Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06631-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06631-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06631-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
30 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 30 de junio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06631-01
Demandante: Ice Ober Jiménez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que
confirmó la decisión que declaró probada la excepción de caducidad, en un proceso
de reparación directa.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala resolverá la
impugnación presentada por la parte actora en contra la Sentencia de 16
de febrero de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en la cual se declaró improcedente la acción de tutela2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 13 de diciembre de 2022, Ice Ober Jiménez Rodríguez, por conducto
de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y libre
acceso a la administración de justicia, así como de los principios de
seguridad jurídica y buena fe, a través del Auto de 15 de julio de 2022,
proferido al interior del proceso de reparación directa No. 11001-33-36-037-
2019-00301-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Ice Ober Jiménez Rodríguez,
según lo explicado en precedencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06631-01
Demandante: Ice Ober Jiménez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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“PRIMERO: Honorables Magistrados, le solicito REVOCAR en todas y cada una
de sus partes, la sentencia providencia proferida el día Quince (15) de julio de
2022, y notificada por correo electrónico el día Primero (01) de agosto de 2022
a través del cual dispuso: PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el
juzgado 37 administrativo de Bogotá que declaró la prosperidad de la
excepción denominada caducidad, emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINARMARCA SECCION TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado Ponente
FRANKLIN PEREZ CAMARGO Magistrada CLARA CECILIA SUÁREZ VARGAS
Magistrado HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN y el Juzgado Treinta y Siete
(37) Administrativo del Circuito Oral de Bogotá D.C.”
3. Como hechos relevantes, del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) En 2008, la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de
la Fiscalía General de la Nación convocó a concurso abierto de méritos,
para proveer cargos en el área administrativa y financiera de la entidad.
Concurso en el cual Ice Ober Jiménez Rodríguez se inscribió (Convocatorias
No. 3 y 4 de 2008).
5. 2) Mediante el Decreto No. 20 de 9 de enero de 2014, por el cual se
clasificaron los empleos y se expidió el régimen de carrera especial de la
Fiscalía General de la Nación y entidades adscritas, se estableció que la
designación en periodo de prueba debía efectuarse dentro de los 20 días
siguientes a la publicación de la lista de elegibles3.
6. 3) En virtud del aludido concurso, fueron expedidas las listas de
elegibles contenidas en los Acuerdos No. 26 a 40 de 13 de julio de 2015, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 938 del 2004. Elegibles en los cuales
figuraba el señor Jiménez Rodríguez.
7. 4) Mediante Resolución No. 2431 de 12 de julio de 2017, Ice Ober
Jiménez Rodríguez fue nombrado en el cargo de Profesional de Gestión II,
en la Dirección Seccional de Antioquia, Sección de Policía Judicial. Cargo
del que tomó posesión el 8 de agosto de 2017.
8. 5) El 1 de octubre de 2019, el señor Jiménez Rodríguez presentó
demanda4 contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, orientada a
obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por la demora de su
nombramiento y posesión en periodo de prueba en la planta global de esa
entidad, luego de haber superado el respectivo concurso y estar incluido en
la respectiva lista de elegibles.
3 “Artículo 40. Nombramiento en período de prueba. En firme la lista de elegibles, la Comisión de la Carrera Especial
respectiva la enviará al nominador para que, en estricto orden de mérito, proceda a efectuar el nombramiento
del aspirante en período de prueba en el empleo objeto del concurso, en el cual el servidor deberá demostrar su
capacidad de adaptación al cargo, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las
funciones. El periodo de prueba deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo, en los términos
adoptados por la Fiscalía General de la Nación y por las entidades adscritas. El nombramiento en período de
prueba debe producirse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.”
4 En ejercicio del medio de control de reparación directa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06631-01
Demandante: Ice Ober Jiménez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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9. 6) El 16 de marzo de 2021, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control, tras
considerar que el término corrió entre el 13 de julio de 2017, esto es, el día
siguiente a la notificación del acto de nombramiento, y el 13 de julio de 2019.
En ese orden, señaló que para el 25 de julio de 2019, fecha de radicación
de la solicitud de conciliación prejudicial, ya había operado la caducidad.
10. 7) El demandante presentó recurso de apelación contra la decisión
anterior, en el que argumentó que, para contabilizar la caducidad en el
caso concreto, debió tenerse en cuenta la fecha de posesión, dada la
naturaleza del nombramiento como acto-condición que se formaliza con la
posesión en el cargo.
11. 8) El 15 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión, bajo los
mismos argumentos del juzgado de primer grado.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante señaló
que, en varias providencias dictadas en procesos de reparación directa, la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para casos similares, ha resuelto a favor de los elegibles -
demandantes, pues, en ellas, dicha autoridad tomó como referencia para
el cómputo de la caducidad la fecha de posesión en el cargo. Al respecto,
mencionó las Sentencias de (1) 28 de mayo de 2020 de la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rad. 11001-
3336-034-2019-00187-01; (2) 14 de octubre de 2021 de la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rad. 11001-
3336-038-2019-00330-01; y (3) 27 de mayo de 2022 de la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rad. 11001-
3336-037-2019-00229-01.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.
13. En Sentencia de 16 de febrero de 2023, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción, tras considerar que no se
cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues los argumentos
presentados por el accionante no proporcionan razones para que el juez de
tutela interviniera frente a la decisión del tribunal accionado. En ese orden,
advirtió que lo pretendido fue lograr que el pleito fuera sometido a una
instancia adicional, (se trascribe)
“En esa medida, como tales providencias fueron las que sustentaron el recurso
de apelación, la autoridad judicial accionada las examinó en la decisión que
es objeto de reproche para señalar que los hechos y las pretensiones entre uno
y otro asunto eran distintos y, por ende, no podían aplicarse para decidir la
controversia. De manera que, la Subsección B, Sección Tercera, del Tribunal
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Demandante: Ice Ober Jiménez Rodríguez
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Administrativo de Cundinamarca, resolvió la alzada teniendo en cuenta los
argumentos expuestos por el apelante, sin que la acción de tutela sea
procedente para debatir aspectos que no fueron planteados ante el juez
natural de la causa, pues ello significaría que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado como una instancia adicional.”
14. La parte demandante presentó impugnación, en la que señaló que
la acción de tutela sí cumplió con el requisito de relevancia constitucional
pues se trató de la afectación de sus derechos fundamentales en el marco
de un proceso de reparación directa, en el que se discutió el retardo
injustificado en el nombramiento de un cargo para el que se habían
superado las etapas del respectivo concurso de méritos. Agregó que la
Sección Primera del Consejo de Estado no tuvo en cuenta lo establecido,
por ella misma, en la Sentencia de 11 de mayo de 2017, Rad. 25000-23-42-
000-2017-00456-01, proceso en el que conoció un caso similar al de la
referencia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
15. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto del
Auto de 15 de julio de 2022 de segunda instancia, puesto que, es esta la
providencia proferida por la autoridad judicial demandada y fue la que
resolvió el litigio. Asimismo, no puede pasarse por alto que, ante una
eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que
resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene, por esta razón la Sala se sustrae del estudio
del Auto de 16 de marzo de 2021.
16. Aunado a ello, la Sala se sustraerá del análisis de la Sentencia de 11
de mayo de 2017, comoquiera que la misma solo fue invocada hasta el
escrito de impugnación y cualquier consideración sobre el particular,
afectaría el derecho al debido proceso de la contraparte que, durante el
trámite de la presente tutela, no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre
ella.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
17. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente por no
satisfacerse el requisito de relevancia constitucional.
5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
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18. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez [de
tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”6.
19. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela7 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia8; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad9.
20. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional10.
21. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
actora buscó revivir un debate propio del juez natural sobre la declaración
de la excepción de caducidad del proceso ordinario. Así, buscó que, a
través de la acción de tutela, se estudiará un aspecto que ya fue resuelto,
es decir, utilizarla como una instancia adicional.
22. Lo anterior obedece a que la solicitud de amparo11 se basó, en
esencia, en los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario,
concretamente, en el recurso de apelación contra el auto que declaró
probada la excepción12, esto es, que la fecha de referencia para iniciar el
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
11 “En los distintos fallos de reparación directa el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, han fallado a
favor del elegible o demandante en los siguientes términos, donde toman como fecha de caducidad del medio
de control de reparación directa a partir de la fecha de posesión del cargo, según lo señalado en líneas atrás y
por derecho de igualdad también acobija al Señor ICE OBER JIMENEZ RODRIGUEZ”
12 “Por su parte, el recurrente por intermedio de su apoderada, instaura RECURSO DE APELACION argumentando
que, para contabilizar la caducidad dentro del presente medio de control debe tenerse en cuenta el acta de
posesión, el 08 de agosto del 2017, siendo el momento en que cesó el daño.// Con todo respeto le manifiesto al
Despacho que los hechos de la demanda relatan que ICE OBER JIMENEZ RODRIGUEZ, Se presentó a concurso de
méritos convocada por la Fiscalía General de la Nación, en el año 2008 en el cargo de PROFESIONAL DE GESTION
II, y el 13 de Julio de 2015, salió la lista de elegibles en la cual estuvo como seleccionado el demandante. Sin
embargo, solo hasta el 12 de Julio del 2017 se expidió la resolución No. 002431 a través de la cual se realizó el
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06631-01
Demandante: Ice Ober Jiménez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa
debía ser la de la posesión y no la del nombramiento, dada la naturaleza de
acto-condición de este último. Tales argumentos fueron abordados y
resueltos por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual concluyó (se trascribe):
“Bajo estas directrices, la Sala encuentra que el daño antijurídico alegado en
la demanda deviene de la demora injustificada del nombramiento en el cargo
de PROFESIONAL DE GESTION II desde el 13 de julio de 2015, el cual solo se
efectuó hasta el 12 de julio de 2017 y se formalizó a través de la posesión el 8
de agosto del mismo año.
De las pruebas aportadas al proceso se tiene que mediante Resolución No.
2431 del 12 de julio de 2017, la FGN efectuó el nombramiento en periodo de
prueba en la planta global de la demandante según la convocatoria 04 del
grupo No.7 al cargo de Profesional de Gestión II (f. 2 c2). El artículo quinto indicó
que la posesión en el cargo se haría dentro de los diez días hábiles siguientes a
la fecha en que se acepta la designación conforme al cronograma.
Así las cosas, considera la Sala que los argumentos del apelante no tienen
fundamento legal ni jurisprudencial de prosperar en el sentido de contabilizar
la caducidad desde el momento de la posesión del demandante, en razón a
que la pretensión se centra en la demora en el nombramiento. Sin embargo, la
posesión es una acción que se encuentra en cabeza del interesado y extender
el término hasta que el concursante decidiera posesionarse, sería flexibilizar el
fenómeno jurídico para que el actor decidiera culminar su proceso derivado
del concurso y claramente ello no es aceptable por esta Corporación.
En efecto, teniendo claro que el daño habría cesado con el nombramiento del
señor ICE OBER JIMENEZ el término de la caducidad de acuerdo al literal i del
numeral 2° del artículo 164 del CPACA empezaría a computarse a partir del 12
de julio de 2017, y por lo tanto el demandante tenía hasta el 13 de julio de 2019,
para radicar la demanda.
Así las cosas, tal y como está demostrado la parte demandante radicó solicitud
de conciliación ante el Ministerio Público el día 25 de julio de 2019 (f. 15 c2),
cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad. Razón por la que se
confirma decisión de primera instancia, por los argumentos expuestos.
nombramiento en período de prueba del actor, y el 08 de agosto de 2017 se efectuó la posesión del cargo de
PROFESIONAL DE GESTIÓN II en la entidad demandada.
(…) Precisado lo anterior, contrario a lo expresado por la parte FISCALIA, que el daño antijurídico alegado en la
demanda deviene del retardo injustificado del nombramiento en el cargo de PROFESIONAL DE GESTION II que
alcanzó gracias al concurso de méritos del cual tenía derecho desde el 13 de julio de 2015 y que solo se efectuó
su nombramiento hasta el 12 de Julio del 2017 formalizándose a través de la posesión el 16 de Agosto del 2017.//
Teniendo en cuenta lo anterior, le manifiesto al Despacho que al determinar que el daño antijurídico alegado por
el demandante fue conocido desde la fecha en la que se realizó la posesión del cargo, por cuanto acorde con
lo que ha considerado la Corte Constitucional “El funcionario sólo adquiere los derechos y deberes propios del
cargo en el momento en que tome posesión del mismo, por ser el nombramiento un acto-condición que se
formaliza con el hecho de la posesión”.
(…) De tal modo, el acto de posesión del demandante formalizo el nombramiento que había sido retardado
injustificadamente por la entidad demandada, por cuanto fue el momento a partir del cual cesó la omisión
endilgada a la entidad demandada, por lo que el termino de caducidad de los dos (2) años, debe contarse a
partir del día siguiente de la expedición del acto de posesión del Ocho (08) de agosto del 2017, esto es hasta el
nueve (09) de agosto de 2019.// De tal modo, se observa que en el asunto bajo estudio no opero el fenómeno de
caducidad, pues se observa que la solicitud de conciliación prejudicial, que suspende el termino de caducidad,
se radico el Veinticinco (25) de Julio del 2019 ante la procuraduría delegada, es decir, cuando faltaban quince
(15) días para que operara la caducidad. Así teniendo en cuenta que la conciliación prejudicial fue declarada
fallida el Veinticinco (25) de Septiembre del 2019 y recibió la constancia con los anexos por la apoderada de la
parte demandante el día veinticinco (25) de septiembre del 2019, que agotaba la etapa conciliatoria, por lo que
al día siguiente hábil esto es el Veintiocho (28) de septiembre de 2019 empezaban a correr los términos y se
reanudaba el termino de caducidad, al que le faltaban solamente quince (15) días para completarse. Así las
cosas, el medio de control de reparación directa podía instaurarse hasta el día Doce (12) de octubre de 2019 y la
demanda se presentó el día Primero (01) de octubre de 2019; situación que demuestra que evidentemente no
había operado el fenómeno de caducidad.”
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Demandante: Ice Ober Jiménez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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Se pone de presente que estos argumentos han sido adoptados por la Sala de
la sección en decisión del 27 de mayo de 2020, demandante: Daniel Arturo
Rodríguez Mora, expediente: 2018-00462, MP. Olga Cecilia Henao Marín.
Igualmente, en las sentencias que se han proferido relacionado con caso
similar al de la presente demanda, al realizar análisis del presupuesto de la
caducidad se ha adoptado la misma postura13.”
23. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural quien se pronunció, de forma razonable, sobre los
reparos que formuló la parte actora contra el auto apelado, esto es, el inicio
del cómputo de la caducidad cuando el daño deriva del retardo en el
nombramiento en un cargo cuando ya se han superado las distintas etapas
del concurso de méritos. En ese orden, se reitera que lo pretendido por la
parte actora fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia
adicional.
24. Así las cosas, debe aclararse que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional14.
2.3. Conclusión
25. La Sala confirmará la improcedencia de acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela de primera instancia de 16
de febrero de 2023, por medio del cual la Sección Primera del Consejo de
13 Sentencias proferidas el 19 de junio de 2019 en el proceso No. 2017-311, demandante Belisario Castellanos
Carvajal, M.P. Henry Aldemar Barreto Mogollón; del 24 de septiembre de 2020, radicado 2018-199, demandante:
Beatriz Torres Chávez; del 22 de julio de 2020, radicado: 2018-00281, Mp, Franklin Pérez Camargo y en la sentencia
del 26 de noviembre de 2020, radicado 2018-00049, Mp. Franklin Pérez Camargo, radicado: 2017 0343 01,
demandante Edilberto Ballesteros Rojas sentencia del 11 de febrero de 2021, radicado: 2019 00257 01,
demandante: María Concepción Torres Alfaro, M.P. Franklin Pérez Camargo.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06631-01
Demandante: Ice Ober Jiménez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por Ice Ober
Jiménez Rodríguez, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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