Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06737-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06737-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06737-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
31 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-06737-001
Actora : Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
Demandados : Magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado, de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo
Superior de la Judicatura y Fiscal y Procuradora Generales
de la Nación
Tema : Derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la Sociedad
Colombiana de Abogados S. A. S. contra los señores magistrados de la
sección cuarta del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal y Procuradora
Generales de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La Sociedad Colombiana de Abogados S. A.
S., por conducto de su representante legal, presenta acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente
quebrantados por los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de
Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo
Superior de la Judicatura y Fiscal y Procuradora Generales de la Nación.
Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene (i) a los señores
magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado que decidan la medida
cautelar formulada en el medio de control de nulidad promovido contra la
Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (expediente
11001-03-24-000-2019-00171-00), y tramiten esas diligencias en los términos
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
señalados en el ordenamiento jurídico; y (ii) a las demás autoridades
accionadas que adelanten las investigaciones penales y disciplinarias
pertinentes, con el fin de sancionar a aquellos servidores judiciales que
incurren en mora judicial injustificada dentro de ese asunto contencioso-
administrativo2.
1.2 Hechos. Relata la accionante que la «Comisión de Libre Comercio»
expidió una serie de determinaciones lesivas para los intereses del país, como
la «decisión 3 del acuerdo de promoción comercial entre los Estados Unidos
de Norte América y la república de Colombia» de 8 de noviembre de 2017, en
la que se establecieron «los contingentes arancelarios para el maíz amarillo»,
la cual modificó estructuralmente el tratado de libre comercio pactado entre
los aludidos países, sin garantizar la participación de los productores
nacionales del referido producto.
Que el 5 de abril de 2019 instauró ante el Consejo de Estado demanda de
nulidad contra la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(expediente 11001-03-24-000-2019-00171-00), «con medida de urgencia»,
repartida a la sección primera de la Corporación.
Dice que, en razón a que dentro del asunto contencioso-administrativo no se
surtía actuación alguna, pidió en varias oportunidades de los señores
magistrados de la sección primera del Consejo de Estado «impulso procesal»,
pero sus requerimientos no fueron atendidos, situación que la obligó a incoar
acción de tutela (11001-03-15-000-2022-02221-00), con el propósito de
obtener que el «proceso se moviera», de la cual conoció la subsección A de la
sección segunda de esta Corporación.
Que luego de notificarse del auto admisorio de la mencionada tutela, el 29 de
abril de 2022 los allí accionados dispusieron remitir las diligencias ordinarias
a la sección cuarta del Consejo de Estado, dado que involucraban temas
2
Cabe advertir que si bien en el acápite de pretensiones del escrito de tutela solo se hace referencia a la
medida provisional desestimada en el auto admisorio, de una interpretación integral de aquel se infieren las
súplicas a las que se hace alusión.
2
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
tributarios, decisión que derivó en que en el trámite constitucional se
declarara la carencia actual de objeto por hecho superado3.
Sostiene que el 25 de noviembre de 2022 la sección cuarta de esta
Corporación asumió el conocimiento del medio de control 11001-03-24-000-
2019-00171-00, pero no se ha pronunciado sobre la medida cautelar, por «lo
que urge la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional Disciplinaria y el
Consejo Superior de la Judicatura». Asimismo, la omisión de tramitar el
aludido litigio en los términos señalados en el sistema normativo comporta
mora judicial injustificada, por consiguiente, quebranta sus garantías
superiores y los preceptos constitucionales que obligan a las autoridades
judiciales a adelantar sus actuaciones en atención a los términos legales.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 11 de enero de 2022, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado,
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo Superior de la
Judicatura y Fiscal y Procuradora Generales de la Nación y dispuso vincular a
los señores Ministro de Comercio, Industria y Turismo y directores generales
de la DIAN y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, por conducto de su presidenta, indican que carecen de legitimación
en la causa por pasiva, porque la demandante no ha desplegado actuación
alguna ante esa Corporación, por tanto, no es dable atribuirles inactividad
injustificada en sus funciones. Además, en caso de que ella considere que
autoridades judiciales han incurrido en inobservancia de sus obligaciones,
cuenta con la posibilidad de formular la respectiva queja disciplinaria «ante la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial» correspondiente.
3
Omite indicar la fecha en que se dictó la sentencia.
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
2.1.2 El señor director general de la DIAN, mediante apoderado, aduce que la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de la
tutelante proviene de la supuesta omisión de los señores magistrados de la
sección cuarta del Consejo de Estado en decidir la medida cautelar formulada
en la demanda de nulidad 11001-03-24-000-2019-00171-00, por ende, no es
factible imputarle trasgresión de esas garantías, toda vez que carece de
competencia para tal efecto.
2.1.3 El señor Fiscal General de la Nación, por intermedio de la señora
directora de asuntos jurídicos del ente que regenta, pide su desvinculación del
trámite constitucional de la referencia, por cuanto las súplicas formuladas por
la accionante no están relacionadas con las funciones que le impone el
sistema normativo, pues no tiene incidencia alguna en el expediente de
nulidad 11001-03-24-000-2019-00171-00.
2.1.4 El señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, por medio del
señor jefe de la oficina asesora jurídica de la cartera a su cargo, asevera que
carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que «no cuenta con
competencia funcional ni material para dar una apreciación de fondo
respecto de las pretensiones de la demandante».
2.1.5 La señora Procuradora General de la Nación, por conducto de
representante judicial, afirma que la actora no adelanta actuación alguna ante
el organismo que dirige, circunstancia que impone su desvinculación de la
presente tutela, máxime cuando no tiene facultades jurisdiccionales, por
consiguiente, no es dable que resuelva la medida cautelar planteada en la
demanda de nulidad 11001-03-24-000-2019-00171-00 ni incida en su trámite.
Que la tutela no colma la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que a la
actora le asiste la posibilidad de formular queja disciplinaria contra los
servidores judiciales que considere han incumplido sus tareas, por tanto, no se
puede emitir un pronunciamiento sobre el particular en estas diligencias
constitucionales.
2.1.6 Los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado y
del Consejo Superior de la Judicatura guardaron silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.
4
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
la accionante, que aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar (i) el eventual quebranto de
derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la
presunta omisión de las autoridades accionadas de pronunciarse sobre la
medida cautelar formulada en el medio de control de nulidad promovido por
la tutelante contra la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
la DIAN y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (expediente
11001-03-24-000-2019-00171-00) y de impartirle el respectivo trámite con
observancia de los términos procesales; y (ii) si es dable en esta instancia
judicial disponer el inicio de actuaciones penales y disciplinarias contra las
autoridades judiciales que han incurrido en la presunta mora judicial
injustificada en ese asunto contencioso-administrativo.
3.4 Mora judicial. El derecho constitucional fundamental de acceso a la
administración de justicia involucra la facultad de toda persona de acudir ante
los jueces de la República, en aras de resolver las controversias que vulneran
o amenazan sus prerrogativas.
Dicha atribución constitucional no solo hace referencia a la posibilidad de
poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a
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la de recibir una pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades
cuentan con la facultad de adoptar las medidas coercitivas previstas en el
sistema normativo.
Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye
un «[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el
disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, pero
que muchas veces una buena parte de la misma es el resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de
los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos […]»4.
No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el
derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia
(entre otros), por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de
los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.
Resulta oportuno advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha
indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el
trámite de los procesos judiciales puesto que podría desconocer el principio
de autonomía judicial, sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no
corresponde a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas
estructurales o complejidad de los asuntos, la acción de tutela es adecuada
para proteger la garantía superior de acceso a la administración de justicia.
Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de
mora judicial, se debe analizar las particularidades de cada caso concreto con
el fin de determinar si el retardo es justificado o no.
3.5 Caso concreto. En atención al escrito inicial, a las pruebas adosadas al
presente asunto constitucional y a las actuaciones registradas en la página web
de la Rama Judicial y en la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada Samai, la Sala evidencia que el 5 de abril de 2019 la tutelante
instauró demanda de nulidad contra la Nación – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la DIAN y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
4
Corte Constitucional, sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
5
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
6
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
Estado (expediente 11001-03-24-000-2019-00171-00), con el propósito de
obtener la anulación de la decisión 3 de 28 de noviembre de 2017, mediante la
cual la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial
entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América «fijaron los
contingentes arancelarios para el maíz amarillo».
El 12 de abril de 2019 el asunto contencioso-administrativo fue asignado a la
sección primera del Consejo de Estado, pero en razón a que no se surtía
actuación alguna, la demandante en varias ocasiones6 pidió «impulso
procesal», sin obtener pronunciamiento alguno, motivo por el cual incoó
acción de tutela contra los señores magistrados de la mencionada sección
(expediente 11001-03-15-000-2022-02221-00), con el fin de que se les
ordenara emitir las decisiones judiciales pertinentes, de la que conoció la
subsección A de la sección segunda de esta Corporación, que el 25 de abril de
2022 la admitió.
El 29 de abril de 2022 el Consejo de Estado (sección primera) ordenó enviar
las referidas diligencias contencioso-administrativas a su sección cuarta,
porque versaban sobre cuestiones tributarias, las cuales deben ser estudiadas
por esta, en atención al artículo 13 del reglamento interno, lo que derivó en
que el 16 de junio de ese año, en la tutela 11001-03-15-000-2022-02221-00,
se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la
inactividad reprochada había terminado.
El expediente 11001-03-24-000-2019-00171-00 arribó el 9 de junio de 2022 a
la sección cuarta de esta Corporación, que el 15 de noviembre siguiente
asumió su conocimiento, determinación notificada el 25 siguiente, por lo que
el expediente ingresó al despacho el 18 de enero de 2023.
3.5.1 Amparo deprecado frente a la mora judicial. La demandante pide
que se ordene a los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de
Estado que decidan la medida cautelar que formuló en la demanda de nulidad
11001-03-24-000-2019-00171-00 y tramiten esa controversia conforme a los
términos previstos en el ordenamiento jurídico, toda vez que han incurrido en
inactividad infundada.
6
Los días 15 y 19 de noviembre de 2019; 16 de julio, 12 de agosto, 9 de septiembre, 16 de octubre y 10 de
noviembre de 2020; 17 de junio, 23 de agosto, 22 de septiembre, 3 de noviembre y 6 de diciembre de 2021 y
12 de marzo de 2022.
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
La Sala evidencia que si bien no se ha emitido un pronunciamiento por parte
de los señores magistrados demandados sobre la mencionada medida, ello no
comporta mora judicial injustificada, pues, como se deduce de los
correspondientes informes y de las actuaciones registradas en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai, el expediente arribó a
la sección cuarta del Consejo de Estado el 9 de junio de 2022 y el 15 de
noviembre siguiente asumió su conocimiento.
En ese orden de ideas, el hecho de que los señores magistrados demandados
no se hayan pronunciado sobre la referida medida cautelar, no constituye
inactividad infundada, pues desde el 15 de noviembre de 2022 no ha
trascurrido un lapso que involucre desidia jurisdiccional, máxime cuando el
expediente 11001-03-24-000-2019-00171-00 estuvo en secretaría de la
sección cuarta hasta el 18 de enero de 2023 (fecha en que ingresó al
despacho), a causa de la notificación de la decisión con la que se asumió
conocimiento del asunto.
Así las cosas, se colige que el período que ha pasado desde cuando el aludido
proceso ordinario fue asignado a la sección cuarta del Consejo de Estado (9
de junio de 2022) no es considerable, cuanto más si (i) el 15 de noviembre
siguiente asumió su conocimiento, (ii) entre el 20 de diciembre de esa
anualidad y el 10 de enero de 2023 (inclusive) aconteció la vacancia judicial,
conforme lo estipula la letra b del artículo 207 del Decreto 546 de 19718
(modificado por el artículo 1º de la Ley 31 de 19719); y (iii) el expediente
ingresó nuevamente al despacho el 18 de enero de 2023, luego de surtirse la
notificación de aquella determinación judicial, motivo por el que no es dable
acceder al amparo deprecado, dado que para ello resulta necesario demostrar
que la tardanza es excesiva e infundada, como lo sostuvo la Corte
Constitucional10, en los siguientes términos:
[…] si bien la administración de justicia debe ser pronta […] no todo
retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una
infracción a la Constitución. Para que esto ocurra debe probarse que la
7
«Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, inclusive, lapso en
el cual los funcionarios y empleados de la rama civil, contencioso administrativo, laboral y los de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Aduanas y Salas Penales de los Tribunales de
Distrito, así como los respectivos agentes del ministerio público que corresponden a tales despachos,
disfrutarán colectivamente de la prestación social de vacaciones anuales […]».
8
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
9
«Por la cual se modifica parcialmente el Decreto número 546 de 1971 y se dictan otras disposiciones».
10
Sentencia T-52 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
8
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dilación injustificada tuvo origen en la falta de diligencia del
funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo
del proceso sea irrazonable […].
Cabe advertir que si bien el asunto 11001-03-24-000-2019-00171-00 estuvo
en la sección primera del Consejo de Estado un poco más de tres (3) años, con
el fin de que se estudiara su admisibilidad, ese lapso no es factible analizarlo
en este trámite constitucional, porque sobre el particular se adelantó la tutela
11001-03-15-000-2022-02221-00 y aquella ya no conoce de las diligencias
contencioso-administrativas.
En virtud de lo anterior, la Sala negará el amparo pretendido, frente a la
pretensión relacionada con la mora judicial, dado que no se observa
inactividad injustificada por parte de los señores magistrados de la sección
cuarta del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad 11001-03-24-
000-2019-00171-00.
3.5.2 Amparo deprecado frente a la súplica de disponer el inicio de
actuaciones disciplinarias y penales. La demandante pide ordenar a los
señores magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del
Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal y Procuradora Generales de la
Nación que adelanten las actuaciones penales y disciplinarias pertinentes, con
la finalidad de que se sancionen a los servidores judiciales que incurren en la
presunta inactividad injustificada dentro del expediente 11001-03-24-000-
2019-00171-00.
La anterior súplica se negará, por cuanto no se evidencia reproche desde el
punto de vista del derecho disciplinario y penal, dado que, se reitera, no ha
trascurrido un lapso considerable desde cuando los señores magistrados de la
sección cuarta del Consejo de Estado recibieron el proceso de nulidad 11001-
03-24-000-2019-00171-00 (9 de junio de 2022) y desde ese momento no se
constata desidia de su parte, pues el 15 de noviembre siguiente asumieron su
conocimiento y el expediente ingresó nuevamente al despacho para lo
pertinente el 18 de enero del año en curso.
En todo caso, la actora, si a bien lo tiene, puede adelantar los trámites
pertinentes ante la comisión de investigación y acusación de la Cámara de
Representantes, con el fin de que se investigue disciplinaria o penalmente a
las autoridades judiciales que considera han desatendido sus funciones, dado
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
que aquella es la competente para conocer de esas diligencias, conforme a los
artículos 178 (numerales 3 y 411) de la Constitución Política y 17912 de la Ley
270 de 199613.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
en razón a que (i) no se observa mora judicial injustificada en el trámite del
proceso de nulidad 11001-03-24-000-2019-00171-00 por parte de los señores
magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado y (ii) no es dable
ordenar que se adelanten actuaciones penales y disciplinarias contra las
autoridades judiciales que la demandante estima han incumplido sus
funciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la
Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S., por las razones expuestas en las
consideraciones.
2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
11
«La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales:
[…]
3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas Constitucionales, al Presidente de la República, o a quien
haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al
Fiscal General de la Nación.
4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los
particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el
Senado».
12
«La Comisión de Investigación y Acusación, forma parte de la Cámara de Representantes, desempeña
funciones judiciales de Investigación y Acusación en los juicios especiales que tramita dicha Cámara; y
conoce del régimen disciplinario contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de
Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación
[…]».
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«Estatutaria de la Administración de Justicia».
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Actora: Sociedad Colombiana de Abogados S. A. S.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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