Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 25000-23-42-000-2016-04241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04241-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad
Militar
Tema: Reliquidación pensión con la inclusión de la asignación básica
establecida para la Rama Ejecutiva del orden nacional y los
factores previstos en el Decreto 1214 de 1990. Primas de
servicios y actividad.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ivonne Cristina Ariza Garzón presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que
se declarara:
1.1. La nulidad parcial de la Resolución 3517 del 23 de septiembre de 2010, por
1 En adelante CPACA.
42
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación y del Oficio 412170
MDN-CGFM-DGSM-GAL-1.10 del 4 de mayo de 2016, mediante el cual se
negó la reliquidación de la pensión de jubilación.
1.2. El derecho a la reliquidación de la pensión, en el sentido de «dar aplicación a
lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando
como base salarial las asignaciones previstas para los empleados de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, fijado según decreto 1374 de 2010 teniendo en cuenta
que su último cargo se ubica en el nivel jerárquico asesor 2-2 grado 10, y además,
para que le sean incluidas las correspondientes partidas adicionales de prima de
actividad, prima de servicios y demás beneficios consagrados en el decreto 1214/90
conforme al artículo 102.»
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la entidad
demandada a lo siguiente:
2.1. Reliquidar la pensión, en el sentido de reconocer como base salarial para la
liquidación de su pensión de jubilación la partida de sueldo básico en los
términos del Decreto 1374 de 2010, el cual fue previsto para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, en el nivel jerárquico
asesor código 2-2 grado 10.
2.2. Incluir «dentro del valor devengado» el porcentaje equivalente a la prima de
actividad en cuantía de 49.5% adicional, así como el 15% por concepto de
prima de servicios y demás prestaciones previstas en el título VI del Decreto
1214 de 1990, a partir de la fecha en que fue reconocida la pensión.
2.3. Reajustar la asignación básica con base en el reconocimiento de la prima de
actividad y demás prestaciones «cuyo valor dependa de la inclusión de la
nueva base salarial y cualquiera de las prestaciones relacionadas en el Dc
1214/90».
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La demandante narró los siguientes hechos:
3.1. Prestó sus servicios desde el 16 de abril de 1990.
3.2. Se incorporó al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, de acuerdo con el
acta de posesión 2529 del 1 de marzo de 1996 y, después, a la Dirección General
de Sanidad Militar desde el 15 de enero de 1998.
3.3. Posteriormente, ocupó el cargo de servidor misional en sanidad militar 2-2 grado
10, según el acta de posesión 0888 del 27 de octubre de 2009. Laboró hasta el 23
de mayo de 2010.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
3.4. La entidad demandada reconoció la pensión de jubilación a través de la
Resolución 3517 del 23 de septiembre de 2010.
3.5. El 7 de abril de 2016 solicitó, entre otras cosas, (i) la inaplicación de los efectos
jurídicos del Decreto 1301 de 1994; (ii) la reliquidación de la pensión con la inclusión
de la prima de actividad y demás emolumentos enlistados en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990; y (iii) el reajuste de la asignación básica; no obstante, a
través del Oficio 412170 MDN-CGFM-DGSM-GAL-1.10 del 4 de mayo de 2016 se
negó la petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 25, 53, 58 y 83 de la Constitución
Política; 2, 4, 21, 28 y 57 del Decreto 1214 de 1990; 1, 35, 36, 87 y 88 del Decreto
1301 de 1994; 1, 3, 7, 10, 111 y 114 del Decreto 1792 de 2000, entre otros; en su
concepto, porque:
5. Al personal vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se le
aplicaría el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990. El gobierno nacional expidió
distintas disposiciones en materia salarial para la Rama Ejecutiva del orden nacional
y el personal civil del Ministerio de Defensa; sin embargo, la pensión se reconoció
con desconocimiento de la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, pues la
partida «sueldo básico» se incluyó de acuerdo con los decretos para el personal
civil, cuando por expresa disposición legal debió ser liquidada con fundamento en
las normas aplicables a la Rama Ejecutiva; asimismo, se omitió calcular la mesada
con las partidas computables previstas en artículo 102 señalado, esto es la prima
de actividad en cuantía del 49.5% y la prima de servicios con el 15%, en razón a los
20 años de servicio.
6. Pese a la previsión normativa del Decreto 1792 de 2002, la concepción de planta
global con la inclusión de los cargos previstos para las personas incorporadas a la
Dirección de Sanidad solo pudo materializarse a través del Decreto 092 de 2007
que previó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de
las entidades que integraban el sector defensa.
7. Aunque perteneció a la planta global, la pensión fue reconocida en contra de las
normas aplicables, toda vez que ingresó antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
y, por lo tanto, el régimen salarial era el previsto para el personal de la Rama
Ejecutiva del orden nacional.
8. El cargo ocupado se ubicó en el nivel asesor, de conformidad con el manual
general de funciones de empleados públicos de 2010 contenido en la Resolución
0598 del 14 de mayo de 2010, «en donde claramente se equipar[ó] en idénticos términos
al código 2-2 de los demandantes al nivel jerárquico» [sic]. En consecuencia, era
improcedente reconocer la pensión con fundamento en el Decreto 1529 de 2010
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
que dispuso la asignación básica para el personal civil del Ministerio de Defensa.
9. El legislador (i) estableció una prohibición legal para que al personal vinculado al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares le fueran pagadas las asignaciones
básicas de acuerdo con el personal civil; (ii) dispuso un régimen salarial especial
para el personal de la Dirección General de Sanidad, «el cual ya no sería el previsto al
restante personal civil […], sino el previsto para el personal de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional, el cual tal y como se ha detallado contempla unas tablas
salariales distintas»; y (iii) salvaguardó los derechos adquiridos y, para tal efecto,
dispuso que a las personas vinculadas antes de la Ley 100 de 1993 se les
continuaría aplicando el Decreto 1214 de 1990, conforme con el cual, las primas de
actividad y servicios eran partidas computables para el cálculo de la pensión.
10. La entidad desconoció que el sueldo básico debía corresponder a la base salarial
de la Rama Ejecutiva en el nivel asesor código 2-2 grado 10 prevista en el Decreto
1374 de 2010. A la par, no era cierto que, en virtud del Decreto 171 de 1996 las
partidas fueron incluidas en la asignación básica.
1.2. Contestación de la demanda
11. La Nación, Ministerio de Defensa, se opuso a las pretensiones, por las razones
que se sintetizan a continuación:
12. La solicitante no tenía derecho a la reliquidación y pago de la asignación básica
de acuerdo con los decretos expedidos para la Rama Ejecutiva del orden nacional,
comoquiera que fue pagada de acuerdo con las normas destinadas al personal civil,
al tenor del Decreto 4783 de 2008.
13. Como se vinculó a la entidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, era beneficiaria del título VI del Decreto 1214 de 1990, el cual fue aplicado al
momento de reconocer la pensión, pues se incluyeron el salario y la prima de
navidad.
14. Propuso las excepciones de prescripción y caducidad.
1.3. La sentencia apelada
15. Mediante sentencia proferida el 11 de diciembre de 20202, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (i) declaró la nulidad parcial de la Resolución 3517
del 23 de septiembre de 2010 y del Oficio 412170 MDN-CGFM-DGSM-GAL-1.10
del 4 de mayo de 2016; (ii) condenó a la entidad a reliquidar la pensión en cuantía
equivalente al 75% del último salario devengado, con la inclusión de la 1/12 de la
prima de servicios -además de los ya reconocidos-, desde el 23 de mayo de 2010 y
con efectos fiscales a partir del 7 de abril de 2012, en razón a la prescripción
2 Con aclaración de voto del magistrado Luis Alfredo Zamora Acosta.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
cuatrienal; y (iii) se abstuvo de condenar en costas.
16. Para tal efecto, se pronunció sobre el marco jurídico del régimen salarial
aplicable a los servidores públicos vinculados al sector salud de las Fuerzas
Militares y, a continuación, resolvió el caso concreto en los siguientes términos:
17. La entidad aplicó la escala salarial prevista para los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional antes de la incorporación a los nuevos empleos en el
año 2008 y, con posterioridad, aplicó la destinada a los empleados públicos civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa, de sus entidades descentralizadas
adscritas y vinculadas. Aquella -la incorporación-, debía realizarse a un cargo con
equivalencia salarial y sobre esta quedaba fijada la nueva remuneración.
18. En ese orden, el empleo de profesional universitario código 2044 grado 11 era
equivalente al de servidor misional en sanidad militar código 2-2 grado 10 previsto
en el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de las entidades que
integraban el sector defensa, de acuerdo con el Decreto 092 de 2007.
19. Para el año 2010, en ambos empleos se fijó una asignación básica de
$2.003.113, es decir que si la denominación del empleo profesional universitario
código 2044 grado 11 no hubiera variado en virtud del Decreto 092 de 2007 y al
empleado se le hubiera «seguido pagando de conformidad con la escala salarial de los
empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, lo cierto es que para [esa anualidad],
dicho trabajador hubiera recibido exactamente el mismo salario que aquel que se pagó con
ocasión de la nueva nomenclatura».
20. Si bien con la expedición de la Ley 352 y el Decreto 3062 de 2007 el gobierno
nacional fijó la escala salarial del personal de salud de acuerdo con los decretos
destinados a los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, lo cierto era
que mediante el Decreto 092 de 2007 modificó tal situación para que a dicho
personal le fueran aplicadas las asignaciones salariales previstas para el personal
civil no uniformado del sector defensa, conforme con la nueva nomenclatura.
21. Como la demandante hizo parte del tránsito normativo previsto en la Ley 62 de
1993 y el Decreto 1301 de 1994 y su vínculo tuvo ocurrencia antes de la expedición
de la Ley 352 de 1997, en principio le era aplicable la escala salarial prevista por el
gobierno nacional para los servidores de la Rama Ejecutiva del orden nacional; sin
embargo, como en 2009 fue incorporada a la planta de personal de la Dirección
General de Sanidad Militar, se le debía reconocer la asignación básica prevista para
los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa, tal como ocurrió.
Por consiguiente, el sueldo básico incluido en la pensión se ajustó a las previsiones
legales.
22. La entidad demandada incluyó en el acto de reconocimiento pensional el sueldo
básico y la doceava de la prima de navidad; sin embargo, también devengó la prima
de servicios prevista en el Decreto 1214 de 1990, razón por la cual, la prestación
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
también debía calcularse con este emolumento.
23. En cuanto a la prescripción, el acto que reconoció la prestación fue expedido el
23 de septiembre de 2010 y la petición se presentó el 7 de abril de 2016, por lo
tanto, operó la prescripción de las diferencias de las mesadas causadas antes del
7 de abril de 2012.
1.4. Los recursos de apelación
24. Contra la anterior decisión, las partes interpusieron y sustentaron los recursos
de apelación en los siguientes términos:
1.4.1. Parte demandante
25. El a quo negó la inclusión de la prima de actividad en la liquidación de la
pensión; sin embargo, no atendió lo previsto en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997
y desconoció la «línea de tiempo de aplicación normativa» porque si ingresó a la entidad
el 16 de abril de 1990, era beneficiaria del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
26. El Decreto 1301 de 1994 creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
ordenó su incorporación a este establecimiento público; para ello, el Decreto 171 de
1996 dispuso la inclusión de las primas y beneficios salariales en la asignación
básica, lo cual no se cumplió.
27. Mediante la Ley 352 de 1997 se liquidó el mencionado instituto, lo cual implicó
la supresión de todos los cargos, de modo que al ingresar a la Dirección General de
Sanidad Militar ocupó el cargo de profesional universitario en los términos del
artículo 54 de la Ley 352 de 1997.
28. En la sentencia se asumió que no tenía derecho a la reliquidación pensional con
fundamento en que no devengó la prima de actividad, «sin siquiera tomarse el trabajo
de leer las normas especiales que en materia prestacional fueron dictadas por la Ley
352/97». Asimismo, desconoció que toda la variación normativa le impidió continuar
devengando dicho factor porque el régimen salarial cambió al de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, pero no por ello podían desconocerse sus derechos adquiridos
porque fueron salvaguardados por la norma, de suerte que sí percibió las primas de
actividad y servicios desde su ingreso y hasta 1996 cuando fue incorporada al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, razón por la cual «sus derechos
prestacionales a percibir una pensión de jubilación en los términos del Decreto 1214/90,
solo [podían] ser reconocidos completamente a través de una reliquidación pensional».
29. Desde la fijación del litigio quedó establecido que el problema jurídico se
contraería a determinar si la pensión estaba correctamente liquidada, esto es
conforme con la base salarial del personal de la Rama Ejecutiva del orden nacional
y, si por la fecha de su vinculación, le resultaba aplicable el Decreto 1214 de 1990;
sin embargo, no pudo ser debatido porque el análisis de la sentencia se limitó a
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
discutir que en las modificaciones de la planta de personal no hubo una desmejora
salarial, lo cual no constituyó el fundamento de las pretensiones.
30. La interpretación del a quo se fundó en normas existentes porque no se incluyó
canon alguno que se refiriera a «compensaciones» en la Ley 352 y el Decreto 3062
de 1997; igualmente, se abstuvo de atender las normas aplicables que resultaban
«de mejor garantía para la protección de los derechos reclamados».
1.4.2. Parte demandada
31. El a quo ordenó la inclusión de la prima de servicio porque la percibió en el año
2011; sin embargo, con las certificaciones aportadas se probó que este emolumento
correspondía al previsto en el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990, la cual se
pagaba en porcentaje del 50% del salario una vez al año en el mes de julio y era
diferente a «la prima por tiempo de servicios prestados a la institución la cual
correspondería en el caso de la demandante el 15% pero que [...] no devengó».
32. En la demanda se incurrió en confusión al hacer la interpretación de las
disposiciones legales aplicadas, pues a partir del artículo 150 de la Constitución
Política se estableció la posibilidad de que existieran distintas asignaciones
salariales en una misma entidad, como ocurrió en el sector salud de las Fuerzas
Militares.
33. El régimen salarial aplicable al personal de la planta de empleados de la
Dirección General de Sanidad Militar prevista en el Decreto 4783 de 2008, era el
que fijaba las escalas de asignación de los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa, razón por la cual era improcedente el reajuste de las
prestaciones sociales, en razón a que fueron pagadas en los términos establecidos
en los decretos expedidos por el gobierno nacional.
34. Como la solicitante se vinculó a la entidad el 16 de abril de 1990, era beneficiaria
del régimen prestacional establecido en el Decreto 1214 de 1990 y, al incorporarse
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se mantuvo intacto su asignación, en
cumplimiento del Decreto 171 de 1996.
1.5. Trámite de la segunda instancia
35. En auto del 23 de enero de 2024 se admitieron los recursos de apelación
presentados por las partes contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2020
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de la Ley 2080 de
2021.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
36. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer de los recursos de apelación presentados por las partes, de conformidad con
los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
37. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:
37.1. ¿Era procedente la inclusión de la prima de servicios en la liquidación de
la pensión reconocida a Ivonne Cristina Ariza Garzón en los términos
propuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
37.2. ¿Debía incluirse la prima de actividad, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y la asignación básica en los términos
establecidos para la Rama Ejecutiva del orden nacional?
38. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se expondrá el marco normativo del régimen
aplicable al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 y, además, los criterios expuestos en
la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019; y segundo, se resolverá el
caso concreto.
2.3. El régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de
1990.
39. El Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional», fue expedido
por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 19893. Este, el personal civil, estaba conformado por las
personas que prestaran sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría
General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional; por el contrario, no
tendrían tal condición, aquellas personas que se desempeñaran en los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos
o vinculados al Ministerio de Defensa.
3 «[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore
para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen
de la vigilancia privada».
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
40.En los Títulos III y VI, se reguló lo concerniente a las asignaciones, primas y
subsidios y la seguridad y bienestar social, respectivamente, así:
Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
Asignaciones: serían las determinadas
35
por las disposiciones legales vigentes.
Prima de actividad: 20% del sueldo
38
básico mensual.
39 Prima de alimentación Partidas computables
43 Prima de navidad para prestaciones
Prima de servicio: quienes cumplieran 15 sociales:
años de servicios continuos o
discontinuos, tendrían derecho a una - Sueldo básico
46 prima mensual de servicio y se liquidaría - Prima de servicio
así: «[a] los quince (15) años, el diez por 102 - Prima de
ciento (10%); por cada año que exceda de los alimentación
quince (15), el uno por ciento (1%) más». - Prima de actividad
Prima de servicio anual: equivalente al - Subsidio familiar
50% de la totalidad de haberes - Auxilio de transporte
devengados en el mes de junio del - 1/12 de la prima de
47
respectivo año, la cual se pagaría dentro navidad
de los primeros 15 días del mes de julio
de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte
41. Posteriormente, en el artículo 279, la Ley 100 de 1993 dispuso que el Sistema
Integral de Seguridad Social no se aplicaría a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, «ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, [...]».
Asimismo, en el artículo 248, facultó al gobierno nacional para que organizara el
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto 12144.
42. Luego, con el Decreto 352 del 11 de febrero de 1994 expedido por el presidente
de la República, estableció la estructura orgánica, objetivos y funciones del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional [Inssponal]. Respecto
de los regímenes salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
«Artículo 20. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional,
para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas
extras y subsidios, se regirán por las normas legales que para esta clase de
servidores establezca el Gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho
4 En lo atinente a: organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad,
organización funcional, régimen que incluyera normas científicas y administrativas, régimen de
prestación de servicios de salud, entre otras.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia
de la Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido
para la entidad.
Artículo 21. Régimen prestacional. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto, para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, quedarán sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud
establecidos en la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra dependencia de la
Policía Nacional, y por lo tanto se hallen sometidos al régimen establecido en
el Decreto-ley 1214 de 1990, e ingresen al Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán cobijados por el régimen de
seguridad y bienestar social establecido en el Título VI del precitado Decreto-
ley 1214 de 1990.» [se resalta]
43. Asimismo, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la
Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 1301 del 22 de junio de
19945, en el cual se organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del
personal no uniformado de la Policía Nacional, así como el de sus entidades
descentralizadas [SMP], así:
«Artículo 29. Estructura organizacional. La estructura organizacional del
SMP es la siguiente:
[...]
2 Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a.2 Nivel Regional.
a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional.
5 «[P]or el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
del personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir
de la vigencia de la Ley 100 de 1993»
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
a.2.1. Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
[...]»
44. Igualmente, organizó los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la
Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional. Quienes laboraran en estos, tendrían
el carácter de empleados público y, quienes se realizaran actividades de carácter
operativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, serían trabajadores
oficiales. El régimen salarial y prestacional de estos, fue reglamentado de la
siguiente manera:
Régimen salarial Régimen prestacional
Artículo 88. Régimen salarial del personal. Artículo 89. Régimen prestacional del
Los empleados públicos y trabajadores personal. Los empleados públicos y
oficiales del Instituto de Salud de las trabajadores oficiales del Instituto de Salud
Fuerzas Militares y del Instituto para la de las Fuerzas Militares y del Instituto para
Seguridad Social y Bienestar de la Policía la Seguridad Social y Bienestar de la
Nacional para efectos de remuneraciones, Policía Nacional, quedarán sometidos al
primas, bonificaciones, viáticos, horas régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
extras y subsidios se regirán por las normas relativo a las demás prestaciones sociales
legales que para esta clase de servidores se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988
establezca el gobierno nacional. y normas que lo modifiquen y adicionen.
En consecuencia, los empleados públicos y Parágrafo. En concordancia con lo
trabajadores oficiales de dichos establecido en el artículo 279 de la Ley 100
organismos para efectos de de 1993, los empleados públicos y
remuneraciones, primas, bonificaciones, trabajadores oficiales que ingresen al
viáticos y subsidios, no se regirán por las instituto de Salud de las Fuerzas Militares o
normas establecidas para el personal civil al Instituto para la Seguridad Social y
del Ministerio de Defensa Nacional. Bienestar de la Policía Nacional y se
hubieren vinculado al Ministerio de Defensa
Parágrafo. Los empleados públicos y Nacional o a la Policía Nacional antes de la
trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán
vigencia el presente Decreto se encuentren cobijados por el Título VI del Decreto-ley
prestando servicios en el Ministerio de 1214 de 1990.
Defensa Nacional y que ingresen al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se
someterán al régimen salarial establecido
para la entidad respectiva.
45. Fue con la Ley 352 de 19976 que el sistema de salud de la fuerza pública y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 fue reestructurado. Para tal efecto, (i)
se creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
6
«[P]or la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.»
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Comando General de las Fuerzas Militares [artículo 9] y la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de esta [artículo 15];
y (ii) se ordenó la supresión de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 62 de 1993. En lo que concernía al personal y el
régimen salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
45.1. Personal: los empleados públicos y trabajadores oficiales que prestaban sus
servicios en los institutos mencionados se incorporaron a las plantas de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional,
«conforme a la reglamentación especial que al respecto expid[iera] el Gobierno
Nacional, garantizando los derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir
ningún requisito adicional».
45.2. Régimen prestacional: los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los institutos se incorporarían a las plantas de personal de salud del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a estas
entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuaría
«aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990» o las normas
que lo modificaran o adicionaran.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley, quedarían sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
no contemplado en esta, se les aplicaría lo dispuesto en el Título VI del
Decreto 1214 de 1990.
45.3. Régimen salarial: los empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporaran a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y
de la Policía Nacional, continuarían sometidos al mismo régimen salarial que
se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el
Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional, según
fuera el caso.
46. En el artículo 65, derogó «el Decreto 1301 del 22 de junio de 1994, la Ley 263 del 24
de enero de 1996, el artículo 35, numeral 5 de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, el
Decreto-ley 352 del 11 de febrero de 1994 y demás disposiciones que le fueran contrarias».
47. Después, con la expedición de la Ley 1033 de 20067, se estableció «un régimen
de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas
7 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan
y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política».
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Militares y la Policía Nacional».
48. En esta norma, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para que (i) expidiera normas con fuerza de ley que contuvieran el
sistema especial de carrera del Sector Defensa para el ingreso, permanencia,
ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los
empleados civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional [artículo 2]; y (ii) estableciera todas las características y
disposiciones que fuera competencia de la ley referentes a su régimen de personal.
Igualmente, para que expidiera normas con fuerza de ley para modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las
entidades que integraban el sector defensa [artículo 3].
49. Estas facultades se ejercerían con sujeción a parámetros como los siguientes:
(i) unificar el régimen de administración de personal que aplicaba al personal civil
vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa; (ii) conservar y
respetar al personal civil al servicio del sector defensa, todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos o establecidos conforme
con las disposiciones normativas anteriores a la fecha de la ley; y (iii) modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, adecuar sus
funciones y los requisitos de los empleos de las entidades que integraban el sector
defensa, a las necesidades del servicio; entre otras.
50. El artículo 2º fue desarrollado por el Decreto 91 de 20078 «por el cual se regula el
Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia
de administración de personal» y, el artículo 3º, por el Decreto 929 de la misma
anualidad, «por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación
de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa», en los cuales se
dispuso lo siguiente:
Decreto 91 de 2007 Decreto 92 de 2007
Artículo 32. Plantas de personal. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
Las plantas de personal que contenidas en este decreto son aplicables a los
conforman las entidades del empleos públicos de las entidades que conforman el
Sector Defensa son globales, sin Sector Defensa.
perjuicio de que se encuentren
reguladas en actos Artículo 4°.Niveles jerárquicos de los empleos del
administrativos distintos, como se Sector Defensa. Los empleos públicos del Sector
enuncia a continuación: Defensa, [...] se clasifican según la naturaleza
general de sus funciones, las competencias y los
1. Planta de Personal del requisitos para su desempeño, en los siguientes
8 «[P]or el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal».
9 «[P]or el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos
de las entidades que integran el Sector Defensa».
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Ministerio de Defensa Nacional: niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor,
Comprende los empleos públicos Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y
del personal civil y no uniformado Nivel Asistencial.
asignado a la Unidad Gestión
General del Ministerio de Artículo 5°.Nivel Directivo. Comprende los empleos
Defensa, Comando General de que tengan asignadas funciones de dirección
las Fuerzas Militares, Comandos general, de formulación de políticas institucionales y
de Fuerza, Policía Nacional, de adopción de planes, programas y proyectos.
Dirección General de Sanidad
Militar, Dirección General Artículo 6°.Nivel Asesor. Comprende los empleos
Marítima, Justicia Penal Militar. que tengan asignadas funciones de asistencia en
materias directas o de apoyo con la seguridad y
2. Planta de Personal de las defensa, incluida el área misional de salud, así como
Entidades Descentralizadas, las de aconsejar y asesorar a la alta dirección del
Adscritas y Vinculadas: Sector Defensa, y a los servidores públicos
Comprende los empleos públicos uniformados y no uniformados, de las entidades y
del personal civil y no uniformado dependencias que conforman el Sector Defensa.
y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, [...]
adscritas y vinculadas, en el
entendido que cada una de ellas
tienen su planta de personal
independiente.
51. En el artículo 19 del Decreto 92 antes citado, se ordenó que las equivalencias
de los empleos públicos del sector defensa (i) no podían desmejorar la situación
salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa; y (ii) la
nomenclatura y la equivalencia de empleos no afectarían los derechos
prestacionales, sino que continuarían rigiéndose por las disposiciones que
regulaban la materia o por las que las modificaran o sustituyeran. Asimismo, se
previó que el decreto que fijara los sueldos para el personal uniformado, se
establecerían «los correspondientes a los empleados civiles no uniformados del sector
defensa, y el porcentaje de aumento [estaría] sujeto como mínimo al señalado para los
servidores públicos del orden nacional».
52. Por su parte, en el artículo 20 se reguló que cada organismo expediría la Tabla
de Organización «TO» de cada entidad, en la cual se ajustarían y se harían las
equivalencias de los empleos, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
prevista en el mismo decreto. Este ajuste y modificación de la planta de personal
fue aprobado por el Decreto 4783 de 200810 y, en el artículo 6º, previó lo que se
transcribe a continuación:
«Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán
incorporados en los cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en
un término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
publicación y continuarán percibiendo la remuneración correspondiente a los
10 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos
del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras
disposiciones.»
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados.»
53. Desde esa fecha, el gobierno nacional ha expedido los decretos anuales que
regularon las escalas de asignación básica de los empleados civiles no uniformados
del ministerio, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las fuerzas
militares y la Policía Nacional, estos son los Decretos 674 de 2008, 738 de 2009,
1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018, 1012 de 2019, 308 de 2020, 977
de 2021, 467 de 2022 y 911 de 2023.
2.4. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-S2 de 2019
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
54. En consideración a la disparidad de criterios jurisprudenciales que se
presentaban en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional del
personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado
a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención
el desarrollo normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, entre otras
disposiciones, la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006,
el Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008, esta corporación, en sentencia
del 12 de diciembre de 2019, con ponencia del magistrado Doctor César Palomino
Cortés, unificó su jurisprudencia y estableció las siguientes reglas:
1. En materia salarial: Los empleados públicos
vinculados e incorporados13 al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
por el gobierno nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano
del nivel descentralizado, no se regían por las normas
establecidas para el personal civil del Ministerio de
Entre la vigencia del Defensa Nacional.
Decreto 1301 de 199411 y
de la Ley 352 de 199712.
2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen
aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En
lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el
Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o
adicionaron.
11 Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
12 Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
13Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se
encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del
A partir de la vigencia de Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
la Ley 352 de 1997, los salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
empleados públicos que del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6
antes prestaban sus Decreto 3062 de 1997).
servicios en el Instituto de 2. En materia prestacional los empleados públicos del
Salud de las Fuerzas Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a
Militares y que fueron la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
incorporados a la planta Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia
de salud del Ministerio de de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el
Defensa Nacional, dejaron Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
de pertenecer al sector adicionen.
descentralizado.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de
1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
(Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
200714 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
con fundamento en la nomenclatura y clasificación
Con la Ley 1033 de 2006 especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no
se unificó el régimen de uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
administración de con base en la nueva nomenclatura.
personal que se aplica al
personal civil vinculado a Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
los Organismos y vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
Dependencias del Sector Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
Defensa. Por ello, los debieron continuar percibiendo la remuneración
empleos públicos del correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
personal civil no entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
uniformado asignados a ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
la Dirección General de
Sanidad Militar 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
pertenecen a la planta de al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
personal del Ministerio de de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
Defensa Nacional. especial para los empleados civiles no uniformados del
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional15.
14 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
15 Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió
continuar percibiendo la remuneración correspondiente al
empleo que antes desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el gobierno para los empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional16. Efectuada la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto se mantiene
el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
2.5. Lo probado
55. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
55.1. Ivonne Cristina Ariza Garzón fue nombrada como especialista sexto profesor
a través de la orden administrativa 034 del 10 de abril de 1990. Se posesionó el 16
del mismo mes y año.
55.2. Mediante la Resolución 0114 del 1 de marzo de 1996 fue nombrada en el
cargo de profesional universitario código 3020-13 del Instituto de Salud de las
fuerzas Militares, en cumplimiento del Decreto 181 del 24 de enero de 1996. Se
posesionó el mismo día.
55.3. El 15 de enero de 1998 se posesionó en el cargo de odontóloga 3010-14 de
la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Armada
Nacional. Se incorporó mediante la Resolución 00037 de la misma fecha.
55.4. Mediante el Decreto 4783 de 2008 se incorporó en el cargo de servidor
misional en sanidad militar código 2-2 grado 10.
55.5. A través de la Resolución 0616 del 20 de mayo de 2010 fue retirada del cargo
de servidor misional en sanidad militar código 2-2 grado 10 de la planta de personal
de empleados públicos del Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad
Militar, a partir del 23 de mayo de 2010.
55.6. Con la Resolución 3517 del 23 de septiembre de 2010 le fue reconocida la
pensión de jubilación, en cuantía del 75% del último salario devengado, a partir del
23 de mayo de 2010. En la parte motiva del acto se anotó lo siguiente:
16 Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
«Que la Servidor Misional Código 2-2 Grado 10 de la Dirección General de
Sanidad Militar al Servicio de la Armada Nacional, IVONNE CRISTINA ARIZA
GARZÓN, fue dada de alta el 16 de abril de 1990 y su retiro se produjo el 23
de mayo de 2010 [...].
Que según Hoja de Servicios No. 62 de fecha 10 de junio de 2010, la citada
exfuncionaria prestó sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional, por
espacio de 20 años, 4 meses y 17 días, incluida la diferencia de año laboral.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 1214 de
1990, por los servicios prestados por la mencionada ex – funcionaria, se
consolidó el derecho al reconocimiento y pago de una Pensión Mensual de
Jubilación en cuantía equivalente al 75% del último salario devengado, que
fue el siguiente:
SUELDO BASICO $ 2.003.113,00
1/12 PRIMA DE NAVIDAD 166.926,00
TOTAL $ 2.170.039,00
[...]» [sic]
55.7. El 7 de abril de 2016 solicitó al Comando General, Dirección General de
Sanidad Militar, la reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de
actividad y demás emolumentos previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de
1990, así como de la base salarial en los términos previstos para los empleados de
la Rama Ejecutiva del orden nacional.
55.8. A través del Oficio 412170 MDN-CGFM-DGSM-GAL-1.10 del 4 de mayo de
2016, la entidad dio respuesta a la petición así:
«Es pertinente señalar que en la Hoja de Servicios que realiza esta Dirección
General no se incluye las partidas de prima de actividad, prima de servicios y
subsidio familiar señaladas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
teniendo en cuenta que mediante el Decreto 171 de 1996 [...] en los artículos
2 y 4 se determinó que se cancelaría el salario de forma global o integral, es
decir que en la asignación básica mensual se incluiría el subsidio familiar y
las primas mensuales que estuviese devengando el funcionario al momento
de la incorporación al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares [...].
Por lo tanto, no es viable el reconocimiento y pago de la prima de actividad,
ni subsidio familiar ni las demás primas señaladas en el Artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.
[...]
En consecuencia, el régimen salarial aplicable desde el 27 de octubre de 2009
a su poderdante, es el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores
públicos del Sector Defensa del Orden Nacional, y no el aplicable a la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, situación que NO genera una
desmejoramiento salarial tal como se refleja en el cuadro comparativo de la
certificación anexa, pues en el mes de octubre del año 2009 que fue la fecha
en la que se realizó la incorporación a la Planta de Personal con la nueva
nomenclatura, su representado (a) no devengó un salario menos al que le
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
venía siendo pagado con el Decreto de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional.
Por lo anterior, no habría lugar a reliquidación o ajuste de la asignación básica
y prestaciones de su representado(a).» [sic]
55.9. De acuerdo con la certificación expedida por el coordinador del Grupo de
Talento Humano de la Dirección General de Sanidad Militar, Ivonne Cristina Ariza
Garzón, en calidad de servidor misional en sanidad militar código 2-2 grado 10,
devengó los siguientes conceptos:
Año 2007 Año 2008
Sueldo básico $1.725.744 Sueldo básico $1.823.939
Bonificación por servicios Bonificación por servicios
$604.010 $638.379
prestados prestados
Prima de servicios $888.039 Prima de servicios $938.569
Prima de vacaciones $925.041 Prima de vacaciones $977.676
Bonificación especial de Bonificación especial de
$115.050 $121.596
recreación recreación
Prima de navidad $1.927.168 Prima de navidad $2.036.824
Año 2009 Año 2010
Sueldo básico $1.963.836 Sueldo básico $2.003.113
Bonificación por servicios Bonificación por servicios
$687.343 $701.090
prestados prestados
Prima de servicios $1.010.557 Prima de servicios $858.974
Prima de vacaciones $1.052.664 Prima de vacaciones $1.179.437
Bonificación especial de Bonificación especial de
$130.922 $147.637
recreación recreación
Prima de navidad $2.193.050 Prima de navidad $745.637
55.10.Igualmente, se certificó que los decretos aplicados para el pago de salarios
fueron los siguientes:
Decreto Decreto
correspondiente correspondiente Denominación
Año Código Grado Sueldo básico
al sector Rama al sector cargo
Ejecutiva defensa
Profesional
2007 600 N/A 2044 11 $1.725.744,00
universitario
Profesional
2008 643 N/A 2044 11 $1.823.939,00
universitario
Profesional
708 N/A 2044 11 $1.963.836,00
universitario
A partir del 27 de
octubre de 2009
2009
se posesionó
738 2-2 10 $1.963.836,00
como servidor
misional en
sanidad militar
Servidor misional
2010 1529 2-2 10 $2.003.113,00
en sanidad militar
2.6. Análisis de la Sala, caso concreto
56. En criterio de la parte demandante, la pensión debía ser reliquidada porque no
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
se incluyó la asignación básica establecida para el personal de la Rama Ejecutiva
del orden nacional y tampoco la totalidad de las partidas previstas en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990, en particular, la prima de actividad. Por su parte, la
entidad demandada argumentó que no procedía la inclusión de dicho emolumento
y tampoco el reajuste del salario.
57. En consecuencia, la Sala procederá a examinar, en primer lugar, lo relativo a la
asignación básica y, a continuación, si es procedente la inclusión de los factores
antes mencionados.
2.6.1. Sobre el reajuste de la asignación básica en los términos de los
decretos expedidos por el gobierno nacional para el personal de la
Rama Ejecutiva del orden nacional
58. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, la Ley 352
de 1997 derogó el Decreto 1301 de 1994 y creó la Dirección General de Sanidad
Militar, en virtud de la liquidación ordenada del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares; (ii) el Decreto 3062 de 1997 estableció, en materia salarial, que los
empleados que se incorporaran a las Plantas de Personal de salud que se crearan
en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría el régimen salarial que regía a
los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional; (iii) sin embargo, con la Ley
1033 de 2006 y los Decretos 091 y 092 de 2007 y 4783 de 2008, se unificó el
régimen de administración del personal civil del sector defensa y se modificó la
planta de personal de la Dirección General de Sanidad Militar.
59. De ese modo, aunque la demandante se vinculó a la entidad en el año 1990, lo
cierto es que en 2008 fue incorporada al cargo de servidor misional en sanidad
militar, código 2-2, grado 10 en cumplimiento de la Ley 1033 de 2006 y sus decretos
reglamentarios.
60. Es menester señalar que mediante el Decreto 4783 de 2008, se determinó la
planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional,
Dirección General de Sanidad Militar, de conformidad con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos previsto en los Decretos 092, 3034, 4803
de 2007 y 2127 de 2008; uno de ellos sería el ocupado por la solicitante. Esto
permite colegir que el cargo desempeñado hacía parte de la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional y, por tal razón, la
asignación básica debía corresponder a la fijada por el gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados de la entidad.
61. Ciertamente, el caso resuelto en la sentencia de unificación proferida el 12 de
diciembre de 2019, era similar al que ahora se examina. En esta oportunidad se
consideró lo siguiente:
«78. Nótese que el cargo ejercido por la demandante, servidor misional en
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
sanidad Militar 2-2, 14, hace parte de la planta de personal de empleados
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
Militar, de conformidad con el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de
empleos especial del sector defensa contemplado en los Decretos 092, 3034,
4803 de 2007 y 2127 de 2008, según el Decreto 4783 de 2008.
79. Por consiguiente, a partir del 27 de octubre de 2009, la asignación
básica de la demandante es la fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
Dado que desde esa fecha se posesionó en el empleo al que fue incorporada
de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
civiles no uniformados del sector defensa.
80. Así las cosas, antes de la referida incorporación, la actora percibía la
remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba (profesional
especializado), prevista en el régimen salarial fijado por el Gobierno para los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional,
respetándose la garantía contenida en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto
3062 de 1997.
[...]
84. En otras palabras, el 26 de octubre de 2009 fue el último día de la
actora en el cargo de profesional especializada grado 13. Así pues, hasta
esta fecha tuvo derecho a aplicación de los decretos salariales de la
Rama Ejecutiva del nivel nacional. Y, desde el 27 de octubre de 2009 fue
incorporada a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 14, que corresponde al
nivel asesor (artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007), en el que percibió la
remuneración fijada por el Gobierno Nacional para los empleos públicos
de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional.» [se resalta]
62.Ahora bien, en el escrito introductorio, la parte demandante realizó un cuadro
sobre las diferencias que consideró adeudadas, así:
63. Lo que observa la Sala es que esas diferencias devienen de los salarios
establecidos para aquellos empleados del nivel asesor grado 10 de la Rama
Ejecutiva del orden nacional; sin embargo, la negativa a tal pretensión también fue
zanjada por la sentencia de unificación mencionada al señalar lo siguiente:
«86. Contrario a lo afirmado en la demanda, no es viable el pago de la
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
asignación básica de la actora con la remuneración fijada en los
decretos salariales de la Rama Ejecutiva del nivel nacional para el
empleo de asesor grado 14, porque tal como se indicó en el acto acusado,
si bien, cambiaron la denominación, el código y el grado del cargo de la
accionante, lo cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se puede
aplicar el código y el grado del sector defensa para equipararlo con el código
y el grado del Decreto de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque se
estaría frente a una nivelación salarial no establecida legalmente”.» [se
resalta]
64. En ese orden, es claro que desde su vinculación a la Dirección General de
Sanidad Militar la demandante devengó el sueldo básico establecido por el gobierno
nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional, tal como sucedió después de la expedición del Decreto 092 de 2007.
Aunque el ordinal 6° del artículo 3° del Decreto 3062 de 1997 dispuso la aplicación
del régimen salarial de la rama ejecutiva nacional como garantía para los vinculados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, lo cierto es después, con la
nomenclatura y clasificación, empezó a devengar la asignación básica fijada para
los empleados civiles no uniformados, como lo señaló la sentencia de unificación.
65. Por lo expuesto, como la situación salarial se rigió por las disposiciones legales
aplicables a los empleados públicos no uniformados del Ministerio de Defensa, ha
de concluirse que, tal como lo sostuvo la entidad demandada y el a quo, no es
procedente la reliquidación de la pensión por este concepto.
2.6.2. Sobre la inclusión de las primas de servicios y actividad
66. De las pruebas que reposan en el expediente, se extrae que el demandante se
vinculó el 16 de abril de 1990, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, de manera que su régimen prestacional se regía por el Decreto 1214
de 1990, tal como lo afirmó el a quo.
67. Como se expuso en el marco jurídico, el artículo 102 del Decreto 1214 de 1992
dispuso cuáles serían las partidas computables para liquidar las pensiones de
jubilación de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales, estas eran:
sueldo básico, prima de servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio
familiar, auxilio de transporte y la doceava de la prima de navidad.
68. Entonces, pasa la Sala a determinar si procede la inclusión de las primas de
servicios y actividad.
2.6.2.1. Prima de servicios
69. Al reconocer la pensión, la entidad solo incluyó el sueldo básico y la doceava
de la prima de navidad; sin embargo, de conformidad con la certificación aportada
al expediente, además de esos 2 emolumentos, la actora devengó la prima de
servicio. Con fundamento en esto, el a quo ordenó la reliquidación de la prestación.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
70. No obstante, la entidad demandada sostuvo que no era procedente incluir la
partida porque, de acuerdo con la certificación aportada al expediente, la «prima de
servicios» pagada en el año 2010 concernía a la reconocida anualmente, esto es la
prevista en el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990, mientras que la enlistada en el
artículo 102 ibidem correspondía a la que se pagaba mensualmente, es decir, la
establecida en el artículo 46.
71. Pues bien, el artículo 46 del Decreto 1214 de 1990 estableció la prima de
servicio, en los siguientes términos:
«Artículo 46. Prima de servicio. Los empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional, a partir de la fecha en que cumplan 15
años de servicios continuos o discontinuos como tales en el Ministerio de
Defensa, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, tienen derecho a
una prima mensual de servicio, que se liquidará sobre el sueldo básico, así:
A los quince (15) años, el diez por ciento (10%); por cada año que exceda
de los quince (15), el uno por ciento (1%) más.»
72. A su turno, en el artículo 47 ibidem se dispuso que también se reconocería una
prima de servicios anual, en los siguientes términos:
«Artículo 47. Prima de servicio anual. Los empleados públicos del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tendrán derecho al pago de
una prima de servicio anual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la
totalidad de los haberes devengados en el mes de junio del respectivo año, la
cual se pagará dentro de los primeros quince (15) días del mes de julio de
cada año.
Parágrafo 1. A quienes se encuentren en comisión del servicio en el exterior,
la prima de que trata este artículo se les pagará en pesos colombianos,
liquidada sobre los haberes que devengarán si estuviesen prestando sus
servicios en la guarnición de Bogotá.
Parágrafo 2. Cuando el personal a que se refiere este artículo no haya
servido el año completo, tendrá derecho al pago de esta prima a razón de una
duodécima (1/12) parte por cada mes completo de servicio, liquidada con
base en los haberes devengados en el último mes.»
73. Y, en el artículo 102 —como supra se indicó— se dispuso que una de las
partidas computables para las prestaciones sociales sería la prima de servicio.
74. Ahora, los criterios para definir si debe o no incluirse la prima de servicios
certificada no han sido pacíficos, pues se han propuesto 2 interpretaciones:
74.1. Interpretación 1: en cumplimiento de los Decretos 171 de 1995 [para el
Ejército Nacional] y 1407 de 1995 [para la Policía Nacional], la prima de
servicios fue incluida en la asignación básica y, por lo tanto, es improcedente
reliquidar la pensión con este factor salarial.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
74.2. Interpretación 2: sí es procedente por orden del artículo 102 del Decreto
1214 de 1990 y, además, porque aun cuando se pague de manera anual,
debe reconocerse en una doceava.
75.Respecto de la interpretación 1, en la sentencia proferida el 5 de octubre de
202317 se expuso lo siguiente:
«En este orden de ideas; y si bien es cierto, que de conformidad con el análisis
normativo y la jurisprudencia de unificación explicada, Nubia Patricia Fajardo
Henao tiene derecho a que la pensión se le liquide de conformidad con los
emolumentos anunciados en el artículo 102 del Decreto 1214; también lo es,
que del cotejo realizado entre lo previsto en esta norma; con los factores
devengados por ella en el último año18, y aquellos que se le incluyeron en la
resolución de reconocimiento pensional, la Sala concluye que no se debe
acceder a ordenar la reliquidación; dado que, por Resolución 1498 de 2009 la
entidad demandada reconoció la pensión de jubilación con la inclusión del
“sueldo básico y 1/12 prima de navidad”; pues la actora no devengó en el
último año los factores de los cuales ruega su amparo.
Sumado a que, la prima de actividad no será incluida en la asignación básica;
ya que, según el valor reconocido tal factor se encuentra incluido en la
remuneración mensual; tal y como lo dijo el Tribunal. Suerte que también
corre la prima de servicios; por lo que, la Sala considera que los actos
demandados se ajustan a derecho; y en tal sentido la sentencia apelada se
confirma.»
76. Esta consideración obedeció a que el a quo indicó lo que a continuación se
transcribe19:
«[...] si bien, podría pensarse en la inclusión de la prima de servicios; lo cierto
es que, la remuneración a que hace referencia el literal b) del artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990 es la contenida en el artículo 46 de esa norma, la cual
prevé su reconocimiento una vez se cumplan 15 años de servicios y su monto
se estima en un 10% aumentado en un 1% por cada año que sobrepase los
15, prestación que difiere en modo de pago y cuantía, con la percibida por la
actora, pues esa se determina en un 15% de la asignación básica mensual,
los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del
Decreto-ley 1042 de 1978 o normas que lo modifiquen, gastos de
representación, auxilios de alimentación y de transporte, y bonificación por
servicios prestados articulo 55 y 56 del Decreto 2701 de 1988.
[...] aceptar lo pretendido por la parte actora generaría una doble inclusión de
las partidas computables previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de
1990, habida cuenta que según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 171
de 1996 “al momento de incorporarse al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares tales emolumentos hicieron parte del sueldo básico”».
77. Para la interpretación 2, se citan 3 ejemplos: en la sentencia del 11 de
17 Radicación 25000-23-42-000-2017-05116-01 (0239-2021).
18
Folio 9 a 10
19 Según los antecedentes narrados en la sentencia.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
noviembre de 202120, se ordenó la liquidación con esta prima porque debía
comprenderse que se trataba de la prevista en el artículo 47 del Decreto 1214 de
1990:
«Sin embargo, en aquel cálculo no se incluyó la prima de servicios que la
libelista devengó y que constituía otra de las partidas computables para tal
efecto como se precisó con antelación, por lo que debe ordenarse la
reliquidación pensional deprecada con base en este emolumento adicional,
tal como se determinó en la sentencia precitada.
No obstante, al verificar el referido certificado laboral, se observa que la prima
de servicios en comento corresponde a aquella que se concede anualmente
de acuerdo con el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990, de suerte que su
cómputo en la base de liquidación pensional debe efectuarse en una doceava
parte del valor pagado por dicho concepto, toda vez que la prestación de vejez
otorgada a la señora Navarro Patrón se abona de manera mensual.» [se
resalta]
78. Después, en la sentencia del 3 de noviembre de 2022 se expuso que, al margen
del régimen salarial aplicable, era procedente su inclusión cuando el interesado
demostrara que la devengó, en razón a que así lo dispuso el artículo 102 del Decreto
1214 de 199021:
«Ahora, en razón a que se determinó que la demandante es beneficiaria del
régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990 y que por lo tanto su pensión
debe ser calculada con base en los haberes señalados en el artículo 102
ibidem (ello siempre y cuando los hubiese devengado), resulta evidente para
la Sala que ante el reconocimiento de la asignación básica, la prima de
servicios y la prima de navidad, las cuales se encuentran consagradas en la
norma en mención, en efecto tales factores tienen que ser computados para
fijar el monto del derecho pensional en litigio.
Concretamente, al revisar la Resolución 1244 del 23 de agosto de 2010, por
medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación a favor de la señora Correa Ahumada, se encuentra que
el Ministerio de Defensa tuvo en cuenta el salario y las doceavas partes de la
prima de navidad y de la prima de servicios como conceptos laborales
integradores del ingreso base de liquidación, junto con la bonificación por
servicios prestados y la prima de vacaciones.
Es decir, la entidad demandada incluyó adecuadamente dos de los factores
salariales que materialmente la libelista percibió durante su último año de
labor oficial, los cuales por haber demostrado que los devengó, al margen del
régimen salarial que le hubiese sido aplicable, sí debían incluirse al estar
previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, pero esto no porque
haya tenido derecho al pago de los emolumentos enlistados en la norma
ejusdem, pues se reitera que aquellos son conceptos salariales que están en
el Título III del decreto en mención que no es aplicable a su caso, sino porque
el artículo 102 hace parte del Título VI ibidem (Seguridad y Bienestar Social),
20 Radicación 25000-23-42-000-2018-02039-01 (2811-20). En el mismo sentido, la sentencia del 7
de octubre de 2021, radicación 25000-23-42-000-2016-04888-01 (6027-18).
21 Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicación 25000-23-42-000-2020-00293-
01 (3006-2022).
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
que como se ha afirmado, sí cobija su situación jurídica prestacional,
puntualmente en lo referente a la pensión de jubilación y la forma de
calcularla.» [se resalta]
79. Y, en la sentencia proferida el 1 de junio de 2023, se ordenó su inclusión porque
fue devengada en el periodo a liquidar:
«Ahora bien, en el asunto sub judice se observa que la pensión de jubilación
de la demandante se liquidó únicamente con inclusión, como partidas
computables, del sueldo básico y una 1/12 de la prima de navidad, pero,
según certificación emanada de la dirección de sanidad militar del Ministerio
de Defensa Nacional, ella recibía sueldo básico, primas de servicios,
vacaciones y navidad y bonificaciones por servicios y especial de recreación,
y en atención a que es beneficiaria en materia prestacional del Decreto 1214
de 1990, es dable reajustar su pensión de jubilación, además, con la
denominada prima de servicios, por estar enunciada en el precitado Decreto,
tal como lo ordenó el a quo.» [se resalta]
80. Ahora, la sentencia de unificación supra citada y las providencias que han sido
proferidas con posterioridad, han explicado que a aquellos empleados vinculados
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 que permanecieron en la institución
hasta después del año 2008 cuando se unificó el régimen de administración del
personal civil del sector salud, no eran beneficiarios del régimen salarial previsto en
el título III del Decreto 1214 de 1990, el cual reguló las primas de servicio previstas
en los artículos 46 y 47; sin embargo, mantuvo el régimen prestacional del título VI
ibidem —concretamente del artículo 102 que prevé los factores computables— sin
que en las normas posteriores a este decreto se hiciera alguna consideración
adicional.
81. De ahí que surjan las 2 interpretaciones expuestas, pues si bien es cierto que
en virtud de los Decretos 171 de 1995 y 1407 de 1995 las primas mensuales fueron
incluidas en la asignación básica, también lo es que se mantuvo el régimen
prestacional incluso con la prima de servicios.
82. Por consiguiente, la Sala prohíja el criterio consistente en que aun cuando se
trate de aquella que se paga anualmente e independiente del régimen salarial, debe
ser incluida en una doceava cuando se pruebe que fue devengada. Ello, por cuanto
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 estableció expresamente que la prima de
servicios haría parte de la liquidación de la pensión y, en el sub examine se demostró
que le fue pagada en el año 2010 cuando se retiró de la institución.
83. A lo anterior se agrega que, al mantener este criterio, se acata el mandato
previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, conforme con el cual el juez
debe acudir a la «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales del derecho» y, en estos casos, se trata de una
disposición que tuvo como destinatarios a los sujetos más débiles de la relación
laboral a quienes, además, les fueron impuestas las variaciones en su régimen
salarial.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
84.Por lo anterior, se mantendrá la decisión de ordenar la reliquidación de la
pensión de jubilación con la inclusión de la prima de servicios.
2.6.2.2. Prima de actividad
85. La parte demandante manifestó en la apelación que debía incluirse la prima de
actividad porque (i) era beneficiaria del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990; y (ii)
la variación normativa le impidió continuar devengando dicho factor porque el
régimen cambió al de la Rama Ejecutiva del orden nacional, razón por la cual no
podían desconocerse sus derechos adquiridos.
86. Ciertamente, como se sostuvo en el recurso, no está en discusión que la
demandante es beneficiaria del régimen prestacional previsto en el Decreto 1214 de
1990; sin embargo, para que los factores previstos en el artículo 102 puedan ser
incluidos en la liquidación de la pensión, es necesario que se demuestre que fue
devengado.
87. En el expediente reposa la certificación expedida por el coordinador del grupo
de talento humano, en la cual se consignaron los factores que fueron percibidos sin
que se evidencie la prima de actividad reclamada.
88. Aunque la parte demandante sostuvo que la variación normativa le impidió
continuar devengando dicho factor, de los documentos allegados tampoco se puede
establecer si, ciertamente, se efectuó algún pago por este concepto, pues los
desprendibles de nómina así como la certificación mencionada solo reportaron los
emolumentos percibidos a partir del año 1996, es decir, cuando fue incorporada al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. Lo anterior significa que si no fue
percibida en el año que sirve de base a la liquidación —2010—, deviene
improcedente su inclusión.
89. Ciertamente, en casos análogos estudiados antes y después de la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019, esta Sección ha expuesto que no es viable
la inclusión de la prima de actividad porque (i) no se demostró que la percibió en
servicio22; y (ii) si bien se demuestra la vinculación antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, únicamente se reconoce el régimen prestacional, no el
22 Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: 13 de mayo de 2021 (3038-19), 7 de
diciembre de 2021 (4666-2019), 27 de enero de 2022 (3047-2021), 3 de febrero de 2022 (1046-
2021), 24 de febrero de 2022 (3015-2021), 3 de marzo de 2022 (1259-2021), 17 de marzo de 2022
(3392-2021), 17 de marzo de 2022 (3254-2020), 24 de marzo de 2022 (5047-2021 y 0459-2021), 7
de abril de 2022 (4128-2019), 21 de abril de 2022 (1048-2021), 5 de mayo de 2022 (2346-2021), 9
de mayo de 2022 (0551-2021), 23 de junio de 2022 (2052-2021), 23 de junio de 2022 (1494-2020),
1 de julio de 2022 (3085-2020), 1 de julio de 2022 (1527-2018), 4 de agosto de 2022 (0936-2021),
18 de agosto de 2022 (2278-2022), 1 de septiembre de 2022 (0338-2022), 12 de septiembre de 2022
(4665-2019), 27 de octubre de 2022 (2253-2019), 17 de noviembre de 2022 (2925-2022), 2 de marzo
de 2023 (0423-2019), 11 de mayo de 2023 (4269-2022), 25 de mayo de 2023 (0031-2022), 15 de
junio de 2023 (2352-2019), 22 de junio de 2023 (4761-2022), 22 de junio de 2023 (3331-2020), 5 de
octubre de 2023 (4197-2021).
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
salarial, razón que impide reliquidar la pensión con factores certificados para el año
1995 y anteriores23.
90. En suma, no basta con que la norma enliste el factor salarial para que deba ser
incluido en la mesada pensional y como —a diferencia de la prima de servicios— no
se demostró que fuera pagada en 2010, también se mantendrá incólume la decisión
de negar la pretensión respecto de este concepto.
2.7. Costas
91. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
92. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201624, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
23 Se puede consultar, por ejemplo, la sentencia del 16 de septiembre de 2021 (5581-18), en la cual
se indicó: «[...] la prima de actividad a la que esta hace mención en sus pedimentos [...], no
corresponde a ninguna de las prestaciones consagradas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990
relativo a la seguridad y bienestar social, sino que obedece a un factor de remuneración del servicio
enlistado en el Título III de la norma ejusdem (artículo 38 ibidem), al cual la demandante no tiene
derecho en la medida en que tampoco es beneficiaria de este último precepto, pues aquel desarrolló
el régimen salarial que, como se señaló con antelación, no dependía de la fecha de vinculación
anterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo fue el régimen prestacional. [...] De este modo, el evidenciar
que la libelista por haberse vinculado a la entidad demandad antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 tenía derecho a ser beneficiaria únicamente del régimen prestacional, pero no del
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar en los actos administrativos cuestionados y el a quo en la
sentencia impugnada, no podría reconocerse a su favor el concepto laboral deprecado, y por
consiguiente, tampoco sería viable incluirlo como partida computable en la base de liquidación de la
pensión de jubilación».
24 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
93.De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.
94. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas
2.8. Conclusión
95. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia, comoquiera que está demostrado en el expediente que Ivonne Cristina
Ariza Garzón devengó la prima de servicios en el año 2010, no así la prima de
actividad, pues no fue aportado documento alguno que diera cuenta de su pago.
2.9. Reconocimiento de personería
96. Se reconocerá personería para actuar en representación de la parte
demandante al abogado Joaquín Murcia Melo, identificado con cédula de
ciudadanía 1.032.393.414 y tarjeta profesional 406.320 del C.S. de la J., en los
términos del poder de sustitución suscrito por Kelly Andrea Eslava Montes, quien
fue reconocida en auto del 18 de agosto de 2017.
97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Ivonne Cristina Ariza Garzón contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023)
Demandante: Ivonne Cristina Ariza Garzón
Tercero. Reconocer personería para actuar en representación de la parte
demandante al abogado Joaquín Murcia Melo, identificado con cédula de
ciudadanía 1.032.393.414 y tarjeta profesional 406.320 del C.S. de la J., en los
términos del poder de sustitución allegado.
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
PTH
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.