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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00044-01

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la señora Carolina Muñoz Londoño, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00044-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – la parte actora pretende
reabrir un debate ya surtido y crear una instancia adicional, al no estar de acuerdo
con lo decidido en el proceso – el asunto carece de carga argumentativa –
SUBSIDIARIEDAD - no puso en conocimiento del juez natural de la causa
argumentos debatidos en sede de tutela.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Carolina Muñoz
Londoño en contra de la sentencia proferida el 2 de febrero de 2023, por la Sección
Segunda - Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo
solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 11 de enero de 2023, la señora Carolina Muñoz Londoño interpuso
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - subsección A y el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección
A, con el fin de que se dejaran sin efectos las sentencias de 17 de noviembre de
2016 y 12 de mayo de 20221, proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Unidad Administrativa
Especial Junta Central de Contadores, con la pretensión de que se declarara la
nulidad del Oficio CJ 5611/2012 de 30 de noviembre de 2012, por medio de la cual
dicha entidad se negó a reconocer la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales.
2.- En la sentencia del 12 de mayo de 2022 el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A, confirmó la decisión del A quo y negó las pretensiones
de la demanda. Consideró que el material probatorio allegado al proceso no fue
suficiente para probar la subordinación en la relación entablada entre el
demandante y la entidad.

1 Notificada el 24 de junio de 2022.
2 25000-23-42-000-2013-01729-01.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

3.- La parte accionante señala que dicha decisión vulneró sus derechos
fundamentales la debido proceso y la igualdad, comoquiera que se incurrió en los
siguientes defectos3:

4.- Defecto fáctico: por cuanto no valoraron las pruebas que se allegaron al
proceso en los folios 169 a 270, en cuanto a la función que se debía desarrollar la
demandante. Señala que solo se tuvo en cuenta el testimonio de la señora Juddy
Farfán Moreno, obviando lo indicado por la testigo Maryorie Beatriz Suárez.
Adicionalmente reprocha que la entidad demandada no allegó al proceso las actas
del comité de emergencias, documentos relevantes para probar la relación laboral.

5.- Desconocimiento del precedente horizontal: al inobservar la sentencia de
7 de abril de 2022 (25000-23-42-000-2013-04302-01), proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se accedió a las
pretensiones, en un asunto similar al suyo.

B. Sentencia de primera instancia

6.- Mediante providencia del 2 de febrero de 20234, la Sección Segunda –
Subsección B del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.

7.- Frente al defecto fáctico, consideró que la sentencia acusada no incurre en tal
irregularidad toda vez que las pruebas aportadas al proceso ordinario, es decir, los
contratos de prestación de servicios, el interrogatorio de parte de la demandante y
las declaraciones rendidas por las señoras Maryorie Beatriz Suárez y Juddy Hayley
Farfán Moreno, no tenían la entidad suficiente para dar por acreditado el elemento
de subordinación.

8.- En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que en la
sentencia que la actora aduce como desconocida se accedió a las pretensiones de
la demanda porque en el caso que se estudió en aquella sí se acreditó el elemento
de la subordinación. Precisó para que se configure el referido defecto no basta que
los casos sean estudiados por la misma autoridad judicial, sino que debe existir
entre ellos una correspondencia entre los fundamentos fácticos, probatorios y
jurídicos, que no se verifica en esta ocasión, puntualmente en lo relacionado con
las pruebas porque los fallos analizados no se profirieron con base en idénticos
medios de convicción.

C. La impugnación

9.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación.
Con respecto al desconocimiento del precedente judicial, indicó que su caso sí es
idéntico al resuelto en la sentencia de 7 de abril de 2022 dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, pues la entidad demandada es la misma y ambas
demandantes trabajaron en las mismas condiciones, bajo “el disfraz del contrato de
prestación de servicios”.

3 No existe un acápite específico de defectos endilgados a los fallos cuestionados, por lo que la información se

extrae de lo que se dice en todo el escrito de tutela, y la calificación de defectos realizada en la sentencia de
primera instancia.
4 Notificada el 15 de febrero de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

10.- Adujo que el Consejo de Estado incurrió en un protuberante y ostensible
defecto fáctico, como producto de una errónea valoración de algunas de las
pruebas y la omisión de otras.

11.- Por otra parte, manifestó que en su caso se configuró también un defecto
sustantivo, por cuanto salta a la vista una evidente contradicción entre lo probado y
la sentencia cuestionada. Para sustentar su afirmación, presenta un cuadro
comparativo entre las afirmaciones de las señoras Yudy Farfán y Maryorie Beatriz
Suárez, así como la declaración que ella rindió. Seguidamente indicó que esas
declaraciones junto con los documentos obrantes en el expediente (folios 169 a
257) demuestran la forma en que desarrollaba su trabajo de forma personal,
permaneciendo en las instalaciones de la entidad en horario de 8 a. m. a 5 p. m.
bajo las órdenes permanentes de la Directora Jurídica.

12.- Por último, indicó que entre otras exigencias, con marcado acento de
subordinación, se encuentra la designación que se le hizo para formar parte del
Comité de Emergencias de la entidad. Señaló que a pesar de que solicitó allegar al
proceso copia de las actas del citado Comité, la entidad demandada las ocultó.
Aunado a ello, adujo que la Junta de Contadores respondió el requerimiento de la
segunda instancia, respecto de dichas actas, indicando que las mismas no existían
como quiera que “hasta el 21 de junio del 2016, a través de la Resolución No.
0000-432 se creó y conformó el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo”, respuesta que la accionante considera contraria a la verdad, en la
medida en que existe prueba en el plenario de una citación que a ella se le hizo
para asistir al Comité de Emergencias el 11 de mayo de 2009.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

13.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19915.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

14.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes6: (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)

5 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

En este punto es importante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el
restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de
2021 y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera
de ellas fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma
Subsección (Rad. 11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada
por la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a
que, este fallo fue proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre
definitivo a la litis.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de
tutela.

15.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
necesario examinar dos elementos7:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el
que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve
la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado
por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal
ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto
que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa
la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la
medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger
derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga
frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el
anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para
la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún
raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la
sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza
constitucional de la decisión judicial.

F. Análisis del caso concreto

16.- Revisado el escrito de tutela, las pruebas, el escrito de impugnación y el
expediente digital contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
la Sala anticipa que modificará el fallo impugnado y declarará improcedente la
solicitud de amparo.

17.- En primer lugar, se advierte que no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, en tanto (i) los argumentos esgrimidos para justificar la ocurrencia
del defecto fáctico tienen como finalidad reabrir el debate judicial que se surtió ante
el juez natural de la causa, y (ii) el defecto por desconocimiento del precedente,

7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

carece de carga argumentativa. En segundo lugar, el argumento relacionado con la
omisión de incluir dentro del acervo probatorio las actas del comité de emergencias
de la Junta de Contadores, no supera el requisito de subsidiariedad.

18.- Respecto del defecto fáctico se evidencia que, en el proceso ordinario la
accionante -en su recurso de apelación- propuso los mismos argumentos que hoy
formula en sede de tutela y, que estos, a su vez, fueron resueltos de forma
completa, clara, razonable y coherente por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A. Por interesar a la causa, se transcribirán apartes del
referido recurso y la mencionada providencia.

19.- En el recurso de apelación la accionante manifestó:

<<(…) Dentro del desarrollo del proceso se aportó prueba abundante, suficiente que
demuestra de mera fehaciente la real existencia de un vínculo laboral y por lo tanto
hay lugar a desvirtuar la ficción del contrato de prestación de servicios entre la actora
(… )y la pasiva (…)

Dentro del presente asunto se recepcionaron dos testimonios, uno solicitado por la
actora y otro por la pasiva y el a-quo, le resta valor al de MARYORY SUÁREZ por ser
contradictorio a lo informado por YUDI FARFAN y al de ella le da credibilidad, sin
atender a que esta tiene actual vinculo con la demandada y que mientras que de
manera manifiesta elude reiteradamente al responder limitándose a decir “no me
consta” entre otras, cuando le preguntan por el horario de trabajo de la demandante
cuando fueron compañeras de trabajo y permanecía en las mismas instalaciones de
la demandada. Nótese que hasta el final de su declaración mantuvo esa actitud
evasiva cuando dice no dar razón de la presencia numérica de los abogados
sustanciadores y se le escapa la frese de “algunos no cumplían horario”.

Por el contrario, la abogada MARYORY SUÁREZ fue consiste en todo momento
indicando las tareas a realizar, la similitud con la labor de la única abogada de planta,
la exigencia frente al horario de trabajo y desarrollo de la actividad de sustanciación,
notificación, practica de pruebas y demás tareas que cumplían los abogados.

Esta testigo indicó con claridad y precisión el horario que debía cumplir la actora y
que era igual al que la testigo también debía cumplir y ninguna prueba contradice tal
aseveración (…)

El hecho que mi prohijada manifieste que litiga desde el 2006, no tiene incidencia
alguna en el análisis y decisión de la autoridad contencioso administrativa dentro de
este asunto puesto que para el momento se presumía o se entendía contrato de
prestación de servicios mientras que solo con la demostración de su desarrollo se
establece que se trata de un contrato realidad de TRABAJO (…)>>.

20.- Ahora, se traerá a colación el análisis hecho por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A, en el fallo acusado -12 de mayo de 2022-,
específicamente, frente al elemento de subordinación:

<<Los motivos de inconformidad de la demandante se contraen a señalar que,
contrario a lo afirmado en la sentencia, en el expediente están acreditados los
elementos que caracterizan las relaciones laborales. (...)

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que la
demandante estuvo vinculada con la entidad demandada, desarrollando un objeto
similar en cada contrato; no obstante, la relación que los unió no reúne los elementos
propios del contrato de trabajo, en especial de la subordinación, tal como se precisa
a continuación (…)

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

2.4.1.2. Subordinación continuada. Siguiendo los criterios consolidados en la
sentencia de unificación SUJ-025-CES2-2021, son indicios de la subordinación
ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia, entre otras, las
siguientes:

(i)El lugar de trabajo: En el presente asunto la demandante tuvo que prestar sus
servicios personales al interior de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores.
(ii)El horario de labores: no se pudo determinar con certeza que la demandante
hubiera estado supeditada al cumplimiento de horario, el cual estaba establecido
entre las 8:00 am y las 5:00 pm para la atención al público de la entidad, por cuanto
en los contratos no se pactó tal condición y las deponentes no fueron coincidentes al
indicar esa situación, por el contrario, se contradicen.
(iii)La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: las únicas pruebas
que se recaudaron con el propósito de su acreditación fueron los contratos de
prestación de servicio y el testimonio de la señora Maryorie Beatriz Suárez de las
Salas; no obstante, del estudio de dichos medios de prueba no se evidencia de
manera directa dicho presupuesto indicio de subordinación.

Al revisar el contenido de cada contrato se tiene que las funciones que debía
desarrollar la demandante dentro de los encargos eran similares y requería de sus
conocimientos como abogada, sin que de ello se pueda concluir que el ejercicio de
su labor estuvo sometido al cumplimiento de órdenes diferentes a las pactadas.

Adicionalmente, examinadas en conjunto las pruebas obrantes en el expediente, se
observa que no existe certeza en el plenario de que la función desarrollada en
ejercicio del trámite y sustanciación de los procesos disciplinarios que se adelantan
en contra de los profesionales de la contaduría en la Junta Central de Contadores se
hubiera desarrollado de forma continuada, subordinada o dependiente.

Aunado a ello, según lo afirmado por la demandante en la audiencia de pruebas,
ejerció el litigio en forma simultánea a la prestación del servicio profesional
contratado por la Junta Central de Contadores, incluso señaló que comenzó a
desarrollar actividades propias de la profesión de abogado desde el año 2006 hasta
la fecha la recepción de la declaración.

Dicha situación encuentra sustento en el documento obrante a folio 91 del
expediente, traído al plenario por la apoderada judicial de la Junta Central de
Contadores, en el que se puede inferir que el 14 de septiembre de 2011, del
computador asignado a la demandante, se elaboró y remitió un memorial dirigió al
Consejo Superior de la Judicatura para incorporarlo al expediente 2011-2578, en el
que la doctora Carolina Muñoz Londoño, actuando en calidad de apoderada dentro
del referido proceso, solicitó la terminación anticipada del asunto.

De suerte que pueda advertir la Sala que la actividad encomendada a la contratista
por parte de la entidad demandada se podía desarrollar con autonomía, por cuanto la
señora Muñoz Londoño pudo ejercer, simultáneamente, su profesión al llevar
encargos adicionales.

Nótese que el horario de actividades de la Rama Judicial es el mismo que la entidad
estableció para atención al público, tal como fue advertido por el apoderado de la
demandante en el recurso de apelación, de suerte que, evidentemente, la
demandante fungía ambas actividades en el mismo lapso horario, circunstancia que
refleja que podía de manera autónoma e independiente coordinar sus actividades y
horarios para poder cumplir con las obligaciones de cada una de las actividades con
las cuales se comprometió.

Luego de analizar todo lo anterior, para la Sala, el que la demandante hubiera
asistido a la entidad demandada dentro del horario asignado a la atención al público
y/o el seguimiento a la forma en que se cumplía la función no constituyen elementos
que por sí solos sean suficientes para demostrar el aspecto sustancial de la
subordinación.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

En efecto, hechos como estos han determinado el criterio hermenéutico de esta
Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual, precisándose que no
toda relación de servicios implica per se la existencia del elemento de la
subordinación, ya que entre contratante y contratista puede existir una relación de
coordinación de actividades, donde el segundo es libre de someterse a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
como: i) un horario; ii) el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores; y, iii) tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no
significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en controversias similares y ha concluido que entre
contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus
actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para
el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento
de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o
tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa
necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

En ese orden, las aseveraciones de la testigo, a juicio de esta Corporación, no
pueden considerarse por sí solas como demostrativas de la existencia de una
relación en condición de subordinación y dependencia continuada, ello en virtud a
que la sola determinación de que la contratista estuviera obligada a tramitar y
sustanciar los procesos disciplinarios que se adelantan en la Junta Central de
Contadores y que tuviera que hacerlo desde las instalaciones de la entidad, no son
pruebas suficientes, se insiste, para encontrar configurada la relación laboral que se
alega…

En suma, el acervo probatorio arrimado al proceso solo consigue demostrar la
prestación personal del servicio del demandante y la remuneración como contratista
al servicio de la Junta Central de Contadores, más no es posible establecer con total
certeza si existió subordinación, por consiguiente, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia…>>.

21.- Bajo este escenario, no hay duda de que la accionante propuso en sede de
tutela los mismos planteamientos expuestos en el escrito de apelación que
presentó contra la sentencia de 17 de noviembre de 2016, frente al tema del
material probatorio allegado al proceso (testimonios y documentos), los cuales, a
su juicio, son suficientes para demostrar una verdadera relación laboral. El Consejo
de Estado – Sección Segunda tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y de
derecho que la demandante sometió a su consideración, sin que ahora quepa
prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de tutela es mecanismo
principal, no complementario al del control ordinario, y no tiene por fin revisar las
bases del debate judicial, para definir como instancia final las razones del derecho
que se debate o el análisis probatorio efectuado.

22.- La Sala advierte que la autoridad judicial accionada hizo una valoración
probatoria ajustada a derecho, pues tuvo en cuenta los documentos y las
declaraciones allegadas al proceso. Y, a partir de ello, logró llegar a la conclusión
que el elemento de subordinación no estaba acreditado en el caso estudiado, en la
medida en que no se pudo determinar con certeza que la demandante hubiera
estado supeditada al cumplimiento de horario, por cuanto en los contratos no se
pactó tal condición y las testigos no fueron coincidentes al indicar esa situación, por
el contrario, se contradijeron. Adicionalmente, tampoco existió certeza que la
función desarrollada por la actora en ejercicio del trámite y sustanciación de los
procesos disciplinarios que se adelantan en la Junta Central de Contadores se
hubiera desarrollado de forma continuada, subordinada o dependiente, pues según
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

el mismo dicho de la señora Carolina, ejerció el litigio en forma simultánea a la
prestación del servicio profesional contratado por la Junta Central de Contadores,
por cuanto señaló que comenzó a desarrollar actividades propias de la profesión de
abogado desde el año 2006 hasta la fecha la recepción de la declaración, lo cual se
comprobó, porque obrara documento en el que se veía que desde el computador
asignado a la demandante se elaboró y remitió un memorial dirigió al Consejo
Superior de la Judicatura para incorporarlo en un expediente en el que la señora
Carolina actuaba en calidad de apoderada.

23.- Por ende, aquellas situaciones sirvieron para que los jueces naturales de la
causa pudieran advertir que la actividad encomendada a la señora Carolina Muñoz
Londoño por parte de la entidad demandada se podía desarrollar con autonomía,
por cuanto la actora pudo ejercer, simultáneamente, su profesión al llevar encargos
adicionales y cumplir con las obligaciones de cada una de las actividades con las
cuales se había comprometido.

24.- Visto lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la parte
actora, no se deduce que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
A hubiere incurrido en una indebida motivación, en un desconocimiento del
precedente judicial o, principalmente, que se haya abstenido de efectuar un
examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya otorgado un
alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la tutela
formulada8. Por el contrario, la decisión cuestionada, en esta sede, encuentra claro
sustento en el principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una
actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación
razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con
las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso
concreto, así como la jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la
conclusión que no obraba prueba que demostrara la subordinación de la señora
Carolina Muñoz Londoño con la Junta Central de Contadores.

25.- Por lo anterior, se evidencia que la parte accionante pretende con esta acción
constitucional reabrir un debate definido por el juez natural, convirtiendo la acción
de amparo en una instancia adicional, al no estar de acuerdo con la decisión
proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 25000-23-42-000-2013-
01729-01).

26.- Por otra parte, frente al desconocimiento del precedente judicial, en el cual la
señora Carolina sostuvo que se inobservó la sentencia de 7 de abril de 2022
(25000-23-42-000-2013-04302-01), proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en la que se resolvió un asunto similar al suyo, y
se accedió las pretensiones de la demanda; se advierte su improcedencia ante la
falta de carga argumentativa, pues la actora solo se limitó a indicar que el caso
fallado era igual al suyo porque era contra la misma entidad demandada y la
demandante laboró en las mismas condiciones “bajo el disfraz del contrato de
prestación de servicios”, sin edificar una argumentación adicional, como por
ejemplo explicar en forma detallada por qué los casos son idénticos en hechos,

8 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de

2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

partes, pretensiones y fundamentos probatorios, es decir, no sustentó debidamente
las razones por las cuales dicha sentencia, en efecto, constituye precedente
aplicable al caso concreto.

27.- A lo anterior se suma que la accionante pretende llevar al juez constitucional a
la conclusión de que la similitud en el relato fáctico de ambos casos, comporta una
identidad probatoria, que a su vez impone la necesidad de adoptar decisiones
iguales. Argumento que resulta desacertado, si se tiene en cuenta que el juez
natural se enfrentó a escenarios probatorios diferentes en ambos casos y conforme
a los mismos, accedió a las pretensiones en el caso anterior, porque encontró
acreditada la subordinación, pero en el caso de la accionante al no encontrar
probado dicho elemento, negó sus súplicas.

28.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos relacionados con el desconocimiento
del precedente judicial alegado contra el fallo del 12 de mayo de 2022, proferido
por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, el juez de tutela no
puede proceder a ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo la oportunidad
de señalarse, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae en quien
invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en razón a que están de
por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad
jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, que son
elementos que hacen parte de los cimientos del Estado y como tal legitiman el
obrar de sus autoridades.

29.- Por otra parte, frente al argumento relacionado con que la Junta Central de
Contadores no envió las actas del comité de emergencias de la Entidad, la Sala
advierte que no es un argumento que deba ser expuesto en sede de tutela, pues la
accionante tuvo la oportunidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar esa situación, pero guardó silencio, y ahora acude al juez
de tutela cuando los términos para controvertir aquella decisión ya han fenecido. Al
respecto, se recuerda que la acción de tutela no puede sustituir ni revivir etapas
procesales previamente vencidas y no se puede utilizar como mecanismo para
subsanar yerros cometidos dentro del proceso ordinario. Por ende, ese argumento
carece del requisito de subsidiariedad.

30.- La acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico
ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de
modo que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como
desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos
judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.

31.- Por último, en la impugnación la accionante indica que la Junta de Contadores
incurre en una falsedad cuando afirma que las actas del Comité de Emergencias
solicitadas en el proceso ordinario no existían como quiera que “hasta el 21 de
9

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00044-01
Demandante: Carolina Muñoz Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

junio del 2016, a través de la Resolución No. 0000-432 se creó y conformó el
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. La Sala considera
que ese es un cargo nuevo que la actora no expuso en el escrito de tutela inicial,
pues en aquel únicamente hizo referencia, a que la Junta Central de Contadores no
envió las actas del comité de emergencias. Así, frente al argumento de si la
respuesta dada por la entidad era o no contraria a la verdad, la Sala no se
pronunciará, toda vez que de hacerlo, vulneraría las garantías de defensa y
contradicción de la parte accionada y de los demás sujetos procesales vinculados
al presente trámite, quienes cimentaron sus intervenciones en los hechos y
fundamentos alegados en la solicitud de amparo. Cabe agregar que la
impugnación es el mecanismo por medio del cual se expresan las inconformidades
con el fallo de tutela de primera instancia, mas no una oportunidad para presentar
nuevos hechos y pretensiones que no fueron expuestos en el escrito de tutela.

32.- Así las cosas, la Sala modificará la decisión adoptada el 2 de febrero de 2023
por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado, para, en su lugar,
declarar improcedente el amparo solicitado, de acuerdo con las consideraciones
previamente expuestas.

33.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. F A L L A

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2023 por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en su lugar DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la señora Carolina Muñoz Londoño, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

9 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
10

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