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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00118-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00118-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de marzo de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela elevada por la señora Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles contra el podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite». Corte Constitucional, Sentencia SU-072 del 5.07.2018 20 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 15.12.2015, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03- 15-000-2015-01828-01. (AT). 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00118-01 Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00118-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de mayo de 2023

Demandante: Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00118-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00118-01
Demandante: MIRTHA CECILIA ASTRID MARIÑO DE ROBLES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN C Y
OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Necesidad de carga
argumentativa en la impugnación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 2
de marzo de 2023, por medio del cual, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado denegó la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles, por conducto de apoderado
judicial, interpuso1 acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
las sentencias de 18 de diciembre de 2020, del Juzgado Quince (15)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, de 26 de septiembre de 2022,
del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C que la confirmó, dictadas al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de
lesividad, adelantado por la Dirección Distrital de Liquidaciones del Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla contra los señores Jaime Horacio
Robles Robles y Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles, identificado con el
radicado número 08001-33-31-012-2011-00098-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Que se tutelen los derechos al mínimo vital, al debido proceso, en concordancia
con la correcta administración de justicia, el sometimiento de las providencias
judiciales al imperio de la ley, la debida motivación, en favor de MIRTHA CECILIA
ASTRID MARIÑO DE ROBLES, por la violación que cometió el JUZGADO QUINCE

1 La demanda se presentó el 25 de octubre de 2022.

1
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Demandante: Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00118-01

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y la SECCIÓN C del
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO.

2. Que se deje sin efectos el numeral 1° y 2° de la Sentencia del 18 de diciembre de
2020, proferida por el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001333101220110009800, y el numeral 1° de la sentencia del 26 de
septiembre del 2022 proferida por la SECCIÓN C del TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO DEL ATLÁNTICO.

3. Que se reconozca la pensión de sobreviviente en favor de MIRTHA CECILIA
ASTRID MARIÑO DE ROBLES, al ser la esposa de JAIME HORACIO ROBLES
ROBLES, quien tenía derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993; y,
como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago en contra de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIOENES (COLPENSIONES), por
razón de la desprotección de su mínimo vital al dejarla sin la pensión sustitutiva a la
que tenía derecho.

4. Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene a COLPENSIONES a pagar
el retroactivo producto de las mesadas pensionales dejadas de pagar, pero a las que
tiene derecho la señora MIRTHA CECILIA ASTRID MARIÑO DE ROBLES.2
(Mayúscula sostenida y negrilla del texto original)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. El 28 de diciembre de 1969, el señor Jaime Horario Robles Robles contrajo
matrimonio con la señora Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles.

1.3.2. El señor Robles Robles laboró en la Empresa Municipal de Teléfonos,
después, Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, del 21 de
julio de 1977 al 31 de marzo de 1994 y, del 5 de mayo de 1994 hasta el 15 de
diciembre de 1997, fecha de su retiro, desempeñándose como subgerente de
servicios telefónicos3.

1.3.3. La extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones E.S.P. reconoció al señor
Robles Robles pensión de jubilación, mediante la Resolución número 2107 de 22
de diciembre de 1997, con fundamento en el artículo 43 de la convención colectiva
de trabajo suscrita con sus trabajadores, el 23 de octubre de 1997.

1.3.4. El 6 de mayo de 2010, falleció el señor Jaime Horario Robles Robles, razón
por la cual, la Dirección Distrital de Liquidación, por medio de la Resolución número
229 de 2010, sustituyó la prestación del cual era beneficiario a la señora Mirtha
Cecilia Astrid Mariño de Robles.

1.3.5. El 11 de abril de 2011, la Dirección Distrital de Liquidaciones instauró medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, en
contra del señor Jaime Horario Robles Robles y la señora Mirtha Cecilia Astrid

2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3 De conformidad con la Resolución 001 de 18 de enero de 1994, aprobada por el Decreto 360 de

marzo 24 de 1994, este cargo era desempeñado por un empleado público.
2
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Mariño de Robles, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
a través del cual le reconoció la pensión ya mencionada.

1.3.6. El conocimiento del asunto en primera instancia le correspondió al Juzgado
Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, autoridad judicial
que, en sentencia de 18 de diciembre de 2020, accedió parcialmente a las
pretensiones invocadas, ello, por cuanto consideró que el demandado no cumplió
con el requisito de la edad para ser beneficiario de la prestación reconocida.

1.3.7. La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C en fallo de 26 de septiembre de
2022, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. Como sustento de su decisión
señaló que al señor Jaime Horacio Robles Robles, le fue reconocida una pensión
de jubilación sin cumplir con los requisitos previstos en los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora manifestó que en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho la parte demandante reconoció que en relación con la seguridad social del
señor Jaime Horacio Robles Robles se hicieron cotizaciones al entonces Instituto
de Seguros Sociales, razón por la cual debió subrogarse la obligación pensional a
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, entidad que fue
vinculada al proceso.

En ese orden, sostuvo que el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla desconoció que estaban cumplidos los requisitos del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual era más
favorable frente a declarar la nulidad de la Resolución 2107 de 1997, pues, para la
fecha de retiro contaba con 51 años de edad y más de 20 años de servicio.

Afirmó que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, se equivocó, por
cuanto la norma aplicable al causante era la Ley 100 de 1993, quien, además, de
buena fe, se pensionó en 1997 «sin que ahora, su esposa, pueda llevar la carga
que no debe tener, máxime cuando su mínimo vital depende de la pensión».

Finalmente, concluyó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, comoquiera que debió reconocerse el derecho pensional
con sustento en el régimen de transición, lo cual no sucedió.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 18 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, admitió el mecanismo constitucional y ordenó notificar al
Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y a la
Sección C del Tribunal Administrativo de Barranquilla, en calidad de accionados, y
les otorgó el término de tres (3) días para que rindieran el informe de que trata el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

En calidad de terceros con interés, vinculó a la Dirección Distrital de Liquidaciones
de Barranquilla y a la Administradora Colombiana de Pensiones. Asimismo, dispuso

3
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la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que, si lo
consideraba, interviniera en el presente trámite.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron los siguientes pronunciamientos4:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 6 de febrero de 2023, el
magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que la tutela era
improcedente en atención a que no se configuraba ninguno de los presupuestos
precisados por la Corte Constitucional para la procedencia de esta contra
providencia judicial, además, porque el proveído atacado se encuentra acorde con
la normatividad aplicable al caso y sustentada en el acervo probatorio allegado al
expediente.

1.6.2. Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla5

Por conducto del titular se pronunció la autoridad judicial, en el sentido de solicitar
que no se tutelaran los derechos fundamentales alegados como vulnerados,
comoquiera que la sentencia de primera instancia se dictó conforme a las
disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables al caso.

1.6.3. Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla6

El jefe de la Oficina Jurídica de la entidad solicitó que se declarara la improcedencia
del mecanismo de amparo impetrado, teniendo en cuenta que, según lo acreditado,
por parte de esta no hubo transgresión a alguna garantía constitucional de la
demandante, sumado a que la tutela es un mecanismo subsidiario y residual, y no
puede ser usado como instancia adicional.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 2 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado denegó la solicitud de amparo.

El a quo, después de pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de encontrar superados los requisitos adjetivos
señalados por la Corte Constitucional, precisó que, correspondía el estudio de la
sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C, de 26 de
septiembre de 2022, que confirmó la decisión de primer grado que había accedido
a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
presentó la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla contra el acto

4 El a quo constitucional solo hizo referencia al informe del Juzgado Quince (15) Administrativo del

Circuito Judicial de Barranquilla.
5 Correo de 7 de febrero de 2023.
6 Mensaje de datos de 6 de febrero de 2023.

4
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administrativo que reconoció una pensión de jubilación al señor Jaime Horacio
Robles Robles, por incurrir, en sentir de la tutelante, en un defecto sustantivo.

En ese orden, señaló que la parte actora alegó que el tribunal enjuiciado desconoció
lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, pues, debió reconocerse la pensión del
causante por cumplir los requisitos del régimen de transición de dicha normativa.
Enseguida, y después de transcribir in extenso las consideraciones expuestas por
la autoridad judicial en la providencia cuestionada, concluyó que no se presentó el
defecto insinuado, en atención a que a partir de lo acreditado en el proceso advirtió
que el señor Robles Robles, para el momento de su retiro, no contaba con la edad
requerida para ser beneficiario de la pensión que le fue reconocida.

Así las cosas, aseveró que lo que se advertía era una diferencia de criterios en
relación con la interpretación de una norma, lo cual no era suficiente para calificar
dicha decisión como arbitraria o caprichosa y, menos de trasgresora de derechos
fundamentales.

Finalmente, precisó que, en principio, la acción de tutela no procede para dirimir
divergencias interpretativas de la ley, pues prevalece el criterio de la autoridad
judicial que conoce el caso frente a la opinión del fallador constitucional, por ser el
primero el juez natural del asunto, además porque está amparado por los principios
de autonomía e independencia.

1.8. Impugnación7

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 21 de marzo de 2023, la parte
actora manifestó impugnar el fallo de primera instancia, así:

JOSE ENRIQUE ALTAMIRANDA GONZALEZ, mayor de edad y vecino de la ciudad
en mi calidad de Abogado de la parte actora, estando en los termino legales,
IMPUGNO el fallo de fecha 2 de Marzo del 2023.8 (Mayúsculas sostenidas y
resaltado originales)

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
tutelante contra la sentencia de 2 de marzo de 2023, de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 2 de marzo de 2023, por medio de la cual, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado denegó la solicitud de

7 La sentencia fue notificada el 15 de marzo de 2023, como consta en el aplicativo SAMAI del Consejo

de Estado.
8 Transcripción del texto original con posibles errores.

5
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amparo presentada por la señora Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y el Juzgado Quince (15)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la impugnación, y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Examen sobre el cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la
impugnación

La Corte Constitucional13 y el Consejo de Estado14 han establecido que, cuando la
tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber
de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y «precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción».

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Ver, entre otras, la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5.08.2014, Rad.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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En efecto, en la segunda sentencia referenciada, dictada por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sede de unificación de jurisprudencia, se estableció que «El
actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron
la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por
la providencia»15 y de exponer en forma clara los defectos de los cuales adolece la
decisión judicial, para lo cual debe presentar una carga argumentativa mínima que
le permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia desde la
perspectiva de los yerros advertidos.

Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se presenta la
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el juez
constitucional en sede de tutela, en relación con la cual corresponde al impugnante
no solamente presentar el escrito dentro de la oportunidad prevista por el artículo
31 del Decreto Ley 2591 de 199116, sino también, señalar las falencias, errores u
omisiones en que incurrió el a quo17 que le permitan al juez constitucional de
segunda instancia asumir el estudio de los argumentos expuestos.

En este sentido se pronunció la Sala, entre otras, en la sentencia del 4 de febrero
de 2016, en la que afirmó que «[…] cuando se trata de tutelas ejercidas en contra
de providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la
simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera
instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos
de su impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia
conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma
requiere»18.

En efecto, en tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez
constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de competencia de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse en los
argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera
como en segunda instancia y en aquellos defectos que aparezcan ostensibles, toda
vez que al analizar puntos adicionales se realizaría un estudio oficioso de una
providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los
postulados de cosa juzgada, seguridad jurídica19 y autonomía judicial, contenido

15 Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.
16 “ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación

el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.”
17 Así lo ha expresado esta Sección, entre otras, en la providencia del 15 de diciembre de 2015, con

ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 11001-03-15-000- 2015-01828-01, en
el cual se efectuaron las siguientes consideraciones: «…se debe tener en cuenta que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría
realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente
ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta
instancia».
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 04.02.16, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad.

No. 11001-03-15-2015-02034-01 (AT).
19 La Corte ha explicado que la seguridad jurídica implica que «en la interpretación y aplicación del

derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la efectividad de los
derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía
7
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este último en el artículo 228 de la Constitución Política y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia20.

2.5. Caso concreto

Como se evidenció previamente, el escrito de impugnación allegado contra la
sentencia de 2 de marzo de 2023, se limitó a expresar la intención de controvertir el
fallo del a quo, pero de ninguna manera manifestó las falencias que, a juicio de la
parte actora, deben ser estudiadas en segunda instancia, se resalta que, en el breve
escrito ni siquiera se consignó que se reiteraran los argumentos esgrimidos en la
solicitud inicial.

En este punto debe recordarse lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, que establece:

ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al
superior jerárquico correspondiente.

El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición
de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo
dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo
carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si
encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los
diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. (Resaltado de la
Sala)

En el presente caso, ante la falta de argumentación en el escrito de impugnación,
no es posible estudiar su contenido y mucho menos cotejarlo con el acervo
probatorio y el fallo de primera instancia, como ordena la norma citada y, en
consecuencia, se confirmará lo resuelto en la sentencia proferida el 2 de marzo de
2023, por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, que denegó
el amparo deprecado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la acción
de tutela elevada por la señora Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles contra el

podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite». Corte
Constitucional, Sentencia SU-072 del 5.07.2018
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 15.12.2015, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Rad. No. 11001-03- 15-000-2015-01828-01. (AT).
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Demandante: Mirtha Cecilia Astrid Mariño de Robles
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00118-01

Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y el Juzgado Quince (15)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Salva voto)

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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