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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06656-00

Improcedencia: inexistencia de carga argumentativa

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06656-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P. María Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre de 2019, exp. 110010315000201903701-00. 8 Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00 Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06656-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 11001-031-5000-2022-06656-00
Demandante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Demandada: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
IMPROCEDENCIA – Inexistencia de carga argumentativa.

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, en relación con la demanda
de tutela instaurada por el señor Cristian Mauricio Silva Vargas, de acuerdo con el
Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Cristian Mauricio Silva Vargas, a través de apoderada judicial, instauró
demanda de tutela1 contra del Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Neiva2, por estimar vulnerado su derecho
fundamental a la igualdad y por el desconocimiento del precedente judicial. Formuló
las siguientes pretensiones (trascripción literal con posibles errores):

1. Se de aplicación al precedente Jurisprudencial,
2. Se revoque el fallo de primera y segunda instancia y en su lugar se ordene
dictar sentencia conforme a la jurisprudencia del tribunal y del consejo de
estado.

1
La presente acción se interpuso el 14 de diciembre de 2022 y la sentencia objeto de
cuestionamiento se notificó el 14 de junio de 2022.
2
El Juzgado referido se disolvió luego de que se terminó la descongestión y dicho proceso pasó al
Juzgado Tercero Administrativo de Neiva.

1

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

2. Hechos relevantes

El 10 de julio de 2005, en el municipio de Campoalegre, durante un atentado criminal
perpetrado por integrantes de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC – EP), fueron asesinadas varias personas, entre las que se
encontraba el señor Mirtiliano Silva Chachón.

En el año 2007, la señora Martha Cecilia Vargas Torres y otros, por intermedio de
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa,
interpusieron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
Ministerio de Justicia, Policía Nacional, departamento del Huila y municipio de
Campoalegre, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables
por el asesinato del señor Mirtiliano Silva Chacón, con ocasión de los hechos
referidos.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Neiva, mediante sentencia
del 29 de noviembre de 2013, denegó las pretensiones de la demanda, decisión
frente a la cual, la parte actora interpuso recurso de apelación.

El 18 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó en su integridad
la decisión de primera instancia.

3. 3. Fundamentos de la tutela

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en una indebida
valoración de las pruebas (defecto fáctico), en un desconocimiento del precedente
jurisprudencial y en una vulneración del derecho a la igualdad.

Al respecto, señaló que, con ocasión de los hechos ocurridos el 10 de julio de 2005,
se instauraron sendas demandas de reparación directa tanto por los familiares del
fallecido Mirtiliano Silva Chacón, como por el señor Libardo Carvajal Olaya, quien
también fue víctima directa del atentado del grupo al margen de la ley.

Indicó que dichos procesos cursaron en despachos diferentes; no obstante, según
manifestó, la impugnación de ambas decisiones fue conocida por despacho del
magistrado Gerardo Iván Muñoz, “quien dictó fallos diferentes para el mismo caso,

2

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

atentando así contra el derecho a la igualdad, y pasando por al alto el precedente
judicial”.

4. La admisión y el trámite de la demanda

4.1. Mediante auto del 16 de diciembre de 20223, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se vinculó al Ministerio
del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa, al
departamento del Huila, al municipio de Campoalegre y a las señoras Martha Cecilia
Vargas Torres y Lina Marcela Silva Vargas.

4.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho4 solicitó que se le desvinculara del
trámite de la acción de tutela, por cuanto no existe una relación jurídica sustancial
entre sus funciones y los hechos alegados por el demandante, motivo por el cual
aseguró que “se configura falta de legitimación en la causa por pasiva, situación que
se solicita al juez de tutela, se sirva declarar”.

4.3 El Ministerio Defensa5solicitó que la acción de tutela sea declarada
improcedente por indebida sustentación respecto del defecto alegado como
desconocimiento del precedente judicial. Sostuvo que el actor no cumplió con la
carga de explicar cómo los postulados de la sentencia emitida en el caso del señor
Carvajal Olaya aplican a este proceso en particular, de ahí que consideró que no
puede estudiarse de fondo el sub examine.

Expresó que el a quo sí realizó una valoración integral del material probatorio, con
base en lo cual determinó que no existía responsabilidad de las entidades
demandadas, frente a lo cual el señor Silva Vargas tuvo las oportunidades
procesales para controvertir dichas determinaciones. Además, argumentó que la
demanda de tutela no resulta viable “como un medio declarativo de derechos, en
tanto se trata de un mecanismo de protección de los derechos ya existentes”.

4.4. El Tribunal Administrativo del Huila guardó silencio.

3
Índice No. 7 de Samai.
4
Índice No. 9 de Samai.
5
Índice No. 10 de Samai.

3

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales6.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 7.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son8:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

4

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones

5

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado 9

2. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora pretende que se revoque la sentencia del 18
de mayo del Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda ordinaria, debido a que se incurrió en la configuración
de defecto fáctico, en un desconocimiento del precedente jurisprudencial y en una
vulneración del derecho-principio a la igualdad.

Al respecto, la Subsección estima que la petición de amparo resulta improcedente
por falta de sustentación, por cuanto en el sub examine, si bien la parte actora
enunció los defectos de los que supuestamente adolecía la providencia
cuestionada, lo cierto es que no justificó cuáles fueron las omisiones en que incurrió
el a quo en la valoración de las pruebas, ni indicó el precedente que supuestamente

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-
02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. Nº 2016-
02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

6

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

se desconoció por parte del Tribunal Administrativo del Huila, por lo que no hay
lugar a resolver de fondo la acción de tutela, tal y como pasa a explicarse .

En el escrito de demanda, la parte actora se limitó a afirmar que las autoridades
judiciales, tanto de primera como de segunda instancia, efectuaron una “indebida
valoración probatoria”, sin especificar cuáles pruebas fueron valoradas
defectuosamente y qué relevancia o incidencia tenían en el caso concreto.

Asimismo, sostuvo que en el caso del señor Libardo Carvajal Olaya se accedió a
las pretensiones de la demanda y “previo a que se notificara el fallo, la suscrita
solicitó que se diera aplicación a dicho precedente judicial, memorial que como se
observa ingresó al despacho sin que se hubiese realizado pronunciamiento alguno”;
no obstante, la parte demandante no individualizó la providencia que
supuestamente constituía precedente y, mucho menos, desarrolló una
argumentación dirigida a establecer por qué los razonamientos de dicho caso
resultaban aplicables al sub examine.

Al respecto se ha considerado que:

… no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones
tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado
demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las
causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia
constitucional10.

En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado:

Esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela no se puede
escuetamente invocar alguna de las causales específicas de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales para obligar al juez de tutela que revise las
decisiones que estiman contrarias a los derechos fundamentales. Como se
sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Las
providencias de los jueces son decisiones intangibles e inmodificables, que
gozan de la presunción de acierto y legalidad y no son fácilmente anulables por
vía de tutela11.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P.
María Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre del mismo año, exp.
110010315000201903701-00.
11
Original de la Cita: “Sección Cuarta, sentencia del 29 de 2015, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente no. 2014-00552-01”.

7

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

En otras palabras, la tutela no prospera por el simple hecho de que se invoque
alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado
para la prosperidad del amparo. Las causales específicas para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que los
jueces de tutela revisen de fondo las decisiones de los jueces ordinarios. La
tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional. No puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aún cuando la
providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre, caso en
el cual, se reitera, la propia Corte ha venido sosteniendo que para la prosperidad
de la tutela es necesario que la decisión contenga una anomalía de tal entidad
que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa
Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales12.

En definitiva, en el caso bajo estudio, si bien la parte actora invocó el defecto fáctico
y el desconocimiento del precedente, no cumplió con la carga argumentativa exigida
para promover la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que no
expresó en concreto cuáles fueron los yerros que cometió el tribunal frente al
análisis y la valoración de las pruebas y, además, no indicó cuál fue el precedente
que se desconoció, ni por qué resultaba aplicable al sub examine, motivo por el cual,
se carece de elementos para examinar de fondo el asunto.

De conformidad con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia del amparo
solicitado.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P.
María Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre de 2019, exp.
110010315000201903701-00.

8

Radicación número: 11001-031-5000-2022-06656-00
Accionante: Cristian Mauricio Silva Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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