República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02571-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar
Tema: reajuste de la pensión de jubilación del personal civil de la Dirección General
de Sanidad Militar según la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997 y el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 21 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Liliana Akli Serpa solicitó la nulidad parcial del acto administrativo
mediante el cual la entidad demandada le reconoció la pensión de jubilación, así
como la nulidad total de los oficios que negaron la reliquidación de esa prestación,
conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997 y el Decreto
1214 de 1990, con fundamento en las asignaciones salariales aplicables al personal
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y en la inclusión de los factores
establecidos en el artículo 102 de este último decreto. En esta providencia se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
Lo anterior, dado que en materia prestacional, aunque se acreditó que la
demandante era beneficiaria del régimen dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, por
haber estado vinculada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
en los términos de la Ley 352 de 1997 y que en principio, ello permitía la inclusión
de la prima de actividad y de la prima de servicios en la pensión de jubilación, al
estar contempladas en dicho régimen, lo cierto es que no se demostró que tales
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Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
factores hubieran sido efectivamente percibidos al momento de su desvinculación,
conforme al criterio adoptado por esta Sección en la materia. Finalmente, se
revocará lo relativo a la condena en costas, dado el criterio mayoritario de la
Subsección.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Liliana Akli Serpa, por conducto de apoderado, presentó demanda1
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de la Resolución
núm. 5487 del 4 de noviembre de 2014, que le reconoció la pensión de jubilación, y
total de los oficios núm. OFI18-41551 MDNSGDAGPSAP del 8 de mayo de 2018 y
núm. 10541/ MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del 1 de junio de 2018, por medio
de los cuales la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, y para
que se incluyeran las partidas adicionales establecidas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de la señora Liliana
Akli Serpa, como personal civil de la planta de personal del sector defensa, teniendo
en cuenta la asignación básica salarial prevista en el numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 3062 de 1997. Para tal efecto, pidió que se apliquen las escalas salariales
establecidas para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
4. Solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación según lo establecido en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, esto es, con la inclusión de las primas de
servicios y de actividad, y la nueva base salarial para empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional. Asimismo, que se dé cumplimiento al fallo según el
artículo 192 del CPACA y se condene en costas a la parte vencida.
1 El 29 de noviembre de 2018. Ver Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «13_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_05ActaIndividualReparto.pdf(.PDF)
NroActua 31».
2 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «10_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3131».
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Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. La señora Liliana Akli Serpa ingresó a laborar para la demandada el 1 de
septiembre de 1993. Luego, fue incorporada al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares el 1 de marzo de 1996, y a la Dirección General de Sanidad Militar, donde
prestó sus servicios hasta el 2 de septiembre de 2014 en el cargo de servidor
misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado 14.
7. Indicó que le fue reconocida la pensión de jubilación a través de la Resolución
núm. 5487 del 4 de noviembre de 2014, sin embargo, precisó que no le fueron
respetados los derechos adquiridos, ya que era beneficiaria del régimen establecido
en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, esto es, con la inclusión de todas las
partidas computables que refiere el artículo 102 de ese mismo decreto.
8. Conforme con lo anterior, el 13 de marzo de 2018 solicitó al Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar el reajuste de su pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997,
esto es, el que rige para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden nacional, así como con el Decreto 1214 de 1990.
9. En atención a lo anterior, se profirieron los oficios núm. OFI18-41551
MDNSGDAGPSAP del 8 de mayo de 2018 y núm. 10541/ MDN-CGFM-DGSM-SAF-
GTH-1.10 del 1 de junio de 2018, a través de los cuales la accionada negó lo
solicitado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
• Constitución Política, artículos 13 y 53.
• Decreto 1214 de 1990, artículos 1, 2, 4, 38 y 57.
• Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21.
• Decreto 1301 de 1994, artículos 1, 35, 36, 87 y 88.
• Ley 352 de 1997.
• Decreto 3062 de 1997, artículos 2 y 3.
• Decreto 5 de 1998, artículos 1, 2 y 3.
• Decreto 1792 de 2000, artículos 1, 3, 7, 10, 111 y 114.
• Decreto 92 de 2007, artículos 1, 2, 3, 21 y 23.
• Decreto 2727 de 2010.
10. Advirtió que los actos demandados desconocieron el régimen prestacional
aplicable a la demandante, pues aunque las modificaciones en la estructura jurídica
del sector defensa fueron válidas, ello no autorizaba a la administración para omitir
la aplicación integral del Título VI del Decreto 1214 de 1990 al personal vinculado
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Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En esa medida, afirmó que, al momento
de reconocer la pensión de jubilación, debían incluirse como partidas computables
todos los factores previstos en el artículo 102 de ese decreto.
11. Planteó la vulneración de los derechos a la igualdad y a la favorabilidad
laboral. Lo anterior, al señalar que la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección
General de Sanidad Militar otorgó un trato inequitativo y discriminatorio al negar la
reliquidación pensional con inclusión de las partidas del artículo 102 del Decreto
1214 de 1990, pese a que el ordenamiento constitucional, especialmente el artículo
53, impone la aplicación de la situación más favorable al trabajador y la protección
efectiva de sus derechos laborales y pensionales.
12. Adujo que los actos acusados habrían desconocido el artículo 89 del Decreto
1301 de 1994, el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y el numeral 4 del artículo 3 del
Decreto 3062 de 1997. Según la demanda, esas disposiciones son claras en
preservar, en materia prestacional, los derechos de quienes se vincularon antes de
la Ley 100 de 1993, por lo que a la demandante no le resultaba aplicable el Decreto
2701 de 1988, sino el régimen del Decreto 1214 de 1990, incluyendo la prima de
actividad, la prima de servicios y las demás partidas computables para liquidar la
pensión.
13. Finalmente, consideró que se configuró una falsa motivación, porque la
administración fundamentó la negativa en un régimen que no correspondía a la
situación jurídica de la demandante y afirmó erradamente que su pensión había sido
liquidada con todas las partidas computables pertinentes. La demanda insistió en
que nunca se pretendió una nivelación salarial ilegal, sino el respeto de los derechos
adquiridos y la correcta aplicación del régimen prestacional especial que la cobijaba,
el cual fue indebidamente desconocido al excluir factores salariales que debían
integrar la base de liquidación pensional.
2.2. Contestación de la demanda
14. La Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar 3 se
opuso a las pretensiones de la demanda. La entidad sostuvo, en esencia, que el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ha contado
históricamente con una regulación autónoma y especial, desarrollada, entre otras
normas, por el Decreto 1301 de 1994, la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
1997. Con base en ese marco, señaló que, aunque la accionante reclamaba la
aplicación del régimen salarial de la Rama Ejecutiva del orden nacional, la
administración actuó con arreglo a la normativa especial propia del sector defensa.
3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «57_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_49ContestacionDemandaMindefensaNacional.pdf(.PDF)
NroActua 31».
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Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
15. Como fundamento de defensa, la entidad expuso la evolución normativa
aplicable al personal civil del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. Sostuvo
que a partir de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1301 de 1994 se estructuró un
régimen especial para ese personal. Precisó que en materia salarial los servidores
incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares quedaron sometidos a
las normas especiales de esa entidad. Que en materia prestacional, quienes se
vincularon antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 conservaron la aplicación del
Título VI del Decreto 1214 de 1990. Agregó que, conforme al Decreto 171 de 1996
y la Ley 352 de 1997, al personal incorporado se le mantuvo el ingreso que percibía,
al integrarse en la asignación básica mensual los factores devengados al momento
de la incorporación.
16. Con fundamento en ese marco, la demandada concluyó que no procedía
reliquidar la pensión ni reajustar la asignación básica de la accionante con base en
las escalas de la Rama Ejecutiva del nivel central, pues el régimen salarial aplicable
pasó a ser el previsto para los empleados civiles no uniformados del sector defensa.
Añadió que la demandante solo conservó el régimen pensional del Decreto 1214 de
1990, por haberse vinculado antes de la Ley 100 de 1993, que su pensión fue
reconocida con el 75 % del último salario devengado y que, además, operaba la
prescripción respecto de algunas mesadas y prestaciones. Propuso las excepciones
de caducidad4 y de prescripción.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, profirió sentencia el 21 de mayo de 20215, a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida.
18. Esa corporación formuló como problema jurídico determinar, en primer lugar,
si la demandante, en su condición de exservidora de la Dirección General de
Sanidad Militar, era destinataria del régimen salarial de los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, conforme a la Ley 352 de 1997 y al Decreto
3062 de 1997. También, si por haberse vinculado antes de la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993, su régimen prestacional seguía siendo el previsto en el Decreto
1214 de 1990. En segundo lugar, debía establecer si de ello se derivaba el derecho
al reajuste de la asignación básica y a la reliquidación de la pensión con inclusión
de las partidas del artículo 102 de ese decreto.
19. Para resolver ese problema, el Tribunal examinó la evolución normativa
aplicable al personal civil del Ministerio de Defensa y al personal de salud de las
4 La excepción de caducidad fue resuelta por el Tribunal, la cual fue declarada no probada, a través de auto del
9 de octubre de 2020. Ver Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «64_ED_EXPEDIENTE
DIGITAL_56AutoDeclaraNoProbadaExcepcionNotificacion.pdf(.PDF) NroActua 31».
5 Samai, expediente digital, índice 32, actuación «SENTENCIA QUE NIEGA LAS PRETENSIONES».
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Militar
Fuerzas Militares. Explicó que aunque la accionante se vinculó antes de la Ley 100
de 1993, conservó el régimen prestacional del título VI del Decreto 1214 de 1990.
En materia salarial, continuó sometida al régimen que traía desde su incorporación,
sin que las reformas institucionales posteriores implicaran, por sí mismas, una
modificación automática de su asignación básica.
20. Con base en ello, determinó que no era jurídicamente admisible equiparar el
cargo de servidor misional en Sanidad Militar grado 14, desempeñado por la
demandante desde 2009, con el cargo de asesor grado 14 de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, para efectos de reclamar la asignación básica fijada anualmente
para este último. Señaló que la reclasificación de su empleo no alteró el régimen
salarial que venía percibiendo, pues la normativa aplicable garantizó la
conservación de sus derechos, beneficios y remuneración, pero no autorizó una
homologación automática con cargos distintos de otra nomenclatura.
21. En cuanto a la reliquidación pensional, el Tribunal reiteró que a la
demandante sí le era aplicable el régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990;
sin embargo, precisó que ello no bastaba para incluir en la pensión todas las
partidas previstas en el artículo 102 de dicho decreto. Indicó que para que
procediera su incorporación era indispensable acreditar que tales factores fueron
efectivamente percibidos. No obstante, destacó que en el proceso no se demostró
que la accionante hubiera devengado la prima de actividad ni la prima de servicios,
y aunque sí percibió otros emolumentos, como la bonificación por servicios
prestados y la prima de vacaciones, estos no estaban enlistados en la disposición
invocada como factores computables.
22. Por esas razones, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que no había lugar ni al reajuste de la asignación básica con fundamento
en los decretos salariales de la Rama Ejecutiva ni a la reliquidación de la pensión
con inclusión de las primas reclamadas. Además, condenó en costas a la parte
demandante y fijó las respectivas agencias en derecho.
2.4. Recurso de apelación
23. La demandante, a través de su apoderada, interpuso recurso de apelación6.
Sostuvo que el fallo desconoció el verdadero problema jurídico planteado, esto es,
si por haber ingresado al servicio el 1 de septiembre de 1993, le era aplicable en
materia prestacional el régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990 y, en
consecuencia, si la pensión de jubilación debía reliquidarse con inclusión de las
partidas computables establecidas en el artículo 102 de ese estatuto, en particular
la prima de actividad y la prima de servicios.
6 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 34, actuación «RECIBE MEMORIALES»,
documento «71_Recurso apelación demandante (.PDF) NroActua 34».
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Militar
24. La apelante afirmó que el Tribunal negó las pretensiones con un análisis
incompleto, pues se limitó a verificar cuáles fueron las últimas partidas
efectivamente pagadas a la demandante al momento de su retiro, sin atender la
evolución normativa del régimen aplicable al personal civil del Sistema de Salud de
las Fuerzas Militares. En su criterio, el a quo omitió considerar que por haber
ingresado el 1 de septiembre de 1993, esto es, antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993, la accionante conservó un derecho adquirido a que su situación
prestacional continuara rigiéndose por el Decreto 1214 de 1990, aun después de su
incorporación al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y, posteriormente, a la
Dirección General de Sanidad Militar.
25. En esa línea, el recurso destacó que la supresión posterior del pago de la
prima de actividad no podía traducirse en la pérdida del derecho a que esta fuera
tenida en cuenta para la liquidación pensional. Según la recurrente, era necesario
diferenciar entre lo efectivamente pagado y lo que jurídicamente debió devengar la
peticionaria conforme a su régimen prestacional. Adujo que la modificación del
régimen salarial ocurrida con las reformas institucionales no alteró la integridad del
prestacional protegida por las normas especiales, de modo que la pensión debía
reconocerse conforme al Título VI del Decreto 1214 de 1990 y, por ende, con todas
las partidas señaladas en su artículo 102.
26. Como sustento normativo, la parte demandante invocó el parágrafo del
artículo 89 del Decreto 1301 de 1994, el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y el
numeral 4 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. A partir de esas disposiciones,
sostuvo que quienes se vincularon al Ministerio de Defensa antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 y luego fueron incorporados a las plantas del sector salud
conservaron en su integridad el régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990.
Con base en ello, insistió en que el Tribunal desatendió el sentido de esas normas
especiales y la garantía legal de conservación del régimen prestacional anterior.
27. Distinguió entre el régimen salarial y el régimen prestacional y precisó que
aunque en materia salarial los empleados incorporados a la planta de salud del
Ministerio de Defensa quedaron sometidos a las reglas de la Rama Ejecutiva o,
después, al régimen especial del sector defensa, en materia prestacional quienes
se vincularon antes de la Ley 100 de 1993 continuaron cobijados integralmente por
el Decreto 1214 de 1990. Por ello, solicitó revocar la decisión apelada y acceder a
la reliquidación pensional pretendida.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
28. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto
el 9 de febrero de 20237, en el que admitió el recurso de apelación de la demandante
y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral
7 Samai, índice 4.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
29. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
31. ¿La demandante tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación
teniendo en cuenta la inclusión de las primas de actividad y de servicios previstas
en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990?
32. Para resolver el problema planteado, la Sala estima pertinente realizar
algunas consideraciones sobre: (a) el régimen normativo aplicable al personal del
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el
Decreto 1214 de 1990; y (b) el régimen salarial y prestacional del personal civil
vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Del régimen normativo aplicable al personal del Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de 1990
33. El artículo 2.º del Decreto 1214 de 19908, dispuso como «personal civil» del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional las personas naturales que presten
sus servicios en el Despacho del ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional. Por ello, aquellas que prestaran sus servicios en
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado,
sociedades de economía mixta y unidades administrativas especiales adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional no ostentaban la condición de personal
8 «por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional».
8
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
civil de ese ente ministerial ni de la Policía Nacional. En consecuencia, tales
servidores quedaban sometidos a las normas orgánicas y estatutarias propias de la
respectiva entidad.
34. Ahora bien, se advierte que en los títulos III y VI del mencionado decreto se
reguló lo relativo a las asignaciones, primas y subsidios y la seguridad y bienestar
social. La presente Subsección9 ha ilustrado las anteriores disposiciones en el
siguiente sentido:
Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
35 Asignaciones: serían las
determinadas por las disposiciones
legales vigentes.
38 Prima de actividad: 20% del sueldo
básico mensual.
Partidas computables para
39 Prima de alimentación prestaciones sociales:
102
• Sueldo básico
43 Prima de navidad
• Prima de servicio
• Prima de alimentación
46 Prima de servicio: quienes - Prima de actividad
cumplieran 15 años de servicios - Subsidio familiar
continuos o discontinuos, tendrían - Auxilio de transporte
derecho a una prima mensual de - 1/12 de la prima de navidad
servicio y se liquidaría así: «[a] los
quince (15) años, el diez por ciento
(10%); por cada año que exceda de
los quince (15), el uno por ciento
(1%) más».
47 Prima de servicio anual: equivalente
al 50% de la totalidad de haberes
devengados en el mes de junio del
respectivo año, la cual se pagaría
dentro de los primeros 15 días del
mes de julio de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte
Tabla 1. Asignaciones, primas y subsidios, y de la Seguridad y bienestar social en el Decreto 1214 de 1990
35. Luego, la Ley 100 de 1993, en su artículo 279 estableció que el Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en dicha ley no se aplicaría a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto
ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de
9 Cuadro ilustrativo extraído de la sentencia del 22 de agosto de 2024, emitida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2016-04241-01
(4819-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
la Ley 100.
36. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 24810 de la Ley 100 de 1993, organizó el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990. En desarrollo de dicha facultad, expidió el Decreto Ley 1301 de
1994, por medio del cual creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, con
autonomía administrativa y patrimonio propio (artículos 35 y siguientes). Asimismo,
dicho decreto dispuso la creación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional (artículo 56). Así, el artículo 29 de dicha normativa indicó lo
siguiente:
ARTICULO 29. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional
del SMP es la siguiente:
(…)
2. Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a. 2 Nivel Regional.
b. a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a) El Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
(…) (Destaca la Sala)
37. En lo relativo al régimen jurídico del personal, señaló que quienes prestaran
sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional tendrían la calidad de
empleados públicos, salvo aquellos dedicados a actividades operativas de
conservación y mantenimiento.
10 ARTÍCULO 248. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del
artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Ley
para:
(...)
6. Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la
presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto ley [1214] de 1990, en lo atinente a:
a) Organización estructural;
b) Niveles de Atención Médica y grados de complejidad;
c) Organización funcional;
d) Régimen que incluya normas científicas y administrativas;
e) Régimen de prestación de servicios de salud.
(…).
10
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Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
38. En ese contexto, el régimen salarial aplicable a los empleados públicos
vinculados al referido instituto era el previsto por el Gobierno nacional para los
servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por consiguiente, al
tratarse de una entidad descentralizada, tales servidores no quedaron sometidos,
en materia salarial, a las disposiciones previstas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional. Así lo previó el artículo 88 del Decreto Ley 1301 de 1994:
ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones,
viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta
clase de servidores establezca el gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos
organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
PARAGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de
Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán
al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.
39. De esta manera, los empleados públicos que, al entrar en vigor el Decreto
Ley 1301 de 1994, prestaban sus servicios en el nivel central de la estructura
organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa Nacional, y fueron incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, pasaron a regirse por el régimen
salarial establecido para dicho establecimiento público.
40. En otras palabras, los empleados que ya se encontraban al servicio, así como
aquellos que se vincularon posteriormente al referido Ministerio y a los institutos
mencionados quedaron sujetos al régimen salarial previsto para la respectiva
entidad.
41. Ahora bien, en materia pensional, los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional
quedaron sometidos a la Ley 100 de 1993. En cuanto a las demás prestaciones
sociales, les resultaba aplicable el Decreto Ley 2701 de 1988 y las disposiciones
que lo modificaran o adicionaran. A su turno, quienes hubieren estado vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, conservarían el régimen previsto en el Decreto 1214
de 1990. En esos términos se indicó en el artículo 89 del Decreto Ley 1301 de 1994:
ARTICULO 89. REGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL. Los empleados
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Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán
sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
sociales se les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y
adicionen.
PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados
por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.
42. Posteriormente, la Ley 352 de 1997 reestructuró el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y derogó el Decreto Ley 1301 de 1994
(artículo 65). Además, dispuso la creación de la Dirección General de Sanidad
Militar (artículo 9) como dependencia del Comando General de las Fuerzas
Militares, con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares. Asimismo, ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional (artículo 53). En lo relativo a los derechos adquiridos, así como el
régimen prestacional y salarial de estos empleados, la ley en comento estableció lo
siguiente en sus artículos 54 a 56:
ARTÍCULO 54. PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se
incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional
o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial
que al respecto expida el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos
y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional.
[…]
ARTÍCULO 55. RÉGIMEN PRESTACIONAL. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las
plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el
Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.
PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no
contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del
Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores
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oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa
Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos
al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
según sea el caso. (Destaca la Sala)
43. En otras palabras, de las referidas disposiciones se desprende que en
materia prestacional, se salvaguardaron los derechos adquiridos del personal que
venía vinculado a los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional. Así, quienes hubiesen ingresado antes de
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, continuaban sujetos a la aplicación
integral del Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, en lo concerniente
exclusivamente a la seguridad y al bienestar social.
44. En desarrollo de esa normativa se profirió el Decreto 3062 de 1997, en el cual
se establecieron garantías específicas para los servidores que laboraban en el
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y fueron incorporados a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, o al Hospital Militar Central
según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al artículo 54 de
la Ley 352 de 1997.
45. Así, en materia prestacional, el artículo 3, numeral 4, del Decreto 3062 de
1997 dispuso que a quienes se hubieran vinculado antes de la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993 se les seguiría aplicando íntegramente el Título VI del Decreto
1214 de 1990, así como las normas que lo modificaran o adicionaran; en cambio, al
personal vinculado con posterioridad le resultaría aplicable la Ley 100 de 1993. A
su turno, en materia salarial, el artículo 3, numeral 6, ibidem estableció que a los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporaran a las plantas de personal de salud creadas en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría el régimen salarial previsto para los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional:
Artículo 2º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente
prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se
incorporarán a la Planta de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o al Hospital
Militar Central según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al
artículo 54 de la Ley 352 de 1997.
Artículo 3º. La incorporación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de
que trata el artículo 2º del presente decreto se hará teniendo en cuenta las
siguientes garantías:
(…)
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado
a esta Entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
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aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.
Igualmente al personal vinculado al Hospital Militar Central con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993[,] se le continuará aplicando el Régimen
Prestacional consagrado en el Decreto 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen
o adicionen.
(…)
6. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial
que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional.
Por su parte, las personas vinculadas al Hospital Militar Central tendrán el carácter
de empleados públicos o trabajadores oficiales conforme a las normas vigentes,
aunque en materia salarial y prestacional deberán regirse por el régimen especial
establecido por el Gobierno Nacional, todo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 352 de 1997. (Negrillas por la Sala)
46. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1033 de 200611 y de los decretos
ley 9112 y 9213 de 2007, así como del Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen
de administración del personal civil vinculado a los organismos y dependencias del
sector defensa y se ajustó la planta de personal de los empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
equivalencia de los empleos preexistentes frente a la nueva planta.
47. Concretamente, el Decreto Ley 091 de 2007, en su artículo 32 precisó que
las plantas de personal del sector defensa son globales y que la del Ministerio de
Defensa está compuesta por:
1. Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional: Comprende los empleos
públicos del personal civil y no uniformado asignado a la Unidad Gestión General
del Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Comandos
de Fuerza, Policía Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, Dirección
General Marítima, Justicia Penal Militar.
2. Planta de Personal de las Entidades Descentralizadas, Adscritas y Vinculadas:
11 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados
al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la
Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución
Política».
12 «Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal».
13 «Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las
entidades que integran el Sector Defensa».
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Comprende los empleos públicos del personal civil y no uniformado y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, en el entendido
que cada una de ellas tienen su planta de personal independiente.
48. De otro lado, el Decreto Ley 092 del mismo año clasificó los niveles
jerárquicos de los empleos del sector defensa como «Nivel Directivo, Nivel Asesor,
Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y Nivel Asistencial». En materia
de protección de derechos laborales, el numeral 1.º del artículo 19 ibidem, dispuso
en cuanto a la equivalencia de empleados, lo siguiente: «No podrá desmejorarse la
situación salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa».
49. Aunado a lo anterior, el parágrafo transitorio del artículo 21 ordenó que «[l]os
sueldos de los empleados civiles no uniformados del Sector Defensa, se
continuarán pagando de conformidad con la nomenclatura existente a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, hasta tanto se ajusten las plantas de
personal, se establezcan las equivalencias de que trata el artículo anterior, y se fijen
los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial».
50. Ahora bien, el Decreto 4783 de 200814 dispuso la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada conforme
a la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453 de 2008 y, respecto
de ellos, previó que continuarían percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñaban hasta entonces, mientras permanecieran en el cargo
al cual fueron incorporados. Así lo dispuso el artículo 6:
Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán incorporados en los
cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en un término máximo de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación y continuarán
percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan
actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados. (Negrillas
por la Sala)
3.3.2. Del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia.
51. Con ocasión de las múltiples controversias suscitadas en torno al desarrollo
normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, la Ley 352 de 1997, el
Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 92 de 2007 y el Decreto
14 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones».
15
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4783 de 2008, esta Sección unificó su jurisprudencia a través de la sentencia SUJ-
019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 201915, y fijó las reglas que a efectos
ilustrativos se describen en el siguiente cuadro:
SUPUESTO
NORMATIVO DE LA REGLAS DE UNIFICACIÓN
VINCULACIÓN
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados16 al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por
el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
(a) Entre la vigencia del
Decreto 1301 de 1994 y 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en
de la Ley 352 de 1997, la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de
aplican las siguientes Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
reglas: la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
(b) A partir de la
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
vigencia de la Ley 352
Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
de 1997 los empleados
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto
públicos que antes
3062 de 1997).
prestaban sus servicios
en el Instituto de Salud
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
de las Fuerzas Militares
Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de
y que fueron
Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de
incorporados a la planta
1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
de salud del Ministerio
modifiquen o adicionen.
de Defensa Nacional,
dejaron de pertenecer al
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
sector descentralizado,
aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley
y para ellos aplican las
100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo
siguientes reglas:
55 de la Ley 352 de 1997).
(c) Con la Ley 1033 de 1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 200717 se reajustaron las
2006 se unificó el plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con
régimen de fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
administración de empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con
personal que se aplica base en la nueva nomenclatura.
al personal civil
vinculado a los Los empleados civiles no uniformados del sector Defensa vinculados a la Planta de
Organismos y Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
Dependencias del debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que
Sector Defensa. Por desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen
ello, los empleos el cargo en el que fueron incorporados.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre
de 2019, rad. 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19, M.P. César Palomino Cortés.
16 Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando
servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
17 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
públicos del personal
civil y no uniformado 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por
asignados a la disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
Dirección General de especial para los empleados civiles no uniformados del sector Defensa, empezó a
Sanidad Militar devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
pertenecen a la planta civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional18.
de personal del
Ministerio de Defensa Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente
Nacional, a quienes se en la planta global del sector Defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y
les aplican las clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración
siguientes reglas: correspondiente al empleo que desempeñaba, esto es, según el régimen salarial
fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Orden Nacional19. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación,
por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
Tabla 2. Reglas de unificación de la sentencia SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019
52. Con fundamento en las referidas reglas de unificación, se estima necesario
efectuar algunas precisiones que ha destacado la presente Subsección 20. Lo
anterior, debido a que en varias providencias de esta Sección se consideró que los
empleados vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, entidad
suprimida por la Ley 352 de 1997, pese a su incorporación en 2009 a la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, mantuvieron el derecho a que se les aplicara el
numeral 6.º del artículo 3.º del Decreto 3062 de 1997. Por consiguiente, continuaron
cobijados por el régimen salarial previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional, y no por la asignación básica fijada para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
53. No obstante, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado previamente referida impone, en esta materia, un marco interpretativo
distinto. En dicha providencia se precisó, entre otros aspectos, que con la entrada
en vigor del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron las asignaciones salariales conforme a
la nomenclatura y clasificación especial allí previstas. En consecuencia, la
remuneración de los empleados civiles no uniformados del sector defensa pasó a
reconocerse con fundamento en esa nueva nomenclatura.
54. También precisó que, desde el momento en que el empleado pasó a ocupar
el cargo al cual fue incorporado en virtud del Decreto 4783 de 2008, y conforme a
la nomenclatura y clasificación especial prevista para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa, comenzó a percibir la asignación básica
18 Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019.
19 Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre
de 2021, rad. 25000-23-42-000-2017-05130-01(0915-21), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
establecida por el Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional.
55. En otras palabras, mientras se producía la incorporación al cargo equivalente
en la planta global del sector defensa, de conformidad con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor conservaba el derecho a
percibir la remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba con
anterioridad, esto es, la fijada por el Gobierno nacional para los empleos de la Rama
Ejecutiva del poder público del orden nacional. Cumplida la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, pasaba a regirse
por la escala de asignación básica prevista por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados de dicha entidad.
56. Por último, la citada sentencia de unificación precisó que la Ley 1033 de 2006
no alteró el régimen prestacional, razón por la cual este continúa rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley 352 de 1997. Bajo ese entendido, y por respeto a la seguridad
jurídica y a la fuerza vinculante del precedente allí fijado, se acoge esa orientación
jurisprudencial, habida cuenta de que la misma providencia dispuso su aplicación
obligatoria a todos los asuntos pendientes de definición en sede administrativa y
judicial, mediante acciones o medios de control ordinarios, con la única salvedad de
los casos amparados por cosa juzgada.
3.4. Hechos probados
57. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(a) La certificación del Grupo de Talento Humano de la Dirección General de
Sanidad Militar del 22 de mayo de 2018, hace constar que la señora Liliana Akli
Serpa laboró desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 2 de septiembre de 2014 en la
Dirección General de Sanidad Militar. Su última vinculación fue como servidor
misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado 1421. Luego, en dicho documento se
precisa que según lo acreditado por el jefe de la Sección de Hojas de Vida del
Ejército Nacional, la señora Akli Serpa también laboró desde el 1 de septiembre de
1993 hasta el 1 de marzo de 1996.
(b) Mediante Oficio núm. 7775 del 7 de mayo de 201922, el Grupo de Talento
Humano de la Dirección General de Sanidad Militar, allegó los antecedentes
administrativos de la señora Liliana Akli Serpa. Asimismo, adjuntó los decretos que
regularon el régimen salarial del personal de salud de la Dirección General de
21 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « 10_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3131», imagen 19.
22 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31».
18
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Sanidad Militar23, así como los decretos 4783 del 19 de diciembre de 200824 y 2502
de 199825, y la Resolución núm. 1453 del 25 de septiembre de 200826.
(c) En dicho documento se adjuntó el acta núm. 374 del 1 de septiembre de 199327,
en la que consta que la señora Liliana Akli Serpa tomó posesión en el cargo de
«especialista jefe fonoaudióloga», en el Ejército Nacional. Lo anterior, con efectos
a partir de la misma fecha.
(d) De acuerdo con el acta núm. 198228 [fecha no legible], la señora Liliana Akli
Serpa se posesionó en el cargo de «profesional universitario», cargo y grado 3020-
08, para prestar sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. Ello,
en virtud del nombramiento efectuado a través de la Resolución núm. 113 del 1 de
marzo de 1996.
(e) A través de acta núm. 600 del 15 de enero de 199829, la señora Liliana Akli Serpa
tomó posesión del empleo en la «Planta de Salud del Ministerio de Defensa
Nacional al servicio del Ejército Nacional», en el cargo de «profesional
universitario», código 3020, grado 8, incorporada por la Resolución núm. 00036 del
15 de enero de 1998, firmado este último acto el 9 de febrero de 1998.
(f) Según el acta núm. 14 del 19 de mayo de 200830, la señora Liliana Akli Serpa
tomó posesión del empleo «profesional universitario, código 2028, grado 13» en la
«Planta de Personal del Ministerio de Defensa - Dirección General de Sanidad
Militar, al servicio de la Sanidad Ejército», nombramiento realizado por resolución
núm. 679 del 16 de mayo de 2008 y con novedad fiscal del 19 de mayo de 2008.
(g) De acuerdo con el acta núm. 0420 del 27 de octubre de 200931, la señora Liliana
Akli Serpa tomó posesión del empleo de servidor misional en Sanidad Militar, código
23 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento de «24_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_16CdAntecedentesAdministrativosDecreto643.pdf(.PDF)
NroActua 31» a «50_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_42Decreto4150.pdf(.PDF) NroActua 31».
24 «Por el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones».
25 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las entidades
pertenecientes a la Rama Ejecutiva y de otros organismos del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones».
26 «Por la cual se establece la Tabla de Organización de los empleos de la planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar».
27 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 5.
28 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 6.
29 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 7.
30 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 8.
31 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 9.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
2-2, grado 14, de libre nombramiento y remoción, en la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar,
al servicio de la Dirección de Sanidad del Ejército, en el «dispensario médico
Gilberto Echeverri Mejía», la cual fue incorporada mediante la Resolución 1377 del
14 de octubre de 200932.
(h) Mediante Resolución núm. 1555 del 21 de agosto de 201433 se retiró del servicio
a la señora Liliana Akli Serpa, con fecha 2 de septiembre de 2014, del cargo servidor
misional en Sanidad Militar código 2-2, grado 14, «por tener derecho a pensión de
jubilación».
(i) Obra documento elaborado por el subdirector administrativo y financiero de la
demandada, el 29 de agosto de 201434, en el que se relaciona el tiempo de servicios
prestados por la peticionaria, por lo que se indica como fecha de ingreso el
«19930901» y de retiro «20140902». Asimismo, registró lo devengado por la señora
Akli Serpa, así:
Descripción Porcentaje Valor
Sueldo ----------- $2.[4]55.992
1/12 prima de navidad ----------- $221.333
Factor prestacional ----------- $2.677.325
(j) Por medio de la Resolución núm. 5487 del 4 de noviembre de 2014, la directora
administrativa y la coordinadora del grupo de prestaciones sociales del Ministerio
de Defensa Nacional reconocieron la pensión mensual de jubilación a la señora
Liliana Akli Serpa, en cuantía del 75 % del último salario devengado, a partir del 2
de septiembre de 201435. En dicho documento se indicó que la demandante ingresó
al servicio el 1 de septiembre de 1993, fecha en que fue dada de alta. Asimismo, la
acreencia se reconoció en virtud de los decretos 1214 de 1990 y 190 de 2014.
(k) El 13 de marzo de 201836, la señora Liliana Akli Serpa solicitó a la Dirección
General de Sanidad Militar la reliquidación de la pensión de jubilación, de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, aplicables a los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, así como la
inclusión de las primas de actividad y de servicios previstas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.
32 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 26.
33 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «23_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_15ParteDemandaAllegaAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 10.
34 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « 10_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3131», imagen 11.
35 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « 10_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3131», imagen 3.
36 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « 10_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3131», imagen 6.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
(l) Como consecuencia de lo anterior, el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional, a través de Oficio núm. OFI18-
41551MDNSGDAGPSAP del 8 de mayo de 201837, y la Subdirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General de Sanidad Militar, mediante el Oficio núm.
10541 / MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del 1 de junio de 201838, negaron lo
solicitado por la peticionaria.
(m) Con ocasión a las órdenes proferidas por el Tribunal en el auto admisorio de la
demanda, a través del Oficio núm. 15856 del 9 de septiembre de 201939, el Grupo
de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad Militar aportó nuevamente
los antecedentes administrativos de Liliana Akli Serpa. Junto a dicho oficio fue
allegado su hoja de vida40, en las que reposan varias de las documentales ya
relacionadas. De ellas se destaca una nueva probanza pertinente para la presente
causa, consistente en la hoja de trabajo para la liquidación de las prestaciones
sociales41, donde consta una relación de los conceptos devengados por la
demandante, así:
Concepto Devengado Deducido
53 Bonificación por servicios $438.976
55 Prima de vacaciones $1.380.175
56 Prima especial de recreación $171.656
57 Prima de navidad $1.977.328
67 Indemnización vacaciones $1.716.558
305 Aporte salud 4% $17.559
306 Aporte pensión $17.559
Total $5.684.693
Neto a pagar $5.649.575
3.5. Análisis del caso concreto
58. En el asunto bajo análisis, la parte actora solicitó la nulidad parcial del acto
administrativo a través del cual se le reconoció una pensión de jubilación, y total de
los oficios que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, para que se
incluyeran las partidas adicionales establecidas en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990.
37 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « 10_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3131», imagen 11.
38 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « 10_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_02Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3131», imagen 15.
39 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «62_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_54RespuestaOficioAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31».
40 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «63_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_55AnexoII.pdf(.PDF) NroActua 31».
41 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 31, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «62_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_54RespuestaOficioAntecedentes.pdf(.PDF) NroActua 31»,
imagen 131.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
59. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
situación de la señora Liliana Akli Serpa, tras la reorganización institucional, quedó
regida por la nomenclatura y escala salarial especial del sector defensa, de modo
que no procedía reconocerle la asignación básica de los empleos de la Rama
Ejecutiva con base en una supuesta equivalencia funcional. Igualmente, descartó la
inclusión de las primas de actividad y de servicios, debido a que la demandante no
acreditó que percibiera dichas acreencias, razón por la cual mantuvo la legalidad de
los actos acusados y negó las pretensiones de la demanda.
60. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación frente al aspecto prestacional de la sentencia de primera instancia, es
decir, frente a la aplicación del Decreto 1214 de 1990, en lo relativo al
reconocimiento pensional con la inclusión de las partidas de prima de actividad y de
servicios.
61. En ese sentido, afirmó que el Tribunal no resolvió el verdadero problema
jurídico, esto es, que por haberse vinculado antes de la Ley 100 de 1993,
conservaba íntegramente el régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990 y, en
consecuencia, su pensión debía reliquidarse con las partidas del artículo 102,
especialmente la prima de actividad y la prima de servicios. Afirmó que el a quo se
limitó a revisar lo efectivamente pagado al retiro, sin atender las normas especiales.
62. Para resolver los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala
establecerá el supuesto normativo aplicable, de conformidad con las reglas de
unificación establecidas por esta corporación para la reliquidación de la pensión de
jubilación con inclusión de las primas de actividad y de servicios, previstas en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de las primas de
actividad y de servicios previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990
63. En efecto, se advierte que la señora Liliana Akli Serpa se vinculó inicialmente al
Ejército Nacional el 1 de septiembre de 1993, fecha en la que fue dada de alta.
Posteriormente, prestó sus servicios en la Dirección General de Sanidad Militar
desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 2 de septiembre de 2014. Se precisa que el
último cargo que desempeñó fue el de servidor misional en Sanidad Militar, código
2-2, grado 14, y que su retiro se produjo con ocasión del cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión. Lo anterior, conforme al contenido de las
resoluciones 1555 del 21 de agosto de 2014 y 5487 del 4 de noviembre de 2014,
así como de la certificación expedida por el Grupo de Talento Humano de la
Dirección General de Sanidad Militar el 22 de mayo de 2018.
64. Luego de reconocida la pensión de jubilación, el 13 de marzo de 2018, la
señora Liliana Akli Serpa solicitó el reajuste de la asignación básica, de acuerdo con
22
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
los decretos expedidos para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional
y la reliquidación pensional con inclusión de las partidas del artículo 102 del Decreto
1214 de 1990. Sin embargo, en lo que respecta a la acreencia pensional, por Oficio
núm. OFI18-41551 MDNSGDAGPSAP del 8 de mayo de 2018 se negó dicha
petición por los siguientes argumentos:
Ahora bien, la Pensión de Jubilación que le fue reconocida a su poderdante con Acto
Administrativo No. 5487 de fecha 04 de noviembre de 2014, por la cual se reconoce
y ordena el pago de una pensión mensual de jubilación, el cual contiene los
supuestos fácticos jurídicos que lo motivaron, así mismo goza presunción de
legalidad está en firme y debidamente ejecutoriada, la cual se efectuó en virtud de
lo normado en el Decreto 1214 de 1990 ARTÍCULO 98. - Pensión de jubilación por
tiempo continuo. El empleado público del Ministerio de Defensa, y de la Policía
Nacional que acredite veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el
servicio Militar obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier
tiempo, tendrán derecho a partir de la fecha se su retiro, a que por el tesoro público
se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del último salario devengado […]
Como se puede evidenciar de la lectura de la norma su pensión fue liquidada
teniendo en cuenta las partidas computables reportadas en la Hoja de Servicios No.
09 del 22 de enero de 2014, expedida por la respectiva Fuerza para su caso la
DGSM, acto administrativo este que goza de presunción de legalidad y se encuentra
ejecutoriado en firme, en ese orden de ideas esta coordinación tiene en cuenta el
contenido del mismo sin lugar a incidir en los parámetros para su realización y dichas
partidas están claramente descritas en el la Resolución No. 1424 de 2014, en su
parte considerativa.
65. Ahora bien, como se explicó de manera precedente, en el presente asunto,
la controversia se circunscribe, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación,
a establecer el régimen prestacional aplicable al personal civil de la Dirección
General de Sanidad Militar, y como consecuencia de ello, si resulta procedente la
reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de las primas de servicios y
actividad, conforme al artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
66. La Sala recuerda que a través de la Resolución núm. 5487 del 4 de
noviembre de 2014, la directora administrativa y la coordinadora del grupo de
prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional le reconocieron a la
señora Liliana Akli Serpa la pensión de jubilación en cuantía del 75 % del último
salario devengado, a partir del 2 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta las
siguientes partidas:
Que según consta en la Hoja de Servicios No.112 del 29 de agosto de 2014, la citada
exfuncionaria prestó sus servicios al Ejército Nacional, por espacio de veintiún (21) años,
tres (03) meses y cuatro (04) días, incluido el tiempo físico y la diferencia de año laboral,
(folio 04).
23
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Que según lo previsto en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1.990, en concordancia con el
Decreto 190 de 2014, por los servicios prestados por la mencionada exfuncionaria, se
consolidó el derecho al reconocimiento y pago de una Pensión Mensual de Jubilación en
cuantía equivalente al 75% del último salario devengado que fue el siguiente:
SUELDO BÁSICO $ 2.655.992.00
1/12 PRIMA DE NAVIDAD $ 221.333.00
TOTAL $ 2.877.325.00
67. Como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitó —para el reajuste
de la pensión de jubilación— la asignación básica de acuerdo con lo dispuesto en
el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997, que dispone que «los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional», y la inclusión
de las partidas del Decreto 1214 de 1990.
68. Sobre este particular, la sentencia de primera instancia negó la reliquidación
de la pensión de jubilación con la inclusión de las partidas adicionales de «prima de
actividad», «prima de servicios» y demás del Decreto 1214 de 1990. Lo anterior, al
considerar que según las pruebas allegadas al proceso se podía advertir que la
demandante devengó como conceptos en el último año de servicios el sueldo
básico, la bonificación por servicios prestados, la prima de vacaciones, la
bonificación especial de recreación y la prima de navidad. Sin embargo, no se
acreditó que percibió la prima de actividad y la prima de servicios y las demás no se
encontraban enlistadas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
69. Así, como se indicó en líneas anteriores, de la Resolución núm. 5487 del 4
de noviembre de 2014 y la certificación de servicios, se extrae que la señora Liliana
Akli Serpa fue dada de alta en el Ejército Nacional el 1 de septiembre de 1993. Por
tanto, su vinculación se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 (1.º de abril de 1994), de modo que su régimen prestacional se regía por el
Decreto 1214 de 1990, conforme a la Ley 352 de 1997 y en consonancia con la
tercera regla establecida en la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12
de diciembre de 2019.
70. Igualmente, conviene recordar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
expresamente señala que «el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas» (negrillas por la Sala).
71. Determinado lo anterior, se establecerá cuáles son las partidas computables
para liquidar la pensión de jubilación, a la luz del Decreto 1214 de 1990, y si la
24
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
decisión del a quo de negar la «prima de actividad», la «prima de servicios» y los
demás beneficios consagrados en dicho decreto, se ajustó a la normativa aplicable.
72. En este contexto, en lo atinente a la liquidación de las prestaciones sociales
conforme al Decreto 1214 de 1990, se advierte que su artículo 102 establece cuáles
son las partidas computables, a saber:
ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea
retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez,
de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma
de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
PARAGRAFO 1. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las
Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable
como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta
la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.
PARAGRAFO 2. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto
será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones
sociales.
73. Ahora bien, descendiendo al caso particular se advierte que la pensión de
jubilación de la peticionaria fue liquidada únicamente con los factores computables,
de «sueldo básico» y una doceava parte de la prima de navidad « 1/12 PRIMA DE
NAVIDAD». En ese contexto, en materia prestacional la accionante sería beneficiaria
del régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990, por lo que en principio resultaba
procedente reajustar la prestación con la inclusión de la «prima de actividad» y
«prima de servicios», por tratarse de partidas expresamente contempladas en dicha
normativa. No obstante, para la procedencia de su inclusión, debe acreditarse que
estas fueron efectivamente devengadas por la demandante.
74. Lo anterior obedece a las particularidades propias de este tipo de asuntos,
derivadas del tránsito normativo aplicable al personal civil de la Dirección General
de Sanidad Militar. En efecto, tales servidores pueden estar sometidos a regímenes
salariales y prestacionales distintos, según la fecha en que ingresaron o fueron
incorporados a la entidad, como se explicó a lo largo de esta providencia. Por ello,
25
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
el hecho de que una persona tenga derecho a la inclusión de determinadas partidas
en virtud de su régimen prestacional no permite concluir, por sí solo, que
efectivamente hubiere cotizado sobre ellas, precisamente por la diferenciación
existente entre uno y otro régimen. Esa circunstancia se presenta en el caso
concreto, pues la demandante estaba sometida, en materia salarial, a la escala
prevista para el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional,
conforme a la Ley 1033 de 2006 y a los decretos leyes 91 y 92 de 2007, así como
al Decreto 4783 de 2008 —aspecto que no fue objeto de controversia—; mientras
que, en materia pensional, su situación se regía por el Decreto 1214 de 1990.
75. Lo anterior, por cuanto los aportes al sistema pensional debieron realizarse
sobre el factor salarial cuya inclusión se reclama en la pensión de jubilación, aun
cuando dicha partida esté contemplada en el Decreto 1214 de 1990. En ese sentido,
la sola previsión de ese factor en el régimen prestacional no basta para disponer su
inclusión en la base de liquidación pensional, pues, dada la diferenciación entre los
regímenes salarial y prestacional aplicables al personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa Nacional, no puede inferirse automáticamente que aquella
hubiere sido percibida ni que sobre ella se hubiesen efectuado los respectivos
aportes. Por consiguiente, «mal haría en ordenar el reajuste de la prestación sobre
factores que no fueron percibidos»42.
76. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el proceso no se allegó certificación
salarial ni desprendible de nómina que permitiera establecer que la demandante
devengó, durante su vinculación, las partidas de prima de actividad y prima de
servicios. Todo lo contrario, las aportadas dan cuenta que estas no fueron
percibidas, como se destacó en el acápite de hechos probados. Además, con el
recurso de apelación no se aportaron ni se solicitaron pruebas encaminadas a
acreditar ese supuesto fáctico. La argumentación de la alzada se concentró en
sostener que tales factores debían incluirse por estar previstos en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, sin desvirtuar el fundamento central del fallo de primera
instancia, consistente en la ausencia de prueba sobre su pago efectivo durante la
relación laboral.
77. Sobre este aspecto, se acoge el criterio sostenido por esta Sección en casos
análogos, posteriores a la sentencia de unificación, según el cual no procede la
inclusión de estos factores cuando no se demuestra su percepción efectiva durante
la relación laboral. En efecto, una cosa es que la demandante, por haberse
vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sea beneficiaria
del régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990, y otra distinta que baste esa
sola circunstancia para incorporar en la base pensional factores cuya causación y
pago no fueron acreditados.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8
de febrero de 2024, dentro del proceso rad. 25000-23-42-000-2016-04243-01 (0302-2022), M.P. César
Palomino Cortés.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
78. Con el fin de aportar mayores elementos de juicio para la resolución del
asunto sometido a consideración de la Sala, se advierte que la presente
controversia comparte los mismos supuestos fácticos que una decisión de esta
Subsección43, en la que se analizó el reconocimiento de este tipo de factores —
prima de actividad y prima de servicios— en la pensión de jubilación del personal
civil del Ministerio de Defensa y se precisó que, para su inclusión, es necesario
acreditar que fueron efectivamente percibidos. En dicha oportunidad se consideró
lo siguiente:
Por consiguiente, la Sala prohíja el criterio consistente en que aun cuando se trate
de aquella que se paga anualmente [prima de servicios] e independiente del régimen
salarial, debe ser incluida en una doceava cuando se pruebe que fue devengada.
Ello, por cuanto el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 estableció expresamente
que la prima de servicios haría parte de la liquidación de la pensión y, en el sub
examine se demostró que le fue pagada en el año 2010 cuando se retiró de la
institución.
[…]
Ciertamente, en casos análogos estudiados antes y después de la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019, esta Sección ha expuesto que no es viable
la inclusión de la prima de actividad porque (i) no se demostró que la percibió
en servicio44; y (ii) si bien se demuestra la vinculación antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, únicamente se reconoce el régimen prestacional,
no el salarial, razón que impide reliquidar la pensión con factores certificados para
el año 1995 y anteriores.
En suma, no basta con que la norma enliste el factor salarial para que deba ser
incluido en la mesada pensional y como —a diferencia de la prima de servicios— no
se demostró que fuera pagada en 2010, también se mantendrá incólume la decisión
de negar la pretensión respecto de este concepto.
79. Por lo expuesto de manera precedente, la sola condición de beneficiaria del
régimen prestacional consagrado en el Decreto 1214 de 1990, que prevé la prima
de servicios y la prima de actividad, no resulta suficiente para acceder a su inclusión.
Para ello, además, se requiere prueba que demuestre que la demandante percibió
efectivamente tales partidas, supuesto que no se acreditó en el sub examine.
80. Lo anterior, no se trata de una exigencia meramente formal. Acreditar que la
partida fue efectivamente devengada permite verificar que su inclusión en la base
de liquidación pensional recaiga sobre factores salariales percibidos y, por ende,
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
22 de agosto de 2024, exp. 25000-23-42-000-2016-04241-01 (4819-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
44 Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: 13 de mayo de 2021 (3038-19), 7 de diciembre
de 2021 (4666-2019), 27 de enero de 2022 (3047-2021), 3 de febrero de 2022 (1046-2021), 24 de febrero de
2022 (3015-2021), 3 de marzo de 2022 (1259-2021), 17 de marzo de 2022 (3392-2021), 17 de marzo de 2022
(3254-2020), 24 de marzo de 2022 (5047-2021 y 0459-2021), 7 de abril de 2022 (4128-2019), 21 de abril de
2022 (1048-2021), 5 de mayo de 2022 (2346-2021), 9 de mayo de 2022 (0551-2021), 23 de junio de 2022 (2052-
2021), 23 de junio de 2022 (1494-2020), 1 de julio de 2022 (3085-2020), 1 de julio de 2022 (1527-2018), 4 de
agosto de 2022 (0936-2021), 18 de agosto de 2022 (2278-2022), 1 de septiembre de 2022 (0338-2022), 12 de
septiembre de 2022 (4665-2019), 27 de octubre de 2022 (2253-2019), 17 de noviembre de 2022 (2925-2022),
2 de marzo de 2023 (0423-2019), 11 de mayo de 2023 (4269-2022), 25 de mayo de 2023 (0031-2022), 15 de
junio de 2023 (2352-2019), 22 de junio de 2023 (4761-2022), 22 de junio de 2023 (3331-2020), 5 de octubre de
2023 (4197-2021).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
sobre sumas respecto de las cuales se efectuaron los aportes correspondientes.
Esta precisión cobra especial importancia en asuntos como el presente —como se
explicó en líneas atrás—, pues, dada la diferenciación entre los regímenes salarial
y prestacional aplicables al personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa
Nacional, no basta con que una partida esté prevista en el Decreto 1214 de 1990
para tenerla, como percibida y cotizada, ya que ello desconocería la
correspondencia entre aportes y prestaciones, así como la sostenibilidad financiera
del sistema pensional, en los términos del artículo 48 de la Constitución Política,
modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005.
81. En todo caso, la Sala advierte que si bien la decisión de primera instancia
negó la inclusión de estas prestaciones porque «la parte actora no acreditó,
teniendo la carga probatoria de hacerlo (art. 167 del CGP), que haya percibido la
prima de actividad, ni la prima de servicio, razón por la cual no podían ser incluidas
en la reliquidación que pretende», en el trámite de la alzada tampoco se allegaron
ni se solicitaron pruebas dirigidas a acreditar que la demandante devengó
efectivamente tales partidas.
82. Es decir, la accionante no controvirtió de manera pertinente, en el recurso de
apelación, la fundamentación de la sentencia de primera instancia, según la cual no
se demostró, a través de medio de convicción, haber devengado tales factores, pues
su argumentación se sustentó en la interpretación normativa del artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990. Por estas razones, no resulta procedente la inclusión de
dichas partidas en el presente asunto.
83. La anterior conclusión parte de una interpretación sistemática del criterio de
la Sección en torno a la acreditación de los factores salariales cuya inclusión en la
base pensional depende de su percepción efectiva, así como de lo dispuesto en la
sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de diciembre de 2019. Esto
significa que la decisión adoptada en el presente asunto en modo alguno desconoce
dicha providencia, pues en el caso de la peticionaria se demostró que, conforme a
las reglas de unificación allí fijadas, se encontraba en el tercer supuesto y, por tanto,
era beneficiaria del régimen prestacional previsto en el Decreto 1214 de 1990. Sin
embargo, para concretar el derecho reclamado, era necesario acreditar que
efectivamente devengó tales partidas, carga probatoria que no fue satisfecha. Así lo
ha precisado esta Corporación45:
En este orden de ideas, de conformidad con el análisis normativo y la sentencia de
unificación aludida, es cierto que la actora tiene derecho a que su pensión se liquide
de conformidad con los factores indicados en el artículo 102 del citado Decreto 1214;
sin embargo, contrario a lo señalado por el a quo, no es posible incluir emolumentos
por el solo hecho de estar simplemente enunciados en la norma, sino que debe
probarse que fueron efectivamente devengados, lo cual no ocurrió́ en el sub lite.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5
de octubre de 2023, exp. 25000-23-42-000-2017-05123-01 (4197-2021), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
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Militar
84. En este orden, la decisión de la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda será confirmada.
3.6. Costas
85. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió
condenar en costas a la parte accionante, por concepto de agencias en derecho, en
la suma de $500.000, de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura.
86. Inconforme con la decisión, la parte actora solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia.
87. Sobre el punto, la presente providencia acoge el criterio interpretativo
mayoritario46 de la Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la
norma en cita no presupone la causación automática de costas contra la parte que
pierda el litigio, sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria.
Por tal razón, se estima que, para decretar la referida condena en primera instancia,
el Tribunal debió analizar la conducta de la parte vencida, con el fin de determinar
si actuó de forma temeraria o de mala fe.
88. Así las cosas, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandante hubiese
obrado de mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o
circunstancia irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se evidencia
que la accionante ejerció su derecho de acción sin realizar acciones dilatorias o
encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.
89. Por consiguiente, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente
que demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a
46 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
Demandante: Liliana Akli Serpa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
condenar en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el numeral
segundo de la parte resolutiva del fallo apelado y no se condenará en costas en
primera instancia.
90. Por las mismas razones, tampoco es procedente imponer la condena en
costas en segunda instancia.
3.7. Conclusión
91. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en materia prestacional, a
la accionante le era aplicable el Decreto 1214 de 1990, en los términos de la Ley
352 de 1997, por cuanto su vinculación fue anterior a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993. En consecuencia, aunque en principio procedía la inclusión de la prima
de actividad y de la prima de servicios en la pensión de jubilación, por estar
contempladas en ese régimen, lo cierto es que la demandante no demostró que
percibía tales factores al momento de su desvinculación de la entidad, de
conformidad con el criterio adoptado por esta Sección en la materia.
4. Otras decisiones. Reconocimiento de personería
92. Se reconocerá personería al abogado Joaquín Murcia Melo como apoderado
de la parte demandante, en los términos del poder de sustitución 47 conferido por la
doctora Kelly Andrea Eslava Montes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 21 de mayo de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Revocar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, por medio del cual se condenó en costas a la demandante. En su lugar,
negar la condena en costas impuesta en primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. Reconocer personería al abogado Joaquín Murcia Melo como apoderado
de la parte demandante, en los términos del poder de sustitución conferido por la
47 Samai, índice 10.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02571-01 (4770-2022)
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Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
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doctora Kelly Andrea Eslava Montes.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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