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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-00456-01

Fecha
11 de mayo de 2017
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-00456-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 16 de febrero de 2017 proferida por la Sección Segunda –Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-42-000-2017-00456-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

11 de mayo de 2017

ACCIÓN DE TUTELA - Ampara los derechos al debido proceso, igualdad, al trabajo, acceso a la carrera administrativa por concurso y de petición / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS - Aunque la Fiscalía General de la Nación nombró al actor en cumplimiento de la orden de primer grado, el fallo impugnado fue determinante para la protección de los derechos deprecados

[L]a Sala concluye que, en términos generales, cuando sean varias las plazas ofertadas, una vez se expida la lista de elegibles, la entidad tiene 20 días para efectuar la totalidad de los nombramientos en igual número a las vacantes ofertadas y no uno a uno, pues ello implica una demora injustificada, sin perjuicio de amparar los derechos fundamentales en aquellos casos especiales en que los empleos estén provistos en encargo o provisionalidad, por sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, en los casos en que el actor no se encuentre dentro del rango de cargos ofertados, pero uno o varios de los nombramientos que lo anteceden fueron revocados por no ser aceptados por quienes en ellos recaen, se debe continuar con los demás miembros que hacen parte del registro de elegibles, en riguroso orden de elegibilidad hasta llegar al puesto del solicitante en el evento en que a ello hubiere lugar. (…). En virtud de lo precedente, la Sala estima que el fallo de primer grado estuvo ajustado a derecho y conforme a la Jurisprudencia referida, por lo que debe ser confirmado en su totalidad. Adicional a lo anterior, es del caso señalar que en oficio allegado durante el trámite de la impugnación, la Fiscalía General de la Nación informó que, en cumplimiento de la orden de primer grado, con ocasión de la Convocatoria 004, nombró al actor mediante Resolución número 0-876 de 10 de marzo de 2017, en atención a la movilidad de la lista y a los actos administrativos revocados por causas que le eran ajenas. Por lo anterior, comoquiera que la referida actuación devino del cumplimiento de la orden judicial impartida por el Juez de primer grado, la Sala considera que cesó la vulneración de los derechos fundamentales del actor, pero ello no da lugar a revocar el fallo impugnado, pues la directriz impartida fue determinante para la protección de los derechos fundamentales deprecados y, por tanto, debe ser confirmada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 125 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 253 / LEY 909 DE 2004 / LEY 938 DE 2014 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 42

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la procedencia de la acción de tutela frente a las pretensiones relativas a la provisión de cargos de carrera administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2016, exp. 2016-01254-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández y sentencia de 24 de noviembre de 2009, exp. T-843 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (E). En cuanto a la procedencia de la acción de tutela frente a las pretensiones relativas a la provisión de cargos de carrera administrativa, ver: Corte Constitucional, sentencia T-843 de 24 de noviembre de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sobre el hecho superado, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de abril de 2017, exp. 2017-00189, C.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-42-000-2017-00456-01(AC)

Actor: EDILBERTO BALLESTEROS ROJAS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por la Fiscalía General de la Nación, contra el fallo de 16 de febrero de 2017, proferido por la Sección Segunda –Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó los derechos fundamentales del actor.

ANTECEDENTES.

I.1.- La Solicitud.

El señor EDILBERTO BALLESTEROS ROJAS, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la carrera administrativa por concurso, de petición y a los principios del mérito, confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.

I.2 Hechos.

Afirmó que en el año 2008 la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación convocó al Concurso Abierto de Méritos del Área Administrativa, razón por la que se inscribió en las siguientes convocatorias en las que se ofertó el cargo de Profesional de Gestión II: i) Convocatoria 004-2008 Grupo 03; y ii) Convocatoria 005-2008 Grupo 03.
Adujo que en las Convocatorias 004-2004 y 005-2008 obtuvo los puestos 200 y 18, respectivamente, razón por la que quedó como elegible, más aún, si se tiene en cuenta que culminó cada una de las etapas del concurso público que fue finalizado a través del Acuerdo núm. 028 de 2015 emitido por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación.

Explicó que, una vez se finalizó el concurso, se dio inicio a los trámites respectivos para efecto de consolidar las listas de elegibles de los diferentes empleos ofertados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, cuyo proceso culminó 19 meses después con la expedición de las listas de elegibles.

A su juicio, comoquiera que a la fecha de la presentación de la tutela, 40 personas no han aceptado el nombramiento en el cargo de Profesional de Gestión II ofertado en las Convocatorias 004 y 005, en las que ocupó los puestos 200 y 18, respectivamente, le da derecho a que se le nombre en período de prueba en dicho empleo.
Puso de manifiesto que el acto contentivo de las listas de elegibles previó que estas tenían una vigencia de 2 años, así como también que la provisión definitiva del empleo convocado debía efectuarse en estricto orden descendente, una vez se encuentre en firme la lista.

En igual sentido, precisó que el artículo 40 del Decreto 020 de 2014 dispuso que el nombramiento en período de prueba operaba una vez estuviese en firme la lista de elegibles, evento en el cual la Comisión de la Carrera Especial respectiva la enviaba al nominador para que, en estricto orden de mérito, efectuara el nombramiento del aspirante en período de prueba en el empleo objeto del concurso. Asimismo, indicó que el nombramiento debía producirse dentro de los 20 días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.

Señaló que lo anterior no se ha producido, pese a que han transcurrido 16 meses sin haber sido nombrado en período de prueba y que existen concursantes que no aceptaron sus nombramientos.

Adujo que, mediante escrito de 16 de mayo de 2016, solicitó a la Fiscalía General de la Nación información sobre cuántos y a quiénes se les ha hecho el nombramiento en período de prueba de las personas que conforman la lista de elegibles para el cargo al cual concursó y, por qué no se han nombrado todos los concursantes que aprobaron la convocatoria. Aseguró que no ha recibido respuesta alguna a su solicitud, por lo que también consideró vulnerado su derecho de petición.

Expresó que, en diferentes ocasiones, ha revisado la página web de la Comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se han registrado diversas acciones de tutela en su contra, con ocasión de las cuales, la entidad ha dado a entender que los que no se encuentran dentro del rango inicial de elegibles no tienen derecho.

Aseguró que, en diferentes ocasiones, se ha comunicado telefónicamente con la accionada para que le indiquen las razones que justifican su tardanza en los nombramientos, a lo que siempre le responden que cuentan con dos años para realizar los nombramientos. Puso de presente que sobre este asunto se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de 13 de septiembre y 28 de abril de 2016 y la Corte Constitucional en sentencia SU-913 de 2009, entre otras.

I.3 Pretensiones.

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se le ordene a la Fiscalía General de la Nación realizar el nombramiento en período de prueba y su posesión en el empleo Profesional de Gestión II ofertado en las Convocatorias núms. 004-2008 y 005-2008. Adicionalmente, solicitó lo siguiente:

“SEGUNDO: Se ordene que si dentro de los nombramientos que a la fecha ha realizado la FGN en el empleo de interés del accionante y que le preceden, no se han cubierto todas las vacantes del concurso… y donde actualmente se encuentra como elegible, se realice su nombramiento en la ciudad de Bogotá, ya que es el lugar de interés del tutelante, con lo cual se protege su unidad familiar.”

I.4 Defensa.

La Fiscalía General de la Nación, consideró que el amparo solicitado debía ser denegado, por cuanto no había vulnerado al actor ningún derecho fundamental.

Puso de presente que el actor se presentó a las convocatorias 004 y 005 de 2008 para los cargos de Profesional Universitario I hoy Profesional de Gestión II, Grupo 3, dentro de las cuales se publicó el registro de elegibles a través de los Acuerdos 0029 y 0030 del 13 de julio de 2015.
Adujo que en el Acuerdo 029 de 2015 figura el actor en el puesto 200.2 de 161 cargos ofertados para el cargo de Profesional de Gestión II, Grupo II, por lo que no se encuentra en el orden de elegibles para ser nombrado en período de prueba respecto de dicho cargo. Asimismo, señaló que en el Acuerdo 0030 de 013 de julio de 2015, para el cargo de Profesional de Gestión II, Grupo 3, el actor ocupa el puesto 18 de 7 cargos ofertados, por lo que tampoco se encuentra en el orden de elegibles para ser nombrado en período de prueba. Para el efecto, explicó lo siguiente:

“Sobre el puesto que ocupa, el accionante afirma equivocadamente que le asiste derecho a ser nombrado en período de prueba por haber superado todas las etapas del proceso de selección, asegurando que en virtud de la movilidad de las listas definitivas de elegibles es posible que se produzca su nombramiento. No obstante, como se señaló en los párrafos anteriores, el accionante no se encuentra dentro del rango de elegibilidad para ser nombrado en los cargos por los que concursó.”

Expresó que, de conformidad con las reglas de las Convocatorias 004 y 005 de 2008, el aspirante decidió a qué cargo y a qué grupo o profesión presentarse según los requisitos del empleo desde el momento de formalizar la inscripción y, por tanto, aceptó las condiciones del proceso de selección, conforme a las cuales se le asignó el respectivo puntaje en las pruebas de eliminación y clasificación. Afirmó que las normas de la convocatoria y sus documentos anexos deben ser cumplidas a cabalidad para el desarrollo y culminación del proceso del concurso de méritos, conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia SU-446 de 2011 y T-256 de 1995.

Precisó que los 1.716 cargos inicialmente ofertados de las áreas administrativa y financiera, se encuentran divididos dentro de los diferentes grupos de las convocatorias 001 a 0015 de 2008, en las cuales se inscribieron los participantes de conformidad con los requisitos allí establecidos. En el caso de las convocatorias 004 y 005 de 2008, Grupo 3, se indicó claramente que el número de cargos a proveer era de un total de 161 y 7, respectivamente.

Señaló que la entonces Comisión Nacional de Administración de la Carrera, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitó concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, respecto de la forma de conformación de los listados de elegibles y si debía tenerse en cuenta además del grupo y la disciplina académica o el área de ubicación del empleo. Para el efecto, se le contestó lo siguiente:

“De tal manera resulta evidente y se confirma que tanto la convocatoria como las pruebas que se aplicaron a los concursantes en desarrollo de la misma establecieron como regla que en la conformación del registro de elegibles solo se consideraría el grupo al cual se inscribió el aspirante”.
(…)

LA SALA RESPONDE:

1.- “Criterio que debe adoptar la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación para conformar los registros definitivos de elegibles, en el sentido de definir si se elaboran en consideración al “Grupo” conforme a la disciplina académica del aspirante o si, además del grupo, debe tenerse en cuenta el “Área” registrada por los aspirantes al momento de la inscripción.”

“Deben seguirse de manera estricta las bases del concurso que sirvieron para hacer las Convocatorias 01 a 015 de 2008, donde se señala que para la conformación del registro de elegibles solo se consideraría el grupo para el cual se inscribió el aspirante”.

En virtud de lo anterior, adujo que la Comisión de la Carrera Especial en sesión de 22 de septiembre de 2014, tras estudiar y analizar el referido concepto, decidió acoger el punto 1 en cuanto a la forma de conformar la lista de elegibles dentro del proceso de selección personal para el área administrativa del 2008 y que conforme a las reglas de la convocatoria, la lista de elegibles sería organizada por grupos de acuerdo con el número de empleos ofertados en todas y cada una de las convocatorias. En consecuencia, consideró que “no le asiste razón al actor al afirmar que se trató de 1.716 cargos convocados de manera global”.

Señaló que las normas que regulan el proceso de selección eran claras en indicar que los nombramientos en período de prueba se realizaban en estricto orden descendente, iniciando con quienes ocupen los primeros puestos de los listados definitivos de elegibles en firme y dentro de los dos años de vigencia de los referidos listados, tal y como lo indican los artículos 2° del Acuerdo 0040 de 2015 y 66 de la Ley 938 de 2004.

Reiteró que el orden de elegibilidad del actor no está dentro del número de las vacantes a proveer para las convocatorias en las que participó y, según lo referido en precedencia, aquél estará en la lista de elegibles por el término de su vigencia.

Aclaró que la lista de elegibles solo podrá emplearse respecto de los cargos objeto de la convocatoria y no de otros conforme lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia SU-446 de 2011.

A su juicio, nombrar al actor en período de prueba implicaría un desconocimiento de las normas que rigen la convocatoria y, además, se vulneraría el derecho a la igualdad de los que conformaron el listado de elegibles y tienen una expectativa legítima de ser nombrados en período de prueba por encontrarse dentro del rango de cargos a proveer por concurso de méritos, que no es el caso de aquél.
Adujo lo siguiente:

“Por último, es preciso dejar claro que la Entidad no ha omitido su deber de proveer los cargos de Profesional de Gestión II, Grupo 3 convocatorias 004 y 005 de 2008, por cuanto según la información recibida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, a la fecha se han realizado 161 nombramientos en período de prueba en la convocatoria N° 004 de 2008 Profesional de Gestión II, Grupo 3, de los cuales 54 de ellos fueron realizados el pasado viernes 10 de febrero de 2017. Vale decir, que se han revocado 25 nombramientos por causas ajenas a la Entidad, entre las cuales se circunscriben la imposibilidad en la notificación de las personas, el rechazo a los cargos por razones personales entre otras.

Por otra parte, en relación con la convocatoria N° 005 de 2008 Profesional de Gestión II, Grupo 3, se han realizado 10 nombramientos en período de prueba, puesto que han sido revocados 4 de estos nombramientos por las mismas razones enunciadas anteriormente.”

En atención a los interrogantes planteados por la Sección Segunda -Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto admisorio de 9 de febrero de 2017, contestó lo siguiente:

“1.- ¿Cuántos empleos quedan vacantes para ser provistos por la lista de elegibles de la convocatoria No. 004 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Grupo 3, y convocatoria No. 005 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Grupo 3?

En la convocatoria No. 004 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Gupo 3, quedan 25 cargos vacantes, y en la convocatoria No. 005 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Grupo 3, queda 1 cargo vacante.

2.- Nombre de las personas que siguen en turno para ser provistos por la lista de elegibles en la convocatoria No. 004 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Grupo 3, y convocatoria No. 005 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Grupo 3.

Convocatoria No. 004 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Grupo 3.

NOMBRE Y APELLIDOS
POSICIÓN EN LA LE
CARLOS HERNÁN PEREA ARCE
161
OSCAR DAVID HERNÁNDEZ VILLADIEGO
163
MARÍA LUISA FERNANDA SUAREZ COLORADO
164
CARLOS ARTURO VALENCIA ÁNGEL
165
ISABEL CRISTINA DÍAZ AGUDELO
166
SONIA CONSTANZA RODRÍGUEZ DÍAZ
167
ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
167
ELISABETH FAJARDO CAVIEDES
169
CEIDER MAURY PARDO IBARRA
170
MELBA ZENIT VANEGAS RODRÍGUEZ
171
LUZ MERI RAMÍREZ MARTIN
172
JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ VALLARES
173
GERMÁN RENGIFO OSORIO
174
ESTHER CABALLERO SANDOVAL
175
HILDA ASTRID VEGA CORREDOR
175
LUZ ANGÉLICA PORRAS CAMACHO
177
MARTHA LUCÍA VELOZA MONROY
177
LIBIA YOLIMA POVEDA RIAÑO
179
JUAN GUILLERMO GÓMEZ RODRÍGUEZ
180
PEDRO ALFONSO NAVAS GARCÍA
181
HENRY YARA OYOLA
182
CARLOS EUSTACIO HERNÁNDEZ ROJAS
183
LUIS FELIPE HAMON DÍAZ
184
WILLIAM RENÉ ARIZA TRIANA
184
JOSÉ RICARDO RUIZ RUIZ
186
MARTHA ELENA SÁNCHEZ PADILLA
187
DOLLY RODRÍGUEZ PERALTA
188
ALCIDES ENRIQUE OROZCO GUTIÉRREZ
189
CARLOS ALBERTO PALACIO LONDOÑO
190
LUZ STELLA VEGA PARDO
191
OLGA PATRICIA BECERRA SIERRA
192
ALICIA PEREA
193
MARTHA NELLY RAMÍREZ LLANO
194
ABDON SEGUNDO TOBAR
195
CARLOS ANDRÉS PRECIADO CAÑAS
196
AURORA GÓMEZ TORRES
197
TULIA DEL CARMEN ESCAMILLA CONTRERAS
197
EUGENIO ALFREDO MONTOYA PARRA
199
OLGA LUCÍA RUIZ ROJAS
200
EDILBERTO BALLESTEROS ROJAS
200

Convocatoria No. 005 de 2008, para el cargo Profesional de Gestión II Grupo 3.
NOMBRE Y APELLIDOS
POSICIÓN EN LA LE
DUNIA ESTHER QUESADA TATIS
11
GERMÁN PEDRAZA POVEDA
12
LUIS FERNANDO MARTÍNEZ SARMIENTO
13
MARÍA LEYDI PRIAS GAITÁN
14
MYRIAM VILLAMIL BARBOSA
15
ANA MAGALLY COLMENARES LAGUADO
16
JACKELINE ALDANA RODRÍGUEZ
16
CESAR AUGUSTO REYES SILVA
18
EDILBERTO BALLESTEROS ROJAS
18

3.- La forma en la que se encuentran provistos los empleos de Profesional de Gestión II – Grupo 3, ofertados en las Convocatorias 004 y 005 de 2008.

Para responder este interrogante es preciso indicar que son 19 convocatorias del concurso del año 2008, que emplean cargos de Profesional de Gestión II, para un total de 486 cargos a proveer. De los cuales, a la fecha se han nombrado 163 personas en período de prueba y propiedad. 232 cargos se encuentran en provisionalidad y son susceptibles de insubsistencia y se encuentran 91 nombramientos pendientes de posesión.
En lo que respecta a las convocatorias 004 y 005 de 2008, Grupo 3, en la primera fueron ofertados 161 cargos para Profesional de Gestión II de los cuales se han nombrado 161 y, en la segunda, fueron ofertados 7 cargos para Profesional de Gestión II, de los cuales se han nombrado 10.

Es preciso indicar, que una vez sean definidos los 91 nombramientos que se encuentran pendientes por posesión, se determinará si hay nombramientos que deban ser revocados y así darle movilidad a la lista de elegibles de cada una de las convocatorias.” (Negrillas del texto)

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO.

La Sección Segunda –Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de 16 de febrero de 2017, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad de acceso a cargos y funciones públicas y al trabajo del actor y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:

“SEGUNDO: Ordénase al Fiscal General de la Nación y al Subdirector Nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación que, dentro del término de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que se le notifique esta sentencia, si aún no lo ha hecho, en estricto orden de mérito y en forma descendente realice el nombramiento de las personas que se encuentren en el registro de elegibles conformado por los Acuerdos 029 y 030 de 2015 para proveer los 161 y 7 cargos de Profesional Universitario II, hoy Profesional de Gestión II Grupo 3, respectivamente, conforme a las convocatorias 004 y 005 de 2008, y en el evento de que algunos participantes de esas convocatorias no acepten el nombramiento, continuar nombrando a quienes hacen parte de ese registro de elegibles, en estricto orden de mérito, hasta llegar a los puestos 200 y 18 que ocupa el actor en ellos, si fuere posible, respectivamente. Así mismo, deberá garantizar los derechos de las personas de protección especial que estén ocupando en provisionalidad las vacantes ofertadas que deban ser provistas.

Las autoridades accionadas deberán acreditar el cumplimiento de las órdenes impartidas, allegando, con destino al presente proceso, copia de las actuaciones administrativas desplegadas para tal efecto, tan pronto se ejecuten.

(…)”

Para el efecto, puso de manifiesto que, en principio, el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar las decisiones administrativas que le resultaron desfavorables; no obstante, de conformidad con la sentencia SU-913 de 2009, la acción de tutela resulta ser el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para controvertir decisiones acaecidas al interior de los concursos.

Explicó que el ingreso, mantenimiento y ascenso en la carrera administrativa al interior de la Fiscalía General de la Nación está regulado por la Ley 938 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.”, que era la norma vigente al momento de llevarse a cabo la convocatoria núm. 004 de 2008, la cual no estableció un término para que dicha entidad realice los nombramientos en período de prueba de quienes hacen parte de las listas de elegibles dentro de los concursos de méritos. En consecuencia, consideró que debía acudirse al contenido de la norma general, esto es, a la Ley 909, que prevé en el numeral 2 del artículo 3° que las disposiciones de esa normativa deben aplicarse con carácter supletorio, en caso de que existan vacíos en la norma especial.

Adujo que con fundamento en lo anterior, se expidió el Decreto 1227 de 2005, que en su artículo 32 dispuso que, una vez en firme la lista de elegibles, la Comisión Nacional del Servicio Civil debía enviar copia al jefe de la entidad para la cual se realizó el concurso, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles y, en estricto orden de mérito, efectúe el nombramiento en período de prueba en el empleo objeto del concurso.

Indicó que con fundamento en la Ley 1654 se expidió el Decreto 020 que preceptuó en el artículo 40 que una vez se encontrara en firme la lista de elegibles, la Comisión de la Carrera Especial respectiva, debía enviarla al nominador para que, en estricto orden de mérito, efectúe el nombramiento del aspirante en período de prueba en el empleo objeto del concurso, el cual debe producirse dentro de los 20 días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.

Puso de presente que la controversia referida ya fue objeto de conocimiento por la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 13 de septiembre de 2016, en la que se estudió un caso con idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los que ahora se analizan, la cual fue citada in extenso.

Para resolver el caso concreto y en atención a la referida sentencia, adujo que sí existe un término perentorio para efectos de realizar los nombramientos en período de prueba, una vez conformada y publicada la lista de elegibles, que sería, en este caso de 10 días hábiles siguientes, según lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 1227. Adicionalmente, manifestó lo siguiente:

“Ahora, en gracia de discusión y también en consonancia con lo expuesto por el Alto Tribunal Contencioso Administrativo en la jurisprudencia que antecede, si bien en este caso no procede la aplicación del artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014, transcrito atrás, dado que el concurso en cuestión se inició antes de su vigencia, lo cierto es que el legislador consideró que el término allí señalado (de veinte (20) días hábiles) para realizar los nombramientos en período de prueba en los concursos de méritos abiertos por la Fiscalía General de la Nación (i) resulta suficiente para llevar a cabo tal procedimiento, lo que le resta aún más peso al argumento de la entidad sobre los traumatismos o trámites interno para poder realizarlos y, además, añade la Sala que (ii) el mismo también le es mucho más favorable a la demandada que el estipulado en el Decreto 1227 de 2005, ya referido.

De tal manera, para la Sala es claro que en el presente asunto la entutelada ha sido negligente en la gestión de realización de nombramientos en período de prueba de quienes conforman la lista de elegibles establecida en los Acuerdos 029 y 030 de 2015, para proveer las 161 y 7 vacantes del cargo de Profesional Universitario II, hoy Profesional de Gestión II, Grupo 3, en el que se encuentra el actor ubicado en la posición 200 y 18, máxime cuando ya han transcurrido más de dieciocho (18) meses desde su publicación y ejecutoria, y que la misma se encuentra próxima a vencerse (13 de julio de 2017), circunstancia que amenaza o pone en riesgo los derechos fundamentales invocados por el tutelante y su expectativa de acceder al cargo que legítimamente ganó mediante el concurso.”

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.

La Fiscalía General de la Nación, además de reiterar los argumentos expuestos en su escrito de contestación, hizo énfasis en que, de conformidad con la normativa aplicable al concurso de méritos de 2008, el término para llevar a cabo los nombramientos en cada convocatoria de dicho concurso es de 2 años, es decir, el período de vigencia del correspondiente registro de elegibles, cuya fecha de expiración es el 13 de julio de 2017.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso el actor solicita la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la carrera administrativa por concurso, de petición y a los principios del mérito, confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, que considera vulnerados por la Fiscalía General de la Nación.

La vulneración de los referidos derechos se atribuye al hecho de que, con ocasión del Concurso Abierto de Méritos promovido por la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, participó en las Convocatorias 004 y 005, a través de las cuales se ofertaron 161 y 7 vacantes, respectivamente, para proveer el cargo de Profesional de Gestión II, Grupo 3, en las cuales ocupó los puestos 200 y 18 en las correspondientes listas de elegibles definitivas. En consecuencia, comoquiera que 40 convocados no se presentaron, a los cuales se les revocó el nombramiento por no aceptación y/o vencimiento de términos, es del caso que la lista se mueva y, por ende, tiene derecho a ser nombrado en período de prueba.

Por su parte, a juicio de la Fiscalía General de la Nación, al actor ocupar los puestos 200 de 161 cargos ofertados en la Convocatoria 004 y 18 de los 7 cargos ofertados en la Convocatoria 005 de Profesional de Gestión II Grupo 3, no le asiste derecho alguno a ser nombrado en período de prueba por no encontrarse en el orden de elegibles para el efecto. En consecuencia, dicho nombramiento debe realizarse en estricto orden descendente iniciando con quienes ocupen los primeros puestos de los listados definitivos, y dentro de los 2 años de vigencia de los referidos listados, de conformidad con lo ordenado en el artículo 2° del Acuerdo 0040 de 2015 y el artículo 66 de la Ley 938.

En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la Fiscalía General de la Nación vulnera los derechos fundamentales al actor al no proceder a su nombramiento en período de prueba, teniendo en cuenta que en las convocatorias núms. 004 y 005 se ofertaron, para el cargo de Profesional de Gestión II Grupo 3, 161 y 7 vacantes, respectivamente, en cuyas listas de elegibles ocupa los puestos 200 y 18 y, adicionalmente, hay personas que han rechazado los cargos por distintas razones.

En consecuencia, para lo anterior, es necesario establecer si la acción de tutela es procedente frente a la solicitud de nombramiento de concursantes incluidos en la lista de elegibles y, finalmente, se examinará el fondo del asunto.

De la procedencia de la acción de tutela.

Frente a las pretensiones relativas a la provisión de cargos de carrera administrativa, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es el adecuado para estos casos, pues es la acción de tutela el instrumento judicial eficaz e idóneo y el mecanismo principal de defensa de las garantías constitucionales con el que cuenta una persona para controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en atención a los resultados publicados en las listas de elegibles en los concursos de mérito, debido a la celeridad y primacía que esta acción ostenta, dado que de esta forma se garantizan no solo los derechos a la igualdad y al debido proceso, sino se asegura la debida aplicación del artículo 125 de la Constitución.

Del caso concreto.

Sea lo primero advertir que esta Sección, en sentencias de 24 de noviembre de 2016 y 9 de febrero de 2017, se pronunció sobre asuntos similares al aquí expuesto en tanto que, en todos los casos, los actores pretenden que la Fiscalía General de la Nación, con ocasión del concurso de méritos convocado en el año 2008, los nombre en período de prueba, habida cuenta de que se encuentran en la lista de elegibles. No obstante, tales asuntos se diferencian del presente en el hecho de que en aquellas oportunidades los puestos que ocupaban los accionantes al interior de las correspondientes listas de elegibles estaban dentro del rango de las vacantes ofertadas y, en el presente caso, el solicitante se encuentra fuera de ese límite, pues en las Convocatorias 004 y 005 se ofertaron 161 y 7 cargos, respectivamente, y el actor en las correspondientes listas ocupó los puestos 200 y 18.

De igual forma, es de precisar que en las oportunidades anteriores, la Sala acogió la tesis expuesta por la Sección Segunda de esta Corporación, en fallo de 13 de septiembre de 2016, en la que, además de estudiar un asunto idéntico al analizado por esta Sección, en sentencias de 24 de noviembre de 2016 y 9 de febrero de 2017, también se estudió un caso que reviste las mismas particularidades del sub examine, como se explicará a continuación.

En sentencia de 13 de septiembre de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación conoció de una acción de tutela instaurada por una ciudadana que participó en el concurso de mérito convocado por la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, para lo cual se inscribió en las Convocatorias 008 para proveer el cargo Técnico I y 013 para el cargo Asistente II.

En la primera Convocatoria, esto es, la 008, se ofertaron 30 cargos Técnico I y en la lista de elegibles ocupó el puesto 32. Por su parte, en la Convocatoria 013, se ofertaron 17 cargos de Asistente I y la accionante ocupó el puesto 12.

En dicha oportunidad la Sección Segunda de esta Corporación explicó que el Régimen de Carrera de la Fiscalía General de la Nación está integrado, en virtud del artículo 253 de la Constitución Política, por las Leyes 938 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, 1654 y el Decreto 020 de 2014, “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”.

Aclaró que por ser las Convocatorias objeto de tutela del año 2008, en principio, el Decreto 020 no resultaba aplicable.

Así, la Ley 938 prevé que la Fiscalía General de la Nación tiene su propio régimen de carrera, que es administrado y reglamentado de forma autónoma por la Comisión Nacional de Carrera (artículo 60). Asimismo, dispuso que la Convocatoria es la norma obligatoria reguladora de todo el proceso de selección (artículo 62) y, finalmente, que la provisión de cargos producto del concurso, se hará en estricto orden descendente de quienes ocupen los primeros puestos del registro de elegibles, el cual tendrá una vigencia de 2 años y los concursantes que resulten beneficiarios de un nombramiento de tal naturaleza, ingresarán en período de prueba por el término de 3 meses, vencidos los cuales y obtenida la calificación satisfactoria, serán nombrados en propiedad e inscritos en el escalafón de carrera; no obstante, en el evento de que la calificación sea insatisfactoria, serán desvinculados del servicio, sin derecho a indemnización alguna. (Artículos 66 y siguientes).

En virtud de lo anterior, la Sección Segunda consideró que, de la normativa referida, se podía concluir que estaba previsto un término de vigencia para la lista de elegibles (2 años) y un término de duración para el período de prueba (3 meses), pero no se dispuso un término perentorio en el cual la Fiscalía General de la Nación debía realizar los nombramientos, una vez conformados los registros de elegibles.

Sobre el aspecto anotado, esa Sección adujo lo siguiente:

“Ahora bien, la Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 3 prevé que las disposiciones en ella contenidas se aplican, en forma supletoria, cuando existen vacíos normativos, entre otras, en las carreras especiales, como la de la Fiscalía General de la Nación.

Si bien, verificado el articulado de la ley general de carrera administrativa, tampoco se prevé un término perentorio para realizar los nombramientos, una vez conformado el registro de elegibles, ese término sí está previsto en el artículo 32 del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de aquella, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 32. En firme la lista de elegibles la Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad para la cual se realizó el concurso, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles y en estricto orden de mérito se produzca el nombramiento en período de prueba en el empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna otra modalidad, una vez recibida la lista de elegibles.”

Con fundamento en lo anterior, al aplicar la norma supletoria, se puede concluir que sí existe un término perentorio para que se produzcan los nombramientos, una vez conformada la lista de elegibles.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación asegura que a efecto de realizar los nombramientos faltantes, producto de los 1716 cargos que se ofertaron dentro del concurso, se podrían causar traumatismos en el normal funcionamiento de la entidad, dada la inminente desvinculación de aquellos que ocupan el cargo en provisionalidad, razonamiento que no es de recibo por esta Corporación, dado que las personas que hacen parte del registro de elegibles, tienen derecho a acceder a esos cargos, pues para ese efecto participaron y aprobaron todas las etapas del concurso de méritos.

Igualmente, el ente demandado sostiene que para el mismo fin, es necesario analizar las situaciones especiales y garantizar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y que el trámite administrativo de nombramiento consta de 2 fases, a saber: i) el estudio de seguridad derivado del numeral 14 del artículo 77 de la Ley 938 de 2004, a ser realizado por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, la expedición y firma de los actos administrativos de nombramiento, la comunicación de los mismos, los términos para la aceptación, solicitud de prórroga para la posesión, entre otras situaciones relacionadas y ii) determinación de la procedencia de realizar una actualización de la lista de elegibles vigente.

Al respecto, la Sala debe precisar que, en norma posterior al Concurso de que trata la acción de tutela, el Presidente de la República, en uso de facultades especiales, profirió el Decreto Ley 020 de 2014, por el cual estableció en Régimen de Carrera de la Fiscalía General de la Nación y en su artículo 40 estableció lo siguiente:

“Artículo 40. Nombramiento en período de prueba. En firme la lista de elegibles, la Comisión de la Carrera Especial respectiva la enviará al nominador para que, en estricto orden de mérito, proceda a efectuar el nombramiento del aspirante en período de prueba en el empleo objeto del concurso, en el cual el servidor deberá demostrar su capacidad de adaptación al cargo, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones. El periodo de prueba deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo, en los términos adoptados por la Fiscalía General de la Nación y por las entidades adscritas.

El nombramiento en período de prueba debe producirse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.”

Si bien es cierto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Ley 020 de 2014, esa disposición no rige para los concursos que estaban en marcha al momento de su expedición, como el que nos ocupa, la Sala considera que como el legislador -así sea en forma posterior- ha considerado que veinte (20) días es un término razonable para que se produzcan nombramientos en periodo de prueba al interior de la entidad demandada, mal podría esa misma entidad, alegar razones de traumatismos o trámites internos, para no realizar los nombramientos en ese preciso término, el que se ha considerado por el legislador, como suficiente para ese efecto.

Consecuente con lo anterior, la Sala concluye que el término con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para nombrar en período de prueba, en estricto orden descendente de los registros de elegibles conformados para las Convocatorias 008 y 013 de 2008, es de veinte (20) días hábiles.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Frente a los precitados argumentos, esta Sala en sentencia de 9 de febrero de 2017, antes referida, precisó lo siguiente:

“Ahora bien, frente al término de los 20 días que se otorgaron para la realización de los nombramientos en mención, se precisa aclarar que el Consejo de Estado, en la sentencia transcrita, no dio aplicación a una norma posterior (Decreto Ley 020 de 2014), sino que, con ocasión del vacío legal existente en la Ley 938 de 2004 frente al plazo para nombrar a los concursantes una vez publicada la lista de elegibles, efectuó una interpretación sistemática del tema (los artículos 32 del Decreto 1227 de 2005 y 40 del Decreto Ley 020 de 2014, en concordancia con lo dispuesto en el 125 constitucional) y concluyó que, como plazo razonable, sería apropiado el de 20 días y por ende, le concedió a la Fiscalía General de la Nación dicho término para que realizaran los pluricitados nombramientos, por cuanto pudo vislumbrar que el actuar poco diligente de la demandada no permitiría materializar el contenido del artículo 125 superior, que prevé que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera (salvo determinadas excepciones) y que se deben proveer a través de concurso público.”

De lo hasta aquí expuesto, queda claro que la Fiscalía General de la Nación cuenta con un término de 20 días para nombrar en período de prueba, en estricto orden descendente de los registros de elegibles.

Respecto del caso concreto, la Sección Segunda, al estudiar los hechos probados en el proceso, pudo advertir que, pese a que la Fiscalía desde la entrada en vigencia de los registros de elegibles, había efectuado algunos nombramientos en ambas Convocatorias, lo cierto es que esa gestión no era célere en buscar garantizar a los concursantes el acceso a los cargos públicos, cuyo derecho se originó por haber superado satisfactoriamente todas las etapas de la convocatoria. En consecuencia, en atención a que en el transcurso de más de un año, ni siquiera se había satisfecho la mitad de las listas de elegibles, no lo hará durante el término de vigencia de las mismas, lo que, a juicio de esa Sección “pone en riesgo el derecho que le asiste a la accionante a acceder a uno de los empleos por los que participó y de cuyo registro de elegibles hace parte, teniendo en consideración que sólo faltan 10 meses para que expiren.” Por lo anterior, concluyó lo siguiente:

“Con fundamento en lo anterior, forzoso es concluir que el acceso a cargos públicos está siendo realmente amenazado con el actuar poco diligente y moroso por parte de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual se ordenará que proceda al nombramiento de quienes hacen parte de los registros de elegibles de las convocatorias 008 y 013 de 2008, en estricto orden de méritos y de acuerdo a la cantidad de vacantes que fueron ofertadas en las respectivas convocatorias, pero que el término de nombramiento no supere los (20) días hábiles a que alude el acápite anterior.”

Adicionalmente, en relación con el argumento referido por la Fiscalía en cuanto a que cada persona cuenta con un término para aceptar o declinar el cargo o para prorrogar el término de los nombramientos, aclaró cómo debía ser el procedimiento de la accionada ante tales eventualidades, el cual se describió en los siguientes términos:

“Valga aclarar que si bien es cierto la Fiscalía se refiere al término con que cuenta cada una de las personas nombradas para aceptar o declinar el cargo o para prorrogar el término de los nombramientos, también lo es que para uno de los cargos en que concursó la demandante fueron 17 las plazas ofertadas y para el otro fueron 30 las que se convocaron. La manera de proceder de la Fiscalía era, para el primer caso, nombrar a quienes ocuparon los 17 primeros lugares de la lista y en el segundo caso a quienes ocuparon los 30 primeros lugares de la lista, en aquellos empleos que estaban vacantes y que producto de esa vacancia fueron ofertados, sin esperar a realizar los nombramientos uno a uno, pues ello implica demoras injustificadas, obvio, sin perjuicio de amparar los derechos fundamentales en aquellos casos especiales en que los empleos estén provistos en encargo o provisionalidad, por sujetos de especial protección constitucional.

Nombrar uno a uno de los miembros del registro de elegibles y esperar a que cada uno de ellos acepte o no, prorrogue o no su nombramiento, para que concluida esa etapa se pueda nombrar al siguiente, implica una demora injustificada, máxime cuando no fue ofertado un solo empleo, caso en el cual sí sería necesario ese procedimiento.

En el caso aludido, como para ninguno de los dos cargos se ofertó una sola vacante, sino más de una, lo procedente es efectuar el nombramiento en la misma cantidad de vacantes que fueron ofertadas y, en el evento de que en algunos casos deban ser revocados los nombramientos, por no ser aceptados por quienes en ellos recaen, se ha de continuar con los demás miembros que hacen parte del registro de elegibles, en riguroso orden de elegibilidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 938 de 2004 .

Siendo así, la Fiscalía General de la Nación no solo deberá efectuar el nombramiento de la demandante para el cargo de Asistente Administrativo II, hoy Asistente II, en el término de veinte (20) días, aludidos en forma precedente, nombramiento que de igual modo debe recaer tanto en los 4 concursantes que le anteceden en la lista de elegibles, como en los 5 que le suceden, hasta completar los 17 nombramientos de las vacantes ofertadas, sino que también deberá tener en cuenta a la demandante para que, completado el nombramiento de los 30 primeros lugares de la lista de elegibles conformada para el cargo de Técnico Administrativo II, hoy Técnico I, si varios de los que le anteceden en el orden de elegibilidad no aceptaran su nombramiento , deberá continuar con quienes le siguen en la lista, entre los que se encuentra la demandante, hasta cubrir las 30 vacantes para las que se promovió la convocatoria aludida.”
Entonces, de lo anterior la Sala concluye que, en términos generales, cuando sean varias las plazas ofertadas, una vez se expida la lista de elegibles, la entidad tiene 20 días para efectuar la totalidad de los nombramientos en igual número a las vacantes ofertadas y no uno a uno, pues ello implica una demora injustificada, sin perjuicio de amparar los derechos fundamentales en aquellos casos especiales en que los empleos estén provistos en encargo o provisionalidad, por sujetos de especial protección constitucional.

Adicionalmente, en los casos en que el actor no se encuentre dentro del rango de cargos ofertados, pero uno o varios de los nombramientos que lo anteceden fueron revocados por no ser aceptados por quienes en ellos recaen, se debe continuar con los demás miembros que hacen parte del registro de elegibles, en riguroso orden de elegibilidad hasta llegar al puesto del solicitante en el evento en que a ello hubiere lugar.

En el presente caso, se advierte lo siguiente:

-. El registro de elegibles para las Convocatorias 004 y 005 se conformó en los Acuerdos 029 y 030 de 13 de julio de 2015, lo que indica que su vigencia expira el 13 de julio de 2017 y que la Fiscalía contaba con un término de 20 días para nombrar en período de prueba en estricto orden de la lista, el número de vacantes ofertadas.

-. El actor, tanto en la Convocatoria 004 como en la 005, ocupó un puesto en la lista de elegibles superior al número de cargos ofertados.

-. A la fecha de la presentación de la acción de tutela habían transcurrido más de 19 meses sin que la Fiscalía General de la Nación hubiese efectuado la totalidad de los nombramientos para ocupar las vacantes ofertadas en las convocatorias 004 y 005, lo que, de conformidad con la sentencia antes referida, constituye un proceder negligente que amenaza el derecho que le asiste al accionante a acceder a uno de los empleos por los que participó y de cuyo registro de elegibles hace parte, teniendo en consideración que sólo faltan 2 meses para que expiren.

-. Comoquiera que la entidad accionada manifestó que, para las convocatorias 004 y 005 se han revocado 25 y 4 nombramientos, respectivamente, la entidad debe continuar con los demás miembros que hacen parte del registro de elegibles, en riguroso orden de elegibilidad hasta llegar al puesto del solicitante en el evento en que a ello hubiere lugar.

En virtud de lo precedente, la Sala estima que el fallo de primer grado estuvo ajustado a derecho y conforme a la Jurisprudencia referida, por lo que debe ser confirmado en su totalidad.

Adicional a lo anterior, es del caso señalar que en oficio allegado durante el trámite de la impugnación, la Fiscalía General de la Nación informó que, en cumplimiento de la orden de primer grado, con ocasión de la Convocatoria 004, nombró al actor mediante Resolución núm. 0-876 de 10 de marzo de 2017, en atención a la movilidad de la lista y a los actos administrativos revocados por causas que le eran ajenas.

Por lo anterior, comoquiera que la referida actuación devino del cumplimiento de la orden judicial impartida por el Juez de primer grado, la Sala considera que cesó la vulneración de los derechos fundamentales del actor, pero ello no da lugar a revocar el fallo impugnado, pues la directriz impartida fue determinante para la protección de los derechos fundamentales deprecados y, por tanto, debe ser confirmada. Así lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades, como es el caso de la sentencia de 27 de abril de 2017, en la que se adujo lo siguiente:

“De las respuestas traídas a colación en líneas anteriores se evidencia que las mismas se elaboraron en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que no se encuadran dentro de la definición de hecho superado contenida en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:

(…)

Cabe recordar que según la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado se deben presentar los siguientes elementos:

Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.

Que antes de que se profiera la decisión del Juez, esto es, como medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos fundamentales, porque se satisface lo pedido en la tutela.

La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que eventualmente decretaría el Juez, carecería de objeto y, por ende, se torna inoficiosa.

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado, pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de un Juez para garantizar el derecho fundamental de petición de los ciudadanos.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que debe confirmarse la que ya se decretó, por cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho reclamado. Es de resaltar que esta Sala, ya se pronunció en el mismo sentido en sentencia de 12 de mayo de 2016, en la cual rectificó su posición atendiendo al criterio jurisprudencial anteriormente reseñado.” (Negrillas fuera del texto)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 16 de febrero de 2017 proferida por la Sección Segunda –Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma más expedita.

TERCERO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de mayo de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

Expediente núm. 2016-01254-01. Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández (E).
Expediente núm. 2015-03157-01. Consejero ponente Alberto Yepes Barreiro.
Expediente núm. 2016-01254-01. Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández.
Sentencia T-843/09 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Expediente núm. 2016-01099-01. Consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
Expediente núm. 2016-05105-01. Consejera ponente María Elizabeth García González.
Expediente núm. 2016-01254-01. Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández (E).

Teniendo en cuenta que el legislador (aunque haya sido en forma posterior) consideró dicho plazo como razonable para que se proceda a efectuar los nombramientos en periodo de prueba al interior de la Fiscalía General de la Nación.
Expediente núm. 2017-00189. Consejera ponente María Elizabeth García González.
Sentencias T-581 de 2010 y T-612 de 2012.
Actora: Diana Marcela Mora Moreno. Exp. núm. 2016-00173-01.
La Corte Constitucional ha explicado que “Si la satisfacción o el menoscabo se presentan durante el trámite de las instancias o en sede de revisión, surge la carencia actual de objeto, que hace ineficaz la tutela, al existir un hecho superado si se restableció la garantía invocada” (Sentencia T-622 de 2010). En tales eventos, señala esa Corporación que “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para la Corte en sede de revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda” (sentencia T-170 de 2009). Es decir, que al hablar la Corte del hecho superado en cualquiera de las instancias o en sede de revisión se está refiriendo a la ineficacia de emitir órdenes de protección cuando se logra verificar que existió la vulneración, pero que la misma cesó por satisfacción del derecho.

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