Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07249-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07249-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07249-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07249-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
25 de enero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: Celsa Ofelia Quinto Murillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: CELSA OFELIA QUINTO MURILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderada, por la señora
Celsa Ofelia Quinto Murillo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Celsa Ofelia Quinto Murillo, mediante apoderada, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia y los principios de seguridad jurídica y buena fe. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“2. (…) REVOCAR en todas y cada una de sus partes, la sentencia providencia proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA
SUBSECCION C Magistrado Ponente FERNANDO IREGUI CAMELO Magistrado JOSE
ELVER MUÑOZ BARRERA Magistrada MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO, el día
Trece (13) de septiembre de 2023, y notificada por correo electrónico el día Veintinueve
(29) de septiembre de 2023 (…).”
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
La señora Quinto Murillo presentó demanda de reparación directa contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó que declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la demandada, por los daños ocasionados por el
retardo injustificado en el nombramiento en el cargo de Profesional de Gestión II para
el cual concursó y fue incluida en la lista de elegibles (Convocatoria No. 004). Por ello,
solicitó que se condenara al pago de perjuicios materiales.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: Celsa Ofelia Quinto Murillo
El 24 de agosto de 2022, el Juez Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá dictó
sentencia en la que declaró no probada la excepción de caducidad y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Estimó que la entidad demandada no realizó el nombramiento dentro de los 20 días
siguientes a la comunicación de la lista de elegibles, como lo establecía el artículo 40
del Decreto Ley 20 de 2014. Además, advirtió que, si bien en la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no existía jurisprudencia unificada respecto
al tema, sustentaba la decisión en lo resuelto en el fallo de tutela proferido por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de septiembre de 2016,
C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 25000-23-37-000-2016-01254-01, en
aplicación de los principios de favorabilidad y situación más favorable.
La Fiscalía presentó recurso de apelación en el que alegó que la demandante no
ostentaba un derecho adquirido y solo existía una expectativa del derecho a ser
nombrada en el cargo, máxime si se tenía en cuenta la posición en la lista de elegibles
(52 de 48 cargos convocados). Además, manifestó que los medios aportados no
permitían determinar en qué momento surgió el derecho para la demandante o cuando
la Fiscalía omitió su deber de cumplimiento.
El 13 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
Al respecto, expresó que reiteraría lo decidido en casos con similares supuestos
fácticos, esto es, que no se acreditó la existencia del daño, porque no fue posible
advertir con certeza cuándo surgió el derecho de la demandante a ser nombrada en
el cargo al que se postuló, pues la señora Celsa Ofelia Quinto Murillo ocupó el puesto
52 de 48 vacantes disponibles. Ese hecho demostraba que inicialmente no se
encontraba dentro de los elegibles que debían ser nombrados en el término de 20 días
a partir de la publicación de la lista definitiva de elegibles, según lo establecido en el
artículo 40 del Decreto 020 de 2014.
Además, expresó que el daño alegado no resultaba antijurídico, pues la carga
impuesta a la señora Celsa Ofelia Quinto Murillo, de no ser nombrada dentro de los
20 días hábiles a partir de la publicación de la lista definitiva de elegibles, según lo
establecido en el artículo 40 del Decreto 020 de 2014, es una carga que está en el
deber jurídico de soportar, pues tal hecho contiene otras vicisitudes como lo es, que
otros aspirantes no acepten el cargo y pueda ascender y estar dentro de las 48
vacantes ofertadas para el cargo de Profesional de Gestión II.
3. Argumentos de la acción de tutela
La demandante señala que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, específicamente de la sentencia de tutela
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de 11 de mayo de 2017,
Consejera Ponente María Elizabeth García González, expediente 25000-23-42-000-
2017-00456-01. Explicó que en dicha decisión el Consejo de Estado señaló que el
proceso de nombramiento en las convocatorias públicas del año 2008 a cargo de la
Fiscalía General de la Nación, ha sido negligente e ineficaz, y por ello ha ordenado el
nombramiento de las personas que se encontraban en el registro de elegibles, aún en
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: Celsa Ofelia Quinto Murillo
una posición superior a la del número de cargos ofertados, en estricto orden
descendente, y teniendo en cuenta que si alguno de los participantes de la
convocatoria no aceptaba el nombramiento o no tomaba posesión del cargo, se
debería continuar con el nombramiento de quienes se encontraban en la lista de
elegibilidad según el orden de mérito, hasta proveer en forma satisfactoria la totalidad
de empleos ofertados.
De igual forma, puso de presente los siguientes fallos proferidos por la Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: i) de 15 de julio de 2021, expediente:
11001-33-36-061-2018-00281-01; ii) de 27 de mayo de 2022, expediente: 11001-33-
36-037-2019-00229-01, y; iii) de 24 de septiembre de 2021, expediente: 1100133-43-
063-2019-00257-01.
Con fundamento en esas sentencias señaló que Tribunal demandado no consideró
adecuadamente las pruebas presentadas, en particular los informes de la
Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial y la Subdirección de
Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación. Estos informes evidencian que,
en la Convocatoria No. 004 de 2008, de 48 cargos ofertados para el cargo de
Profesional Gestión II, sólo se ocuparon 45, dejando vacantes que debían ser
asignadas a los siguientes en la lista de elegibles, incluida la demandante.
Anotó que, según los artículos 40 y 113 del Decreto Ley 20 de 2014, existen plazos
específicos para el nombramiento y la toma de posesión de los cargos. En el caso
concreto, la lista de elegibles fue publicada el 13 de julio de 2015, y la Fiscalía tenía
un máximo de 20 días hábiles, hasta el 13 de agosto de 2015, para realizar los
nombramientos. Vencido ese plazo debió contabilizarse el término de 26 días que
tenían los nombrados para aceptar o declinar el nombramiento, así como concurrir o
no a la toma en posesión, el cual venció el 21 de septiembre de 2015, es decir, “a
partir de ese momento se tornó en ineficaz el nombramiento de aquellos que optaron,
pero no aceptaron.”.
De modo que, a partir del 22 de septiembre de 2015, comenzó a contar el plazo de 20
días para realizar el nombramiento de la señora Quinto Murillo. No obstante, esto
ocurrió 20 meses y 22 días después. Es decir, se demostró el daño antijurídico, pues
la Fiscalía no cumplió con los términos establecidos para el nombramiento de los
cargos ofertados en la convocatoria.
4. Trámite previo
Mediante auto de 4 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a la demandante, a Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Succión C. Adicionalmente, al titular del Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación como
terceros interesados. Y, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
solicitó que se declare improcedente o, en su defecto, se niegue el amparo solicitado
por la señora Quinto Murillo.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: Celsa Ofelia Quinto Murillo
Advirtió que los argumentos expuestos en la acción de tutela son los mismos
esgrimidos en la demanda ordinaria, escenario en donde se surtió la discusión
pertinente. Además, que no se advierte un hecho u omisión que derive en la violación
de los derechos fundamentales de la actora.
6. Intervenciones
La Fiscalía General de la Nación pidió que se declare improcedente la tutela
interpuesta por la parte actora, porque no se sustentaron las causales especificas de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Consideró que la autoridad judicial
demandada no vulneró los derechos fundamentales de la actora y que lo pretendido
es retrotraer etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: Celsa Ofelia Quinto Murillo
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
La Sala establecerá si se configuró desconocimiento del precedente judicial por parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al
negarse las pretensiones de la demanda de reparación directa que interpuso la señora
Quinto Murillo contra la Fiscalía General de la Nación.
Del desconocimiento del precedente judicial 4 en el caso concreto
La parte actora invoca desconocido el fallo de tutela de 11 de mayo de 2017, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejera Ponente María Elizabeth
García González, expediente 25000-23-42-000-2017-00456-01. Además, de las
sentencias ordinarias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B de: i) de 15 de julio de 2021, expediente: 11001-33-
36-061-2018-00281-01; ii) de 27 de mayo de 2022, expediente: 11001-33-36-037-
2019-00229-01, y; iii) de 24 de septiembre de 2021, expediente: 1100133-43-063-
2019-00257-01.
Para empezar, se encuentra que la sentencia de 11 de mayo de 2017 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado no guarda identidad fáctica y jurídica con el
presente asunto. Al respecto, se advierte que dicho caso no se trató de una tutela
contra providencia judicial, sino de una solicitud de amparo interpuesta contra la
Fiscalía General de la Nación, en la que se solicitó se ordenara a la demandada que
realizara los nombramientos en periodo de prueba de las personas que se
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto
en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su
pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de
dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el
vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las dec isiones de
los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que
ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y
suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma
conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No
obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de
interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior
jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con
anterioridad.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: Celsa Ofelia Quinto Murillo
encontraban en el registro de elegibles de las Convocatorias 004 y 005, dentro de los
términos previstos en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.
Por otro lado, de la lectura de las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que la actora considera
desconocidas, se observa que, si bien son decisiones proferidas en el medio de
reparación directa interpuesto contra la Fiscalía General de la Nación, con similares
supuestos fácticos y jurídicos a los discutidos en el presente asunto y en las que se
accedió a las pretensiones de la demanda, no constituyen un precedente vinculante,
como se procede a explicar.
Al respecto, debe decirse que, tal como lo ha dicho esta Sección en sentencia del 25
de junio de 2020 5, cuando se trata de precedente horizontal, la observancia no es tan
rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel
funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos.
En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal
propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su
criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que «cuando el término de comparación
no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos
judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de
igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente
libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio» 6.
En ese orden, el hecho de que la autoridad judicial aquí demandada hubiese asumido
un criterio diferente al adoptado en la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no involucra, per se, vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues se trata de jueces distintos y de igual jerarquía, que,
razonablemente, pueden llegar a conclusiones diversas. Como se dijo, en virtud de la
autonomía judicial, dos jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al
momento de proferir una providencia, siempre que se trate de decisiones con una
carga argumentativa razonable y suficiente, tal y como ocurre en este caso 7.
De hecho, la sentencia T-446 de 2013, reconoce que el precedente horizontal «implica
el acatamiento al precedente fijado por el propio juez –individual o colegiado- en casos
decididos con anterioridad», esto es, predica la obligación de seguir los
pronunciamientos propios y no los de los jueces de igual jerarquía, como lo pretende
el accionante. Además, la Sala entiende que están armonizados los principios de
igualdad y de autonomía judicial, pues si bien la decisión cuestionada difiere de otras
adoptadas en casos similares, lo cierto es que está debidamente justificada y
razonada8.
Es más, la autoridad judicial demandada resaltó que lo decidido guarda coherencia
5 Al respecto, ver sentencia del 25 de junio de 2020, expediente número: 11001-03-15-000-2020-00894-01, M.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07249-00
Demandante: Celsa Ofelia Quinto Murillo
con la postura de esa Subsección, lo cual, como se explicó, no puede ser catalogado
como el desconocimiento de un precedente judicial.
En suma, en el presente caso, no se encontró acreditado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial y, por lo tanto, no se advierte que la autoridad
judicial demandada haya adoptado una decisión arbitraria, ni trasgresora de los
derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama y, en ese orden, no se
encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso que invoca vulnerado
la parte actora.
Siendo así, se impone negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la
señora Celsa Ofelia Quinto Murillo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
I. FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Celsa Ofelia
Quinto Murillo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO WILSON RAMOS GIRÓN
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.