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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00478-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00478-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 22 de febrero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00478-01 Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00478-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00478-01
Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros 1
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

La causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii)
igualdad, iii) debido proceso y iv) reparación integral

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de
tutela de 22 de febrero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cristian Andrés Galeano García, María Elda Nubia López Vergara, María Soledad López de Ramírez, Javier

Ancizar Salazar López y María Viviana Salazar López.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00478-01
Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la providencia
de 2 de julio de 2021, dentro del proceso de reparación directa identificado con
número único de radicación 05001 33 33 017 2020 00303 01, vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Los actores presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como
consecuencia de la desaparición forzada y “[…] presunta ejecución extrajudicial del
Rubén Dario López Vergara, ocurrida el 08 de febrero de 2004, en el municipio de
Granada (Antioquia) […]”.

4. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín profirió auto de 18
de enero de 2021, por medio del cual rechazó la demanda al haber operado la
caducidad del medio de control de reparación directa.

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto de 2 de julio de 2021,
resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado Diecisiete (17)
Administrativo Oral de Medellín, el día dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno
(2021), por medio de auto rechazó la demanda por caducidad del medio de control,
conforme los argumentos expuestos en esta decisión.

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Actores: Yesica Natalia Galeano García y otros

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, DEVOLVER el expediente
al Juzgado de origen para lo de su cargo […]”.

6. Consideró que:

“[…] De la documentación allegada con la demanda, se advierte que los
hechos en los que perdió la vida el señor señor (sic) Rubén Darío López
Vergara, se presentaron el día 8 de febrero de 2004, cuando fue reportado
por miembros del Ejército Nacional, como baja en combate.

No obstante lo anterior, las pretensiones de la demanda están encaminadas
a declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, por
cuanto con posterioridad a los hechos, los demandantes tuvieron
conocimiento de la participación de miembros del Ejército en el homicidio, en
lo que se conoce como ejecución extrajudicial o comúnmente como “falsos
positivos”.

Ahora bien, aplicando la tesis expuesta en la sentencia de unificación arriba
citada, se advierte que en el presente asunto, contrario a lo manifestado por
el recurrente, sí resulta aplicable el término de caducidad del medio de
control de reparación directa, no obstante dicho término, debe contabilizarse
a partir de la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento de la
participación del Estado, en la muerte del señor Rubén Darío López Vergara.

Al respecto, se advierte por parte de la Sala, que tal como lo indicó el a quo
en su providencia, una de las demandantes confirió poder el día 25 de marzo
de 2017 para la presentación de demanda de reparación directa, en virtud
de la desaparición forzada y posterior muerte del señor López Vergara y
adicionalmente se consignó en el poder la siguiente afirmación “hecho
perpetrado presuntamente por miembros activos del EJÉRCITO
NACIONAL”, de la cual se puede desprender que aquella tenía conocimiento
de la participación del Estado en el hecho dañoso por lo menos, desde la
fecha en que confirió dicho poder.

Es así, que el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA,
debe contarse a partir del día siguiente, 26 de marzo de 2017, y venció el 26
de marzo de 2019. No obstante lo anterior, el apoderado solo presentó la
solicitud de conciliación prejudicial, el día 24 de enero de 2020, esto es,
cuando ya había operado el fenómeno de caducidad.

De conformidad con lo anterior, considera la Sala que se encuentra
acreditado dentro del proceso de la referencia, que a pesar de tener
conocimiento de la participación del Estado en el hecho sobre el cual, se
solicita el reconocimiento de perjuicios, a través de la demanda de la
referencia, la parte actora dejó vencer el término de caducidad previsto en la
ley, y como consecuencia de ello, resulta procedente el rechazo de la
demanda.

Ahora bien, en relación con la manifestación del apoderado en torno a la
inaplicación de la sentencia de unificación por resultar contraria a la
Constitución y las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad, en

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tanto en su sentir se trata de un delito de lesa humanidad, se advierte que
en criterio de la Sala, no resulta procedente dicha petición, por cuanto las
reglas de unificación sentadas en la providencia del 29 de enero de 2020,
surgieron precisamente del análisis sobre la correcta aplicación de dichos
criterios […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de
justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material
y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por
fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia
(Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales-); ii)
Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la
Constitución); iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal
que aplica la excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa
humanidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad
(Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores
judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de convencionalidad (Artículos 1 y
2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos
de graves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v)
Principio de reparación integral a las víctimas en casos de graves violaciones a los
derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención
Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la
Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución), todo ello en conexidad con la
obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; declarando que la providencia judicial del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE DECISIÓN, con
ponencia del Magistrado JORGE LEÓN ARANGO FRANCO, del 2 de julio de 2021,
dentro del medio de control de reparación directa con Radicado No. 05 001 33 33
017 2020 00303 01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta
que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Antioquia se muestra
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en
una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius
cogens internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación y IV) El juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad cuando corresponde (T-640/15) […]”.

8. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en

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la ii) causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad.

Actuación

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 6
de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó al Ministerio de
Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al
Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín en calidad de terceros
con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Ministerio de Defensa Nacional señaló que:

“[…] De lo anterior, se logra colegir, que para (sic) pasaron más de 17 años para
incoar un medio de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y aún
más cuando el apoderado de la parte demandante, tiene poder de representación 2
años antes de iniciar el proceso ante las procuradurías delegadas. Por lo tanto, el
no tener o contar con fallo penal definitivo, no eximen al actor del cumplimiento de
normas de carácter procesal y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, como la
presentación del medio de control dentro de la oportunidad determinada en el
artículo 164 de la ley 1437 de 2011, máxime si no existe justificación alguna para
obviar dicho término […]”.

11. La Fiscalía General de la Nación adujo que:

“[…] Por las anteriores consideraciones, solicito al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada
por la señora Yesica Natalia Galeano García y su grupo familiar a través de
apoderado, por cuanto no se cumple con las causales generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, ni se vulnera derecho fundamental
alguno […]”.

12. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín consideró que:

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“[…] Por lo anterior y en claro acatamiento del precedente jurisprudencial emanado
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en sentencia del 29 de enero de
2020 decidió unificar la jurisprudencia relativa a la aplicación del término de
caducidad, se dispuso el rechazo de la demanda por caducidad, en tanto el supuesto
establecido por el superior, esto es, que el interesado hubiera advertido o hubiese
tenido la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos, se cumplió en
el caso concreto; conocimiento que no es desmentido por el apoderado actor, que
frente al particular ningún pronunciamiento hizo, en tanto la inconformidad frente a
las decisiones de la judicatura se centran en el hecho de la desaparición forzada de
la que fue objeto el señor Rubén Darío López Vergara, dejando de lado la muerte
de la víctima directa, que en sede de tutela se convierte en hipótesis. En virtud de lo
expuesto, el Despacho disiente de lo manifestado en el escrito tutelar, en tanto en
el trámite que aquí se adelantó, se respetaron todos y cada uno los presupuestos
constitucionales y legales aplicables al caso […]”.

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 22 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Negar el amparo de los derechos fundamentales de los señores
Yesica Natalia Galeano García, Cristian Andrés Galeano García, María Elda Nubia
López Vergara, María Soledad López de Ramírez, Javier Ancizar Salazar López y
María Viviana Salazar López, en la acción de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia […]”.

15. Consideró que:

“[…] En vista de ello, resulta lógico y ajustado a derecho que el Tribunal accionado
contara el término de caducidad conforme lo previsto en el artículo 164 del CPACA,
de dos (2) años a partir del día siguiente de cuando los demandantes tuvieron
conocimiento del hecho dañoso; esto es, el 26 de marzo de 2017, y venció el 26 de
marzo de 2019. No obstante, lo anterior, el apoderado solo presentó la solicitud de
conciliación prejudicial, el día 24 de enero de 2020, esto es, cuando ya había
operado el fenómeno de caducidad.

Al respecto, tal como lo explicó el Tribunal accionado en su providencia, realizó un
chequeo similar al realizado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, donde deja demostrado que los accionantes fueron
negligentes en accionar el medio de control de reparación directa para pretender la
responsabilidad patrimonial del Estado.

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Dicho ello, contrario al decir de la parte actora, el Tribunal accionando no incurrió en
defecto fáctico ni desconoció pronunciamiento judicial alguno, pues de ninguna
manera desechó las graves circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció
la «desaparición y posterior homicidio del señor Rubén Darío López Vergara», que
incluso se mencionó en el escrito de tutela ocurrió desde el 08 de febrero de 2004,
en el municipio de Granada (Antioquia); diferente es, que el asunto haya sido
decidido a la luz de la regla jurisprudencial establecida por el órgano de cierre de lo
contencioso administrativo, en materia de la caducidad del medio de control de
reparación directa frente a casos relacionados con delitos de lesa humanidad,
graves violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra […]”.

[…]

“[…] Es decir, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, no se encuentra incursa en irregularidad alguna, en definitiva,
el análisis efectuado, le permitió concluir que, de acuerdo con las reglas reseñadas
en la sentencia de unificación existentes sobre la materia, las cuales son de
obligatorio acatamiento, el medio de control de reparación directa impetrado por los
señores Yesica Natalia Galeano García, Cristian Andrés Galeano García, María
Elda Nubia López Vergara, María Soledad López de Ramírez, Javier Ancizar
Salazar López y María Viviana Salazar López, había caducado.

Por consiguiente, la decisión adoptada no vulneró los derechos fundamentales de
los accionantes porque aplicó la disposición del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
en concordancia con las pruebas aportadas al expediente y siguió lo dispuesto en
la pluricitada sentencia de unificación, que estableció que el término de caducidad
para la acción de reparación directa relacionada con delitos de lesa humanidad debe
contarse desde que se tuvo conocimiento del hecho dañoso, de ser ello posible […]”.

La impugnación

16. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Seguna del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresaron lo
siguiente:

“[…] Se reiteran todos los argumentos y fundamentos jurisprudenciales expuestos
en la acción de tutela sobre los cuales sorpresivamente no se pronunció el
honorable Magistrado Ponente. En igual sentido, se vuelve a anexar con el presente
escrito dos salvamentos de voto que guardan absoluta consonancia con lo expuesto
en la solicitud de amparo constitucional denegada: el primero, tratándose del
salvamento de voto a la jurisprudencia de unificación sobre el tema de caducidad
del medio de control de reparación directa del Magistrado, Alberto Montaña Plata
(Rad. 61.033 del 29 de enero de 2020), donde se estableció con un análisis
integrado a preceptos del derecho internacional de los derechos humanos, que
frente a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no opera la figura
procesal de la caducidad en el medio de control de reparación directa; y el segundo,
del mismo magistrado (Rad. 11001-03-15-000- 2022-02527-00), en el que señala

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que la sentencia SU-312-2020 emitida por la Corte Constitucional no limita las
competencias del juez para llevar a cabo el control de convencionalidad.

Es sorprendente para la parte que, en el fallo recurrido, el H. Magistrado no haya
hecho referencia a las normas de derecho internacional que son igualmente
aplicables al sub lite, más específicamente la Convención Americana de Derechos
Humanos, y las sentencias de su órgano interpretador, esto es, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, pese a que en el escrito de tutela el
apoderado de los accionantes hizo referencia a su aplicabilidad. En ese sentido, se
considera pertinente exponer algunos argumentos que bien pueden entenderse
como parte del disenso.

Es fundamental exponer que, en el Caso Órdenes Guerra Vs. Chile, la Corte IDH sí
se pronunció en el fondo de la sentencia sobre las violaciones a los derechos a las
garantías judiciales y la protección judicial contenidos en los artículos 1.1, 2, 8 y 25
de la CADH […]”.

[…]

“[…] Aunado a lo anterior, en el reciente caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina,
en la Sentencia emitida el 23 de septiembre de 2021, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se refirió nuevamente a la imprescriptibilidad de las acciones
emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos
humanos […]”.

[…]

“[…] Así, no hay lugar a dudas de que es de obligatorio cumplimiento para el Estado
colombiano el criterio fijado por la CIDH respecto de la imprescriptibilidad de las
acciones emprendidas por las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos, tales como las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias. Aún más,
el Estado colombiano, como Estado Parte de la CADH, también tiene la obligación
de adoptar las medidas legislativas o las que sean necesarias para hacer efectivos
los derechos y libertades contenidas en dicho instrumento según el artículo 2 de la
CADH. De ello, se deriva un efecto positivo y otro negativo, es decir, tanto el de
suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a
las garantías contenidas en la CADH, como el de expedir normas y la realización
de prácticas conducentes para la efectiva observancia de aquellas garantías.

Por tal motivo, es reprochable que pese a existir argumentos contundentes de rango
convencional referidos a la interpretación de la imprescriptibilidad y caducidad, el
Magistrado ponente del fallo de tutela hoy recurrido, expresara lo siguiente con
fundamento en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de
2020:

“De conformidad con lo expuesto, para la Sala, contrario a lo que arguyen los
accionantes, el Tribunal para decidir la cuestión aplicó las reglas previstas en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera
de esta corporación en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto, criterio vinculante y obligatorio según
lo dispuesto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

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Contencioso Administrativo (CPACA), para cuando se interpuso el medio de control
de reparación directa, esto es, el 30 de noviembre de 2020.”

De esta forma, es razonable concluir que la interpretación e implementación
restrictiva del artículo 164. 2. i. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establecida en la Sentencia de Unificación (Rad.
61.033 del 29 de enero de 2020), es una violación directa a la Convención
Americana de Derechos Humanos, que generaría responsabilidad internacional del
Estado colombiano. En ese sentido, afirmar que el juez de la causa, en ejercicio de
su autonomía e independencia está facultado para decidir los asuntos sometidos a
su arbitrio aplicando la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de
enero de 2020, más que una oda a la respetable y valiosa autonomía judicial, se
convierte en la práctica en un respaldo de la conducta omisiva de los jueces de la
República, consistente en la inaplicación y desconocimiento del control de
convencionalidad en desmedro de los derechos de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos, y hasta podría convertirse para los operadores
jurídicos en una invitación que, de seguir siendo aceptada, podría comprometer
internacionalmente la responsabilidad del Estado, en el sentido de impedir a las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos el acceso a la administración
de justicia […]”.

[…]

“[…] Ahora, no tiene sentido que por una parte se admita la pertenencia de la
Convención Americana al bloque de constitucionalidad y el hecho de que la Corte
IDH es el intérprete autorizado de la misma, pero que por la otra se indique que las
sentencias del intérprete autorizado no son aplicables en el ordenamiento jurídico
interno como parámetro para el estudio de los casos de graves violaciones a los
derechos humanos. Entonces, ¿qué interpretación debe preferirse: ¿la de la Corte
IDH como intérprete autorizado, o la que adelanten los órganos jurisdiccionales
internos? La respuesta es clara: teniendo en cuenta que mal podría cualquier
órgano interno conferirse la competencia de interpretación de la Convención
Americana cuando ya existe un órgano internacional con competencia para hacerlo,
el pronunciamiento llamado a surtir efectos es el del intérprete autorizado, por lo
que la posición de la Corte IDH sobre la imprescriptibilidad de las acciones
encaminadas a obtener la reparación por las graves violaciones a los derechos
humanos, es la que aplicarse en el caso concreto […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución

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Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la providencia de 2 de julio de 2021,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 05001 33 33 017 2020 00303 01, incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de
la Constitución por la no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, lo que
trajo como consecuencia que declarara de oficio la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa.

20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias

2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) la excepción de inconstitucionalidad; vi)
v) la causal de violación directa de la Constitución; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; viii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; ix) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; x)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación integral;
xi) análisis del caso concreto y finalmente las xii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello4, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

22. Esta Sección5 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

24. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”6.

25. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos
parámetros.

6Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.

30. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:

30.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y a la reparación integral.

30.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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de los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) los actores cumplieron
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la
Constitución por la no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

30.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales9, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales10.

30.4. Cumplimiento del requisito general de la inmediatez11.

30.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.

30.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

9 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017,

C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
11 Contra la providencia del 2 de julio de 2021, se interpuso recurso de súplica el cual fue resuelto por el Tribunal

Administrativo de Antioquia mediante auto del 28 de julio de 2022, notificado el 1.º de agosto siguiente; y la
acción de tutela se presentó el 1.º de febrero de 2023, por lo que el amparo se presentó dentro del plazo
razonable de los seis meses.

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30.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y

30.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

31. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

32. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169
de 31 de diciembre de 189612 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 ; así 13

como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200114; C-816 de 201115;
C-179 de 201616; y T-102 de 201417.

33. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”18 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

12 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
13 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
14 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).

18 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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34. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional19, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

35. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional,
cuya doctrina es obligatoria20, la regla del respeto del precedente no es absoluta,
debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la
dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver
una situación concreta.

36. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los
cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala21, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas
como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que
debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia
resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en
los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

19 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
20 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

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37. En efecto, la Sala22 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se
separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la
cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que
fundamenta el cambio de posición jurisprudencial23”, para lo cual resulta obligatorio
referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

38. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

La excepción de inconstitucionalidad

39. La excepción de inconstitucionalidad consiste en la facultad que tienen los
jueces o las autoridades administrativas de inaplicar una norma jurídica al caso
concreto cuando vulnera algún postulado de la Constitución Política de 1991, y tiene
como objetivo principal, garantizar la protección de los derechos fundamentales y el
principio de la supremacía de la Constitución.

40. En ese orden de ideas, el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, dispone
lo siguiente:

“[…] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).

22 ibídem.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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41. La Corte Constitucional, frente al tema ha dicho lo siguiente24:

“[…] La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía
de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución,
que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales…”25. Esta norma hace que nuestro sistema de control
de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto26 ya que
combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control
difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la
ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución27.

2.2 De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo
puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que
tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto28. Este tipo de control se
realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad
o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a
la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria

24 Corte Constitucional, sentencia C-122 de 1 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
25 Los antecedentes de la excepción de inconstitucionalidad se remontan al artículo 40 del Acto Legislativo No

3 de 1910, en donde se disponía que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley debían
aplicarse preferentemente las disposiciones constitucionales. También debe tenerse en cuenta el artículo 215
de la Constitución de 1886 en donde se estableció que, “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución
y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”. Posteriormente en el artículo 5 de la
Ley 57 de 1887 se estableció que, “Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una
norma legal, preferirá aquella”. Ver sobre el tema el libro de Alexei Julio Estrada, Las ramas ejecutiva y judicial
del poder público en la Constitución colombiana de 1991, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1991,
pp. 283 – 288. Igualmente el libro de Natalia Bernal Cano titulado, La excepción de inconstitucionalidad y su
aplicación en Colombia, Bogotá, Gustavo Ibáñez, 2002. También el artículo de Gilberto Augusto Blanco Zuñiga
titulado “Comentarios a la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de ilegalidad en Colombia”, en:
Revista de Derecho de la Universidad del Norte, No 16, V. 1 2001, pp. 268 – 279.
26 Por ejemplo Allan R. Brewer – Carias, en el “Sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en

Colombia y Venezuela”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Temas de Derecho Público, No 39, 1995.
27 Es decir que combina la idea de Kelsen de control de constitucionalidad concentrado en una instancia jurídica

especializada – Corte Constitucional - y un sistema propio del common law de control difuso en donde cualquier
autoridad judicial puede en un caso concreto dejar de aplicar una norma. Kelsen propuso el control de
constitucionalidad concentrado en su obra ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? También se debe
tener en cuenta el control de los actos normativos no legales que se establece en cabeza del Consejo de Estado
en Colombia de conformidad con el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, que establece que
corresponde a dicha Corporación conocer de las acciones de inconstitucionalidad de los decretos dictados por
el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, atribuyendo a esta entidad
el control de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional.
28 Desde las sentencias de los años sesenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se empieza a

tener en cuenta esta tesis. Se dice que los funcionarios competentes para aplicar dicha norma son los que
tienen jurisdicción. Al respecto dijo la Sentencia del 2 de marzo de 1961 (M.P. Julio Roncallo Acosta), que, “El
artículo 215 de la Constitución simplemente autoriza oponer, en un caso concreto, la excepción de
inconstitucionalidad. El fallo que decide sobre la acción de inexequibilidad sólo puede ser pronunciado por la
Corte en pleno y tiene efectos erga omnes; en cambio, para decidir sobre la excepción referida es competente
cualquier funcionario con jurisdicción, que deba aplicar la ley, y solo tiene efectos en relación con el caso
concreto en donde el conflicto surge” (Negrillas fuera del texto). También hay que tener en cuenta los fallos de
la Sala de Casación Penal de 14 de marzo de 1961, en donde se convalida por vez primera la vía de excepción
y se declara inaplicable una ley en un caso concreto, y la sentencia del 26 de abril del mismo año, en donde se
definen los alcances generales de la excepción y se establece que cualquier funcionario con jurisdicción es
competente para inaplicar una ley contraria a la Constitución (Sobre el particular ver el libro de Julio Estrada,
Alexei, Op. cit., p. 284).

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que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y
continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter
partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma
que se considera contraria a la Constitución […]”.

42. En ese orden de ideas, la excepción de inconstitucionalidad: i) puede ser
ejercida a solicitud de parte o ex officio por parte del juez, ii) es informal dado que
no se requieren requisitos exigentes para su configuración, en donde basta que se
demuestre que la norma jurídica aplicable al caso concreto sea manifiestamente
contraria a la Constitución Política de 1991; y iii) tiene efectos inter partes29.

La causal de violación directa de la Constitución

43. En lo que respecta a la causal de violación directa de la Constitución, se tiene
que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica
cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la
omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad
judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y,
por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y
también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un
caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales
[…]”30.

29 Excepcionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad al caso concreto, puede tener efectos inter pares. En el auto 071 de 27 de febrero de 2001,
la Corte Constitucional consideró que: “[…] Dentro de las diversas alternativas disponibles para determinar los
efectos de las providencias - efectos inter partes, efectos erga omnes, efectos inter pares, etc.-, la que mejor
protege en este caso los derechos constitucionales fundamentales y respeta las atribuciones del Consejo de
Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, es la de los efectos inter pares,
es decir, entre los casos semejantes. La doctrina convencional según la cual la excepción de
inconstitucionalidad sólo tiene efectos inter partes, es decir, en el proceso concreto dentro del cual fue
inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para proteger los derechos
constitucionales fundamentales como para asegurar la efectividad de los principios fundamentales
[…]”.
30 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

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44. En ese orden de ideas, la causal de violación directa de la Constitución, se
estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de
la Carta Política de 1991.

45. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto al cargo por violación directa de la
Constitución por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, ha dicho
que:

“[...] Recuérdese que la excepción de inconstitucionalidad consiste en la
inaplicación, en caso de contradicción manifiesta con la Constitución Política, de las
normas de inferior jerarquía a propósito de un caso particular y con efectos inter
partes.

Cuando una autoridad judicial no aplica la excepción de inconstitucionalidad en una
providencia judicial comete una violación directa de la Constitución ya que pasa por
alto el artículo 4 de la Carta Política que ordena que “en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales” con el consecuente desconocimiento de la
supremacía de la norma superior y de su valor normativo.

En este sentido la jurisprudencia constitucional ha resaltado que el principio de
supremacía de la Constitución consiste en que “esta se impone como el grado más
alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes
y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues,
debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas
jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de
manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos
casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas,
por parte de las autoridades con plena competencia para ello”31.

De manera similar ha señalado que “el valor normativo de la Constitución Política y
la primacía que le es consustancial, obliga al juez a desechar la aplicación de una
ley que claramente viola sus disposiciones. La figura de la excepción de
inconstitucionalidad, cuando se dan sus presupuestos, compromete al juez de la
causa que debe siempre velar por el efectivo cumplimiento de los mandatos
constitucionales”32 […]”.

31 Sentencia C-069 de 1995.
32 Sentencia T-067 de 1998.

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46. En ese orden de ideas, se evidencia que cuando en una providencia judicial no
se inaplica una norma jurídica que contradice manifiestamente los postulados
constitucionales, se configura la violación directa de la Constitución por la omisión
en aplicar la excepción de inconstitucionalidad33.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

47. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
34

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

33 Sobre la configuración del cargo por violación directa de la Constitución por la no aplicación de la excepción

de inconstitucionalidad, ver: Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
34 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

49.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

50.Atendiendo a que la Corte Constitucional35 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

35 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

51.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

52.Atendiendo a que, la Corte Constitucional36 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación
integral

53.Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

36 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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54. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
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reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición
[…]”.

Análisis del caso en concreto

55. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

56. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

57. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:

57.1. Copia de la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el 2 de julio de 2021.

37 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial

58. Los actores en su escrito de tutela señalaron que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial. En ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:

“[…] En primer lugar, se tiene que el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, en su auto del 2 de julio de 2021, dispuso la caducidad del medio de
control de reparación directa, confirmando la decisión del Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, fundamentado en la sentencia de
unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de
enero de 2020 en la que se decretó la caducidad por dicha Corporación, pero
ignorando fallos incluso POSTERIORES de la misma institución de cierre ante lo
contencioso administrativo en los que se respetó la supremacía de principios como el
de restitutio in integrum, y derecho sustancial sobre las normas procedimentales que
orientan y limitan el acceso a la jurisdicción contenciosa, máxime cuando se trata de
conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los
derechos humanos, como por ejemplo, el homicidio en persona protegida […]”.

[…]

“[…] En cuanto a los delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones a los
derechos humanos, se han pronunciado no sólo la jurisdicción contencioso
administrativa, sino también la jurisdicción constitucional por medio de su órgano de
cierre: La H. Corte Constitucional, la cual, mediante sentencia T-352 de 2016, con
ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (Sala TERCERA de
Revisión), dijo:

“Si bien el instituto de la caducidad dentro de la acción de reparación directa es válido
y tiene sustento constitucional, en el presente caso se constituye en una barrera para
el acceso a la administración de justicia de las víctimas del conflicto armado haciendo
nugatorio la defensa de sus derechos y agravando aún más su condición de víctimas.

[...]

En consecuencia, la Sala considera que dar aplicación al artículo 164 del CPACA,
relativo a la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en consideración
las circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario, darle
prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido por los
instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque
de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos
normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes

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a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”8
(Negrilla fuera de texto).

En igual sentido, se ha pronunciado el H. Consejo de Estado, mediante sentencia del
28 de junio de 2019 (Exp. 61.147), al afirmar que la no aplicación de la figura procesal
de la caducidad a casos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos
y delitos de lesa humanidad hace parte del ius cogens internacional como norma
imperativa de derecho que no admite disposición, interpretación o aplicación judicial
en contrario […]”.

59. Los actores, de igual manera consideraron que el Tribunal Administrativo de
Antioquia se apartó de los siguientes precedentes judiciales fijados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: i) caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile,
sentencia de 26 de septiembre de 2006 y ii) caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile,
sentencia de 29 de noviembre de 2018.

60. Ahora bien, respecto a las sentencias que los actores invocaron en su escrito
de tutela como desconocidas por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, esto
es, las i) sentencias del Consejo de Estado (ver escrito de tutela) y ii) las sentencias
proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de septiembre
de 2006 y 29 de noviembre de 2018, esta Sección reitera su jurisprudencia38, al
considerar que dichas providencias no constituyen precedente judicial, toda vez
que, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional profirieron sentencias
de unificación, que si deben ser tenidas en cuenta para esta Sección al resolver el
presente caso, en donde además si constituyen precedente judicial.

61.En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico consistente en
determinar si la autoridad judicial accionada incurrió o no en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, la Sala hará referencia a la providencia
de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y a la
sentencia SU-312 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, en donde se unificó
la jurisprudencia en la materia.

38 Frente al tema, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 16 de febrero de 2023, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2022-06743-
00.

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Sentencia de 29 de enero de 202039

62.La Sección Tercera del Consejo de Estado, a petición del Tribunal Administrativo
del Casanare, avocó en segunda instancia el conocimiento de un proceso de
reparación directa, con el fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial, en
relación con la caducidad de las pretensiones de reparación directa frente a los
delitos de lesa humanidad, en ese caso particular, se abordó el supuesto fáctico de
una presunta ejecución extrajudicial por miembros del Ejército Nacional.

63.El problema jurídico que tenía que resolver el Consejo de Estado fue el siguiente:

“[…] El Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Yopal consideró que, en este
asunto, tal como se indicó en la demanda, no resultaba exigible el término de
caducidad de la pretensión de reparación directa, porque el litigio versaba sobre
el daño derivado de un delito de lesa humanidad.

Por tratarse de un presupuesto procesal del derecho de acción, la Sección
Tercera determinará si la demanda de la referencia se presentó o no en
oportunidad y si la circunstancia invocada por el a quo resulta suficiente
para inaplicar las normas que regulan el término de caducidad […]”.

64.La Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que “[…] Entre las
Subsecciones que integran esta Sala, según se explicó en auto del 17 de mayo de
2018, mediante el cual se avocó el conocimiento del presente asunto para efectos
de unificación de jurisprudencia, no existe un criterio uniforme en cuanto a la
exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa
humanidad o un crimen de guerra, razón por la cual en esta oportunidad se fijará un
criterio uniforme para tales eventos. […]”.

65.Una vez analizó el caso, la Sección Tercera estableció las siguientes reglas de
unificación en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de

29 de enero de 2020, núm. único de radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.

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cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado:

i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador;

ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y

iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.

66.De lo anterior, se desprende que conforme con la jurisprudencia de unificación
anteriormente citada, en los casos que se pretenda la reparación de un daño
antijurídico imputable al Estado con ocasión de la comisión de un delito de lesa
humanidad, la demanda deberá presentarse en los términos establecidos en el
literal i) del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, contándose el término para
presentar la demanda desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer
la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, salvo el caso de la desaparición forzada, que
tiene regulación legal expresa.

67.De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 13 de agosto
de 202040, sostuvo que: “[…] Sin embargo, en la Sentencia del 29 de enero de
2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su
jurisprudencia, señalado que, salvo el caso de la desaparición forzada que

40 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. Expediente T-7243742. Actora:

Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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tiene regulación legal especial, el término de caducidad de dos años
estipulado en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo es aplicable cuando a través del medio de
control de reparación directa se alega que el daño causado tuvo su origen en
un delito de lesa humanidad, un crimen de guerrera o genocidio. Lo anterior,
porque dicha disposición contempla la posibilidad de contar el plazo de extinción a
partir del momento en que el afectado tuvo efectivo conocimiento de la participación
del Estado en el menoscabo a indemnizar, lo que constituye una regla que tiene
efectos semejantes a la imprescriptibilidad en materia penal […]”. (Resaltado por la
Sala).

68. La Corte Constitucional de igual manera señaló que:

“[…] Unificación de la jurisprudencia constitucional

6.26. Para empezar, este Tribunal observa que en la jurisprudencia contencioso
administrativa, de conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
ha señalado que el término de caducidad de dos años del medio de control de
reparación directa sólo inicia a contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los
interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii)
siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato
judicial para interponer la demanda correspondiente[154].

6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación estima
que dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control de
reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional
y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea
causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.

6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que las
víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de acceder
a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de responsabilidad
de la administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos,
porque el término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad
en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas desde el
instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el
genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la
fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar
la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de
acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.

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6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término legal de
caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños
originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite,
en la mayor medida de lo posible, la optimización de los intereses constitucionales
en tensión en asuntos como el estudiado en la presente oportunidad.
Específicamente, por una parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica
una afectación grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial
de los daños causados por las mismas […]”.

69. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sus consideraciones jurídicas, señaló

lo siguiente:

“[…] De la documentación allegada con la demanda, se advierte que los hechos en
los que perdió la vida el señor señor (sic) Rubén Darío López Vergara, se
presentaron el día 8 de febrero de 2004, cuando fue reportado por miembros del
Ejército Nacional, como baja en combate.

No obstante lo anterior, las pretensiones de la demanda están encaminadas a
declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, por cuanto con
posterioridad a los hechos, los demandantes tuvieron conocimiento de la
participación de miembros del Ejército en el homicidio, en lo que se conoce como
ejecución extrajudicial o comúnmente como “falsos positivos”.

Ahora bien, aplicando la tesis expuesta en la sentencia de unificación arriba citada,
se advierte que en el presente asunto, contrario a lo manifestado por el recurrente,
sí resulta aplicable el término de caducidad del medio de control de reparación
directa, no obstante dicho término, debe contabilizarse a partir de la fecha en que
los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del Estado, en la muerte
del señor Rubén Darío López Vergara.

Al respecto, se advierte por parte de la Sala, que tal como lo indicó el a quo en su
providencia, una de las demandantes confirió poder el día 25 de marzo de 2017 para
la presentación de demanda de reparación directa, en virtud de la desaparición
forzada y posterior muerte del señor López Vergara y adicionalmente se consignó
en el poder la siguiente afirmación “hecho perpetrado presuntamente por miembros
activos del EJÉRCITO NACIONAL”7 , de la cual se puede desprender que aquella
tenía conocimiento de la participación del Estado en el hecho dañoso por lo menos,
desde la fecha en que confirió dicho poder […]”.

[…]

“[…] Finalmente, en lo que tiene que ver con las manifestaciones de la parte actora,
según las cuales el proceso penal no se encuentra concluido y en ese sentido, no
puede aplicarse la caducidad, se advierte que también en la decisión de unificación,
se realizó un análisis en torno a la independencia de los procesos penales y de
reparación directa, estableciendo que “para ejercer la pretensión de reparación
directa no se requería tener certeza de lo ocurrido, pues, precisamente, ese es el
objeto del proceso judicial, de ahí que las partes deben identificar los medios

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probatorios que consideren pertinentes, los cuales, previo decreto, se practican el
desarrollo de la litis y, finalmente, se valoran en la sentencia […]”.

70. Para la Sala, el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que en el caso
concreto se aplicaron correctamente las reglas jurisprudenciales fijadas en la
providencia de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado. En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada con
fundamento en el acervo probatorio, evidenció que una de las actoras tuvo
conocimiento de la participación de agentes del Estado en la causación de la muerte
violenta del señor Rubén Dario López Vergara el 25 de marzo de 2017.

71. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada al aplicar correctamente
las reglas jurisprudenciales fijadas en la providencia de 29 de enero de 2020
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, le permitió concluir lo
siguiente:

“[…] Es así, que el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA,
debe contarse a partir del día siguiente, 26 de marzo de 2017, y venció el 26 de
marzo de 2019. No obstante lo anterior, el apoderado solo presentó la solicitud de
conciliación prejudicial, el día 24 de enero de 2020, esto es, cuando ya había
operado el fenómeno de caducidad […]”.

72. Finalmente, la Sala precisa que si bien el actor indicó que también se desconoció
el precedente del mismo Tribunal Administrativo de Antioquia41, lo cierto es que no
se configuró dicho desconocimiento, toda vez que los criterios jurisprudenciales
emanados por el mismo Tribunal, constituyen antecedentes jurisprudenciales 42,

41 Tribunal Administrativo de Antioquia, Auto del 19 de julio de 2019. M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
Rad.05001-33-33-010-2018-00254-01.
42 Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016; C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación
número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.

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teniendo en cuenta que solo las sentencias que profieren los órganos de cierre como
lo es el Consejo de Estado se constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub
reglas jurisprudenciales que deben ser tenidas en cuenta por los demás operadores
judiciales.

La causal de violación directa de la Constitución por la no aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad

73. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente:

“[…] 5.4.1. Excepción de inconstitucionalidad del artículo 164 numeral 2 literal i) por
aplicación del artículo 93 superior: El bloque de constitucionalidad […]”.

[…]

“[…] Aunado a lo anterior, en el reciente caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina,
en la Sentencia emitida el 23 de septiembre de 2021, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se refirió nuevamente a la imprescriptibilidad de las acciones
emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos
humanos.

Así, la Corte encontró al Estado argentino internacionalmente responsable en los
siguientes términos:

“La Corte recuerda que en el caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile se pronunció
acerca de la imprescriptibilidad de las acciones judiciales instadas para obtener
reparaciones ante graves violaciones a los derechos humanos. En el presente Fallo
se reiteran los criterios expresados en aquella Sentencia por entender que el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos respalda, con mayor vigor, las
consideraciones efectuadas.

(…)

Con base en lo considerado, el Tribunal concluye que el criterio jurisprudencial
aplicado al caso concreto, en cuanto negó el derecho de las presuntas víctimas a
obtener reparaciones por las graves violaciones a los derechos humanos
perpetrados en su contra y de sus padres biológicos, supuso una violación a su
derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, el Estado argentino es
responsable internacionalmente por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento,
en perjuicio de Anatole Alejandro y Claudia Victoria, de apellidos Larrabeiti Yáñez”.
(Negrillas fuera de texto original)

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Así pues, es evidente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
estableció, sin vacilaciones, la imprescriptibilidad de las de las acciones judiciales
emprendidas para obtener una reparación por graves violaciones a los derechos
humanos, como criterio reiterado y construido a partir de la interpretación de los
artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, no hay lugar a dudas de que es de obligatorio cumplimiento para el Estado
colombiano el criterio fijado por la CIDH respecto de la imprescriptibilidad de las
acciones emprendidas por las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos, tales como la desaparición forzada. Aún más, el Estado colombiano,
como Estado Parte de la CADH, también tiene la obligación de adoptar las medidas
legislativas o las que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y
libertades contenidas en dicho instrumento según el artículo 2 de la CADH. De ello,
se deriva un efecto positivo y otro negativo, es decir, tanto el de suprimir las normas
y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantías
contenidas en la CADH, como el de expedir normas y la realización de prácticas
conducentes para la efectiva observancia de aquellas garantías. De esta forma, es
razonable concluir que la interpretación e implementación restrictiva del artículo
164. 2. i. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establecida en la Sentencia de Unificación (Rad. 61.033 del 29 de
enero de 2020), es una violación directa a la Convención Americana de Derechos
Humanos, que generaría responsabilidad internacional del Estado colombiano
[…]”.

74. Para la Sala, el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en la causal de
violación directa de la Constitución, toda vez que, al aplicar correctamente las reglas
jurisprudenciales fijadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia de 29 de enero de 2020, consideró que la norma jurídica que debía
aplicarse al caso concreto era el literal (i) del numeral 2º del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que en
el caso sub examine, no era procede aplicar la excepción de inconstitucionalidad de
dicha norma jurídica.

75. Además, para la Sala, la respectiva aplicación del literal (i) del numeral 2º del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo por parte de la autoridad judicial accionada, como quedó expuesto
supra, se llevó a cabo de manera razonable con fundamento en la interpretación
que efectuó la Sección Tercera del Consejo de Estado en la providencia de 29 de
enero de 2020.

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Conclusiones de la Sala

76.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 22
de febrero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 22 de febrero de 2023 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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