Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06743-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06743-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06743-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06743-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
16 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros1
Demandado: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
La causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) igualdad y iv) reparación integral
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, obrando mediante apoderada, presentaron solicitud de tutela contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 8 de junio de 2022, en
el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
1 Limbania Camelo Cáceres y José Johanny Jiménez Camelo.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
identificado con el número único de radicación 110013343063201900235-01,
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la reparación integral.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, los actores presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Fuerza Área Colombiana, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por los daños y perjuicios, con ocasión del secuestro, tortura y
posterior ejecución extrajudicial de José Vicente Camelo Forero, mientras se
encontraba en la Base Aérea Germán Olano de la Fuerza Aérea Colombiana en el
Municipio de Puerto Salgar-Cundinamarca.
4. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia
de primera instancia el 7 de diciembre de 2020, negando las pretensiones de la
demanda.
5. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 8 de junio de 2022,
resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 07 de diciembre de 2020 por el
Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., de conformidad con lo
expuesto.
SEGUNDO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa,
de conformidad con lo expuesto […]”.
6. El Tribunal consideró que:
“[…] Es tesis de la Sala que en el presente asunto es aplicable la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 radicado interno 61033 del Consejo de Estado,
3
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
según la cual, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, debe atenderse a las siguientes premisas: i) en tales eventos
resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este
plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión, de agentes del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
En consecuencia, al probarse en el expediente que la parte demandante tuvo
conocimiento de la participación de agentes del Estado en la causación de la muerte
del señor JOSÉ VICENTE CAMELO FORERO el 09 de julio de 1979, y que no se
encontraron alegaciones o pruebas dirigidas a demostrar la existencia de situaciones
que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción de los
demandantes entre el año 1979 a 2019, es decir, por casi cuarenta años, la Sala
debe concluir que operó la caducidad del medio de control.
En tal sentido, se revocará la sentencia para declarar la caducidad de la acción […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] En mérito de las razones argumentadas, solicito al honorable juez de tutela lo
siguiente:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la reparación
integral de ELPIDIA CÁCERES GÓMEZ, MARIELA CAMELO DE JIMÉNEZ, LUIS
ENRIQUE CAMELO CÁCERES, LIMBANIA CAMELO CÁCERES, JOSÉ JOHANNY
JIMÉNEZ CAMELO y VICENTE ALBERTO JIMÉNEZ CAMELO familiares de JOSÉ
VICENTE CAMELO FORERO, ejecutado extrajudicialmente por integrantes de la
Base Militar de la Fuerza Aérea Germán Olano.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 8 de junio de 2022, donde declaró la caducidad
del medio de control de Reparación Directa, dentro del proceso identificado con el
Radicado N° 11001-33-43-063-2019- 00235-01.
TERCERO: En concordancia con lo anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la respectiva
sentencia de tutela, expida una nueva decisión en reemplazo en la que se tengan en
cuenta las consideraciones expuestas en este escrito de tutela y en la sentencia que
proteja los derechos fundamentales alegados, en relación con la caducidad del medio
de control.
4
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
CUARTO: Producto de lo anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que resuelva de fondo el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante del proceso de Reparación Directa identificado con el Radicado N°
11001-33-43-063-2019-00235-01, el cual impugnaba la sentencia de primera
instancia proferida el 7 de diciembre de 2020 por el Juzgado Sesenta y Tres (63)
Administrativo Oral de Bogotá D.C […]”.
8. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y
en la ii) causal de violación directa de la Constitución.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de diciembre de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó al
Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, a Elpidia Cáceres
Gómez, a Mariela Camelo de Jiménez y a Vicente Alberto Jiménez Camelo en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Fuerza Área Colombiana adujo que:
“[…] De conformidad con lo anterior, respetuosamente me permito solicitar que la
acción de tutela sea declarada improcedente, como quiera que en el presente caso,
no se cumplen con los requisitos jurisprudenciales mínimos establecidos tanto por
la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, para que se surta el amparo
constitucional, cuando se pretende atacar un fallo judicial, máxime teniendo en
cuenta que esta no puede convertirse en una tercera instancia judicial, como acá lo
pretende el accionante […]”.
11. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá afirmó que:
“[…] Teniendo en cuenta lo indicado en parte precedente, es pertinente concluir que
todas las actuaciones surtidas por este despacho judicial dentro del proceso de
reparación directa No. 11001-33-43-063-2019-00235-01 se realizaron conforme al
5
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
trámite procesal pertinente, de acuerdo con las pruebas observadas en el mismo y
lo establecido en el CPACA – Ley 1437 de 2011 […]”.
12. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:
“[…] En consecuencia, en razón a las consideraciones expuestas en la sentencia del
08 de junio de 2022 y a las expuestas en esta contestación, aunado a que las
interpretaciones y consideraciones de la providencia enjuiciada en sede de tutela no
fueron abiertamente irrazonables, absurdas o desproporcionadas, sino que por el
contrario, estuvieron acorde a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020 radicado interno 61033, y a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional contenida en las sentencias SU-406 de 2016 y T-044 de 2022, estimo
que debe declararse improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negarse las
pretensiones […]”.
13. Elpidia Cáceres Gómez, Mariela Camelo de Jiménez y Vicente Alberto Jiménez
Camelo guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
6
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 8 de junio de 2022,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 11001-33-43-063-2019-00235-01, incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la
Constitución, lo que trajo como consecuencia que declarara de oficio la caducidad
del medio de control de reparación directa.
17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) la causal de violación directa de la
Constitución; vi) la excepción de inconstitucionalidad; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; viii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; ix) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; x)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación integral,
xi) análisis del caso concreto y finalmente las xii) conclusiones de la Sala.
7
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello4, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
19. Esta Sección5 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
21. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
8
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”6.
22. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos
parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.
6Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
9
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:
27.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales
indicados supra.
27.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) los actores cumplieron con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la
Constitución.
27.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales9, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
9 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
10
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
27.4. Cumplió con el principio de inmediatez10.
27.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de sus derechos
fundamentales.
27.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
27.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y
27.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
28. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
29. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169
de 31 de diciembre de 189611 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 ; así 12
10 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 8 de
junio de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
11 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
12 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
11
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200113; C-816 de 201114;
C-179 de 201615; y T-102 de 201416.
30. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”17 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
31. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional18, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
32. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional,
cuya doctrina es obligatoria19, la regla del respeto del precedente no es absoluta,
debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la
dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver
una situación concreta.
13 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
17 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
18 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
19 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
12
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
33. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los
cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala20, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas
como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que
debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia
resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en
los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
34. En efecto, la Sala21 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se
separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la
cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que
fundamenta el cambio de posición jurisprudencial22”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
35. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
21 ibídem.
22 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
La causal de violación directa de la Constitución
36. En lo que respecta a la causal de violación directa de la Constitución, se tiene
que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica
cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la
omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad
judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y,
por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y
también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un
caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales
[…]”23.
37. En ese orden de ideas, la causal de violación directa de la Constitución, se
estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de
la Carta Política de 1991.
38. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto al cargo por violación directa de la
Constitución por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, ha dicho
que:
“[...] Recuérdese que la excepción de inconstitucionalidad consiste en la
inaplicación, en caso de contradicción manifiesta con la Constitución Política, de las
normas de inferior jerarquía a propósito de un caso particular y con efectos inter
partes.
Cuando una autoridad judicial no aplica la excepción de inconstitucionalidad en una
providencia judicial comete una violación directa de la Constitución ya que pasa por
alto el artículo 4 de la Carta Política que ordena que “en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales” con el consecuente desconocimiento de la
supremacía de la norma superior y de su valor normativo.
23 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
14
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
En este sentido la jurisprudencia constitucional ha resaltado que el principio de
supremacía de la Constitución consiste en que “esta se impone como el grado más
alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes
y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues,
debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas
jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de
manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos
casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas,
por parte de las autoridades con plena competencia para ello”24.
De manera similar ha señalado que “el valor normativo de la Constitución Política y
la primacía que le es consustancial, obliga al juez a desechar la aplicación de una
ley que claramente viola sus disposiciones. La figura de la excepción de
inconstitucionalidad, cuando se dan sus presupuestos, compromete al juez de la
causa que debe siempre velar por el efectivo cumplimiento de los mandatos
constitucionales”25 […]”.
39. En ese orden de ideas, se evidencia que cuando en una providencia judicial no
se inaplica una norma jurídica que contradice manifiestamente los postulados
constitucionales, se configura la violación directa de la Constitución por la omisión
en aplicar la excepción de inconstitucionalidad26.
La excepción de inconstitucionalidad
40. La excepción de inconstitucionalidad consiste en la facultad que tienen los
jueces o las autoridades administrativas de inaplicar una norma jurídica al caso
concreto cuando vulnera algún postulado de la Constitución Política de 1991, y tiene
como objetivo principal, garantizar la protección de los derechos fundamentales y el
principio de la supremacía de la Constitución.
41. En ese orden de ideas, el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, dispone
lo siguiente:
“[…] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
24 Sentencia C-069 de 1995.
25 Sentencia T-067 de 1998.
26 Sobre la configuración del cargo por violación directa de la Constitución por la no aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad, ver: Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
42. La Corte Constitucional, frente al tema ha dicho lo siguiente27:
“[…] La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía
de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución,
que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales…”28. Esta norma hace que nuestro sistema de control
de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto29 ya que
combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control
difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la
ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución30.
2.2 De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo
puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que
tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto31. Este tipo de control se
realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad
o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a
la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria
que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y
27 Corte Constitucional, sentencia C-122 de 1 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
28 Los antecedentes de la excepción de inconstitucionalidad se remontan al artículo 40 del Acto Legislativo No
3 de 1910, en donde se disponía que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley debían
aplicarse preferentemente las disposiciones constitucionales. También debe tenerse en cuenta el artículo 215
de la Constitución de 1886 en donde se estableció que, “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución
y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”. Posteriormente en el artículo 5 de la
Ley 57 de 1887 se estableció que, “Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una
norma legal, preferirá aquella”. Ver sobre el tema el libro de Alexei Julio Estrada, Las ramas ejecutiva y judicial
del poder público en la Constitución colombiana de 1991, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1991,
pp. 283 – 288. Igualmente el libro de Natalia Bernal Cano titulado, La excepción de inconstitucionalidad y su
aplicación en Colombia, Bogotá, Gustavo Ibáñez, 2002. También el artículo de Gilberto Augusto Blanco Zuñiga
titulado “Comentarios a la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de ilegalidad en Colombia”, en:
Revista de Derecho de la Universidad del Norte, No 16, V. 1 2001, pp. 268 – 279.
29 Por ejemplo Allan R. Brewer – Carias, en el “Sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en
Colombia y Venezuela”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Temas de Derecho Público, No 39, 1995.
30 Es decir que combina la idea de Kelsen de control de constitucionalidad concentrado en una instancia jurídica
especializada – Corte Constitucional - y un sistema propio del common law de control difuso en donde cualquier
autoridad judicial puede en un caso concreto dejar de aplicar una norma. Kelsen propuso el control de
constitucionalidad concentrado en su obra ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? También se debe
tener en cuenta el control de los actos normativos no legales que se establece en cabeza del Consejo de Estado
en Colombia de conformidad con el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, que establece que
corresponde a dicha Corporación conocer de las acciones de inconstitucionalidad de los decretos dictados por
el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, atribuyendo a esta entidad
el control de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional.
31 Desde las sentencias de los años sesenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se empieza a
tener en cuenta esta tesis. Se dice que los funcionarios competentes para aplicar dicha norma son los que
tienen jurisdicción. Al respecto dijo la Sentencia del 2 de marzo de 1961 (M.P. Julio Roncallo Acosta), que, “El
artículo 215 de la Constitución simplemente autoriza oponer, en un caso concreto, la excepción de
inconstitucionalidad. El fallo que decide sobre la acción de inexequibilidad sólo puede ser pronunciado por la
Corte en pleno y tiene efectos erga omnes; en cambio, para decidir sobre la excepción referida es competente
cualquier funcionario con jurisdicción, que deba aplicar la ley, y solo tiene efectos en relación con el caso
concreto en donde el conflicto surge” (Negrillas fuera del texto). También hay que tener en cuenta los fallos de
la Sala de Casación Penal de 14 de marzo de 1961, en donde se convalida por vez primera la vía de excepción
y se declara inaplicable una ley en un caso concreto, y la sentencia del 26 de abril del mismo año, en donde se
definen los alcances generales de la excepción y se establece que cualquier funcionario con jurisdicción es
competente para inaplicar una ley contraria a la Constitución (Sobre el particular ver el libro de Julio Estrada,
Alexei, Op. cit., p. 284).
16
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter
partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma
que se considera contraria a la Constitución […]”.
43. En ese orden de ideas, la excepción de inconstitucionalidad: i) puede ser
ejercida a solicitud de parte o ex officio por parte del juez, ii) es informal dado que
no se requieren requisitos exigentes para su configuración, en donde basta que se
demuestre que la norma jurídica aplicable al caso concreto sea manifiestamente
contraria a la Constitución Política de 1991; y iii) tiene efectos inter partes32.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
44. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
33
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
32 Excepcionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad al caso concreto, puede tener efectos inter pares. En el auto 071 de 27 de febrero de 2001,
la Corte Constitucional consideró que: “[…] Dentro de las diversas alternativas disponibles para determinar los
efectos de las providencias - efectos inter partes, efectos erga omnes, efectos inter pares, etc.-, la que mejor
protege en este caso los derechos constitucionales fundamentales y respeta las atribuciones del Consejo de
Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, es la de los efectos inter pares,
es decir, entre los casos semejantes. La doctrina convencional según la cual la excepción de
inconstitucionalidad sólo tiene efectos inter partes, es decir, en el proceso concreto dentro del cual fue
inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para proteger los derechos
constitucionales fundamentales como para asegurar la efectividad de los principios fundamentales
[…]”.
33 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
46.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
47.Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
34 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
48.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
49.Atendiendo a que, la Corte Constitucional35 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación
integral
50.Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
35 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
51. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
36
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición
[…]”.
Análisis del caso en concreto
52. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
53. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
54. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:
54.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 8 de junio de
2022.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
55. Los actores en su escrito de tutela señalaron que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial. En ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, la relevancia constitucional del caso en concreto
es más que evidente, dado que se trata de una vulneración de derechos
fundamentales a raíz de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual efectuó la aplicación irrestricta del fenómeno
jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa, sin tener en cuenta que
tal proceso fue radicado con anterioridad a la expedición de la Sentencia de
Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, con radicado interno N°
61033, a través de la cual se estableció el cuestionable, inconstitucional e
inconvencional criterio de caducidad para casos de graves violaciones a Derechos
Humanos […]”.
[…]
“[…] El cambio de jurisprudencia se dio con posterioridad a la radicación de la
demanda, por lo que se afectó de manera intempestiva la seguridad jurídica de los
demandantes, quienes tenían la expectativa de que su caso fuera analizado bajo el
criterio de caducidad concordante con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos ( en adelante “CADH”) y las interpretaciones que sobre ella ha dado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante “Corte IDH “), así como, el
bloque de constitucionalidad estipulado en el artículo 93 de la Carta Política, el cual
fue acogido de manera mayoritaria por la jurisprudencia contencioso administrativa
proferida hasta el momento y dictado por la juez de primera instancia […]”.
[…]
“[…] El criterio acogido por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo se
puede recoger en lo acotado por la sección tercera en la sentencia con N° de
Radicado 25000-23-36-000-2018- 00109-01(63119), donde se estableció que:
“(…) La garantía de imprescriptibilidad opera para asegurar que no haya impunidad
en casos de crímenes atroces, y para evitar que las decisiones sobre la caducidad de
las acciones de responsabilidad operen como un mecanismo perverso que incentive
la repetición y consolide la impunidad. Dado que la garantía se habilita por la
naturaleza de los hechos, y no por la calidad de las víctimas, sus consecuencias se
extienden a cualquiera que haya sufrido perjuicios derivados del crimen atroz, y no
solamente a quienes vivieron los hechos de manera directa” (…)
(…) La impunidad no sólo es la inexistencia, de hecho o de derecho, de
responsabilidad penal efectiva de los autores de esas violaciones, sino también la
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
inexistencia de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. En consecuencia,
para evitar la impunidad, la prescripción o caducidad no puede aplicarse a los
crímenes de lesa humanidad, los genocidios y otras violaciones graves de los
derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición
forzada o la esclavitud, pues ellos son por naturaleza imprescriptibles (…)37
(Subrayado y negrilla fuera de texto original).
En sentencia reciente38, el Consejo de Estado definió que el precedente aplicable a
aquellos casos donde se procedió a accionar al Estado antes de la expedición la
Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, era aquel acogido
mayoritariamente por esta corporación previo a esa decisión, el cual consideraba que
se debía aplicar el control de convencionalidad y declarar que no hay lugar al
fenómeno jurídico de la caducidad en casos de graves violaciones a los Derechos
Humanos.
Puntualmente, se expresó lo siguiente -se transcribe in extenso por su importancia
para el caso concreto-: […]”.
[…]
“[…] En el caso Ordenes Guerra y otros vs Chile resuelto por la Corte IDH, se desata
el caso de un grupo de personas que presentaron acciones civiles por ser el
mecanismo idóneo, pero cuando las presentaron les decretaron la caducidad. En esos
casos las víctimas habían sido objeto de reparación administrativa. El hecho ilícito
internacional en el caso, era la negativa de los Tribunales a dar una reparación judicial
por el hecho de que había prescrito la acción. Concretamente, el problema era que
no existía el acceso a la administración de justicia y las reparaciones administrativas
representaban un estándar con una lógica diferente.
En este caso particular, la Corte decidió el caso a partir de la aceptación de la
responsabilidad del Estado. Había un acuerdo sobre los hechos y las violaciones,
siendo los derechos vulnerados son las Garantías Judiciales y Protección judicial. Los
fundamentos del Estado para considerar imprescriptibles las acciones para la
reparación de graves violaciones de derechos humanos o crímenes contra la
humanidad, son aplicables a cualquier acción civil. La imprescriptibilidad se debe
esencialmente a la obligación del Estado a reparar los daños por la naturaleza de
estos hechos y no depende del tipo de acción que se vaya a utilizar […]”.
56. Ahora bien, respecto a las sentencias que los actores invocaron en su escrito
de tutela como desconocidas por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, esto es, las i) sentencias del Consejo de Estado (ver escrito de
tutela) y ii) la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el 29 de noviembre de 201839, la Sala considera que no constituyen
37 Consejo de Estado. Sentencia del 31 de julio de 2019 con N° de Radicado 25000-23-36-000-2018-00109-01
(63119). CP: Alberto Montaña Plata.
38 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de julio de 2022 con N° de Radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01.
CP: Rafel Francisco Suárez Vargas.
39 Caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile”.
22
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
precedente judicial, toda vez que, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional profirieron sentencias de unificación, que si deben ser tenidas en
cuenta para esta Sección al resolver el presente caso, en donde además si
constituyen precedente judicial.
57.En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico consistente en
determinar si la autoridad judicial accionada incurrió o no en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, la Sala hará referencia a la providencia
de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y a la
sentencia SU-312 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, en donde se unificó
la jurisprudencia en la materia.
Sentencia de 29 de enero de 202040
58.La Sección Tercera del Consejo de Estado, a petición del Tribunal Administrativo
del Casanare, avocó en segunda instancia el conocimiento de un proceso de
reparación directa, con el fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial, en
relación con la caducidad de las pretensiones de reparación directa frente a los
delitos de lesa humanidad, en ese caso particular, se abordó el supuesto fáctico de
una presunta ejecución extrajudicial por miembros del Ejército Nacional.
59.El problema jurídico que tenía que resolver el Consejo de Estado fue el siguiente:
“[…] El Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Yopal consideró que, en este
asunto, tal como se indicó en la demanda, no resultaba exigible el término de
caducidad de la pretensión de reparación directa, porque el litigio versaba sobre
el daño derivado de un delito de lesa humanidad.
Por tratarse de un presupuesto procesal del derecho de acción, la Sección
Tercera determinará si la demanda de la referencia se presentó o no en
oportunidad y si la circunstancia invocada por el a quo resulta suficiente
para inaplicar las normas que regulan el término de caducidad […]”.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
29 de enero de 2020, núm. único de radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
23
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
60.La Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que “[…] Entre las
Subsecciones que integran esta Sala, según se explicó en auto del 17 de mayo de
2018, mediante el cual se avocó el conocimiento del presente asunto para efectos
de unificación de jurisprudencia, no existe un criterio uniforme en cuanto a la
exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa
humanidad o un crimen de guerra, razón por la cual en esta oportunidad se fijará un
criterio uniforme para tales eventos. […]”.
61.Una vez analizó el caso, la Sección Tercera estableció las siguientes reglas de
unificación en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado:
i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador;
ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y
iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.
62.De lo anterior, se desprende que conforme con la jurisprudencia de unificación
anteriormente citada, en los casos que se pretenda la reparación de un daño
antijurídico imputable al Estado con ocasión de la comisión de un delito de lesa
humanidad, la demanda deberá presentarse en los términos establecidos en el
literal i) del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, contándose el término para
presentar la demanda desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer
24
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, salvo el caso de la desaparición forzada, que
tiene regulación legal expresa.
63.De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 13 de agosto
de 202041, sostuvo que: “[…] Sin embargo, en la Sentencia del 29 de enero de
2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su
jurisprudencia, señalado que, salvo el caso de la desaparición forzada que
tiene regulación legal especial, el término de caducidad de dos años
estipulado en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo es aplicable cuando a través del medio de
control de reparación directa se alega que el daño causado tuvo su origen en
un delito de lesa humanidad, un crimen de guerrera o genocidio. Lo anterior,
porque dicha disposición contempla la posibilidad de contar el plazo de extinción a
partir del momento en que el afectado tuvo efectivo conocimiento de la participación
del Estado en el menoscabo a indemnizar, lo que constituye una regla que tiene
efectos semejantes a la imprescriptibilidad en materia penal […]”. (Resaltado por la
Sala).
64. La Corte Constitucional de igual manera señaló que:
“[…] Unificación de la jurisprudencia constitucional
6.26. Para empezar, este Tribunal observa que en la jurisprudencia contencioso
administrativa, de conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
ha señalado que el término de caducidad de dos años del medio de control de
reparación directa sólo inicia a contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los
interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii)
siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato
judicial para interponer la demanda correspondiente[154].
6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación estima
que dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control de
reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional
41 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. Expediente T-7243742. Actora:
Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea
causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que las
víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de acceder
a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de responsabilidad
de la administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos,
porque el término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad
en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas desde el
instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el
genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la
fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar
la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de
acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término legal de
caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños
originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite,
en la mayor medida de lo posible, la optimización de los intereses constitucionales
en tensión en asuntos como el estudiado en la presente oportunidad.
Específicamente, por una parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica
una afectación grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial
de los daños causados por las mismas […]”.
65. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sus consideraciones jurídicas, señaló lo siguiente:
“[…] La Sala resalta que frente a conductas constitutivas de violaciones a los
derechos humanos, o en aquellos casos en los que se encuentran involucrados
hechos de lesa humanidad o crímenes de guerra, en Sentencia de Unificación
Jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 29 de enero de
2020 radicado 61033, se determinó que “las situaciones que se pretenden
salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa
humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo
contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho
dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos
eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la
posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era
susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política […]”.
[…]
“[…] Finalmente, la Sentencia de Unificación Jurisprudencial de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, del 29 de enero de 2020 radicado 61033, falló:
“PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
26
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo
el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones
que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez
superadas, empezará a correr el plazo de ley.”
Ahora, en cuanto a la aplicación de la citada sentencia de unificación, desde una
perspectiva fáctica, tal precedente jurisprudencial rige en el sub-exámine, pues en
este caso, la controversia gira en torno a la responsabilidad del Estado por un daño
que la parte demandante alega que es de lesa humanidad, ocurrido en el año 1979,
lo cual, es similar fácticamente al caso decidido en la unificación jurisprudencial del
del 29 de enero de 2020.
Así mismo, desde la perspectiva temporal, la sentencia de unificación es aplicable
al caso concreto, pues de conformidad con la Sentencia SU-406 de 2016 de la Corte
Constitucional, los nuevos precedentes jurisprudenciales deben aplicarse de forma
general e inmediata, esto es, retrospectivamente, con la advertencia que cada
situación debe ser observada a la luz de las circunstancias particulares con el fin de
no vulnerar el derecho al debido proceso de las partes […]”.
[…]
“[…] En ese orden, en el caso concreto, es relevante determinar la fecha de
conocimiento de los demandantes sobre la participación de agentes del Estado en
la causación del daño consistente en la muerte del señor JOSÉ VICENTE CAMELO
FORERO. Para el efecto, se tienen las siguientes pruebas:
1. Copia del registro civil de defunción del señor JOSÉ VICENTE CAMELO
FORERO, que da cuenta que la fecha de su fallecimiento fue el 05 de julio de
1979.18
2. Comunicación suscrita por ELPIDIA CÁCERES DE CAMELO, MARIELA
CAMELO DE JIMENEZ, LIGIA CAMELO CÁCERES, LIMBANIA CAMELO
CÁCERES y LUIS ENRIQUE CAMELO CÁCERES, con fecha de 09 de julio de 1979,
dirigida al Procurador General de la República,19 de la que se destaca:
“Nosotros, esposa e hijos de JOSE VICENTE CAMELO FORERO, en consideración
de su jerarquía en el ministerio público, acudimos ante usted, con el fin de exigir la
investigación por el asesinato de que fue víctima nuestro esposo y padre por parte
de las Fuerzas Militares adscritas al Comando Aéreo de Combate No. 1 con sede
en la base de Palanquero en Puerto Salgar-Cundinamarca. En desarrollo de hechos
que a continuación detallamos: (…)”
3. Comunicación del 10 de julio de 1979 suscrita por la señora ELPIDIA CÁCERES
DE CAMELO Y dirigida al Presidente de la República,20 de la que se destaca:
“Yo ELPIDIA CÁCERES DE CAMELO, con C.C. #23´694.853 de Puerto Boyacá,
Departamento de Boyacá, ante el indignante acto de violencia oficial que se ha
perpetrado contra mi esposo JOSE VICENTE CAMELO FORERO, denuncio ante la
opinión pública en general, y al Señor Presidente en particular, las atrocidades con
que sus esbirros militares del grupo “CAES” y “ANTIGUERRILLAS” del Batallón
27
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
Palenquero, han tratado a los moradores de esta región de campesinos honrados y
trabajadores. (…)”
4. Comunicación suscrita por ELPIDIA CÁCERES DE CAMELO, MARIELA
CAMELO DE JIMENEZ, LIGIA CAMELO CÁCERES, LIMBANIA CAMELO
CÁCERES y LUIS ENRIQUE CAMELO CÁCERES, con fecha de 09 de julio de 1979,
dirigida al Presidente de la República, con la que denunciaron el presunto asesinato
de JOSÉ VICENTE CAMELO FORERO por parte de tropas del Comando Aéreo de
Combate No. 1.
Así las cosas, este Tribunal advierte, con base en las pruebas relacionadas con
antelación, que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación de
agentes del Estado en la causación de la muerte violenta del señor JOSÉ VICENTE
CAMELO FORERO el 09 de julio de 1979. Así mismo, también resalta la Sala que
en el expediente no se encontraron alegaciones o pruebas dirigidas a demostrar la
existencia de situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción de los demandantes entre el año 1979 a 2019, es decir, por lapso
de tiempo de más de 40 años, hasta que finalmente se radicó la demanda. Por lo
tanto, el término de caducidad para presentar la demanda debe computarse desde
el 09 de julio de 1979.
Sobre la muerte del abogado de la familia, encargado de asesorarla en el caso, cabe
manifestar que no modifica en lo sustancial las conclusiones de la Sala, debido a
que el homicidio del doctor Cipagauta se presentó en octubre de 1982, esto es, hace
40 años, y ello de todos modos no constituía un impedimento para que los familiares
del señor Camelo Forero promovieran y prosiguieran las acciones legales
pertinentes, ya fuera directamente o con la mediación de otro abogado […]”.
66. Para la Sala, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que en el
caso concreto se aplicaron correctamente las reglas jurisprudenciales fijadas en la
providencia de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado. En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada con
fundamento en el acervo probatorio, evidenció que los actores tuvieron
conocimiento de la participación de agentes del Estado en la causación de la muerte
violenta del señor José Vicente Camelo Forero el 09 de julio de 1979, en donde
además, consideró que “[…] en el expediente no se encontraron alegaciones o
pruebas dirigidas a demostrar la existencia de situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción de los demandantes entre el año
1979 a 2019, es decir, por lapso de tiempo de más de 40 años, hasta que finalmente
se radicó la demanda […]”.
28
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
67. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada al aplicar correctamente
las reglas jurisprudenciales fijadas en la providencia de 29 de enero de 2020
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, le permitió concluir lo
siguiente:
“[…] En consecuencia, al haber tenido conocimiento los demandantes sobre la
ocurrencia del daño y la participación de agentes del Estado en su causación
el 09 de julio de 1979, sin que se hubiera demostrado una circunstancia que
imposibilitara ejercer su derecho de acción, la Sala concluye que el término
con que contaba la parte actora para presentar la demanda de reparación
directa debe computarse desde el 09 de julio de 1979, por lo tanto, sea el
término de 4 meses o 2 años, a la fecha de radicación de la solicitud de
conciliación prejudicial del 02 de abril de 2019 y también a la fecha de
presentación de la demanda del 09 de julio de 2019, 24 el término para incoar
la demanda so pena de caducidad se encontraba vencido y, por lo tanto, operó
la caducidad del medio de control […]”. (Resaltado por la Sala).
68. Además, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por los actores, el precedente
judicial que se debe aplicar, es el que está vigente al momento de que el juez va a
proferir la respectiva sentencia, y no el precedente que existía al momento de
presentarse la respectiva demanda.
La causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad
69. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente:
“[…] Así las cosas, la excepción de inconstitucionalidad es relevante para este
asunto, por cuanto esta figura encuentra su sustento en la omisión y la vulneración
del postulado establecido en el artículo 93 de la Constitución Política, al aplicar la
regla interpretativa establecida por el Consejo de Estado frente al literal I del
artículo 164 del CPACA en caso de graves violaciones a los Derechos Humanos y
crímenes de lesa humanidad. Tal y como se ha venido describiendo a lo largo del
presente escrito, la aplicación irrestricta, irreflexiva e irracional del término de
caducidad estipulado en el literal I del artículo 164 del CPACA en caso de graves
violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, es
inconstitucional y no convencional por contravenir el bloque de constitucionalidad
implementado en el artículo 93 de la Constitución Política […]”.
70. Para la Sala, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en la causal
de violación directa de la Constitución, toda vez que al aplicar correctamente las
29
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia de 29 de enero de 2020, consideró que la norma jurídica que debía
aplicarse al caso concreto era el literal (i) del numeral 2º del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que en
el caso sub examine, no era procede aplicar la excepción de inconstitucionalidad de
dicha norma jurídica.
71. Además, para la Sala, la respectiva aplicación del literal (i) del numeral 2º del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo por parte de la autoridad judicial accionada, como quedó expuesto
supra, se llevó a cabo de manera razonable con fundamento en la interpretación
que efectuó la Sección Tercera del Consejo de Estado en la providencia de 29 de
enero de 2020.
72. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
30
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06743-00
Actores: Luis Enrique Camelo Cáceres y otros
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.