RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05671-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05671-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05671-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó la solicitud de amparo, para en su lugar, DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela elevada por el señor Marco Aurelio Forigua Roa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05671-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de febrero de 2023

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05671-01
Demandante: MARCO AURELIO FORIGUA ROA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 24
de noviembre de 2022, por medio del cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
denegó la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Marco Aurelio Forigua Roa, por conducto de apoderado judicial, interpuso1
acción de tutela para que le fuera protegido su derecho fundamental al debido
proceso.

La referida garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión de la
sentencia de 17 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” mediante la cual se revocó el
fallo del Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Girardot,
de 19 de noviembre de 2021, que había accedido a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, proceso identificado con el radicado N.° 25307-33-33-
001-2020-00103-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“4.1. Se TUTELE el derecho constitucional fundamental del DEBIDO PROCESO

4.2. Se deje sin efectos la sentencia de fecha 17 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y como consecuencia se ordene a dicho

1 La demanda se presentó el 25 de octubre de 2022.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

Tribunal se profiera un nuevo fallo de segunda instancia aplicando la Constitución, la Ley
y la Jurisprudencia de las altas cortes.

4.3. Vincular al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
GIRARDOT y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP – para
que ejerzan su derecho de defensa”.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. La extinta Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal EICE– reconoció una
pensión gracia a favor de la señora Mariela Hernández de Forigua, efectiva a partir del
6 de febrero de 1996, la cual devengó hasta el 17 de enero de 2015, fecha de su
fallecimiento.

1.3.2. Con petición del 1° de octubre de 2018, el tutelante solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP– el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de la
referida prestación social, en su calidad de cónyuge supérstite de la causante, señora
Mariela Hernández de Forigua, con quien había contraído matrimonio el 18 de octubre
de 1975, lo cual fue denegado por la entidad, con sustento en que desde el año 1995,
estaban separados de cuerpos y no tenían ninguna relación sentimental, además, que
existía un documento notarial en la que la beneficiaria solicitaba que la pensión le fuera
entregada a sus hijas.

1.3.3. En atención al anterior panorama, el señor Forigua Roa presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP-, con el fin de solicitar la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.

1.3.4. El conocimiento del asunto en primera instancia le correspondió al Juzgado
Primero (1°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Girardot, autoridad judicial que
en sentencia de 19 de noviembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones
invocadas, ello, por cuanto consideró que el demandante cumplía con los requisitos
previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiario de la sustitución
pensional de su difunta esposa.

1.3.5. La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” en fallo
de 17 de agosto de 2022, en el sentido de revocar la decisión recurrida. Como sustento
de su decisión señaló que estaba probado que durante los últimos 20 años de
matrimonio la causante no tuvo ningún apoyo por parte del actor, sumado a que estaba
acreditado que ella expresamente le solicitó a la UGPP que la pensión no le fuera
entregada al accionante “por no cumplir con sus deberes y obligaciones como esposo,
sumados a los malos tratos que recibió según narran sus hermanas”.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

Asimismo, advirtió que el señor Forigua Roa estaba pensionado por su propio tiempo
de servicios, además de ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes de la pensión
de jubilación de su esposa.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, por cuanto, en su sentir, se incurrió en un defecto sustantivo, pues,
realizó una inapropiada aplicación e interpretación del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, en su sentir, al exigir un requisito “exótico e ilógico”, esto es, que un matrimonio
con una sociedad conyugal vigente “después de rota la convivencia entre los esposos, esta
continúe”.

Igualmente, sostuvo que la decisión censurada incurrió en un yerro fáctico por indebida
valoración probatoria del informe técnico de investigación aportado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, así como de los testimonios de las hermanas de la
causante, pues estas pruebas daban cuenta de la convivencia durante los primeros 20
años de matrimonio, con lo cual se superaba el requisito de los 5 años exigidos en la
norma, en cualquier tiempo.

Afirmó que se desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, según el cual, la convivencia de
los 5 años de los cónyuges anteriores a la muerte de uno de estos, se puede acreditar
en cualquier tiempo, cuando pese a la separación de hecho se encuentra vigente la
sociedad conyugal2.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 26 de octubre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
admitió el mecanismo constitucional y ordenó notificar a los magistrados de la
Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en calidad de accionados, y les otorgó el término de dos (2) días para que rindieran el
informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como tercero con interés, vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en su
condición de entidad demandada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho donde se dictó la providencia cuestionada.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron los siguientes pronunciamientos:

2 Al respecto citó las sentencias: (i) SU-631 de 2017 y SU-461 de 2020 de la Corte Constitucional; (ii)

del 10 de junio de 20151, de la Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia, radicación 63046
y (iii) del 14 de junio de 2007, radicado 25011-23-15-000-1999-06271-01 (5214-05), 15 de septiembre
d-e 2016, radicado 25000-23-42-000-2013-04442-01 (1076-15) y de 18 de julio de 2019, radicado
25000-23-42-000-2013-02719-01 (2535-2014) del Consejo de Estado, Sección Segunda.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“C”

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 31 de octubre de 2022, la
magistrada ponente de la decisión cuestionada, señaló que compartía la tesis sobre la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, y en ese orden, solicitó el estudio
de fondo de su sentencia, sin embargo, precisó que no hubo trasgresión a ninguna
garantía constitucional del accionante.

1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-3

Por conducto del subdirector de Defensa Judicial Pensional se pronunció la entidad,
en el sentido de solicitar que se declare improcedente la petición de amparo,
comoquiera que el actor no puede pretender utilizar el mecanismo constitucional como
una tercera instancia, después de que se agotó en debida forma el procedimiento
establecido en la ley para definir el asunto, además de no ser la vía adecuada para
reclamar el pago de una prestación de carácter laboral.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado denegó la solicitud de amparo.

El a quo, después de pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, precisó que correspondía a la Sala determinar si la sentencia
cuestionada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, había incurrido en los defectos sustantivo, fáctico y por
desconocimiento de precedente.

En ese orden, señaló que la parte actora alegó que el tribunal enjuiciado interpretó y
aplicó indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, además de exigir
continuidad en la convivencia pese a la vigencia de la sociedad conyugal entre la
causante y el demandante. Sin embargo, precisó que la autoridad judicial cuestionada
hizo alusión a dicha norma y a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
convivencia, según la cual, esta se refería, de forma real y efectiva, a la intención de
ayuda mutua, protección y auxilio.

Enseguida, advirtió que la magistratura demandada concluyó que no se había
acreditado dicha exigencia, pues en los últimos 20 años de matrimonio no hubo un
apoyo moral y afectivo por parte del actor con la causante que permitiera la
estructuración de una real y material convivencia.

Así las cosas, aseveró que en la providencia atacada no se configuró el defecto
sustantivo, pues, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se aplicó en debida forma y
además no se exigió ningún requisito adicional o no previsto en la ley para el
reconocimiento de la sustitución pensional.

3 Correo de 2 de noviembre de 2022.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

Por otra parte, indicó que no se presentó el yerro fáctico alegado, comoquiera que la
decisión reprochada fue tomada con sustento en todos los medios de prueba
válidamente aportados e incorporados al expediente, toda vez que no se logró
acreditar que la valoración del informe técnico de investigación y de los testimonios se
enmarque dentro de alguna de las hipótesis de indebida valoración probatoria
señaladas por la Corte Constitucional.

Finalmente, precisó que el tribunal censurado aplicó e hizo referencia al precedente
de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la convivencia real y efectiva, lo
cual estaba acorde con la sentencia de unificación SUJ -029- CE-S2 del 11 de agosto
de 2022.

1.8. Impugnación4

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 1° de diciembre de 2022, la parte
actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia y solicitó que se
revocara dicha decisión, comoquiera que la providencia cuestionada sí incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento de precedente.

En ese orden, iteró los argumentos expuestos en la tutela sobre los referidos yerros,
además de señalar que todas las sentencias del Consejo de Estado constituían
precedente judicial dada su condición de órgano de cierre de la jurisdicción
contenciosa, por lo que, a su juicio, deben revisarse no solo las señaladas en la
demanda sino todas las que se pronuncien sobre el tema en cuestión.

1.9. Trámite de segunda instancia

Previo a resolver la impugnación, el magistrado ponente de esta decisión, por auto de
20 de enero de 2023, advirtió la existencia de una nulidad saneable por la ausencia de
vinculación como tercero con interés del Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Girardot, al ser la autoridad judicial que conoció en primera
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se dictó la
sentencia cuestionada en la presente solicitud de amparo.

Realizada la respectiva notificación, el referido juzgado se limitó a remitir el link del
proceso ordinario.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

4 La sentencia fue notificada el 30 de noviembre de 2022, como consta en el aplicativo SAMAI del

Consejo de Estado.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 24 de noviembre de 2022, a través de la cual, la
Sección Cuarta de esta Corporación denegó la solicitud de amparo presentada por el
señor Marco Aurelio Forigua Roa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, y; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Tutela contra tutela

No se trata de una tutela contra una decisión de igual naturaleza, puesto que la
providencia que censura la parte actora fue proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado número 25307-33-33-001-
2020-00103-00/01.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

2.4.2. Inmediatez

Respecto a este requisito es preciso señalar que, la providencia atacada fue dictada
el 17 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 25 de
octubre de 2022, de manera que, sin que sea necesario determinar la fecha en que
cobró ejecutoria, ha transcurrido un término que a juicio de la Sala es razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.3. Agotamiento de los medios de defensa judicial

Se advierte que se encuentra superado el referido requisito, por cuanto el proveído
cuestionado corresponde al de segunda instancia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, frente al cual no es válido ningún
recurso ordinario.

Asimismo, no son admisibles los mecanismos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que los cargos no se enmarcan en alguna
de las causales de procedibilidad de estos.

2.4.4. Relevancia constitucional

Sobre el particular, en primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional se
familiarizó con el término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200511
para lo cual advirtió:

“Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.” (Subrayado fuera de texto)

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
11 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal

Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones
de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

Asimismo, resulta pertinente recordar el criterio adoptado recientemente por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de
amparo en relación con este requisito, así:

“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)” (Énfasis de la Sala)

Además, al abordar el caso concreto estudiado en dicho fallo, el alto tribunal
constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural. Lo anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de
los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en
asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz
de la Constitución”.

De otra parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 12 modificó la
postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los
temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

Conforme a lo anterior, se entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o
no relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.5. Caso concreto

En el sub examine la parte actora adujo la trasgresión de su garantía constitucional al
debido proceso con ocasión de la sentencia de 17 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” mediante
la cual se revocó el fallo del Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Girardot, de 19 de noviembre de 2021, que había accedido a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por incurrir, en su sentir, en los defectos
sustantivo, fáctico y por desconocimiento de precedente.

En ese orden, advirtió que se realizó una indebida o inapropiada interpretación del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, exigiéndose un requisito ilógico, esto es, “que, en un
matrimonio con sociedad conyugal vigente, una vez rota la convivencia entre los esposos, esta
continúe”.

Asimismo, alegó que se efectuó una indebida valoración probatoria tanto del técnico
de investigación aportado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- como de los testimonios
de las hermanas de la causante, pues estas pruebas el cumplimiento de los 5 años de
convivencia exigidos por la norma.

Por último, manifestó que se desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, según el cual,
la convivencia de los 5 años de los cónyuges anteriores a la muerte de uno de estos
se puede acreditar en cualquier tiempo, cuando, pese a la separación de hecho, se
encuentra vigente la sociedad conyugal.

En este sentido, en relación con los reparos indicados anteriormente, se advierte que
la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, tal como
se pasa a explicar.

En efecto, la Sala encuentra que los referidos argumentos no son suficientes para
demostrar por qué este tema debe trascender las instancias ya agotadas para llegar a
la órbita del juez constitucional.

En el presente caso se planteó un debate en el que no se demuestra cómo la decisión
del 17 de agosto de 2022, de la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca afecta el núcleo esencial del derecho fundamental
invocado. Esto, en el entendido que los cargos expuestos no cuentan con la carga
argumentativa que desarrolle y permita determinar el alcance del debido proceso que

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

se alega como vulnerado, sumado a que el asunto no trasciende de una mera
discusión legal.

De igual forma, el actor pretende que se valoren nuevamente las pruebas, que en su
sentir, daban cuenta de 20 años de convivencia con la causante, luego, en su criterio,
se superaban los 5 años exigidos por la norma.

Para esta Colegiatura, la escueta referencia de la indebida interpretación alegada por
el actor del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no es suficiente para que el juez
constitucional aborde el respectivo estudio de cara a la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso. Además, de la revisión de la providencia
cuestionada se observa que el tribunal se apoyó en la jurisprudencia reciente de la
Sección Segunda de esta Corporación sobre el requisito de los 5 años de convivencia,
luego, habiéndose precisado suficientemente el tema por el operador judicial ordinario,
no es admisible la intervención del juez constitucional.

Igualmente, se advirtió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C” realizó una valoración integral de las pruebas, para lo cual
tuvo en cuenta, se repite, la definición de convivencia establecida por el órgano de
cierre en la materia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo cual no puede
calificarse de arbitraria o caprichosa.

De igual forma, la decisión del tribunal se sustentó, se itera, en el precedente de la
sección especializada en materia laboral del Consejo de Estado, luego, tampoco
podría hacerse alusión a un presunto desconocimiento de precedente alguno.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el presente caso no se realizó un desarrollo
conceptual mínimo de la presunta configuración de los defectos alegados en relación
con la vulneración del derecho fundamental alegado, para esta Corporación este
asunto no supera el requisito general de la relevancia constitucional.13

Por último, la Sala advierte que el simple alegato de una vulneración a derechos
fundamentales, en este caso al debido proceso, no conlleva a que el asunto puesto en
conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional,
pues para ello se requiere que en la demanda medie un ejercicio hermenéutico y
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de una prerrogativa constitucional, lo que se repite, no sucedió. Esto,
pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías
constitucionales y no a discusiones de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

2.6. Conclusión

En consecuencia, se revocará la providencia de la Sección Cuarta de esta Corporación
de 24 de noviembre de 2022, que denegó la tutela, para en su lugar, declarar su

13 En igual sentido se ha pronunciado esta Sala como en los fallo de 3 de noviembre de 2022, expediente

11001-03-15-000-2022-04753-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio; 10 de noviembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-04801-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra; 26 de enero de 2023,
expedientes 11001-03-15-000-2022-06545-00, MP Roció Araújo Oñate y 11001-03-15-000-2022-
06302-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marco Aurelio Forigua Roa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05671-01

improcedencia por falta del cumplimiento de requisito de procedibilidad de la relevancia
constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó la solicitud de amparo, para en su
lugar, DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela elevada por el señor
Marco Aurelio Forigua Roa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.