RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06545-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06545-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06545-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.1. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación presentada por el departamento de Santander de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. de la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por el señor Elmar Navarro Pérez por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva de la relevancia constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.5.1. de la parte considerativa de esta providencia. 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Elmar Navarro Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00 CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06545-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

26 de enero de 2023

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06545-00
Demandante: ELMAR NAVARRO PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial – incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció el
señor Elmar Navarro Pérez contra el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 7 de diciembre de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, el señor Elmar Navarro Pérez, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, y que se garantizaran los principios de
legalidad, “preclusión” y juez natural.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 6 de
junio de 2022, mediante el cual se dejaron sin efectos varias providencias dictadas
por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga en el
proceso ejecutivo con radicado N° 68001-33-33-008-2016-00253-
01/02/03/04/05/06 y 07, al advertir falencias en las notificaciones del departamento
de Santander.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que se dejara sin efectos la
providencia judicial cuestionada y se dictara una de remplazo, que resolviera
únicamente los aspectos sobre los que se fundamentó el recurso de apelación que

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

interpuso contra el proveído dictado el 6 de septiembre de 2021 por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, a través del cual se
negó la solicitud de nulidad que presentó.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Elmar Navarro Pérez presentó demanda ejecutiva contra el
departamento de Santander – Contraloría General de Santander, con el fin de que
se librara mandamiento de pago por las sumas reconocidas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número 2000-1294-00 en el que
se ordenó su reintegro al referido ente de control y el pago de salarios y prestaciones
sociales dejadas de percibir.

5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, que en providencia del 8 de marzo de 2017 libró
mandamiento parcial de pago.

6. En auto del 17 de marzo de 2017 se decretó el embargo y secuestro de los
dineros que tuvieran las entidades demandadas y que fueran susceptibles de ser
cobijados por esa medida. Dicha decisión fue revocada por el Tribunal
Administrativo de Santander en auto del 12 de diciembre de 2017.

7. El 3 de agosto de 2017, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga admitió la reforma a la demanda presentada y negó el
mandamiento en lo relacionado con el reconocimiento y pago de los valores
correspondientes al suministro de calzado y vestido. Adicionalmente, reconoció los
intereses solicitados en aplicación del artículo 177 de la Ley 1437 de 2011.

8. En auto del 12 de octubre de 2017, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga decidió la solicitud de corrección y adición del
auto del 3 de agosto de 2017, en el sentido de acceder a lo pedido en cuanto a la
denominación del empleo a reintegrar y negó la solicitud de reconocimiento de los
intereses moratorios. Finalmente, indicó que en la sentencia del proceso ordinario
no se fijó un término para efectuar el reintegro.

9. Las anteriores decisiones fueron objeto de recurso de apelación por la parte
ejecutante al considerar que la falta de expresión de término concreto para el
cumplimiento de las obligaciones de dar y hacer genera ambigüedad, la cual es
incompatible en el proceso ejecutivo en el que el mandamiento de pago debe ser
categórico, concreto e inequívoco.

10. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Santander, en auto
del 5 de julio de 2018, en el sentido de confirmar las providencias apeladas.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

11. En providencia del 9 de octubre de 2018, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga ordenó seguir adelante con la ejecución y se
pronunció sobre las medidas cautelares solicitadas. Dicha decisión fue objeto de
recurso de apelación resuelto en providencia del 23 de enero de 2020, en el sentido
de adicionar la providencia recurrida para declarar probada la excepción de pago
parcial de la obligación y ordenar el cumplimiento del mandamiento de pago.

12. El 28 de mayo de 2019, la apoderada del departamento de Santander solicitó
que se le notificara personalmente de la demanda, debido a que se enteró de la
existencia del proceso con ocasión de la vinculación ordenada por el Consejo de
Estado en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2019-02129-001.

13. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, con
auto del 2 de diciembre de 2019, dispuso:

“Previo a resolver la solicitud presentada por la apoderada del DEPARTAMENTO
DE SANTANDER visible a folios 276 – 278, y como quiera que de su contenido se
advierte una posible causal de nulidad de las actuaciones surtidas en el presente
proceso, se ordena que por Secretaría se corra traslado de dicho escrito a la PARTE
EJECUTANTE conforme las previsiones y para los efectos del artículo 134 del
Código General del Proceso.”

14. Con auto del 2 de marzo de 2021 se ordenó notificar al departamento de
Santander del mandamiento de pago, al considerar:

“No obstante, revisadas las actuaciones surtidas al interior del proceso de ejecución
que nos ocupa, encuentra el despacho factible acceder a la solicitud del
Departamento de Santander en el sentido de que se le notifique el Mandamiento de
pago, como quiera que la sentencia que se ejecuta2 se profirió en contra de dicha
entidad territorial, razón suficiente para que deba surtirse por Secretaría el trámite
de notificación personal previsto en el artículo 199 del CPACA conforme lo señalado
en el inciso 3º del artículo 8 del Decreto – Ley 806 del 4 de junio de 2020, enviando
para el efecto el link de acceso al Expediente digitalizado en la plataforma de
onedrive (sic). La contestación de la demanda deberá ser presentada mediante
documento adjunto en formato pdf remitido al correo
ofiserjamemorialesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.”

15. Contra la anterior decisión, el ejecutante presentó recurso de reposición y “en
subsidio de apelación”, el cual fue resuelto con auto del 13 de abril de 2021 que
dispuso:

“PRIMERO: REPONER parcialmente el auto de fecha 2 de marzo de 2021, en lo
que tiene que ver con la forma como debe surtirse la notificación del mandamiento
de pago al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, conforme a las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

1 Esta solicitud de amparo la ejerció el señor Elmar Navarro Pérez contra el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander.
2 Ob. Cit. “Sentencia proferida por este despacho el día veintiocho (28) de mayo de 2009 dentro del proceso

de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el número 2000-01294, decisión confirmada por el H.
Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del once (11) de febrero de 2010.”

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el Recurso de apelación propuesto de
manera subsidiaria, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la
providencia.

TERCERO: RECONOCER personería jurídica a la Dra. DIANA MARÍA JÁCOME
CARREÑO para actuar en nombre y representación de la parte ejecutada
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, conforme el poder allegado mediante
memorial de fecha 31 de julio de 2020, en los términos y para los efectos descritos
en dicho mandato.

CUARTO: En aplicación al artículo 301 inciso 3º del Código General del Proceso, el
Departamento de Santander se entenderá notificado del Mandamiento de pago
contenido en la providencia de fecha del 3 de agosto de 2017 corregida por auto del
12 de octubre de 2017 por conducta concluyente, el día que se surta la notificación
de la presente providencia mediante inserción en estados electrónicos, fecha a partir
de la cual comenzará a correr el término de traslado por diez (10) días, a efectos de
que procedan a proponer las excepciones que estimen pertinentes según lo
dispuesto en el artículo 442 del C.G.P. La contestación de la demanda deberá ser
presentada mediante documento adjunto en formato pdf remitido al correo
ofiserjamemorialesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.”

16. Mediante auto del 6 de septiembre de 2021 el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga negó la solicitud de nulidad formulada por la
parte ejecutante dirigida a que se anulara el auto del 2 de marzo “en lo
correspondiente a ordenar notificar al Departamento, y totalmente el de abril de 2021”, para
lo cual argumentó:

“i) No es cierto que se haya declarado en forma tácita una nulidad de lo actuado, pues
en el auto de las decisiones contenidas el 13 de abril de 2013 (sic) apuntaron a
invalidar una actuación del proceso en general, es esto, tener notificado por conducta
concluyente al Departamento de Santander, lo que corresponde a corregir una
irregularidad pero no genera vicio que amerite una nulidad.

ii) el (sic) Departamento de Santander, como afectado con la falta de notificación
tampoco solicitó la declaratoria de nulidad y se procuró la garantía de sus derechos
procesales, por lo que lo actuado hasta el auto del 6 de septiembre de 2021 conserva
plena validez, estando pendiente únicamente que se venza el término concedido al
ente territorial para contestar la demanda “el que no ha iniciado con ocasión de las
solicitudes de la parte actora que interrumpieron la ejecutoria de dicha providencia, y
por ende, el cómputo del término allí establecido”.

iii) Ante la corrección en la notificación del Departamento de Santander, es necesario
realizar nuevamente algunas actuaciones pero solo en relación con el ente territorial,
“pues se insiste, lo definido en el auto de abril no afecta de modo alguno lo surtido
respecto de la Contraloría General de Santander, que si ha contado con todas las
garantías y oportunidades procesales, lo que incluye el auto que ordenó seguir
adelante con la ejecución en su contra y la conformación que hizo el mismo Tribunal
Administrativo de Santander”.

17. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación el cual fue resuelto
en providencia del 6 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander,
autoridad judicial que resolvió:

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

“PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 2 de diciembre de 2019, el auto del 2
de marzo de 2021, numeral primero de la parte resolutiva del auto del 13 de abril de
2021, y el auto del 6 de septiembre de 2021.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el numeral cuarto (4°) de la parte resolutiva del
auto del 13 de abril de 2021, mediante el cual se corrió traslado de diez (10) días
otorgado al Departamento de Santander para presentar excepciones.

TERCERO. ORDENAR al A quo rehacer el trámite poniendo en conocimiento del
Departamento de Santander la causal de nulidad advertida [falta de notificación]
concediendo el término de Ley para que, si bien lo tiene, el ente territorial proponga
la nulidad.

A partir de esto, el A quo adoptará las decisiones a que haya lugar, y con fundamento
en el artículo 134 del CGP.”

18. Como fundamento de su decisión expuso que el departamento de Santander
constituyó apoderada judicial dentro del proceso ejecutivo y el 28 de mayo de 2019
presentó solicitud de notificación de la demanda, informando que se había enterado
de la existencia del proceso en virtud de la vinculación que el Honorable Consejo
de Estado hizo de la entidad territorial en la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2019-02129-00.

19. Puso de presente que:

 Mediante auto del 2 de diciembre de 2019 el juez de primera instancia decidió
correr traslado a la parte ejecutante para que se pronunciará sobre la posible causal
de nulidad en los términos del artículo 134 del Código General del Proceso, frente
a lo cual, su apoderado puso de presente que el departamento de Santander no
había propuesto ninguna nulidad.

 Con auto del 2 de marzo de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, resolvió el recurso de reposición interpuesto por
el apoderado del ejecutante, confirmando la orden de traslado, y, además, ordenó
notificar la demanda al departamento de Santander con la remisión electrónica.

 Con auto del 13 de abril de 2021 el juez de primera instancia resolvió reponer
parcialmente la decisión adoptada en el auto del 2 de marzo de 2021 “en lo que tiene
que ver con la forma como debe surtirse la notificación del mandamiento de pago del
Departamento de Santander”, y en su lugar, dispuso tener como notificado por
conducta concluyente al departamento de Santander, del mandamiento de pago, y
concedió el término de 10 días para pronunciarse.

20. Del anterior recuento, observó que:

“La demanda no fue notificada al Departamento de Santander y que se encuentra en
firme la decisión que ordena seguir adelante con la ejecución. - No obstante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del CGP, en los procesos ejecutivos
las nulidades pueden ser alegadas incluso luego de haberse proferido el auto que
ordena seguir adelante la ejecución y el proceso no se haya terminado por pago.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

El presente asunto se enmarca dentro de este supuesto, pues a la fecha no se ha
acreditado el pago total de la obligación a efectos de terminar el proceso.

Ahora, es claro que es el Departamento de Santander es (sic) quien se encuentra
afectado con la falta de notificación del auto admisorio, por lo que en atención a lo
dispuesto en el artículo 137 del CGP, el A quo debió poner en conocimiento de dicha
entidad la causal de nulidad que advirtió [la Juez], y para que dentro luego de la
notificación pertinente el ente territorial manifestará si interponía o no la nulidad, y a
partir de esto, tener por saneado el proceso o declarar la nulidad en los términos que
fueren pertinentes.”

21. En consecuencia, consideró necesario adoptar medidas de saneamiento del
proceso a efectos de poner en conocimiento del departamento de Santander la
causal de nulidad advertida por el a quo, para que contara con la posibilidad de
decidir si propone o no la misma.

22. Así las cosas, dejó sin efectos los autos del 2 de diciembre de 2019 3, 2 de
marzo de 20214, numeral primero de la parte resolutiva del auto del 13 de abril de
20215, y el auto del 6 de septiembre de 20216.

23. Además, ordenó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga “rehacer el trámite poniendo en conocimiento del Departamento de
Santander la causal de nulidad advertida [falta de notificación] concediendo el término de
Ley para que, si bien lo tiene, el ente territorial proponga la nulidad. A partir de esto, el A
quo adoptará las decisiones a que haya lugar”.

1.3. Sustento de la vulneración

24. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por los motivos que se exponen a continuación:

25. Indicó que el asunto cumplía con el requisito de relevancia constitucional y
que de no accederse al amparo se le ocasionaría un perjuicio irremediable, pues se
le está “privando de la obtención del pago debido hace ya tantos años”.

26. Manifestó que la autoridad judicial accionada con el auto del 6 de junio de
2022 dejó de resolver los argumentos que planteó en el recurso de apelación y de
oficio extendió la “nulidad decretada” por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, por lo que se generó una dilación injustificada del
proceso ejecutivo.

27. Expuso que al departamento de Santander se le brindó la posibilidad de
solicitar la nulidad de todo lo actuado desde la “notificación del mandamiento ejecutivo”,

3 Que corrió traslado de la nulidad advertida al ejecutante.
4 Que ordenó notificar la demanda al departamento de Santander.
5 En cuanto dispuso reponer la forma de notificación del auto del 2 de marzo de 2021.
6 Que negó la solicitud de nulidad de lo actuado a partir del auto del 2 de marzo de 2021.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

sin tener en cuenta que la oportunidad de hacerlo feneció y que al ente territorial se
le notificaron varias de las providencias dictadas en el proceso ejecutivo desde el 8
de marzo de 2017 e incluso se le reconoció personería jurídica a su apoderada el 2
de diciembre de 2019.

28. Reprochó que la decisión cuestionada se adoptó “extra y ultra petita” y que
se empeoró su situación, a pesar de actuar como apelante único. En este punto,
aseguró que el Tribunal Administrativo de Santander:

“Se sustrajo de la pretensión impugnaticia (sic) objeto del recurso, por tanto, obró
sin competencia {Defecto Orgánico} y fuera de oportunidad {Defecto Procedimental}
puesto que hizo caso omiso a que la posibilidad de pedir la nulidad se agotó luego
de la primera de aquellas múltiples notificaciones ya referidas en el numeral anterior,
sobre las que adelante se ahondará en detalles.”

29. Aseguró que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta las
constancias de envío electrónico que obraban en el expediente y de las que se
evidenciaba que al buzón web del departamento de Santander llegaron las
notificaciones de varios de los autos dictados en el proceso ejecutivo. Por esta razón
sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico y que al departamento de Santander
no era “necesario ponerlo en conocimiento de lo que ya conocía”, pues se afectaría el
principio de preclusión de las etapas procesales.

30. Aclaró que la apoderada del ente territorial actuó dos veces durante el trámite
del proceso y en ninguna de ellas solicitó que se declarara la nulidad, por lo que
cualquier situación procesal irregular quedó “saneada” conforme al numeral 1° del
artículo 136 de la Ley 1564 de 2012.

31. Además, estimó que no se tuvieron en cuenta los requisitos establecidos en
el artículo 135 de ese mismo estatuto que “parten del presupuesto de la necesaria
alegación de parte y que la parte que alegue la nulidad deberá tener legitimación {no solo
sustancial sino, claro, procesal}”.

32. Identificó y expuso las imágenes de las constancias de notificación enviadas
al ente territorial de las providencias dictadas el 8 de marzo de 2017, 3 de agosto
de 2017, 9 de octubre de 2017, 13 de abril de 2018, 5 de julio de 2018, 9 de octubre
de 2018, 20 de noviembre de 2018, 23 de enero de 2020 y 10 de agosto de 2020.

33. Por otra parte, señaló que se incurrió en un defecto sustantivo, porque no se
aplicó lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 relacionado con que
la “representación judicial del ente territorial {está} en cabeza de su Contralor” y el artículo
197 de ese mismo cuerpo normativo el cual establece que “toda notificación
electrónica es personal”.

34. Aunado a lo anterior, adujo que se desconocieron las reglas de decisión
establecidas por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B en la

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

sentencia del 17 de octubre de 20177, en cuanto a la legitimación y representación
judicial que ejercen los contralores en los procesos originados por la acción u
omisión de estos entes de control.

35. Igualmente, adujo que no se aplicaron en debida forma los artículos 134 y
137 de la Ley 1564 de 2012, debido a que la apoderada del departamento de
Santander tenía conocimiento del proceso y no propuso alguna nulidad.

36. Indicó que no podía considerarse que el Tribunal Administrativo de Santander
ejerció un control de legalidad, porque éste se adelanta al “finalizar cada etapa del
proceso” y no permite que se abran etapas del proceso ya surtidas, so pena de
afectar los principios de preclusión y seguridad jurídica.

37. Por último, insistió en que “el ente territorial estaba notificado a través de su
contralor o, en subsidio, directamente y pese a ello, de existir acaso alguna irregularidad,
no promovió oportunamente la declaración de la posible nulidad si es que existía”.

1.4. Trámite de la acción de tutela

38. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 13 de diciembre de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su
notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Santander en calidad de autoridades judiciales accionadas.

39. Igualmente, vinculó como terceros con interés, de conformidad con el artículo
13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga, al departamento de Santander y a la Contraloría General
de Santander.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentó la
siguiente intervención:

1.5.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga

40. Con escrito enviado por correo electrónico el 19 de diciembre de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la titular de ese
despacho describió las actuaciones que adelantó en el proceso ejecutivo y sostuvo
que no vulneró alguno de los derechos fundamentales que invocó el señor Elmar
Navarro Pérez.

7 Rad: 08001-23-33-000-2012-00171-01.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

41. Advirtió que no se cuestionó alguno de los autos que profirió y que sus
decisiones siempre respetaron la garantía al debido proceso del accionante, por lo
que carecía de legitimación en la causa por pasiva.

42. En ese sentido, solicitó que se le desvinculara el trámite constitucional del
vocativo de la referencia.

1.5.2. Departamento de Santander

43. Con escrito enviado por correo electrónico el 23 de enero de 2023 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el jefe de la Oficina Jurídica
del ente territorial, a través de apoderado, sostuvo que la acción de tutela era
improcedente, debido a que no cumplía con los requisitos de procedibilidad adjetiva.

44. Al respecto, indicó que el accionante podía recurrir el auto que ordenara
correr traslado de la nulidad, actualmente no existía una decisión que hubiera
cumplido lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Santander y no argumentó
razonablemente una irregularidad procesal.

45. Aseguró que el auto del 6 de junio de 2022 se fundamentó en la normativa
aplicable y se respetaron las garantías procesales del señor Elmar Navarro Pérez.

46. Por otra parte, solicitó que se vinculara al apoderado del accionante en el
proceso ordinario con el fin de que explicara “la estrategia procesal puesto que su
poderdante aún no obtiene el pago de la sentencia pretendida”.

47. Así las cosas, pidió que se negara el amparo deprecado.

1.5.3. Contraloría General de Santander

48. Con escrito enviado por correo electrónico el 23 de enero de 2023 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el ente de control, a través de
apoderado, sostuvo que no se pronunciaría sobre las pretensiones de la demanda
y que se atendría a lo que se probara en el trámite de la acción de tutela.

49. Además, manifestó que la acción de tutela no cumplía el requisito de
inmediatez, toda vez que el señor Elmar Navarro Pérez esperó más de “seis (6)
meses” para promover el mecanismo de protección constitucional.

50. En ese orden de ideas, pidió que se negara el amparo requerido.

1.5.2. El Tribunal Administrativo de Santander, a pesar de haber sido notificado
en debida forma, guardó silencio.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

51. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el
señor Elmar Navarro Pérez contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Relacionada con la solicitud de desvinculación

52. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en
su intervención, manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó ser desvinculado del trámite constitucional del vocativo de la referencia.

53. Al respecto, la Sala advierte que negará la referida petición, comoquiera que
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga fue
vinculado como tercero con interés, por haber sido el juez de primera instancia en
el proceso en el que se dictó la providencia cuestionada, y no como autoridad
accionada.

2.2.2. Relacionada con la solicitud de vinculación del apoderado del
accionante

54. El departamento de Santander, en su intervención, solicitó que se vinculara
al abogado del señor Elmar Navarro Pérez en el proceso ordinario para que
explicara “la estrategia procesal puesto que su poderdante aún no obtiene el pago de la
sentencia pretendida”.

55. Este requerimiento también será negado, toda vez que el accionante no
cuestiona la estrategia de su apoderado en el trámite ejecutivo en el que se dictó el
auto del 6 de junio de 2022 y, además, ese profesional del derecho no tiene ningún
interés propio que implique la necesidad de escucharlo en el trámite del vocativo de
la referencia, máxime cuando la solicitud de amparo se presentó en nombre propio.

2.3. Problemas jurídicos

56. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, los
argumentos del libelo introductorio, la intervención presentada y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?

57. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

 ¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
del señor Elmar Navarro Pérez, por presuntamente incurrir en los defectos
orgánico, procedimental, fáctico, desconocimiento del precedente y
sustantivo al proferir el auto del 6 de junio de 2022, mediante el cual se
dejaron sin efectos varias providencias dictadas por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga en el proceso ejecutivo
con radicado N° 68001-33-33-008-2016-00253-01/02/03/04/05/06 y 07, al
advertir falencias en las notificaciones del departamento de Santander?

58. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

59. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
8
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9 y declaró su
procedencia.10

60. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

61. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

62. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

63. Para el caso concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
de tutela por no superarse el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no
se cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 202211.

2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

64. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela
formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre.

65. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por
RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el
impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

66. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección
Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar
satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros
cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión de esta Corporación.

67. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta
se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra

11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-215 del 16.06.22., M.P. Natalia Ángel Cabo.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección
Primera, estudió los 6 requisitos fijados por la Corte Constitucional. Pese a que los
encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos,
sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados”.

68. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra
la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

34. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.”

69. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

“lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y
se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.

70. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal12”

71. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

12 Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”14

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”15 En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”16

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal18.”

72. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado
por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la
grave violación de los derechos fundamentales invocados.

13 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
14 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
15 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
16 Ob. Cit. “Sentencia SU-128 de 2021.”
17 Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”
18 Ob. Cit. “Ibid.”

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

2.5.3. Análisis de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en
el caso concreto

73. El señor Elmar Navarro Pérez aseguró que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al proferir el auto del 6 de junio de 2022.

74. En la referida providencia, el Tribunal Administrativo de Santander se
pronunció sobre el recurso de apelación que presentó el accionante, dejó sin efectos
varias providencias dictadas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga y ordenó poner en conocimiento del departamento de
Santander la irregularidad relacionada con la falta de notificación del auto que libró
mandamiento de pago para que, si lo consideraba, propusiera una nulidad.

75. Ello, después de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el
proceso ejecutivo y concluir:

“4. Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho encuentra necesario adoptar
medidas de saneamiento del proceso a efectos de poner en conocimiento del
Departamento de Santander la causal de nulidad advertida por el A quo, para que
cuente con la posibilidad de decidir si propone o no la misma. Esto con el fin de
determinar si con la actuación del ente territorial se entiende saneada la nulidad.

En consecuencia, se dejarán sin efecto el auto del 2 de diciembre de 201919, el auto
del 2 de marzo de 202120, numeral primero de la parte resolutiva del auto del 13 de
abril de 202121, y el auto del 6 de septiembre de 202122.

Se aclara que la contenida en el numeral cuarto de la parte resolutiva del auto del
13 de abril de 2021 que ordenó tener como notificado por conducta concluyente al
Departamento de Santander. No obstante, se dejará sin efecto el traslado de diez
(10) {días} otorgado al ente territorial para que presentar (sic) excepciones, pues se
requiere en primera medida agotar la etapa de proposición de nulidad, en el caso
que dicha entidad decida hacerlo.

En su lugar, se ordenará al Juzgado de primera instancia rehacer el trámite poniendo
en conocimiento del Departamento de Santander la causal de nulidad advertida
[falta de notificación] concediendo el término de Ley para que, si bien lo tiene, el
ente territorial proponga la nulidad. A partir de esto, el A quo adoptará las decisiones
a que haya lugar.

5. Finalmente, se advierte que en el numeral tercero de la parte resolutiva del auto
del 13 de abril de 2021, se concedió ante este Tribunal el recurso de queja
interpuesto por la parte ejecutante contra el auto del 2 de marzo de 2021, en cuanto
rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que
ordena notificar al Departamento de Santander.

El expediente el recurso de queja fue repartido a este Despacho con el radicado
680013333008 – 2016 – 00253 – 06.

19 Ob. Cit. “Que corrió traslado de la nulidad advertida al ejecutante”.
20 Ob. Cit. “Que ordenó notificar la demanda al Departamento de Santander”.
21 Ob. Cit. “En cuanto dispuso reponer la forma de notificación del auto del 2 de marzo de 2021”.
22 Ob. Cit. “Que negó la solicitud de nulidad de lo actuado a partir del auto del 2 de marzo de 2021”.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

Ahora, teniendo en cuenta que con esta providencia se deja sin efectos el auto del
2 de marzo de 2021, es claro que la decisión del recurso de queja no encuentra
objeto, y, por tanto, se ordenará anexar y registrar al expediente digital 06 copia de
esta providencia como decisión que dispone cerrar el expediente del recurso de
queja, y ordenará la devolución del mismo al Juzgado de Origen.”

76. Desde este panorama, la Sala advierte que la acción de tutela no cumple con
el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional, por cuanto (i) el debate
planteado no está relacionado con la afectación de un derecho fundamental; (ii) la
solicitud de amparo se pretende utilizar como una instancia adicional del proceso
ordinario; y (iii) los cuestionamientos formulados se erigen sobre una cuestión
meramente legal.

77. En efecto, se observa que lo que pretende el accionante no es que se proteja
uno de sus derechos fundamentales, sino que se prive al departamento de
Santander de poder intervenir en el trámite del proceso ejecutivo en el que se dictó
el auto del 6 de junio de 2022.

78. Es decir, en realidad lo que se persigue es que se favorezca una estrategia
de litigio que busca que uno de los ejecutados no se pronuncie sobre la demanda
que se presentó.

79. Esto significa que el mecanismo de protección constitucional se está
utilizando para beneficiar el interés privado y particular del señor Elmar Navarro
Pérez, lo que no tiene importancia para la interpretación y aplicación de la
Constitución.

80. Esta conclusión encuentra respaldo en el análisis hecho al expediente
ordinario y del que se puede evidenciar que los apoderados del tutelante han
presentado una gran cantidad de recursos judiciales con el único objetivo de impedir
que se notifique formalmente al departamento de Santander del auto que libró
mandamiento de pago.

81. En este punto, conviene precisar que en la demanda de tutela la parte actora
aseguró que sus garantías resultaban lesionadas, pues se le estaba “privando de la
obtención del pago debido hace ya tantos años” por la “dilación” que produjo el auto
censurado, sin embargo, lo que se advierte es que el proceso no ha avanzado con
la celeridad que debería por el tiempo que implica resolver todas las constantes
peticiones que elevan los abogados de la parte ejecutante.

82. Al respecto, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga en el auto del 13 de abril de 2021, hizo la siguiente advertencia:

“De esta manera, quedan zanjados los argumentos propuestos por la parte
ejecutante por los que considera no debe traerse al proceso directamente al
Departamento de Santander y además establecida la forma en que deberá
notificarse el mandamiento de pago a dicho ente territorial, aspectos sobre los
cuales, a partir de la ejecutoria de la presente providencia, no procede recurso

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

alguno, en especial con las razones por las cuales se tiene como parte ejecutada
al Departamento de Santander, que como ya se dijo es una situación definida
desde el auto que libró el mandamiento de pago.” (Negrita y subrayado fuera del
texto)

83. Igualmente, esa misma autoridad judicial en el proveído del 6 de septiembre
de 2021, señaló:

“ii) el Departamento de Santander, como afectado con la falta de notificación tampoco
solicitó la declaratoria de nulidad y se procuró la garantía de sus derechos procesales,
por lo que lo actuado hasta el auto del 6 de septiembre de 2021 conserva plena
validez, estando pendiente únicamente que se venza el término concedido al ente
territorial para contestar la demanda el que no ha iniciado con ocasión de las
solicitudes de la parte actora que interrumpieron la ejecutoria de dicha
providencia, y por ende, el cómputo del término allí establecido”.

84. Por lo tanto, la presunta “dilación” a la que hace referencia el accionante no le
es imputable al Tribunal Administrativo de Santander por haber proferido el auto del
6 de junio de 2022.

85. Aunado a lo anterior, otro de los aspectos por los que no se supera el requisito
de la relevancia constitucional es que la acción de tutela se pretende utilizar como
una instancia adicional del proceso ordinario.

86. En efecto, la demanda de tutela reproduce los argumentos expuestos por el
señor Elmar Navarro Pérez en los recursos que presentó en el trámite ejecutivo en
el que se dictó la providencia censurada.

87. Al respecto, obsérvese:

Argumentos de la demanda Argumentos de los recursos
“El auto acusado es contrario al Debido Proceso, Recurso de reposición y, en subsidio, de
afectando el núcleo esencial de tal Derecho apelación contra el auto del 2 de marzo de 2021
Fundamental y que es el Acceso a la Justicia:
efectiva y en plazo razonable, a la vez que vulnera “(…)
principios de Legalidad y Preclusión, Juez Natural,
entre otros: Se trata del Auto de junio 6 del 2022 que Lo impugnado implicó declaración tácita de nulidad
según la foliatura del expediente ejecutivo, que es la procesal por indebida representación o bien de falta
que en adelante se citará, obra en el Archivo Digital de integración de contradictorio, pese a que no se
66. recurrió el mandamiento, retrotrayendo el proceso a
tal etapa. Con ello:
El Debido Proceso Constitucional, aquí afectado,
protege las garantías esenciales o básicas de Se accedió a una solicitud hecha por [apoderada de]
cualquier proceso. Tales garantías esenciales el Departamento de Santander, de manera
aparecen definidas en el Artículo 29 constitucional y independiente a la representación que de él ejerce el
entre ellas está comprendido el Principio de Contralor, sin reconocer eventual personería para
Predeterminación de las reglas procesales o principio actuar a su apoderada directa. Desconociendo
de legalidad; la vulneración comprometedora de entonces el derecho de postulación con que debía
contenidos constitucionalmente protegidos de este obrarse o al menos omitiendo el reconocimiento del
derecho puede [y debe] ser examinada en sede de mismo a través de la personería que tenía que
Tutela (Sentencias SU-152 de 2002, SU-1159 de otorgarse, con lo cual, de ser acaso procedente el
2003, T-685 de 2003, T-1246 de 2008 entre otras). reconocimiento, sobraría ordenar notificación
personal.
En el auto acusado el Tribunal Administrativo de
Santander al disponerse a resolver una apelación El auto omitió considerar de fondo, en su motivación,
contra providencia que tácitamente decretó una las razones que expuso la parte que represento, y
nulidad del proceso ejecutivo se limitó a, oficiosamente, la jurisprudencia que se informó, por

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

oficiosamente, dejar sin efecto tres autos, a saber: las que podría concluirse que el Departamento ya
del 2 de diciembre de 2019 [Que corrió traslado de la estaba notificado del mandamiento a través de su
nulidad advertida al ejecutante y no había sido objeto representante que es el Contralor y que justo por ello
de alzada], del 2 de marzo de 2021 [Que ordenó se dispuso, y quedo en firme la orden, seguir
notificar la demanda al Departamento de Santander], adelante la ejecución.
numeral primero de la parte resolutiva del de abril 13
del 2021 [En cuanto dispuso reponer la forma de El auto desconoció que, en subsidio, la notificación
notificación del auto del 2 de marzo de 2021], y del 6 se surtió por conducta concluyente con la
de septiembre de 2021 [Que negó la solicitud de presentación del poder conferido directamente por el
nulidad de lo actuado a partir del auto del 2 de marzo Departamento y que, dada la solicitud por éste
de 2021, etc.], retrotrayendo las actuaciones más realizada sin pedir nulidad, precluyó la posibilidad de
atrás de lo dispuesto por el juzgado en el auto reconocimiento de nulidad relativa a su propia
apelado. En vez de resolver lo recurrido conforme a notificación, la cual no procede declarar de oficio (lo
la pretensión impugnaticia que determinó su cual constituye, entre otros, defecto orgánico y
competencia, sin decir que ampliaba el rango de la procedimental), y que quedó saneado tal aspecto.
nulidad decretada tácita e indebidamente, la amplió,
también de manera velada, pues no dice decretar Que la notificación se le hizo al Contralor; que se
nulidad sino dejar sin efecto. Agravando la dilación hubiere realizado mal pero no se reparó en ello; que
para la materialización del acceso a la justicia quedó realizada por conducta concluyente, etc., en
correspondiente al pago de lo que adeuda la parte todo caso, no puede implicar que el ente territorial
ejecutada para poder terminar el proceso con pretenda actuar a través de su propia apoderada,
satisfacción de lo debido, es decir: impide pues para aquello está investido el Contralor. Su
materializar lo ordenado en una sentencia apoderado no puede ser desplazado por quien no
declarativa, que se procura ejecutar, y que data del tiene a cargo la representación legal. Lo contrario, de
año 2010, respecto a una actuación ilegal del año permitirse representación aparte para el
2000 Departamento y para la Contraloría, o directa y
exclusivamente para el Departamento, ignorando la
Se cumplen los requisitos que habilitan la que ejerce el Contralor, contravendría el Art. 159
procedencia de la Acción de Tutela, de los que se CPACA, generándose defecto sustantivo.
resaltará que: Para que el Departamento pudiera hacer una
1. Los asuntos que se desarrollaran tienen marcada solicitud al Juzgado debió realizarlo mediante
Relevancia Constitucional pues con ellos se vulneran apoderada, para validez procesal de la misma
mis Derechos Fundamentales y en consecuencia se tendría que habérsele reconocido personería para
pretende su restablecimiento, siendo que la actuar, pero ello, solamente si se cumplieron los
providencia acusada es antijurídica en aspectos que requisitos sustanciales y procesales pertinentes.
trascienden la esfera legal y el carácter apenas Cosa que no ocurrió.
económico. Debe dejarse sin efectos para evitar que
cause perjuicios irremediables como quiera que: La ley, y conforme a ella la Jurisprudencia del
genera aún más dilación para la obtención del pago Consejo de Estado, respecto a la legitimación y la
que permita la terminación del proceso, pese a que representación judicial de los entes territoriales a
hace años se presentó para aprobación la liquidación través de las contralorías correspondientes, es
del crédito y que existen depósitos judiciales, categórica. Así fue expuesto al descorrer el traslado
producto de medidas cautelares, con que se puede de la petición departamental y en memoriales del 27
obtener el pago.

En vez de ello, se me está privando de enero y 4 de marzo de 2020:
de la obtención del pago debido hace ya tantos años,
en desmedro del bienestar y unión de mi familia, Véase: Sección Segunda, Subsección B, Sentencia
pues me tocó salir del país en busca de de octubre 17 de 2017, Rad.
oportunidades de trabajo mientras se materializa el 080012333000201200017101:
pago de lo que estoy ejecutando.
(…)
2. Efecto Determinante. El auto acusado dispuso
crearle al Departamento de Santander la posibilidad En otra providencia, también del Consejo de Estado,
de solicitar la nulidad de lo actuado desde la en el Rad. 08001233300020130063201, auto de abril
notificación del mandamiento ejecutivo, 21 de 2016, se estableció:
desconociendo que la oportunidad precluyó y que no
se cumplen requisitos para dicha habilitación. (…)
Desconoce todas las oportunidades que tuvo el
Departamento para promover declaración de nulidad Es contradictoria la providencia al partir del supuesto
si es que estuvo indebidamente notificado o que la solicitud del ente territorial para ser notificado
representado, pues lo cierto es que recibió al menos fue “presentada por la apoderada del
estas notificaciones electrónicas: Del mandamiento DEPARTAMENTO DE SANTANDER” y aun así
de pago se notificó al Departamento de Santander y ordenar que entonces se notifique personalmente al
no solo a la Contraloría General de Santander como DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Además, que
se observa a folio 65 manuscrito del archivo digital N° tal notificación que se ordena realizar a la secretaría
01, y estos autos: el del 3 de agosto de 2017, del 12 deba hacerse al Departamento “por medio de su
de octubre de 2017, del 13 de abril de 2018, del 5 de representante legal o a quien hayan delegado la
julio de 2018, del 9 de octubre de 2018, del 20 de facultad de recibir notificaciones”, siendo que el
noviembre de 2018, del 23 de enero de 2020, del 10 representante legal del Departamento para procesos
de agosto de 2020, etc., también fueron notificados como el que nos ocupa es el Contralor, y este, ya

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

en forma electrónica al ente territorial. Incluso el está notificado no en representación de la
acusado. Contraloría, pues es un órgano carente de
personería jurídica, sino justamente en
3. El Tribunal tomó las decisiones que se acusan de representación del Departamento al que pertenece.
vulneratorias de derechos fundamentales, de Ello por virtud del Art. 159 CPACA. Y todo aquello: “a
manera extra y ultra petita y pese a que estaba efectos de que procedan a proponer las excepciones
resolviendo un recurso de alzada con apelante único que estimen pertinentes según lo dispuesto en el
le empeoró su situación. Se sustrajo de la pretensión artículo 442 del CGP”, pese a que la oportunidad ya
impugnaticia objeto del recurso, por tanto, obró sin precluyó.
competencia [Defecto Orgánico] y fuera de
oportunidad [Defecto Procedimental] puesto que hizo Por lo expuesto. Era necesario concluir, y a así se
caso omiso a que la posibilidad de pedir la nulidad se solicita, que el Departamento no puede actuar
agotó luego de la primera de aquellas múltiples directamente sino por conducto del Contralor; que el
notificaciones ya referidas en el numeral anterior, Contralor fue notificado del mandamiento ejecutivo
sobre las que adelante se ahondará en detalles. (no simplemente de pago sino ejecutivo) teniendo la
representación judicial del Departamento de
4. El objeto del recurso de apelación que el Tribunal Santander– Contraloría General de Santander que
debía resolver se contraía a revocar o no una es la parte ejecutada, parte unitaria y no plural ni
decisión del Juzgado 8° Administrativo Oral de bicéfala; y que, de haber existido acaso algún reparo
Bucaramanga, contenida en el ordinal primero del en relación con la legitimación por pasiva y/o la
auto en que, en septiembre 6 de 2021 se negó anular representación de la pasiva, ya se encuentra
todo lo actuado desde marzo 2 de 2021. Para que, precluída la oportunidad para alegarlo y quedó
en su lugar, se accediera a declarar expresamente subsanada la integración del contradictorio, el cual ya
las nulidades solicitadas: a. el 19 de abril de 2021 en concluyó, con la firmeza de la providencia que
memorial visible en la Carpeta 01: Archivo 32 que fue ordenó seguir adelante la ejecución y que no puede
modificado o reformado en el Archivo 35, folios 6 a desconocerse.
11) por causales previstas en los Artículos: 133
numeral 2 (nulidad que es insaneable según Art. 136 Entonces. Finalmente, por Economía Procesal y en
del C.G.P.) y 29 de la C.P. y b, además, siendo aras de Celeridad, se insiste en solicitar aprobar la
distinta pero complementaria, según solicitud de liquidación del crédito visible a folios 225 s.s., de la
mayo 6 de 2021 visible en el archivo 35 y que se pidió que se surtió traslado, actualizándola a la fecha del
acumular, por vulneración al derecho de auto correspondiente y, aparte, se corra traslado a
contradicción previsto también en el Art. 29 de la C.P. liquidación de costas incluyendo agencias en el
y por las causales 5 y 6 que prevé el Art. 133 C.G.P. máximo posible.” (Sic a toda la transcripción)

5. Se sustentó la apelación en que el auto de Solicitud de nulidad presentada el 19 de abril de
septiembre 6 de 2021 negó que lo decretado en 2021
marzo 2 de 2021 significó el reconocimiento de una
nulidad, pero en la práctica dejó sin efecto la “IABogados S.A.S. apoderada del ejecutante a través
providencia que ordenó seguir la ejecución pese a del suscrito, conforme al poder que presentó dentro
que estaba en firme, porque, de ser verdad que no le de la ejecutoria del auto de abril 13, y que se acepta.
había sido notificado el mandamiento al Respetuosamente solicita personería y: Reconocer y
Departamento de Santander, tendría que empezar decretar nulidad, insaneable según prevé el Art. 136
de nuevo del proceso. Y era contradictorio que el C.G.P. comprendiendo parte del auto de marzo 2 de
auto de marzo 2 del 2021 ordenara notificarle 2021. Por estas causales previstas en el Art. 133.2
personalmente el mandamiento al Departamento de C.G.P. y 29 de la C.P.:
Santander, siendo que en el propio auto se reconoce
que éste tiene apoderada judicial y tal 1. Proceder contra providencia ejecutoriada del
reconocimiento aludido ocurrió en un auto de superior: la que por parte del Tribunal confirmó la
diciembre 2 del 2019, quince meses atrás, así: orden de seguir adelante la ejecución.

Todo ello significa que, aunque no se hubiera 2. Pretermitir integralmente la instancia: en lo
empleado una frase usual para el reconocimiento de correspondiente al incidente de nulidad: al disponer
personería, en el auto del 2 de diciembre de 2019 se notificarle el mandamiento directamente al
reconoció a la actuante apoderada del Departamento Departamento de Santander y tenerlo por notificado
de Santander (véase el poder ejercido por Luz por conducta concluyente, retrotrayendo el proceso a
Adriana Moncada en el Archivo 6, fl.79) como tal, y la etapa de Litis Contestatio, de manera inoportuna;
con ello, si es que no estuviere notificado antes, se sin trámite incidental que precediera tal decisión ni
configuró la notificación por conducta concluyente al solicitud anulatoria en debida forma por el
ente territorial. No obstante. La notificación del Departamento.
mandamiento sí se había efectuado antes, conforme
a los mensajes de datos referidos en el Archivo 35, 3. Vulneración al Debido Proceso.
folios 1 a 3 y 7 a 9, pero la evidencia de tales
notificaciones no fue analizada por el Tribunal (…)
Administrativo de Santander en el auto acusado.
Reparo: El tema de la representación judicial
6. Había sido el Juzgado quien consideró que las (comparecer al proceso) no se determinó ni podía
constancias secretariales de notificación, como las determinarse en la sentencia ejecutada, pues es un
que referiremos en folios 5 a 7 de este escrito, dan aspecto procesal de orden público establecido en la
cuenta no de una notificación personal sino del envío ley y para el presente caso es aplicable el Art. 159

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

de los estados, que es un trámite diferente y no suple CPACA [que no se circunscribe a las actuaciones de
la notificación. Pero eso no es cierto, pues al tenor naturaleza fiscal] como quiera que el proceso se
del Art 197, inciso 2°, CPACA habiéndose enviado al funda en una actuación, de carácter negativo, de la
buzón de correo electrónico de la entidad, implican Contraloría: el incumplimiento al reintegro laboral
notificación personal que el Tribunal evadió ordenado judicialmente.
reconocer en el auto acusado, sin razón.
(…)
7. El Departamento de Santander conocía y ha
seguido recibiendo todas las providencias que se han Reparo. Ya forma parte de la pasiva, desde el
proferido en el proceso ejecutivo. Luego, no era mandamiento ejecutivo y se integró al contradictorio
necesario ponerlo en conocimiento de lo que ya desde que se notificó al Contralor, pues éste es el
conocía y, ordenar hacerlo, como se hizo en el auto representante judicial del Departamento en procesos
acusado para permitirle revivir indebidamente etapas originados en actividad del órgano de control, como
procesales constituye Defecto Procedimental el presente ejecutivo fundado en su incumplimiento
Absoluto, afectando los principios constitucionales y al reintegro. No se trata de dos entidades sino de una
generales del derecho, dado lo previsto en el Art. 11 entidad territorial y su órgano de control, que en
CGP, especialmente lo atinente a exigir o cumplir procesos como este la representa judicialmente.
formalidades innecesarias y que afectarían el
Principio de Preclusión. (…)

8. El envío judicial de todos y cada uno de los Reparo. La situación estaba subsanada no solo con
mensajes de datos referidos no fue simplemente la notificación a la Contraloría sino con la firmeza de
epistolar ni de cortesía o accesorio. Cada uno fue la providencia que ordenó seguir adelante la
una notificación electrónica y por tanto personal ejecución, pues tal orden quedó comprendida en una
según resulta claro en el segundo inciso del Art. 197 sentencia como quiera que no se limitó a lo dispuesto
CPACA, que no exige sino haberlas surtido a través en el Art. 440 CGP, y siendo que la nulidad que
del buzón electrónico de la entidad. Si tales tácitamente se reconoció no estuvo generada en
notificaciones fueron acaso imperfectas, que no fue aquella, no era procedente la nulidad implícita en lo
así. El eventual afectado [a través de su Apoderada decretado en marzo 2/21 y menos si se tiene en
Luz Adriana Moncada, por ejemplo] debió alegarlo cuenta que la nulidad no fue propuesta o alegada por
pidiendo expresamente que se reconociera eventual el ente territorial supuestamente afectado.
nulidad, en su primera actuación. Pero no lo hizo.
(…)
9. El ente territorial a través de la Abogada Luz
Adriana Moncada, reconocida como apoderada en el Reparo: En relación con la notificación por conducta
auto de diciembre 2 del 2019, presentó su poder concluyente prevista en el inciso segundo del artículo
(Archivo 6, fl.79) y actuó en mayo 28 de 2019 y en 301 C.G.P. se previó que ocurre: “el día en que se
octubre 23 del 2019 (fls. 276 a 290, contenidos en la notifique el auto que le reconoce personería, a
Carpeta 01, Archivo 06, fls. digitales 51 a 80). menos que la notificación se haya surtido con
Conforme a ello, la Señora Juez en el auto de anterioridad” (subraya fuera de texto). En el presente
diciembre 2 de 2019 reconoció el apoderamiento, caso había ocurrido con anterioridad, pues a la
aunque no se hubiera empleado una frase usual para apoderada Moncada tácitamente se le estaba
el reconocimiento de personería. No implicó reconociendo como tal desde el auto de diciembre
notificación por conducta concluyente al ente 2/20; el Departamento había quedado notificado a
territorial, porque ya estaba notificado desde marzo través de la Contraloría; tal presupuesto procesal se
del 2017. De ahí que sea un exabrupto el tuvo por cumplido al proferir providencia que ordenó
reconocimiento de conducta concluyente realizado seguir adelante la ejecución y, con la firmeza de esta,
en el auto de abril 13 del 2021 [archivo digital 28]. siendo que la supuesta irregularidad no ocurrió en la
misma, no es procedente anular nada actuado con
10. Ni en su primera ni en su segunda actuación la anterioridad. Abogada Luz Adriana Moncada, apoderada del
Departamento, alegó la posible nulidad por falta de Otras consideraciones
notificación o acaso por indebida representación,
quedando saneada, si es que tenía algo por sanear, El Art. 209.1 CPACA establece que solo se
la notificación del mandamiento (Art, 136.1 CGP), así tramitarán como incidente: las nulidades del
como la de las demás providencias si alguna no fuera proceso…
consecuencia de la del mandamiento y si es que
realmente éste no estaba notificado antes. Lo cual se El Art. 210 ibídem determina que la solicitud y trámite
evidenció así: incidental se someterá a las siguientes reglas: Quien
promueva un incidente deberá expresar lo que pide,
11. El Mandamiento de marzo 8/17 fue notificado los hechos en que se funda y las pruebas que
personalmente no solo a la Contraloría General de pretenda hacer valer. Santander sino al Departamento de Santander
[según foliatura manuscrita que referiré del Archivo Mediante auto de diciembre 2 de 2020 el TAS
01] folio 65 (tener presente el inciso segundo del Art. resolvió apelación contra el auto que ordenó seguir
197 CPACA): adelante la ejecución conforme al Art. 440 C.G.P. En el Art.

207 el CPACA estableció la clausura de
(…) etapas procesales con el control de legalidad para
sanear los vicios que acarrean nulidades y que se
practica al cierre de cada etapa. Ello es predicable,

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

El auto de agosto 3 de 2017 (fl. 136 s.s.) también se claro está, del mandamiento ejecutivo, de la
le notificó electrónicamente (fl.139): integración del contradictorio y también de la
providencia con que se ordenó seguir adelante la
(…) ejecución y que quedó en firme.

El auto de octubre 9/17 igual se le notificó electrónica Podría considerarse que por virtud del Art 134 C.G.P.
y por tanto personalmente al Departamento (fl.145): en el proceso ejecutivo, la nulidad por indebida
representación o falta de notificación en legal forma
(…) puede declararse incluso con posterioridad a la orden
de seguir adelante la ejecución. Cuando exista
También la providencia del 13 de abril del 2018 litisconsorcio necesario y se hubiere proferido
sentencia, esta se anulará y se integrará el
(…) contradictorio. Pero ello debe cumplir estos
presupuestos y características: *El juez resolverá la
También se le notificó al Departamento el auto de solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica
julio 5 de 2018 con que se consolidó el mandamiento de las pruebas que fueren necesarias y **Solo
en el Tribunal (Carpeta 01, Archivo cuatro fl. 65 beneficiará a quien la haya invocado.
digital): En el presente caso el contradictorio se integró desde
(…) que se notificó el mandamiento ejecutivo al
Departamento a través del Contralor. Esto no fue
Del mismo modo se le notificó al Departamento, alegado como causal de nulidad por la Contraloría en
incluso a su apoderada Luz Adriana Moncada algún momento, ni por el Departamento al momento
(nanimondi@hotmail.com…) la providencia de en que el ente territorial actuó a través de apoderada
octubre 9 de 2018, ordenando seguir adelante la en mayo 28 de 2019 solicitando que se le notificara,
ejecución: como si no estuviera notificado ya y como si tal
apoderada no pudiera acaso consultar el expediente
(…) físicamente y las actuaciones a través del sistema
digital en que se registran. Igual, el auto de noviembre 20 de 2018 concediendo
apelación: Si bien el Art. 137 C.G.P. prevé el trámite de
advertencia de la nulidad al afectado, en este caso al
(…) Departamento y que tal auto de advertencia, cuando
se refiera a las causales 4, 6 y 7 del Art. 133 ib. se le
La providencia de enero 23/20, del Tribunal, también publicitará conforme a las reglas generales de
(fl.102 s.s.): notificación para que la alegue, en el presente caso
no había lugar a notificársela al Departamento, pues
(…) desde mayo 28 de 2019 él mismo, a través de
apoderada, reclamó, pero no alegó nulidad alguna y
Lo mismo el auto del 10 de agosto de 2020 (Carpeta para ello el legislador en el Art. 137 CGP estableció
06, Cuaderno “Adición”): la consecuencia: esta quedará saneada y el proceso
continuará su curso; solo en caso contrario el juez la
(…) declarará. Pero aquí la Señora Juez la declaró, pese
a que no era de las que procedían de oficio y a que
No obstante. El Departamento a través de su no le fue alegada ni se dispuso oportunamente. Abogada Luz Adriana Moncada, en mayo 28 de 2019
(archivo 6), se limitó a pedir que se le notificara No existió trámite incidental, pese a lo previsto en el
personalmente, sin plantear la nulidad procesal de lo Art. 209 CPACA, precisamente porque no fue
anterior, porque simplemente ya estaba notificado, y alegada en oportunidad.
no lo cuestionó, porque hubiera sido indebido y
extemporáneo. Apostándole a posar de ignorante de Igualmente. Se ignoraron los requisitos establecidos
todo lo que se le había notificado desde marzo 8 del en el Art. 135 CGP. Que parten del presupuesto de
2017, así lo acogió el Juzgado pese a la referida la necesaria alegación de parte y que la parte que
evidencia que acredita lo que estuvo notificado desde alegue una nulidad deberá tener legitimación [no solo
entonces y con eso el juzgado incurrió en las sustancial sino, claro, procesal].
causales de nulidad 2, 5 y 6 que establece el Art. 133
CGP, de las que la número 2 es insaneable al tenor Que para proponerla debe expresar la causal
del parágrafo del Art. 136 ib. [por lo que se formuló el invocada y los hechos en que se fundamenta, y
recurso de apelación que el Tribunal tenía que aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer
resolver, pero en vez de hacerlo profirió la valer.
providencia acusada].

Y que no podrá alegar la nulidad quien después de
La Señora Juez generó los efectos de la nulidad, ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin
aunque no la llamara por su nombre y el Tribunal, en proponerla. Siendo que: “La nulidad por indebida
el auto acusado, mantuvo la anomalía e hizo aún representación o por falta de notificación o
peor la situación: la amplió a un periodo superior y emplazamiento solo podrá ser alegada por la
para abrirle expresamente la posibilidad al persona afectada”. (Sic a toda la transcripción)
Departamento para alegar ahora una nulidad que, de
haber existido, fue saneada con la ejecutoria del Recurso de apelación contra el auto del 6 de
septiembre de 2021

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

mandamiento ejecutivo, notificado en marzo 8 del
2017. “(….)

Más Defectos Sustantivos y Procedimentales Pese a que se evidencian las causales de nulidad
alegadas, el auto que se impugna negó su
Se ignoraron los requisitos establecidos en el Art. reconocimiento al considerar: que lo decretado en el
135 CGP. Que parten del presupuesto de la auto del 2 de marzo del 2021 no significa
necesaria alegación de parte y que la parte que reconocimiento de una nulidad. Pero ello desconoce
alegue una nulidad deberá tener legitimación [no solo que en la práctica dejó sin efecto la providencia que
sustancial sino, claro, procesal]. ordenó seguir la ejecución pese a que estaba en
firme, porque, de ser verdad que no le había sido
Que para proponerla debe expresar la causal notificado el mandamiento a uno de los litisconsortes,
invocada y los hechos en que se fundamenta, y tendría que ordenarse de nuevo: seguir adelante la
aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer ejecución o proferir sentencia.
valer.
No obstante. Consideró el auto:
Y que no podrá alegar la nulidad quien después de
ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin (…)
proponerla. Siendo que: “La nulidad por indebida
representación o por falta de notificación o Es contradictorio que el auto del 2 de marzo del 2021
emplazamiento solo podrá ser alegada por la ordene notificarle personalmente el mandamiento al
persona afectada”. Departamento de Santander, siendo que en el propio
auto se reconoce que éste tiene apoderada judicial y
Haber retrotraído el proceso a antes del dos de tal reconocimiento aludido se remonta al auto de
diciembre de 2019, Haciendo caso omiso al ejercicio diciembre 2 del 2019, quince meses atrás, como se
del poder a cargo de la Dra. Luz Adriana Moncada aprecia en ambos:
[archivo digital PDF 01, fl. 142 – carpeta 07 Apelación
de sentencia; y archivo digital PDF 06, fl. 57, etc.], Dice el de marzo 2 del 2021:
para revivirle al Departamento la posibilidad de pedir
la nulidad, pese a que actuó sin proponerla. Riñe con (…)
el respeto a la igualdad entre las partes y además al
disponer que la situación se ponga en conocimiento A su vez, el aludido auto del 2019 estableció:
de un sujeto procesal que ya la conoce y que la
subsanó, si es que tenía alguna irregularidad, atenta (…)
contra el Principio de Preclusión y contra lo dispuesto
en el Art. 11 del CGP que proscribe formalidades Todo ello significa que, aunque no se hubiera usado
innecesarias, constituyendo Defecto Procedimental una frase usual para el reconocimiento de
Absoluto. personería, en el auto del 2 de diciembre de 2019 se
reconoció a la actuante apoderada del Departamento
Con la pretermisión de la instancia correspondiente de Santander (véase el poder ejercido por Luz
al incidente de nulidad para dejar sin efecto lo que el Adriana Moncada en el Archivo 6, fl.79) y con ello, si
auto acusado ha dejado sin efecto, se incurrió es que no estuviere notificado antes, se configuró la
además en estas irregularidades: notificación por conducta concluyente al ente
territorial.
c. Omisión de oportunidad para solicitar, decretar o
practicar pruebas y No obstante, la notificación del mandamiento sí se
había efectuado antes conforme a los mensajes de
d. Omisión de oportunidad para alegar de conclusión. datos referidos en el Archivo 35, folios 1 a 3 y 7 a 9,
pero la evidencia de tales notificaciones no bastó
En el acusado auto de junio 6 de 2022, archivo digital para anular lo actuado desde marzo 2/21, pues al
66, en su folio 6, el Tribunal Administrativo de respecto concluyó el auto que se impugna:
Santander consideró que existe precisión sobre
estos aspectos: (…)

(…) A dicha razón decisoria del juzgado se replica así:

Pero eso no es cierto. Esa conclusión es El envío de todos y cada uno de los mensajes
contraevidente. En realidad, la demanda y el referidos no fue simplemente epistolar, fue una
mandamiento ejecutivo reformado y definitivo sí fue notificación electrónica y por tanto personal según
notificado, además de a la Contraloría que es quien resulta claro en el Art. 197 CPACA que no exige sino
tiene la representación judicial del Departamento, al haberlas surtido a través del buzón electrónico de la
propio Departamento de Santander. entidad.

Como se expuso en los folios 5 a 7 de este escrito y Si tales notificaciones fueron acaso imperfectas el
ha de verificarse en el expediente del ejecutivo: al eventual afectado [a través de su reconocida
respecto obran pruebas, según puede observarse a Apoderada Luz Adriana Moncada] debió alegarlo
folio 65 manuscrito del archivo digital N° 01, y pidiendo expresamente que se reconociera eventual
respecto a estos autos: el del 3 de agosto de 2017, nulidad, pero no lo hizo.
del 12 de octubre de 2017, del 13 de abril de 2018,
del 5 de julio de 2018, del 9 de octubre de 2018, del

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

20 de noviembre de 2018, del 23 de enero de 2020, El ente territorial a través de la Abogada Luz Adriana
del 10 de agosto de 2020, etc., fueron notificados en Moncada presentó el poder y actuó en mayo 28 de
forma electrónica al ente territorial y no solo a su 2019 y en octubre 23 del 2019 (fls. 276 a 290,
contralor. Todos los autos, incluso el acusado. contenidos en la Carpeta 01, Archivo 06, fls. digitales
51 a 80). Conforme a ello, la Señora Juez en el auto
Desconocerlo implicó Defecto Sustantivo o Material de diciembre 2 de 2019 reconoció el apoderamiento.
1 , pues se hizo caso omiso a la normativa sobre
notificación y representación judicial del ente Ni en su primera ni en su segunda actuación la
territorial en cabeza de su Contralor (Art. 159 apoderada alegó la posible nulidad, quedando
CPACA); también desconoció lo previsto en el saneada la notificación del mandamiento, así como
segundo inciso del Art. 197 CPACA respecto a que la de las demás providencias, lo cual se evidenció
toda notificación electrónica es personal. así:

De otro lado. El caso omiso a lo acreditado en los El Mandamiento de marzo 8/17 fue notificado
referidos folios en que obran las constancias de la personalmente no solo a la Contraloría General de
publicidad que se dio a las providencias a través del Santander sino al Departamento de Santander
canal digital que para notificaciones tiene dispuesta [según foliatura manuscrita que referiré del Archivo
la Gobernación del Departamento de Santander, 01] folio 65 (tener presente el inciso segundo del Art.
implicó Defecto Fáctico. 197 CPACA):

El Tribunal no realizó valoración probatoria de todas (…)
y cada una de las notificaciones realizadas durante
el proceso al Departamento de Santander. No valoró El auto de agosto 3 de 2017 (fl. 136 s.s.) también se
ninguna. Ello implica Defecto Fáctico en su le notificó electrónicamente (fl.139):
dimensión negativa. Como es bien sabido, ésta tiene
lugar cuando el juzgador niega o valora la prueba de (…)
manera arbitraria, irracional y caprichosa, o
simplemente omite su valoración, y sin razón El auto de octubre 12/17 igual se le notificó
valedera da por no probado el hecho o la electrónica y por tanto personalmente al
circunstancia que de la misma emerge clara y Departamento (fl.145):
objetivamente. Esta dimensión comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes (…)
para identificar la veracidad de los hechos analizados
y a ello se llegó en el folio 6, numeral 3, primer guion, También la providencia del 13 de abril del 2018
del auto acusado.
(…)
Con todo. Se incurrió también en inmotivado
Desconocimiento de Precedentes, por ejemplo, al También se le notificó al Departamento el auto de
ignorar lo atinente a la representación de los entes julio 5 de 2018 con que se consolidó el mandamiento
territoriales en procesos originados en acción u en el Tribunal (Carpeta 01, Archivo cuatro fl. 65
omisión de sus órganos de control. La jurisprudencia digital):
del Consejo de Estado respecto a la legitimación y la
representación de los entes territoriales a través de (…)
las Contralorías correspondientes, ha expuesto:
También se le notificó al Departamento, incluso a su
(…) apoderada Luz Adriana Moncada (nanimondi…) la
providencia de octubre 9 de 2018, ordenando seguir
El proceso ejecutivo en que se profirió el auto que se adelante la ejecución:
acusa, se inicia con ocasión de actividad negativa o
de omisión del órgano de control fiscal del (…)
Departamento de Santander, respecto al
acatamiento a una orden de reintegro y de pagos, Igual el auto de noviembre 20 de 2018 concediendo
consecuentes a una condena laboral. De ahí que apelación:
quien representa al Departamento sea el Contralor.
No obstante, en todo caso, todas las providencias del (…)
ejecutivo se han notificado simultáneamente a todos
los sujetos procesales incluyendo envíos al buzón La providencia de enero 23/20, del Tribunal, también
digital del Departamento. (fl.102 s.s.):
Por ello debieron rechazarse de plano las solicitudes
del Departamento, tanto la de mayo del 2019 (fls. (…)
276-278 y poder fl. 279) como la de julio 31 de 2020,
de la que se cumplió traslado que se descorrió los Lo mismo el auto del 10 de agosto de 2020 (Carpeta
días 26 y 27 de agosto de ese mismo año. 06, Cuaderno “Adición”):

Pero. Volviendo al folio 6 del auto acusado. Dice: (…)

Aunque eso es cierto. En el auto acusado se olvidó No obstante. El Departamento a través de la Dra. Luz
que quien alega la nulidad apenas en esa etapa Adriana Moncada, en mayo 28 de 2019 (archivo 6),se
posterior al auto ejecutivo, debió estar en limitó a pedir que se le notificara el mandamiento, sin
imposibilidad de actuar antes. El Tribunal invocó el pedir la nulidad de lo actuado antes porque

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

Art.134 del CGP, subrayando solo el inciso tercero, simplemente ya estaba notificado, y no lo cuestionó
pero pasó por alto que para que la nulidad por porque hubiera sido extemporáneo, apostándole solo
indebida representación o falta de notificación a posar de ignorante de todo lo que se le había
puedan alegarse en el proceso ejecutivo incluso con notificado desde marzo 8 del 2017 y así lo ha acogido
posterioridad a la orden de seguir adelante con la el Juzgado pese a la evidencia que acredita lo
ejecución el legislador condiciona: “si no se pudo contrario y con eso incurre en las causales 2, 5 y 6
alegar por la parte en las anteriores oportunidades” y legales de nulidad: y para ello el legislador en el Art.
que la misma norma citada tiene como presupuesto 137 CGP estableció la consecuencia: esta quedará
judicial para resolver: que exista solicitud de nulidad. saneada y el proceso continuará su curso; solo en
caso contrario el juez la declarará. Pero aquí la
(…) Señora Juez generó los efectos de la nulidad,
aunque no la llamara por su nombre. La providencia acusada invocó el artículo 137 CGP,
pero se enfocó tan solo en que en cualquier estado La decisión de retrotraer el proceso a la
del proceso el Juez ordenará poner en conocimiento litiscontestación vulnera lo previsto en el Art. 209
de la parte afectada las nulidades que no hayan sido CPACA, precisamente porque no fue alegada
saneadas, y luego de notificar, si dentro de los 3 días nulidad en oportunidad.
siguientes dicha parte no alega la nulidad, está
quedará saneada y el proceso continuará su curso. Igualmente. Se ignoraron los requisitos establecidos
Pero pasa por alto que: para que sea el juez quien en el Art. 135 CGP. Que parten del presupuesto de
deba poner en conocimiento de la parte afectada tal la necesaria alegación de parte y que la parte que
nulidad, dicha parte afectada hasta entonces debe alegue una nulidad deberá tener legitimación [no solo
desconocerla y en el caso que nos ocupa, no la sustancial sino, claro, procesal].
desconocía. Que para proponerla debe expresar la causal
(…) invocada y los hechos en que se fundamenta, y
aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer
Podría pensarse entonces que en el auto acusado lo valer.
que se realizó fue Control de Legalidad. Pero no es
admisible porque ese control se ejerce al finalizar Y que no podrá alegar la nulidad quien después de
cada etapa del proceso y respecto a lo actuado hasta ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin
entonces. No puede afectar el Principio de proponerla. Siendo que: “La nulidad por indebida
Preclusión, pues no habilita reabrir etapas representación o por falta de notificación o
precluidas, nulitarlas ni desconocerlas de modo emplazamiento solo podrá ser alegada por la
alguno, menos realizando actuaciones reservadas persona afectada”.
para las partes y para oportunidades precisas. Pasarlo por alto sí es contrario al Debido Proceso y Todo ello implicó que:
afecta lo dispuesto en el Art. 117 CGP y en general
el Principio de Preclusión esencial para la Seguridad a. Se procedió contra providencia ejecutoriada del
Jurídica (Ej. Corte Constitucional A232-01). superior que confirmó la providencia que ordenó
seguir adelante la ejecución. En el auto acusado se olvidó que la competencia del
Tribunal en segunda instancia se limitaba a resolver, b. Se pretermitió íntegramente la respectiva instancia
de un lado, el recurso de queja (actuación cuyo que correspondía al incidente de nulidad: al disponer
radicado terminaba en 06) y de otro, a resolver la notificarle el mandamiento directamente al
apelación específica y se circunscribía a la Departamento de Santander y tenerlo por notificado
pretensión impugnaticia con su sustentación, es decir por conducta concluyente dado el poder de la Dra.
a los reparos concretos expuestos ante el inferior. Se Jácome pero haciendo caso omiso al ejercido por la
incurrió en Defecto Sustantivo y también Dra.

Luz Adriana Moncada, retrotrayendo el proceso
Procedimental al olvidarse del Art. 328 del CGP. a la etapa de Litis Contestatio, de manera inoportuna;
sin trámite incidental que precediera tal decisión ni
Concluyendo: constituye vía de hecho haber solicitud anulatoria en debida forma por el
dispuesto que el A-quo debía poner en conocimiento Departamento.
del Departamento de Santander la causal de nulidad
que advirtió [lla Juez (sic)], para que dentro (sic) Con la pretermisión de la instancia correspondiente
luego de la notificación pertinente el ente territorial al incidente de nulidad se incurrió además en estas
manifestará si interponía o no la nulidad. Porque, irregularidades:
como ya se expuso, el ente territorial estaba
notificado a través de su contralor o, en subsidio, c. Omisión de oportunidad para solicitar, decretar o
directamente y pese a ello, de existir acaso alguna practicar pruebas y
irregularidad, no promovió oportunamente la
declaración de la posible nulidad, si es que existía. d. Omisión de oportunidad para alegar de conclusión,
lo cual no podría subsanarse con el simple traslado
La irregularidad partió de supuestos contrarios a la de la solicitud de la Dra. Luz Adriana Moncada, de
realidad, expuestos en el folio 5 del auto acusado, al mayo 28 del 2019.
concluir que no se notificó el mandamiento al
Departamento, así: e. La base de aquel ciclo se constituyó así: Sin que
hubiere corrido efectivamente el traslado de la
(…) solicitud de la Dra. Luz Adriana Moncada realizada el
28 de mayo de 2019 en representación del

24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

Como ha quedado expuesto, en realidad el mensaje Departamento. Al resolver el recurso del ejecutante
de marzo 8 del 2017 a las 6:54 PM, también fue contra el auto de diciembre 2 de 2019 (Archivo 06, fl.
enviado al buzón de notificaciones del Departamento 81) que dispuso tal traslado en, el 2 de marzo de
de Santander, según atrás hemos mostrado. 2021 (archivo 25) se vulneró el derecho de
contradicción, completándose la vulneración al
El Mandamiento fue notificado personalmente no Derecho al Debido Proceso, que es Fundamental y
solo a la Contraloría General de Santander sino al que en sí mismo puede ser generador de nulidad de
Departamento de Santander como ya se había estatus Constitucional.” (Sic a toda la transcripción)
demostrado: Archivo 01, folio con manuscrito 65
(tener presente el inciso segundo del Art. 197
CPACA):

(…)

Todos los autos se le notificaron al Departamento,
como se ilustró en los folios 5 a 7 de este escrito y se
evidencia en el expediente del ejecutivo, que se
solicita pedir en su versión física para facilitar la
consulta, cotejos y constataciones.” (sic a toda la
transcripción)

88. Teniendo en cuenta la comparación hecha, se precisa que la Corte
Constitucional ha insistido en que uno de los objetivos del requisito de relevancia
constitucional es que la acción de tutela no se convierta en una “tercera instancia” en
la que se vuelvan a debatir los asuntos ya resueltos por los jueces ordinarios.

89. Lo anterior, con el fin de preservar la competencia y autonomía del juez
natural y, además, porque la solicitud de amparo no puede ser utilizada para debatir
las inconformidades de una parte procesal a la que una decisión le fue adversa, sino
para proteger derechos fundamentales.

90. En el caso que ocupa a la Sala, es evidente que la demanda de tutela se
erige sobre los mismos cuestionamientos que fueron objeto de pronunciamiento por
parte del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y del
Tribunal Administrativo de Santander.

91. Igualmente, se pone de presente que el asunto comporta una discusión
meramente legal, pues el accionante considera que las normas que regulan las
nulidades procesales deben aplicarse de tal manera que se favorezca su estrategia
de litigio en el proceso ejecutivo, es decir, que el departamento de Santander no
sea notificado del auto que libró mandamiento de pago y no pueda ejercer su
derecho de defensa.

92. En este punto, conviene precisar que la competencia para determinar cómo
se debe aplicar e interpretar una disposición legal o reglamentaria le corresponde al
juez ordinario y no al constitucional, a menos de que se logre argumentar
razonablemente que, en realidad, se lesionó una garantía de orden superior.

93. En esta controversia no se entiende cómo, lógicamente, el hecho de que se
le permita al departamento de Santander conocer e intervenir en el proceso
ejecutivo lesiona o amenaza alguno de los derechos fundamentales del señor Elmar
Navarro Pérez.

25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

94. Lo que se observa es que la inconformidad del accionante se fundamenta en
su capricho de obtener un nuevo pronunciamiento que sea favorable a sus
intereses, pero no logra explicar cómo sus cuestionamientos trascienden al plano
constitucional.

95. Por último, se advierte que el simple alegato de una vulneración al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, como en el caso en cuestión, no
conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en la
demanda medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever
que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

96. Así las cosas, la acción de tutela que ejerció el señor Elmar Navarro Pérez
no cumple con el requisito de relevancia constitucional y, por ello, habrá que
declararse su improcedencia.

2.6. Conclusión

97. La acción de tutela que ejerció el señor Elmar Navarro Pérez es
improcedente, comoquiera que no supera el requisito de procedibilidad adjetiva de
la relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con
los argumentos expuestos en el numeral 2.2.1. de la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación presentada por el departamento de
Santander de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. de la
parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por el señor
Elmar Navarro Pérez por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva de la
relevancia constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en el
numeral 2.5.1. de la parte considerativa de esta providencia.

26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elmar Navarro Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06545-00

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

27

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.