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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01708-01

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01708-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar

Tema: reajuste de la pensión de jubilación de personal civil de la Dirección General
de Sanidad Militar según la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997 y el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Adiela Nancy Soto Micolta solicitó la nulidad parcial del acto
administrativo mediante el cual la entidad accionada le reconoció la pensión de
jubilación, y total de los oficios que negaron la reliquidación de dicha acreencia
pensional, conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997
y el Decreto 1214 de 1990, con fundamento en las asignaciones salariales
aplicables al personal de la Rama Ejecutiva del orden nacional y con la inclusión de
los factores previstos en el artículo 102 de este último decreto. En esta providencia
se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.

Lo anterior, por cuanto no puede mantenerse la decisión de reliquidar la pensión
con base en la asignación básica prevista en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062
de 1997, esto es, la fijada para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional, ya que la accionante, quien se desempeñó como técnico
de servicios, código 5-1, grado 29, no tiene derecho al reajuste de esa asignación
conforme a dichas escalas salariales. En efecto, al ser incorporada a la planta de
personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
1

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

su remuneración pasó a regirse por la establecida por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del sector defensa.

No obstante, se confirmará la decisión en lo que respecta a la reliquidación
pensional teniendo en cuenta algunas prestaciones sociales, toda vez que, como
su vinculación fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, le era
aplicable el Decreto 1214 de 1990, en los términos de la Ley 352 de 1997. Por ello,
resultaba procedente incluir las partidas correspondientes a las primas de actividad
y de servicios en la pensión de jubilación, al estar expresamente previstas en ese
régimen, como lo decidió el a quo.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Adiela Nancy Soto Micolta, por conducto de apoderado, presentó
demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General
de Sanidad Militar, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que
a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de la Resolución
núm. 1605 del 22 de abril de 2013, que le reconoció la pensión de jubilación, y total
de los oficios núm. OFI17-25421 MDNSGDAGPSAP del 31 de marzo de 2017 y
núm. 07250 / MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-29.57 del 11 de mayo de 2017, por
medio de los cuales la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
1997, y para que se incluyeran las partidas adicionales establecidas en el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de la señora Adiela
Nancy Soto Micolta, como personal civil de la planta de personal del sector defensa,
teniendo en cuenta la asignación básica salarial prevista en el numeral 6 del artículo
3 del Decreto 3062 de 1997. Para tal efecto, pidió que se apliquen las escalas
salariales establecidas para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

4. Solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación según lo previsto en el

1
El 9 de noviembre de 2017. Ver Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « ED_CUADERNO1_04ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 10».
2 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf) NroActua 10».

2

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Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 y la nueva base salarial para empleados de
la Rama Ejecutiva del orden nacional. Asimismo, que se dé cumplimiento al fallo
según el artículo 192 del CPACA; y se condene en costas a la parte vencida.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. La señora Adiela Nancy Soto Micolta ingresó a laborar en el Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares el día 16 de enero de 1993. Luego, fue incorporada a la
Dirección General de Sanidad Militar, donde prestó sus servicios hasta el 27 de
febrero de «2007» en el cargo de técnico de servicios código 5-1 grado 29.

7. Indicó que le fue reconocida la pensión de jubilación a través de la Resolución
1605 de 22 de abril de 2013, sin embargo, precisó que no le fueron respetados los
derechos adquiridos, ya que era beneficiaria del régimen establecido en el Título VI
del Decreto 1214 de 1990, esto es, con la inclusión de todas las partidas
computables que refiere el artículo 102 de ese mismo decreto.

8. Conforme con lo anterior, el 27 de marzo de 2017 solicitó al Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar el reajuste de su pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997,
esto es, el que rige para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional, así como con el Decreto 1214 de 1990.

9. En atención a lo anterior, se profirieron los oficios núm. OFI17-25421
MDNSGDAGPSAP del 31 de marzo de 2017 y núm. 07250 / MDN-CGFM-DGSM-
SAF-GTH-29.57 del 11 de mayo de 2017, a través de los cuales la accionada negó
lo solicitado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

 De la Constitución Política, los artículos 13 y 53.
 Del Decreto 1214 de 1990, los artículos 1, 2, 4, 38, 57 y 102.
 Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 21.
 Decreto 1301 de 1994, el artículo 89.
 Ley 352 de 1997, el artículo 55.
 Decreto 3062 de 1997, los artículos 2 y 3.
 Decreto 5 de 1998, los artículos 1, 2 y 3.
 Decreto 1792 de 2000, los artículos 1,3,7,10,111 y 114.
 Decreto 92 de 2007, los artículos 1, 2, 3, 21 y 23.
 Decreto 2727 de 2010.

10. Advirtió que los actos demandados desconocieron el régimen prestacional
aplicable a la demandante, pues aunque las modificaciones en la estructura jurídica
3

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Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
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Militar

del sector defensa fueron válidas, ello no autorizaba a la administración para omitir
la aplicación integral del Título VI del Decreto 1214 de 1990 al personal vinculado
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En esa medida, afirmó que, al momento
de reconocer la pensión de jubilación, debían incluirse como partidas computables
todos los factores previstos en el artículo 102 de ese decreto.

11. Planteó la vulneración de los derechos a la igualdad y a la favorabilidad
laboral. Lo anterior, al señalar que la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección
General de Sanidad otorgó un trato inequitativo y discriminatorio al negar la
reliquidación pensional con inclusión de las partidas del artículo 102 del Decreto
1214 de 1990, pese a que el ordenamiento constitucional, especialmente el artículo
53, impone la aplicación de la situación más favorable al trabajador y la protección
efectiva de sus derechos laborales y pensionales.

12. Adujo que el acto acusado habría desconocido lo previsto en el artículo 89
del Decreto 1301 de 1994, el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y el numeral 4 del
artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. Según la demanda, esas disposiciones son
claras en preservar, en materia prestacional, los derechos de quienes se vincularon
antes de la Ley 100 de 1993, por lo que a la demandante no le resultaba aplicable
el Decreto 2701 de 1988, sino el régimen del Decreto 1214 de 1990, incluyendo la
prima de actividad, la prima de servicios y las demás partidas computables para
liquidar la pensión.

13. Finalmente, consideró que se configuró una falsa motivación, porque la
administración fundamentó la negativa en un régimen que no correspondía a la
situación jurídica de la demandante y afirmó erradamente que su pensión había sido
liquidada con todas las partidas computables pertinentes. La demanda insistió en
que nunca se pretendió una nivelación salarial ilegal, sino el respeto de los derechos
adquiridos y la correcta aplicación del régimen prestacional especial que la cobijaba,
el cual fue indebidamente desconocido al excluir factores salariales que debían
integrar la base de liquidación pensional

2.2. Contestación de la demanda

14. La Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar3 se
opuso a las pretensiones de la demanda. La entidad sostuvo, en esencia, que el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ha contado
históricamente con una regulación autónoma y especial, desarrollada, entre otras
normas, por el Decreto 1301 de 1994, la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
1997. Con base en ese marco, señaló que, aunque la actora reclamaba la aplicación
del régimen salarial de la Rama Ejecutiva del orden nacional, la administración actuó
según la normativa especial del sector defensa.

3 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«25_CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTACION».

4

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Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

15. Afirmó que la asignación básica de los empleados de la Dirección General de
Sanidad Militar se ha pagado conforme a los decretos salariales anuales expedidos
por el Gobierno Nacional para el personal civil no uniformado del Ministerio de
Defensa, sin que haya lugar a reliquidación, reajuste, indexación ni sanción
moratoria. Añadió que con ocasión de la modificación de la planta de personal y de
la incorporación efectuada en octubre de 2009, la demandante pasó a estar cobijada
por la nomenclatura y escalas salariales propias del sector defensa, de manera que
no se le adeudan diferencias salariales ni prestacionales.

16. Finalmente, concluyó que la existencia de un régimen especial para el
personal del sector salud del Ministerio de Defensa tiene fundamento constitucional
y legal, y que ello justifica un tratamiento salarial y prestacional distinto al de otros
servidores públicos. Por tal razón, solicitó negar todas las pretensiones de la
demanda, propuso la excepción innominada y pidió reconocer de oficio cualquier
otra excepción de fondo que resultara probada en el proceso.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió sentencia el 29 de
noviembre de 20194, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda,
así:

PRIMERO. DECLÁRASE probada de oficio la excepción de prescripción cuatrienal
del reajuste pensional, causado con anterioridad al 27 de marzo de 2013, dadas las
consideraciones hechas al respecto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 1605 del 22 de
abril de 2013, por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación a la
demandante, y la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios
OFI17-25421 MDN-SGDA del 31 de marzo de 2017, y, radicado No. 07250 – MDN-
CGFM-DGSM-GAL. 1.10 del 11 de mayo de 2017; suscritos por LINA MARIA
TORRES CAMARGO, Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales y el
Capitán de Navío DAVID TADEO PIÑA SABAHG, respectivamente, mediante los
cuales negó el reconocimiento, reliquidación y pago de la pensión de jubilación de
la actora, con apego a lo previsto en la Ley 352/97, y los decretos 3062 de 1997 y
1214/90; conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, reliquidar la pensión de jubilación de la señora Adiela Nancy Soto Micolta,
teniendo en cuenta la partida computable “sueldo básico” en la cuantía aplicable al
personal de la Rama Ejecutiva del Poder Público, según los decretos anualmente
expedidos, y con la inclusión de las partidas adicionales “prima de actividad”, “prima

4 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_27FALLO(.pdf) NroActua 10».

5

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Militar

[de] servicios” y demás beneficios consagrados en el Decreto 1214 de 1990, a partir
del 28 de febrero de 2013, fecha en la que se hizo exigible del derecho, pero con
efectos fiscales a partir del 27 de marzo de 2013.

CUARTO: ORDÉNASE a la demandada, efectuar los ajustes de valor sobre las
sumas que resulten a favor de la parte demandante, según el índice de precios al
consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, aplicando
la fórmula señalada en la parte motiva de este fallo.

QUINTO: CONDÉNASE en costas a la parte demandada, a favor de la parte
demandante. Liquídense por Secretaría. Fíjense como agencias en derecho un
porcentaje del cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas.

SEXTO: Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos establecidos en el
artículo 192 del CPACA.

18. Esa corporación delimitó el problema jurídico en establecer si a la señora
Adiela Nancy Soto Micolta le asistía el derecho al reajuste de su pensión de
jubilación, tomando como base el sueldo básico aplicable al personal de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, junto con la inclusión de la prima de actividad, la prima
de servicios y demás factores del Decreto 1214 de 1990.

19. En esa línea, el Tribunal estudió la evolución normativa del régimen aplicable
al personal civil del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de Sanidad
Militar. Explicó que, tras la creación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
su posterior supresión por la Ley 352 de 1997, el régimen prestacional de quienes
se habían vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuó regido por
el Título VI del Decreto 1214 de 1990, mientras que el régimen salarial quedó atado
a las reglas previstas para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional.

20. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, esa corporación precisó
que debía distinguirse entre el régimen salarial y el prestacional. Señaló que los
servidores vinculados antes de la Ley 100 de 1993 conservaban, en materia
prestacional, la aplicación del Decreto 1214 de 1990; y que, en materia salarial, el
personal incorporado al sistema de salud del sector defensa quedó sometido al
régimen salarial previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva.

21. Al descender al caso concreto, el Tribunal encontró probado que la
demandante prestó servicios desde el 16 de enero de 1993, esto es, antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que su pensión había sido reconocida
mediante la Resolución 1605 de 22 de abril de 2013. Por ello concluyó que su
situación encajaba en el supuesto de quienes conservaban el régimen prestacional
del Decreto 1214 de 1990, con inclusión de las partidas computables allí previstas,
sin perjuicio de que el sueldo básico debía corresponder al fijado para los empleos
de la Rama Ejecutiva, al precisar que su remuneración era calculada con
6

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Militar

fundamento en la asignación básica de los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa, que materialmente era inferior.

22. Finalmente, el Tribunal declaró de oficio la prescripción cuatrienal del reajuste
causado con anterioridad al 27 de marzo de 2013, anuló parcialmente la Resolución
1605 de 2013 y los oficios que negaron la reliquidación, y ordenó reliquidar la
pensión de la demandante con base en el sueldo básico aplicable al personal de la
Rama Ejecutiva y con inclusión de la prima de actividad, la prima de servicios y
demás beneficios del Decreto 1214 de 1990, con efectos fiscales desde el 27 de
marzo de 2013. Además, condenó en costas a la entidad demandada por ser la
parte vencida, y como agencias en derecho fijó el 5 % del valor de las pretensiones
reconocidas.

2.4. Recurso de apelación

23. La demandada, a través de su apoderada, interpuso recurso de apelación5
en el que solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda. Lo anterior, debido a que los actos administrativos
acusados fueron expedidos conforme al régimen especial aplicable a los empleados
de la Dirección General de Sanidad Militar, por lo que gozan de legalidad y no
vulneran derecho alguno de la demandante.

24. Como fundamento, reiteró la evolución normativa del Sistema de Salud de
las Fuerzas Militares y sostuvo que, desde su organización y con la expedición de
la Ley 4 de 1992, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1301 de 1994, se consolidó un
régimen especial para el personal vinculado al sector salud de la Fuerza Pública, de
manera que los servidores incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares quedaron sometidos a reglas propias en materia salarial y prestacional.
Agregó que la Ley 352 de 1997 ordenó la liquidación de dicho instituto, creó la
Dirección General de Sanidad Militar y dispuso que los empleados incorporados a
las plantas de personal del Ministerio de Defensa conservarían el régimen salarial
que venían devengando; además, señaló que el Decreto 3062 de 1997 previó, para
quienes se incorporaran a las plantas de salud de esa cartera, la aplicación del
régimen salarial de los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

25. Pese a lo anterior, afirmó que la demandante no tiene derecho a
reliquidación, reajuste ni pago adicional alguno, porque su asignación básica le ha
sido reconocida conforme a los decretos salariales expedidos anualmente para el
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional. Precisó que, con
la expedición del Decreto Ley 092 de 2007 y del Decreto 4783 de 2008, se modificó
la planta de personal y se incorporaron a la nueva nomenclatura y clasificación de
empleos del sector defensa, sin que ello implicara desmejora salarial ni la aplicación

5 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_CUADERNO1_29RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 10».

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Militar

de un régimen distinto al efectivamente pagado.

26. Finalmente, sostuvo que ni el Decreto Ley 1792 de 2000, ni el Decreto Ley
092 de 2007, ni el artículo 10 del Decreto 407 de 2006 derogaron o modificaron el
régimen salarial del personal civil no uniformado de la planta de salud del Ministerio
de Defensa. En esa medida, concluyó que a la demandante se le pagaron los
salarios y prestaciones conforme a la normativa vigente y que, por tanto, debían
negarse las pretensiones.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

27. Mediante auto del 12 de mayo de 2022 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada6.

28. A través de auto del 25 de agosto de 20227 se concedió el término para que
las partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de
conclusión.

2.6. Alegatos de conclusión de segunda instancia

2.6.1. Demandante

29. La parte actora sostuvo que la controversia se centraba en determinar si a la
demandante, vinculada al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares desde el 16 de
enero de 1993, le continuaba siendo aplicable en materia prestacional el Título VI
del Decreto 1214 de 1990 y, por esa vía, si procedía reliquidar su pensión de
jubilación con inclusión de las partidas computables previstas en el artículo 102 de
esa norma, en particular la prima de actividad y la prima de servicios. Destacó como
hechos relevantes que la demandante ingresó antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993, fue incorporada al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares el 1 de marzo
de 1996 y obtuvo la pensión de jubilación mediante la Resolución 1605 de 22 de
abril de 2013, liquidada solo con el sueldo básico y la prima de navidad.

30. Con apoyo en el Decreto 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997, afirmó que
aunque el régimen salarial de la actora cambió con ocasión de las transformaciones
institucionales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, sus derechos
prestacionales adquiridos no podían desconocerse. Señaló que las normas
conservaron para quienes se vincularon antes de la Ley 100 de 1993 la aplicación
íntegra del Título VI del Decreto 1214 de 1990, de modo que la pensión debía
liquidarse con las partidas señaladas en su artículo 102, aun cuando esas primas
hubieran dejado de percibirse en actividad por ministerio de la ley. Insistió en que el
alcance protector de ese régimen fue expresamente reiterado por el artículo 55 de
la Ley 352 de 1997 y por el Decreto 3062 de 1997.
6 Samai, índice 04.
7
Samai, índice 11.
8

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

31. Finalmente, la demandante invocó pronunciamientos judiciales que, a su
juicio, respaldan la reliquidación pensional pretendida, así como la sentencia de
unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019, para resaltar que esta mantuvo incólume el
régimen prestacional de quienes estaban vinculados antes de la Ley 100 de 1993.
A partir de ello, concluyó que la entidad demandada interpretó indebidamente la
normativa al limitar el alcance del artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 al 75 % del
último salario, sin integrar las partidas computables del artículo 102, y por eso
solicitó acceder a las pretensiones y ordenar la reliquidación pensional con inclusión
de los factores reclamados8.

2.6.2. Demandada

32. Por su parte, la entidad demandada insistió en revocar la sentencia de
primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, al sostener que los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme al régimen especial aplicable
al personal de la Dirección General de Sanidad Militar. Señaló que la demandante
no tiene derecho al reconocimiento y pago de salarios, indexaciones,
reliquidaciones prestacionales ni sanción moratoria con fundamento en el régimen
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque su situación se rige por una
normativa especial propia del sector defensa.

33. Reiteró los argumentos relacionados con la evolución normativa del Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares, para concluir que con la expedición del Decreto
Ley 92 de 2007 y del Decreto 4783 de 2008, se ajustó la planta de personal y se
incorporó al personal de sanidad militar a la nomenclatura y clasificación especial
de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa, sin desmejora
salarial. Añadió que los salarios y prestaciones de la actora fueron pagados
conforme a los decretos salariales vigentes en cada anualidad, de modo que no
existió vulneración normativa ni diferencia a reliquidar.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra

8
Samai, índice 16.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:

36. ¿La demandante tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación,
conforme a la Ley 352 de 1997 y el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de
1997, con aplicación del régimen salarial fijado por el Gobierno nacional para la
Rama Ejecutiva del orden nacional, y teniendo en cuenta que, a partir del 27 de
octubre de 2009, desempeñó el cargo de técnico de servicios, código 5-1, grado 29
de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar?

37. ¿La demandante tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación
teniendo en cuenta la inclusión de las primas de actividad y de servicios previstas
en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990?

38. Para resolver el problema planteado, la Sala estima pertinente realizar
algunas consideraciones sobre: (a) el régimen normativo aplicable al personal del
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el
Decreto 1214 de 1990; y (b) el régimen salarial y prestacional del personal civil
vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Del régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de 1990

39. El artículo 2.º del Decreto 1214 de 19909, dispuso como «personal civil» del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional las personas naturales que presten
sus servicios en el Despacho del ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional. Por ello, aquellas que prestaran sus servicios en
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado,
sociedades de economía mixta y unidades administrativas especiales adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional no ostentaban la condición de personal
civil de ese ente ministerial ni de la Policía Nacional. En consecuencia, tales
servidores quedaban sometidos a las normas orgánicas y estatutarias propias de la
respectiva entidad.

40. Ahora bien, se advierte que en los títulos III y VI, del mencionado decreto se
reguló lo relativo a las asignaciones, primas y subsidios y la seguridad y bienestar
9 «por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía

Nacional».
10

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Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
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social. La presente Subsección10 ha ilustrado las anteriores disposiciones en el
siguiente sentido:

Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
35 Asignaciones: serían las
determinadas por las disposiciones
legales vigentes.

38 Prima de actividad: 20% del sueldo
básico mensual.
Partidas computables para
39 Prima de alimentación prestaciones sociales:
102
• Sueldo básico
43 Prima de navidad
• Prima de servicio
• Prima de alimentación
46 Prima de servicio: quienes - Prima de actividad
cumplieran 15 años de servicios - Subsidio familiar
continuos o discontinuos, tendrían - Auxilio de transporte
derecho a una prima mensual de - 1/12 de la prima de navidad
servicio y se liquidaría así: «[a] los
quince (15) años, el diez por ciento
(10%); por cada año que exceda de
los quince (15), el uno por ciento
(1%) más».

47 Prima de servicio anual: equivalente
al 50% de la totalidad de haberes
devengados en el mes de junio del
respectivo año, la cual se pagaría
dentro de los primeros 15 días del
mes de julio de cada año.

49 Subsidio familiar

54 Auxilio de transporte

Tabla 1. Asignaciones, primas y subsidios y la seguridad y bienestar social en el Decreto 1214 de 1990.

41. Luego, la Ley 100 de 1993, en su artículo 279 estableció que el Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en dicha ley no se aplicaría a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto
ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de
la Ley 100.

42. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 24811 de la Ley 100 de 1993, organizó el Sistema de Salud

10
Cuadro ilustrativo extraído de la sentencia del 22 de agosto de 2024, emitida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2016-04241-01
(4819-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
11 «ARTÍCULO 248. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del

artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades

11

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de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990. En desarrollo de dicha facultad expidió el Decreto Ley 1301 de
1994, por medio del cual creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, con
autonomía administrativa y patrimonio propio (artículos 35 y siguientes). Asimismo,
dicho decreto dispuso la creación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional (artículo 56). Así, el artículo 29 de dicha normativa indicó lo
siguiente:

ARTICULO 29. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional
del SMP es la siguiente:
(…)
2. Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a. 2 Nivel Regional.
b. a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.

3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a) El Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
(…) (Destaca la Sala)

43. En lo relativo al régimen jurídico del personal, señaló que quienes prestaran
sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional tendrían la calidad de
empleados públicos, salvo aquellos dedicados a actividades operativas de
conservación y mantenimiento.

44. En ese contexto, el régimen salarial aplicable a los empleados públicos
vinculados al referido instituto era el previsto por el Gobierno nacional para los
servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por consiguiente, al
tratarse de una entidad descentralizada, tales servidores no quedaron sometidos,
en materia salarial, a las disposiciones previstas para el personal civil del Ministerio

extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Ley
para:
(...)
6. Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la
presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto ley [1214] de 1990, en lo atinente a:
a) Organización estructural;
b) Niveles de Atención Médica y grados de complejidad;
c) Organización funcional;
d) Régimen que incluya normas científicas y administrativas;
e) Régimen de prestación de servicios de salud.
(…)».

12

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de Defensa Nacional. Así se previó el artículo 88 del Decreto Ley 1301 de 1994:

ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones,
viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta
clase de servidores establezca el gobierno Nacional.

En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos
organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.

PARAGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de
Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán
al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.

45. De esta manera, los empleados públicos que, al entrar en vigor el Decreto
Ley 1301 de 1994, prestaban sus servicios en el nivel central de la estructura
organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa Nacional, y fueron incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, pasaron a regirse por el régimen
salarial establecido para dicho establecimiento público.

46. En otras palabras, los empleados que ya se encontraban al servicio, así como
aquellos que se vincularon posteriormente al referido Ministerio y a los institutos
mencionados quedaron sujetos al régimen salarial previsto para la respectiva
entidad.

47. Ahora bien, en materia pensional, los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional
quedaron sometidos a la Ley 100 de 1993. En cuanto a las demás prestaciones
sociales, les resultaba aplicable el Decreto Ley 2701 de 1988 y las disposiciones
que lo modificaran o adicionaran. A su turno, quienes hubieren estado vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, conservarían el régimen previsto en el Decreto 1214
de 1990. En esos términos se indicó en el artículo 89 del Decreto Ley 1301 de 1994:

ARTICULO 89. REGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL. Los empleados
públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán
sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
sociales se les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y
adicionen.

13

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PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados
por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.

48. Posteriormente, la Ley 352 de 1997 reestructuró el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y derogó el Decreto Ley 1301 de 1994
(artículo 65). Además, dispuso la creación de la Dirección General de Sanidad
Militar (artículo 9) como dependencia del Comando General de las Fuerzas
Militares, con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares. Asimismo, ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional (artículo 53). En lo relativo a los derechos adquiridos, así como el
régimen prestacional y salarial de estos empleados, la ley en comento estableció lo
siguiente en sus artículos 54 a 56:

ARTÍCULO 54. PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se
incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional
o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial
que al respecto expida el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos
y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional.
[…]
ARTÍCULO 55. RÉGIMEN PRESTACIONAL. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las
plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el
Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.
PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no
contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del
Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa
Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos
al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
según sea el caso. (Destaca la Sala)

14

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49. En otras palabras, de las referidas disposiciones se desprende que en
materia prestacional se salvaguardaron los derechos adquiridos del personal que
venía vinculado a los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional. Así, quienes hubiesen ingresado antes de
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, continuaban sujetos a la aplicación
integral del Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, en lo concerniente
exclusivamente a la seguridad y al bienestar social.

50. En desarrollo de esa normativa se profirió el Decreto 3062 de 1997, en el cual
se establecieron garantías específicas para los servidores que laboraban en el
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y fueron incorporados a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, o al Hospital Militar Central
según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al artículo 54 de
la Ley 352 de 1997.

51. Así, en materia prestacional, el artículo 3, numeral 4, del Decreto 3062 de
1997 dispuso que a quienes se hubieran vinculado antes de la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993 se les seguiría aplicando íntegramente el Título VI del Decreto
1214 de 1990, así como las normas que lo modificaran o adicionaran; en cambio, al
personal vinculado con posterioridad le resultaría aplicable la Ley 100 de 1993. A
su turno, en materia salarial, el artículo 3, numeral 6, ibidem estableció que a los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporaran a las plantas de personal de salud creadas en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría el régimen salarial previsto para los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional:

Artículo 2º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente
prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se
incorporarán a la Planta de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o al Hospital
Militar Central según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al
artículo 54 de la Ley 352 de 1997.

Artículo 3º. La incorporación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de
que trata el artículo 2º del presente decreto se hará teniendo en cuenta las
siguientes garantías:
(…)
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado
a esta Entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.

Igualmente al personal vinculado al Hospital Militar Central con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993[,] se le continuará aplicando el Régimen

15

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Prestacional consagrado en el Decreto 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen
o adicionen.
(…)

6. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial
que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional.

Por su parte, las personas vinculadas al Hospital Militar Central tendrán el carácter
de empleados públicos o trabajadores oficiales conforme a las normas vigentes,
aunque en materia salarial y prestacional deberán regirse por el régimen especial
establecido por el Gobierno Nacional, todo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 352 de 1997. (Negrillas por la Sala)

52. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1033 de 200612 y de los decretos
ley 9113 y 9214 de 2007, así como del Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen
de administración del personal civil vinculado a los organismos y dependencias del
sector defensa y se ajustó la planta de personal de los empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
equivalencia de los empleos preexistentes frente a la nueva planta.

53. Concretamente, el Decreto Ley 091 de 2007, en su artículo 32 precisó que
las plantas de personal del sector defensa son globales y que la del Ministerio de
Defensa está compuesta por:

1. Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional: Comprende los empleos
públicos del personal civil y no uniformado asignado a la Unidad Gestión General
del Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Comandos
de Fuerza, Policía Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, Dirección
General Marítima, Justicia Penal Militar.

2. Planta de Personal de las Entidades Descentralizadas, Adscritas y Vinculadas:
Comprende los empleos públicos del personal civil y no uniformado y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, en el entendido
que cada una de ellas tienen su planta de personal independiente.

54. De otro lado, el Decreto Ley 092 del mismo año clasificó los niveles

12
«[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados
al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la
Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución
Política».
13
«Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal».
14 «Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las

entidades que integran el Sector Defensa».

16

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jerárquicos de los empleos del sector defensa como «Nivel Directivo, Nivel Asesor,
Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y Nivel Asistencial». En materia
de protección de derechos laborales, el numeral 1.º del artículo 19 ibidem, dispuso
en cuanto a la equivalencia de empleados, lo siguiente: «No podrá desmejorarse la
situación salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa».

55. Aunado a lo anterior, el parágrafo transitorio del artículo 21 ordenó que «[l]os
sueldos de los empleados civiles no uniformados del Sector Defensa, se
continuarán pagando de conformidad con la nomenclatura existente a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, hasta tanto se ajusten las plantas de
personal, se establezcan las equivalencias de que trata el artículo anterior, y se fijen
los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial».

56. Ahora bien, el Decreto 4783 de 200815 dispuso la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada conforme
a la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453 de 2008 y, respecto
de ellos, previó que continuarían percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñaban hasta entonces, mientras permanecieran en el cargo
al cual fueron incorporados. Así lo dispuso el artículo 6:

Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán incorporados en los
cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en un término máximo de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación y continuarán
percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan
actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados. (Negrillas
por la Sala)

3.3.2. Del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia.

57. Con ocasión de las múltiples controversias suscitadas en torno al desarrollo
normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, la Ley 352 de 1997, el
Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 92 de 2007 y el Decreto
4783 de 2008, esta Sección unificó su jurisprudencia a través de la sentencia SUJ-
019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 201916, y fijó las reglas que a efectos
ilustrativos se describen en el siguiente cuadro:

15 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos del

Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre

de 2019, rad. 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19, M.P. César Palomino Cortés.
17

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SUPUESTO
NORMATIVO DE LA REGLAS DE UNIFICACIÓN
VINCULACIÓN
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados17 al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por
el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
(a) Entre la vigencia del
Decreto 1301 de 1994 y 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en
de la Ley 352 de 1997, la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de
aplican las siguientes Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
reglas: la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.

1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
(b) A partir de la
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
vigencia de la Ley 352
Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
de 1997 los empleados
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto
públicos que antes
3062 de 1997).
prestaban sus servicios
en el Instituto de Salud
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
de las Fuerzas Militares
Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de
y que fueron
Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de
incorporados a la planta
1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
de salud del Ministerio
modifiquen o adicionen.
de Defensa Nacional,
dejaron de pertenecer al
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
sector descentralizado,
aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley
y para ellos aplican las
100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo
siguientes reglas:
55 de la Ley 352 de 1997).

(c) Con la Ley 1033 de 1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 200718 se reajustaron las
2006 se unificó el plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con
régimen de fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
administración de empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con
personal que se aplica base en la nueva nomenclatura.
al personal civil
vinculado a los Los empleados civiles no uniformados del sector Defensa vinculados a la Planta de
Organismos y Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
Dependencias del debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que
Sector Defensa. Por desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen
ello, los empleos el cargo en el que fueron incorporados.
públicos del personal
civil y no uniformado 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por
asignados a la disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
Dirección General de especial para los empleados civiles no uniformados del sector Defensa, empezó a
Sanidad Militar devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
pertenecen a la planta
de personal del

17 Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando

servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
18
Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
18

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Militar

Ministerio de Defensa civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional19.
Nacional, a quienes se
les aplican las Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente
siguientes reglas: en la planta global del sector Defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración
correspondiente al empleo que desempeñaba, esto es, según el régimen salarial
fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Orden Nacional20. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación,
por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.

Tabla 2. Reglas de unificación de la sentencia SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019

58. Con fundamento en las referidas reglas de unificación, se estima necesario
efectuar algunas precisiones que ha destacado la presente Subsección21. Lo
anterior, debido a que en varias providencias de esta Sección se consideró que los
empleados vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, entidad
suprimida por la Ley 352 de 1997, pese a su incorporación en 2009 a la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, mantuvieron el derecho a que se les aplicara el
numeral 6.º del artículo 3.º del Decreto 3062 de 1997. Por consiguiente, continuaron
cobijados por el régimen salarial previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional, y no por la asignación básica fijada para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

59. No obstante, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado previamente referida impone, en esta materia, un marco interpretativo
distinto. En dicha providencia se precisó, entre otros aspectos, que con la entrada
en vigor del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron las asignaciones salariales conforme a
la nomenclatura y clasificación especial allí previstas. En consecuencia, la
remuneración de los empleados civiles no uniformados del sector defensa pasó a
reconocerse con fundamento en esa nueva nomenclatura.

60. También precisó que, desde el momento en que el empleado pasó a ocupar
el cargo al cual fue incorporado en virtud del Decreto 4783 de 2008, y conforme a
la nomenclatura y clasificación especial prevista para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa, comenzó a percibir la asignación básica
establecida por el Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional.

19
Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019.
20 Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre

de 2021, rad. 25000-23-42-000-2017-05130-01(0915-21), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

61. En otras palabras, mientras se producía la incorporación al cargo equivalente
en la planta global del sector defensa, de conformidad con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor conservaba el derecho a
percibir la remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba con
anterioridad, esto es, la fijada por el Gobierno nacional para los empleos de la Rama
Ejecutiva del poder público del orden nacional. Cumplida la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, pasaba a regirse
por la escala de asignación básica prevista por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados de dicha entidad.

62. Por último, la citada sentencia de unificación precisó que la Ley 1033 de 2006
no alteró el régimen prestacional, razón por la cual este continúa rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley 352 de 1997. Bajo ese entendido, y por respeto a la seguridad
jurídica y a la fuerza vinculante del precedente allí fijado, se acoge esa orientación
jurisprudencial, habida cuenta de que la misma providencia dispuso su aplicación
obligatoria a todos los asuntos pendientes de definición en sede administrativa y
judicial, mediante acciones o medios de control ordinarios, con la única salvedad de
los casos amparados por cosa juzgada.

3.4. Hechos probados

63. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:

(a) Según da cuenta el acta núm. 1107 del 16 de enero de 199322, la señora Adiela
Nancy Soto Micolta, tomó posesión en el cargo de «especialista sexto - auxiliar de
enfermería», en la Fuerza Aérea Colombiana. Lo anterior, con efectos a partir de la
misma fecha.

(b) Mediante acta núm. 1945 del 1 de marzo de 1996, la señora Adiela Nancy Soto
Micolta fue posesionada en el cargo de «técnico operativo», cargo y grado 4080-07,
para prestar sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares23.

(c) Por acta, sin fecha, la señora Adiela Nancy Soto Micolta tomó posesión del
empleo en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares de «técnico operativo»,
cargo y grado 4080-14, incorporada por resolución núm. 1229 del 28 de noviembre
de 1997 y con novedad fiscal el 2 de diciembre de 199724.

(d) Obra acta núm. 1240 del 15 de enero de 1998, a través de la cual la señora

22 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_13MEMORIAL-DARESPUESTAAOFICIO(.pdf) NroActua 10», imagen 2.
23 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_13MEMORIAL-DARESPUESTAAOFICIO(.pdf) NroActua 10», imagen 3.
24 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_13MEMORIAL-DARESPUESTAAOFICIO(.pdf) NroActua 10», imagen 4.
20

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

Adiela Nancy Soto Micolta fue posesionada en el cargo de «instrumentadora»,
código 408014, grado «T.O.» de la planta de personal de salud del Ministerio de
Defensa Nacional, al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana, nombrada mediante
la Resolución núm. 00038 del 15 de enero de 199825.

(e) A través del acta 1331 del 27 de octubre de 2009 la señora Adiela Nancy Soto
Micolta tomó posesión del empleo de técnico de servicios, código 5-1, grado 29, de
libre nombramiento y remoción, en la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, al servicio de la
Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana, en el «ESM escuela militar
de aviación Marco Fidel Suárez», la cual fue incorporada mediante la Resolución
1379 del 14 de octubre de 200926.

(f) Por medio de la Resolución núm. 1605 del 22 de abril de 2013, la directora
administrativa y la coordinadora del grupo de prestaciones sociales del Ministerio
de Defensa Nacional, reconocieron pensión mensual de jubilación a la señora Adiela
Nancy Soto Micolta, en cuantía del 75 % del último salario devengado, a partir del
28 de febrero de 201327. El anterior reconocimiento se efectuó en virtud del artículo
98 del Decreto 1214 de 1990, en concordancia con el Decreto 843 de 2012.

(g) El 27 de marzo de 201728, la señora Adiela Nancy Soto Micolta solicitó a la
Dirección General de Sanidad Militar la reliquidación de la pensión de jubilación, de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, aplicables a los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, así como la
inclusión de las primas de actividad y de servicios previstas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.

(h) Como consecuencia de lo anterior, el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional, a través de Oficio núm. OFI17-25421
MDNSGDAGPSAP del 31 de marzo de 201729, y la Subdirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General de Sanidad Militar, mediante el Oficio núm.
07250 / MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-29.57 del 11 de mayo de 201730, negaron lo
solicitado por la peticionaria.

25
Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_13MEMORIAL-DARESPUESTAAOFICIO(.pdf) NroActua 10», imagen 5.
26
Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_13MEMORIAL-DARESPUESTAAOFICIO(.pdf) NroActua 10», imagen 5.
27 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 10», imagen 1.
28 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 10», imagen 4.
29 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 10», imagen 10.
30 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 10», imagen 13.
21

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

3.5. Análisis del caso concreto

64. En el asunto bajo análisis, la parte actora solicita la nulidad parcial del acto
administrativo a través del cual se le reconoció una pensión de jubilación, y total de
los oficios que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, para que fuesen
incluidas las partidas adicionales establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990.

65. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que la
señora Adiela Nancy Soto Micolta tenía derecho al reajuste de su pensión de
jubilación, porque al haberse vinculado antes de la Ley 100 de 1993 conservó el
régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990, y en materia salarial debía
aplicársele el sueldo básico previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del
orden nacional; por ello, al advertir que su pensión fue liquidada con una asignación
básica inferior, declaró la prescripción cuatrienal de las diferencias causadas antes
del 27 de marzo de 2013, anuló parcialmente los actos que negaron la reliquidación
y ordenó recalcular la prestación con inclusión de la prima de actividad, la prima de
servicios y los demás factores computables del citado decreto, con efectos fiscales
desde esa fecha.

66. Inconforme con esta decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación por considerar que los actos acusados se ajustaron al régimen especial
aplicable al personal de la Dirección General de Sanidad Militar; en ese sentido,
afirmó que la evolución normativa del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares
consolidó un régimen salarial y prestacional propio, que la demandante fue
remunerada conforme a los decretos salariales anuales del personal civil no
uniformado del Ministerio de Defensa y que las modificaciones introducidas por los
decretos 092 de 2007 y 4783 de 2008 solo reorganizaron la planta y la nomenclatura
de empleos, sin alterar el régimen salarial efectivamente aplicado ni generar
derecho a reliquidación, indexación o sanción moratoria.

67. Para resolver los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala
analizará los actos de nombramiento de la demandante y establecerá el supuesto
normativo aplicable, de conformidad con las reglas de unificación establecidas por
esta corporación para (a) el reajuste de la asignación básica y su incidencia en la
pensión de jubilación, con aplicación del régimen salarial fijado por el Gobierno
nacional para la Rama Ejecutiva del orden nacional, y (b) la reliquidación de la
pensión de jubilación con inclusión de las primas de actividad y de servicios,
previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

22

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Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

3.5.1 Reajuste de la asignación básica con aplicación del régimen salarial
establecido por el Gobierno nacional para la Rama Ejecutiva del orden
nacional

68. En efecto, se tiene que la señora Adiela Nancy Soto Micolta se vinculó
inicialmente a la Fuerza Aérea Colombiana el 16 de enero de 1993, después, al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, el 1 de marzo de 1996, como técnico
operativo, cargo y grado 4080-07. Lo anterior, en atención a la Resolución 0115 del
1 de marzo de 1996 y el acta de posesión 1945 de la misma fecha.

69. Asimismo, se advierte que el 27 de octubre de 2009 la demandante tomó
posesión, como consta en el acta 1331, del empleo de «técnico de servicios, código
5-1, grado 29», en la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, al servicio de la Dirección de
Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana, incorporación que se realizó de
conformidad con la Resolución 1379 del 14 de octubre de 2009. En el referido acto
de posesión se consignó la nota: «ESTA INCORPORACIÓN NO REPRESENTA
CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL NI PRESTACIONAL».

70. Luego de reconocida su pensión de jubilación, el 27 de marzo de 2017, la
señora Adiela Nancy Soto Micolta solicitó el reajuste de la asignación básica, de
acuerdo con los decretos expedidos para los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional. Sin embargo, por Oficio núm. 07250 / MDN-CGFM-DGSM-SAF-
GTH-29.57 del 11 de mayo de 2017 se negó dicho pedimento en virtud de los
siguientes argumentos:

En consecuencia, hasta el año 2009, se aplicó a la Planta de Personal de Salud el
régimen salarial del Decreto de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional de cada
vigencia que aplicaba para los establecimientos públicos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 del Decreto 3062 de 1997 y a partir del 27 octubre 2009
conforme a las normas mencionadas se pagaron los salarios con base a las normas
especiales del Sector Defensa.

Es de anotar que en la nomenclatura del Orden Nacional los cargos tenían una
asignación numérica diferente, pues en los Decretos que rigieron a partir del 2007
para el Sector Defensa, cambió la denominación del cargo, el Código y el Grado,
pero manteniendo y respetando las asignaciones salariales, es decir que nunca
hubo un desmejoramiento salarial. Por lo tanto, no se podría aplicar el Código y
Grado del Sector Defensa para equipararlo con el Código y Grado del Decreto de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, porque se estaría frente a una nivelación
salarial no establecida legalmente.

En conclusión, el régimen salarial aplicable a su poderdante desde el 27 de octubre
de 2009, es el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del
Sector Defensa del Orden Nacional, y no el aplicable a la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional, situación que NO genera un desmejoramiento salarial

23

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

tal como se refleja en el cuadro comparativo de la certificación anexa, pues en el
mes de octubre del año 2009 que fue la fecha en la que se realizó la incorporación
de la Planta de Personal con la nueva nomenclatura, su representado (a) no
devengó un salario menor al que le venía siendo pagado con el Decreto de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

Ahora, en el caso de la señora ADIELA NANCY SOTO MICOLTA fue incorporada a
la Planta de Personal de esta Dirección General de Sanidad Militar el 01 de marzo
de 1996 en el empleo TÉCNICO DE SERVICIOS, Código 5-1 Grado 29, donde la
normatividad salarial aplicable es la prevista por el Gobierno Nacional para los
servidores públicos del Sector Defensa del Orden Nacional, y no la correspondiente
a la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional la cual fue aplicable para
los funcionarios de esta Dirección General de Sanidad Militar hasta octubre 26 del
año 2009.

71. Ahora bien, como se explicó de manera precedente, en el presente asunto,
la controversia se circunscribe, en primer lugar, a establecer el régimen salarial
aplicable al personal civil de la Dirección General de Sanidad Militar, con ocasión
de las disposiciones que reestructuraron el sector defensa a partir de la entrada en
vigor de la Ley 1033 de 2006. En ese marco, el debate se suscita por la unificación
del régimen de administración del personal civil vinculado a los organismos y
dependencias del sector defensa y por el ajuste de la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar, a través de la equivalencia de los empleos preexistentes en la nueva
planta.

72. Como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitó —para el reajuste
de la pensión de jubilación— la asignación básica de acuerdo con el numeral 6 del
artículo 3 del Decreto 3062 de 1997 que dispone que «los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se
incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen en el Ministerio de
Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a los empleos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional».

73. Así, en los términos del recuento normativo destacado en el acápite «3.3.1.»
de esta decisión, se itera que la Ley 352 de 1997 dispuso la derogación del Decreto
1301 de 1994 y, en desarrollo de la supresión del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, dispuso la creación de la Dirección General de Sanidad Militar.
Posteriormente, el Decreto 3062 de 1997 previó, en materia salarial, que a los
empleados incorporados a las plantas de personal de salud que se crearan en el
Ministerio de Defensa Nacional les sería aplicable el régimen salarial previsto para
los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional. No obstante, con la
expedición de la Ley 1033 de 2006 y de los decretos 091 y 092 de 2007, así como
del Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen de administración del personal civil
del sector defensa y se modificó la planta de personal de la Dirección General de
Sanidad Militar.
24

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

74. En el caso bajo estudio, se acreditó que la señora Adiela Nancy Soto Micolta
se vinculó inicialmente a la Fuerza Aérea Colombiana, y luego, al Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares en el cargo de técnico operativo, cargo y grado 4080-07,
desde el 1 de marzo de 1996. No obstante, con posterioridad fue incorporada, a
partir del 27 de octubre de 2009, a la planta de personal reestructurada de la
Dirección General de Sanidad Militar, en el empleo de técnico de servicios, código
5-1, grado 29, tal como consta en el acta 1331 de esa misma fecha. Lo anterior
ocurrió en virtud del ajuste y modificación de la estructura de personal del Ministerio
de Defensa, de conformidad con el sistema especial de nomenclatura y clasificación
de empleos del sector, aprobado mediante el Decreto 4783 de 2008.

75. En estos términos, para determinar el régimen salarial aplicable a la
demandante, a la luz de las reglas establecidas en la sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019 y de las particularidades acreditadas en el caso concreto,
se advierte que su incorporación, ocurrida el 27 de octubre de 2009, se produjo
cuando ya se encontraban en vigor la Ley 1033 de 200631, los decretos 091 y 092
de 2007 y el Decreto 4783 de 2008. En consecuencia, la parte actora se ubica en el
tercer supuesto normativo previsto en las referidas reglas de unificación, de
manera que, desde esa fecha, la señora Adiela Nancy Soto Micolta pasó a devengar
la asignación básica fijada por el Gobierno nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, por haber tomado posesión del
cargo al cual fue incorporada conforme a la nomenclatura y clasificación especial
prevista para dichos servidores.

76. Con el fin de aportar mayores elementos de juicio para la resolución del
asunto sometido a consideración de la Sala, se advierte que la presente
controversia comparte los mismos supuestos fácticos analizados en la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019, en particular, el relativo a la incorporación
al servicio a partir del 27 de octubre de 2009. En relación con ese aspecto, en dicha
providencia se señaló lo siguiente:

Nótese que el cargo ejercido por la demandante, servidor misional en sanidad
Militar 2-2, 14, hace parte de la planta de personal de empleados Públicos del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, de
conformidad con el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de empleos especial
del sector defensa contemplado en los Decretos 092, 3034, 4803 de 2007 y 2127
de 2008, según el Decreto 4783 de 2008.

Por consiguiente, a partir del 27 de octubre de 2009, la asignación básica de la
demandante es la fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional. Dado que desde esa fecha
se posesionó en el empleo al que fue incorporada de acuerdo con la nomenclatura
y clasificación especial para los empleados civiles no uniformados del sector

31
18 de julio de 2006.
25

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

defensa.

Así las cosas, antes de la referida incorporación, la actora percibía la remuneración
correspondiente al empleo que desempeñaba (profesional especializado), prevista
en el régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del Orden Nacional, respetándose la garantía contenida en el
numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. (Negrillas por la Sala)

77. Por lo anterior, y en armonía con lo razonado en la sentencia de unificación,
criterio que resulta aplicable al presente asunto por coincidir sus supuestos fácticos,
se concluye que el 26 de octubre de 2009 fue el último día en que la demandante
desempeñó el cargo de técnico operativo, cargo y grado 4080-14. En consecuencia,
solo hasta esa fecha le era aplicable el régimen salarial previsto en los decretos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional.

78. Por ello, a partir del 27 de octubre de 2009, fecha en la que fue incorporada
a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional,
Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de técnico de servicios, código 5-
1, grado 29, equivalente al nivel técnico en los términos del artículo 11 del Decreto
Ley 92 de 200732, pasó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno
nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, así como de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

79. Ahora bien, en la referida decisión de unificación, igualmente se examinaron
los planteamientos que suelen formularse en esta clase de asuntos respecto de las
diferencias salariales reclamadas con fundamento en la remuneración prevista para
el empleo con la denominación que contaba en la Rama Ejecutiva del orden
nacional, frente al que posteriormente fue incorporada, derivado del proceso de
equivalencia respecto de la nomenclatura y clasificación especial para los
empleados civiles no uniformados del sector defensa. Frente a este escenario, la
sentencia de unificación desestimó tales argumentos y sostuvo lo siguiente:

Contrario a lo afirmado en la demanda, no es viable el pago de la asignación básica
de la actora con la remuneración fijada en los decretos salariales de la Rama
Ejecutiva del nivel nacional para el empleo de asesor grado 14, porque tal como se
indicó en el acto acusado, si bien, cambiaron la denominación, el código y el grado
del cargo de la accionante, lo cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se
puede aplicar el código y el grado del sector defensa para equipararlo con el código
y el grado del Decreto de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque se estaría
frente a una nivelación salarial no establecida legalmente”.(Cursiva del texto)

80. En consonancia con lo anterior, se puede advertir que desde el 27 de octubre

32 Casilla «nivel técnico», del artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007: «TECNICO DE SERVICIOS, DE
INTELIGENCIA O DE POLICÍA JUDICIAL O TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA. Código
5-1».
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Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

de 2009 la señora Adiela Nancy Soto Micolta pasó a desempeñar el empleo de
técnico de servicios código 5-1, grado 29, ubicado en el nivel jerárquico técnico
conforme al artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007.

81. En efecto, la incorporación de la demandante a dicho cargo, en desarrollo de
la reestructuración de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional,
configuró una nueva situación laboral que excluyó la aplicación del régimen salarial
propio de la Rama Ejecutiva, según lo definido por la sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019. De esta manera, la asignación básica de la actora pasó a
regirse por la normativa especial expedida para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa.

82. En esas condiciones, no se dispone de soporte probatorio que permita
establecer una desmejora salarial producto de las equivalencias de empleo surgidas
del proceso de unificación del régimen de administración del personal civil vinculado
a los organismos y dependencias del sector defensa, ni de los ajustes introducidos
en la planta de personal de los empleados públicos del Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar.

83. En este orden de ideas, y en aplicación del precedente establecido por la
Sección, se concluye que la parte actora no tiene derecho al reajuste de la pensión
de jubilación, teniendo en cuenta para ello la asignación básica con fundamento en
el régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional, conforme al numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062
de 1997. Ello, por cuanto desde el 27 de octubre de 2009, fecha en la que fue
incorporada a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
General de Sanidad Militar, en el cargo de técnico de servicios, código 5-1, grado
29, pasó a devengar la remuneración fijada por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del sector defensa.

84. En virtud de estos argumentos, la Subsección revocará el fallo de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda en lo relativo a tener «en
cuenta la partida computable sueldo básico en la cuantía aplicable al personal de la
Rama Ejecutiva del Poder Público, según los decretos anualmente expedidos»,
consignadas en los ordinal tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo.

85. En este orden, la decisión impartida en la sentencia apelada que declaró la
nulidad del Oficio núm. 07250 / MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-29.57 del 11 de
mayo de 2017, que negó el reconocimiento y pago de la asignación básica en la
cuantía aplicable al personal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, será revocada, en el sentido que dicho acto solo se pronunció sobre el
reajuste salarial.

86. Precisado lo anterior, la Sala determinará si resulta procedente la
reliquidación de la pensión de jubilación, con inclusión de las primas de servicios y
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
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Militar

actividad, acorde con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

3.5.2. Reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de las primas de
actividad y de servicios previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990

87. Retomando el cauce argumentativo relativo a la reliquidación pensional
acorde con el Decreto 1214 de 1990, la Sala recuerda que a través de la Resolución
núm. 1605 del 22 de abril de 2013, la directora administrativa y la coordinadora del
grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional, le reconocieron
a la señora Adiela Nancy Soto Micolta pensión de jubilación en cuantía del 75 % del
último salario devengado, a partir del 28 de febrero de 2013, teniendo en cuenta las
siguientes partidas:

Que según lo previsto en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1.990, en concordancia con el
Decreto 843 de 2012, por los servicios prestados por la mencionada ex–funcionaria, se
consolidó el derecho al reconocimiento y pago de una Pensión Mensual de Jubilación en
cuantía equivalente al 75% del último salario devengado que fue el siguiente:

SUELDO BASICO $ 1.454.601.00
½ PRIMA DE NAVIDAD $ 121.217.00
TOTAL $ 1.575.818.00

88. Sobre este particular, la sentencia de primera instancia ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de las partidas adicionales
«prima de actividad», «prima de servicios» y demás beneficios consagrados en el
Decreto 1214 de 1990, a partir del 28 de febrero de 2013, fecha en la que se hizo
exigible el derecho, pero con efectos fiscales a partir del 27 de marzo de 2013 (por
prescripción cuatrienal). Lo anterior, al considerar que tenía derecho al reajuste de
su pensión de jubilación, por haberse vinculado antes de la Ley 100 de 1993
conservó el régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990.

89. Así, como se indicó en líneas anteriores, mediante el acta núm. 1107 del 16
de enero de 1993, la señora Adiela Nancy Soto Micolta tomó posesión del cargo de
«especialista sexto - auxiliar de enfermería», con efectos a partir de esa misma
fecha. Por tanto, su vinculación se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993, (1.º de abril de 1994), de modo que su régimen prestacional se
regía por el Decreto 1214 de 1990, conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y
en consonancia con las reglas —la tercera— establecidas en la sentencia de
unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019.

90. Igualmente, conviene recordar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
expresamente señala que «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas» (Negrillas por la Sala).
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

91. Determinado lo anterior, se establecerá cuáles son las partidas computables
para liquidar la pensión de jubilación, a la luz del Decreto 1214 de 1990, y si la
decisión del a quo de incluir la «prima de actividad», la «prima de servicios» y los
demás beneficios consagrados en dicho decreto, se ajustó a la normativa aplicable.

92. En este contexto, en lo atinente a la liquidación de las prestaciones sociales
conforme al Decreto 1214 de 1990, se advierte que su artículo 102 establece cuáles
son las partidas computables, a saber:

ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea
retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez,
de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma
de las siguientes partidas:

a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

PARAGRAFO 1. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las
Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable
como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta
la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.

PARAGRAFO 2. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto
será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones
sociales.

93. Ahora bien, descendiendo al caso particular se advierte que la pensión de
jubilación de la demandante fue liquidada únicamente con los factores computables
de «sueldo básico» y una doceava parte de la prima de navidad «1/12 PRIMA DE
NAVIDAD». En ese contexto, comoquiera que en materia prestacional es beneficiaria
del régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990, resultaba procedente reajustar la
prestación con la inclusión de la «prima de actividad» y «prima de servicios», por
tratarse de partidas expresamente contempladas en dicha normativa, tal como lo
dispuso el juez de primera instancia.

94. Finalmente, la Sala destaca que la decisión de primera instancia de incluir las
primas de servicios y de actividad en la liquidación de la pensión de jubilación no
fue objeto de un reparo específico en el recurso de apelación interpuesto por la
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

demandada. En efecto, en la alzada, la entidad cuestionó la improcedencia de
incorporar factores previstos en el Decreto 1214 de 1990 —entre ellos, la prima de
actividad—, pero lo hizo desde la perspectiva del régimen salarial aplicable a la
actora, y no respecto de su inclusión como factores de liquidación pensional.

95. Así, se recuerda que ese aspecto fue examinado en el acápite «3.5.1.» de
esta providencia, en el que se concluyó que a la demandante le era aplicable el
régimen salarial previsto para los empleados civiles no uniformados del Ministerio
de Defensa Nacional, en cuanto fija las escalas de asignación básica de los empleos
públicos que desempeñó, sin comprender partidas adicionales a las reconocidas en
dicho régimen asistiéndole la razón a la entidad, pero únicamente en lo que atañe
al régimen salarial, dado que fue objeto de la apelación.

96. En este orden, la decisión de la sentencia de primera instancia que declaró
la nulidad del Oficio núm. OFI17-25421 MDNSGDAGPSAP del 31 de marzo de
2017, proferido por Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa
Nacional, que negó la reliquidación de la pensión de jubilación acorde con el Decreto
1214 de 1990, será confirmada.

3.6. Costas

97. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, decidió
condenar en costas a la parte accionada, por concepto de agencias en derecho,
que de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, correspondía al 5% del valor de las pretensiones reconocidas.

98. Inconforme con la decisión, la entidad recurrente solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia.

99. Sobre el punto, la presente providencia acoge el criterio interpretativo
mayoritario33 de la Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la
norma en cita no presupone la causación automática de costas contra la parte que
pierda el litigio, sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración

33 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria.
Por tal razón, se estima que, para decretar la referida condena en primera instancia,
el Tribunal debió analizar la conducta de la parte vencida, con el fin de determinar
si actuó de forma temeraria o de mala fe.

100. Así las cosas, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandada hubiese obrado
de mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la entidad
actuó en ejercicio de su derecho de defensa y de contradicción, sin realizar acciones
dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.

101. Por consiguiente, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente
que demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a
condenar en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el numeral
quinto de la parte resolutiva del fallo apelado y no se condenará en costas en
primera instancia.

102. Por las mismas razones, tampoco es procedente imponer la condena en
costas en segunda instancia.

3.7. Conclusión

103. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la accionante, quien se
desempeñó como técnico de servicios, código 5-1, grado 29, no tiene derecho a la
reliquidación de la pensión teniendo en cuenta la asignación básica conforme a las
escalas salariales previstas para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, pues al ser incorporada a la planta de personal del Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, su remuneración pasó a regirse por
la fijada por el Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
sector defensa. No obstante, en materia prestacional, como su vinculación fue
anterior a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, le era aplicable el Decreto 1214
de 1990, en los términos de la Ley 352 de 1997, por lo que resultaba procedente
incluir la prima de actividad y la prima de servicios, al estar expresamente previstas
en ese régimen.

4. Otras decisiones. Reconocimiento de personería

104. Se reconocerá personería al abogado Joaquín Murcía Melo como apoderado
de la parte demandante, en los términos del poder de sustitución conferido por la
doctora Kelly Andrea Eslava Montes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2019
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. En virtud de lo anterior, modificar los ordinales segundo y tercero de la
parte resolutiva de la anterior sentencia que quedarán así:

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 1605 del 22 de
abril de 2013, por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación a la
demandante, y la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. OFI17-
25421 MDNSGDAGPSAP del 31 de marzo de 2017, suscrito por Lina María Torres
Camargo, coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales, mediante el cual negó
el reconocimiento, reliquidación y pago de la pensión de jubilación de la actora,
según el Decreto 1214 de 1990; conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, reliquidar la pensión de jubilación de la señora Adiela Nancy Soto Micolta,
con la inclusión de las partidas adicionales “prima de actividad”, “prima de servicios”
y demás beneficios consagrados en el Decreto 1214 de 1990, a partir del 28 de
febrero de 2013, fecha en la que se hizo exigible el derecho, pero con efectos
fiscales a partir del 27 de marzo de 2013.

Negar las demás pretensiones de la demanda.

Tercero. Revocar el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
por medio del cual se condenó en costas a la entidad accionada, de conformidad
con las razones expuestas en precedencia. En su lugar, negar la condena en costas
impuesta en primera instancia.

Cuarto. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.

Quinto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Sexto. Reconocer personería al abogado Joaquín Murcía Melo como apoderado de
la parte demandante, en los términos del poder de sustitución conferido por la
doctora Kelly Andrea Eslava Montes.

Séptimo. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01708-01 (1408-2022)
Demandante: Adiela Nancy Soto Micolta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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