Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00650-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00650-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00650-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00650-01 (1579-2025)
Demandante: Diany Landazábal Acevedo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
Dirección de Sanidad Militar
Tema: Reliquidación pensión de jubilación sustituida con la inclusión de
las primas de servicios y de actividad previstas en el Decreto
1214 de 1990
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 20 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1.Las pretensiones
1. Diany Landazábal Acevedo presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declara la nulidad parcial de las resoluciones 3058 del 24 de agosto de 2010, por
medio de la cual la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional le
reconoció una pensión de jubilación por cuota parte a Luis Ramón Gutiérrez Castillo,
y 8442 del 27 de noviembre de 2012, mediante la cual se sustituye la prestación en
su favor, en calidad de cónyuge supérstite; así como la nulidad total del Oficio
OFI18-81985 del 29 de agosto de 2018, a través del cual la Coordinadora del Grupo
de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional negó la reliquidación
1 El 22 de enero de 2019.
2 En adelante CPACA.
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pensional. Lo anterior, porque no fueron incluidas «las correspondientes partidas
adicionales de prima de actividad, prima de servicios y demás beneficios» (sic) de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 1214 de 1990.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación de la pensión
de jubilación sustituida con la inclusión de «las correspondientes partidas adicionales
de prima de actividad y demás beneficios consagrados en el Decreto 1214/90 conforme al
artículo 102, como la prima de servicios» (sic), así como la Ley 352 de 1997 y el Decreto
3062 de igual año; ii) el retroactivo pensional; iii) el cumplimiento de la sentencia de
conformidad con los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iv) la condena en
costas a la entidad demandada.
1.1.2.Fundamentos fácticos
3. Los hechos expuestos en la demanda son los siguientes:
3.1. Mediante la Resolución 3058 del 24 de agosto de 2010, se le reconoció una
pensión de jubilación a Luis Ramón Gutiérrez Castillo, quien falleció el 13 de
septiembre de 2012. Por tal motivo, por medio de la Resolución 8442 del 27 de
noviembre de 2012, la prestación fue sustituida a favor de Diany Landazábal
Acevedo.
3.2. El15 de agosto de 2018, la actora solicitó ante el Ministerio de Defensa,
Comando General, Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares: i) se le
reliquidara la pensión de jubilación sustituida con la inclusión de las partidas
computables, conforme con lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
esto es, primas de servicios, de actividad y subsidio familiar; ii) el pago del
retroactivo pensional; y iii) el pago de la sustitución pensional a futuro y hasta que
su derecho se extinguiera.
3.3. A través del Oficio OFI18-81985 MDNSGDAGPSAP del 29 de agosto de 2018,
la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la entidad negó la anterior
petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 21 del
Código Sustantivo del Trabajo; 55 de la Ley 352 de 1997; 1, 2, 4, 38 y 57 del Decreto
1214 de 1990; 3 del Decreto 3062 de 1997; 1, 3, 7, 10, 111 y 114 del Decreto 1792
de 2000; y 1, 2, 3, 21 y 23 del Decreto 92 de 2007.
5.En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
3 Índice 18, Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo,
«15ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.docx) NroActua 18», link One Drive, documento 01.
EXPEDIENTE DIGITAL 2019-00650-00. Pdf., páginas 297 a 321.
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5.1. Los actos administrativos demandados desconocieron los derechos laborales y
pensionales, toda vez que al negarse la reliquidación de la pensión de jubilación
sustituida se realizó una interpretación errada del régimen salarial y prestacional
aplicable al personal que prestó sus servicios en la Dirección General de Sanidad
Militar.
5.2. Aunque la vinculación del causante fue el 8 de mayo de 1990, es decir, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la administración no
aplicó de forma integral el Decreto 1214 de 1990. La pensión fue liquidada
únicamente con la asignación de retiro y la doceava parte de la prima de navidad,
sin incluir las demás partidas computables previstas en el artículo 102 ejusdem,
entre ellas, las primas de actividad y servicios.
5.3. El cambio de la naturaleza jurídica de las entidades del sector defensa no podían
desconocer los derechos adquiridos de quienes se habían vinculado a la institución
con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
5.4. Pese a que la pensión había sido liquidada con fundamento en las partidas
relacionadas en la hoja de servicios 126 del 26 de octubre de 2009, tal documento
no podía constituir el argumento para impedir la revisión de la liquidación pensional
por la falta de inclusión de factores legalmente computables. Incluso, la prima de
servicios había sido percibido durante la prestación del servicio, pero no fue
incorporada en la liquidación de la prestación.
5.5. Elacto administrativo que negó la reliquidación pensional incurrió en falsa
motivación por haberse sustentado la negativa en la aplicación del Decreto 2701 de
1998, régimen que no era el que correspondía, porque la vinculación del causante
había sido directamente con el Ejército Nacional, perteneciente al sector central, y
no con una entidad descentralizada del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, el
régimen prestacional del causante era el contenido en el Decreto 1214 de 1990 y
las garantías previstas en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de igual año.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones de la
demanda en los siguientes términos4:
6.1. La pensión de jubilación sustituida fue liquidada de conformidad con el régimen
legal especial aplicable a los empleados de la Dirección General de Sanidad Militar.
6.2. El
régimen salarial de los servidores públicos incorporados a la planta de
personal del Ministerio de Defensa Nacional fue objeto de una globalización salarial,
mediante la cual se integraron las primas que aquellos venían percibiendo, sin que
ello hubiese implicado una desmejora en las condiciones laborales. Aunque a
4 Índice 11, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«4_RECEPCIONDEMEMORIAL_CONTESTACIONDEDIAN(.pdf) NroActua 11».
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quienes se habían vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
se les había respetado el régimen prestacional contenido en el Decreto 1214 de
1990, ello no significó que había conservado el régimen salarial allí establecido. En
consecuencia, la prima de actividad por corresponder a un concepto de naturaleza
salarial no podía reconocerse como factor pensional.
6.3. La prima de actividad no hacía parte del título VI del Decreto 1214 de 1993,
relativo al régimen prestacional, sino al título III, correspondiente al régimen salarial.
El hecho de que el causante se hubiese vinculado antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 no le otorgaba el derecho a que ese concepto fuese incluido
en la liquidación pensional.
6.4. Si bien el causante había percibido la prima de actividad entre el 8 de mayo de
1990 y el 1° de marzo de 1996, con la entrada en vigencia del Decreto 171 de 1996,
esta había sido incorporada a la asignación básica, lo que implicó una mejora
salarial. Por lo tanto, desde esa fecha y hasta su retiro no la había percibido
escindida de su salario. En todo caso, durante la vida laboral de Luis Ramón
Gutiérrez Castillo, este no cuestionó la modificación de su régimen salarial ni
reclamó el reconocimiento de la mencionada prima.
6.5. La pensión de jubilación sustituida fue reconocida conforme con el Decreto 2743
de 2010, en concordancia con el Decreto 1214 de 1990, con base en la información
contenida en la hoja de servicios y con el 75% del último salario devengado. Los
servidores de la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa estaban
sometidos a un régimen salarial diferente del establecido en el Decreto 1214 de
1990 y, por ello, no tenían derecho al reconocimiento de la prima de servicios como
factor computable.
6.6. De conformidad con la sentencia de unificación SJ-019-CE-S2-19 del 12 de
diciembre de 2019, los empleados vinculados antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 conservaron el régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990,
mientras que, en materia salarial, estaban sometidos a las normas expedidas para
los servidores de establecimientos públicos del orden nacional y, posteriormente, al
régimen salarial correspondiente a la planta de personal del Ministerio de Defensa.
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia del 20 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo de Santander
negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas con fundamento en
lo siguiente5:
7.1. Con ocasión de los diferentes pronunciamientos judiciales en torno a la
aplicación del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de personal de salud del
5 índice 29, Samai de Tribunales y Juzgados.
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Ministerio de Defensa Nacional, el Consejo de Estado profirió la sentencia de
unificación SUJ -019- CE-S2 del 12 de diciembre de 2019, de acuerdo con la cual:
«el empleado que asumió el cargo al que fue asignado por el Decreto 4783 de 2008,
según la nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
uniformados del sector Defensa, debía comenzar a recibir la asignación básica
establecida por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional. Ahora bien, en cuanto al tema prestacional al no haberse
modificado por parte de la Ley 1033 de 2006, seguirá aplicándose el fijado por la ley 352
de 1997, por ello, los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que
se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su
integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen» (sic).
7.2. Luis Ramón Gutiérrez Castillo se vinculó al Ejército Nacional el 8 de mayo de
1990 y prestó sus servicios hasta el 31 de octubre de 2009. De acuerdo con la
certificación de los periodos de vinculación, inicialmente se desempeñó como
médico al servicio del Ejército Nacional, entre el 8 de mayo de 1990 y el 1° de marzo
de 1996, y posteriormente como profesional especializado, adscrito al Ministerio de
Defensa Nacional, desde el 1° de marzo de 1996 hasta el 31 de octubre de 2009.
7.3. Como consecuencia de la creación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
y su posterior supresión mediante la Ley 352 de 1997, el causante fue incorporado
al Ministerio de Defensa Nacional, circunstancia que, posteriormente, con la entrada
en vigencia de la Ley 1033 de 2006 y la modificación de la planta de personal del
sector defensa, implicó su incorporación a un cargo equivalente dentro de la planta
global de la entidad. En virtud de ello, su régimen salarial fue modificado y a partir
de dicha incorporación quedó sometido a la escala de asignación básica fijada por
el gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa.
7.4. En torno al régimen prestacional, comoquiera que el causante laboró en
Ecopetrol y se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su pensión de jubilación fue reconocida
por tiempo discontinuo y liquidada de conformidad con lo previsto en el artículo 99
del Decreto 1214 de 1990, por virtud de las garantías otorgadas en la Ley 352 de
1997 y el Decreto 3062 de igual año. Por lo tanto, los factores que debían integrar
su prestación eran los determinados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
No obstante, según la certificación de servicios y las partidas computables
devengadas por el causante durante el último año de servicio únicamente percibió
el sueldo básico y la doceava parte de la prima de navidad.
7.5. Con base en lo anterior, si bien el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 incluyó
otras partidas susceptibles de ser incluidas en la liquidación de las prestaciones
sociales, para efectos de la pensión solo podían tenerse en cuenta aquellas
devengadas en el último año de servicio. Razón por la cual «no es posible que sean
incluidas las partidas computables de prima de servicios, prima de actividad y subsidio
familiar a las que hace referencia la parte actora en el escrito de demanda, toda vez, que
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como se evidenció no fueron devengadas por el señor Luis Ramón Gutiérrez Castillo
(q.e.p.d) en el último año de servicios» (sic).
7.6. La parte demandante actuó con argumentos razonables en la defensa de sus
intereses y, por lo tanto, no condenó en costas.
1.4. El recurso de apelación
8. Laparte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así6:
8.1. La discusión no se limitaba a establecer cuáles fueron las partidas percibidas por
el causante durante el último año de servicio, sino en determinar si, en atención a
la fecha de vinculación, tenía derecho a que la pensión se liquidara con las partidas
computables previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
8.2. Los artículos 55 de la Ley 352 de 1997 y 3 del Decreto 3062 de igual año,
garantizaron la aplicación integral del título VI del Decreto 1214 de 1990 a los
servidores que se habían vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 y que posteriormente fueran incorporados a la planta de personal de salud
del Ministerio de Defensa, por lo que tenía derecho a solicitar la inclusión de las
primas de actividad y servicio.
8.3. El causante se vinculó al servicio el 8 de mayo de 1990 y, por lo tanto, tenía
derecho a que se incluyera la prima de actividad como partida computable en la
liquidación de su pensión. Lo anterior, porque la desaparición de la mencionada
prima de la remuneración durante la prestación del servicio obedeció a las
modificaciones realizadas al régimen salarial con ocasión de las transformaciones
normativas al sistema de salud de las Fuerzas Militares, y no a que el causante
hubiese perdido el derecho derivado de su régimen prestacional.
8.4. El tribunal debió distinguir entre los conceptos que fueron pagados durante el
servicio y aquellos que, conforme con el régimen prestacional que conservaba,
debían ser considerados para efectos de la liquidación pensional. Por ello, la
supresión de la prima de actividad en el régimen salarial no podía traducirse en el
desconocimiento de los derechos prestacionales adquiridos bajo el Decreto 1214
de 1990.
8.5. La aplicación integral del título VI del Decreto 1214 de 1990 comprendía el
derecho a que la pensión se liquidara con las partidas señaladas en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990. Tal protección no podía reducirse al reconocimiento de
la prestación con el 75% del salario, pues de ser así, carecería de sentido la
expresión «en su integridad» allí prevista por el legislador.
6 índice 33, Samai de Tribunales y Juzgados.
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8.6. La sentencia recurrida desconoció el principio de progresividad y las garantías
previstas en el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que, en atención a la
fecha de vinculación del causante, tenía derecho a que se le aplicara en su
integridad el régimen prestacional contenido en el Decreto 1214 de 1990, admitir
una modificación posterior afectó los derechos adquiridos. El tribunal sustentó su
decisión en supuestas «compensaciones» previstas en la Ley 352 de 1997 y el
Decreto 3062 de igual año, pese a que tales normas no hacían referencia a esa
figura.
8.7. La interpretación que el a quo hizo de la sentencia de unificación SUJ-019-CE-
S2 del 12 de diciembre de 2019 fue errada, porque, en efecto, ese fallo distinguió
entre el régimen salarial y el prestacional de los empleados civiles vinculados al
sistema de salud de las Fuerzas Militares y precisó que los servidores vinculados
antes de la Ley 100 de 1993 conservaban en materia prestacional la aplicación
integral del Decreto 1214 de 1990. En materia salarial, aceptó que las
modificaciones introducidas por la Ley 1033 de 2006 y los decretos 92 de 2007 y
4783 de 2008 determinaron la aplicación de una nueva nomenclatura y de escala
salarial para los empleados civiles no uniformados del sector defensa. Es decir, no
modificó el régimen prestacional protegido por la Ley 352 de 1997. Por lo tanto, la
pensión de jubilación sustituida debió liquidarse con las partidas computables
previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, pues el régimen prestacional
constituía un derecho adquirido.
8.8. Dentro del expediente obraban pruebas de que el causante había devengado la
prima de servicios durante su último año de servicio, por lo que, se encontraba
acreditado el presupuesto para ordenar la liquidación al menos por ese concepto.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.
10. No obstante, la Nación, Ministerio de Defensa se pronunció para solicitar que se
confirmara la sentencia recurrida, toda vez que no había lugar a la reliquidación de
la pensión de jubilación con la inclusión de las primas de actividad y de servicios,
pues desde 1996 estos conceptos habían sido incorporados a la asignación básica
del causante, lo que se evidenció en la hoja de servicios 126. Asimismo, la entidad
debía sujetarse a la información allí contenida y no podía reconocer nuevamente
esos factores, lo contrario implicaría un doble reconocimiento por iguales
prestaciones8.
10.1. Para realizar una eventual reliquidación con base en el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990, sería necesario discriminar la asignación básica que percibía el
7 Tal y como se indicó en el auto del 3 de septiembre de 2025. Índice 4 de Samai.
8 Índice 8 de Samai.
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causante antes de la incorporación de las primas, de modo que no se generara un
incremento pensional indebido y el desconocimiento del derecho a la igualdad con
respecto de otros servidores.
10.2. En todo caso, la carga de la prueba para desvirtuar la legalidad de los actos
demandados correspondía a la parte accionante.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto9.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
13. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿si Diany Landazábal Acevedo tenía derecho a que se reliquidara la
pensión de jubilación a ella sustituida con la inclusión de las primas de actividad y
de servicios previstas en el Decreto 1214 de 1990?
14. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo del régimen
aplicable al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 y, además, los criterios expuestos en
la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019; y segundo, se resolverá el
caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. El régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de 1990
15. ElDecreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional», fue expedido
por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
9 De acuerdo con lo relacionado en el acta secretarial del 1 de octubre de 2025. Índice 9 de Samai.
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conferidas por la Ley 66 de 198910. En este, el personal civil, estaba conformado
por las personas que prestaran sus servicios en el despacho del ministro, en la
Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional; por el
contrario, no tendrían tal condición, aquellas personas que se desempeñaran en los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos
o vinculados al Ministerio de Defensa.
16. En los Títulos III y VI, se reguló lo concerniente a las asignaciones, primas y
subsidios y la seguridad y bienestar social, respectivamente, así:
Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
Asignaciones: serían las determinadas
35
por las disposiciones legales vigentes.
Prima de actividad: 20% del sueldo
38
básico mensual.
39 Prima de alimentación Partidas computables
43 Prima de navidad para prestaciones
Prima de servicio: quienes cumplieran 15 sociales:
años de servicios continuos o
discontinuos, tendrían derecho a una - Sueldo básico
46 prima mensual de servicio y se liquidaría - Prima de servicio
así: «[a] los quince (15) años, el diez por 102 - Prima de
ciento (10%); por cada año que exceda de los alimentación
quince (15), el uno por ciento (1%) más». - Prima de actividad
Prima de servicio anual: equivalente al - Subsidio familiar
50% de la totalidad de haberes - Auxilio de transporte
devengados en el mes de junio del - 1/12 de la prima de
47
respectivo año, la cual se pagaría dentro navidad
de los primeros 15 días del mes de julio
de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte
17. Posteriormente, en el artículo 279, la Ley 100 de 1993 dispuso que el Sistema
Integral de Seguridad Social no se aplicaría a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, «ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, [...]».
Asimismo, en el artículo 248, facultó al gobierno nacional para que organizara el
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto 121411.
18. Luego, con el Decreto 352 del 11 de febrero de 1994 expedido por el presidente
10 «[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore
para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen
de la vigilancia privada».
11 En lo atinente a: organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad,
organización funcional, régimen que incluyera normas científicas y administrativas, régimen de
prestación de servicios de salud, entre otras.
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de la República, estableció la estructura orgánica, objetivos y funciones del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional [Inssponal]. Respecto
de los regímenes salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
«Artículo 20. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores oficiales
del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional, para efectos
de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios, se
regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el
Gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho
organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia de la
Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido para la
entidad.
Artículo 21. Régimen prestacional. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto, para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
quedarán sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud establecidos
en la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les
aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia
el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las Direcciones de
Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra dependencia de la Policía Nacional, y
por lo tanto se hallen sometidos al régimen establecido en el Decreto-ley 1214 de
1990, e ingresen al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuarán cobijados por el régimen de seguridad y bienestar social
establecido en el Título VI del precitado Decreto-ley 1214 de 1990.» [se resalta]
19. Asimismo, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la
Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 1301 del 22 de junio de
199412, en el cual se organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del
personal no uniformado de la Policía Nacional, así como el de sus entidades
descentralizadas [SMP], así:
«Artículo 29. Estructura organizacional. La estructura organizacional del SMP es
la siguiente:
[...]
2 Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
12 «[P]or el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
del personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir
de la vigencia de la Ley 100 de 1993»
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a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a.2 Nivel Regional.
a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
a.2.1. Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
[...]»
20. Igualmente, organizó los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la
Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional. Quienes laboraran en estos, tendrían
el carácter de empleados público y, quienes realizaran actividades de carácter
operativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, serían trabajadores
oficiales. El régimen salarial y prestacional de estos, fue reglamentado de la
siguiente manera:
Régimen salarial Régimen prestacional
Artículo 88. Régimen salarial del personal. Artículo 89. Régimen prestacional del
Los empleados públicos y trabajadores personal. Los empleados públicos y
oficiales del Instituto de Salud de las trabajadores oficiales del Instituto de Salud
Fuerzas Militares y del Instituto para la de las Fuerzas Militares y del Instituto para
Seguridad Social y Bienestar de la Policía la Seguridad Social y Bienestar de la
Nacional para efectos de remuneraciones, Policía Nacional, quedarán sometidos al
primas, bonificaciones, viáticos, horas régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
extras y subsidios se regirán por las normas relativo a las demás prestaciones sociales
legales que para esta clase de servidores se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988
establezca el gobierno nacional. y normas que lo modifiquen y adicionen.
En consecuencia, los empleados públicos y Parágrafo. En concordancia con lo
trabajadores oficiales de dichos establecido en el artículo 279 de la Ley 100
organismos para efectos de de 1993, los empleados públicos y
remuneraciones, primas, bonificaciones, trabajadores oficiales que ingresen al
viáticos y subsidios, no se regirán por las instituto de Salud de las Fuerzas Militares o
normas establecidas para el personal civil al Instituto para la Seguridad Social y
del Ministerio de Defensa Nacional. Bienestar de la Policía Nacional y se
hubieren vinculado al Ministerio de Defensa
Parágrafo. Los empleados públicos y Nacional o a la Policía Nacional antes de la
trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán
vigencia el presente Decreto se encuentren cobijados por el Título VI del Decreto-ley
prestando servicios en el Ministerio de 1214 de 1990.
Defensa Nacional y que ingresen al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se
someterán al régimen salarial establecido
para la entidad respectiva.
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21. Con la Ley 352 de 199713 fue que el sistema de salud de la fuerza pública y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 fue reestructurado. Para tal efecto, (i)
se creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
Comando General de las Fuerzas Militares [artículo 9] y la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de esta [artículo 15];
y (ii) se ordenó la supresión de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 62 de 1993. En lo que concernía al personal y el
régimen salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
21.1. Personal: los empleados públicos y trabajadores oficiales que prestaban sus
servicios en los institutos mencionados se incorporaron a las plantas de personal de
salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, «conforme a la
reglamentación especial que al respecto expid[iera] el Gobierno Nacional, garantizando los
derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional».
21.2. Régimen prestacional: los empleados públicos y trabajadores oficiales de los
institutos se incorporarían a las plantas de personal de salud del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a estas entidades
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuaría «aplicando en su
integridad el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990» o las normas que lo modificaran o
adicionaran.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran al Ministerio
de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la presente ley, quedarían
sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no contemplado en esta, se les
aplicaría lo dispuesto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.
21.3. Régimen salarial: los empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporaran a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la
Policía Nacional, continuarían sometidos al mismo régimen salarial que se les
aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la
Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional, según fuera el caso.
22. En el artículo 65, derogó «el Decreto 1301 del 22 de junio de 1994, la Ley 263 del 24
de enero de 1996, el artículo 35, numeral 5 de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, el
Decreto-ley 352 del 11 de febrero de 1994 y demás disposiciones que le fueran contrarias».
23. Después, con la expedición de la Ley 1033 de 200614, se estableció «un régimen
13
«[P]or la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.»
14 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan
y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política».
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de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional».
24. En esta norma, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para que (i) expidiera normas con fuerza de ley que contuvieran el
sistema especial de carrera del Sector Defensa para el ingreso, permanencia,
ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los
empleados civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional [artículo 2]; y (ii) estableciera todas las características y
disposiciones que fuera competencia de la ley referentes a su régimen de personal.
Igualmente, para que expidiera normas con fuerza de ley para modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las
entidades que integraban el sector defensa [artículo 3].
25. Estas facultades se ejercerían con sujeción a parámetros como los siguientes: (i)
unificar el régimen de administración de personal que aplicaba al personal civil
vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa; (ii) conservar y
respetar al personal civil al servicio del sector defensa, todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos o establecidos conforme
con las disposiciones normativas anteriores a la fecha de la ley; y (iii) modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, adecuar sus
funciones y los requisitos de los empleos de las entidades que integraban el sector
defensa, a las necesidades del servicio; entre otras.
26. El artículo 2º fue desarrollado por el Decreto 91 de 2007 15 «por el cual se regula el
Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia
de administración de personal» y, el artículo 3º, por el Decreto 9216 de la misma
anualidad, «por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación
de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa», en los cuales se
dispuso lo siguiente:
Decreto 91 de 2007 Decreto 92 de 2007
Artículo 32. Plantas de personal. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
Las plantas de personal que contenidas en este decreto son aplicables a los
conforman las entidades del empleos públicos de las entidades que conforman el
Sector Defensa son globales, sin Sector Defensa.
perjuicio de que se encuentren
reguladas en actos Artículo 4°.Niveles jerárquicos de los empleos del
administrativos distintos, como se Sector Defensa. Los empleos públicos del Sector
enuncia a continuación: Defensa, [...] se clasifican según la naturaleza
general de sus funciones, las competencias y los
1. Planta de Personal del requisitos para su desempeño, en los siguientes
Ministerio de Defensa Nacional: niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor,
15 «[P]or el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal».
16 «[P]or el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos
de las entidades que integran el Sector Defensa».
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Comprende los empleos públicos Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y
del personal civil y no uniformado Nivel Asistencial.
asignado a la Unidad Gestión
General del Ministerio de Artículo 5°.Nivel Directivo. Comprende los empleos
Defensa, Comando General de que tengan asignadas funciones de dirección
las Fuerzas Militares, Comandos general, de formulación de políticas institucionales y
de Fuerza, Policía Nacional, de adopción de planes, programas y proyectos.
Dirección General de Sanidad
Militar, Dirección General Artículo 6°.Nivel Asesor. Comprende los empleos
Marítima, Justicia Penal Militar. que tengan asignadas funciones de asistencia en
materias directas o de apoyo con la seguridad y
2. Planta de Personal de las defensa, incluida el área misional de salud, así como
Entidades Descentralizadas, las de aconsejar y asesorar a la alta dirección del
Adscritas y Vinculadas: Sector Defensa, y a los servidores públicos
Comprende los empleos públicos uniformados y no uniformados, de las entidades y
del personal civil y no uniformado dependencias que conforman el Sector Defensa.
y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, [...]
adscritas y vinculadas, en el
entendido que cada una de ellas
tienen su planta de personal
independiente.
27. En el artículo 19 del Decreto 92 antes citado, se ordenó que las equivalencias de
los empleos públicos del sector defensa (i) no podían desmejorar la situación salarial
de los empleados civiles no uniformados del sector defensa; y (ii) la nomenclatura y
la equivalencia de empleos no afectarían los derechos prestacionales, sino que
continuarían rigiéndose por las disposiciones que regulaban la materia o por las que
las modificaran o sustituyeran. Asimismo, se previó que en el decreto que fijara los
sueldos para el personal uniformado, se establecerían «los correspondientes a los
empleados civiles no uniformados del sector defensa, y el porcentaje de aumento [estaría]
sujeto como mínimo al señalado para los servidores públicos del orden nacional».
28. Por su parte, en el artículo 20 se reguló que cada organismo expediría la Tabla
de Organización «TO» de cada entidad, en la cual se ajustarían y se harían las
equivalencias de los empleos, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
prevista en el mismo decreto. Este ajuste y modificación de la planta de personal
fue aprobado por el Decreto 4783 de 200817 y, en el artículo 6º, previó lo que se
transcribe a continuación:
«Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente decreto
se encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán incorporados en
los cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en un término máximo
de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación y continuarán
percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan
actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados.»
17 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos
del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras
disposiciones.»
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29. Desde esa fecha, el gobierno nacional ha expedido los decretos anuales que
regularon las escalas de asignación básica de los empleados civiles no uniformados
del ministerio, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las fuerzas
militares y la Policía Nacional, estos son los decretos 674 de 2008, 738 de 2009,
1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018, 1012 de 2019, 308 de 2020, 977
de 2021, 467 de 2022, 911 de 2023, 306 de 2024, 616 de 2025 y 316 de 2026.
2.3.2. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-S2 de 2019
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
30. En consideración a la disparidad de criterios jurisprudenciales que se
presentaban en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional del
personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado
a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención
al desarrollo normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, entre otras
disposiciones, la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006,
el Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008, esta corporación, en sentencia
del 12 de diciembre de 2019, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés,
unificó su jurisprudencia y estableció las siguientes reglas:
1. En materia salarial: Los empleados públicos
vinculados e incorporados20 al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
por el gobierno nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano
del nivel descentralizado, no se regían por las normas
establecidas para el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.
Entre la vigencia del 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen
Decreto 1301 de 199418 y aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
de la Ley 352 de 199719. empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En
lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el
Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o
adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
18 Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994.
19 Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997.
20Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se
encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares.
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Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del
A partir de la vigencia de Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
la Ley 352 de 1997, los salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
empleados públicos que del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6
antes prestaban sus Decreto 3062 de 1997).
servicios en el Instituto de 2. En materia prestacional los empleados públicos del
Salud de las Fuerzas Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a
Militares y que fueron la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
incorporados a la planta Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia
de salud del Ministerio de de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el
Defensa Nacional, dejaron Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
de pertenecer al sector adicionen.
descentralizado.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de
1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
(Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
200721 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
con fundamento en la nomenclatura y clasificación
especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no
uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
con base en la nueva nomenclatura.
Con la Ley 1033 de 2006
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
se unificó el régimen de
vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
administración de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
personal que se aplica al
debieron continuar percibiendo la remuneración
personal civil vinculado a
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
los Organismos y
entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
Dependencias del Sector
ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
Defensa. Por ello, los
empleos públicos del
2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
personal civil no
al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
uniformado asignados a
de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
la Dirección General de
especial para los empleados civiles no uniformados del
Sanidad Militar
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
pertenecen a la planta de
fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles
personal del Ministerio de
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional22.
Defensa Nacional.
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió
continuar percibiendo la remuneración correspondiente al
empleo que antes desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el gobierno para los empleos
21 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
22 Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
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de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional23. Efectuada la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto, se mantiene
el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
2.4. Lo probado
31. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
31.1. Luis
Ramón Gutiérrez Castillo y Diany Landazábal Acevedo contrajeron
matrimonio el 28 de junio de 198724.
31.2. Luis Ramón Gutiérrez Castillo prestó sus servicios a la Empresa Colombiana
de Petróleos, hoy Ecopetrol S.A., en el cargo de profesional I, a través de contrato
a término fijo desde el 18 de mayo de 1987 hasta el 17 de mayo de 1988 25.
31.3. Posteriormente, ingresó al Ejército Nacional el 8 de mayo de 1990 hasta el 1°
de marzo de 1996 en el cargo de médico, última fecha en la que pasó a la Dirección
General de Sanidad Militar en el cargo de profesional especializado, código 2028,
grado13, hasta el 31 de octubre de 201026.
31.4. A través de la Resolución [ilegible] del 18 de noviembre de 2009, fue retirado
del servicio por tener derecho a una pensión de jubilación, «del cargo de profesional
especializado, código 2028, grado 13, perteneciente a la planta de personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa Nacional- Dirección General de Sanidad Militar al
servicio de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional- Batallón A.S.P.C. No 5
“MERCEDES ABREGO”, con sede en Bucaramanga» (sic)27.
23 Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
24 Conforme con el registro civil de matrimonio, visible a índice 11 de Samai de Tribunales y
Juzgados, archivo «3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf) NroActua 11»,
páginas 120 y 121.
25 De conformidad con los certificados de periodos de vinculación laboral para bonos pensiones y
pensiones consecutivo RSPMMO129 del 12 de abril de 2010 y del 12 de abril de 2010 suscrito por
la jefe regional de servicios al personal Magdalena Medio, visibles a índice 11 de Samai de
Tribunales y Juzgados, archivo «3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf)
NroActua 11», páginas 27 a 29.
26 Según los certificados de periodos de vinculación laboral para bonos pensiones y pensiones
consecutivo 9 del 6 de mayo de 2010 y del 14 de julio de 2009 suscrito por el jefe de la División de
Administración y Desarrollo de Personal de la Dirección General de Sanidad Militar, visibles a índice
11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf) NroActua 11», páginas 44 y 37,
respectivamente.
27 Página 9.
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31.5. Mediante la Resolución 3058 del 24 de agosto de 2010, la Secretaría General
del Ministerio de Defensa Nacional le reconoció una pensión de jubilación por
tiempo discontinuo, equivalente al 75% de los haberes computables para las
prestaciones sociales devengados, esto es, el sueldo básico y la doceava parte de
la prima de navidad. En la parte motiva del acto se anotó lo siguiente:
«Que según Hoja de Servicio No. 126 del 26 de octubre de 2009, suscrita por el Director
General de Sanidad Militar, el ex - Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13,
LUIS RAMON GUTIERREZ CASTILLO, al servicio de la Dirección General de Sanidad
en el Ejército Nacional, fue dado de alta el 8 de mayo de 1990 y fue dado de baja el día
31 de octubre de 2009, (folio 3).
Que el señor GUTIERREZ CASTILLO, cuenta con 58 años de edad, toda vez que nació
el 14 de octubre de 1951, según consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía y en
la copia auténtica del correspondiente Registro Civil de Nacimiento, (folios 4 y 49).
Que analizados los antecedentes prestacionales se pudo establecer que el señor LUIS
RAMON GUTIERREZ CASTILLO, prestó sus servicios al Estado, así:
ECOPETROL A M D
Del 18 de mayo de 1987 al 17 de mayo de 1988 (folios 23 y 24) 01 00 00
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Del 8 de mayo de 1990 al 31 de octubre de 2009, 19 09 00
Incluida la diferencia de año laboral (folios 3 y 39)
TOTAL 20 09 00
Que el artículo 99 del Decreto 1214 de 1990, establece: "PENSION DE JUBILACION
POR TIEMPO DISCONTINUO. El empleado público del Ministerio de Defensa o de
la Policía Nacional que sirva veinte (20) años discontinuos al Ministerio de
Defensa, a la Policía Nacional o a otras Entidades Oficiales, y llegue a la edad de
cincuenta y cinco (55) años si es varón, o cincuenta (50) años si es mujer, tendrá
derecho a partir de la fecha de su retiro a que por el Tesoro Público se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del último salario devengado, tomando como base las partidas señaladas en el artículo
102 de este Estatuto", (negrilla y subrayado fuera de texto).
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 99 del Decreto 1214 de 1990, por los
servicios prestados por el citado ex - Funcionario, una vez realizada la consulta de la
respectiva cuota parte pensional, hay lugar al reconocimiento y pago de la Pensión
Mensual de Jubilación en cuantía equivalente al 75% de los haberes computables para
prestaciones sociales que fueron los siguientes, (folio 3):
SUELDO BASICO $ 2.257.412.00
1/12 PRIMA DE NAVIDAD $188.118.00
TOTAL $ 2.445.530,00
» (sic).
31.6. Lo anterior, resultó en una mesada pensional de $1.834.148, a partir del 31 de
octubre de 2009, de conformidad con el artículo 99 del Decreto 1214 de 1990. Para
efectos de determinar el porcentaje correspondiente al tiempo prestado en
Ecopetrol, se aplicó la siguiente distribución: Ecopetrol 4.82%, equivalente al valor
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de $88.406; y Ministerio de Defensa Nacional 95.18%, por el valor $1.834.14828.
31.7. Luis Ramón Gutiérrez Castillo falleció el 13 de septiembre de 201229.
31.8. Por medio de la Resolución 8442 del 27 de noviembre de 2012, se sustituyó la
pensión de jubilación a partir de la fecha del fallecimiento del causante a favor de
Diany Landazábal Acevedo, en su calidad de cónyuge supérstite, en igual cuantía y
porcentaje asignado al ex profesional especializado, código 2028, grado 13 30.
31.9. El 15 de agosto de 2018, la actora solicitó ante el Ministerio de Defensa: i) se le
reliquidara la pensión de jubilación sustituida con la inclusión de las partidas
computables, conforme con lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
esto es, primas de servicios, de actividad y subsidio familiar; ii) el pago del
retroactivo pensional «a partir del momento de adquisición del derecho, hasta la fecha de
pago efectivo» (sic); y iii) el pago de la sustitución pensional «de manera integral, bajo
la inclusión de las partidas adicionales señaladas anteriormente, hacia el futuro y hasta que
el derecho a su pensión de jubilación sea extinguido» (sic), entre otras31.
31.10. A través del Oficio OFI18-81985 MDNSGDAGPSAP del 29 de agosto de 2018,
la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la entidad negó la petición
con fundamento en que «[c]omo se puede evidenciar de la lectura de la norma la pensión
fue liquidada teniendo en cuenta las partidas computables reportadas en la Hoja de
Servicios N° 126 de fecha 26 de octubre de 2009, expedida por la respectiva fuerza para
su caso la DGSM, acto administrativo este que goza de presunción de legalidad y se
encuentra ejecutoriado en firme, en ese orden de ideas esta coordinación tiene en cuenta
el contenido del mismo sin lugar a incidir en los parámetros para su realización y dichas
partidas están claramente descritas en el la resolución N° 3058 del 24 de agosto de 2010,
en su parte considerativa, por lo anterior no haya lugar a reliquidación de partidas
computables» (sic)32.
31.11. Al proceso se aportó el expediente administrativo en el cual obra: i) la hoja de
servicios 126 del 26 de octubre de 2009 en la que se indica que el causante percibió
las partidas computables para prestaciones sociales de sueldo básico y 1/12 prima
de navidad33; y ii) la certificación del 4 de noviembre de 2009 expedida por el
coordinador del Grupo de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad
Militar, en el que se hizo constar que el causante laboró en esa institución desde el
8 de mayo de 1990 hasta el 31 de octubre de 2009, fecha en la cual se retiró del
28 índice 11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf) NroActua 11», páginas 64 a 70.
29 índice 11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf) NroActua 11», página 89.
30 índice 11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf) NroActua 11», página 130 a 132.
31 índice 11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«5_RECEPCIONDEMEMORIAL_ANTECEDENTES(.pdf) NroActua 11».
32 índice 11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«7_RECEPCIONDEMEMORIAL_RADICADO_OFI1881985(.pdf) NroActua 11»
33 índice 11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf) NroActua 11», página 5.
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servicio por pensión de jubilación y devengó los siguientes haberes34:
Concepto Valor devengado Valor deducido Saldo
Sueldo básico $2.257.412,00
Fondo de solidaridad $22.574,00
en pensiones
Aporte salud 4% $90.296,00
Crediservicios S.A. $442.591,00 $12.835.139,00
Asoc. Serv. Pub. Sist. $45.148,00
Salud FFMM y Pol.
Nac.
Valor total devengado $2.257.412,00
Valor total deducido $600.609,00
Valor neto a pagar $1.656.803,00
2.5.Caso concreto
32. En criterio de la parte demandante, la pensión debía ser reliquidada porque no
se incluyó la totalidad de las partidas previstas en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, en particular, las primas de actividad y de servicios.
33. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la sentencia de unificación SUJ-19-CE-S2 del 12 de diciembre de
2019 estableció que los empleados civiles no uniformados del sector defensa
vinculados antes de la Ley 100 de 1993 conservaron el régimen prestacional
previsto en el Decreto 1214 de 1990, por lo que, comoquiera que el causante estuvo
vinculado al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa entre los años 1990 y 2009,
su pensión había sido reconocida con fundamento en ese régimen. No obstante,
para su liquidación solo podían incluirse los factores salariales devengados durante
el último año de servicio. Como en ese periodo únicamente percibió el sueldo básico
y 1/12 de la prima de navidad, no era procedente incluir los demás emolumentos
reclamados, esto es, las primas de servicios y de actividad, y el subsidio familiar.
34. La demandante apeló la anterior decisión al considerar que la controversia no
podía limitarse a identificar las partidas percibidas por el causante durante el último
año de servicios, sino en determinar si, por la vinculación de este con anterioridad
a la Ley 100 de 1993, tenía derecho a la aplicación integral del Decreto 1214 de
1990. Además, las leyes 352 de 1997 y 1033 de 2006 no habían modificado tal
régimen.
35. Asimismo, la supresión de las primas durante el servicio obedeció a
modificaciones salariales y no implicó la pérdida de los derechos prestacionales
adquiridos. Que el a quo había interpretado erróneamente la sentencia de
unificación SUJ-19-CE-S2 del 12 de diciembre de 2019 y que, además, existían
pruebas de que el causante percibió, al menos en el último año, la prima de
34 índice 11 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«3_RECEPCIONDEMEMORIAL_EXPEDIENTEPRESTACIO(.pdf) NroActua 11», página 7.
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servicios.
36. De las pruebas que reposan en el expediente, se extrae que el causante se
vinculó el 8 de mayo de 1990, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, de manera que su régimen prestacional se regía por el Decreto 1214
de 1990, lo que no fue objeto de discusión.
37. Como se expuso en el marco jurídico, el artículo 102 del Decreto 1214 de 1992
dispuso cuáles serían las partidas computables para liquidar las pensiones de
jubilación de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales, estas
eran: sueldo básico, prima de servicio, prima de alimentación, prima de actividad,
subsidio familiar, auxilio de transporte y la doceava de la prima de navidad.
38. Entonces, pasa la Sala a determinar si procede la inclusión de las primas de
servicios y actividad.
2.5.1. En torno a la prima de servicios
39.Al reconocer la pensión, la entidad solo incluyó el sueldo básico y la doceava de
la prima de navidad; sin embargo, la demandante sostuvo que la controversia no
debía limitarse a las partidas percibidas por el demandante en el último año, sino a
establecer si, por su vinculación anterior a la Ley 100 de 1993, tenía derecho a la
aplicación integral del Decreto 1214 de 1990 que contenía la indicada prima. Lo
anterior, toda vez que las modificaciones salariales introducidas por las leyes 352
de 1997 y 1033 de 2006 no afectaban sus derechos prestacionales adquiridos y
que, en todo caso, se había interpretado erradamente la sentencia de unificación,
pese a existir prueba del pago de la prima de servicios.
40.Pues bien, el artículo 46 del Decreto 1214 de 1990 estableció la prima de servicio,
en los siguientes términos:
«Artículo 46. Prima de servicio. Los empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional, a partir de la fecha en que cumplan 15 años de
servicios continuos o discontinuos como tales en el Ministerio de Defensa, en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, tienen derecho a una prima mensual
de servicio, que se liquidará sobre el sueldo básico, así: A los quince (15) años,
el diez por ciento (10%); por cada año que exceda de los quince (15), el uno por
ciento (1%) más.»
41.A su turno, en el artículo 47 ibidem se dispuso que también se reconocería una
prima de servicios anual, en los siguientes términos:
«Artículo 47. Prima de servicio anual. Los empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional, tendrán derecho al pago de una prima de servicio
anual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los haberes
devengados en el mes de junio del respectivo año, la cual se pagará dentro de los
primeros quince (15) días del mes de julio de cada año.
Parágrafo 1. A quienes se encuentren en comisión del servicio en el exterior, la
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prima de que trata este artículo se les pagará en pesos colombianos, liquidada
sobre los haberes que devengarán si estuviesen prestando sus servicios en la
guarnición de Bogotá.
Parágrafo 2. Cuando el personal a que se refiere este artículo no haya servido el
año completo, tendrá derecho al pago de esta prima a razón de una duodécima
(1/12) parte por cada mes completo de servicio, liquidada con base en los haberes
devengados en el último mes.»
42.Y, en el artículo 102 —como supra se indicó— se dispuso que una de las partidas
computables para las prestaciones sociales sería la prima de servicio.
43. Ahora, los criterios para definir si debe o no incluirse la prima de servicios
certificada no han sido pacíficos, pues se han propuesto 2 interpretaciones:
43.1. Interpretación 1: en cumplimiento de los Decretos 171 de 1995 [para el Ejército
Nacional] y 1407 de 1995 [para la Policía Nacional], la prima de servicios fue incluida
en la asignación básica y, por lo tanto, es improcedente reliquidar la pensión con
este factor salarial.
43.2. Interpretación 2: sí es procedente por orden del artículo 102 del Decreto 1214
de 1990 y, además, porque aun cuando se pague de manera anual, debe
reconocerse en una doceava.
44.Respecto de la interpretación 1, en la sentencia proferida el 5 de octubre de
202335 se expuso lo siguiente:
«En este orden de ideas; y si bien es cierto, que de conformidad con el análisis
normativo y la jurisprudencia de unificación explicada, Nubia Patricia Fajardo
Henao tiene derecho a que la pensión se le liquide de conformidad con los
emolumentos anunciados en el artículo 102 del Decreto 1214; también lo es, que
del cotejo realizado entre lo previsto en esta norma; con los factores devengados
por ella en el último año36, y aquellos que se le incluyeron en la resolución de
reconocimiento pensional, la Sala concluye que no se debe acceder a ordenar la
reliquidación; dado que, por Resolución 1498 de 2009 la entidad demandada
reconoció la pensión de jubilación con la inclusión del “sueldo básico y 1/12 prima
de navidad”; pues la actora no devengó en el último año los factores de los cuales
ruega su amparo.
Sumado a que, la prima de actividad no será incluida en la asignación básica; ya
que, según el valor reconocido tal factor se encuentra incluido en la remuneración
mensual; tal y como lo dijo el Tribunal. Suerte que también corre la prima de
servicios; por lo que, la Sala considera que los actos demandados se ajustan a
derecho; y en tal sentido la sentencia apelada se confirma.»
45.Esta consideración obedeció a que el a quo indicó lo que a continuación se
transcribe37:
35 Radicación 25000-23-42-000-2017-05116-01 (0239-2021).
36
Folio 9 a 10
37 Según los antecedentes narrados en la sentencia.
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«si bien, podría pensarse en la inclusión de la prima de servicios; lo cierto es que,
la remuneración a que hace referencia el literal b) del artículo 102 del Decreto
1214 de 1990 es la contenida en el artículo 46 de esa norma, la cual prevé su
reconocimiento una vez se cumplan 15 años de servicios y su monto se estima en
un 10% aumentado en un 1% por cada año que sobrepase los 15, prestación que
difiere en modo de pago y cuantía, con la percibida por la actora, pues esa se
determina en un 15% de la asignación básica mensual, los incrementos de
remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-ley 1042 de 1978
o normas que lo modifiquen, gastos de representación, auxilios de alimentación y
de transporte, y bonificación por servicios prestados articulo 55 y 56 del Decreto
2701 de 1988.
[...] aceptar lo pretendido por la parte actora generaría una doble inclusión de las
partidas computables previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
habida cuenta que según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 171 de 1996 “al
momento de incorporarse al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares tales
emolumentos hicieron parte del sueldo básico”».
46.Para la interpretación 2, se citan 3 ejemplos: en la sentencia del 11 de noviembre
de 202138, se ordenó la liquidación con esta prima porque debía comprenderse que
se trataba de la prevista en el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990:
«Sin embargo, en aquel cálculo no se incluyó la prima de servicios que la libelista
devengó y que constituía otra de las partidas computables para tal efecto como se
precisó con antelación, por lo que debe ordenarse la reliquidación pensional
deprecada con base en este emolumento adicional, tal como se determinó en la
sentencia precitada.
No obstante, al verificar el referido certificado laboral, se observa que la prima de
servicios en comento corresponde a aquella que se concede anualmente de
acuerdo con el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990, de suerte que su cómputo
en la base de liquidación pensional debe efectuarse en una doceava parte del
valor pagado por dicho concepto, toda vez que la prestación de vejez otorgada a
la señora Navarro Patrón se abona de manera mensual.» [se resalta]
47.Después, en la sentencia del 3 de noviembre de 2022 se expuso que, al margen
del régimen salarial aplicable, era procedente su inclusión cuando el interesado
demostrara que la devengó, en razón a que así lo dispuso el artículo 102 del Decreto
1214 de 199039:
«Ahora, en razón a que se determinó que la demandante es beneficiaria del
régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990 y que por lo tanto su pensión debe
ser calculada con base en los haberes señalados en el artículo 102 ibidem (ello
siempre y cuando los hubiese devengado), resulta evidente para la Sala que ante
el reconocimiento de la asignación básica, la prima de servicios y la prima de
navidad, las cuales se encuentran consagradas en la norma en mención, en efecto
tales factores tienen que ser computados para fijar el monto del derecho pensional
en litigio.
Concretamente, al revisar la Resolución 1244 del 23 de agosto de 2010, por medio
38 Radicación 25000-23-42-000-2018-02039-01 (2811-20). En el mismo sentido, la sentencia del 7
de octubre de 2021, radicación 25000-23-42-000-2016-04888-01 (6027-18).
39 Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicación 25000-23-42-000-2020-00293-
01 (3006-2022).
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de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de una pensión de
jubilación a favor de la señora Correa Ahumada, se encuentra que el Ministerio de
Defensa tuvo en cuenta el salario y las doceavas partes de la prima de navidad y
de la prima de servicios como conceptos laborales integradores del ingreso base
de liquidación, junto con la bonificación por servicios prestados y la prima de
vacaciones.
Es decir, la entidad demandada incluyó adecuadamente dos de los factores
salariales que materialmente la libelista percibió durante su último año de labor
oficial, los cuales por haber demostrado que los devengó, al margen del régimen
salarial que le hubiese sido aplicable, sí debían incluirse al estar previstos en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, pero esto no porque haya tenido derecho
al pago de los emolumentos enlistados en la norma ejusdem, pues se reitera que
aquellos son conceptos salariales que están en el Título III del decreto en mención
que no es aplicable a su caso, sino porque el artículo 102 hace parte del Título VI
ibidem (Seguridad y Bienestar Social), que como se ha afirmado, sí cobija su
situación jurídica prestacional, puntualmente en lo referente a la pensión de
jubilación y la forma de calcularla.» [se resalta]
48. Y, en la sentencia proferida el 1 de junio de 2023, se ordenó su inclusión porque
fue devengada en el periodo a liquidar:
«Ahora bien, en el asunto sub judice se observa que la pensión de jubilación de la
demandante se liquidó únicamente con inclusión, como partidas computables, del
sueldo básico y una 1/12 de la prima de navidad, pero, según certificación
emanada de la dirección de sanidad militar del Ministerio de Defensa Nacional,
ella recibía sueldo básico, primas de servicios, vacaciones y navidad y
bonificaciones por servicios y especial de recreación, y en atención a que es
beneficiaria en materia prestacional del Decreto 1214 de 1990, es dable reajustar
su pensión de jubilación, además, con la denominada prima de servicios, por estar
enunciada en el precitado Decreto, tal como lo ordenó el a quo.» [se resalta]
49. Ahora, la sentencia de unificación supra citada y las providencias que han sido
proferidas con posterioridad, han explicado que a aquellos empleados vinculados
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 que permanecieron en la institución
hasta después del año 2008 cuando se unificó el régimen de administración del
personal civil del sector salud, no eran beneficiarios del régimen salarial previsto en
el título III del Decreto 1214 de 1990, el cual reguló las primas de servicio previstas
en los artículos 46 y 47; sin embargo, mantuvo el régimen prestacional del título VI
ibidem —concretamente del artículo 102 que prevé los factores computables— sin
que en las normas posteriores a este decreto se hiciera alguna consideración
adicional.
50. De ahí que surjan las 2 interpretaciones expuestas, pues si bien es cierto que en
virtud de los Decretos 171 de 1995 y 1407 de 1995 las primas mensuales fueron
incluidas en la asignación básica, también lo es que se mantuvo el régimen
prestacional incluso con la prima de servicios.
51. Por consiguiente, la Sala prohíja el criterio consistente en que aun cuando se
trate de aquella que se paga anualmente e independiente del régimen salarial, debe
ser incluida en una doceava cuando se pruebe que fue devengada. Ello, por cuanto
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 estableció expresamente que la prima de
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servicios haría parte de la liquidación de la pensión. No obstante, en el sub examine
no se acreditó que la hubiese devengado.
52. Si bien la parte accionante en el recurso de apelación indicó que dentro del
expediente obraban pruebas de que el causante había devengado la prima de
servicios durante su último año de servicio, lo cierto es que revisado el expediente
solo obra la hoja de servicio 126 del 26 de octubre de 2009, en la cual se registró
como partidas computables para prestaciones sociales el sueldo básico y 1/12 de
prima de navidad, y en la certificación del 4 de noviembre de 2009 expedida por el
coordinador del Grupo de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad
Militar, en el cual como haberes percibidos se relacionó únicamente el sueldo
básico.
53. Ahora bien, aunque en la reclamación administrativa presentada el 15 de agosto
de 2018 ante el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, entre
otras, la demandante solicitó que se informara sobre «los decretos con los cuales viene
siendo cancelada la pensión de sustitución, los porcentajes y su equivalente en sumas de
dinero de los incrementos efectuados a la pensión de jubilación (…), reflejado durante los
lapsos comprendidos entre 2008 y 2018, certificando para el efecto, la mensualidad
percibida anexando a mi costa una certificación del salario devengado durante el lapso
comprendido entre enero de 2000 y el último pago efectuado» y se expidiera «certificación
donde conste cuales eran las partidas (…) recibí[das] como contraprestación por sus
servicios durante los lapsos comprendidos entre 1988 y 2009, identificando para el efecto
los valores del salario básico y las partidas o primas adicionales, discriminando cada una
de ellas» (sic), en el Oficio OFI18-81985 MDNSGDAGPSAP del 29 de agosto de
2018, se le informó que, respecto de tales peticiones, se había dado traslado a la
Dirección General de Sanidad Militar.
54. Sin embargo, en el expediente no obra respuesta por parte de esta última
dependencia. En todo caso, lo cierto es que en la demanda no se relacionó esta
prueba ni se solicitó su práctica.
55. De acuerdo con lo anterior, se advierte que, comoquiera que lo pretendido era
que la pensión sustituida fuera liquidada, porque no se habían incluido la totalidad
de las partidas previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, en particular,
las primas de actividad y de servicios, nada se solicitó respecto de la hoja de
servicios, documento que constituye el fundamento para liquidar la prestación.
56. En ese orden, si la hoja de servicios es el documento por el cual se certifican los
haberes devengados y, por consiguiente, a partir de ella se establece el ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación, no puede ordenarse en este
escenario, el cálculo a partir de otros valores, pues, primero, no se solicitó su
modificación y, segundo, son los allí previstos los que deben atenderse para
establecer la cuantía de la prestación. Lo anterior, cuando no existe otra prueba que
dé cuenta de que el causante percibió la prima de servicios.
57. En tal sentido, esta Sala encuentra necesario manifestar que el artículo 164 de
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la Ley 1564 de 2012, acerca de la necesidad de la prueba en los procesos judiciales,
establece que: «[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente alegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido
proceso son nulas de pleno derecho». Así mismo, el artículo 167 ibidem, prevé lo
siguiente: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
58. Así pues, por regla general cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones,
con las excepciones establecidas en la ley. De conformidad con el aforismo « onus
probandi incumbit actori», o sea, que al demandante le incumbe el deber de probar
los hechos en que funda su acción, lo cual en este caso se incumplió.
59. Por lo anterior, se confirmar la decisión del tribunal en ese aspecto, porque no
obra en el proceso prueba de que el causante percibió la indicada prima.
2.5.2. En relación con la prima de actividad y el subsidio familiar
60. La parte demandante manifestó en la apelación que debía incluirse la prima de
actividad porque (i) era beneficiaria del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990; y (ii)
la variación normativa le impidió continuar devengando dicho factor porque el
régimen cambió al de la Rama Ejecutiva del orden nacional, razón por la cual no
podían desconocerse sus derechos adquiridos.
61. Ciertamente, como se sostuvo en el recurso, no está en discusión que el
causante era beneficiario del régimen prestacional previsto en el Decreto 1214 de
1990; sin embargo, para que los factores previstos en el artículo 102 pudiesen ser
incluidos en la liquidación de la pensión, era necesario que se demostrara que
habían sido devengados.
62.Tal y como se indicó en el acápite anterior, en el expediente reposa la certificación
expedida por el coordinador del grupo de talento humano y la hoja de servicios, en
los cuales se relacionaron los factores que fueron percibidos por el causante sin que
se evidencie la prima de actividad ni el subsidio familiar reclamado.
63. Aunque la parte demandante sostuvo que la variación normativa le impidió
continuar devengando dicho factor, de los documentos allegados tampoco se puede
establecer si, ciertamente, se efectuó algún pago por estos conceptos. Lo anterior
significa que si no fueron percibidos en el año que sirve de base a la liquidación —
2009—, deviene improcedente su inclusión.
64. Ciertamente, en casos análogos estudiados antes y después de la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019, esta Sección ha expuesto que no es viable
la inclusión de la prima de actividad porque (i) no se demostró que la hubiese
percibido en servicio40; y (ii) si bien se demuestra la vinculación antes de la entrada
40 Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: 13 de mayo de 2021 (3038-19), 7 de
diciembre de 2021 (4666-2019), 27 de enero de 2022 (3047-2021), 3 de febrero de 2022 (1046-
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Demandante: Diany Landazábal Acevedo
en vigencia de la Ley 100 de 1993, únicamente se reconoce el régimen prestacional,
no el salarial, razón que impide reliquidar la pensión con factores certificados para
el año 1995 y anteriores41.
65. En suma, no basta con que la norma enliste el factor salarial para que deba ser
incluido en la mesada pensional y al igual que la prima de servicios, no se demostró
que fuera pagada en el último año de servicio, razón por la cual no hay lugar a
modificar la sentencia apelada.
66. Finalmente se destaca que esta Subsección se ha pronunciado en similares
términos en anteriores oportunidades en asuntos con contornos fácticos y jurídicos
análogos42.
67. De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia del del 20 de marzo de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las
pretensiones de la demanda.
2.6.Costas
68. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
2021), 24 de febrero de 2022 (3015-2021), 3 de marzo de 2022 (1259-2021), 17 de marzo de 2022
(3392-2021), 17 de marzo de 2022 (3254-2020), 24 de marzo de 2022 (5047-2021 y 0459-2021), 7
de abril de 2022 (4128-2019), 21 de abril de 2022 (1048-2021), 5 de mayo de 2022 (2346-2021), 9
de mayo de 2022 (0551-2021), 23 de junio de 2022 (2052-2021), 23 de junio de 2022 (1494-2020),
1 de julio de 2022 (3085-2020), 1 de julio de 2022 (1527-2018), 4 de agosto de 2022 (0936-2021),
18 de agosto de 2022 (2278-2022), 1 de septiembre de 2022 (0338-2022), 12 de septiembre de 2022
(4665-2019), 27 de octubre de 2022 (2253-2019), 17 de noviembre de 2022 (2925-2022), 2 de marzo
de 2023 (0423-2019), 11 de mayo de 2023 (4269-2022), 25 de mayo de 2023 (0031-2022), 15 de
junio de 2023 (2352-2019), 22 de junio de 2023 (4761-2022), 22 de junio de 2023 (3331-2020), 5 de
octubre de 2023 (4197-2021).
41 Se puede consultar, por ejemplo, la sentencia del 16 de septiembre de 2021 (5581-18), en la cual
se indicó: «[...] la prima de actividad a la que esta hace mención en sus pedimentos [...], no
corresponde a ninguna de las prestaciones consagradas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990
relativo a la seguridad y bienestar social, sino que obedece a un factor de remuneración del servicio
enlistado en el Título III de la norma ejusdem (artículo 38 ibidem), al cual la demandante no tiene
derecho en la medida en que tampoco es beneficiaria de este último precepto, pues aquel desarrolló
el régimen salarial que, como se señaló con antelación, no dependía de la fecha de vinculación
anterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo fue el régimen prestacional. [...] De este modo, el evidenciar
que la libelista por haberse vinculado a la entidad demandad antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 tenía derecho a ser beneficiaria únicamente del régimen prestacional, pero no del
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar en los actos administrativos cuestionados y el a quo en la
sentencia impugnada, no podría reconocerse a su favor el concepto laboral deprecado, y por
consiguiente, tampoco sería viable incluirlo como partida computable en la base de liquidación de la
pensión de jubilación».
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar
sentencias del 10 de julio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2016-04906-01 (6003-2022) y del 22
de agosto de 2024, radicado 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023).
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Demandante: Diany Landazábal Acevedo
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
69. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
70. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.
71. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
72. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
73. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que, aunque la prima
de servicios no integra el régimen salarial, sí hacia parte del régimen prestacional y
debía incluirse en la liquidación, siempre que se demostrara que había sido
devengada. En el caso particular, no se acreditó que el causante la hubiese
percibido, así como tampoco la prima de actividad y el subsidio familiar. En
consecuencia, no bastaba con que la norma enliste el factor salarial para que deba
ser incluido en la mesada pensional, pues debía acreditarse que había sido pagada
en el último año de servicio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 20 de marzo de 2025, que negó las pretensiones de la demanda
43En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00650-01 (1579-2025)
Demandante: Diany Landazábal Acevedo
presentada por Diany Landázabal Acevedo contra el Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad Militar.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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