Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06709-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06709-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06709-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
21 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 21 de marzo de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06709-00
Demandante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de primera instancia que negó
una solicitud de reconocimiento y pago de una asignación de retiro y la decisión de
segunda instancia que revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, declaró la
existencia de cosa juzgada.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jerson Gregorio
Pérez Tordecilla contra el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá y la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 15 de diciembre de 2022, Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, a través
de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado 28
Administrativo de Bogotá y la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de
sus derechos constitucionales y convencionalmente protegidos al debido
proceso, igualdad, confianza legitima, mínimo vital, seguridad social,
legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad de la pensión o asignación de retiro, con ocasión de las
Sentencias de 27 de mayo y 3 de noviembre de 2022, proferidas por las
autoridades judiciales demandadas, respectivamente, en el marco del
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06709-00
Demandante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-028-
2019-00266-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: Que se ampare los derechos fundamentales de Jerson Gregorio
Pérez Tordecilla Cedula (…), violentados por el JUZGADO VEINTIOCHO
ADMINISTRATIVO CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, en la SENTENCIA de primera
instancia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), dictada
dentro del proceso radicado No. 11001-33-35-028-2019-00266-00, y por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, en la SENTENCIA DE SEGUNDA
instancia de fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022). Lo
anterior por vulneración de la convencionalidad, los derechos fundamentales
debido proceso, igualdad, confianza legitima, mínimo vital, seguridad social,
legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad de la pensión o asignación de retiro, sumado a que se
apartó de los precedentes jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado,
sin previo cumplimiento de una estricta carga argumentativa, violando los
principios de transparencia y suficiencia, y discriminando al actor sin
justificación. Hay en la decisión de los accionados defecto factico, y defecto
material o sustantivo, pues se interpreta diametralmente a lo estipulado en la
convencionalidad, la Constitución, ley, desconociendo las pruebas aportadas
al proceso, sumado a que la decisión es injustificadamente regresiva y
contraria a la Constitución, además la decisión se funda en una
interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras
disposiciones aplicables al caso, y el operador judicial con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales,
como ocurrió con la sentencia tutelada.
SEGUNDO: Que con base en lo anterior se DEJE SIN EFECTO, la SENTENCIA de
primera instancia emitida por el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, el veintisiete (27) de mayo de dos mil
veintidós (2022), dictada dentro del proceso radicado No.: 11001-33-35-028-
2019-00266-00, y la SENTENCIA de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, de fecha tres (3) de noviembre de dos
mil veintidós (2022).
TERCERO: ORDÉNAR, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se
profiera un nuevo fallo de reemplazo en el proceso radicado No. 11001-33-35-
028-2019-00266-00, en un plazo razonable”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Jerson Gregorio Pérez Tordecilla ingresó a la Policía Nacional,
como alumno en 1998, y fue retirado de esa institución el 21 de abril de
2015, cuando ostentaba el grado de intendente. Acumuló un tiempo de
servicios de 17 años, 8 meses y 15 días.
5. 2) El retiro del demandante de la Policía Nacional se dio con ocasión
de la imposición de una sanción disciplinaria, consistente en la destitución
e inhabilidad para el ejercicio de función pública por el término de 15
años.
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Demandante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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6. 3) El señor Pérez Tordecilla solicitó ante la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR) el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro. Dicha autoridad administrativa negó lo solicitado,
mediante Oficio No. GAG 7880 de 3 de junio de 2015.
7. 4) El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el mencionado oficio, la cual fue radicada con el No.
11001-33-35-012-2015-00482-00 y fue conocida en primera instancia por el
Juzgado 12 Administrativo de Bogotá que, mediante Sentencia de 23 de
agosto de 2017, negó las pretensiones de la demanda. La decisión fue
confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante Sentencia de 15 de marzo de
2018.
8. Para adoptar las anteriores decisiones las autoridades judiciales
hicieron referencia a que, en virtud del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012,
aquellos miembros de la Policía Nacional que ingresaron de manera
directa al nivel ejecutivo por incorporación, hasta el 31 de diciembre de
2004, tendrían derecho al reconocimiento de una asignación de retiro, en
caso de ser destituidos, después de 25 años de servicio.
9. 5) El 3 de septiembre de 2018, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad, con efectos “ex tunc”,
del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012.
10. 6) La anterior situación fue considerada por el demandante, como
un hecho nuevo, motivo por el que acudió nuevamente ante CASUR para
solicitar el reconocimiento y pago de la asignación de retiro. Petición que
fue negada mediante Oficio No. E-0124-201911288-CASUR ID: 432866 de 14
de mayo de 2019.
11. 7) En consecuencia, el señor Pérez Tordecilla presentó una segunda
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
cuestionar el acto proferido el 14 de mayo de 2019. Esa demanda fue
conocida por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá bajo el radicado No.
11001-33-35-028-2019-00266-00 y, mediante Sentencia de 27 de mayo de
2022, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que, pese a la
declaratoria de nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2019, lo cierto
era que la situación jurídica del demandante se encontraba consolidada
en la medida que, cuando se analizó su controversia, la mencionada
norma surtía efectos pues aún no se declaraba nula y, la sentencia que
negó las pretensiones hizo tránsito a cosa juzgada.
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Demandante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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12. 8) El señor Pérez Tordecilla presentó recurso de apelación contra la
Sentencia de 27 de mayo de 2012. Señaló que, a su juicio, ante la
declaratoria de nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2019, se debió
analizar su caso de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 923 de 2004, la cual
remitía a los Decreto 1212 y 1213 de 1990. En consecuencia, se debió
acceder a su pretensión de reconocimiento de asignación de retiro.
13. 9) El 3 de noviembre de 2022, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia
de segunda instancia en la que revocó la sentencia del juzgado y, en su
lugar, declaró la cosa juzgada.
14. Para ello indicó que, a pesar de la aparente existencia de un hecho
nuevo y de que se demandara un acto administrativo diferente, lo cierto
era que lo solicitado por el demandante aún era el reconocimiento y pago
de la asignación de retiro, aspecto sobre el cual ya hubo un
pronunciamiento administrativo y judicial. Motivo por el que se debía
declarar la existencia de cosa juzgada.
15. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
accionante, las autoridades judiciales demandadas no analizaron los
fundamentos de la controversia planteada, en la medida en que sus
reparos estaban encaminados a que se estudiara si, en virtud de la Ley 923
de 2004 (la cual indicó que, a su vez, remitía a los Decretos 1212 y 1213 de
1990), se le debía conceder la asignación de retiro, aspecto sobre el cual
no hubo un pronunciamiento.
16. Lo anterior pues, insistió en que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012,
con el cual se decidió su asunto, fue declarado nulo por el Consejo de
Estado, motivo por el que consideró que desaparecieron los motivos que
invocó CASUR para negar la asignación de retiro solicitada.
17. Mencionó que el acto administrativo demandado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de la presente
tutela, estaba incurso en las causales de nulidad de falsa motivación y
desviación de poder.
18. Adicional a lo anterior señaló que se desconocieron las Sentencias
de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
proferidas el 18 de octubre de 2022, dentro de los expedientes Rad. 11001-
03-25-000-2015-01058-00 y 11001-03-25-000-2016-00294-00; del Tribunal
Administrativo de Antioquia de 31 de marzo de 2107, Rad. 05001-23-33-000-
2014-0588-00; de 30 de septiembre de 2020, Rad. 05001-33-33-007-2014-
0333-00 y de 20 de octubre de 2020, Rad. 05001-23-33-021-2015-0996-01.
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19. Finalmente, hizo referencia a que en los juzgados administrativos de
Bogotá, lo relacionado con la aplicación de la Ley 923 de 2004 y los
Decretos 1212 y 1213 de 1990, en casos como el suyo, ya era un tema
pacífico, motivo por el que se ha accedido al reconocimiento de
asignación de retiro, en los términos que él lo solicitó.
1.2. Posición de la parte demandada y los terceros2
20. El Juzgado 28 Administrativo de Bogotá mencionó que se observaba
que lo pretendido por el demandante, a través de la acción de tutela, era
reabrir el debate del proceso judicial de nulidad y restablecimiento del
derecho, es decir, utilizar este mecanismo constitucional, como si se tratara
de una tercera instancia. En todo caso indicó que no se vulneraron los
derechos fundamentales del demandante, como quiera que en el proceso
se agotaron todas las etapas correspondientes.
21. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca envió un correo a través del cual informó que el
proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho fue devuelto al
despacho de origen. Sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento
sobre los fundamentos de la acción de tutela.
22. CASUR guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
23. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de
noviembre de 2022, puesto que, pese a que también se enjuició la decisión
proferida en primera instancia, por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá,
lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del
tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, no puede pasarse por alto
que, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será
la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia, la
encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2 Mediante Auto de 19 de diciembre de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandados a la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá y (3) vincular a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR), como tercero interesado en el proceso.
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2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial3
24. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por que
no superó el requisito de relevancia constitucional, en la medida que no se
cumplió con la carga argumentativa suficiente para realizar un análisis de
fondo.
25. La relevancia constitucional es uno los requisitos que deben concurrir
para que resulte procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues, en los términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”4.
26. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20145, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere de la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia7; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad8.
27. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.
28. En este asunto, se evidenció que la acción constitucional presentada
careció de la carga argumentativa para su estudio en la medida que los
3 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
6 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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Decisión: Declara improcedencia
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argumentos propuestos por la parte demandante no guardan relación con
la decisión proferida por la autoridad judicial accionada.
29. Lo anterior en la medida en que el accionante indicó que se le
debía reconocer su asignación de retiro conforme con lo dispuesto en la
Ley 923 de 2004 y, adicionalmente, que se debía analizar su caso de
acuerdo con lo decidido en una providencia del Consejo de Estado y
algunas decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca10, en las
cuales hubo un pronunciamiento sobre la aplicación de esa Ley.
30. Pese a esas inconformidades del accionante, es importante recordar
que el asunto aquí cuestionado fue resuelto con la declaratoria de cosa
juzgada, en la medida en que el tribunal accionado, consideró que la
demanda presentada tenía identidad de causa, objeto y partes, con otra
que fue presentada con anterioridad. Aspecto este, sobre el cual no se
presentó ningún reparo en el escrito de tutela.
31. En ese orden, la Sala observó que no existió un reproche respecto al
fundamento con base en el cual el tribunal tomó la decisión, ya que este
declaró la cosa juzgada como se mencionó líneas atrás, y el fundamento
de la vulneración se encaminó a cuestionar aspectos que nada tienen que
ver con esa declaratoria de cosa juzgada.
32. Contrario a ello, se propuso argumentos con el fin de insistir en los
fundamentos legales, por los cuales el demandante consideró que sí se le
debía conceder su asignación de retiro.
33. Adicional a lo expuesto, también es importante recodar que los
argumentos expuestos por el demandante en la acción de tutela se
relacionan con el fundamento legal con el que consideró que, a su juicio,
se debía analizar la asignación de retiro solicitada por la vía judicial
ordinaria, aspecto este que es de mera legalidad y no una controversia
sobre vulneración de derechos fundamentales. Esa circunstancia permite
evidenciar con mayor razón porqué la acción de tutela no supera el
requisito de relevancia constitucional.
34. En consecuencia, debe aclarase que la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no constituye la carga mínima argumentativa
que justifique la intervención del juez constitucional. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
10 Revisar párrafo 18.
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constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional11.
2.3. Conclusión
35. Así las cosas, la Sala procederá declarar la improcedencia de la
acción de tutela, por no superarse el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General12.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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