República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2015-00689-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés1
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
Tema: reajuste de la pensión de jubilación del personal civil de la Dirección General
de Sanidad Militar según la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997 y el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 23 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 2, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Regino Villaroya Garcés solicitó la nulidad del acto administrativo mediante
el cual la entidad demandada le negó la reliquidación de la pensión de jubilación,
conforme con lo previsto en el Decreto 1214 de 1990, consistente en la inclusión de
la prima de servicios establecida en el artículo 102 de este último decreto. En esta
providencia se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, dado que en materia prestacional, se acreditó que el demandante era
beneficiario del régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990, por haber estado
vinculado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, en los
términos de la Ley 352 de 1997 y ello permitía la inclusión de la prima de servicios
en la pensión de jubilación, al estar contemplada en dicho régimen; además se
1 La Sala precisa que, aunque en la sentencia de primera instancia se consignó el nombre del demandante
como «Regino Villarroya Garcés», con doble erre, en los antecedentes administrativos figura como «Regino
Villaroya Garcés», con una sola erre. Para verificar la forma correcta de su nombre, se revisó el expediente
prestacional, en el que obra copia de su cédula de ciudadanía, documento en el cual se registra como «Regino
Villaroya Garcés». Ver Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO21(.PDF) NroActua 2», imagen 13.
1
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
demostró que tal factor fue efectivamente percibido al momento de su
desvinculación, conforme con el criterio adoptado por esta Sección en la materia.
Finalmente, se revocará lo relativo a la condena en costas, en virtud del criterio
mayoritario de la Subsección.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Regino Villaroya Garcés, por conducto de apoderado, presentó
demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, según las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto
producto de la falta de respuesta de la petición presentada el 15 de diciembre de
2014, así como del Oficio núm. OFI15-49456 MDNSGDAGPSAP del 22 de junio de
2015, por medio de los cuales la entidad accionada negó la reliquidación de la
pensión de jubilación, para que se incluyera la prima de servicios, partida
establecida en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada reliquidar la pensión de jubilación según el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990, esto es, con la inclusión de la prima de servicios, y que dicha
acreencia sea reajustada y actualizada.
4. Como consecuencia de lo anterior, se reconozca el respectivo retroactivo
pensional actualizado, derivado de las diferencias reconocidas desde el 15 de
diciembre de 2010, en atención al fenómeno prescriptivo cuatrienal.
5. Asimismo, solicitó que las sumas reconocidas sean actualizadas en los
términos del artículo 187 del CPACA y se condene en costas a la parte vencida.
2.1.2. Hechos
6. La Sala los sintetiza así:
7. El señor Regino Villaroya Garcés ingresó a laborar para la demandada desde
el 5 de abril de 1982 y prestó sus servicios hasta el 30 de agosto de 2005, en el
cargo de profesional especializado, código 3010, grado 16, realizando funciones de
2 El 22 de octubre de 2019. Ver Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 37.
3 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 1.
2
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Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
médico.
8. Indicó que le fue reconocida la pensión de jubilación a través de la Resolución
núm. 4159 del 30 de noviembre de 2005, sin embargo, precisó que no le fueron
respetados los derechos adquiridos ya que era beneficiario del régimen establecido
en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, esto es, con la inclusión de todas las
partidas computables que refiere el artículo 102 de ese mismo decreto,
concretamente advirtió que no se incluyó la «prima de servicios». Ello, comoquiera
que en el último año de trabajo devengó el mencionado factor salarial.
9. Conforme con lo anterior, el 15 de diciembre de 2014 solicitó al Ministerio de
Defensa Nacional el reajuste de su pensión de jubilación según el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, para que se incluya como factor de liquidación pensional la
prima de servicios devengada en el último año de servicios.
10. Manifestó que con ocasión de la falta de respuesta dentro de los 3 meses
siguientes a la radicación de la petición, el 19 de marzo de 2015 interpuso recurso
de reposición y en subsidio el de la apelación en contra del acto ficto presunto.
11. Pese a lo anterior, precisó que se profirió el Oficio núm. OFI15-49456
MDNSGDAGPSAP del 22 de junio de 2015, a través del cual la accionada negó lo
solicitado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
• De la Constitución Política, los artículos 48 y 53.
• Del Decreto 1214 de 1990, los artículos 98, 102, 103, 118 y 119.
12. Advirtió que el oficio demandado vulnera los artículos 48 y 53 de la
Constitución, en cuanto desconoce el derecho a la seguridad social y el reajuste
periódico de las pensiones. Así, la negativa a incluir factores salariales o
prestacionales que correspondan al régimen aplicable al caso concreto afecta el
derecho constitucional a la correcta liquidación de la pensión. Para respaldar esta
afirmación, invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional conforme a la cual,
cuando a una persona ya se le ha reconocido una pensión, tiene derecho a que esta
sea liquidada de acuerdo con el régimen legal que le corresponda, y si la liquidación
fue incorrecta, puede reclamar en cualquier tiempo por tratarse de derechos
irrenunciables e imprescriptibles.
13. Planteó la vulneración de disposiciones legales porque, al liquidarse la
mesada pensional mediante la Resolución 4159 del 30 de noviembre de 2005, no
se incluyó la prima de servicios devengada en el año 2005, pese a que, según la
demanda, ese factor estaba expresamente previsto en el literal b) del artículo 102
del Decreto Ley 1214 de 1990 y fue efectivamente devengado por el actor en su
último año laboral. Precisó que solo se reclaman las diferencias de mesadas de los
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Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
últimos cuatro años, por operar la prescripción cuatrienal prevista en el artículo 129
del mismo decreto, y agregó que el reajuste debe efectuarse con base en el
incremento anual del salario mínimo legal.
14. Finalmente, planteó que el oficio acusado incurre en error de derecho y falsa
motivación, porque niega el derecho con fundamento en normas que, según la
demanda, fueron mal aplicadas o interpretadas. Así, cuestionó la referencia al
Decreto 1792 de 2000 y al Decreto 2701 de 1988, pues se sostiene que el artículo
114 del primero preservó los regímenes pensional, salarial y prestacional, y que,
además, el Decreto 2743 de 2010 ratificó que a los servidores civiles o no
uniformados del Ministerio de Defensa, a quienes se aplica el Decreto Ley 1214 de
1990, se les mantiene ese mismo régimen. En esa medida, concluyó que el acto
acusado carece de sustento legal al apoyarse en normas no aplicables al caso o
incorrectamente entendidas.
2.2. Contestación de la demanda
15. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional4 se opuso a las pretensiones de
la demanda. La entidad sostuvo que los funcionarios que laboran en la Dirección de
Sanidad Militar están sometidos a un régimen salarial especial y que, con
fundamento en ese marco, la pensión del señor Regino Villaroya Garcés fue
reconocida y reajustada conforme a derecho. Indicó que la liquidación se efectuó
con base en las partidas reportadas en la hoja de servicios definitiva remitida por el
Hospital Militar Central, por lo que la prestación se encuentra correctamente
liquidada.
16. Como excepciones de fondo, propuso la presunción de legalidad del acto
acusado, al señalar que el acto administrativo demandado conserva esa presunción
mientras no se demuestre la configuración de alguna causal de nulidad y que, al
momento de su expedición, se ajustó a las normas aplicables al caso del
demandante. También formuló la excepción de carencia del derecho y cobro de lo
no debido, por considerar que no resulta procedente la reliquidación pretendida y
que, en consecuencia, las entidades demandadas no están obligadas a efectuar
pago alguno. De manera subsidiaria, alegó la buena fe de la administración en la
expedición del acto.
17. Adicionalmente, planteó la excepción de prescripción con apoyo en el artículo
174 del Decreto 1211 de 1990 y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
y de la Corte Constitucional. Expuso que, aunque el estado de pensionado puede
ser imprescriptible, los derechos crediticios derivados de la relación laboral sí están
sometidos a prescripción, la cual corre desde que la obligación se hace exigible. En
esa línea, sostuvo que las reclamaciones sobre factores salariales para reliquidar la
pensión deben formularse oportunamente, pues la prescripción de corto plazo
4 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 50.
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Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
responde a razones de seguridad jurídica y de efectividad en el ejercicio de las
acciones laborales.
18. En lo que respecta al caso concreto, la defensa de la entidad se centró en
determinar si el señor Regino Villaroya Garcés, como empleado de la planta de
salud adscrita al Ministerio de Defensa, tenía derecho al reconocimiento y pago de
la prima de servicios prevista en el Decreto 1214 de 1990. Para descartar dicha
postura, expuso la evolución normativa y la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre el régimen aplicable al personal vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares, diferenciando etapas y concluyendo que, a partir del Decreto 1301 de
1994, a esos servidores no les resulta aplicable el régimen salarial del Decreto 1214
de 1990. Con base en ello, reiteró que el personal pensionado de la Dirección de
Sanidad Militar pertenece a un régimen especial.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, profirió sentencia el
23 de agosto de 20195, a través de la cual accedió a las pretensiones de la
demanda, así:
PRIMERO: Declárase que no se configuró la existencia del acto ficto negativo frente
a la petición radicada por el demandante 9 de diciembre de 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declárase la nulidad del Oficio Of115-49456 MDNSGDAGPSAP de 22
de junio de 2015, expedido por [la] Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales
del Ministerio de Defensa, en cuanto denegó la solicitud de reliquidar la pensión del
demandante, mediante la inclusión de la prima de servicios en el ingreso base de
liquidación.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación - Ministerio de Defensa – Grupo
de Prestaciones Sociales reliquidar la pensión del demandante teniendo en cuenta
el 75 % del último salario devengado con inclusión de las siguientes partidas
computables: sueldo básico, prima de servicios y la doceava parte de la prima de
navidad.
CUARTO: Las sumas que se reconozcan a favor del demandante serán ajustadas
aplicando la siguiente fórmula:
R= Rh Índice Final
-------------------
Índice Inicial
Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
5 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 131.
5
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Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
histórico (RH), que es la suma adecuada, multiplicando por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la fecha de ejecutoria de esta sentencia) sobre el índice inicial vigente a la fecha de
que debió efectuarse el pago de la obligación, es decir, el 1° de septiembre de 2005.
QUINTO: Se declaran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 9 de
diciembre de 2010.
SEXTO: Condénese en costas procesales a la parte demandada, las cuales que
serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación, de conformidad con los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
SÉPTIMO: La Nación – Ministerio de Defensa – Grupo de Prestaciones Sociales
deberá dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA.
20. Esa corporación formuló como problema jurídico el determinar si el señor
Regino Villaroya Garcés tenía derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación
con inclusión de la prima de servicios devengada durante el año 2005, de
conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 y, de ser así, si procedía
el pago de las diferencias causadas, su indexación y el análisis de la prescripción
parcial de las mesadas reclamadas.
21. Para resolver ese problema, el Tribunal examinó primero el régimen jurídico
aplicable al demandante. Concluyó que, por haber laborado como empleado civil de
la Armada Nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y por estar
cobijado por el régimen pensional previsto en el Decreto 1214 de 1990, su pensión
debía liquidarse con observancia de las partidas computables allí previstas. En ese
marco, la Sala recordó que el artículo 102 de dicho decreto incluye expresamente
la prima de servicios como factor para prestaciones sociales, de modo que esa
partida sí podía tenerse cuenta para la reliquidación pensional.
22. Con base en ello, estudió la Resolución 4159 de 2005, mediante la cual se
reconoció la pensión, así como la certificación expedida por la Dirección General de
Sanidad Militar. A partir de dicho razonamiento determinó que el actor devengó en
2004 y 2005, además del sueldo básico y otras partidas, la prima de servicios. Por
ello, concluyó que los actos administrativos demandados desconocieron el régimen
aplicable al excluir ese factor de la base de liquidación, pese a estar acreditado su
pago efectivo y a encontrarse previsto normativamente como partida computable.
23. Adicionalmente, la decisión de primera instancia igualmente abordó lo
relativo al cargo relacionado con el acto ficto negativo. Sobre este punto, precisó
que no se configuró silencio administrativo negativo, porque en materia pensional la
administración contaba con un plazo de cuatro meses para resolver la solicitud, y
antes de su vencimiento la entidad expidió una respuesta expresa mediante el Oficio
OFI15-49456 de 22 de junio de 2015. En consecuencia, no había lugar a declarar
la nulidad de un acto presunto, pero sí la nulidad del acto expreso que negó la
reliquidación, por contrariar el marco normativo aplicable al caso.
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24. Por esas razones, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones y
ordenó reliquidar la pensión del demandante con el 75 % del último salario
devengado, incluyendo el sueldo básico, la prima de servicios y la doceava parte de
la prima de navidad, junto con el pago indexado de las diferencias causadas. Sin
embargo, declaró prescritas las mesadas anteriores al 9 de diciembre de 2010, al
estimar que la reclamación administrativa solo interrumpía la prescripción respecto
de ese lapso. Además, impuso condena en costas a la entidad demandada.
2.4. Solicitud de aclaración y adición de la sentencia
25. La parte actora solicitó la aclaración de la sentencia para que se precisara el
valor exacto de la prima de servicios que debía incluirse en la reliquidación de la
primera mesada pensional. Asimismo, pidió adicionar el fallo para que se ordenara
la inclusión en nómina de la mesada reliquidada y se liquiden en valores concretos
la primera de estas, los retroactivos y las diferencias pensionales causadas, con el
fin de evitar errores en su cumplimiento.
26. No obstante, mediante auto del 24 de febrero de 20206, el Tribunal negó
dicha solicitud por improcedente, al considerar que no versaba sobre conceptos o
frases que ofrecieran duda, sino sobre la forma en que la parte hubiera preferido
que se expresara la condena, Además, indicó que tampoco se había omitido
pronunciamiento alguno sobre los asuntos a resolver.
2.5. Recurso de apelación
27. La demandada, a través de su apoderada, interpuso recurso de apelación7.
Sostuvo que el fallo anuló parcialmente el Oficio núm. OFI15-49456
MDNSGDAGPSAP del 22 de junio de 2015, por el cual se negó la reliquidación
pensional del actor, bajo la premisa de que, al haber devengado en actividad la
prima de servicios y estar prevista en el Decreto 1214 de 1990, debía computarse
para la pensión.
28. La apelante afirmó que el Tribunal aplicó indebidamente al régimen especial
del personal civil del entonces Instituto de Salud de las Fuerzas Militares reglas
propias del régimen ordinario laboral. Indicó que la discusión no radica en establecer
qué factores salariales o partidas devengó el demandante en servicio activo, sino
en determinar cómo debe liquidarse la pensión de jubilación de estos servidores,
con estricta sujeción a las normas especiales que los gobiernan. En ese sentido,
destacó que la propia Ley 100 de 1993 excluyó este régimen y facultó al Gobierno
para organizar el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía.
6 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 168.
7 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 151.
7
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
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29. Expuso que, en desarrollo de esas facultades, se expidió el Decreto 1301 de
1994, que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como establecimiento
público del orden nacional e incorporó a la totalidad del personal que venía
prestando servicios al Sistema de Sanidad Militar. Según la alzada, esta norma
dispuso que, en materia salarial, el personal incorporado al Instituto quedaría
sometido al régimen fijado por el Gobierno Nacional para los servidores de la Rama
Ejecutiva del poder público. Añadió que, posteriormente, la Ley 352 de 1997 ordenó
la liquidación de dicho Instituto y la incorporación de su personal a la planta del
Ministerio de Defensa Nacional, manteniendo para ellos el régimen salarial que
regía en el Instituto.
30. En esa línea, el recurso destacó que con fundamento en los artículos 1.º y
2.º del Decreto 1214 de 1990, en el artículo 1.º y su parágrafo del Decreto 1792 de
2000 y en el artículo 88 del Decreto 1301 de 1994, la apelante concluyó que quienes
prestan sus servicios en entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa
no tienen la condición de personal civil del Ministerio y se rigen por las normas
propias de cada organismo. Por ello, sostuvo que los empleados incorporados al
sector salud con ocasión de la supresión y liquidación del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares continuaron sometidos al régimen salarial previsto en el artículo
88 del Decreto 1301 de 1994, y no al del Decreto 1214 de 1990.
31. Por estas razones, destacó que al vincularse el demandante con anterioridad
al 22 de junio de 1994, en principio le eran aplicables las disposiciones salariales
previstas en el Decreto 1214 de 1990; sin embargo, como quiera que pasó a hacer
parte del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, su régimen salarial sería el
establecido en el artículo 88 del Decreto 1301 de 1994, razón por la cual pidió
revocar la sentencia.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. Mediante auto del 7 de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada8.
33. A través de auto del 4 de mayo de 20239 se concedió el término para que las
partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.
La entidad demandada manifestó que, por tratarse de un asunto de puro derecho,
reiteraba los argumentos formulados en el recurso de apelación. La parte
demandante y el Ministerio Público no emitieron pronunciamiento.
8 Samai, índice 04.
9 Samai, índice 10.
8
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
3. Consideraciones
3.1. Competencia
34. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
36. ¿El demandante tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación
teniendo en cuenta la inclusión de la prima de servicios prevista en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990?
37. Para resolver el problema planteado, la Sala estima pertinente realizar
algunas consideraciones sobre: (a) el régimen normativo aplicable al personal del
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el
Decreto 1214 de 1990; y (b) el régimen salarial y prestacional del personal civil
vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Del régimen normativo aplicable al personal del Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de 1990
38. El artículo 2.º del Decreto 1214 de 199010, dispuso como «personal civil» del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional las personas naturales que presten
sus servicios en el Despacho del ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional. Por ello, aquellas que prestaran sus servicios en
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado,
sociedades de economía mixta y unidades administrativas especiales adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional no ostentaban la condición de personal
civil de ese ente ministerial ni de la Policía Nacional. En consecuencia, tales
servidores quedaban sometidos a las normas orgánicas y estatutarias propias de la
10 «por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional».
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
respectiva entidad.
39. Ahora bien, se advierte que en los títulos III y VI del mencionado decreto se
reguló lo relativo a las asignaciones, primas y subsidios y la seguridad y bienestar
social. La presente Subsección11
40. ha ilustrado las anteriores disposiciones en el siguiente sentido:
Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
35 Asignaciones: serían las
determinadas por las disposiciones
legales vigentes.
38 Prima de actividad: 20% del sueldo
básico mensual.
Partidas computables para
39 Prima de alimentación prestaciones sociales:
102
• Sueldo básico
43 Prima de navidad
• Prima de servicio
• Prima de alimentación
46 Prima de servicio: quienes - Prima de actividad
cumplieran 15 años de servicios - Subsidio familiar
continuos o discontinuos, tendrían - Auxilio de transporte
derecho a una prima mensual de - 1/12 de la prima de navidad
servicio y se liquidaría así: «[a] los
quince (15) años, el diez por ciento
(10%); por cada año que exceda de
los quince (15), el uno por ciento
(1%) más».
47 Prima de servicio anual: equivalente
al 50% de la totalidad de haberes
devengados en el mes de junio del
respectivo año, la cual se pagaría
dentro de los primeros 15 días del
mes de julio de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte
Tabla 1. Asignaciones, primas y subsidios, y de la Seguridad y bienestar social en el Decreto 1214 de 1990
41. Luego, la Ley 100 de 1993, en su artículo 279 estableció que el Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en dicha ley no se aplicaría a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto
ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de
la Ley 100.
42. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
11 Cuadro ilustrativo extraído de la sentencia del 22 de agosto de 2024, emitida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2016-04241-01
(4819-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
conferidas por el artículo 24812 de la Ley 100 de 1993, organizó el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990. En desarrollo de dicha facultad, expidió el Decreto Ley 1301 de
1994, por medio del cual creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, con
autonomía administrativa y patrimonio propio (artículos 35 y siguientes). Asimismo,
dicho decreto dispuso la creación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional (artículo 56). Así, el artículo 29 de dicha normativa indicó lo
siguiente:
ARTICULO 29. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional
del SMP es la siguiente:
(…)
2. Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a. 2 Nivel Regional.
b. a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a) El Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
(…) (Destaca la Sala)
43. En lo relativo al régimen jurídico del personal, señaló que quienes prestaran
sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional tendrían la calidad de
empleados públicos, salvo aquellos dedicados a actividades operativas de
conservación y mantenimiento.
44. En ese contexto, el régimen salarial aplicable a los empleados públicos
vinculados al referido instituto era el previsto por el Gobierno nacional para los
servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por consiguiente, al
12 ARTÍCULO 248. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del
artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Ley
para:
(...)
6. Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la
presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto ley [1214] de 1990, en lo atinente a:
a) Organización estructural;
b) Niveles de Atención Médica y grados de complejidad;
c) Organización funcional;
d) Régimen que incluya normas científicas y administrativas;
e) Régimen de prestación de servicios de salud.
(…).
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tratarse de una entidad descentralizada, tales servidores no quedaron sometidos,
en materia salarial, a las disposiciones previstas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional. Así lo previó el artículo 88 del Decreto Ley 1301 de 1994:
ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones,
viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta
clase de servidores establezca el gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos
organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
PARAGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de
Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán
al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.
45. De esta manera, los empleados públicos que, al entrar en vigor el Decreto
Ley 1301 de 1994, prestaban sus servicios en el nivel central de la estructura
organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa Nacional, y fueron incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, pasaron a regirse por el régimen
salarial establecido para dicho establecimiento público.
46. En otras palabras, los empleados que ya se encontraban al servicio, así como
aquellos que se vincularon posteriormente al referido Ministerio y a los institutos
mencionados quedaron sujetos al régimen salarial previsto para la respectiva
entidad.
47. Ahora bien, en materia pensional, los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional
quedaron sometidos a la Ley 100 de 1993. En cuanto a las demás prestaciones
sociales, les resultaba aplicable el Decreto Ley 2701 de 1988 y las disposiciones
que lo modificaran o adicionaran. A su turno, quienes hubieren estado vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, conservarían el régimen previsto en el Decreto 1214
de 1990. En esos términos se indicó en el artículo 89 del Decreto Ley 1301 de 1994:
ARTICULO 89. REGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL. Los empleados
públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán
sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
sociales se les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y
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adicionen.
PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados
por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.
48. Posteriormente, la Ley 352 de 1997 reestructuró el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y derogó el Decreto Ley 1301 de 1994
(artículo 65). Además, dispuso la creación de la Dirección General de Sanidad
Militar (artículo 9) como dependencia del Comando General de las Fuerzas
Militares, con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares. Asimismo, ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional (artículo 53). En lo relativo a los derechos adquiridos, así como el
régimen prestacional y salarial de estos empleados, la ley en comento estableció lo
siguiente en sus artículos 54 a 56:
ARTÍCULO 54. PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se
incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional
o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial
que al respecto expida el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos
y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional.
[…]
ARTÍCULO 55. RÉGIMEN PRESTACIONAL. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las
plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el
Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.
PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no
contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del
Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa
Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos
al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
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según sea el caso. (Destaca la Sala)
49. En otras palabras, de las referidas disposiciones se desprende que en
materia prestacional, se salvaguardaron los derechos adquiridos del personal que
venía vinculado a los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional. Así, quienes hubiesen ingresado antes de
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, continuaban sujetos a la aplicación
integral del Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, en lo concerniente
exclusivamente a la seguridad y al bienestar social.
50. En desarrollo de esa normativa se profirió el Decreto 3062 de 1997, en el cual
se establecieron garantías específicas para los servidores que laboraban en el
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y fueron incorporados a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, o al Hospital Militar Central
según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al artículo 54 de
la Ley 352 de 1997.
51. Así, en materia prestacional, el artículo 3, numeral 4, del Decreto 3062 de
1997 dispuso que a quienes se hubieran vinculado antes de la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993 se les seguiría aplicando íntegramente el Título VI del Decreto
1214 de 1990, así como las normas que lo modificaran o adicionaran; en cambio, al
personal vinculado con posterioridad le resultaría aplicable la Ley 100 de 1993. A
su turno, en materia salarial, el artículo 3, numeral 6, ibidem estableció que a los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporaran a las plantas de personal de salud creadas en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría el régimen salarial previsto para los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional:
Artículo 2º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente
prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se
incorporarán a la Planta de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o al Hospital
Militar Central según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al
artículo 54 de la Ley 352 de 1997.
Artículo 3º. La incorporación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de
que trata el artículo 2º del presente decreto se hará teniendo en cuenta las
siguientes garantías:
(…)
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado
a esta Entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.
Igualmente al personal vinculado al Hospital Militar Central con anterioridad a la
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vigencia de la Ley 100 de 1993[,] se le continuará aplicando el Régimen
Prestacional consagrado en el Decreto 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen
o adicionen.
(…)
6. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial
que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional.
Por su parte, las personas vinculadas al Hospital Militar Central tendrán el carácter
de empleados públicos o trabajadores oficiales conforme a las normas vigentes,
aunque en materia salarial y prestacional deberán regirse por el régimen especial
establecido por el Gobierno Nacional, todo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 352 de 1997. (Negrillas por la Sala)
52. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1033 de 200613 y de los decretos
ley 9114 y 9215 de 2007, así como del Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen
de administración del personal civil vinculado a los organismos y dependencias del
sector defensa y se ajustó la planta de personal de los empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
equivalencia de los empleos preexistentes frente a la nueva planta.
53. Concretamente, el Decreto Ley 091 de 2007, en su artículo 32 precisó que
las plantas de personal del sector defensa son globales y que la del Ministerio de
Defensa está compuesta por:
1. Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional: Comprende los empleos
públicos del personal civil y no uniformado asignado a la Unidad Gestión General
del Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Comandos
de Fuerza, Policía Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, Dirección
General Marítima, Justicia Penal Militar.
2. Planta de Personal de las Entidades Descentralizadas, Adscritas y Vinculadas:
Comprende los empleos públicos del personal civil y no uniformado y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, en el entendido
que cada una de ellas tienen su planta de personal independiente.
54. De otro lado, el Decreto Ley 092 del mismo año clasificó los niveles
jerárquicos de los empleos del sector defensa como «Nivel Directivo, Nivel Asesor,
13 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados
al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la
Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución
Política».
14 «Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal».
15 «Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las
entidades que integran el Sector Defensa».
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Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y Nivel Asistencial». En materia
de protección de derechos laborales, el numeral 1.º del artículo 19 ibidem, dispuso
en cuanto a la equivalencia de empleados, lo siguiente: «No podrá desmejorarse la
situación salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa».
55. Aunado a lo anterior, el parágrafo transitorio del artículo 21 ordenó que «[l]os
sueldos de los empleados civiles no uniformados del Sector Defensa, se
continuarán pagando de conformidad con la nomenclatura existente a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, hasta tanto se ajusten las plantas de
personal, se establezcan las equivalencias de que trata el artículo anterior, y se fijen
los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial».
56. Ahora bien, el Decreto 4783 de 200816 dispuso la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada conforme
a la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453 de 2008 y, respecto
de ellos, previó que continuarían percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñaban hasta entonces, mientras permanecieran en el cargo
al cual fueron incorporados. Así lo dispuso el artículo 6:
Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán incorporados en los
cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en un término máximo de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación y continuarán
percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan
actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados. (Negrillas
por la Sala)
3.3.2. Del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia.
57. Con ocasión de las múltiples controversias suscitadas en torno al desarrollo
normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, la Ley 352 de 1997, el
Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 92 de 2007 y el Decreto
4783 de 2008, esta Sección unificó su jurisprudencia a través de la sentencia SUJ-
019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 201917, y fijó las reglas que a efectos
ilustrativos se describen en el siguiente cuadro:
16 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre
de 2019, rad. 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19, M.P. César Palomino Cortés.
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SUPUESTO
NORMATIVO DE LA REGLAS DE UNIFICACIÓN
VINCULACIÓN
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados18 al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por
el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
(a) Entre la vigencia del
Decreto 1301 de 1994 y 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en
de la Ley 352 de 1997, la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de
aplican las siguientes Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
reglas: la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
(b) A partir de la
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
vigencia de la Ley 352
Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
de 1997 los empleados
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto
públicos que antes
3062 de 1997).
prestaban sus servicios
en el Instituto de Salud
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
de las Fuerzas Militares
Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de
y que fueron
Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de
incorporados a la planta
1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
de salud del Ministerio
modifiquen o adicionen.
de Defensa Nacional,
dejaron de pertenecer al
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
sector descentralizado,
aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley
y para ellos aplican las
100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo
siguientes reglas:
55 de la Ley 352 de 1997).
(c) Con la Ley 1033 de 1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 200719 se reajustaron las
2006 se unificó el plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con
régimen de fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
administración de empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con
personal que se aplica base en la nueva nomenclatura.
al personal civil
vinculado a los Los empleados civiles no uniformados del sector Defensa vinculados a la Planta de
Organismos y Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
Dependencias del debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que
Sector Defensa. Por desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen
ello, los empleos el cargo en el que fueron incorporados.
públicos del personal
civil y no uniformado 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por
asignados a la disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
Dirección General de especial para los empleados civiles no uniformados del sector Defensa, empezó a
Sanidad Militar devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
pertenecen a la planta civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional20.
18 Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando
servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
19 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
20 Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
de personal del
Ministerio de Defensa Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente
Nacional, a quienes se en la planta global del sector Defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y
les aplican las clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración
siguientes reglas: correspondiente al empleo que desempeñaba, esto es, según el régimen salarial
fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Orden Nacional21. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación,
por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
Tabla 2. Reglas de unificación de la sentencia SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019
58. Con fundamento en las referidas reglas de unificación, se estima necesario
efectuar algunas precisiones que ha destacado la presente Subsección 22. Lo
anterior, debido a que en varias providencias de esta Sección se consideró que los
empleados vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, entidad
suprimida por la Ley 352 de 1997, pese a su incorporación en 2009 a la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, mantuvieron el derecho a que se les aplicara el
numeral 6.º del artículo 3.º del Decreto 3062 de 1997. Por consiguiente, continuaron
cobijados por el régimen salarial previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional, y no por la asignación básica fijada para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
59. No obstante, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado previamente referida impone, en esta materia, un marco interpretativo
distinto. En dicha providencia se precisó, entre otros aspectos, que con la entrada
en vigor del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron las asignaciones salariales conforme a
la nomenclatura y clasificación especial allí previstas. En consecuencia, la
remuneración de los empleados civiles no uniformados del sector defensa pasó a
reconocerse con fundamento en esa nueva nomenclatura.
60. También precisó que, desde el momento en que el empleado pasó a ocupar
el cargo al cual fue incorporado en virtud del Decreto 4783 de 2008, y conforme a
la nomenclatura y clasificación especial prevista para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa, comenzó a percibir la asignación básica
establecida por el Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional.
61. En otras palabras, mientras se producía la incorporación al cargo equivalente
en la planta global del sector defensa, de conformidad con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor conservaba el derecho a
21 Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre
de 2021, rad. 25000-23-42-000-2017-05130-01(0915-21), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
percibir la remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba con
anterioridad, esto es, la fijada por el Gobierno nacional para los empleos de la Rama
Ejecutiva del poder público del orden nacional. Cumplida la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, pasaba a regirse
por la escala de asignación básica prevista por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados de dicha entidad.
62. Por último, la citada sentencia de unificación precisó que la Ley 1033 de 2006
no alteró el régimen prestacional, razón por la cual este continúa rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley 352 de 1997. Bajo ese entendido, y por respeto a la seguridad
jurídica y a la fuerza vinculante del precedente allí fijado, se acoge esa orientación
jurisprudencial, habida cuenta de que la misma providencia dispuso su aplicación
obligatoria a todos los asuntos pendientes de definición en sede administrativa y
judicial, mediante acciones o medios de control ordinarios, con la única salvedad de
los casos amparados por cosa juzgada.
3.4. Hechos probados
63. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(a) La certificación del Grupo de Talento Humano de la Dirección General de
Sanidad Militar del 10 de julio de 2014, hace constar que el señor Regino Villaroya
Garcés laboró desde el 5 de abril de 1982 hasta el 30 de agosto de 2005 en la
Dirección General de Sanidad Militar. Su última vinculación fue como profesional
universitario, código 3010, grado 1623. En dicho documento se indicaron los haberes
devengados por el señor Villaroya para los años 2004 y 2005, así:
Año 2004
Sueldo básico $2.035.840
Bonificación por servicios $712.544
prestados
Prima de servicios $1.047.609
Prima de vacaciones $1.091.260
Bonificación especial de $135.723
recreación
Prima de navidad $2.273.458
Año 2005
Sueldo básico $2.130.092
Bonificación por servicios $745.532
prestados
Prima de servicios $1.096.110
Prima de vacaciones $1.141.781
Bonificación especial de $142.006
recreación
23 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 19.
19
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
Prima de navidad $1.585.807
(b) Mediante el Oficio núm. 375383 del 24 de octubre de 2014, la Dirección General
de Sanidad Militar aportó comprobante de nómina del señor Regino Villaroya
Garcés para el mes de julio de 2005, donde se relaciona específicamente el
concepto de «prima de servicios», por un valor de «1.096.110»24, así:
Descripción Cantidad Devengado Deducido Saldos
concepto
Prima de servicios 360 $1.096.110
totales $1.096.110 $0.00
$1.096.110
(c) Junto con la contestación de la demanda, se allegó el expediente prestacional
4119 del 13 de octubre de 2005 perteneciente al señor Regino Villaroya Garcés,
conformado para el trámite de «pensión de jubilación». En dichos documentos se
adjuntó, entre otros, la constancia emitida por el subdirector administrativo y
financiero de la Dirección General de Sanidad Militar del 27 de septiembre de
200525, en la que se hace constar que el señor Villaroya Garcés prestó sus servicios
hasta el 31 de agosto de 2005, fecha en la cual fue retirado a través de la Resolución
núm. 772 del 22 de agosto de 2005, por tener derecho a pensión de jubilación.
(d) Por medio de la Resolución núm. 4159 del 30 de noviembre de 2005, la directora
administrativa y el coordinador del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de
Defensa Nacional, reconocieron pensión mensual de jubilación al señor Regino
Villaroya Garcés, en cuantía del 75 % del último salario devengado, a partir del 1 de
septiembre de 200526. En dicho documento se indicó que la acreencia se reconoció
en virtud del artículo 98 del Decreto 1214 de 1990.
(e) En el expediente administrativo obra el formato de liquidación de pensión, en el
que se registra el 1 de septiembre de 2005 como la fecha del derecho pensional del
señor Regino Villaroya Garcés. Asimismo, que se tuvo en cuenta para su cálculo el
sueldo básico y una doceava de navidad27.
(f) El 15 de diciembre de 201428, el señor Regino Villaroya Garcés solicitó a la
Dirección General de Sanidad Militar la reliquidación de la pensión de jubilación con
la inclusión de la prima de servicios prevista en el artículo 102 del Decreto 1214 de
1990.
24 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 18.
25 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO21(.PDF) NroActua 2», imagen 17.
26 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 28.
27 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO21(.PDF) NroActua 2», imagen 17.
28 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 21 y 22.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
(g) Como consecuencia de lo anterior, el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional, a través del Oficio núm. OFI15-49456
MDNSGDAGPSAP del 22 de junio de 201529, negó lo solicitado por el peticionario.
3.5. Análisis del caso concreto
64. En el asunto bajo análisis, el demandante solicitó la nulidad del acto
administrativo a través del cual se le negó la reliquidación de la pensión de jubilación
de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, con el fin de que se
incluya la partida adicional de la «prima de servicios».
65. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que al actor le era aplicable el régimen pensional previsto en el Decreto
1214 de 1990, por haber sido empleado civil de la Armada Nacional antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que, en ese marco, la prima de servicios
sí constituía una partida computable para la liquidación pensional. Con fundamento
en lo consignado en la Resolución 4159 de 2005 —mediante la cual se reconoció la
pensión— y en la certificación expedida por la Dirección General de Sanidad Militar,
estableció que el demandante efectivamente devengó la prima de servicios en 2004
y 2005, por lo que su exclusión de la base de liquidación pensional desconoció el
régimen aplicable. En consecuencia, declaró la nulidad del acto que negó la
reliquidación y ordenó recalcular la pensión con el 75 % del último salario,
incluyendo el sueldo básico, la prima de servicios y la doceava parte de la prima de
navidad.
66. Inconforme con esta decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación. Afirmó que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen ordinario laboral,
cuando la pensión del demandante debía liquidarse conforme al régimen especial
del personal civil del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. Sostuvo que aunque
inicialmente pudo estar cobijado por el Decreto 1214 de 1990, a partir del Decreto
1301 de 1994 y de la Ley 352 de 1997 quedó sometido al régimen salarial previsto
para los servidores de la Rama Ejecutiva, razón por la cual pidió revocar la
sentencia.
67. Para resolver los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala
establecerá el supuesto normativo aplicable, de conformidad con las reglas de
unificación establecidas por esta corporación para la reliquidación de la pensión de
jubilación con inclusión de la prima de servicios, prevista en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.
29 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 14.
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Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
Reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de la prima de
servicios prevista en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990
68. En efecto, se advierte que el señor Regino Villaroya Garcés se vinculó
inicialmente a la Armada Nacional el 5 de abril de 1982 y prestó sus servicios en la
Dirección General de Sanidad Militar hasta el 30 de agosto de 2005. Se precisa que
el último cargo que desempeñó fue el de profesional universitario, código 3010,
grado 16 y que su retiro se produjo con ocasión del cumplimiento de los requisitos
para acceder a la pensión. Lo anterior, según la Resolución núm. 4159 del 30 de
noviembre de 2005, así como la certificación expedida por el Grupo de Talento
Humano de la Dirección General de Sanidad Militar el 10 de julio de 2014.
69. Luego de reconocida su pensión de jubilación, el 15 de diciembre de 2014,
el señor Regino Villaroya Garcés solicitó la reliquidación pensional con inclusión de
la prima de servicios, establecida en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990. Sin
embargo, en lo que respecta a la acreencia pensional, por Oficio núm. OFI15-49456
MDNSGDAGPSAP del 22 de junio de 2015 se negó dicha petición en virtud de los
siguientes argumentos:
Como se puede concluir de la normatividad antes descrita [decretos 1214 de 1990,
1792 de 2000 y 2701 de 1988], a su prohijado le fue reconocida una pensión de
jubilación teniendo como base las partidas reportadas en la hoja de servicios
definitiva que fue conformada y remitida por el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, es
decir que a la fecha la pensión que actualmente devenga su prohijado se encuentra
perfectamente liquidada y su reconocimiento fue ajustado a derecho.
70. Ahora bien, como se explicó de manera precedente, en el presente asunto la
controversia se circunscribe, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación, a
establecer el régimen prestacional aplicable al personal civil de la Dirección General
de Sanidad Militar y, como consecuencia de ello, si resulta procedente la
reliquidación de la pensión de jubilación, con inclusión de la prima de servicios,
según el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
71. La Sala recuerda que a través de la Resolución núm. 4159 del 30 de
noviembre de 2005 la directora administrativa y el coordinador del grupo de
prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional le reconocieron al señor
Regino Villaroya Garcés la pensión de jubilación en cuantía del 75 % del último
salario devengado, a partir del 1 de septiembre de 2005, teniendo en cuenta las
siguientes partidas:
Que según Hoja de Servicios Nro. 514 del 24 de septiembre de 2005 y Cuadro Datos
Personales y Liquidación de tiempo de Servicio, el citado ex - funcionario prestó sus servicios
al Ministerio de Defensa Nacional, por espacio de 23 años, 06 meses y 01 día, incluidos 16
años, 02 meses, 20 días laborados con anterioridad y comprendidos del 05 de abril de 1982
al 25 de junio de 1998 y la diferencia de año laboral, (folios 1 y 6).
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del decreto 1214 de 1.990, el señor
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VILLAROYA GARCES REGINO, por los servicios prestados al Estado consolidó el derecho
al reconocimiento y pago de una pensión mensual de Jubilación, en cuantía equivalente al
75.00% de los últimos haberes percibidos y computables para prestaciones sociales, que
según certificación expedida por el Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección
General de Sanidad Militar, (folio 2), fueron los siguientes:
Sueldo Básico $2.130.092.00
1/12 Prima de Navidad $177.508.00
TOTAL $2.307.600.00
72. Como consecuencia de lo anterior, el demandante solicitó, para el reajuste
de la pensión de jubilación, la inclusión de la prima de servicios prevista en el
Decreto 1214 de 1990, por estar enlistada en el artículo 102 de esa normativa y
haber sido efectivamente percibida por él.
73. Sobre este particular, la sentencia de primera instancia accedió a la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la partida adicional de
«prima de servicios». Lo anterior, al considerar que le era aplicable el régimen
pensional previsto en el Decreto 1214 de 1990, por haber sido empleado civil de la
Armada Nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que, en ese
marco, la prima de servicios sí constituía una partida computable para la liquidación
pensional. Asimismo, según las pruebas allegadas al proceso, se podía advertir que
el demandante efectivamente devengó la prima de servicios en los años 2004 y
2005.
74. Así, como se indicó en líneas anteriores, de la Resolución núm. 4159 del 30
de noviembre de 2005 y la certificación de servicios, se extrae que el señor Regino
Villaroya Garcés ingresó al Armada Nacional el 5 de abril de 1982. Por tanto, su
vinculación se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
(1.º de abril de 1994), de modo que su régimen prestacional se regía por el Decreto
1214 de 1990, conforme a la Ley 352 de 1997 y en consonancia con la tercera regla
establecida en la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre
de 2019.
75. Aunado a lo anterior, aunque la entidad demandada, en el recurso de
apelación, adujo que el régimen aplicable al demandante era el dispuesto en el
Decreto 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997, es decir, el régimen salarial previsto
para los servidores de la Rama Ejecutiva, lo cierto es que el acto administrativo de
reconocimiento pensional, cuya legalidad aquí defiende la demandada, estableció
que la prestación fue reconocida en virtud del Decreto 1214 de 1990.
76. Igualmente, conviene recordar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
expresamente señala que «el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas» (negrillas por la Sala).
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77. Determinado lo anterior, se establecerá cuáles son las partidas computables
para liquidar la pensión de jubilación, a la luz del Decreto 1214 de 1990, y si la
decisión del a quo de acceder a la prima de servicios, se ajustó a la normativa
aplicable.
78. En este contexto, en lo atinente a la liquidación de las prestaciones sociales
conforme al Decreto 1214 de 1990, se advierte que su artículo 102 establece cuáles
son las partidas computables, a saber:
ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea
retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez,
de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma
de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
PARAGRAFO 1. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las
Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable
como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta
la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.
PARAGRAFO 2. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto
será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones
sociales.
79. Ahora bien, descendiendo al caso particular se advierte que la pensión de
jubilación del peticionario fue liquidada únicamente con los factores computables,
de «sueldo básico» y una doceava parte de la prima de navidad « 1/12 PRIMA DE
NAVIDAD». En ese contexto, en materia prestacional el accionante sería beneficiario
del régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990, por lo que en principio resultaba
procedente reajustar la prestación con la inclusión de la «prima de servicios», por
tratarse de una partida expresamente contemplada en dicha normativa. No
obstante, para la procedencia de su inclusión, debe acreditarse que esta fue
efectivamente devengada por el demandante.
80. Lo anterior obedece a las particularidades propias de este tipo de asuntos,
derivadas del tránsito normativo aplicable al personal civil de la Dirección General
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de Sanidad Militar. En efecto, tales servidores pueden estar sometidos a regímenes
salariales y prestacionales distintos, según la fecha en que ingresaron o fueron
incorporados a la entidad, como se explicó a lo largo de esta providencia. Por ello,
el hecho de que una persona tenga derecho a la inclusión de determinadas partidas
en virtud de su régimen prestacional no permite concluir, por sí solo, que
efectivamente hubiere cotizado sobre ellas, precisamente por la diferenciación
existente entre uno y otro régimen.
81. Lo anterior, por cuanto los aportes al sistema pensional debieron realizarse
sobre el factor salarial cuya inclusión se reclama en la pensión de jubilación, aun
cuando dicha partida esté contemplada en el Decreto 1214 de 1990. En ese sentido,
la sola previsión de ese factor en el régimen prestacional no basta para disponer su
inclusión en la base de liquidación pensional, pues, dada la diferenciación entre los
regímenes salarial y prestacional aplicables al personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa Nacional, no puede inferirse automáticamente que aquella
hubiere sido percibida ni que sobre ella se hubiesen efectuado los respectivos
aportes. Por consiguiente, «mal haría en ordenar el reajuste de la prestación sobre
factores que no fueron percibidos»30.
82. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el proceso se allegó la certificación
salarial31 y desprendible de nómina32 a partir de los cuales se evidencia que el
demandante devengó en los años 2004 y 2005 (último año de servicios) la prima de
servicios. Además, con el recurso de apelación no se aportaron ni se solicitaron
pruebas encaminadas a acreditar que dicha acreencia no fue devengada, o para
desvirtuar los medios de convicción allegados. Ello, por cuanto la argumentación de
la alzada se concentró en sostener que al demandante no le era aplicable el Decreto
1214 de 1990.
83. Sobre este aspecto, se acoge el criterio sostenido por esta Sección en casos
análogos, posteriores a la sentencia de unificación, según el cual no procede la
inclusión de estos factores cuando no se demuestra su percepción efectiva durante
la relación laboral. En el presente caso no ocurre dicha circunstancia, dado que el
demandante como beneficiario del régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990,
percibió en el último año de servicio la referida prima, por lo que es procedente
incorporarla en la base pensional.
84. En ese sentido, la Subsección ha precisado en los casos en que ha analizado
el reconocimiento de esta clase de factores en la pensión de jubilación del personal
civil del Ministerio de Defensa, que su inclusión exige acreditar que fueron
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8
de febrero de 2024, exp. 25000-23-42-000-2016-04243-01 (0302-2022), M.P. César Palomino Cortés.
31 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 19.
32 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO15(.PDF) NroActua 2», imagen 18.
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efectivamente percibidos33.
85. Así, la sola condición de beneficiario del régimen prestacional consagrado en
el Decreto 1214 de 1990, que prevé la prima de servicios, no resulta suficiente para
acceder a su inclusión. Para ello, además, se requiere prueba que demuestre que
el demandante percibió efectivamente tales partidas, supuesto que se acreditó en
el sub examine, dado que en el último año de servicios prestados el demandante
percibió la partida respecto la cual pretende su reconocimiento.
86. La anterior conclusión parte de una interpretación sistemática del criterio de
la Sección en torno a la acreditación de los factores salariales cuya inclusión en la
base pensional depende de su percepción efectiva, así como de lo dispuesto en la
sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de diciembre de 2019. Esto
significa que la decisión adoptada en el presente asunto se ajusta a dicha
providencia, pues en el caso del peticionario se demostró, conforme a las reglas de
unificación allí fijadas, que se encontraba en el tercer supuesto y, por tanto, era
beneficiario del régimen prestacional previsto en el Decreto 1214 de 1990 y acreditó
que efectivamente devengó tal partida, carga probatoria que fue satisfecha con el
certificado salarial y el desprendible de nómina de los años 2004 y 2005.
87. Finalmente, la Sala considera pertinente corregir y precisar dos aspectos de
la sentencia de primera instancia. En cuanto al primero, se advierte que la decisión
proferida por el Tribunal incurrió en una imprecisión en el análisis de la prescripción,
pues, aunque a partir de las consideraciones pertinentes arribó a la declaratoria del
fenómeno prescriptivo cuatrienal, partió del supuesto erróneo de que la petición fue
presentada el 9 de diciembre de 2014, cuando en realidad se radicó el 15 de
diciembre de 2014, como acertadamente se indicó en la demanda y se corrobora
con la constancia de correo certificado, en la que figura como fecha de envío
«2014/12/10» y como fecha de gestión «15-12-2014». En consecuencia, se
modificará la fecha consignada en los ordinales primero y quinto de la decisión, para
precisar que la correcta es el 15 de diciembre de 2010, determinación que no afecta
al apelante único.
88. En segundo lugar, la Sala considera necesario precisar que si bien la
sentencia de primera instancia reconoció acertadamente la prima de servicios,
omitió determinar el porcentaje aplicable de ese factor salarial según su causación;
esto es, si correspondía a la prevista en el artículo 46 o a la contemplada en el
artículo 47 del Decreto 1214 de 1990. Esta precisión es relevante, por cuanto el
artículo 102 del mismo decreto, aunque incluye la prima de servicios entre las
partidas computables, no identifica cuál de tales modalidades debe tenerse en
cuenta. Para definir este aspecto, la Sala acoge el criterio interpretativo desarrollado
en esta providencia y reiterado por la Sección Segunda de esta corporación, según
el cual, además de estar consagrado normativamente, el factor debe haber sido
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
22 de agosto de 2024, exp. 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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efectivamente percibido por el beneficiario. Lo anterior, en los siguientes términos34:
80. Ahora, la sentencia de unificación supra citada y las providencias que han sido
proferidas con posterioridad, han explicado que a aquellos empleados vinculados
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 que permanecieron en la institución
hasta después del año 2008 cuando se unificó el régimen de administración del
personal civil del sector salud, no eran beneficiarios del régimen salarial previsto en
el título III del Decreto 1214 de 1990, el cual reguló las primas de servicio previstas
en los artículos 46 y 47; sin embargo, mantuvo el régimen prestacional del título VI
ibidem —concretamente del artículo 102 que prevé los factores computables— sin
que en las normas posteriores a este decreto se hiciera alguna consideración
adicional.
81. De ahí que surjan las 2 interpretaciones expuestas, pues si bien es cierto que
en virtud de los Decretos 171 de 1995 y 1407 de 1995 las primas mensuales fueron
incluidas en la asignación básica, también lo es que se mantuvo el régimen
prestacional incluso con la prima de servicios.
82. Por consiguiente, la Sala prohíja el criterio consistente en que aun cuando se
trate de aquella que se paga anualmente e independiente del régimen salarial,
debe ser incluida en una doceava cuando se pruebe que fue devengada. Ello,
por cuanto el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 estableció expresamente que
la prima de servicios haría parte de la liquidación de la pensión y, en el sub examine
se demostró que le fue pagada en el año 2010 cuando se retiró de la institución
(Destaca la Sala).
89. Al descender al caso concreto, se advierte que, según el desprendible de
pago aportado al proceso, la prima de servicios reconocida al demandante aparece
certificada por «360» días, lo que evidencia que corresponde a la causada
anualmente. En consecuencia, se trata de la prima de servicios prevista en el
artículo 4735 del Decreto 1214 de 1990. Por ello, su inclusión en la base de
liquidación pensional debe efectuarse en una doceava parte del valor reconocido
por ese concepto, habida cuenta de que la mesada pensional se paga de manera
mensual. Así lo ha precisado esta Sección36:
Sin embargo, en aquel cálculo no se incluyó la prima de servicios que la libelista
devengó y que constituía otra de las partidas computables para tal efecto como se
precisó con antelación, por lo que debe ordenarse la reliquidación pensional
deprecada con base en este emolumento adicional, tal como se determinó en la
sentencia precitada.
No obstante, al verificar el referido certificado laboral, se observa que la prima de
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
22 de agosto de 2024, exp. 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
35 ARTÍCULO 47. PRIMA DE SERVICIO ANUAL. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, tendrán derecho al pago de una prima de servicio anual equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de la totalidad de los haberes devengados en el mes de junio del respectivo año, la cual se pagará dentro
de los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
11 de noviembre de 2021, exp. 25000-23-42-000-2018-02039-01(2811-20), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
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servicios en comento corresponde a aquella que se concede anualmente de
acuerdo con el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990, de suerte que su cómputo
en la base de liquidación pensional debe efectuarse en una doceava parte del
valor pagado por dicho concepto, toda vez que la prestación de vejez otorgada a la
señora Navarro Patrón se abona de manera mensual (Destaca la Sala).
90. Por las razones expuestas, se modificará el ordinal tercero del fallo de
primera instancia en el sentido de precisar que la prima de servicios reconocida
corresponde a la causada anualmente y, por tanto, debe computarse en una
doceava parte.
91. En este orden, la decisión de la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones de la demanda será confirmada parcialmente.
3.6. Costas
92. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Bolívar, decidió condenar
en costas a la parte accionada e indicó que estas debían ser liquidadas por la
Secretaría de esa corporación, en virtud del artículo 366 del Código General del
Proceso.
93. Inconforme con la decisión, la parte demandada solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia.
94. Sobre el punto, la presente providencia acoge el criterio interpretativo
mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la
norma en cita no presupone la causación automática de costas contra la parte que
pierda el litigio, sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria.
Por tal razón, se estima que, para decretar la referida condena en primera instancia,
el Tribunal debió analizar la conducta de la parte vencida, con el fin de determinar
si actuó de forma temeraria o de mala fe.
37 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
95. Así las cosas, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte vencida hubiese obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se evidencia que ejerció
su derecho de contradicción y defensa sin realizar acciones dilatorias o
encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.
96. Por consiguiente, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente
que demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a
condenar en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el ordinal
sexto de la parte resolutiva del fallo apelado y no se condenará en costas en primera
instancia.
97. Por las mismas razones, tampoco es procedente imponer la condena en
costas en segunda instancia.
3.7. Conclusión
98. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en materia prestacional, al
accionante le era aplicable el Decreto 1214 de 1990, en los términos de la Ley 352
de 1997, por cuanto su vinculación fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993. En consecuencia, procede la inclusión de la prima de servicios en la
pensión de jubilación, por estar contempladas en ese régimen y porque demostró
que percibía tal factor al momento de su desvinculación de la entidad, de
conformidad con el criterio adoptado por esta Sección en la materia. Asimismo, se
corregirá lo relativo al fenómeno prescriptivo, conforme al momento correcto de
presentación de la petición, y se modificará el ordinal tercero del fallo de primera
instancia para precisar que la prima de servicios debe computarse en una doceava
parte.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 23 de agosto de 2019 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, que accedió a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Modificar los ordinales primero, tercero y quinto de la parte resolutiva de
la anterior sentencia, los cuales quedarán así:
PRIMERO: Declárase que no se configuró la existencia del acto ficto negativo frente
a la petición radicada por el demandante 15 de diciembre de 2014, por las razones
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00689-01 (3385-2021)
Demandante: Regino Villaroya Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[…]
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación - Ministerio de Defensa – Grupo
de Prestaciones Sociales reliquidar la pensión del demandante teniendo en cuenta
el 75 % del último salario devengado con inclusión de las siguientes partidas
computables: sueldo básico, prima de servicios [doceava] y la doceava parte de la
prima de navidad.
[…]
QUINTO: Se declaran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 15 de
diciembre de 2010.
Tercero. Revocar el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
por medio del cual se condenó en costas a la demandada, de conformidad con las
razones expuestas en precedencia. En su lugar, negar la condena en costas
impuesta en primera instancia.
Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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