Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01064-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01064-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01064-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-00
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en medio de control de
reparación directa, por tardanza injustificada en el nombramiento en un cargo
de la planta global de la Fiscalía General de la Nación. Ausencia de los
defectos invocados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Luz Angélica Porras Camacho, por conducto de apoderado judicial,
promovió acción de tutela contra las sentencias del 15 de julio de 2020 y 20 de abril
de 2022 proferidas por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, respectivamente, mediante las cuales negaron las pretensiones de la
demanda del medio de control de reparación directa con radicado 11001 33 43 059
2017 00344 00 [01].
1.1.2. Pretensiones
La parte accionante solicitó revocar la sentencia proferida el 20 de abril de 2022 por el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, notificada
por correo electrónico el 22 de junio de 2022, en el proceso previamente identificado.
1.1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el apoderado judicial de la parte actora señala los siguientes:
I) En el 2008 la Comisión Nacional de Administración Judicial de la Carrera de la
Fiscalía General de la Nación convocó a concurso abierto de méritos del Área
Administrativa de esa entidad, a través de la Convocatoria 004 del 2008.
II) La señora Luz Angélica Porras Camacho se inscribió en el mencionado concurso
para uno de los 161 cargos que se ofertaron de profesional universitario II, hoy
profesional de gestión II.
III) El 10 de marzo de 2017, esto es, 20 meses después del término dispuesto en la
normativa vigente, la señora Luz Angélica Porras Camacho fue nombrada en el cargo
para el que concursó, al haber ocupado el puesto 177 dentro del Acuerdo 029 del 13
de julio de 2015 y superado todas las etapas previstas para el efecto; el 5 de mayo de
2017 se posesionó en aquel.
IV) El 14 de diciembre de 2017 la señora Luz Angélica Porras Camacho instauró
demanda de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación,
por los perjuicios causados con ocasión de la demora en su nombramiento y posesión
en período de prueba en la planta global de esa entidad.
V) El 15 de julio de 2020 el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las
pretensiones de la demanda.
VI) El 20 de abril de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, confirmó la anterior providencia.
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
1.1.4. Fundamentos jurídicos
La parte actora sostuvo que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad ante la ley y los principios de favorabilidad y prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y se incurrió en los siguientes defectos:
a) Fáctico, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, no valoró integralmente las pruebas allegadas al proceso de reparación
directa con las cuales demostró que existió un retardo injustificado en su
nombramiento en el cargo de profesional de gestión II, conforme a lo señalado en la
Ley 909 de 2004, al cual debe acudirse debido al vacío normativo de la Ley 938 de
2004, y al Decreto Ley 20 de 2014, que resulta aplicable al estar vigente para la época
en que se expidieron las listas de elegibles.
b) Procedimental absoluto, debido a que la autoridad judicial de segunda instancia del
proceso de reparación directa actuó al margen del procedimiento, al apartarse de la
normativa procesal aplicable y desconocer que existen otras providencias judiciales de
varios tribunales, en los que se han analizado los mismos supuestos fácticos y decidido
a favor de los demandantes.
c) Error inducido, en la medida en que la Subsección accionada fue inducida en un
yerro por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que empleara las
normas que le eran favorables, a pesar de que hay pronunciamientos judiciales, en los
que se han accedido a las pretensiones.
d) Decisión sin motivación, comoquiera que en la sentencia discutida no se expusieron
los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, con lo cual los servidores
judiciales accionados incumplieron su obligación de motivación.
e) Desconocimiento del precedente judicial, pues el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, violó su derecho a la igualdad, al
inobservar las siguientes sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B: a) el 11 de febrero de 2017 en la
acción de tutela con radicado 11001-33-36-034-2017-003430-01, b) en el expediente
11001-33-43-038-2018-00311-01, d) en el proceso 11001-33-36-061-2018-00281-01,
e) el 19 de junio de 2019 en el expediente 11001-33-36-031-2017-00311-01, f) el 24
de septiembre de 2020 en el medio de control 11001-33-36-031-2018-00199-01, g) el
26 de noviembre de 2020 en el proceso 11001-33-36-037-2018-00049-01, h) el 24 de
septiembre de 2021 en el expediente 11001-33-43-063-2019-00257-01 e i) el 3 de
diciembre de 2021 en el medio de control 11001-33-43-058-2017-00319-01.
Igualmente, transgredió ese derecho, al desconocer la sentencia del 11 de mayo de
2017 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la acción de tutela
con radicado 25000-23-42-000-2017-00456-01.
f) Violación directa de la Constitución Política, por cuanto la autoridad judicial
accionada conculcó sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, al omitir la aplicación de varias sentencias
favorables a otros participantes en casos de igual similitud al presente.
1.2. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante proveído del 22 de marzo de 2023, que se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, como accionados, y a la Nación-Fiscalía General de
la Nación, como tercera interesada en las resultas del proceso, para que, dentro del
término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.3. Intervenciones
1.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
La magistrada ponente de la decisión cuestionada, María Cristina Quintero Facundo,
luego de hacer un recuento de la solicitud de amparo, expuso que la acción de tutela
de la referencia no satisface el requisito general de la relevancia constitucional, toda
vez que el conflicto planteado no trasciende de una mera discusión legal. Además,
aclaró que aquel no puede entenderse superado únicamente porque se adujo la
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
vulneración de derechos fundamentales, en tanto debe estructurarse con una
fundamentación clara y suficiente en contraste con la sentencia por la cual se pretende
la salvaguarda.
Al respecto, indicó que la parte actora busca crear una tercera instancia, al sustentar
su desacuerdo en criterios valorativos, los cuales no pueden admitirse para definir la
mencionada relevancia, comoquiera que cuando existen interpretaciones diversas y
razonables es el juez natural quien debe establecer aquella que se ajuste mejor al
caso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en virtud de la autonomía e
independencia judicial.
Igualmente, manifestó que no se cumple la exigencia de la inmediatez porque la
sentencia censurada se profirió el 20 de abril de 2022, se notificó a las partes el 22 de
junio siguiente y esta acción se promovió hasta el 28 de febrero de 2023, es decir,
después de transcurridos aproximadamente 10 meses desde esa notificación, por lo
que se excedió el término razonable fijado por la Corte Constitucional, lo cual desvirtúa
la necesidad de intervención del juez en esta sede.
Adicionalmente, afirmó que no se configura el desconocimiento del precedente judicial
invocado, comoquiera que la accionante lo edifica con fundamento en sentencias
dictadas por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación en las que se
han accedido a las pretensiones en casos similares, pero aquellas no constituyen un
precedente respecto a la Subsección C de igual Sección y corporación, dado que el
precedente horizontal se refiere a decisiones proferidas por el mismo funcionario o sala
de decisión.
Bajo ese entendido, aclaró que el precedente de la Subsección a la que pertenece
consiste en que, tratándose de un miembro de una lista de elegibles, cuya provisión
en el cargo depende de la reclasificación, la configuración de un daño antijurídico por
mora en su nombramiento está condicionada a que la parte actora pruebe la fecha a
partir de la cual es exigible dicha reclasificación y el retardo injustificado en la provisión
del cargo a partir de esta. Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad demandada
está en la obligación de realizar el nombramiento una vez se venza el término
dispuesto en el artículo 40 del Decreto 20 de 2014; sin embargo, señala que esa
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situación no fue acreditada en el proceso ordinario.
Por consiguiente, precisó que, si bien la Subsección B de la Sección Tercera de esa
corporación tiene una posición jurídica distinta en casos de similares características,
esta no comporta un precedente vertical ni horizontal vinculante, sino que, por el
contrario, lo que denota es que no existe una postura unificada sobre esa clase de
asuntos, lo cual en modo alguno constituye una conculcación de los derechos
fundamentales de la señora Luz Angélica Porras Camacho, como se explicó en la
decisión judicial discutida en esta acción.
Así las cosas, consideró que la parte actora pretende, sin sustentar debidamente la
necesidad de intervención del juez de tutela, que se deje sin efectos la sentencia
proferida en el medio de control de reparación directa, la cual se encuentra
debidamente justificada, de acuerdo con los principios de autonomía e independencia
judicial, y no adolece de un desconocimiento del precedente judicial. En consecuencia,
solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, desestimar las pretensiones.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela dirigida en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Cuestión previa
Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales reclamados en protección por la parte accionante, la Sala aclara que
solo realizará el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por Tribunal
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al ser el órgano de
cierre en el presente asunto y, por tanto, el que puso fin al proceso de reparación
directa.
2.3. Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del
20 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa con radicado
11001-33-43-059-2017-00344-00 [01]. En caso afirmativo, se analizará, en segundo
lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
ante la ley y se incurrió en violación directa de la Constitución Política, desconocimiento
del precedente judicial, defecto fáctico, error inducido, defecto procedimental y
decisión sin motivación.
2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuandoquiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
En el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
se estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas.
Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-543/92, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa
juzgada y de la seguridad jurídica; además, de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia fijadas en la Constitución.
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No obstante, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera
en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590/05,2 donde la Corte concentró y diferenció las
causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
ius fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
1T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,3 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de proveídos que resulten violatorios de derechos fundamentales
relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el
derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y
la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,4 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.5. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del expediente del medio de
control de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2017-00344-00 [01]5, se
puede establecer lo siguiente:
2.5.1. El 14 de marzo de 2018, la señora Luz Angélica Porras Camacho instauró
demanda de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación,
en la que pretendió la declaratoria de responsabilidad administrativa de esta última y
la respectiva condena, por los perjuicios materiales y morales causados por la falla en
el servicio que condujo al retardo injustificado en su nombramiento en el cargo de
profesional de gestión II, el cual fue ofertado a través de la Convocatoria 04 del 2008.
2.5.2. El 15 de julio de 2020, el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el tiempo
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5 Copia digital del expediente obrante en el índice 16 de SAMAI.
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
que utilizó la entidad demandada para efectuar el nombramiento de la accionante no
fue arbitrario, sino que atendió a las condiciones en las que participó en el concurso y
al puesto que ocupó en la lista de elegibles, esto es, el 177, el cual imponía el deber
de proveer primero los cargos con las personas que obtuvieron mejor calificación.
2.5.3. El 29 de julio de 2020, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en
el que adujo, en síntesis, que le asistía el derecho de ser nombrada oportunamente en
el cargo de profesional de gestión II, dado que no se efectuaron los nombramientos de
todas las personas que ocuparon puestos anteriores y, en esa medida, debía
continuarse con quienes continuaban en la lista de elegibles; sin embargo,
transcurrieron dos años para ello, lo cual le generó los perjuicios reclamados.
2.5.4. El 20 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, confirmó la sentencia de primera instancia y se abstuvo de
condenar el costas, con base en argumentos similares, como se expondrá en el estudio
del caso concreto.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.6.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
2.6.1.1. El asunto en estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez
que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad con ocasión a la expedición de la sentencia del 20 de abril de 2022, en el
medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2017-00344-00
[01].
2.6.1.2. En el presente caso se cumple con el requisito de subsidiariedad, en cuanto
se alega la presunta configuración de una violación directa de la Constitución Política,
desconocimiento del precedente judicial, defecto fáctico, error inducido, defecto
procedimental y decisión sin motivación en la sentencia de segunda instancia del 20
de abril de 2022, que puso fin a la discusión propuesta dentro del medio de control
previamente referenciado, decisión respecto de la cual no proceden recursos.
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
2.6.1.3. Se supera el requisito de inmediatez porque la decisión objeto de reproche
constitucional data del 20 de abril de 2022; se notificó electrónicamente a las partes el
22 de junio de igual anualidad6 y la presente acción de tutela se radicó el 1.° de
septiembre de 20227, es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta
corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial.
2.6.1.4. En el asunto se cuestiona una irregularidad procesal que podría tener
eventualmente un efecto decisivo en la decisión judicial que se discute y afectar los
derechos fundamentales reclamados en protección por la parte actora.
2.6.1.5. Dentro de la acción de tutela se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos frente a los que se alega vulneración.
2.6.1.6. El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, puesto que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro de un proceso de reparación directa.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para controvertir la sentencia del 20 de abril de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en el medio de control de reparación directa 11001-33-43-059-2017-
00344-00 [01].
2.7.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.7.2.1. Desarrollo jurisprudencial de la violación directa de la Constitución
Política
La jurisprudencia constitucional ha explicado que se configura esta causal cuando un
juez ordinario adopta una decisión que desconoce la carta política, ya sea porque deja
6 Ibidem.
7 Índice 1 del expediente electrónico.
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de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o aplica la ley al margen
de los dictados de la Constitución Política.
En el primer evento, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede la tutela cuando
I) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; II) se trata de un derecho fundamental
de aplicación inmediata y III) el juez, en sus resoluciones, vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución Política8. En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez
debe tener en cuenta en sus fallos que esta última es norma de normas y, por lo tanto,
debe aplicar sus disposiciones con preferencia a las legales mediante el ejercicio de
la excepción de inconstitucionalidad9.
La violación directa de la Constitución Política ha sido tratada como una causal
específica autónoma de procedencia del amparo contra una decisión judicial —pese a
tener una relación directa con otros yerros, tales como el sustantivo o el
desconocimiento del precedente jurisprudencial—, dado el valor normativo que tiene.
2.7.2.2. Desarrollo jurisprudencial del desconocimiento del precedente judicial
En lo atinente al desconocimiento del precedente judicial —horizontal o vertical— , se
tiene que en una providencia judicial se incurre en esta causal cuando la autoridad
judicial se aparta sin justificación suficiente8, vale decir, desconoce aquella sentencia
(o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en la que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte Constitucional indicó los
siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento del
precedente judicial: a) que la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente
presente una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente 9; b) que
8 Sentencia SU-198 de 2013.
9 Ibídem.
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se trate de un problema jurídico o una cuestión constitucional semejante; y c) que los
hechos del asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un
punto de derecho parecido al que se debe resolver con posterioridad. 10
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que hace
referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el
mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. 11
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el asunto presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)». 14
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto,
pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales, en virtud del
acatamiento a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.15
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
2.7.2.3. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C590/05, establece que se está en presencia
de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela
«resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».10
En ese sentido, la Corte ha señalado que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda implica omisiones en el decreto o la práctica y la
apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la valoración
probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que solo sea factible fundar una acción
de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En palabras de
la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
evaluación probatoria del juez de conocimiento.11 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.7.2.4. Desarrollo jurisprudencial del error inducido
La Corte Constitucional12 ha sostenido que el error inducido, como causal específica
de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, se configura
cuando una decisión judicial genera un menoscabo a un derecho fundamental como
consecuencia de un engaño al que es inducido el funcionario judicial por parte de un
tercero. En estos casos, la providencia judicial es fundamentada en debida forma, pero
10 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
12 Ver entre otras sentencias:T-025 de 2018, T-031 de 2016 y T-863 de 2013
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
contiene una equivocación porque la autoridad asumió como cierto un hecho o una
situación que no corresponde a la realidad con base en información sesgada aportada
al proceso.
Acerca de esta causal, el máximo tribunal constitucional13 ha identificado que la misma
se presenta cuando se cumplen estos requisitos: 1. La providencia está en firme, 2. La
decisión se adoptó con respeto del debido proceso, por lo cual no se debe a una
actuación culposa o dolosa del juez, 3. El juez actuó con diligencia, pero se fundamentó
en la apreciación de situaciones jurídicas en las cuales existe un error, 4. El error es
atribuible a un tercero y 5. La providencia ocasionó un perjuicio ius fundamental.
2.7.2.5. Desarrollo normativo y jurisprudencial del defecto procedimental
La Corte Constitucional ha señalado que el defecto procedimental ocurre cuando el
juez se aparta de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables al
caso concreto, lo cual genera una transgresión de los derechos fundamentales de los
sujetos intervinientes en determinado trámite14.
Esta causal específica de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales tiene dos modalidades: 1) defecto procedimental absoluto, que se presenta
cuando el funcionario judicial no observa el procedimiento dispuesto, bien sea, porque
siguió un trámite totalmente distinto o porque pretermitió etapas, y 2) defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, que acontece en el evento en que el juez,
por un apego extremo, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva e incurre
con su actuar en la inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del
derecho sustancial, en detrimento de los derechos de las partes15.
En ese orden de ideas, al juez constitucional corresponde definir el asunto puesto en
su conocimiento y determinar si se configura alguna de las modalidades previstas
jurisprudencialmente para la estructuración del defecto procedimental y, por contera,
si es procedente otorgar o no el amparo deprecado en sede de tutela.
13 Ibidem.
14 Ver entre otras Sentencias: T-781 de 2011, T-429 de 2016 y T-398 de 2017.
15 Ver entre otras: Sentencia SU238/2019 y T950/2011.
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
2. 7.2.6. Desarrollo jurisprudencia de la decisión sin motivación
Las decisiones adoptadas en sede judicial deben estar debidamente justificadas, lo
cual encuentra respaldo no solo en los principios constitucionales, sino en las
obligaciones que les han sido impuestas a los jueces. De allí que el artículo 42 del
Código General del Proceso disponga como uno de los deberes de aquellos motivar
las sentencias y demás providencias que profieran, a excepción de los autos de
trámite. En el mismo sentido, en el artículo 280 del citado Código se regula que la
motivación de la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas, las
conclusiones con fundamento en ellas y los razonamientos constitucionales, legales,
de equidad y doctrinarios necesarios para razonar la decisión.
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que una causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es que la decisión
discutida haya sido proferida sin estar debida y suficientemente sustentada, en
atención a la necesidad de cumplir con los mandatos antes señalados. Así, esta causal
puede ocurrir cuando: 1. No se tengan en cuenta los hechos y argumentos presentados
por las partes dentro del proceso y 2. No se justifique el motivo para omitir el
pronunciamiento de ciertos aspectos o dejen de analizarse con base en
consideraciones carentes de sustento.
2.7.3. Estudio de la Subsección sobre los defectos alegados
La señora Luz Angélica Porras Camacho solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
ante la ley, los cuales considera vulnerados con la expedición de la sentencia del 20
de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en el medio de control de reparación directa que instauró en contra de
la Fiscalía General de la Nación. Para fundamentar su solicitud de amparo, manifiesta
que la Subsección precitada incurrió en los defectos de violación directa de la
Constitución Política, desconocimiento del precedente judicial, decisión sin motivación,
defecto fáctico, defecto procedimental y error inducido.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
Pues bien, con la finalidad de resolver los anteriores disensos, resulta necesario
analizar los argumentos esgrimidos por la autoridad judicial accionada, para confirmar
la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cincuenta y Nueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en la que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa.
Sobre el particular, se denota que aquella, en primer lugar, hizo referencia al marco
normativo y jurisprudencial de la responsabilidad extracontractual del Estado, al
concepto de daño antijurídico y a la regulación normativa sobre el acceso a la carrera
administrativa en la Fiscalía General de la Nación.
En segundo lugar, la aquí accionada, al analizar el caso concreto, relacionó los hechos
probados en el proceso y, con fundamento en ellos, sostuvo que la parte actora no
demostró la existencia de un daño antijurídico, en la medida en que no logró acreditar
la fecha en que debía realizarse su reclasificación en la lista de elegibles y, por contera,
cuándo nació su derecho a ser nombrada en el cargo para el que concursó;
adicionalmente, tampoco probó haber requerido la mencionada reclasificación y la
entidad demandada efectuó el nombramiento de esta el 10 de marzo de 2017, por lo
cual no se evidenciaba un retardo injustificado.
Al respecto, la sala expuso que cuando se trata de miembros de una lista de elegibles,
cuyo nombramiento depende de la reclasificación, debido a que no se encuentran
dentro del orden de elegibilidad, al haber ocupado un puesto posterior al número de
vacantes a proveer, la tesis de esa Subsección consiste en que para entenderse
configurado un daño antijurídico derivado de la mora en dicho nombramiento debe
acreditarse la fecha a partir de la cual es exigible dicha reclasificación y si existió una
tardanza desde ese momento, pues partiendo de allí, y vencidos los 20 días de que
trata el artículo 40 del Decreto 20 de 2014, surge la obligación de la demandada de
realizar la provisión del cargo.
En relación con lo anterior, aquella destacó que la Subsección B de la Sección Tercera
de esa corporación tiene una postura contraria, según la cual sí se estructura un daño
cuando existe retardo en el nombramiento, aun cuando el aspirante no ocupe en la
lista de elegibles un lugar que le permita ser nombrado dentro de los 20 días hábiles
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00
Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
siguientes a su firmeza; sin embargo, aclaró que no comparte esa posición, porque: 1)
el derecho de la actora a ser nombrada solo ocurrió como consecuencia de la
reclasificación de la lista, 2) el nombramiento aconteció el 10 de marzo de 2017 por la
declinación de otros aspirantes que estaban en mejor orden de elegibilidad, 3) esa
provisión estaba sujeta a la no aceptación del cargo por otras personas y 4) el daño
no puede ser hipotético, por lo que debe probarse que desde que surgió el derecho al
nombramiento y su materialización se presentó una tardanza injustificada.
En suma, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, concluyó que la señora Luz Angélica Porras Camacho no acreditó las condiciones
de existencia del daño, esto es, que sea personal, cierto y antijurídico, por lo cual
confirmó la sentencia recurrida.
Precisados los razonamientos realizados por la autoridad judicial, debe examinarse si
le asiste razón a la parte actora con los cuestionamientos que plantea en esta sede
constitucional. Así, se advierte que aquella aduce que la primera de las mencionadas
incurrió en una violación directa de la Constitución Política y en un desconocimiento
del precedente judicial, porque se abstuvo de aplicar la posición uniforme expuesta en
las siguientes sentencias: a) 11 de febrero de 2017 en la acción de tutela con radicado
11001-33-36-034-2017-003430-01, b) en el expediente 11001-33-43-038-2018-
00311-01, d) en el proceso 11001-33-36-061-2018-00281-01, e) el 19 de junio de 2019
en el expediente 11001-33-36-031-2017-00311-01, f) el 24 de septiembre de 2020 en
el medio de control 11001-33-36-031-2018-00199-01, g) el 26 de noviembre de 2020
en el proceso 11001-33-36-037-2018-00049-01, h) el 24 de septiembre de 2021 en el
expediente 11001-33-43-063-2019-00257-01 e i) el 3 de diciembre de 2021 en el
medio de control 11001-33-43-058-2017-00319-01.
Sobre el disenso previo, debe indicarse que las providencias anteriormente
referenciadas fueron emitidas por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, esto es, por una sala distinta a la aquí accionada,
razón por la cual la tesis allí planteada no era de obligatorio acatamiento para esta
última, en tanto no se trata de iguales funcionarios judiciales. En cuanto a ello, resulta
de especial trascendencia recordar que el precedente horizontal lo constituye las
sentencias dictadas por una autoridad de la misma jerarquía o por igual operador
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
judicial, lo cual no ocurre en el presente asunto respecto a las sentencias señaladas
como inobservadas.
La anterior conclusión adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la
Subsección C de la Sección Tercera de la corporación precitada, en la providencia
objeto de reproche, hizo referencia expresa a la posición de la Subsección B y
manifestó minuciosamente, como se consignó previamente, las razones para no
compartirla, decisión que adoptó en atención a los principios de autonomía e
independencia judicial de los que gozan los jueces de la República, sin que le sea
dable a este juez de tutela imponer una u otra tesis, so pretexto de salvaguardar
derechos fundamentales, pues al juez natural es a quien corresponde definir la
posición que asumirá en un caso concreto, postura que debe justificar, como, en
efecto, aconteció en el presente asunto.
Igualmente, la parte actora afirma que la accionada desconoció la sentencia del 11 de
mayo de 2017 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso
con radicación 25000-23-42-000-2017-00456-01; empero, debe aclararse que esa
decisión judicial fue dictada en sede de una acción constitucional de tutela por una de
las salas del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo
cual, de un lado, no es un precedente vinculante para la accionada, al no tratarse de
una sentencia de unificación en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011,
y, de otro, sus efectos son inter partes, por lo cual no es factible extenderlos a la aquí
accionante.
Por consiguiente, no puede admitirse el argumento de aquella consistente en que en
la sentencia cuestionada en esta sede constitucional se desatendió el precedente
horizontal y, consecuentemente, se transgredió la Constitución Política.
Ahora bien, la señora Luz Angélica Porras Camacho, de otro lado, estima que la
Subsección accionada incurrió en una decisión sin motivación, puesto que incumplió
la obligación de esgrimir los argumentos fácticos y jurídicos que soportan la sentencia
expedida el 20 de abril de 2022.
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
En lo atinente al aserto previo, debe mencionarse que, contrario a lo expuesto por la
parte actora y como se ha dejado sentado a lo largo de este proveído, la autoridad
judicial expuso diáfana y justificadamente las razones por las cuales consideró que
debía confirmarse la sentencia recurrida. En efecto, aquella señaló que la demandante
no logró probar la fecha en qué debió efectuarse la reclasificación de la lista de
elegibles y, por lo tanto, el momento a partir del cual tenía derecho a que se efectuara
su nombramiento, aspecto que impidió determinar si se presentó o no una tardanza
injustificada, determinación que soportó normativa, jurisprudencial y probatoriamente.
En ese orden de ideas, es evidente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, sí fundamentó su decisión judicial de confirmar la
desestimación de las súplicas del medio de control de reparación directa, por lo cual
se continuará con el tercer reparo de la señora Luz Angélica Porras Camacho.
Pues bien, la parte actora afirma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, incurrió en un defecto fáctico y en un defecto
procedimental; sin embargo, se advierte que aquella no indica cuáles fueron las
pruebas concretas o las normas procesales que esa autoridad dejó de aplicar o empleó
incorrectamente, lo que impide que se efectúe un estudio pormenorizado sobre el
particular en esta acción de tutela.
En cuanto al anterior aserto, es importante resaltar que quien alega, en sede de tutela,
una omisión en la valoración probatoria o un desconocimiento del ordenamiento
jurídico debe señalar qué pruebas o normas dejaron de valorarse o aplicarse por parte
de la autoridad que conoció el proceso ordinario, pues el juez constitucional no puede
realizar un nuevo examen de todo el material probatorio o del soporte jurídico como si
se tratara de una tercera instancia.
Ahora, si bien es cierto la parte actora mencionó de forma breve y general que las
pretensiones de la demanda de reparación directa iban dirigidas a obtener la
reparación por los perjuicios que le fueron causados por la falla en el servicio que
condujo al retardo injustificado de su nombramiento en el cargo de profesional de
gestión II, conforme a la Ley 909 de 2004 y al Decreto 20 de 2014, no lo es menos que
no precisó de qué forma se inobservó esa normativa y, en todo caso, se avizora que
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
la Subsección aquí accionada analizó la última disposición referida, la cual encontró
aplicable; sin embargo, definió que en el asunto sub judice no se acreditó el daño
antijurídico, al no evidenciarse la existencia de un retardo injustificado.
Por último, la accionante alega la configuración de un error inducido, dado que, a su
juicio, la Fiscalía General de la Nación generó un yerro en el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, tendiente a que este aplicara
normas a su favor; no obstante, se denota que, en esta ocasión, aquella tampoco
identificó qué normativa fue la que utilizó esa sala para adoptar la decisión y que fuera
la causante de un error, no precisó en qué consistió este último ni por qué resulta
crucial en la adopción de la sentencia aquí controvertida y mucho menos manifiesta
de qué forma esa entidad indujo en error a la autoridad judicial.
Sumado a lo expuesto, esta Sala tampoco evidencia la configuración de un error
inducido, puesto que el hecho de que la Fiscalía General de la Nación haya ejercido
su derecho de defensa dentro del proceso no conlleva que haya generado un yerro en
la autoridad judicial accionada.
Por consiguiente, esta Sala no avizora la configuración de los defectos invocados por
la solicitante del amparo ius fundamental, sino que, por el contrario, observa que la
Subsección accionada adoptó la decisión en atención al desarrollo normativo,
probatorio y jurisprudencial aplicable a la materia y, en consecuencia, no advierte
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad reclamados en protección. Colofón de lo
expuesto es que no hay lugar a acceder a las súplicas de esta acción de raigambre
constitucional.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctico y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que en la providencia del 20 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control con
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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho
radicado 11001 33 43 059 2017 00344 00 [01], no se incurrió en los defectos invocados
por la parte actora. En tal sentido, la Sala procederá a negar el amparo requerido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Luz Angélica Porras Camacho, a
través de la acción de tutela de la referencia, dadas las consideraciones que
anteceden.
Segundo: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
PCL
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