Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00039-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00039-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00039-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00039-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE DENEGÓ EL AMPARO.
PREVALENCIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR ALOCUCIÓN
PRESIDENCIAL QUE NO TRANSGREDE PRINCIPIOS DE VERACIDAD
E IMPARCIALIDAD Y NO COLISIONA CON OTROS DERECHOS,
VALORES O PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. AUSENCIA DE
CARGA ARGUMENTATIVA FRENTE A PRESUNTA VULNERACIÓN DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN VERAZ E
IMPARCIAL.
DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA INFORMACIÓN VERAZ E
IMPARCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 2 de febrero de 2023, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B- DEL CONSEJO DE
ESTADO1, denegó el amparo solicitado.
1
En adelante la Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00039 01
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El ciudadano HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando en
nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al acceso a la información veraz e imparcial, el
cual consideró vulnerado por el señor GUSTAVO FRANCISCO
PETRO URREGO, quien en su calidad de Presidente de la República
el pasado 23 de diciembre de 2022 elevó un discurso público en el
que expresó una frase relacionada con el expresidente Gustavo Rojas
Pinilla, la cual consideró errada y contraria a la realidad histórica del
país.
I.2.- Hechos
Manifestó que el movimiento guerrillero auto denominado el “M19” o
“EL EME”, surgió tras el señalamiento del fraude electoral en las
elecciones presidenciales del año 1970, en las que el General Gustavo
Rojas Pinilla ocupó el segundo lugar.
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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Indicó que el pasado 23 de diciembre de 20222, el Presidente de la
República señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO dirigió un
discurso a los miembros de las Fuerzas Armadas, en el que al hacer
alusión al expresidente Gustavo Rojas Pinilla manifestó “[…] quiso el
pueblo elegirlo Presidente de la República después […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que la expresión cuestionada no obedece a la realidad
histórica del país, por cuanto el señor Gustavo Rojas Rojas Pinilla en
el año 1970 aspiró a desempeñar nuevamente el cargo presidencial,
luego de haberlo hecho por vías de hecho legitimadas en el acto
legislativo del 18 de junio de 1953.
Afirmó que la manifestación realizada por el señor GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO, desconoció su derecho a recibir
información veraz e imparcial, en tanto constituyó una aseveración
de un hecho que no ocurrió y por el cual surgió el movimiento
autodenominado “M-19”, del cual fue militante el señor Presidente
de la República.
2
Cfr. Contenido audio visual disponible en http://www.youtube.com/watch?v=cpvZQNCpmIc, canal de
YouTube de la Presidencia de la República, minuto 03:14 a 03:19.
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I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como
violado, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: Ofrezca Gustavo Francisco Petro Urrego
aclaración sobre sus palabras objeto de esta acción de tutela en
aras de la veracidad de los hechos en los cuales están basadas.
SEGUNDO: Llévese a cabo la mencionada aclaración en las
mismas condiciones donde expresó dichas palabras y facilite su
divulgación en los demás medios donde estás hayan sido dada
a conocer. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA manifestó que la acción de
tutela es improcedente, por inexistencia de la vulneración del
derecho deprecado.
Afirmó que el actor no acreditó las razones por las cuales se vulneró
su derecho a la información veraz y oportuna, pues no argumentó en
que consistió la presunta afectación.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 2 de febrero de 2023, la SECCIÓN TERCERA
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denegó el amparo solicitado al no advertir la vulneración del derecho
fundamental invocado.
Afirmó que “[…] si bien en el discurso de 23 de diciembre de 2022
(saludo a soldados y policías en Tolemaida) el pre”sidente de la
República afirmó, en relación con el expresidente Gustavo Rojas
Pinilla, que: «quiso el pueblo elegirlo presidente de la República
después», lo cierto es que esto no significa que se estuviese
confirmando la existencia del fraude electoral en las elecciones
presidenciales […].
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar que
el a quo no valoró el grado de afectación y la protección de los bienes
jurídicos que resultaron lesionados con la alocución presidencial.
Precisó que la expresión cuestionada lleva implícita la ocurrencia de
la elección de Gustavo Rojas Pinilla como Presidente de la República
de Colombia o de lo contrario las palabras “quiso” y “elegirlo” no
estarían en ella.
Afirmó que la expresión […] fue proferida por un miembro del
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movimiento guerrillero que surgió sosteniendo fraude electoral de la
única elección presidencial en la cual Gustavo Rojas Pinilla sería
elegido Presidente al solo haber ejercido dicho cargo por vía hecho
legitimada mediante acto legislativo del 18 de junio de 1953. […]
En ese sentido, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
Generalidades de la acción de tutela
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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
La Sala observa que en el presente caso el señor HAROLD
EDUARDO SUA MONTAÑA interpuso acción de tutela con la
finalidad de obtener el amparo a su derecho fundamental al acceso
a la información veraz e imparcial.
El actor atribuyó la vulneración de su derecho fundamental al señor
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, quien en su calidad de
Presidente de la República el pasado 23 de diciembre de 2022 elevó
un discurso público en el que aludió al expresidente Gustavo Rojas
3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Pinilla y dijo: “[…] quiso el pueblo elegirlo Presidente de la República
después […]”, manifestación que consideró errada y contraria a la
realidad histórica del país.
En primera instancia, la SECCIÓN TERCERA, a través de sentencia
de 2 de febrero 2023, denegó el amparo solicitado al no advertir la
vulneración del derecho fundamental invocado.
El actor impugnó la decisión y argumentó que el a quo no valoró el
grado de afectación y la protección de los bienes jurídicos que
resultaron lesionados con la alocución presidencial pues, a su juicio,
la expresión cuestionada lleva implícita la ocurrencia de un hecho que
no aconteció.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si el señor GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO en su calidad de Presidente de la
República vulneró el derecho fundamental deprecado por el actor.
La Sala advierte que la solicitud de amparo fue promovida dentro de
un término razonable, por cuanto la presunta vulneración del derecho
fundamental invocado se originó con ocasión del discurso público
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expresado por el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO en
su calidad de Presidente de la República el pasado 23 de diciembre
de 2022 y, la acción de tutela fue radicada el 11 de enero de 2023,
esto es, dentro de un plazo razonable4.
Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad, la Sala también
encuentra acreditado dicho requisito, comoquiera que, por una parte,
el objeto de la acción de tutela es lograr la protección inmediata del
derecho al acceso a la información y, por otra, el actor no cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial para procurar la defensa del
derecho deprecado.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del derecho a la libre expresión y el acceso a la información.
La Constitución Política protege el derecho a la libertad de expresión
y la información veraz e imparcial, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar
y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura […]”.
Puntualmente, sobre el derecho a la libertad de expresión, la Corte
Constitucional ha señalado que:5
“[…] la jurisprudencia constitucional ha establecido que la
libertad de expresión es un derecho fundamental de doble vía
porque involucra tanto al emisor como al receptor de actos
comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades
diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad
de expresar pensamientos y opiniones, la libertad de informar
y recibir información veraz e imparcial, la libertad de fundar
medios masivos de comunicación y el derecho de rectificación6.
Bajo ese entendido, al desarrollar esta garantía, la Corte ha
adoptado una doble dimensión:
“Sobre esa base, la Corte ha explicado que la libertad
de expresión en sentido genérico consiste en el ‘el
derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido
a otras personas, e [incluye] no solo la libertad de
expresión en sentido estricto, sino también las libertades
de opinión, información y prensa [previstas en el artículo
20 de la Constitución]’7. Entre tanto, la libertad de
expresión en sentido estricto se define como ‘el
derecho de las personas a expresar y difundir
libremente el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin
limitación, a través del medio y la forma escogidos por
quien se expresa’8. Conlleva el derecho de su titular a no
ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones
(sic)9 o ideas y cuenta, además, con una dimensión
individual y una colectiva”10.
Entonces, puede decirse que la libertad de expresión
constituye una “categoría genérica que agrupa un haz de
5
SU-274 de 2019. Mp. José Fernando Reyes Cuartas.
6
Sentencia T-244 de 2018.
7
Sentencia T-277 de 2015.
8
Sentencia C-442 de 2011.
9
En la cita original se incluye la “informaciones”.
10
Sentencia T-022 de 2017. Cfr. Sentencia T-244 de 2018.
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derechos y libertades diversos”11, entre los cuales se destacan:
i) la libertad de opinión o también llamada libertad de
expresión en sentido estricto, que comprende la libertad para
expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas,
sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión;
y ii) la libertad de información que protege la libertad de
buscar, transmitir y recibir información veraz e imparcial sobre
hechos, ideas y opiniones de toda índole12. Si bien ambas
pueden ser ejercidas a través de cualquier medio de expresión,
la Corte ha aclarado que cuando se manifiestan a través de los
medios de comunicación se incorporan al contenido de la
libertad de prensa, que incluye, además, el derecho a fundar y
mantener en funcionamiento tales medios13. […]” (Negrillas
pertenecen al texto).
De acuerdo con lo referido por la Corte, el derecho a la libertad de
expresión transita por una doble vía, en la medida en que involucra
tanto al emisor como al receptor del mensaje y, además, reúne una
serie de garantías relacionadas tanto con la libertad de opinión, esto
es, la posibilidad de expresar y difundir pensamientos, opiniones e
ideas propias, por cualquier medio, como con la libertad de
información, la cual protege la libertad de buscar, transmitir y recibir
información veraz e imparcial.
Se trata a su vez de una libertad trascendental en la democracia,
pues “es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía
está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las
decisiones de los representantes políticos o en sucesos del ámbito
11
Sentencia T-904 de 2013.
12
Ibídem.
13
Ibídem.
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económico o social de interés general”14.
Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar el ejercicio de la libertad
de expresión en discursos, indicó:
[…] 16. En términos generales, esta Corporación ha referido que “la
publicación de informaciones e ideas referentes a cuestiones que
tienen relevancia pública es una de las funciones asignadas a los
medios de comunicación, y la sociedad tiene a su vez el derecho a
recibirlas”15; sin embargo, ha aclarado que el principio de relevancia
pública se refiere a “la necesidad de una información que se
desenvuelva en el marco del interés general del asunto a tratar. En
este sentido, dos aspectos cobran vigencia: la calidad de la persona
y el contenido de la información”16.
Sobre la calidad de la persona -personajes públicos- ha
explicado que “quienes por razón de sus cargos, actividades y de
su desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención
con notoriedad pública, inevitablemente tienen la obligación de
aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o
revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general
ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. (…) Sin embargo,
esta relevancia prima facie no puede versar sobre cualquier tipo de
información relacionada con la persona pública porque el riesgo de
afectar la intimidad, el honor o cualquier otro derecho quedaría
siempre latente”17. […]
En cuanto al contenido de la información esta Corte considera
que “resulta imperativo, además, que el contenido de una
información obedezca a un verdadero y legítimo interés general de
conformidad con la trascendencia y el impacto social. Así, la
libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud misma
de los hechos surge la necesidad de conocimiento público y se
despierta el interés general, mas no una simple curiosidad
generalizada sin importar ahora la calidad del sujeto como
14
Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013.
15
Sentencia SU-1723 de 2000. En esa ocasión, conoció la acción de tutela instaurada por un reconocido
cantante que estaba siendo investigado penalmente. Según indicó, un medio de comunicación expuso
aspectos íntimos de su vida privada, de su comportamiento sexual y de su salud, sin contar con su
autorización. Los jueces de instancia negaron el amparo invocado, decisiones que fueron confirmadas
en sede de revisión. Al analizar el caso concreto, la Corte sostuvo que el accionante era una persona
que por razón de su actividad como compositor musical y cantante, se había convertido en una figura
públicamente reconocida que debía “asumir las consecuencias de ello, una de las cuales consiste en la
relativización de su vida privada” y manifestó que por encontrarse vinculado a una investigación penal,
la sociedad contaba con un interés legítimo para conocer la información.
16
Ibídem.
17
Ibídem.
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personaje público o privado”18. Sobre el particular, se ha
pronunciado en los siguientes términos:
“Si bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera sea su
contenido, valor y forma de expresión, está prima facie
amparado por la libertad de expresión, se ha reconocido
que ciertos discursos son merecedores de especial
protección constitucional, debido a su importancia para
promover la participación ciudadana, el debate y el
control de los asuntos públicos. Así, los discursos
políticos, que comprenden no sólo aquellos de
contenido electoral sino toda expresión
relacionada con el gobierno de la polis y, en
particular, las críticas hacia el Estado y los funcionarios
públicos, son objeto de especial consideración y
cualquier intento de restricción es vista con
sospecha, debido a que: (i) a través de ellos no sólo
se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y
libertad de expresión, sino que se realizan todas las
demás finalidades por las cuáles se confiere a ésta una
posición preferente en los estados constitucionales; (ii)
este tipo de discursos suelen ser los más amenazados,
incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto
quienes detentan mayor poder social, político o
económico pueden llegar a ser afectados por tales
formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados
a movilizar su poder para censurar dichas
manifestaciones y reprimir a sus autores.19
El carácter de derecho de ‘doble vía’ que se predica de la
libertad de expresión cobra todo su sentido en presencia
de este tipo de discursos, pues en tales casos la libertad
de expresión no sólo ampara el derecho de quienes
transmiten información y opiniones críticas sobre los
gobernantes y funcionarios públicos, sino también, y
18
Sentencia SU-1723 de 2000. Esta postura fue reiterada en la sentencia T-546 de 2016, oportunidad
en que la Corte estudió la acción de tutela instaurada contra una editorial, por la publicación del libro
“La comunidad del anillo”, cuya carátula contiene la imagen del actor, la cual fue usada sin su
consentimiento. // Esta Corporación negó el amparo invocado porque la imagen utilizada no necesitaba
el consentimiento o autorización de uso por parte del actor, en razón a que estaba disponible en la web y
reflejaba el ejercicio de la función pública que desempeñaba, es decir, tenía como escenario la esfera
pública del demandante sin que pudiera catalogarse como una imagen incriminatoria o como una
intromisión en el escenario privado e íntimo del actor. Se pronunció sobre los discursos especialmente
protegidos, dentro de los cuales se encuentran los discursos políticos y de interés público, y reiteró
que comprende tanto los de contenido electoral como toda expresión relacionada con el gobierno y, con
mayor razón, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos.
19
En la ya citada sentencia C-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar
Gil), la Corte efectuó una detallada presentación de las razones y de los antecedentes que, en el derecho
local y comparado, justifican la especial protección constitucional de los discursos políticos y, en
particular, de los que tienen por objeto la crítica de los poderes y funcionarios públicos. En la sentencia
T-218 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo) se sintetizan algunos leading cases en la jurisprudencia
comparada.
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muy especialmente, el derecho de todos los ciudadanos
a tener acceso a estos discursos”20.
Al respecto, también ha indicado que “[e]n principio todo tipo
de discursos o expresiones están protegidas por la libertad
de expresión con independencia de su contenido y de la
mayor o menor aceptación social y estatal con la que
cuenten. No obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una
protección más reforzada que otros, como lo son el discurso
político, el debate sobre asuntos de interés público y la opinión
sobre funcionarios y personajes públicos. Los discursos políticos o
sobre temas de interés público hacen referencia no sólo a aquellos
de contenido electoral sino a todas las expresiones relevantes para
el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que
contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas hacia el
Estado y los funcionarios públicos”21.
17. En todo caso, la Corte ha aclarado que si bien la especial
importancia y potencial riesgo de amenaza que recae sobre los
discursos que tienen por objeto la crítica de los funcionarios
públicos, ha llevado a considerar que, en principio, cualquier
intento de restricción, previa o posterior, de estas modalidades de
expresión constituye censura, ello no implica que la libertad de
expresión esté desprovista de limitaciones en ese campo, sino que
“se traduce en la reducción del margen del que disponen las
autoridades para establecer límites a este tipo de discursos y en la
imposición de cargas argumentativas y probatorias reforzadas para
efectos de justificar eventuales restricciones”22. […]
21. En definitiva, el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión y los aspectos que le son inherentes, en ciertas
situaciones puede dar lugar a tensiones con otras
prerrogativas ius fundamentales, por ejemplo, el buen
nombre, la honra o la privacidad, circunstancias en las
20
Sentencia T-904 de 2013. La Corte estudió la acción de tutela instaurada por una ciudadana que se
desempeñaba como Contralora General de la República, contra un medio de comunicación que divulgó
un video en el que se registraba la imagen de sus hijos menores mientras jugaban fútbol en la vivienda,
así como la imagen de uno de los escoltas y las placas del vehículo en el que se movilizaba, esto, con
ocasión de una querella por el ruido que se producía en el hogar de la accionante. Esta Corporación
concedió la protección del derecho a la intimidad de los menores, pero no accedió a las pretensiones
relacionadas con la información de la querella.
21
Sentencia T-155 de 2019. Este Tribunal revisó la acción de tutela instaurada por un ciudadano -
servidor público y subgerente de un hospital- por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, debido a una publicación en la red social
Facebook donde se indicaba que él pertenecía a un cartel de la corrupción. // La Corte resolvió negar
el amparo invocado, al considerar que “no se violan los derechos fundamentales al buen nombre, a la
honra o a la intimidad de un servidor público cuando una persona, en ejercicio de su libertad de
expresión y de su derecho a ejercer control al poder político, lo cuestiona y relaciona con la comisión
de actuaciones contrarias a la ley, si sus afirmaciones representan una opinión (que expresa, por
ejemplo, una manifestación de protesta, indignación o inconformidad con determinada situación de
interés público) y no una supuesta información (una acusación concreta sobre una persona
determinada)”.
22
Ibídem.
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15
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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
cuales, prima facie, no puede pregonarse una prevalencia
de un derecho sobre otro, pues en cada caso deberá la
autoridad competente analizar los diferentes factores que
median en la discusión. Al respecto, piénsese en los fines
perseguidos y en la esencia misma de la reserva que se imprime a
ciertas actuaciones judiciales que escapan al dominio colectivo. Por
otro lado, se encuentran los llamados “discursos especialmente
protegidos” en los cuales la privacidad y otros derechos de
personalidades públicas deben ceder a costa del interés que la
comunidad pueda tener legítimamente sobre algunas de sus
actuaciones. […] (Negrillas pertenecen al texto).
De lo anterior se colige que, todo el ejercicio comunicativo está
amparado por la libertad de expresión, sin embargo, ciertos discursos
públicos cuentan con una protección constitucional especial dada su
relevancia, por lo que la información que se emite en el marco del
interés general debe ser verificada bajo dos aspectos: (i) la calidad
de la persona que lo emite, es decir, quien por razón de su cargo,
actividad o desempeño en la sociedad se convierte en una figura
pública; (ii) el contenido de la información, la cual se refiere a que
ciertas manifestaciones son merecedoras de especial atención, como
los discursos políticos que comprenden toda expresión política
relacionada con el gobierno, críticas hacia el Estado y a los
funcionarios públicos, los debates sobre asuntos de interés público y,
las opiniones públicas sobre asuntos que le conciernen a la Nación.
Asimismo, la Corte determinó que del ejercicio de la libertad de
expresión pueden surgir conflictos con otras garantías fundamentales
como el buen nombre, la honra o la privacidad; sin embargo, en
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principio no podría proporcionársele prevalencia a un derecho sobre
otro, pues le corresponde a la autoridad competente efectuar un
análisis ponderado de las circunstancias que rodean la discusión.
Así lo reiteró la Corte en sentencia T-242 de 202223, al determinar el
esquema del juicio de ponderación para resolver las tensiones entre
el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos
fundamentales:
“[…] 134. El juicio de ponderación. El juez constitucional debe
resolver las tensiones que surgen entre el ejercicio de la libertad
de expresión y la protección de los derechos a la honra y buen
nombre de los funcionarios públicos, a partir del juicio de
ponderación24. A dichos efectos, debe adelantar tres pasos.
Primero, definir el alcance o grado de protección que la libertad de
expresión le confiere a la información, opinión o discurso publicado.
Segundo, determinar el grado de afectación que dichos discursos
causan a los derechos a la honra y buen nombre del afectado.
Tercero, comparar la magnitud de la afectación a los derechos al
buen nombre y a la honra con el grado de protección que la libertad
de expresión le otorga al discurso publicado, para determinar cuál
derecho debe primar en el caso concreto.
135. Presupuestos y criterios de juicio de ponderación. La Corte
Constitucional ha identificado presupuestos y criterios para llevar a
cabo el juicio de ponderación. En cuanto a los presupuestos, ha
señalado que el juicio de ponderación debe partir de las
presunciones de cobertura y prevalencia. La presunción de
cobertura implica que “toda expresión, de cualquier contenido y
forma”25 está prima facie amparada por este derecho. La
presunción de prevalencia, por su parte, supone que cuando la
libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos,
valores o principios constitucionales –como la honra y el
buen nombre–, “se debe otorgar, en principio, una primacía
23
Mp. Paola Andrea Meneses Mosquera.
24
Corte Constitucional, sentencias T-155 de 2019, SU-420 de 2019, T-578 de 2019, T-031 de 2020.
Ver también, sentencia T-275 de 2021.
25
Corte Constitucional, sentencia T-361 de 2019. Ver también, sentencias C-087 de 1998, T-391 de
2007, T-015 de 2015 y T-628 de 2017.
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a la libertad de expresión”26. Esto implica que existe una
“carga argumentativa y probatoria especial”27, que exige
que las presunciones de cobertura y prevalencia sean
desvirtuadas de forma convincente e inequívoca […]” (Se
resalta)
De acuerdo con las pautas jurisprudenciales reseñadas, corresponde
a la Sala efectuar el juicio de ponderación que permita establecer si
la expresión cuestionada por el actor que fue mencionada en el
discurso del Presidente de la República, señor GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO, el pasado 23 de diciembre de 202228
transgredió su derecho a recibir información veraz e imparcial.
• De la calidad del emisor: El presidente de la República señor
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO.
• Del tipo de ejercicio comunicativo: Intervención pública
denominada […] Saludo de Navidad del presidente Petro a soldados
y policías de la Fuerza Pública en Tolemaida […].
• Del contenido de la información: al observar el contenido
audio visual allegado como prueba, la Sala destaca que se encuentra
el Presidente, señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
26
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2019 y SU-141 de 2020.
27
Corte Constitucional, sentencia T-362 de 2020.
28
Cfr. Contenido audio visual disponible en http://www.youtube.com/watch?v=cpvZQNCpmIc, canal
de YouTube de la Presidencia de la República, minuto 03:14 a 03:19.
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dirigiendo un discurso público en el que expone unas consideraciones
relacionadas con la “creación del centro de entrenamiento de las
Fuerzas Militares en Tolemaida” y, seguidamente, menciona al
expresidente Gustavo Rojas Pinilla y manifiesta: “[…] quiso el pueblo
elegirlo Presidente de la República después […]”29.
• Del alcance o grado de protección que la libertad de
expresión confiere a la información cuestionada: como ya se
precisó, todo tipo de expresión o discurso está protegido por la
libertad de expresión, pero ciertos discursos o intervenciones
merecen una protección reforzada, en tratándose, por ejemplo, de
cuestiones de relevancia pública y de interés general, como acontece
con las alocuciones presidenciales, las cuales revisten importancia
prevalente debido a los asuntos de interés público sobre las que
puedan recaer.
Así las alocuciones presidenciales representan un elemento esencial
en el ejercicio de la democracia, pues, como lo ha indicado la Corte
Constitucional, por mandato constitucional el Presidente de la
República representa a la Nación, lo cual le confiere la facultad de ser
su vocero y, en ese orden, tiene el deber de mantener informados a
sus conciudadanos en relación con todos los asuntos de índole
29
Ídem.
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económica, política y social, a fin de que tenga plena realización el
postulado constitucional establecido en el artículo 2° Superior, que
prevé como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación30.
Dada la relevancia que tienen las comunicaciones concretas y
directas del Presidente de la República sobre los asuntos públicos, el
juicio de control sobre las mismas debe observar la importancia que
posee para la opinión pública y los gobernados la información sobre
hechos de interés público, así como sobre la posición oficial del
gobierno en ciertos asuntos, sin perjuicio de que dicha información
se sustente en los principios del ejercicio de la libertad de expresión,
esto es, la veracidad e imparcialidad, y el derecho de rectificación31.
30
Sentencia C-1172 de 2001. La importancia de las alocuciones del Presidente, la expresó la Corte así:
“la norma acusada al facultar al Presidente de la República para dirigirse al país en cualquier momento,
garantiza a los ciudadanos no sólo la información sobre hechos de interés público, sino, también, la
posición oficial sobre ellos, lo que permite la formación de una opinión pública libre, por cuanto, los
ciudadanos se están enterando por quien tiene el deber constitucional de hacerlo, de los
acontecimientos, sucesos o decisiones que revisten interés nacional, así como de la posición oficial del
gobierno al respecto, lo cual garantiza el derecho de los ciudadanos a contar con una amplia y adecuada
información, de suerte que se les permita formar sus propias convicciones, así como participar en la
discusión relativa de los asuntos públicos que les atañen. Es el resultado de un sistema democrático en
donde los actos o las omisiones del Gobierno, deben encontrarse sujetas a un examen detallado, no
sólo por las autoridades que constitucionalmente tengan esa función, sino de la opinión pública que es
la base y fundamento de una sociedad libre y democrática”.
31
Así lo estableció la Corte, al señalar, en la sentencia T-040 de 2013, que: “Por su parte, la libertad
de información, como especie concebida dentro de la libertad de expresión, se constituye, pues, en un
derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y
responsabilidades, que se sustentan en los principios de veracidad e imparcialidad, y en el derecho de
rectificación. Así, ante la colisión de derechos fundamentales como la libertad de expresión e
información y los derechos a la intimidad, al buen nombre o a la honra, respecto de los cuales la
Constitución no establece ningún orden jerárquico que sirva de directriz para resolver tales conflictos,
al juez le corresponde hacer una cuidadosa ponderación de los intereses en juego teniendo en cuenta
las circunstancias concretas.”
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Ahora, analizada la información transmitida por el Presidente PETRO
URREGO en el discurso cuestionado, la Sala no advierte que se haya
vulnerado disposición ius fundamental alguna, si se tiene en cuenta
que la libertad de información protege la comunicación de versiones
sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,
personas, grupos, y se sujeta a los parámetros de (i) veracidad e
imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones, y (iii)
garantía del derecho de rectificación32, parámetros que, como pasan
a explicarse, no se advierten transgredidos.
En primera medida, el Presidente se refirió a un hecho y a un
personaje público, esto es, a que el pueblo “quiso” elegir como
Presidente al señor Gustavo Rojas Pinilla. La expresión concreta fue:
“[…] quiso el pueblo elegirlo Presidente de la República después […]”.
Ahora, para determinar la veracidad e imparcialidad de la
información, es preciso distinguir entre hechos y opiniones, pues
solamente aquellos son susceptibles de verificación y, en esa medida,
la opinión del Presidente PETRO URREGO no comprometió un hecho
histórico que el haya aseverado como ciertamente ocurrido, sino una
opinión de una hipótesis que pudo o no suceder, esto es, que el
electorado de la época hubiera querido elegir a Gustavo Rojas Pinilla
32
Sentencia T-040 de 2013.
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como Presidente.
En segunda medida y en cuanto al grado de afectación, en el
presente caso no se advierte que la libertad de expresión esté en
conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales,
como la honra, el buen nombre o la información veraz e imparcial,
no se observa una afectación real en lo que se comunica, un grado
de controversia sobre contenido difamatorio o sujetos afectados con
la alocución presidencial, razón por la que se debe otorgar primacía
a la libertad de expresión.
• De la presunción de prevalencia del derecho a la libertad
de expresión, frente a la presunta vulneración del derecho al
acceso a la información: la Sala evidencia que en el asunto no fue
desvirtuada de manera convincente e inequívoca la prevalencia de la
libertad de expresión, esto, obedece a que, el actor no desarrolló
suficiente carga argumentativa y probatoria con la que se lograra
determinar el grado de afectación del derecho fundamental
deprecado.
En ese orden de ideas, en la medida que los reproches de la
impugnación estudiada no tienen vocación de prosperidad, el fallo
proferido en primera instancia será confirmado, como en efecto se
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dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de abril de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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