República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05119-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar
Tema: reajuste de la pensión de jubilación del personal civil de la Dirección General
de Sanidad Militar según la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997 y el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 26 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Adriana Aragón Pardo solicitó la nulidad parcial del acto administrativo
mediante el cual la entidad demandada le reconoció la pensión de jubilación, así
como la nulidad total del oficio que negó la reliquidación de esa prestación, conforme
a lo previsto en la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997 y el Decreto 1214 de
1990, con fundamento en las asignaciones salariales aplicables al personal de la
Rama Ejecutiva del orden nacional y en la inclusión de los factores previstos en el
artículo 102 de este último decreto. En esta providencia se confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, dado que en materia prestacional, aunque se acreditó que la
demandante era beneficiaria del régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990, por
haber estado vinculada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
en los términos de la Ley 352 de 1997 y que en principio, ello permitía la inclusión
de la prima de actividad y de la prima de servicios en la pensión de jubilación, al
estar contempladas en dicho régimen, lo cierto es que no se demostró que tales
factores hubieran sido efectivamente percibidos al momento de su desvinculación,
1
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
conforme al criterio adoptado por esta Sección en la materia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Adriana Aragón Pardo, por conducto de apoderado, presentó
demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General
de Sanidad Militar, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que
a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de la Resolución
núm. 704 del 28 de febrero de 2014 que le reconoció la pensión de jubilación, y total
del Oficio núm. OFI16-99998 MDNSGDAGPSAP del 16 de diciembre de 2016, por
medio de los cuales la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
1997, y para que se incluyeran las partidas adicionales establecidas en el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de la señora Adriana
Aragón Pardo, como personal civil de la planta de personal del sector defensa,
teniendo en cuenta la asignación básica salarial prevista en el numeral 6 del artículo
3 del Decreto 3062 de 1997. Para tal efecto, pidió que se apliquen las escalas
salariales establecidas para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
4. Solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación según lo previsto en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, esto es, con la inclusión de las primas de
servicios y de actividad, y la nueva base salarial para empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional. Asimismo, que se dé cumplimiento al fallo según el
artículo 192 del CPACA; y se condene en costas a la parte vencida.
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. La señora Adriana Aragón Pardo ingresó a laborar en el Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares el 30 de septiembre de 1993. Luego, fue incorporada a la
1
El 18 de octubre de 2017. Ver Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «ED_C01_04 ACTA DE REPARTO(.pdf) NroActua 4».
2 Samai, expediente digital, índice 10, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_03
DEMANDA(.pdf) NroActua 4».
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Dirección General de Sanidad Militar, donde prestó sus servicios hasta el 17 de
noviembre de 2013 en el cargo de servidor misional en Sanidad Militar, código 2-2,
grado 10.
7. Indicó que le fue reconocida la pensión de jubilación a través de la Resolución
núm. 704 del 28 de febrero de 2014, sin embargo, precisó que no le fueron
respetados los derechos adquiridos ya que era beneficiaria del régimen establecido
en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, esto es, con la inclusión de todas las
partidas computables que refiere el artículo 102 de ese mismo decreto.
8. Conforme con lo anterior, el 13 de diciembre de 2016 solicitó al Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar el reajuste de su pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997,
esto es, el que rige para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional, así como con el Decreto 1214 de 1990.
9. En atención a lo anterior, se profirió el oficio núm. OFI16-99998
MDNSGDAGPSAP del 16 de diciembre de 2016, a través del cual la accionada negó
lo solicitado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, los artículos 13 y 53.
Del Decreto 1214 de 1990, los artículos 1, 2, 4, 38 y 57.
Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 21.
Decreto 1301 de 1994, el artículo 1, 35, 36, 87 y 88.
Ley 352 de 1997.
Decreto 3062 de 1997, los artículos 2 y 3.
Decreto 1792 de 2000, los artículos 1, 3, 7, 10, 111 y 114.
Decreto 91 de 2007, el artículo 72.
Decreto 92 de 2007, los artículos 1, 2, 3, 21 y 23.
10. Advirtió que los actos demandados desconocieron el régimen prestacional
aplicable a la demandante, pues aunque las modificaciones en la estructura jurídica
del sector defensa fueron válidas, ello no autorizaba a la administración para omitir
la aplicación integral del Título VI del Decreto 1214 de 1990 al personal vinculado
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En esa medida, afirmó que, al momento
de reconocer la pensión de jubilación, debían incluirse como partidas computables
todos los factores previstos en el artículo 102 de ese decreto.
11. Planteó la vulneración de los derechos a la igualdad y a la favorabilidad
laboral. Lo anterior, al señalar que la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección
General de Sanidad otorgó un trato inequitativo y discriminatorio al negar la
reliquidación pensional con inclusión de las partidas del artículo 102 del Decreto
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
1214 de 1990, pese a que el ordenamiento constitucional, especialmente el artículo
53, impone la aplicación de la situación más favorable al trabajador y la protección
efectiva de sus derechos laborales y pensionales.
12. Adujo que el acto acusado habría desconocido lo previsto en el artículo 89
del Decreto 1301 de 1994, el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y el numeral 4 del
artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. Según la demanda, esas disposiciones son
claras en preservar, en materia prestacional, los derechos de quienes se vincularon
antes de la Ley 100 de 1993, por lo que a la demandante no le resultaba aplicable
el Decreto 2701 de 1988, sino el régimen del Decreto 1214 de 1990, incluyendo la
prima de actividad, la prima de servicios y las demás partidas computables para
liquidar la pensión.
13. Finalmente, consideró que se configuró una falsa motivación, porque la
administración fundamentó la negativa en un régimen que no correspondía a la
situación jurídica de la demandante y afirmó erradamente que su pensión había sido
liquidada con todas las partidas computables pertinentes. La demanda insistió en
que nunca se pretendió una nivelación salarial ilegal, sino el respeto de los derechos
adquiridos y la correcta aplicación del régimen prestacional especial que la cobijaba,
el cual fue indebidamente desconocido al excluir factores salariales que debían
integrar la base de liquidación pensional.
2.2. Contestación de la demanda
14. La Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar3 se
opuso a las pretensiones de la demanda. La entidad sostuvo, en esencia, que el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ha contado
históricamente con una regulación autónoma y especial, desarrollada, entre otras
normas, por el Decreto 1301 de 1994, la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
1997. Con base en ese marco, señaló que, aunque la actora reclamaba la aplicación
del régimen salarial de la Rama Ejecutiva del orden nacional, la administración actuó
con arreglo a la normativa especial propia del sector defensa.
15. La entidad propuso como excepción la inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones. Argumentó que la parte actora pretende, de manera
incompatible, que para liquidar la pensión se aplique, de un lado, el salario básico
previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, propio del régimen
salarial de la Rama Ejecutiva del nivel central y, de otro, las partidas computables
del Decreto 1214 de 1990, que regula las prestaciones del personal civil no
uniformado del Ministerio de Defensa. A juicio de la demandada, no es jurídicamente
admisible combinar ambos regímenes, pues obedecen a lógicas normativas
distintas y excluyentes.
3 Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_13
CONTESTACION DE LA DEMANDA(.pdf) NroActua 4».
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Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
16. Como fundamento de defensa, la entidad expuso la evolución normativa
aplicable al personal civil del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. Sostuvo
que, a partir de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1301 de 1994, se estructuró un
régimen especial para ese personal. Precisó que, en materia salarial, los servidores
incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares quedaron sometidos a
las normas especiales de esa entidad; y, en materia prestacional, quienes se
vincularon antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 conservaron la aplicación del
Título VI del Decreto 1214 de 1990. Agregó que, conforme al Decreto 171 de 1996
y la Ley 352 de 1997, al personal incorporado se le mantuvo el ingreso que percibía,
al integrarse en la asignación básica mensual los factores devengados al momento
de la incorporación.
17. Con fundamento en ese marco, la demandada concluyó que no procedía
reliquidar la pensión ni reajustar la asignación básica de la actora con base en las
escalas de la Rama Ejecutiva del nivel central, pues el régimen salarial aplicable
pasó a ser el previsto para los empleados civiles no uniformados del sector defensa.
Añadió que la demandante solo conservó el régimen pensional del Decreto 1214 de
1990, por haberse vinculado antes de la Ley 100 de 1993, que su pensión fue
reconocida con el 75 % del último salario devengado y que, además, operaba la
prescripción respecto de algunas mesadas y prestaciones.
2.3. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, profirió sentencia el 26 de junio de 20204, a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda y no efectuó pronunciamiento respecto a condena en
costas.
19. Esa corporación delimitó tres problemas jurídicos: (a) determinar cuál era el
régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores vinculados a la planta
global del Ministerio de Defensa en la Dirección General de Sanidad Militar; (b)
establecer si, por haber ocupado la demandante el cargo de servidora misional en
Sanidad Militar, código 2-2, grado 10, le correspondía la asignación básica de los
empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional; y (c) definir si, para liquidar su
pensión, debían incluirse todas las partidas del Decreto 1214 de 1990. Para
resolverlos, el Tribunal reconstruyó la evolución normativa del Sistema de Salud de
las Fuerzas Militares desde el Decreto 1301 de 1994, la Ley 352 de 1997 y el
Decreto 3062 de 1997, hasta la organización posterior de la planta global y de la
nomenclatura especial del sector defensa.
20. En ese análisis, la Sala concluyó que la actora, después de la liquidación del
4 Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_26
FALLO(.pdf) NroActua 4».
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Militar
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y de su incorporación a la planta global
del Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, quedó sometida al
régimen propio de los empleos del sector defensa. El Tribunal indicó que, como la
demandante se encontraba vinculada al momento del retiro a la Dirección General
de Sanidad Militar, su régimen salarial y prestacional era el correspondiente a la
planta de personal del Ministerio de Defensa, por lo que, en materia de
nomenclatura y clasificación, resultaba aplicable el Decreto 92 de 2007. También
destacó que en el expediente no obraban pruebas completas sobre todos los cargos
ocupados a lo largo de la vinculación, pero sí aparecía acreditado el cargo de
servidora misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado 10, que fue el referente
central del estudio.
21. Con fundamento en ello, la sentencia descartó la procedencia en aplicar a la
demandante el régimen salarial de los empleos de la Rama Ejecutiva. El Tribunal
consideró que los salarios debían pagarse según el grado y nivel del cargo
efectivamente desempeñado dentro de la planta del Ministerio de Defensa, esto es,
conforme a la nomenclatura especial del sector defensa, sin que la equivalencia
funcional alegada por la actora bastara para trasladarla a otra escala salarial.
22. Asimismo, negó la inclusión de la prima de actividad y de los demás
beneficios reclamados en la pensión de jubilación, por cuanto no existía sustento
probatorio suficiente para reconocerlas en los términos propuestos en la liquidación
pensional objeto del proceso. En concreto, el Tribunal consideró que no se
acreditaron los supuestos materiales de su reconocimiento, ni la titularidad cierta
del derecho, ni que las devengó efectivamente antes de la creación del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares o al momento del retiro.
23. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que los actos administrativos
demandados no desconocieron el ordenamiento jurídico y mantuvieron incólume su
presunción de legalidad. En consecuencia, negó todas las pretensiones de la
demanda, al estimar que la pensión de jubilación de la peticionaria fue reconocida
con fundamento en el régimen aplicable a los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa y que no había lugar ni a reliquidar la asignación básica con
las escalas de la Rama Ejecutiva ni a reconocer la prima de actividad u otros
beneficios adicionales del Decreto 1214 de 1990.
2.4. Recurso de apelación
24. La demandante, a través de su apoderada, interpuso recurso de apelación5.
Sostuvo que el fallo desconoció el verdadero problema jurídico planteado, esto es,
si por haber ingresado al servicio el 30 de septiembre de 1993, le era aplicable en
materia prestacional el régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990 y, en
5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 36, actuación «RECIBE MEMORIALES»,
documento «22_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 36».
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Militar
consecuencia, si la pensión de jubilación debía reliquidarse con inclusión de las
partidas computables previstas en el artículo 102 de ese estatuto, en particular la
prima de actividad y la prima de servicios.
25. La apelante afirmó que el Tribunal negó las pretensiones con un análisis
incompleto, pues se limitó a verificar cuáles fueron las últimas partidas
efectivamente pagadas a la demandante al momento de su retiro, sin atender la
evolución normativa del régimen aplicable al personal civil del Sistema de Salud de
las Fuerzas Militares. En su criterio, el a quo omitió considerar que, por haber
ingresado el 30 de septiembre de 1993, esto es, antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993, la accionante conservó un derecho adquirido a que su situación
prestacional continuara rigiéndose por el Decreto 1214 de 1990, aun después de su
incorporación al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y, posteriormente, a la
Dirección General de Sanidad Militar.
26. En esa línea, el recurso destacó que la supresión posterior del pago de la
prima de actividad no podía traducirse en la pérdida del derecho a que esta fuera
tenida en cuenta para la liquidación pensional. Según la recurrente, era necesario
diferenciar entre lo efectivamente pagado y lo que jurídicamente debió devengar la
peticionaria conforme a su régimen prestacional. Adujo que la modificación del
régimen salarial ocurrida con las reformas institucionales no alteró la integridad del
prestacional protegido por las normas especiales, de modo que la pensión debía
reconocerse conforme al Título VI del Decreto 1214 de 1990 y, por ende, con todas
las partidas señaladas en su artículo 102.
27. Como sustento normativo, la parte demandante invocó el parágrafo del
artículo 89 del Decreto 1301 de 1994, el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y el
numeral 4 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. A partir de esas disposiciones,
sostuvo que quienes se vincularon al Ministerio de Defensa antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 y luego fueron incorporados a las plantas de salud del sector
conservaron en su integridad, el régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990.
Con base en ello, insistió en que el Tribunal desatendió el sentido de esas normas
especiales y la garantía legal de conservación del régimen prestacional anterior.
28. Finalmente, la apelante adujo que la sentencia también desconoció el
precedente judicial relevante, en especial la Sentencia de Unificación SUJ-019-CE-
S2-2019 del Consejo de Estado. Señaló que dicha providencia distinguió entre el
régimen salarial y el régimen prestacional y precisó que, aunque en materia salarial
los empleados incorporados a la planta de salud del Ministerio de Defensa quedaron
sometidos a las reglas de la Rama Ejecutiva o, después, al régimen especial del
sector defensa, en materia prestacional quienes se vincularon antes de la Ley 100
de 1993 continuaron cobijados integralmente por el Decreto 1214 de 1990. Por ello,
solicitó revocar la decisión apelada y acceder a la reliquidación pensional
pretendida.
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Demandante: Adriana Aragón Pardo
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Militar
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto
el 3 de agosto de 20236, en el que admitió el recurso de apelación de la demandante
y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral
5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
30. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
32. ¿La demandante tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación
teniendo en cuenta la inclusión de las primas de actividad y de servicios previstas
en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990?
33. Para resolver el problema planteado, la Sala estima pertinente realizar
algunas consideraciones sobre: (a) el régimen normativo aplicable al personal del
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el
Decreto 1214 de 1990; y (b) el régimen salarial y prestacional del personal civil
vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Del régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de 1990
34. El artículo 2.º del Decreto 1214 de 19907, dispuso como «personal civil» del
6 Samai, índice 5.
7 «por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional».
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional las personas naturales que presten
sus servicios en el Despacho del ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional. Por ello, aquellas que prestaran sus servicios en
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado,
sociedades de economía mixta y unidades administrativas especiales adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional no ostentaban la condición de personal
civil de ese ente ministerial ni de la Policía Nacional. En consecuencia, tales
servidores quedaban sometidos a las normas orgánicas y estatutarias propias de la
respectiva entidad.
35. Ahora bien, se advierte que en los títulos III y VI del mencionado decreto se
reguló lo relativo a las asignaciones, primas y subsidios y la seguridad y bienestar
social. La presente Subsección8 ha ilustrado las anteriores disposiciones en el
siguiente sentido:
Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
35 Asignaciones: serían las
determinadas por las disposiciones
legales vigentes.
38 Prima de actividad: 20% del sueldo
básico mensual.
Partidas computables para
39 Prima de alimentación prestaciones sociales:
102
• Sueldo básico
43 Prima de navidad
• Prima de servicio
• Prima de alimentación
46 Prima de servicio: quienes - Prima de actividad
cumplieran 15 años de servicios - Subsidio familiar
continuos o discontinuos, tendrían - Auxilio de transporte
derecho a una prima mensual de - 1/12 de la prima de navidad
servicio y se liquidaría así: «[a] los
quince (15) años, el diez por ciento
(10%); por cada año que exceda de
los quince (15), el uno por ciento
(1%) más».
47 Prima de servicio anual: equivalente
al 50% de la totalidad de haberes
devengados en el mes de junio del
respectivo año, la cual se pagaría
dentro de los primeros 15 días del
mes de julio de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte
8 Cuadro ilustrativo extraído de la sentencia del 22 de agosto de 2024, emitida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2016-04241-01
(4819-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Tabla 1. Asignaciones, primas y subsidios, y de la Seguridad y bienestar social en el Decreto 1214 de 1990
36. Luego, la Ley 100 de 1993, en su artículo 279 estableció que el Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en dicha ley no se aplicaría a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto
ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de
la Ley 100.
37. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 2489 de la Ley 100 de 1993, organizó el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990. En desarrollo de dicha facultad, expidió el Decreto Ley 1301 de
1994, por medio del cual creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, con
autonomía administrativa y patrimonio propio (artículos 35 y siguientes). Asimismo,
dicho decreto dispuso la creación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional (artículo 56). Así, el artículo 29 de dicha normativa indicó lo
siguiente:
ARTICULO 29. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional
del SMP es la siguiente:
(…)
2. Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a. 2 Nivel Regional.
b. a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a) El Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
(…) (Destaca la Sala)
9 «ARTÍCULO 248. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del
artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Ley
para:
(...)
6. Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la
presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto ley [1214] de 1990, en lo atinente a:
a) Organización estructural;
b) Niveles de Atención Médica y grados de complejidad;
c) Organización funcional;
d) Régimen que incluya normas científicas y administrativas;
e) Régimen de prestación de servicios de salud.
(…)».
10
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Militar
38. En lo relativo al régimen jurídico del personal, señaló que quienes prestaran
sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional tendrían la calidad de
empleados públicos, salvo aquellos dedicados a actividades operativas de
conservación y mantenimiento.
39. En ese contexto, el régimen salarial aplicable a los empleados públicos
vinculados al referido instituto era el previsto por el Gobierno nacional para los
servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por consiguiente, al
tratarse de una entidad descentralizada, tales servidores no quedaron sometidos,
en materia salarial, a las disposiciones previstas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional. Así se previó el artículo 88 del Decreto Ley 1301 de 1994:
ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones,
viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta
clase de servidores establezca el gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos
organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
PARAGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de
Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán
al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.
40. De esta manera, los empleados públicos que, al entrar en vigor el Decreto
Ley 1301 de 1994, prestaban sus servicios en el nivel central de la estructura
organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa Nacional, y fueron incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, pasaron a regirse por el régimen
salarial establecido para dicho establecimiento público.
41. En otras palabras, los empleados que ya se encontraban al servicio, así como
aquellos que se vincularon posteriormente al referido Ministerio y a los institutos
mencionados quedaron sujetos al régimen salarial previsto para la respectiva
entidad.
42. Ahora bien, en materia pensional, los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional
quedaron sometidos a la Ley 100 de 1993. En cuanto a las demás prestaciones
sociales, les resultaba aplicable el Decreto Ley 2701 de 1988 y las disposiciones
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que lo modificaran o adicionaran. A su turno, quienes hubieren estado vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, conservarían el régimen previsto en el Decreto 1214
de 1990. En esos términos se indicó en el artículo 89 del Decreto Ley 1301 de 1994:
ARTICULO 89. REGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL. Los empleados
públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán
sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
sociales se les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y
adicionen.
PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados
por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.
43. Posteriormente, la Ley 352 de 1997 reestructuró el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y derogó el Decreto Ley 1301 de 1994
(artículo 65). Además, dispuso la creación de la Dirección General de Sanidad
Militar (artículo 9) como dependencia del Comando General de las Fuerzas
Militares, con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares. Asimismo, ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional (artículo 53). En lo relativo a los derechos adquiridos, así como el
régimen prestacional y salarial de estos empleados, la ley en comento estableció lo
siguiente en sus artículos 54 a 56:
ARTÍCULO 54. PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se
incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional
o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial
que al respecto expida el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos
y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional.
[…]
ARTÍCULO 55. RÉGIMEN PRESTACIONAL. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las
plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el
Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.
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Militar
PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no
contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del
Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa
Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos
al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
según sea el caso. (Destaca la Sala)
44. En otras palabras, de las referidas disposiciones se desprende que en
materia prestacional, se salvaguardaron los derechos adquiridos del personal que
venía vinculado a los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional. Así, quienes hubiesen ingresado antes de
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, continuaban sujetos a la aplicación
integral del Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, en lo concerniente
exclusivamente a la seguridad y al bienestar social.
45. En desarrollo de esa normativa se profirió el Decreto 3062 de 1997, en el cual
se establecieron garantías específicas para los servidores que laboraban en el
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y fueron incorporados a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, o al Hospital Militar Central
según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al artículo 54 de
la Ley 352 de 1997.
46. Así, en materia prestacional, el artículo 3, numeral 4, del Decreto 3062 de
1997 dispuso que a quienes se hubieran vinculado antes de la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993 se les seguiría aplicando íntegramente el Título VI del Decreto
1214 de 1990, así como las normas que lo modificaran o adicionaran; en cambio, al
personal vinculado con posterioridad le resultaría aplicable la Ley 100 de 1993. A
su turno, en materia salarial, el artículo 3, numeral 6, ibidem estableció que a los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporaran a las plantas de personal de salud creadas en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría el régimen salarial previsto para los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional:
Artículo 2º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente
prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se
incorporarán a la Planta de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o al Hospital
Militar Central según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al
artículo 54 de la Ley 352 de 1997.
Artículo 3º. La incorporación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de
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que trata el artículo 2º del presente decreto se hará teniendo en cuenta las
siguientes garantías:
(…)
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado
a esta Entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.
Igualmente al personal vinculado al Hospital Militar Central con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993[,] se le continuará aplicando el Régimen
Prestacional consagrado en el Decreto 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen
o adicionen.
(…)
6. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial
que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional.
Por su parte, las personas vinculadas al Hospital Militar Central tendrán el carácter
de empleados públicos o trabajadores oficiales conforme a las normas vigentes,
aunque en materia salarial y prestacional deberán regirse por el régimen especial
establecido por el Gobierno Nacional, todo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 352 de 1997. (Negrillas por la Sala)
47. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1033 de 200610 y de los decretos
ley 9111 y 9212 de 2007, así como del Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen
de administración del personal civil vinculado a los organismos y dependencias del
sector defensa y se ajustó la planta de personal de los empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
equivalencia de los empleos preexistentes frente a la nueva planta.
48. Concretamente, el Decreto Ley 091 de 2007, en su artículo 32 precisó que
las plantas de personal del sector defensa son globales y que la del Ministerio de
Defensa está compuesta por:
10 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados
al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la
Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución
Política».
11 «Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal».
12 «Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las
entidades que integran el Sector Defensa».
14
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1. Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional: Comprende los empleos
públicos del personal civil y no uniformado asignado a la Unidad Gestión General
del Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Comandos
de Fuerza, Policía Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, Dirección
General Marítima, Justicia Penal Militar.
2. Planta de Personal de las Entidades Descentralizadas, Adscritas y Vinculadas:
Comprende los empleos públicos del personal civil y no uniformado y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, en el entendido
que cada una de ellas tienen su planta de personal independiente.
49. De otro lado, el Decreto Ley 092 del mismo año clasificó los niveles
jerárquicos de los empleos del sector defensa como «Nivel Directivo, Nivel Asesor,
Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y Nivel Asistencial». En materia
de protección de derechos laborales, el numeral 1.º del artículo 19 ibidem, dispuso
en cuanto a la equivalencia de empleados, lo siguiente: «No podrá desmejorarse la
situación salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa».
50. Aunado a lo anterior, el parágrafo transitorio del artículo 21 ordenó que «[l]os
sueldos de los empleados civiles no uniformados del Sector Defensa, se
continuarán pagando de conformidad con la nomenclatura existente a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, hasta tanto se ajusten las plantas de
personal, se establezcan las equivalencias de que trata el artículo anterior, y se fijen
los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial».
51. Ahora bien, el Decreto 4783 de 200813 dispuso la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada conforme
a la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453 de 2008 y, respecto
de ellos, previó que continuarían percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñaban hasta entonces, mientras permanecieran en el cargo
al cual fueron incorporados. Así lo dispuso el artículo 6:
Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán incorporados en los
cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en un término máximo de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación y continuarán
percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan
actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados. (Negrillas
por la Sala)
13 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones».
15
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3.3.2. Del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia.
52. Con ocasión de las múltiples controversias suscitadas en torno al desarrollo
normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, la Ley 352 de 1997, el
Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 92 de 2007 y el Decreto
4783 de 2008, esta Sección unificó su jurisprudencia a través de la sentencia SUJ-
019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 201914, y fijó las reglas que a efectos
ilustrativos se describen en el siguiente cuadro:
SUPUESTO
NORMATIVO DE LA REGLAS DE UNIFICACIÓN
VINCULACIÓN
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados15 al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por
el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
(a) Entre la vigencia del
Decreto 1301 de 1994 y 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en
de la Ley 352 de 1997, la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de
aplican las siguientes Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
reglas: la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
(b) A partir de la
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
vigencia de la Ley 352
Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
de 1997 los empleados
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto
públicos que antes
3062 de 1997).
prestaban sus servicios
en el Instituto de Salud
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
de las Fuerzas Militares
Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de
y que fueron
Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de
incorporados a la planta
1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
de salud del Ministerio
modifiquen o adicionen.
de Defensa Nacional,
dejaron de pertenecer al
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
sector descentralizado,
aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley
y para ellos aplican las
100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo
siguientes reglas:
55 de la Ley 352 de 1997).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre
de 2019, rad. 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19, M.P. César Palomino Cortés.
15 Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando
servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
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Militar
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 200716 se reajustaron las
plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con
fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con
(c) Con la Ley 1033 de base en la nueva nomenclatura.
2006 se unificó el
régimen de Los empleados civiles no uniformados del sector Defensa vinculados a la Planta de
administración de Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
personal que se aplica debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que
al personal civil desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen
vinculado a los el cargo en el que fueron incorporados.
Organismos y
Dependencias del 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por
Sector Defensa. Por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
ello, los empleos especial para los empleados civiles no uniformados del sector Defensa, empezó a
públicos del personal devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civil y no uniformado civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional17.
asignados a la
Dirección General de Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente
Sanidad Militar en la planta global del sector Defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y
pertenecen a la planta clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración
de personal del correspondiente al empleo que desempeñaba, esto es, según el régimen salarial
Ministerio de Defensa fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Nacional, a quienes se Orden Nacional18. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global
les aplican las del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
siguientes reglas: asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación,
por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
Tabla 2. Reglas de unificación de la sentencia SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019
53. Con fundamento en las referidas reglas de unificación, se estima necesario
efectuar algunas precisiones que ha destacado la presente Subsección19. Lo
anterior, debido a que en varias providencias de esta Sección se consideró que los
empleados vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, entidad
suprimida por la Ley 352 de 1997, pese a su incorporación en 2009 a la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, mantuvieron el derecho a que se les aplicara el
numeral 6.º del artículo 3.º del Decreto 3062 de 1997. Por consiguiente, continuaron
cobijados por el régimen salarial previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional, y no por la asignación básica fijada para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
54. No obstante, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado previamente referida impone, en esta materia, un marco interpretativo
distinto. En dicha providencia se precisó, entre otros aspectos, que con la entrada
en vigor del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron las plantas de personal, se
16 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
17
Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019.
18 Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre
de 2021, rad. 25000-23-42-000-2017-05130-01(0915-21), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Militar
establecieron las equivalencias y se fijaron las asignaciones salariales conforme a
la nomenclatura y clasificación especial allí previstas. En consecuencia, la
remuneración de los empleados civiles no uniformados del sector defensa pasó a
reconocerse con fundamento en esa nueva nomenclatura.
55. También precisó que, desde el momento en que el empleado pasó a ocupar
el cargo al cual fue incorporado en virtud del Decreto 4783 de 2008, y conforme a
la nomenclatura y clasificación especial prevista para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa, comenzó a percibir la asignación básica
establecida por el Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional.
56. En otras palabras, mientras se producía la incorporación al cargo equivalente
en la planta global del sector defensa, de conformidad con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor conservaba el derecho a
percibir la remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba con
anterioridad, esto es, la fijada por el Gobierno nacional para los empleos de la Rama
Ejecutiva del poder público del orden nacional. Cumplida la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, pasaba a regirse
por la escala de asignación básica prevista por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados de dicha entidad.
57. Por último, la citada sentencia de unificación precisó que la Ley 1033 de 2006
no alteró el régimen prestacional, razón por la cual este continúa rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley 352 de 1997. Bajo ese entendido, y por respeto a la seguridad
jurídica y a la fuerza vinculante del precedente allí fijado, se acoge esa orientación
jurisprudencial, habida cuenta de que la misma providencia dispuso su aplicación
obligatoria a todos los asuntos pendientes de definición en sede administrativa y
judicial, mediante acciones o medios de control ordinarios, con la única salvedad de
los casos amparados por cosa juzgada.
3.4. Hechos probados
58. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(a) La certificación del Grupo de Talento Humano de la Dirección General de
Sanidad Militar del 11 de mayo de 2017, hace constar que la señora Adriana Aragón
Pardo laboró desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 17 de noviembre de 2013 en la
Dirección General de Sanidad Militar, fecha en la cual se retiró del servicio por tener
derecho a la pensión de jubilación. Su última vinculación fue como servidor misional
en Sanidad Militar, código 2-2, grado 1020.
20 Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02 ANEXOS
DE DEMANDA (.pdf) NroActua 4», imagen 13.
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Militar
(b) Mediante Resolución núm. 1644 del 8 de noviembre de 2013, se retiró del
servicio a la señora Adriana Aragón Pardo, con fecha 17 de noviembre de 2013. del
cargo servidor misional en Sanidad Militar código 2-2, grado 10 «por tener derecho
a pensión de jubilación»21.
(c) Por medio de la Resolución núm. 704 del 28 de febrero de 2014, la directora
administrativa y la coordinadora del grupo de prestaciones sociales del Ministerio
de Defensa Nacional, reconocieron pensión mensual de jubilación a la señora
Adriana Aragón Pardo, en cuantía del 75 % del último salario devengado, a partir
del 17 de noviembre de 201322. En dicho documento se indicó que la demandante
ingresó al servicio el 30 de septiembre de 1993. Asimismo, la acreencia se
reconoció en virtud de los decretos 1214 de 1990 y 1020 de 2013.
(d) El 13 de diciembre de 201623, la señora Adriana Aragón Pardo solicitó a la
Dirección General de Sanidad Militar la reliquidación de la pensión de jubilación, de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, aplicables a los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, así como la
inclusión de las primas de actividad y de servicios previstas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.
(e) Como consecuencia de lo anterior, el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional mediante el Oficio núm. OFI16-99998
MDNSGDAGPSAP del 16 de diciembre de 2016, negó lo solicitado por la
peticionaria24.
3.5. Análisis del caso concreto
59. En el asunto bajo análisis, la parte actora solicitó la nulidad parcial del acto
administrativo a través del cual se le reconoció una pensión de jubilación, y total del
oficio que le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, para que se
incluyeran las partidas adicionales establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990.
60. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
situación de la señora Adriana Aragón Pardo, tras la reorganización institucional,
quedó regida por la nomenclatura y escala salarial especial del sector defensa, de
modo que no procedía reconocerle la asignación básica de los empleos de la Rama
21 Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02 ANEXOS
DE DEMANDA (.pdf) NroActua 4», imagen 4.
22 Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02 ANEXOS
DE DEMANDA (.pdf) NroActua 4», imagen 1.
23 Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02 ANEXOS
DE DEMANDA (.pdf) NroActua 4», imagen 5.
24 Samai, expediente digital, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02 ANEXOS
DE DEMANDA (.pdf) NroActua 4», imagen 10.
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Ejecutiva con base en una supuesta equivalencia funcional. Igualmente, descartó la
inclusión de la prima de actividad y de los demás beneficios reclamados, por falta
de prueba suficiente sobre su causación, titularidad y percepción efectiva, razón por
la cual mantuvo la legalidad de los actos acusados y negó las pretensiones de la
demanda.
61. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación frente al aspecto prestacional de la sentencia de primera instancia, es
decir, frente a la aplicación del Decreto 1214 de 1990, en lo relativo al
reconocimiento pensional con la inclusión de las partidas de prima de actividad y de
servicios.
62. En ese sentido, afirmó que el Tribunal no resolvió el verdadero problema
jurídico, esto es, que por haberse vinculado antes de la Ley 100 de 1993,
conservaba íntegramente el régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990 y, en
consecuencia, su pensión debía reliquidarse con las partidas del artículo 102,
especialmente la prima de actividad y la prima de servicios. Afirmó que el a quo se
limitó a revisar lo efectivamente pagado al retiro, sin atender las normas especiales
ni el precedente de unificación que distinguen entre régimen salarial y prestacional.
63. Para resolver los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala
estudiará el supuesto normativo aplicable, de conformidad con las reglas de
unificación establecidas por esta corporación para la reliquidación de la pensión de
jubilación con inclusión de las primas de actividad y de servicios, previstas en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de las primas de
actividad y de servicios previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990
64. En efecto, se advierte que la señora Adriana Aragón Pardo se vinculó
inicialmente al Ejército Nacional el 30 de septiembre de 1993, fecha en la que fue
dada de alta. Posteriormente, prestó sus servicios en la Dirección General de
Sanidad Militar desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 17 de noviembre de 2013. Se
precisa que el último cargo que desempeñó fue el de servidor misional en Sanidad
Militar, código 2-2, grado 10, y que su retiro se produjo con ocasión del cumplimiento
de los requisitos para acceder a la pensión. Lo anterior, conforme al contenido de
las resoluciones 1644 del 8 de noviembre de 2013 y 704 del 28 de febrero de 2014,
así como de la certificación expedida por el Grupo de Talento Humano de la
Dirección General de Sanidad Militar el 11 de mayo de 2017.
65. Luego de reconocida su pensión de jubilación, el 13 de diciembre de 2016,
la señora Adriana Aragón Pardo solicitó el reajuste de la asignación básica, de
acuerdo con los decretos expedidos para los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional y la reliquidación pensional con inclusión de las partidas del artículo
102 del Decreto 1214 de 1990. Sin embargo, por Oficio núm. OFI16-99998
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Militar
MDNSGDAGPSAP del 16 de diciembre de 2016 se negó dicho pedimento en virtud
de los siguientes argumentos:
En relación a los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo, es preciso indicarle respecto
de las peticiones principales y subsidiarias de su escrito petitorio, que para el
cómputo de las Pensiones del Personal que hace parte de la Planta de la Dirección
de Sanidad, se aplica una norma especial, en el sentido que no se tiene en cuenta
las partidas que define el Decreto 1214 de 1990.
[…]
Ahora bien, la Pensión de Jubilación que le fue reconocida a su poderdante con Acto
Administrativo No. 704 de fecha 28 de Febrero de 2014, por la cual se reconoce y
ordena el pago de una pensión mensual de jubilación, el cual contiene los supuestos
fácticos jurídicos que lo motivaron, así mismo goza presunción de legalidad está en
firme y debidamente ejecutoriada, la cual se efectuó en virtud de lo normado en el
Decreto 1214 de 1990 ARTÍCULO 98. - Pensión de jubilación por tiempo continuo.
El empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que acredite
veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio Militar obligatorio,
hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo, tendrán derecho a
partir de la fecha se su retiro, a que por el tesoro público se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
último salario devengado... subrayado y en negrilla fuera del texto.
Como se puede evidenciar de la lectura de la norma su pensión fue liquidada
teniendo en cuenta las partidas computables reportadas en la Hoja de Servicios No.
104 del 08 de Noviembre de 2013, expedida por la respectiva Fuerza para su caso
la DGSM, acto administrativo este que goza de presunción de legalidad y se
encuentra ejecutoriado en firme, en ese orden de ideas esta coordinación tiene en
cuenta el contenido del mismo sin lugar a incidir en los parámetros para su
realización y dichas partidas están claramente descritas en el la Resolución No. 704
de 2014, en su parte considerativa.
Por lo antes anunciado, no es posible acceder a su solicitud de conformidad por lo
antes expuesto, así mismo le indico que no hay descrito numeral octavo en su
petición (Sic para la cita).
66. Ahora bien, como se explicó de manera precedente, en el presente asunto,
la controversia se circunscribe, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación,
a establecer el régimen prestacional aplicable al personal civil de la Dirección
General de Sanidad Militar, y como consecuencia de ello, si resulta procedente la
reliquidación de la pensión de jubilación, con inclusión de las primas de servicios y
actividad, conforme al artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
67. La Sala recuerda que a través de la Resolución núm. 704 del 28 de febrero
de 2014, la directora administrativa y la coordinadora del grupo de prestaciones
sociales del Ministerio de Defensa Nacional, le reconocieron a la señora Adriana
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Aragón Pardo la pensión de jubilación en cuantía del 75 % del último salario
devengado, a partir del 17 de noviembre de 2013, teniendo en cuenta las siguientes
partidas:
Que según consta en la Hoja de Servicios No. 104 del 29 de noviembre de 2013, la citada
exfuncionaria prestó sus servicios al Ejército Nacional, por espacio de veinte (20) años,
cuatro (4) meses y diecisiete (17) días, incluida la diferencia de año laboral, (folio 4).
Que según lo previsto en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, en concordancia con el
Decreto 1020 de 2013, por los servicios prestados por la mencionada exfuncionaria, se
consolidó el derecho al reconocimiento y pago de una Pensión Mensual de Jubilación, en
cuantía equivalente al 75% de las siguientes partidas:
SUELDO BASICO $2.244.590.00
1/12 PRIMA DE NAVIDAD $ 187.049.00
TOTAL $2.431.639.00
68. Como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitó —para el reajuste
de la pensión de jubilación— la asignación básica de acuerdo con lo dispuesto en
el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997 que dispone que «los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional», y la inclusión
de las partidas Decreto 1214 de 1990.
69. Sobre este particular, la sentencia de primera instancia negó la reliquidación
de la pensión de jubilación con la inclusión de las partidas adicionales de «prima de
actividad», «prima de servicios» y demás del Decreto 1214 de 1990. Lo anterior, al
considerar que no existía certeza si la demandante hubiere devengado esos
factores «antes de la creación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, o
mientras este existió, o después de su supresión, o después de la expedición de los
Decretos 92 y 2063 de 2007 y 4783 de 2008 o en el último año de servicio».
70. Así, como se indicó en líneas anteriores, de la Resolución núm. 704 del 28
de febrero de 2014 se extrae que la señora Adriana Aragón Pardo fue dada de alta
en el Ejército Nacional el 30 de septiembre de 1993. Por tanto, su vinculación se
produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, (1.º de abril
de 1994), de modo que su régimen prestacional se regía por el Decreto 1214 de
1990, conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y en consonancia con la tercera
regla establecida en la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de
diciembre de 2019.
71. Igualmente, conviene recordar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
expresamente señala que «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción
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de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas» (negrillas por la Sala).
72. Determinado lo anterior, se establecerá cuáles son las partidas computables
para liquidar la pensión de jubilación, a la luz del Decreto 1214 de 1990, y si la
decisión del a quo de negar la «prima de actividad», la «prima de servicios» y los
demás beneficios consagrados en dicho decreto, se ajustó a la normativa aplicable.
73. En este contexto, en lo atinente a la liquidación de las prestaciones sociales
conforme al Decreto 1214 de 1990, se advierte que su artículo 102 establece cuáles
son las partidas computables, a saber:
ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea
retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez,
de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma
de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
PARAGRAFO 1. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las
Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable
como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta
la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.
PARAGRAFO 2. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto
será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones
sociales.
74. Ahora bien, descendiendo al caso particular se advierte que la pensión de
jubilación de la demandante fue liquidada únicamente con los factores computables,
de «sueldo básico» y una doceava parte de la prima de navidad «1/12 PRIMA DE
NAVIDAD». En ese contexto, en materia prestacional la demandante sería
beneficiaria del régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990, por lo que en principio
resultaba procedente reajustar la prestación con la inclusión de la «prima de
actividad» y «prima de servicios», por tratarse de partidas expresamente
contempladas en dicha normativa. No obstante, para la procedencia de su inclusión,
debe acreditarse que estas fueron efectivamente devengadas por la accionante.
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75. Lo anterior obedece a las particularidades propias de este tipo de asuntos,
derivadas del tránsito normativo aplicable al personal civil de la Dirección General
de Sanidad Militar. En efecto, tales servidores pueden estar sometidos a regímenes
salariales y prestacionales distintos, según la fecha en que ingresaron o fueron
incorporados a la entidad, como se explicó a lo largo de esta providencia. Por ello,
el hecho de que una persona tenga derecho a la inclusión de determinadas partidas
en virtud de su régimen prestacional no permite concluir, por sí solo, que
efectivamente hubiere cotizado sobre ellas, precisamente por la diferenciación
existente entre uno y otro régimen. Esa circunstancia se presenta en el caso
concreto, pues la demandante estaba sometida, en materia salarial, a la escala
prevista para el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional,
conforme a la Ley 1033 de 2006 y a los decretos leyes 91 y 92 de 2007, así como
al Decreto 4783 de 2008 —aspecto que no fue objeto de controversia—; mientras
que, en materia pensional, su situación se regía por el Decreto 1214 de 1990.
76. Lo anterior, por cuanto los aportes al sistema pensional debieron realizarse
sobre el factor salarial cuya inclusión se reclama en la pensión de jubilación, aun
cuando dicha partida esté contemplada en el Decreto 1214 de 1990. En ese sentido,
la sola previsión de ese factor en el régimen prestacional no basta para disponer su
inclusión en la base de liquidación pensional, pues, dada la diferenciación entre los
regímenes salarial y prestacional aplicables al personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa Nacional, no puede inferirse automáticamente que aquella
hubiere sido percibida ni que sobre ella se hubiesen efectuado los respectivos
aportes. Por consiguiente, «mal haría en ordenar el reajuste de la prestación sobre
factores que no fueron percibidos25».
77. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el proceso no se allegó certificación
salarial ni desprendible de nómina que permitiera establecer que la demandante
devengó, durante su vinculación, las partidas de prima de actividad y prima de
servicios. Además, con el recurso de apelación no se aportaron ni se solicitaron
pruebas encaminadas a acreditar ese supuesto fáctico. La argumentación de la
alzada se concentró en sostener que tales factores debían incluirse por estar
previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, sin desvirtuar el fundamento
central del fallo de primera instancia, consistente en la ausencia de prueba sobre su
pago efectivo durante la relación laboral.
78. Sobre este aspecto, la Sala acoge el criterio sostenido por esta Sección en
casos análogos, posteriores a la sentencia de unificación, según el cual no procede
la inclusión de estos factores cuando no se demuestra su percepción efectiva
durante la relación laboral. En efecto, una cosa es que la demandante, por haberse
vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sea beneficiaria
del régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990, y otra distinta que baste esa
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8
de febrero de 2024, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2016-04243-01 (0302-2022), M.P. César
Palomino Cortés.
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sola circunstancia para incorporar en la base pensional factores cuya causación y
pago no fueron acreditados.
79. Con el fin de aportar mayores elementos de juicio para la resolución del
asunto sometido a consideración de la Sala, se advierte que la presente
controversia comparte los mismos supuestos fácticos que una decisión de esta
Subsección26, en la que se analizó el reconocimiento de este tipo de factores —
prima de actividad y prima de servicios— en la pensión de jubilación del personal
civil del Ministerio de Defensa y se precisó que, para su inclusión, es necesario
acreditar que fueron efectivamente percibidos. En dicha oportunidad se consideró
lo siguiente:
Por consiguiente, la Sala prohíja el criterio consistente en que aun cuando se trate
de aquella que se paga anualmente [prima de servicios] e independiente del régimen
salarial, debe ser incluida en una doceava cuando se pruebe que fue devengada.
Ello, por cuanto el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 estableció expresamente
que la prima de servicios haría parte de la liquidación de la pensión y, en el sub
examine se demostró que le fue pagada en el año 2010 cuando se retiró de la
institución.
[…]
Ciertamente, en casos análogos estudiados antes y después de la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019, esta Sección ha expuesto que no es viable
la inclusión de la prima de actividad porque (i) no se demostró que la percibió
en servicio27; y (ii) si bien se demuestra la vinculación antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, únicamente se reconoce el régimen prestacional,
no el salarial, razón que impide reliquidar la pensión con factores certificados para
el año 1995 y anteriores.
En suma, no basta con que la norma enliste el factor salarial para que deba ser
incluido en la mesada pensional y como —a diferencia de la prima de servicios— no
se demostró que fuera pagada en 2010, también se mantendrá incólume la decisión
de negar la pretensión respecto de este concepto.
80. Por lo expuesto de manera precedente, la sola condición de beneficiaria del
régimen prestacional consagrado en el Decreto 1214 de 1990, que prevé la prima
de servicios y la prima de actividad, no resulta suficiente para acceder a su inclusión.
Para ello, además, se requiere prueba que demuestre que la demandante percibió
efectivamente tales partidas, supuesto que no se acreditó en el sub examine.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
22 de agosto de 2024, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar.
27 Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: 13 de mayo de 2021 (3038-19), 7 de diciembre
de 2021 (4666-2019), 27 de enero de 2022 (3047-2021), 3 de febrero de 2022 (1046-2021), 24 de febrero de
2022 (3015-2021), 3 de marzo de 2022 (1259-2021), 17 de marzo de 2022 (3392-2021), 17 de marzo de 2022
(3254-2020), 24 de marzo de 2022 (5047-2021 y 0459-2021), 7 de abril de 2022 (4128-2019), 21 de abril de
2022 (1048-2021), 5 de mayo de 2022 (2346-2021), 9 de mayo de 2022 (0551-2021), 23 de junio de 2022 (2052-
2021), 23 de junio de 2022 (1494-2020), 1 de julio de 2022 (3085-2020), 1 de julio de 2022 (1527-2018), 4 de
agosto de 2022 (0936-2021), 18 de agosto de 2022 (2278-2022), 1 de septiembre de 2022 (0338-2022), 12 de
septiembre de 2022 (4665-2019), 27 de octubre de 2022 (2253-2019), 17 de noviembre de 2022 (2925-2022),
2 de marzo de 2023 (0423-2019), 11 de mayo de 2023 (4269-2022), 25 de mayo de 2023 (0031-2022), 15 de
junio de 2023 (2352-2019), 22 de junio de 2023 (4761-2022), 22 de junio de 2023 (3331-2020), 5 de octubre de
2023 (4197-2021).
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81. Lo expuesto, no se trata de una exigencia meramente formal. Acreditar que
la partida fue efectivamente devengada permite verificar que su inclusión en la base
de liquidación pensional recaiga sobre factores salariales percibidos y, por ende,
sobre sumas respecto de las cuales se efectuaron los aportes correspondientes.
Esta precisión cobra especial importancia en asuntos como el presente —como se
explicó en líneas atrás—, pues, dada la diferenciación entre los regímenes salarial
y prestacional aplicables al personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa
Nacional, no basta con que una partida esté prevista en el Decreto 1214 de 1990
para tenerla, como percibida y cotizada, ya que ello desconocería la
correspondencia entre aportes y prestaciones, así como la sostenibilidad financiera
del sistema pensional, en los términos del artículo 48 de la Constitución Nacional,
modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005.
82. En todo caso, la Sala advierte que, si bien la decisión de primera instancia
negó la inclusión de estas prestaciones con el fundamento esencial en que «[n]o se
acreditó que la actora hubiera adquirido el derecho a la prima de actividad, ni que la
hubiera devengado antes de la creación del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, o mientras este existió, o después de su supresión, o después de la
expedición de los Decretos 92 y 2063 de 2007 y 4783 de 2008, o en el último año
de servicio», en el trámite de la alzada tampoco se allegaron ni se solicitaron
pruebas dirigidas a acreditar que la demandante devengó efectivamente tales
partidas.
83. Es decir, la accionante no controvirtió de manera concreta, en el recurso de
apelación, la fundamentación de la sentencia de primera instancia, según la cual no
se demostró, a través de medio de convicción, haber devengado tales factores, pues
su argumentación se sustentó en la interpretación normativa del artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990. Por estas razones, no resulta procedente la inclusión de
dichas partidas en el presente asunto.
84. La anterior conclusión parte de una interpretación sistemática del criterio de
la Sección en torno a la acreditación de los factores salariales cuya inclusión en la
base pensional depende de su percepción efectiva, así como de lo dispuesto en la
sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de diciembre de 2019. Esto
significa que la decisión adoptada en el presente asunto en modo alguno desconoce
dicha providencia, pues en el caso de la peticionaria se demostró que, conforme a
las reglas de unificación allí fijadas, se encontraba en el tercer supuesto y, por tanto,
era beneficiaria del régimen prestacional previsto en el Decreto 1214 de 1990. Sin
embargo, para concretar el derecho reclamado, era necesario acreditar que
efectivamente devengó tales partidas, carga probatoria que no fue satisfecha. Así lo
ha precisado esta Corporación28:
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5
de octubre de 2023, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2017-05123-01 (4197-2021), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
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En este orden de ideas, de conformidad con el análisis normativo y la sentencia de
unificación aludida, es cierto que la actora tiene derecho a que su pensión se liquide
de conformidad con los factores indicados en el artículo 102 del citado Decreto 1214;
sin embargo, contrario a lo señalado por el a quo, no es posible incluir emolumentos
por el solo hecho de estar simplemente enunciados en la norma, sino que debe
probarse que fueron efectivamente devengados, lo cual no ocurrió́ en el sub lite.
85. En este orden, la decisión de la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda será confirmada.
3.6. Costas
86. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario29 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en ambas instancias, en atención a que no se advierte que
aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
3.7. Conclusión
87. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en materia prestacional, a
la accionante le era aplicable el Decreto 1214 de 1990, en los términos de la Ley
352 de 1997, por cuanto su vinculación fue anterior a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993. En consecuencia, aunque en principio procedía la inclusión de la prima
de actividad y de la prima de servicios en la pensión de jubilación, por estar
contempladas en ese régimen, lo cierto es que la demandante no demostró que
percibía tales factores al momento de su desvinculación de la entidad, de
conformidad con el criterio adoptado por esta Sección en la materia.
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo; (b) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-
33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
4. Otras decisiones. Reconocimiento de personería
88. Se reconocerá personería al abogado Joaquín Murcia Melo como apoderado
de la parte demandante, en los términos del poder de sustitución30 conferido por la
doctora Kelly Andrea Eslava Montes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Reconocer personería al abogado Joaquín Murcia Melo como apoderado
de la parte demandante, en los términos del poder de sustitución conferido por la
doctora Kelly Andrea Eslava Montes.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa
30 Samai, índice 12.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05119-01 (2109-2023)
Demandante: Adriana Aragón Pardo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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