Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06709-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06709-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06709-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
16 de junio de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06709 01
Accionante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06709 01
Accionante: JERSON GREGORIO PÉREZ TORDECILLA
Accionados: JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Jerson Gregorio
Pérez Tordecilla en contra del fallo de tutela proferido el 21 de marzo de
2023 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de las sentencias
proferidas el 27 de mayo de 2022 y el 3 de noviembre de 2022 por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Bogotá y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
respectivamente, con el fin de que se amparen “(…) los derechos
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Accionante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
fundamentales debido proceso, igualdad, confianza legítima, mínimo
vital, seguridad social, legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial
efectiva, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de la pensión o asignación
de retiro (…)”1, y para ello formuló las siguientes pretensiones2:
“[…] PRIMERO: Que se ampare los derechos fundamentales de
Jerson Gregorio Pérez Tordecilla (…), violentados por el
JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ, en la SENTENCIA de primera instancia del veintisiete (27)
de mayo de dos mil veintidós (2022), dictada dentro del proceso
radicado No. 11001-33-35-028-2019-00266-00, y por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, en la
SENTENCIA DE SEGUNDA instancia de fecha tres (3) de
noviembre de dos mil veintidós (2022). Lo anterior por vulneración
de la convencionalidad, los derechos fundamentales debido proceso,
igualdad, confianza legítima, mínimo vital, seguridad social,
legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva,
irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de la pensión o asignación de
retiro, sumado a que se apartó de los precedentes jurisprudenciales
del Honorable Consejo de Estado, sin previo cumplimiento de una
estricta carga argumentativa, violando los principios de
transparencia y suficiencia, y discriminando al actor sin justificación.
Hay en la decisión de los accionados defecto fáctico, y defecto
material o sustantivo, pues se interpreta diametralmente a lo
estipulado en la convencionalidad, la Constitución, ley,
desconociendo las pruebas aportadas al proceso, sumado a
que la decisión es injustificadamente regresiva y contraria a la
Constitución, además la decisión se funda en una interpretación no
sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso, y el operador judicial con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación afecta derechos
fundamentales, como ocurrió con la sentencia tutelada.
SEGUNDO: Que con base en lo anterior se DEJE SIN EFECTO, la
SENTENCIA de primera instancia emitida por el JUZGADO
VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ, el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós
(2022), dictada dentro del proceso radicado No.: 11001-33-
35-028-2019-00266-00, y la SENTENCIA de segunda
instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, de fecha tres (3) de noviembre de dos mil
veintidós (2022).
TERCERO: ORDENAR, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que se profiera un nuevo fallo de reemplazo en el proceso radicado
No. 11001-33-35-028-2019-00266-00, en un plazo razonable
[…]”. [Mayúsculas y negrillas del escrito de tutela].
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06709 00.
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Ibídem.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que ingresó a la Policía Nacional el 4 de agosto de
1997, y que fue desvinculado mediante la Resolución nro. 01438 del 14
de abril de 2015. Precisó que acumuló un tiempo total de servicio de 17
años, 8 meses y 15 días.
Manifestó que solicitó la asignación de retiro a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional – CASUR la cual le fue negada y que, ante dicha
negativa, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicada con el nro. 11001 33 33 012 2015 00482 00, y correspondió por
reparto al Juzgado Doce Administrativo de Bogotá que, por sentencia
proferida en audiencia inicial del 23 de agosto de 2017, negó las
pretensiones. Agregó que la decisión de primera instancia fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de marzo de 2018,
y que el fundamento para negar la asignación de retiro se sustentó en
que el Decreto 1858 de 20123 estaba vigente al momento en que fue
retirado de la Policía Nacional.
Anotó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia proferida el 3 de septiembre de 2018, declaró la nulidad, con
efectos ex tunc, del artículo 2 del precitado decreto.
Indicó que, “(…) entre la primera solicitud elevada ante CASUR (…) y lo
decidido por la jurisdicción contenciosa administrativa, que le había
negado la asignación de retiro, cambiaron los fundamentos de hecho y de
derecho, y como el tema pensional es de carácter IMPRESCRIPTIBLE, (…)
se dirigió nuevamente ante CASUR, (…) y mediante escrito del 13 de abril
de 2019, solicitó la (…) ASIGNACION DE RETIRO O PENSION, con base
en la ley 923 de 2004, decretos 1212 y 1213 de 1990, y la sentencia de
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“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”.
3
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Accionante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
Nulidad del DECRETO 1858 de 2018 dictada por el H. Consejo de Estado
(…)”4. (Mayúsculas del escrito de tutela).
Señaló que, a través del oficio E-01524-201911288-CASUR ID 432866
del 14 de mayo de 2019, CASUR le negó el reconocimiento de la
asignación de retiro.
El accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de CASUR, con la finalidad de que se declarara la nulidad del
precitado oficio y se le ordenara reconocerle y pagarle la asignación
mensual de retiro a partir de su desvinculación de la Policía Nacional.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintiocho
Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 27 de mayo de 2022, negó
las pretensiones.
Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
providencia del 3 de noviembre de 2022, revocó el fallo de primera
instancia y en su lugar, declaró configurada la cosa juzgada.
Alegó que “(…) los operadores judiciales, no tuvieron en cuenta en sus
decisiones que lo que se decidía era un tema pensional, que por
convencionalidad y constitución es imprescriptible e irrenunciable, y que
ante los nuevos hechos y al ser ya tema pacifico tratado por el honorable
Consejo de Estado, requería pronunciamiento de fondo sobre el tema
pensional máxime que tal asignación de retiro se concede a quienes
superen los 15 años de servicio, si tal retiro fue en vigencia de la ley 923
de 2004 (…)”5.
Afirmó que las decisiones de las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto fáctico y defecto material o sustantivo.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ibídem.
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Accionante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 15 de diciembre de 20226 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Tercera, de
esta Corporación, que, por auto del 19 de diciembre de 20227, la admitió
y dispuso notificar8 a la Subsección D, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y al Juzgado Veintiocho Administrativo
de Bogotá como partes accionadas; así como vincular a la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional - CASUR como tercero interesado en el
resultado del proceso.
Igualmente, requirió a la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Veintiocho Administrativo
de Bogotá para que allegara copia digital del expediente nro. 11001 33
35 028 2019 00266 00/01 del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual fue remitido9.
3.2. La titular del Juzgado Veintiocho Administrativo de Bogotá rindió
informe10, en el que manifestó que las actuaciones adelantadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho surtieron el trámite
legal, garantizando el derecho al debido proceso de las partes y la
publicidad de las decisiones adoptadas en el proceso.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06709 00.
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Esta orden se cumplió el 13 de enero de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06709 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06709 00.
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Accionante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
3.3. La auxiliar judicial del despacho 10 de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó vía correo electrónico11
que el expediente del proceso judicial de nulidad y restablecimiento del
derecho solicitado había sido devuelto al despacho de origen; sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela.
3.4. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, guardó
silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
21 de marzo de 202312, declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito general de relevancia constitucional, bajo la
consideración que la solicitud de amparo no cumplía con la carga
argumentativa suficiente para realizar un análisis de fondo.
Para ello expuso que los argumentos propuestos por el accionante no
guardan relación con la declaratoria de cosa juzgada proferida por el
tribunal accionado, que consideró que la demanda tenía identidad de
causa, objeto y partes, con otra que radicó con anterioridad; aspecto
sobre el cual no se presentó ningún reparo en el escrito de tutela.
Precisó que los reparos de la parte actora se relacionan con el fundamento
legal por el que consideró se debía conceder la asignación de retiro
solicitada por vía judicial, aspecto que es de mera legalidad y no implica
una controversia sobre vulneración de derechos fundamentales. Por lo
tanto, anotó que esa circunstancia permite evidenciar con mayor razón
que esta tutela no supera el requisito de relevancia constitucional.
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radicado nro. 11001 0315 000 2022 06709 00.
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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó 13
manifestando lo siguiente:
Reiteró la situación fáctica y los argumentos expuestos en el escrito de
tutela, y señaló que el a quo “(…) censura que porque no se adujo el tema
de la cosa juzgada, pero desde el cuerpo de la demanda y que obra como
prueba se dijo lo siguiente: (…) no se puede predicar por la entidad la
figura de la COSA JUZGADA, ya que fácticamente cambiaron las
condiciones (…)”.
Finalmente solicitó que, por tratarse de un tema pensional, sea revocado
el fallo de tutela de primera instancia y se conceda lo pretendido.
Por auto del 26 de abril de 2023 se concedió la impugnación14 y la misma
fue asignada por acta de reparto del 12 de mayo de 202315.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199116, en concordancia con el numeral 5 del artículo
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Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06709 01.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201517, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202118, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:
6.2.1. El accionante promovió demanda en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional - CASUR, con la finalidad que se declarara la nulidad del
oficio E-01524-201911288-CASUR ID 432866 del 14 de mayo de 2019,
que le negó la asignación de retiro solicitada, y, en consecuencia se le
ordenara reconocerle y pagarle la asignación mensual de retiro a partir
de su desvinculación de la Policía Nacional, “(…) tomando como base la
Ley 923 de 2004, el Decreto 1212 y 1213 de 1990 y ello en cumplimiento
de la sentencia de nulidad dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente César Palomino Cortés, de fecha 3 de septiembre de 2018, Rad.
11001-03-25-000-2013-00543-00, donde declaró con efecto ex tunc “la
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 (…)”.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintiocho
Administrativo de Bogotá que, por sentencia del 27 de mayo de 2022,
negó las pretensiones.
17
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
18
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
19
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
20
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 028 2019 00266 00. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
06709 00.
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Accionante: Jerson Gregorio Pérez Tordecilla
6.2.3. En contra de la precitada decisión la parte actora interpuso recurso
de apelación, y la Subsección D, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por sentencia del 3 de noviembre de
2022, la revocó y en su lugar, declaró configurada la cosa juzgada.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Comoquiera que el a quo declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, la Sala resolverá si en
este evento, se reúne y, para ello, se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional21
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”22.
21
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
22
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
9
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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades23:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia24. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
23
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
24
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 25 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Lo anterior, debido a que la petición de amparo está siendo utilizada por
el actor para reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades expuestas,
tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, están encaminadas
a controvertir la valoración que el juez natural de la causa hizo sobre el
acervo probatorio y en cuestionar la interpretación que el juez natural de
la causa hizo respecto de las normas aplicables.
En ese sentido, comoquiera que la acción de tutela está siendo empleada
para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural de
la causa y la interpretación de las disposiciones aplicadas en la sentencia
cuestionada, se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional aludida en referencia, la petición de amparo no cumple con
el tercer criterio de la relevancia constitucional
Es de anotar que el actor alega que se incurrió en los anteriores yerros
con la finalidad de insistir en que los fundamentos de hecho y de derecho
cambiaron con ocasión de la sentencia proferida el 3 de septiembre de
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2018 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, “por medio
del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”, y, con fundamento en ello,
señalar que no estaba configurada la cosa juzgada.
Al respecto, se observa que el ahora accionante planteó en el transcurso
del proceso ordinario que la demanda de nulidad y restablecimiento
contenía nuevos hechos y pretensiones, así como también, que estaba
dirigida contra un acto administrativo diferente al que pidió anular en la
primera demanda, a lo que agregó que no se configuraba la cosa juzgada,
toda vez que fue anulado el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012. Frente
a este argumento, el tribunal accionado consideró que no se lograba
desvirtuar la ocurrencia de cosa juzgada, comoquiera que el
reconocimiento de la asignación de retiro ya había sido decidido
definitivamente; además consideró que, si bien el Consejo de Estado con
posterioridad anuló el precitado artículo “(…) mediante sentencia del 3 de
septiembre de 2018, tal sentencia de nulidad no tiene efectos sobre la
situación de la asignación de retiro del actor, consolidada con anterioridad
a esta fecha cuando se decidió aplicarle el artículo 2 del Decreto 1858 de
2012, bajo la interpretación dada por este tribunal en sentencia del 15 de
marzo de 2018”.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la inconformidad del accionante
consistente en que no estaba configurada la cosa juzgada debido a que
se había anulado la disposición referida, fue un argumento que expuso en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y examinado por el
tribunal accionado, que concluyó, atendiendo el principio de
independencia judicial, que sí había operado la cosa juzgada.
La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
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a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.
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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
En consecuencia, la petición de amparo es improcedente, por cuanto no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 21 de marzo de 2023 por la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de marzo de
2023 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, según
lo explicado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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