Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04801-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04801-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04801-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de noviembre de 2022
Demandante: Gloria Araminta Torres Peña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04801-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04801-01
Demandante: GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 29
de septiembre de 2022, por medio del cual, la Sección Primera del Consejo de Estado
denegó la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Gloria Araminta Torres Peña, por conducto de apoderado judicial,
interpuso1 acción de tutela para que le fueran amparados sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” mediante la cual se confirmó el
fallo del Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de 2
de marzo de 2022, que había negado las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
Fiduciaria La Previsora S.A. y el Distrito Capital – Secretaría de Educación,
identificada con el radicado N.° 11001-33-35-014-2020-00291-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de
la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION “D” de fecha 23 de junio del 2022, mediante la cual CONFIRMA la
1 La demanda se presentó el 5 de septiembre de 2022.
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Demandante: Gloria Araminta Torres Peña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”
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sentencia 02 de Marzo del 2022 proferida por el Juzgado Catorce (14) Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda la cual NEGO LA
RELIQUIDACION PENSIONAL.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRTAIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA – SUBSECCION “D” a proferir sentencia de
fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reliquidar la pensión de la señora GLORIA ARAMINTA TORRES PEÑA
identificada con cedula de ciudadanía 39.737.093, incluyendo TODOS los factores
salariales devengados en especial LA PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA ESPECIAL, PRIMA
DE SERVICIOS Y BONIFICACION PADAGOGICA.
TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad
social de los factores salariales que se tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las
cuales no se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social. (…)”.
(Sic para toda la cita)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:
1.3.1. La señora Gloria Araminta Torres Peña, presta sus servicios como docente
desde el 26 de abril de 1989, razón por la cual, mediante la Resolución No. 9580 de
19 de septiembre de 2018, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
le fue reconocida pensión de jubilación a partir del 21 de abril de 2018.
1.3.2. En petición del 15 de enero de 2020, la señora Gloria Araminta solicitó la revisión
y ajuste de su prestación con el fin de que le fueran incluidos todos los factores
salariales devengados al momento de la configuración del estatus pensional, lo cual
fue negado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en la
Resolución No. 840 de 10 de febrero de 2022.
1.3.3. En atención al anterior panorama, la tutelante presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Distrito Capital - Secretaría de
Educación, con el fin de solicitar la nulidad de los actos administrativos que, entre otras
cosas, negaron la reliquidación del derecho prestacional ya referido.
1.3.4. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado
Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que en
sentencia de 2 de marzo de 2022, negó las pretensiones invocadas. Respecto a la
reliquidación de la pensión solicitada, manifestó que de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, los factores a tener en
cuenta para el caso de los docentes, son los previstos taxativamente en el artículo 1°
de la Ley 62 de 1985.
1.3.5. La parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” en fallo
de 23 de junio de 2022, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. Además de
reiterar lo concluido por el a quo, señaló que si bien la bonificación pedagógica es
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factor salarial conforme lo dispuso el legislador en el Decreto 2354 de 2018, lo cierto
es que fue devengado por fuera del año inmediatamente anterior a la configuración del
estatus pensional de la demandante, luego, no había posibilidad de pronunciamiento
alguno al respecto.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, por cuanto, en su sentir, se incurrió en un defecto sustantivo, pues,
realizó una inapropiada aplicación de la Ley 812 de 2003, con lo cual se contradijo
entre otros, el postulado previsto en el artículo 53 Superior. Por ello aseveró que debió
optarse por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.
En ese orden, en un acápite denominado “CONSIDERACIONES DE DERECHO” se
realizó el respectivo recuento normativo que cobija el régimen pensional de los
docentes, así como lo referido al concepto de salario.
Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial, comoquiera que no se tuvo en cuenta la sentencia de 9 de abril de
2014, de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
radicado 25000-23-25-000-2010-00014-01, así como tampoco la de unificación
proferida por la Sala Plena de dicha Sección de 4 de agosto de 2010, en las que se
efectuó un estudio completo sobre la inclusión de todos los factores devengados en la
liquidación de las pensiones. Precisó así que, una interpretación taxativa de estos
emolumentos vulnera los principios de progresividad, igualdad y primacía de la
realidad sobre las formalidades.
Afirmó, además que el hecho de no haberse realizado descuentos sobre determinados
factores por omisión del empleador así como que estos no estén enlistado en la norma,
no impide que se incluyan en la liquidación del derecho pensional.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 7 de septiembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado,
admitió el mecanismo constitucional y ordenó notificar a los magistrados de la
Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en calidad de accionados, y les otorgó el término de dos (2) días para que rindieran el
informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como tercero con interés, vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora
S.A., a la Secretaría de Educación de Bogotá y al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones FONCEP en su condición de entidades demandadas y
vinculada esta última, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho donde se dictó la providencia cuestionada; asimismo al Juzgado Catorce (14)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que actuó como autoridad judicial de
primer grado.
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1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron los siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“D”
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 9 de septiembre de 2022, la
magistrada ponente de la decisión cuestionada, señaló que la tutela era improcedente
por cuanto en la sentencia se consignaron todas las consideraciones con las que se
llegó a la conclusión que a la señora Gloria Araminta no le asistía derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación, conforme a los parámetros legales,
constitucionales y jurisprudenciales.
Advirtió que además los argumentos expuestos en la presente acción ya fueron
resueltos al desatarse el recurso de apelación presentado contra la providencia de
primer grado que había negado las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que pueda utilizarse este mecanismo como una
tercera instancia.
1.6.2. Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá2
El titular del despacho se pronunció en el sentido de señalar que el proceso de la
actora fue decidido de conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso así
como en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, que
estableció la debida interpretación en cuanto al ingreso base de liquidación en el
régimen pensional de los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003.
Precisó que no se presentó la trasgresión a los derechos fundamentales de la
tutelante, pues, en este caso ya se agotaron las instancias judiciales sin que sea
posible reabrir el debate ya zanjado.
1.6.3. Distrito Capital - Secretaría de Educación3
Por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la mentada secretaría pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que los
reparos estaban dirigidos contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1.6.4. Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP4
El subdirector jurídico de la entidad solicitó que se declare improcedente la solicitud de
amparo comoquiera que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales
alegados, sumado a que la actora no ha agotado todas las instancias judiciales para
resolver sus pretensiones y además no acreditó de manera sumaria la existencia de
un perjuicio irremediable.
2 Correo de 9 de septiembre de 2022.
3 Correo de 12 de septiembre de 2022.
4 Correo de 12 de septiembre de 2022.
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1.6.5. Nación - Ministerio de Educación Nacional5
Por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la referida cartera, se solicitó
no descorrer el término para la contestación hasta tanto le fuera enviado el auto
admisorio y el escrito de tutela.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado denegó la solicitud de amparo, así como la solicitud de desvinculación elevada
por el Distrito Capital – Secretaría de Educación6.
El a quo, después de pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial al igual que sobre las generalidades de los defectos alegados, la
protección de la seguridad social en el ordenamiento interno, el desarrollo
jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación de las pensiones y la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, señaló que, si bien en la
referida providencia se excluyó a los docentes de la aplicación de la primer regla7, no
sucedió lo mismo respecto de la referida a los alcances interpretativos del artículo 3°
de la Ley 33 de 1985, la cual cobija también a los beneficiarios del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, según la cual solo se tienen en cuenta los
factores sobre los cuales se hicieron aportes, iterada en la sentencia de unificación de
25 de abril de 2019 de esta Corporación.
En ese orden, precisó que para tomar su decisión el tribunal accionado se sustentó
precisamente en la jurisprudencia unificada de 29 de abril de 2019, que contiene la
interpretación vigente de las normas que eran aplicables al caso, esto es, que para la
liquidación de la pensión de jubilación, únicamente se deben incluir los factores
salariales que fueron objeto de descuentos o cotizaciones para el sistema pensional,
luego, concluyó que no se incurrió en el yerro sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial.
Asimismo, advirtió que la autoridad judicial controvertida, contrario a lo alegado por la
tutelante, aplicó las normas que gobernaban la situación pensional de la demandante,
comoquiera que precisamente la Ley 812 de 2003, estableció que los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, mantendrían el régimen prestacional que
se les aplicaba en cada entidad territorial de conformidad con las previsiones vigentes,
en este caso, adujó que la Ley 71 de 1988 claramente previó que la pensión por
aportes sería equivalente al 75% del salario base de liquidación y que conforme a la
interpretación unificada, los factores a ser observados eran aquellos sobre los que se
cotizó.
5 Correo de 13 de septiembre de 2022.
6 En un acápite denominado “Cuestiones previas” advirtió que el Ministerio de Educación fue
debidamente notificado, tal como constaba en el índice 12 del aplicativo SAMAI.
7 “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del
régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985”.
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1.8. Impugnación8
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 10 de octubre de 2022, la parte
actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual, solicitó
que se revocara dicha decisión, comoquiera que conforme a la sentencia de unificación
de 4 de agosto de 2010, no solo pueden incluirse en la liquidación del derecho
pensional los factores sobre los cuales se hicieron aportes, pues, el listado de estos
no pueden interpretarse de forma taxativa sino meramente enunciativa.
Alegó, que frente al factor denominado bonificación pedagógica se hicieron aportes,
que si bien se hace en único pago, debió tenerse en cuenta en proporción a lo laborado
en el año 2018, pues la interpretación unificada es la que permite la inclusión de otros
conceptos devengados habitualmente y que hacen parte del salario.
Precisó que, las finanzas públicas no pueden ser la razón para limitar el acceso a las
prestaciones sociales o disminuirlas, pues existen otras medidas creadas por el
legislador para procurar su autosostenibilidad, luego, la protección al erario debe
armonizarse con los derechos laborales de especial importancia en la Constitución
Política.
Aseveró igualmente que de no realizarse un debido análisis de las sentencias de
unificación acorde con el principio de favorabilidad, se vulnerarían los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al tratarse de un asunto pensional,
que según la jurisprudencia, es válido para su liquidación la inclusión de todos los
emolumentos que constituyen salario, esto es, aquellas sumas que recibe el trabajador
de forma habitual y periódica como contraprestación directa de sus servicios sin
importar la denominación que se les dé e independientemente si sobre estos se
realizaron cotizaciones o aportes.
Reiteró que según la sentencia del Consejo de Estado de 9 de abril de 2014, en caso
de que no se hayan realizado aportes sobre algunos factores devengados es
procedente el reconocimiento del derecho a la reliquidación así como la orden para
que la entidad realice los descuentos, con lo cual se da aplicación de los principios
constitucionales de favorabilidad laboral y progresividad en seguridad social, además
de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Finalmente, manifestó que la Corte Constitucional ha indicado que la omisión del
empleador de realizar los descuentos por concepto de aportes no puede afectar al
trabajador ni acarrearle consecuencias negativas. Al respecto citó las sentencias T-
558 de 1998, T-648 de 2015 y SU-226 de 2019.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sección
8 La sentencia fue notificada el 5 de octubre de 2022, como consta en el aplicativo SAMAI del Consejo
de Estado.
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Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 29 de septiembre de 2022, a través de la cual, la
Sección Primera de esta Corporación denegó la solicitud de amparo presentada por la
señora Gloria Araminta Torres Peña contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de relevancia constitucional y;
(iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional se familiarizó con el
término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200513 en la que señaló
que la acción de tutela solo es procedente siempre y cuando se cumplan ciertos y
rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia
constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:
“Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.” (Subrayado fuera de texto).
Asimismo, resulta pertinente recordar el criterio adoptado recientemente por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de
amparo en relación con este requisito, así:
“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)”
(Énfasis de la Sala)
De otra parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 14 modificó la
postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los
temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
13 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones
de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
Conforme a lo anterior, se entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o
no relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.5. Caso concreto
En el sub examine la parte actora adujo la trasgresión de sus garantías
constitucionales con ocasión de la providencia de 23 de junio de 2022, de la
Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se confirmó el fallo del Juzgado Catorce (14) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, de 2 de marzo de 2022, que había negado las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Distrito Capital – Secretaría de
Educación, por incurrir, en su sentir, en los defectos sustantivo y de desconocimiento
de precedente.
En ese orden, advirtió que se realizó una indebida o inapropiada interpretación de la
Ley 812 de 2003 y conforme a ello, debió aplicarse la norma más favorable al
trabajador o sus beneficiarios.
Asimismo, alegó que se desconocieron las sentencias de la Sección Segunda del
Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010 y 9 de abril de 2014, que estudiaron lo
relativo a la inclusión de todos los factores salariales devengados en la liquidación de
la pensión de jubilación.
En este sentido, en relación con los reparos indicados anteriormente, la Sala advierte
que contrario a lo señalado en el fallo impugnado estos no cumplen con uno de los
criterios determinantes para que un asunto revista relevancia constitucional, tal como
se pasa a explicar.
En efecto, la Sala encuentra que los referidos argumentos no son suficientes para
demostrar por qué este tema debe trascender las instancias ya agotadas para llegar a
la órbita del juez constitucional.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Gloria Araminta Torres Peña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04801-01
En el presente caso se planteó un debate en el que no se demuestra cómo la decisión
del 23 de junio de 2022 de la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca afecta el núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados. Esto, en el entendido que los cargos expuestos en la acción
de tutela son muy similares a los presentados en sede de nulidad y restablecimiento
del derecho y que ya fueron resueltos en dicha instancia.
Para esta Colegiatura es claro que la autoridad judicial accionada, en la referida
sentencia, expuso con claridad los argumentos que la parte actora pretende
desestimar por medio de la solicitud de amparo y explicó con sustento en la
jurisprudencia unificada vigente por qué no le asistía derecho a la demandante a la
reliquidación de su pensión de jubilación con todos los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior a la configuración del estatus pensional.
Así, lo pretendido por la accionante es utilizar este mecanismo de amparo
constitucional como una instancia adicional del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Incluso, se reitera que sus reproches no cuestionan la
providencia supuestamente censurada, sino que pretenden poner en tela de juicio el
estándar jurisprudencial pacífico y reiterado del Consejo de Estado, según el cual, en
Colombia, en virtud de los principios de solidaridad, equidad y sostenibilidad financiera,
ninguna pensión puede ser liquidada con factores que no estén enlistados en la norma
y sobre los cuales no se hayan realizado aportes o cotizaciones.
En ese sentido, teniendo en cuenta que el caso involucra un debate jurídico resuelto
de manera pacífica por la jurisprudencia del órgano de cierre de la Jurisdicción
Contenciosa, es claro que lo que busca la señora Gloria Araminta con la presente
tutela es que se reabra una tercera instancia para debatir nuevamente los argumentos
que fueron despachados de manera desfavorable por los jueces del proceso ordinario.
En definitiva, la Sala advierte que este asunto no supera el requisito general de la
relevancia constitucional.15
2.6. Conclusión
En consecuencia, se revocará la providencia de la Sección Primera de esta
Corporación de 29 de septiembre de 2022, que denegó la tutela, para en su lugar,
declarar su improcedencia por falta del cumplimiento de requisito de procedibilidad de
la relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
15 En igual sentido se pronunció la Sala en fallo de 3 de noviembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-04753-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandante: Gloria Araminta Torres Peña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04801-01
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que denegó la solicitud de amparo, para en
su lugar, DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela elevada por la
señora Gloria Araminta Torres Peña.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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