RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01064-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01064-01

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01064-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 27 de abril de 2023, por la Sección Segunda – Subsección A – del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01064-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

14 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - tercera instancia - la parte actora pretende
reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2023, por la Sección Segunda –
Subsección A – del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió negar la solicitud
de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 1° de septiembre de 2022, Luz Angélica Porras Camacho, actuando por medio
de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado 59 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección C, con el fin de que se dejen sin efectos las sentencias
de 15 de julio de 2020 y 20 de abril de 2022, proferidas por las referidas autoridades
judiciales en el medio de control de reparación directa1 que inició contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la
responsabilidad de la entidad por los perjuicios causados con ocasión de la demora
en su nombramiento y posesión en período de prueba en la planta global de la
misma. Lo anterior, teniendo en cuenta que la accionante hizo parte de la
Convocatoria 004 del 2008 (concurso abierto de méritos del Área Administrativa de
la Fiscalía), concursando por uno de los 161 cargos de profesional universitario II,

1 Identificado bajo el número radicado: 11001-33-43-059-2017-00344-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

hoy profesional de gestión II, que se ofertaron. El 10 de marzo de 2017, fue nombrada
en el mencionado cargo y se posesionó el 5 de mayo siguiente.

3.- El 15 de julio de 2020 el Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá negó las pretensiones de la demanda e inconforme con lo anterior, la
demandante apeló la decisión adoptada en primera instancia.

4.- El 20 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó la
decisión proferida por el Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

5.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad ante la ley, y los principios de favorabilidad y
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Al incurrir en los siguientes
defectos:

6.- Fáctico, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no valoró las
pruebas allegadas al proceso de reparación directa que demostraban un retardo
injustificado en el nombramiento de la accionante en el cargo de profesional de
gestión II. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley
909 de 2004, norma que según la accionante debía aplicarse a su caso, al estar
vigente para la época en que se expidieron las listas de elegibles y debido al vacío
normativo de la Ley 938 de 2004 y el Decreto Ley 20 de 2014.

7.- Procedimental absoluto, debido a que la autoridad judicial de segunda instancia
actuó al margen del procedimiento y las normas procesales, desconociendo la
existencia de otras providencias judiciales proferidas por varios tribunales, en los que
se analizaron los mismos supuestos fácticos y se resolvió a favor de los
demandantes.

8.- Error inducido, en la medida en que la Fiscalía General de la Nación indujo al
Tribunal accionado a emplear las normas que eran favorables a sus intereses pese
a conocer la existencia de pronunciamientos judiciales en los que se han accedido a
las pretensiones de la accionante.

9.- Decisión sin motivación, comoquiera que en las sentencias discutidas no se
expusieron los fundamentos fácticos y jurídicos que las soportan, con lo cual los
servidores judiciales accionados incumplieron su obligación de motivación.

10.- Desconocimiento del precedente judicial, pues la Sección Tercera, Subsección
C, del Tribunal accionado omitió aplicar las reglas fijadas en nueve sentencias (ver
Tabla 1), proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y en la sentencia del 11 de mayo de 2017 proferida

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la acción de tutela radicada con el
número 25000-23-42-000-2017-00456-01.

Tabla 1. Sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Subsección
B - Sección Segunda
Fecha de la sentencia Radicado
11 de febrero de 2017 11001-33-36-034-2017-003430-01
11 de febrero de 2017 11001-33-43-038-2018-00311-01
11 de febrero de 2017 11001-33-36-061-2018-00281-01
19 de junio de 2019 11001-33-36-031-2017-00311-01
24 de septiembre de 2020 11001-33-36-031-2018-00199-01
26 de noviembre de 2020 11001-33-36-037-2018-00049-01
24 de septiembre de 2021 11001-33-43-063-2019-00257-01
3 de diciembre de 2021 11001-33-43-058-2017-00319-01

11.- Y violación directa de la Constitución, pues considera que al no seguir la postura
que adoptó la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en varias sentencias en las que accedió a las pretensiones de otros
participantes de la Convocatoria 004 del 2008, las autoridades accionadas
conculcaron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

B. Sentencia de primera instancia

12.- Mediante providencia del 27 de abril de 2023, la Sección Segunda –
Subsección A – del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo, al considerar
que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no incurrió en los defectos que se alegaron en el escrito de demanda.
Al respecto indicó que:

(i) Los defectos por violación directa de la Constitución Política y desconocimiento
del precedente judicial, no se configuraban debido a que: a) la entidad accionada no
estaba obligada a acatar la tesis propuesta en las providencias emitidas por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal, al tratarse de precedentes
proferidos por una subsección diferente y de igual jerarquía, b) la autoridad judicial
hizo referencia expresa a la posición de la Subsección B y manifestó las razones por
las que no compartía el precedente fijado por esta, postura que adoptó en atención
a los principios de autonomía e independencia judicial y c) la sentencia del 11 de
mayo de 2017 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado (Rad. 25000-
23-42-000-2017-00456-01), se dictó en sede de tutela, por lo que al no tratarse de
una sentencia de unificación en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011,
sus efectos son inter partes, razón por la cual no podía considerarse como un
precedente vinculante para la autoridad accionada.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

(ii) Contrario a lo expuesto por la parte actora, la autoridad judicial accionada expuso
de manera clara y coherente las razones por las cuales consideró que debía
confirmarse la sentencia recurrida. Para ello, señaló que la accionante no logró
probar la fecha en qué debió efectuarse la reclasificación de la lista de elegibles y,
por lo tanto, el momento a partir del cual tenía derecho a que se efectuara su
nombramiento, aspecto que impidió al Tribunal determinar si se presentó o no una
tardanza injustificada, determinación que soportó normativa, jurisprudencial y
probatoriamente. Por lo anterior, concluyó que no se configuró el defecto por decisión
sin motivación.

(iii) Sobre los defectos fáctico y procedimental manifestó que la parte actora no indicó
cuáles fueron las pruebas concretas o las normas procesales que la autoridad judicial
dejó de aplicar o empleó de forma incorrecta.

(iv) Por último, la Sala concluyó que el hecho de que la Fiscalía General de la Nación
haya ejercido su derecho de defensa dentro del proceso no conllevaba a la
configuración del defecto de error inducido en la decisión atacada.

C. La impugnación

13.- La parte actora presentó escrito de impugnación, en el cual señaló que el
análisis del asunto puesto en consideración de esta Sala se efectuaría de manera
exclusiva sobre el desconocimiento del precedente judicial. De conformidad con lo
anterior, precisó que: (i) sobre el tema objeto de estudio la Sección Tercera –
Subsección B – del Tribunal Administrativo de, ha proferido, entre otras, las
sentencias de: 19 de junio de 2019 (Rad. 11001-33-36-031-2017-00311-01), 24 de
septiembre de 2020 (Rad. 11001-33-36-031-2018-000199-01), y 11 de febrero de
2020 (Rad. 11001-33- 36-034-2017-00343-01); (ii) en sentencia del 18 de diciembre
de 2020 (Exp. 11001-33-43-063- 2018-00351-01) la Subsección C, de la Sección
Tercera, del referido Tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin embargo, en
sentencia de 30 de marzo de 2022 (Rad. 11001-33-43-061-2018-00368-01) la misma
Sala declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía
General de la Nación por los daños sufridos por el señor Orlando Javier Paz Dávila
como consecuencia del retardo injustificado en su nombramiento en el cargo de
Profesional de Gestión II; (iii) las Subsecciones B y C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca han declarado la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
al considerar que en las convocatorias que se adelantan con la finalidad de proveer
cargos de la planta de la entidad, es posible aplicar por analogía el artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014, en la medida en que dicha disposición establece el plazo
legal para efectuar la designación de las personas que se encuentran en el registro
de elegibles. Postura que según el accionante se fundamenta en la jurisprudencia
del Consejo de Estado (sentencia de 13 de septiembre de 2016, C.P. Gabriel
Valbuena Hernández, Rad. 25000-23-37-000-2016-01254-01 AC), de la Corte

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Suprema de Justicia (sentencia de tutela de 30 de marzo de 2016 dentro del proceso
No. 480084) y la Corte Constitucional (sentencia de unificación SU-446 del 2011); y
(iii) debido a la ausencia de una postura uniforme entre las Subsecciones de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la autoridad judicial
accionada debió acoger el precedente mayoritario de esa Corporación para resolver
el caso objeto de estudio. Lo anterior, de conformidad con las reglas fijadas por la
Sección Segunda de esta Corporación en la Sentencia de 13 de septiembre de 2016
(Rad. 25000-23-37-000-2016-01254-01) y en aplicación del principio de favorabilidad
previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

14.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Análisis del caso concreto

15.- De acuerdo a lo indicado en el escrito de impugnación, corresponde determinar
si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado en la demanda al
considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados
por la accionante. De igual forma se advierte que si bien en la demanda el accionante
alegó la configuración de los defectos: fáctico, procedimental absoluto, error
inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la constitución, en el escrito de impugnación señaló que su inconformidad
con el fallo proferido por el a quo únicamente se relacionaba con las consideraciones
expuestas sobre la ausencia de configuración del defecto por desconocimiento del
precedente judicial, por lo que el estudio del asunto en segunda instancia se limitará
a establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en el referido defecto.

16.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el proceso de reparación directa, así como el recurso de amparo y la impugnación
presentados por la actora, la Sala no encuentra que los argumentos que presenta la
demandante se proyecten como transgresión de los derechos fundamentales que
invoca. Como se indicó previamente, la accionante alegó que el Tribunal accionado
incurrió en un defecto al no adoptar el precedente judicial fijado en las sentencias de

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

las Subsecciones B3 y C4 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las que
se ha declarado la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación al considerar
que si bien la Ley 938 de 2004 no consagra un término para que la entidad provea
los cargos vacantes, a partir de la lista de elegibles, una vez ocupados los cargos
que fueron ofertados en el marco de la Convocatoria No. 004 del 2008, es posible
aplicar - por vía de analogía - las disposiciones consagradas en el artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014 a este tipo de situaciones. Postura que según la accionante
se fundamenta en la jurisprudencia del Consejo de Estado5, la Corte Suprema de
Justicia6 y la Corte Constitucional7.

17.- En relación con el precedente jurisprudencial se tiene que este ha sido
denominado como “(…) el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por
el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado
deben ser tenidas en cuenta por la autoridad a quien le competa para la resolución
de su caso concreto”8. La manera para determinar cuándo el precedente resulta
necesario para la solución del caso, por lo que se impone como deber de observancia
para el operador judicial, es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa
como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver; (ii)
se trata de un problema jurídico semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son [similares] o plantean un punto de derecho [de igual
característica] al que se debe resolver posteriormente”9. De esta forma, el precedente
utilizado debe guardar semejanza entre los hechos, el problema jurídico planteado y
la normativa utilizada para resolver los casos.

18.- La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre dos clases de
precedentes, el horizontal y el vertical. El primero hace referencia a aquellas
sentencias proferidas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador
judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva. Así, para la
mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales que hacen parte de la jurisdicción contencioso administrativa es
determinado por el Consejo de Estado, en su calidad de órgano de cierre. En los
casos en los que un asunto no es susceptible de ser revisado por esta Corporación,
son los tribunales administrativos los encargados de establecer criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales de menor jerarquía10.

3 Sentencias de 19 de junio de 2019 (Rad. 11001-33-36-031-2017-00311-01), 24 de septiembre de 2020 (Rad.

11001-33-36-031-2018-000199-01), y 11 de febrero de 2020 (Rad. 11001-33- 36-034-2017-00343-01).
4 Sentencia de 30 de marzo de 2022 (Rad. 11001-33-43-061-2018-00368-01).
5 Sentencia de tutela de 13 de septiembre de 2016, Rad. 25000-23-37-000-2016-01254-01.
6 Sentencia de tutela de 30 de marzo de 2016, Rad. 480084.
7 Sentencia SU-446 del 2011.
8 Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 2012.
9 Ibídem.
10 Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2023.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

19.- Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que en aquellos
casos en los que “el término de comparación no está dado por los propios
precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales [de igual jerarquía], el
principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad.
El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e
independiente de obrar de conformidad con su criterio”11.

20.- En el contexto descrito, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no
incurrió en el defecto alegado en la demanda o en una vulneración al derecho a la
igualdad de la accionante, al no adoptar la tesis de la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto las decisiones o
criterios de esta no son vinculantes para la Subsección C de esa misma Corporación
Judicial.

21.- En efecto, al tratarse de subsecciones diferentes que son independientes la una
de la otra y se encuentran en el mismo nivel jerárquico, es posible que estas tengan
criterios diferentes sobre un mismo asunto, pues, están conformadas por
funcionarios distintos que, además, gozan de autonomía judicial. Por lo anterior, no
es posible exigir a la Subsección C que siga la tesis de la Subsección B, ya que estas
son autónomas para adoptar una postura determinada sobre un punto de derecho
hasta que no exista un criterio unificado por parte del órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, el Consejo de Estado que es el
único superior funcional de ambas Subsecciones.

22.- Sumado a lo anterior, debe señalarse que, en la sentencia de 20 de abril de
2022, la autoridad judicial accionada no solo hizo referencia a la existencia de la
postura desarrollada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de otras demandas similares
relacionadas con el mismo concurso de méritos, según la cual, aunque el aspirante
no ocupe en la lista de elegibles un lugar que le permita ser nombrado dentro de los
20 días hábiles siguientes a su firmeza, sí existe un daño en tanto la administración
no actuó de manera diligente; sino que en el mismo fallo expuso de manera razonada
y suficiente los motivos por los que consideraba que debía a apartarse de la referida
postura. Al respecto, la autoridad judicial accionada indicó que:

“Sobre el particular, la Sala debe indicar que no se comparte esta posición por
los siguientes motivos: i) si bien es cierto existe una decisión de tutela según la
cual la administración incurrió en una demora injustificada en los
nombramientos, no puede pasarse por alto que el derecho a ser nombrado de
la actora solo surge cuando como consecuencia de la reclasificación en la lista,
se encuentra dentro de las vacantes a proveer; ii) el nombramiento de la

11 Corte Constitucional, sentencia T-123 de 1995 y T-468 de 2003.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

demandante se realizó el 10 de marzo de 2017, derivado de la declinación de
otros aspirantes que se encontraban en un mejor orden de elegibilidad; iii) al no
ocupar la demandante en la lista de elegibles un lugar que le permitiera ser
nombrada dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firmeza, la posibilidad
del nombramiento se sujetaba a que otras personas no aceptaran el cargo; sin
embargo, no se acreditó desde cuál fecha se revocó el nombramiento de la
última persona que convirtió su expectativa en un derecho y iv) el daño no
puede ser hipotético, sino que debe encontrarse demostrado en el proceso, de
ahí que el retardo de la administración en efectuar otros nombramientos
diferentes a los de la demandante no trae como consecuencia per se un efecto
negativo a esta, ya que para el presente asunto debió acreditarse que desde el
momento en el que surgió el derecho de la actora a ser nombrada y su
nombramiento hubo una tardanza injustificada, lo cual no fue probado.

Por lo expuesto, en el presente asunto, la activa no satisfizo la carga de probar
la existencia del daño antijurídico, comoquiera que no logró acreditar que la
reclasificación en el cargo al que aspiró se debía haber efectuado en una fecha
anterior y que desde que surgió la obligación de realizar su nombramiento se
hubiera presentado un retardo injustificado.

En este orden, se advierte un incumplimiento de las condiciones de existencia
del daño antijurídico, en particular y conforme decantó en la premisa normativa,
que sea personal, por comportar violación de un interés legítimo de la víctima;
cierto, por aparejar un agravio que posea una determinada condición de
certeza, y antijurídico, por no encontrarse en la obligación de soportar”.

23.- En ese contexto, se advierte que la decisión cuestionada encuentra claro
sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una
actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación
razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las
preceptivas legales y jurisprudenciales que lo delimitan y que resultaban aplicables
al caso; por lo anterior, a juicio de la Sala, es válida la conclusión a la que llegó el
referido Tribunal de confirmar la decisión proferida el 15 de julio de 2020, por el
Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

24.- En este punto, cabe recordar que el respeto al principio de autonomía judicial
impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, pues su
competencia, según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016, “se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria
convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”, evento que no se avizora en el sub examine, puesto que el Tribunal
justificó de manera razonada su decisión.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

25.- Visto lo anterior, la Sala considera que no puede la tutelante sugerir que, por el
hecho de ser la tesis de la Subsección C adversa a sus intereses y en virtud del
principio de favorabilidad, se deba privilegiar la postura que sobre el punto han
acuñado otras subsecciones de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Lo anterior porque una decisión en ese sentido no solo desbordaría
las atribuciones del juez constitucional, sino porque, además, como se explicó, en
los eventos en los que en el mismo tribunal existan posturas encontradas debe
privilegiarse la autonomía judicial.

26.- Además de los argumentos expuestos, la parte actora alega que las
Subsecciones B y C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca han declarado la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación al considerar que en las
convocatorias que se adelantan con la finalidad de proveer cargos de la planta de
personas de la Fiscalía General de la Nación, es posible aplicar por analogía el
artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. En ese sentido, la accionante se limitó a
señalar que en sentencia del 18 de diciembre de 2020 (Exp. 11001-33-43-063-2018-
00351-01) la Subsección C, de la Sección Tercera, del referido Tribunal negó las
pretensiones de la demanda, sin embargo, en sentencia de 30 de marzo de 2022
(Rad. 11001-33-43-061-2018-00368-01) la misma Sala declaró administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los
daños sufridos por el señor Orlando Javier Paz Dávila como consecuencia del
retardo injustificado en su nombramiento en el cargo de Profesional de Gestión II.

27.- En relación a los alegatos propuestos por la parte actora, la Sala debe poner
de presente que al revisar el contenido de la sentencia de 30 de marzo de 2022 (Rad.
11001-33-43-061-2018-00368-01), se estableció que las afirmaciones expuestas por
la accionante en el escrito de impugnación difieren sustancialmente de la decisión
adoptada Sección Tercera – Subsección C – del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pues en el referido fallo la autoridad judicial accionada resolvió
revocar en su integridad la sentencia proferida el 18 de 2019, por el Juzgado 61
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y en su lugar declaró de oficio la
caducidad del medio de control de reparación directa. Teniendo en cuenta lo anterior,
a partir del fallo proferido el 30 de marzo de 2022 no es posible establecer que la
autoridad judicial accionada haya incurrido en un defecto al desconocer algún
precedente proferido por esta.

28.- Así las cosas, esta Sala habrá de confirmar la sentencia proferida el 27 de abril
de 2023, por la Sección Segunda – Subsección A – del Consejo de Estado.

29.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-01
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 27 de abril de 2023, por la Sección
Segunda – Subsección A – del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

12 VF

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.