Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06817-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06817-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06817-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
25 de enero de 2024
Demandante: Elisabeth Fajardo Caviedes
Demandado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06817-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06817-00
Demandante: ELISABETH FAJARDO CAVIEDES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia –
relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada por la parte
demandante contra la sentencia proferida de 22 de junio del 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. Mediante este
mecanismo constitucional solicita la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, entre otros.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Elisabeth Fajardo Caviedes, actuando a través de apoderado
judicial, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, «[…] al
principio de seguridad jurídica, al principio de la buena fe, libre acceso a la
administración de justicia y demás aplicables al caso concreto» (sic).
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la
providencia del 22 de junio de 2023 proferida por la autoridad judicial accionada.
En dicha decisión se revocó la sentencia de primera instancia del 18 de octubre
de 2022 proferida por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
negarlas. Ello, al interior del medio de control de reparación directa identificado
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Demandante: Elisabeth Fajardo Caviedes
Demandado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06817-00
con el radicado 11001-33-36-033-2019-00129-00/011.
1.2. Pretensiones
3. La accionante solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Honorables Magistrados, le solicito REVOCAR en todas y cada una
de sus partes, la sentencia providencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION
A Magistrado Ponente JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ Magistrada
BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS Magistrada BERTHA LUCY CEBALLOS
POSADA, el día Veintidós (22) de junio de 2023, y notificada por correo
electrónico el día Quince (15) de agosto de 2023 a través del cual dispuso:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia de fecha dieciocho (18)
de octubre de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Treinta y Tres
(33) Administrativo del Circuito de Bogotá, de conformidad con las
consideraciones expuestas. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la
demanda. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará. Estos se extraen del escrito de tutela y de las demás
piezas procesales aportadas al proceso.
5. La accionante participó del concurso abierto de méritos efectuado para
proveer diferentes cargos integrantes del área administrativa de la Fiscalía
General de la Nación, en el cual aspiró a ocupar el empleo denominado
Profesional Universitario II (actualmente Profesional de Gestión II). La
convocatoria fue iniciada en el año 2008, en vigencia de la Ley 938 de 2004, pero
la lista de elegibles fue expedida por la Comisión Especial de Carrera de dicho
organismo el 13 de julio de 2015, cuando ya había comenzado a regir el Decreto-
Ley 020 de 2014.
6. La señora Fajardo Caviedes ocupó el lugar 169 en la lista de elegibles,
siendo 161 las vacantes ofertadas. Solo hasta el 10 de marzo de 2017 se produjo
el nombramiento de la demandante en el cargo mencionado y tomó pos esión de
este el 4 de abril del mismo año.
7. En atención a lo señalado, la accionante presentó demanda de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que le fuesen
reconocidos los perjuicios que, en su criterio, le fueron causados por la tardanza
de la entidad en efectuar su designación, en las modalidades de daño emergente
y lucro cesante.
8. En primera instancia, el Juzgado Treintaitrés Administrativo del Circuito de
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Iniciado por Elisabeth Fajardo Caviedes contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.
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Demandante: Elisabeth Fajardo Caviedes
Demandado: Tribunal Administrativo de
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Bogotá2 declaró la responsabilidad patrimonial de la institución demandada, por
considerar que ésta tardó más de un año y ocho meses en efectuar el
nombramiento referido, sin que se hubiese acreditado la existencia de obstáculos
que justificaran tal circunstancia, motivo por el cual se encontró probada la
existencia de una falla en el servicio. La parte demandada apeló la decisión.
9. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A que, en sentencia del 22 de junio de 2023, revocó
la sentencia de primera instancia. En su lugar, negó las pretensiones de la
accionante, por los siguientes motivos:
• La Fiscalía General de la Nación cuenta con un sistema especial de
carreta regulado en la Ley 938 de 2004, el cual fue modificado por el
Decreto-Ley 020 de 2014. Dado que el concurso de méritos sobre referido
por la accionante inició en vigencia de la primera ley mencionada, es dicho
texto normativo el que rige la totalidad del proceso, conforme lo indicó la
Corte Constitucional en la sentencia C-878 de 2008.
• Por tanto, el término de 20 días dispuesto en el artículo 40 del Decreto-
Ley 020 de 2014 3 para efectuar el nombramiento en periodo de prueba no
era aplicable al concurso de méritos en comento. Así, el proceso en
mención debía sujetarse a lo indicado en la Ley 938 de 2004 que, en
esencia, solamente prevé que «la provisión de los cargos se efectuará en
orden descendente, respetando los derechos de quienes ocuparon los
primeros puestos del registro de elegibles, el cual tendrá vigencia de dos
(2) años».
• En consecuencia, se advirtió en la sentencia que «la entidad no estaba a
obligada a nombrarla, sino hasta que efectuaran los nombramientos de las
personas que obtuvieron los puestos anteriores dentro del número de
cargos ofertados» y que «no se evidencia la existencia alguna conducta
de negligencia o retardo injustificado» en la designación de la
demandante.
1.4. Sustento de la vulneración
10. La demandante sostuvo que la decisión cuestionada ignoró el precedente
fijado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia del 30 de marzo de 2016, en la que afirmó que el artículo 40 del
Decreto-Ley 020 de 2014 debe aplicarse por analogía a los procesos iniciados
antes de su vigencia, ante la existencia de un vacío normativo en la Ley 938 de
2004 sobre la materia.
2
En sentencia del 18 de octubre de 2022.
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«El nombramiento en período de prueba debe producirse dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes al recibo de la lista de elegibles».
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11. Por otra parte, afirmó que se presentó un análisis probatorio inadecuado,
pues, vencido el término para la posesión de los 161 cargos ofertados, solo se
habían ocupado 122, por lo que aún permanecían 39 cargos vacantes. Así, indicó
que su designación no debió tardar los casi 21 meses que tomó, sino que tendría
que haberse llevado a cabo máximo hasta el 20 de octubre de 2015, pues, en su
criterio:
• El 13 de agosto de 2015 (20 días después de la publicación de la lista de
elegibles) debió efectuarse el nombramiento de los primeros 161 elegibles.
• Estos podrían haber aceptado o rechazado a más tardar dentro de los 26
días siguientes 4, esto es, hasta el 21 de septiembre de 2015. Desde el día
siguiente a dicha fecha, debía contabilizarse el término máximo de 20 días
a que refiere el artículo 40 del Decreto-Ley 020 de 2014, para proceder a
nombrar en periodo de prueba a los elegibles siguientes en la lista, entre
ellos a la accionante.
12. Afirmó que la conducta de la Fiscalía General de la Nación en la
designación ya ha sido reconocida por esta corporación como un actuar
negligente e ineficaz frente a la designación de quienes resultaron elegibles en
la convocatoria en comento, pues en sentencia del 11 de mayo de 2017, la
Sección Primera del Consejo de Estado indicó que la gestión de la entidad en la
materia ponía en riesgo la efectividad del concurso de méritos 5.
1.5. Trámite de la acción
13. Mediante auto del 10 de noviembre de 2023 el magistrado sustanciador
admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar
como accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.
14. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación
– Fiscalía General de la Nación y el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá. Adicionalmente, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
4
Término que se deriva de la sumatoria de los periodos a que se refiere el artículo 113 del Decreto
020 de 2014, como sigue: «Término para la comunicación, aceptación y posesión del
nombramiento. Efectuado un nombramiento, la oficina competente en la Fiscalía y en las
entidades adscritas lo comunicará al interesado en los diez (10) días hábiles siguientes a la
expedición del acto administrativo, para que el interesado, dentro de los ocho (8) días hábiles
posteriores a la comunicación, manifieste su decisión. Si el aspirante acepta el nombramiento
deberá tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la aceptación».
5
Se hace referencia a la siguiente providencia: «SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE
ESTADO (…) [sentencia] de tutela de fecha once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Ref.: Expediente núm.
25000-23-42-000-2017- 00456-01».
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
15. Por conducto del magistrado ponente de la decisión cuestionada 6, solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela incoada por considerar que en
ella la accionante pretende reiterar los argumentos expuestos ante los jueces de
instancia, sin que se advierta argumentación alguna tendiente a afirmar el
desconocimiento de los derechos fundamentales de la demandante.
16. De igual forma, descartó la configuración de los defectos fáctico y de
desconocimiento de precedente alegados en la demanda de amparo
constitucional.
1.6.2. Juzgado Treintaitrés Administrativo del Circuito de Bogotá
17. Solicitó que se denegara la protección constitucional solicitada, por cuanto
el proceso de reparación directa se adelantó en cumplimiento de las etapas
procesales previstas y con el pleno de las garantías reconocidas a las partes
dentro de dicho trámite.
1.6.3. La Fiscalía General de la Nación, pese a que fue notificada, guardó
silencio.
1.7. Trámite de manifestación de impedimento
18. Mediante escrito radicado el 6 de diciembre de 2023, el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez manifestó encontrarse impedido para conocer del
presente asunto en atención a lo dispuesto en el artículo 56.1 del Código de
Procedimiento Penal.
19. Por auto del 7 de diciembre de 2023, el despacho del magistrado ponente
ordenó proceder al sorteo de un conjuez principal y uno suplente (para que
actuara en caso de que hubiera empate en la sala o el principal no pueda actuar)
a efectos de conformar el quórum requerido para resolver el impedimento
manifestado. En diligencia celebrada el 12 de diciembre de 2023 fueron
designados aleatoriamente los doctores Alejandro Venegas Franco como
conjuez principal y Álvaro Andrés Motta Navas como suplente.
20. Mediante providencia del 25 de enero de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, integrada por los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y
Pedro Pablo Vanegas Gil, y el conjuez Alejandro Venegas Franco declararon
6
Doctor Juan Carlos Garzón Martínez.
5
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infundado el impedimento manifestado por el doctor Omar Joaquín Barreto
Suárez.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para resolver la demanda de tutela presentada
por la parte accionante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 22 de junio de 2023. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problemas jurídicos
22. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas y el material probatorio recaudado,
esta Sala debe determinar si se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de relevancia constitucional.
En caso de que se cumplan dichos requisitos, se procederá a dar respuesta al
siguiente interrogante:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante, al incurrir en los
defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en la sentencia
proferida el 22 de junio de 2023 en la que se revocó lo resuelto por el
Juzgado Treintaitrés Administrativo del Circuito de Bogotá y, en su lugar,
se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa?
23. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de
relevancia constitucional, y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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posturas sobre este tema 8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales 9.
25. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que
proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la
Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En
esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 11 y
ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial 12.
26. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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27. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
28. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
29. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
30. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200513. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes 14.
(Subrayado fuera de texto).
13
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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31. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202215 y SU-573 de
201916 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.
32. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 17, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
33. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.
34. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 18
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
35. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se
refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
15
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
16
Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un
derecho fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
9
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Demandante: Elisabeth Fajardo Caviedes
Demandado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06817-00
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
36. Con tales precisiones, debe recordarse que la parte demandante centra
su argumentación en indicar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A debió dar aplicación a lo dispuesto en los
artículos 40 y 113 del Decreto-Ley 020 de 2014 para efectos de determinar el
plazo razonable con que contaba para proceder a la designación de la señora
Elisabeth Fajardo Caviedes en el empleo para el que se postuló en el concurso
abierto de méritos iniciado en el año 2008.
37. De tal modo, la Sala encuentra que lo pretendido por la accionante es
utilizar la acción de tutela como un mecanismo adicional a las dos instancias del
proceso de reparación directa para ventilar un asunto de orden meramente legal,
como es la aplicación de las dos disposiciones mencionadas, al proceso de
designación de quienes resultaron elegibles en un concurso iniciado en vigencia
de la Ley 938 de 2004, aspecto que fue descartado por el juez de segunda
instancia.
38. En efecto, en la demanda presentada por la demandante no se dedica
ningún aparte a señalar la manera en que se habría configurado una vulneración
de sus derechos fundamentales, sino que de manera exclusiva se centra en
retomar la discusión sobre la aplicabilidad de tales normas y la forma en que el
ad quem debió encauzar el análisis de los elementos probatorios obrantes en el
expediente contencioso administrativo, a la luz de esas disposiciones.
39. En consecuencia, la Sección encuentra que no se cumple el requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional, por lo que se declarará
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Elisabeth Fajardo
Caviedes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 22 de junio de 2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
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Demandante: Elisabeth Fajardo Caviedes
Demandado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06817-00
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE por no superar el requisito de la
relevancia constitucional la acción de tutela presentada por la señora Elisabeth
Fajardo Caviedes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no impugnarse la decisión, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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