Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04132-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04132-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04132-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04132-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia -
Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Dirección General de Sanidad Militar contra el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar,
actuando a través de apoderado judicial 1, interpuso acción de tutela en procura de
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
principio de legalidad y a la seguridad jurídica 2, los cuales estima vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, con ocasión de la sentencia proferida el 19 de
diciembre de 2025, la cual accedió a las pretensiones de la demanda dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 23001-33-33-002-2023-00162-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
1 Poder conferido al abogado Luís Manuel Cortés Martínez. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
92BADAA48BE8E1CE CFFDFA07DF1B4696 2A8FE8920B3299DC F992E29352CD62CB .
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 92BADAA48BE8E1CE CFFDFA07DF1B4696
2A8FE8920B3299DC F992E29352CD62CB.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
2.1. La señora Flor Estela Coronel Estrada trabajó desde el 29 de noviembre de
1993 hasta el 2 de julio de 2014 en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y,
posteriormente en la Dirección General de Sanidad Militar.
2.2 La Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional emitió la Resolución
3973 del 19 de agosto de 2014, a través de la cual le fue reconocida la pensión de
jubilación a la señora Coronel Estrada, con fundamento en el artículo 98 del Decreto
Ley 1214 de 1990. Para ello, tomó como base el sueldo básico y la doceava parte
de la prima de navidad devengada por la trabajadora.
2.3. El 9 de septiembre de 202, la señora Flor Estela presentó un derecho de
petición ante el Ministerio de Defensa Nacional, en el que solicitó que se efectuara
un reajuste de su pensión de jubilación, de forma que se incluyera como factor
computable las primas de actividad y de servicios, de conformidad con el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990.
2.4. La petición fue negada el 21 de enero de 2022 a través del Oficio No.
RS20220121004091 emitido por la coordinadora del Grupo de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo, dicha decisión fue
confirmada el 4 de febrero de 2022 a través del Ofició No. 0122001290602/MDN-
COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARING-29.60, expedido por el Director
General de Sanidad Militar, debido a que consideró que la norma aplicable para
efectuar el cálculo de la base pensional es el artículo 88 del Decreto 1301 de 1994.
2.5. Ante dicha negativa, la señora Flor Estela Coronel formuló demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional. En dicha demanda solicitó declarar la
nulidad de la Resolución No. 3973 de 19 de agosto de 2014, del Oficio No.
RS20220121004091 y del Oficio No. 0122001290602/MDN-COGFM-JEMCO-
DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARING-29.60 y, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento, la reliquidación y el pago de la pensión de jubilación, incluyendo
como partidas computables las primas de actividad y de servicio de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
2.6. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Montería3, bajo el radicado número 23001-33-33-002-2023-
00162-00, autoridad que, mediante sentencia del 16 de junio de 2025, accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la demandante cumplía los
requisitos para acceder a la reliquidación pensional.
El Juzgado concluyó que, de conformidad con lo expuesto en el artículo 55 de la
Ley 352 de 1997, el régimen pensional aplicable a la señora Flor Estela Coronel es
el contemplado en el Decreto Ley 1214 de 1990, el cual señala en su artículo 102
3 Índice 00017 del expediente ordinario del aplicativo SAMAI, certificado C21217664E62FFB6
430462D5A8FD582E 477707D52FF041F8 E2485AF52AE2F3AB
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
que las primas de servicio y de actividad son partidas computables para las
prestaciones sociales.
En consecuencia, concluyó que los actos administrativos acusados adolecieron de
los vicios de violación de norma superior y falsa motivación al omitir incluir como
partida computable las primas de servicio y de actividad. Por ende, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional a reconocer, liquidar y pagar a favor de la señora Flor Estela
Coronel Estrada las sumas correspondientes a las diferencias resultantes entre las
mesadas percibidas por la demandante y el reajuste efectuado en la providencia.
No obstante, precisó que en virtud de la prescripción cuatrienal consagrada en el
artículo 129 del Decreto 1214 de 1990, estas deberán ser canceladas desde el 9 de
septiembre de 2017.
2.7. Inconforme con dicha decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, en el que sostuvo que la señora Coronel Estrada no devengó la prima de
actividad durante el ejercicio de su cargo, debido a que desde el año 1996 esta se
incluyó en su asignación básica, de conformidad con el régimen salarial
contemplado en el Decreto 171 de 1996. Por ende, alegó que, debido a que la
demandante no devengó dicha prima, no es posible que sea incluida como una
partida computable para la seguridad social.
Asimismo, señaló que, si bien el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 estableció que
los empleados del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional que se vincularon con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 estarían sometidos al
Decreto 1214 de 1990, solo debe aplicarse el régimen pensional (seguridad y
bienestar social) contemplado en la norma, sin que se incluya ningún otro concepto
prestacional, por lo que no se debería reconocer la prima de actividad reclamada en
favor de la demandante.
Adicionalmente, para sustentar su postura, mencionó que la Sentencia proferida el
25 de febrero de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, en el proceso identificado con
radicado núm. 68001-23-33-000-2017-01274-01, mediante la cual se negaron las
pretensiones en un caso con elementos fácticos similares, en tanto no se reconoció
como partida computable la prima de actividad al demandante, debido a que no
acreditó haberla devengado.
2.8. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 19 de diciembre
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, bajo fundamentos
sustancialmente similares.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 4
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 19 de diciembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 23001-33-33-002-
2023-00162-00/01 y, en su lugar, ordenar la expedición de una decisión de
reemplazo conforme a las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.
Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:
3.1. Defecto fáctico. Sostuvo que la autoridad judicial accionada consideró probado
un hecho que no se acreditó en el marco del proceso, en tanto no obra en el
expediente ninguna prueba documental que constate que la señora Flor Estela
Coronel Estrada hubiera devengado la prima de actividad mientras ejerció su cargo.
Por ende, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Córdoba reconoció
como probado un hecho inexistente sin el debido respaldo probatorio, lo cual vulnera
el derecho al debido proceso de la accionante.
3.2. Desconocimiento de precedente. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Córdoba desconoció el precedente del Consejo de Estado, el cual, a su juicio,
señala que la prima de actividad solo podrá ser incluida como partida computable
para el pago de prestaciones sociales si fue efectivamente devengada en el último
año de trabajo.
En ese sentido, el accionante manifestó que la autoridad judicial accionada se
apartó del precedente fijado en las providencias emitidas por el Consejo de Estado,
específicamente: la sentencia emitida el 25 de febrero de 2021 por la Sección
Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, en el
proceso identificado con radicado núm. 68001-23-33-000-2017-01274-01 y la
sentencia emitida el 3 de noviembre de 2022 por la Sección Segunda, Subsección
A, Consejero Ponente William Hernández Gómez, en el proceso identificado con
radicado núm. 25000-23-42-000-2020-00293-01.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia
emitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en un
caso análogo, identificado con el radicado núm. 23001-33-33-007-2023-00098-01,
la cual negó la solicitud de reliquidación pensional al no encontrar acreditado que el
demandante hubiera devengado la prima de actividad.
4 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 92BADAA48BE8E1CE CFFDFA07DF1B4696
2A8FE8920B3299DC F992E29352CD62CB
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 1 de junio de 20265, la magistrada ponente admitió la acción de
tutela; vinculó, en calidad de terceros con interés a la señora Flor Estela Coronel
Estrada, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Montería; ofició a las autoridades judiciales para que, quien tuviera a su cargo el
expediente identificado con el radicado núm. 23001-33-33-002-2023-00162-00/01,
lo remitiera a este trámite constitucional; reconoció personería al abogado Luis
Manuel Cortés Martínez; ordenó notificar a las partes y dispuso la suspensión
de los términos.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1 El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería 6 remitió
copia digital del expediente ordinario al presente trámite constitucional.
4.2 La señora Flor Estela Coronel Estrada 7, a través de apoderada judicial, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad por no haber agotado los recursos procedentes.
Indicó que, si bien la parte actora alega la configuración de un defecto fáctico, su
argumentación está encaminada a cuestionar “la aptitud legal necesaria”, situación
que debe ser cuestionada a través del recurso extraordinario de revisión. De esta
forma, consideró que la parte actora omitió emplear los mecanismos de defensa
disponibles para elevar sus desacuerdos y tampoco acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que haga procedente el amparo.
4.3 El Tribunal Administrativo de Córdoba guardó silencio a pesar de haber sido
notificado adecuadamente.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
5
Índice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado 6874BABEDB31B81B E181781528E7BB1D
AB98EFE8A53C3AEB 52FDD490DC49B680.
6 Índice 00009 en el aplicativo SAMAI, certificado 8894182BE7CAA203 C0F2014DB4C649E9
9DAF6CE5A2D6B14B AEE7353EB5BFCA92
7 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado 7DBFA119EB4DB148 D5B4FFEF21E054F5
38E3300339DA0BDA 776A2F3A717A457D.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar
es titular de los derechos fundamentales que afirma le fueron vulnerados, en su
condición de demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 23001-33-33-002-2023-00162-00/01.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto el Tribunal Administrativo de Córdoba fue la autoridad que
profirió la decisión que, según la parte accionante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058, indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 9, y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 12.
En línea con lo anterior, en la sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó
como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional:
i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamental es; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto13.
5. Caso concreto
La Sala advierte, que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte actora cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, al considerar que incurrió en: (i) un defecto fáctico, debido a que la
autoridad judicial accionada consideró probado un hecho inexistente, en tanto no se
acreditó que la señora Flor Estela Coronel Estrada h ubiere devengado las primas
de actividad y de servicios; y (ii) un defecto por desconocimiento del precedente, en
tanto, a su juicio, el Consejo de Estado niega la reliquidación pensional si no se
prueba que se hubiere devengado la prima de actividad en el último año laborado.
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, se advierte que, en la sentencia del 19 de diciembre de
2025, dicha autoridad judicial arribó a las siguientes conclusiones:
“(…) la entidad demandada en el recurso alega que debe revocarse el reajuste
ordenado en la sentencia de primera instancia, por cuanto en el plenario no se
acreditó que la demandante hubiese devengado primas de actividad y de
servicios.
Bajo los supuestos normativos y jurisprudenciales estudiados en esta
providencia, es claro que los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993 en materia prestacional y de seguridad social se regirán en su
integralidad por el Decreto- Ley 1214 de 1990.
De este modo, verificado el material probatorio obrante en el expediente se
advierte que la señora Flor Estela Coronel Estrada prestó sus servicios desde
el 29 de noviembre de 1993 hasta el 1° de marzo de 1996 en el Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares, posteriormente sustituido por la Dirección
General de Sanidad Militar, donde laboró hasta el 2 de julio de 2014, por lo
que, conforme lo expuesto precedentemente a la actora le resulta aplicable el
régimen prestacional establecido en el Decreto 1214 de 1990.
Ahora, se tiene que a la señora Flor Estela Coronel Estrada se le reconoció la
pensión de jubilación a través de la Resolución N° 3973 de 2014, tomando en
cuenta como factores salariales la asignación básica y la prima de navidad, no
obstante, conforme lo preceptuado en el artículo 102 del aludido Decreto 1214
de 1990 las partidas computables para prestaciones sociales aplicables a la
actora serian entre otros, la prima de actividad y la de servicios peticionada, en
tanto, éstas se encuentran enlistadas en la norma citada y al acreditarse que
la actora se vinculó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, es claro que se le debe aplicar de forma integral el Decreto 1214 de 1990
y por ende, no existe duda sobre si devengó dichas partidas, dado que estas
se encuentran enlistadas en la normativa aplicable.
De este modo, si bien el objeto del recurso se centra en que los emolumentos
frente a los cuales se ordenó la reliquidación no fueron devengados por la
señora Flor Estela Coronel Estrada durante su último año de servicios por
cuanto de ello no obra prueba en el expediente, lo cierto es que considera la
Sala que la actora si tiene derecho a la reliquidación de su pensión con
inclusión de las primas de actividad y de servicios, puesto que se acreditó que
ambos emolumentos hacen parte de las partidas computables para efectos del
reconocimiento pensional del Decreto 1214 de 1990 a su favor. Por lo anterior,
se confirmará la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Montería, que accedió a las pretensiones de la
demanda”14.
5.3. Así las cosas, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Córdoba
expuso de manera suficiente, clara y razonada los motivos por los cuales no
resultaba procedente acceder a las pretensiones de la demanda, en tanto analizó
los elementos probatorios obrantes en el expediente, justificó la valoración otorgada
a ellos y explicó el contenido de la norma aplicable al caso concreto.
14 Índice 00011 del aplicativo SAMAI del proceso ordinario en segunda instancia, certificado
8F881DB4ACDBE5CF 94AAF09379903BDD C11061A0D8952E51 CEEB1AD56AEEFF75
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
La Subsección advierte que, a pesar de que la parte actora alegó en el recurso de
apelación que la señora Flor Estela Coronel Estrada no devengó las primas de
actividad y de servicios, el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 reconoce que
estas son partidas computables para prestaciones sociales. Al respecto, esta norma
dispone que:
“ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se
retire o sea retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de
retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren
derecho, sobre la suma de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad (...)”15 (negrilla fuera del
texto).
Así las cosas, la Sala advierte que la parte actora reiteró en la acción de tutela los
argumentos expuestos en el recurso de apelación del proceso ordinario, los cuales
fueron abordados con suficiencia por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Sobre
el particular, la Sala reitera que el juez de tutela no está llamado a reabrir el debate
definido en el proceso ordinario; por consiguiente, no le corresponde efectuar una
nueva valoración probatoria ni interferir en la órbita de competencia del juez natural.
5.4 En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente16 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar
la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en
una herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena
fe al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero,
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
15 Decreto 1214 de 1990, artículo 102.
16 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”17.
Según lo expuesto, y a partir de la revisión de la jurisprudencia citada en el escrito
de tutela, se advierte que, si bien se trata de pronunciamientos judiciales que
abordaron situaciones similares a la planteada en la presente acción constitucional,
esta circunstancia por sí sola, no permite concluir que constituyan precedente con
fuerza vinculante y obligatoria en los términos de una sentencia de unificación. Por
tanto, no puede afirmarse que dichas providencias configuraron un precedente en
el cual el juez natural estuviera obligado a fundamentar su decisión, máxime cuando
no existe una posición jurisprudencial unificada sobre la materia, caso en el cual
prevalece el principio de autonomía judicial.
Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad fáctica y jurídica entre los fallos
invocados y la providencia aquí cuestionada, ni demostró la eventual inaplicación
de una regla jurisprudencial de unificación.
En efecto, el respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas,
sino también la exposición clara, estructurada y suficiente de los puntos de
coincidencia entre los casos analizados, con el propósito de demostrar que la
providencia objeto de censura se apartó injustificadamente de la jurisprudencia
aplicable. En el presente asunto, la ausencia de un estudio detallado sobre los
elementos de similitud impide verificar la existencia de una contradicción entre la
decisión cuestionada y el precedente alegado.
Por consiguiente, no se advierte el cumplimiento de una carga argumentativa
suficiente que sustente el cargo formulado, circunstancia que imposibilita adelantar
un análisis de fondo sobre este aspecto en sede de tutela.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela promovida por
la parte actora está encaminada a prolongar el debate surtido dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto reitera argumentos de
naturaleza legal y probatoria ya discutidos en el proceso ordinario, sin exponer de
manera concreta las razones por las cuales la providencia cuestionada vulneró los
derechos fundamentales invocados. Tal pretensión desborda la órbita de
competencia del juez constitucional, pues, como se indicó previamente, la decisión
censurada se encuentra amparada por el principio de autonomía judicial.
5.5. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir,
con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado
por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada
de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de las pruebas y de los fundamentos
17 Ibid.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
normativos, ni que se hayan transgredido los derechos fundamentales de la parte
actora durante el desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 18.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio. Bajo estas condiciones, la Subsección
estima que la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el marco del proceso ordinario y que se pretende emplear este
mecanismo constitucional como una instancia adicional para expresar su
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamenta, y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, lo anterior sin que ello implique, como lo pretende la parte
tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya
surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 19, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que fueron resueltos en el curso del
proceso ordinario20.
18
Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
19 SU-215 de 2022.
20 Ibid.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04132-00
Accionante: Nación - Ministerio de Def ensa
Nacional
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar
contra el Tribunal Administrativo de Córdoba por no superar el requisito de
relevancia constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.