aplicación
integral del Título VI del Decreto 1214 de 1990 aquellos que se hubieren
vinculado al referido órgano con anterioridad a dicho momento, tal como se
previó en el Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997.

Sin perjuicio de esta precisión, es dable señalar que, en efecto, el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990 «por el cual se reforma el estatuto y el régimen
prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», previó sobre las
partidas computables para liquidar las prestaciones sociales lo siguiente:

«ARTICULO 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir de
la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se
le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de
invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma
de las siguientes partidas:

a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

PARAGRAFO 1o. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de
las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será

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computable como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se
tendrá en cuenta la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.

PARAGRAFO 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este
Estatuto será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás
prestaciones sociales.».

Pues bien, en el caso de marras el centro de debate es la inclusión o no de los
emolumentos enlistados en el enunciado normativo referido ut supra, esto
como haberes integrantes de la base liquidatoria de la pensión de jubilación
de la demandante, razón por la cual es perentorio analizar cuáles son las
previsiones jurídicas que aplican en concreto a la señora Correa Ahumada, y
si con base en ello sus pretensiones encuentran o no un eco favorable.

 La situación jurídica de la libelista respecto a su régimen aplicable,
sus prestaciones y a la liquidación de su pensión de jubilación

En primer lugar, la Sala advierte que en atención al material probatorio
recaudado y practicado a lo largo del proceso, se encuentran demostrados los
siguientes hechos:

 Según la Hoja de Servicios 52018248 del 18 de junio de 2010, se
verifica que la señora Correa Ahumada estuvo vinculada al servicio de
la Policía Nacional como personal civil no uniformado desde el 24 de
agosto de 1990 hasta el 31 de mayo de 2010, para un total de tiempo
de labor oficial igual a 20 años y 21 días. (Archivo en PDF obrante en
el expediente digital visible en índice 8 del registro en SAMAI).

 Acorde con el acta de posesión 2127 del 2 de octubre de 1995, la
demandante fue incorporada desde esa data a la planta de personal del
Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional en el
cargo de secretaria ejecutiva, código 5040, grado 11, ello en virtud de
la Resolución 0175 del 14 de septiembre de 1995. Igualmente se
observa del formato de hoja de vida de aquella, que desde el 6 de
febrero de 2002 pasó a formar parte de la Dirección de Bienestar Social
de la referida entidad policial. (Idem).

 De la Resolución 1244 del 23 de agosto de 2010 se advierte que, en
efecto, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional reconoció y ordenó el
pago de una pensión de jubilación a favor de la libelista en cuantía de
$1.585.207,50 efectiva a partir del 31 de mayo de 2010 (idem). Para tal
efecto, la entidad planteó como motivación la siguiente:

«[…] Que de acuerdo con la liquidación de servicios expedida por el Archivo
General de la Policía Nacional, la PRS11 (R) SANDRA AYDEE CORREA
AHUMADA, con cédula No. 52.018.248; nació el 11 de mayo de 1971, ingresó
a la Institución el 24 de agosto de 1990 y fue retirada a solicitud propia el 31
de mayo de 2010, acumulando un tiempo de 20 años, 00 meses y 21 días;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29
de diciembre de 1988 en concordancia con los Artículos 98, 115, 117, 118 y
119 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados
computables para prestaciones sociales, así:

Sueldo para el grado $1.747.107,00
Bonificación por servicios prestados 1/12 50.957,29
Prima de servicios 1/12 74.919,35
Prima de vacaciones 1/12 78.040,98
Prima de Navidad 1/12 162.585,38

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Total 2.113.610,00 x 75%

Valor de la pensión $1.585.207,50
[…]»

 Mediante petición del 19 de julio de 2019 (idem), la señora Sandra
Aydeé Correa Ahumada solicitó ante el director general de la Policía
Nacional, lo siguiente: «[…] ordene a quien corresponda, se RELIQUIDE LA
PENSION DE JUBILACION, se reconozca y pague con retroactividad, la
Prima de Actividad, Subsidio Familiar, Prima de Alimentación, Prima de
Servicio, Auxilio de Transporte, 1/12 parte de la Prima de Navidad y demás
Prestaciones Sociales contempladas en el Decreto 1214 del 8 de junio de
1990, "Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional Civil del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional" a favor de la Señora SANDRA
AYDEE CORREA AHUMADA, y que unilateralmente la Policía Nacional le
suprimió sin justificación legal alguna, cuando fue trasladada al Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía Nacional, el 2 de octubre
de 1995 […]». (Mayúscula del texto original).

 La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
petición, mediante Oficio S-2019-058269 APRE-GRUPE-1.10 del 28 de
octubre de 2019 proferido por el jefe del grupo de pensiones del
Ministerio de Defensa, Policía Nacional (idem), ello conforme a los
siguientes argumentos: «[…] Por lo anterior la señora SANDRA AYDEE
CORREA AHUMADA, en materia prestacional se debe regir por el Decreto
2701 de 1998, "Por el cual se reforma el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades
descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y
comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional norma que prevé en su artículo 53 los factores de salario para
liquidación de cesantías y pensiones así: la asignación básica mensual, la
bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de
vacaciones y prima de navidad.

Que el artículo 44 ibidem, establece que el porcentaje de la pensión de
jubilación, es equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de
las asignaciones devengadas durante el último año de servicio, proporción
igual al establecido en el Decreto 1214 de 1990, articulo 98, razón por la cual
y para el caso en particular el derecho pensional está liquidado de conformidad
con la norma en cita, teniendo en cuenta el 75% de los últimos haberes
devengados computables para prestaciones sociales. […]». (Mayúscula
conforme a la transcripción).

 Conforme a los certificados de ingresos emitidos por el tesorero general
de la Policía Nacional para los años 2009 y 2010, es decir, antes de su
retiro del servicio (idem), se logra determinar que como factores
salariales percibidos por la demandante durante la última anualidad de
servicio, figuran la asignación básica y una bonificación de seguro de
vida, mientras que de los comprobantes de pago generados antes de
1995, se advierte que aquella recibía también la prima de actividad, el
subsidio de alimentación y el subsidio de transporte (idem).

Con base en este contexto normativo, el marco conceptual y jurisprudencial
descrito, y las pruebas y hechos demostrados enlistados anteriormente, la
Sala colige lo siguiente:

i) la demandante se incorporó directamente a la planta de personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional desde el 24 de agosto de 1990.

ii) la entidad demandada reconoció la pensión de jubilación de la señora
Correa Ahumada conforme a las previsiones del Decreto 2701 de 1998, razón

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por la cual, para calcular el monto de la prestación, tuvo en cuenta como
factores salariales computables los siguientes: asignación básica, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad y prima de
vacaciones.

iii) en este sentido, la libelista al ser personal civil no uniformado y haberse
vinculado al Ministerio de Defensa antes de que entraran a regir la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1301 de 1994, es beneficiaria de la aplicación del régimen
prestacional previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 en virtud de la
transición normativa contemplada en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997.

Lo propio se confirma al verificar la línea jurisprudencial reciente del Consejo
de Estado10, pues en sentencia proferida en un caso similar al presente se
aclaró lo siguiente:

«[…] Precisado lo anterior, resulta oportuno advertir que de acuerdo con el
análisis normativo efectuado en precedencia, la situación salarial del
demandante se gobernó por las disposiciones generales aplicables a los
empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y, con la expedición de la Ley 352 de 1997, que creó la dirección
general de sanidad militar como una dependencia del comando general de las
fuerzas militares, se estableció que la situación prestacional del personal que
se hubiere vinculado a este organismo antes de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, seguiría regida por el título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen.

Por ende, en relación con el régimen prestacional, como el accionante se
vinculó antes de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo preceptuado en la
Ley 352 de 1997 su caso en esa materia se rige por lo previsto en el aludido
título del Decreto 1214 de 1990, en armonía con lo determinado en la sentencia
de unificación SUJ-019-CE-S2-19 de 12 de diciembre de 2019. […]». (Negrilla
y subrayado de la Sala).

Pues bien, en el sub iudice, tal como se advirtió previamente, la parte activa sí
acreditó un nombramiento anterior al 1.° de abril de 1994, lo cual se reitera,
según la referida tesis jurisprudencial, le permite ser beneficiaria de las
previsiones en materia prestacional del Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Cabe resaltar al respecto que, el estudio del presente asunto se basó en la
vinculación de la demandante desde el año 1990 en forma continua con la
Policía Nacional, de modo que solo hubo cambio de dependencia, pero no se
presentó ninguna reincorporación, pues lo cierto es que conforme a la hoja de
servicios aportada, no se observa solución de continuidad en la relación legal
y reglamentaria que sostenía con aquella autoridad desde la anualidad
indicada.

De conformidad con lo expuesto, resulta ostensible que no puede válidamente
desconocerse el disfrute de las prestaciones sociales contempladas en el
Título VI del Decreto 1214 de 1990 para servidores como la libelista, siempre
y cuando reúnan los requisitos de cada una para su pago, y por lo tanto, mucho
menos pueden dejarse de tener en cuenta para efectos liquidatorios de la
pensión de vejez, siempre y cuando se encuentren enlistados en el artículo
102 ibidem.

Ahora, sobre el derecho a las partidas computables referidas y deprecadas
expresamente por la parte activa en su demanda y en su recurso de apelación,
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 8 de julio de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2018-00669-01 (4299-2019). Esta tesis se
reitera en las siguientes providencias de fechas: 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-
2016-04905-01 (4296-2019); 4 de marzo de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2017-05090-01 (4893-
2019); 3 de junio de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-04890-01 (5294-2018); y 10 de junio de
2021, radicado: 68001-23-33-000-2017-00283-01 (860-2020).

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Demandantes: Sandra Aydeé Correa Ahumada

particularmente se observa que los emolumentos enunciados en el precepto
citado anteriormente a los que esta hace mención en sus pedimentos, no
corresponden a ninguna de las prestaciones consagradas en el Título VI del
Decreto 1214 de 1990 relativo a la seguridad y bienestar social, sino que
obedecen a sendos factores de remuneración del servicio previstos
particularmente en el Título III, Capítulo II de la norma ejusdem, al cual la
demandante no tiene derecho en la medida en que tampoco es beneficiaria de
este último precepto, pues aquel desarrolló el régimen salarial que, como se
señaló con antelación en virtud de la sentencia de unificación de obligatoria
observancia, no dependía de la fecha de vinculación anterior a la Ley 100 de
1993 como sí lo fue el régimen prestacional.

Sobre el particular se destaca nuevamente que, dicha providencia (SUJ-019-
CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019), planteó como reglas de interpretación
diferencial entre aspectos salariales y prestacionales del personal civil de la
salud vinculado al sector defensa, las siguientes:

«[…] (i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas
reguladas por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos
públicos del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados
a un órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas reguladas
para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto
en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo
modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990. […]»

El entendimiento de la divergencia prementada es indispensable para dar
aplicación en cada caso particular a los preceptos jurisprudenciales
unificadores aludidos previamente. Acerca de este punto la Subsección aclara
que, por salario se entiende todo pago o emolumento habitual continuo o
permanente que tenga como fin retribuir directamente la prestación del
servicio, esto es, remunerar al empleado público por el ejercicio de su labor y
asegurar su liquidez y solvencia económica periódica en razón y con
fundamento en una serie de criterios de fijación del monto a cancelar
relacionados con el tipo de cargo, el nivel y el grado en la respectiva escala
salarial, aspectos que previamente están fijados por el Congreso de la
República, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales en virtud de las
reservas de competencia que le corresponden a cada uno de estos actores.

Las prestaciones sociales por otro lado, constituyen los pagos realizados por
la entidad empleadora de forma directa (comunes) o indirecta (especiales), a
favor del servidor público vinculado, tendientes a garantizar las condiciones
materiales para el ejercicio del empleo, a cubrir las contingencias derivadas de
la labor desempeñada o para apoyar situaciones particulares de la relación
entre la vida personal y laboral del trabajador, de manera que su
reconocimiento no pretende ser una contraprestación del servicio sino de las

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Demandantes: Sandra Aydeé Correa Ahumada

condiciones factuales que lo rodean desde el punto de vista de la seguridad
social11.

Esta diferenciación también fue explicada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública en la Guía de Administración Pública de agosto de
201812 cuando señaló:

«[…] Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al
trabajador directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad
social en diner n (sic) motivo de la misma. Se diferencian de los salarios en que
no retribuyen directamente los servicios prestados, y de las indemnizaciones,
en que no reparan perjuicios causados por el empleador.
[…]»

Bajo este contexto, al verificar la esencia de los emolumentos solicitados por
la parte activa, se advierte que aquellos conceptos están catalogados como
factores salariales o haberes relacionados con la retribución directa del
servicio al estar previstos en el Título III del Decreto 1214 de 1990 y no en el
Título VI de la norma ejusdem, preceptos cuyas finalidades son precisamente
remunerativas en el primer caso, y de cubrimiento de contingencias de la
seguridad social en el segundo.

De este modo, al evidenciar que la libelista por haberse vinculado a la entidad
demandada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía
derecho a ser beneficiaria únicamente del régimen prestacional, pero no del
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el a
quo en la sentencia impugnada, no podían reconocerse a su favor los
conceptos laborales deprecados, y por consiguiente, tampoco sería viable
incluirlos como partidas computables en la base de liquidación de la pensión
de jubilación.

Aun así, en asuntos como el presente, el Consejo de Estado13 ha determinado
excepcionalmente que, cuando el empleado civil del sector defensa
reclamante hubiese demostrado que devengó por algún motivo alguno de los
emolumentos señalados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, este
debe ser tenido en cuenta para calcular la prestación de vejez por mandato del
referido precepto normativo, tal como se analizó en el siguiente caso:

«[…] Por su parte, el aludido Decreto 1214 de 1990, en lo atañedero a la
liquidación de las prestaciones sociales, prescribió:

Artículo 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir de la
vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y
pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás
prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes
partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

11 El referido marco conceptual de diferenciación entre régimen salarial y prestacional fue desarrollado

por esta misma Subsección en sentencia del 10 de septiembre de 2020, dictada en el proceso con
radicado: 52001-23-33-000-2015-00627-02 (1568-2017).
12 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Administración Pública: Régimen

prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial. Versión 2. Dirección Jurídica.
Agosto 2018.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 8 de julio de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2018-00669-01 (4299-2019).

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Demandantes: Sandra Aydeé Correa Ahumada

[…]

Parágrafo 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto
será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones
sociales.

Ahora bien, en el asunto sub judice se observa que la pensión de jubilación del
demandante se liquidó únicamente con inclusión, como partidas computables,
del sueldo básico y una 1/12 de la prima de navidad, pero, según la certificación
expedida por el grupo de talento humano de la dirección general de sanidad
militar, él recibía sueldo básico, primas de servicios, vacaciones y navidad y
bonificaciones por servicios y especial de recreación, y en atención a que es
beneficiario en materia prestacional del Decreto 1214 de 1990, es dable
reajustar su pensión de jubilación, además, con la denominada prima de
servicios, por estar enunciada en el precitado Decreto.

[…]

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, se revocará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la
demanda, para en su lugar: (i) declarar la nulidad parcial de la Resolución 1468
de 14 de septiembre de 2001, que reconoció pensión de jubilación al actor, con
exclusión de la prima de servicios, y del oficio OFI17-64134 MDNSGDAGPSAP
de 4 de agosto de 2017, a través del cual la demandada negó la reliquidación
de dicha prestación; (ii) a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional reajustar la pensión de jubilación del
demandante con inclusión, además de las partidas tenidas en cuenta, de la
prima de servicios; y (iii) declarar de oficio probada la excepción de prescripción
de las diferencias en las mesadas causadas con anterioridad al 28 de julio de
2013. […]»

Ahora, en razón a que se determinó que la demandante es beneficiaria del
régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990 y que por lo tanto su pensión
debe ser calculada con base en los haberes señalados en el artículo 102
ibidem (ello siempre y cuando los hubiese devengado), resulta evidente para
la Sala que ante el reconocimiento de la asignación básica, la prima de
servicios y la prima de navidad, las cuales se encuentran consagradas en la
norma en mención, en efecto tales factores tienen que ser computados para
fijar el monto del derecho pensional en litigio.

Concretamente, al revisar la Resolución 1244 del 23 de agosto de 2010, por
medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación a favor de la señora Correa Ahumada, se encuentra que
el Ministerio de Defensa tuvo en cuenta el salario y las doceavas partes de la
prima de navidad y de la prima de servicios como conceptos laborales
integradores del ingreso base de liquidación, junto con la bonificación por
servicios prestados y la prima de vacaciones.

Es decir, la entidad demandada incluyó adecuadamente dos de los factores
salariales que materialmente la libelista percibió durante su último año de labor
oficial, los cuales por haber demostrado que los devengó, al margen del
régimen salarial que le hubiese sido aplicable, sí debían incluirse al estar
previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, pero esto no porque
haya tenido derecho al pago de los emolumentos enlistados en la norma
ejusdem, pues se reitera que aquellos son conceptos salariales que están en
el Título III del decreto en mención que no es aplicable a su caso, sino porque
el artículo 102 hace parte del Título VI ibidem (Seguridad y Bienestar Social),
que como se ha afirmado, sí cobija su situación jurídica prestacional,
puntualmente en lo referente a la pensión de jubilación y la forma de calcularla.

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Lo anterior conlleva concluir que el acto administrativo demandado se ajusta a
la legalidad en tal sentido, sin que sea del caso proceder a reconocer los
demás conceptos deprecados, pues como se precisó anteriormente, no
constituyen elementos que puedan ser otorgados por ser haberes salariales
que hacen parte del régimen remunerativo y no prestacional que es el
verdaderamente vigente para su situación jurídica.

Ahora bien, la parte activa aduce que antes de 1995 esta recibía dentro de su
remuneración la prima de actividad, el subsidio de alimentación y el subsidio
familiar, y que por lo tanto no se podían desconocer sus derechos adquiridos
sobre tales emolumentos a fin de que fueran tenidos en cuenta para su
liquidación pensional. Pues bien, al margen de que se demostró que
efectivamente antes de dicha anualidad la libelista recibió tales pagos, debe
tenerse en cuenta que aquellos no fueron devengados de manera
independiente luego de su incorporación al ISSPONAL, sino que se
encontraban incluidos en el valor total de su asignación básica mensual, tal
como se planteó en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1407 de 199514, razón
por la cual se torna improcedente ordenar tanto el reconocimiento de esos
haberes laborales como su cómputo para efectos pensionales, dado que el
valor subsumido en el salario ya fue tenido en cuenta en su momento cuando
se liquidó la prestación conforme a la Resolución 1244 del 23 de agosto de
2010.

En conclusión: la libelista no consolidó el derecho al reconocimiento y pago
de la prima de actividad, prima de alimentación, prima de servicio, subsidio
familiar y auxilio de transporte reclamados, pues aquellos conceptos son
factores de remuneración que hacen parte del régimen salarial consagrado en
el Título III del Decreto 1214 de 1990, el cual no es aplicable a su caso. Se
aclara que si bien tales emolumentos se encuentran enlistados en el artículo
102 ibidem, ello no implica que su goce deba ser concedido, sino que pueden
ser objeto de cómputo como partidas para calcular la pensión de jubilación,
siempre y cuando se demuestre que materialmente la reclamante los percibió
durante el último año de servicio.

En el presente caso se comprobó que de aquellos conceptos, la parte activa
solo devengó la prima de servicios y la prima de navidad, los cuales sí fueron
tenidos en cuenta por la entidad demandada al momento de liquidar su
pensión de jubilación, por lo que no es procedente ordenar un reajuste en tal
sentido.

Lo anterior puesto que por su vinculación inicial con la entidad demandada
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (concretamente el 24

14 «Artículo 2º. El personal a que se refiere el artículo anterior que porefectos de la incorporación en

virtud de las equivalencias señaladas anteriormente, resultara devengando una remuneración inferior a
la que tenía en la Policía Nacional por concepto de sueldo básico, subsidio familiar y primas mensuales
que estuviese devengando tendrán derecho a recibir por concepto de la asignación básica mensual en
el cargo que sea incorporado un valor equivalente al que había alcanzado en la Policía Nacional mientras
permanezca en este empleo. Para quienes la incorporación no implique disminución en su remuneración,
la asignación básica mensual será la que corresponda al cargo del cual sea incorporado en el Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.

Artículo 3º. Mientras el personal de la Policía Nacional se vincule a la planta de personal del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional seguirá percibiendo la remuneración asignada
en la Policía Nacional.

Artículo 4º. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 89 del Decreto 1301 de 1994, y en
concordancia con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, para efectos de la liquidación de prestaciones
sociales del personal incorporado a la planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, a que hace referencia el artículo 19 del presente Decreto estarán incluidas dentro de la
asignación básica mensual que corresponde al cargo en que fue incorporado, el salario básico, la prima
de actividad, la prima de alimentación y el subsidio familiar que le pagaba la Policía Nacional como factor
salarial.»

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de agosto de 1990), tal como se desprende de las reglas jurisprudenciales de
unificación contempladas en la sentencia proferida por la Sección Segunda de
esta corporación el 12 de diciembre de 2019, la demandante solo resulta ser
beneficiaria del régimen prestacional contemplado en el Título VI del decreto
aludido, en el que solo se enlistan los haberes reclamados a título de partidas
computables de prestaciones, pero no como factores remunerativos
otorgables a su favor, pues en materia salarial, aquella se regía por las normas
expedidas por el Gobierno Nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional y no por las diseñadas para el
personal civil del sector defensa.

Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que ante el nombramiento de la señora
Correa Ahumada al entonces Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional, resultaban aplicables a su caso los artículos 2, 3 y 4 del
Decreto 1407 de 1995, en virtud de los cuales la prima de actividad y demás
emolumentos que había devengado antes de 1995, habrían sido incorporados
en su valor al monto final de la asignación básica que percibiría aquella durante
su vinculación con la entidad, de suerte que al haberse tenido en cuenta su
salario como partida computable para su pensión, no es dable pretender
reliquidar dicha prestación con los conceptos deprecados en esta oportunidad
como factores salariales adicionales.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida 3 de febrero
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda, habida
cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
formulado por la parte demandante.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201615, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

15 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público17.

No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandante a pesar de haber resultado
vencida, ello al no observarse su causación de acuerdo con el numeral 8.°
del artículo 365 del CGP, en razón del cambio jurisprudencial ocurrido en el
transcurso del proceso con ocasión de la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora
Sandra Aydeé Correa Ahumada contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

16 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
17 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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