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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02766-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02766-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, que negó el mecanismo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02766-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

25 de enero de 2024

Demandantes: Luz Adriana Montoya Patiño y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02766-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticinco [25] de enero de dos mil veinticuatro [2024]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02766-01
Demandantes: LUZ ADRIANA MONTOYA PATIÑO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma - Falta de
carga argumentativa mínima en la impugnación1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
26 de octubre de 2023, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que negó el mecanismo constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

El 24 de mayo de 20232, las señoras Luz Adriana Montoya Patiño, Gohanna
Montoya Patiño y el señor Alberto Loaiza Montoya, por intermedio de
apoderado, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca con el fin de que se les protejan sus derechos fundamentales al
«Debido Proceso, Derecho de Defensa, de Acceso a la Administración de
Justicia, Derecho a la Igualdad y todos los demás derechos que conexamente
le han sido vulnerados y que se encuentren probados».

Las mencionadas garantías las consideraron vulneradas con la expedición de
las providencias de 31 de octubre de 2022 y de 12 de abril de 2023, por medio

1
Ver, entre otras, sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado de: 26 de noviembre
de 2023, 11 de mayo de 2023 y 14 de octubre de 2021, proferidas al interior de los expedientes
11001-03-15-000-2021-04029-01,11001-03-15-000-2023-00118-01 y 11001-03-15-000-2021-
03854-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; de 18 de febrero de 2021 y de 14 de mayo de 2020,
Expedientes 11001-03-15-000-2020-04538-01 y 11001-03-15-000-2020-00180-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate, y de 15 de diciembre de 2015 y de 28 de agosto de 2019, Expedientes 11001-03-
15-000-2015-01828-01 y 11001-03-15-000-2019-02880-01, M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.
2
En atención a que la solicitud de tutela fue radicada electrónicamente el 23 de mayo de 2023 a
las 5:12 pm.

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de las cuales la autoridad judicial accionada declaró, en segunda instancia, la
caducidad del medio de control, y por su parte negó la solicitud de adición de
dicho proveído, ello, al interior del proceso de reparación directa que
promovieron contra la Nación – Fiscalía General de la Nación identificado con el
radicado 76001-33-40-021-2017-00112-02.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1.- TUTELAR y PROCEDER AL AMPARO de los Derechos Fundamentales
del Debido Proceso, Derecho de Defensa, de Acceso a la Administración
de Justicia, Derecho a la Igualdad de los accionantes, y todos los demás
derechos probados y que conexamente le han sido vulnerados con ocasión
de las providencias acusadas.

2.- En consecuencia, solicito DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda
instancia SN de 31de Octubre de 2022 y el auto interlocutorio SN de fecha
12 de Abril de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, dentro del Proceso No. 760013340021-2017-00112-02, Actor: Luz
Adriana Montoya Patiño vs Fiscalía General de la Nación, Medio de
Control: REPARACION DIRECTA.

3.- Solicito se ORDENE PROFERIR UNA NUEVA DECISIÓN que
reemplace las providencias tuteladas donde el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA -M.P. RONALD OTTO
CEDEÑO BLUME adopte los parámetros del fallo de tutela.

4.- Igualmente SE DEBERÁ PREVENIR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA -M.P. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, para
que, en lo sucesivo, se abstenga de obrar en eventos similares igual que
como actuó en el caso tutelado. 3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El 6 de febrero de 20174 la señora Luz Adriana Montoya Patiño y los señores
Juan Velasco Montoya y Carlos Alberto Montoya Patiño presentaron, ante la
Procuraduría General de la Nación, solicitud de conciliación extrajudicial por los
presuntos perjuicios causados por la Nación – Fiscalía General de la Nación al
omitir adoptar medidas dirigidas a evitar que una empresa ejecutara actividades
ilegales relacionadas con el delito de estafa.

• El 14 de marzo de 20175, las señoras Gohanna Montoya Patiño, Ana María
Amparo Patiño de Montoya e Isabel Cristina Montoya Patiño, y los señores
3
Trascrito con posibles errores ortográficos del texto original.
4
Radicación No. 42.983, cuya acta de conciliación fallida se expidió el 14 de marzo de 2017.
5
Radicación No. 62.413, cuya acta de conciliación fallida se expidió el 2 de abril de 2017.

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Alberto Montoya Loaiza y Juan José Velasco Montoya elevaron otra solicitud de
conciliación prejudicial, por los mismos hechos.

• El 28 de abril de 2017, la señora Luz Adriana Montoya Patiño y otros6
formularon el medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación con el fin de que se les declarara extracontractual y
patrimonialmente responsable por los daños que ocasionó la omisión que se
intentó conciliar.

• El 3 de septiembre de 2021, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda al considerar que se
acreditó que «la Fiscalía obró según el marco de sus competencias, tanto
constitucionales como legales, al adelantar el ejercicio de la acción penal e
investigar los hechos que revisten características de delito».

• El 31 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
declaró de oficio la caducidad del medio de control. Para llegar a esa conclusión
primero estableció que la fecha del conocimiento del daño fue el 14 de marzo
de 2015, cuando los accionantes interpusieron la denuncia por estafa. Luego
determinó que el plazo para demandar fue interrumpido con la solicitud de
conciliación prejudicial de 6 de febrero de 2017, «faltando 1 mes y 9 días».

• No obstante concluyó que, como el término preclusivo se reanudó el 15 de
marzo de 2017, al día siguiente de la expedición del acta de conciliación fallida,
el medio de control radicado el 28 de abril de 2017 era extemporáneo,
comoquiera que el plazo máximo se dio hasta el 24 de abril de 2017.

• Contra esta decisión el extremo activo presentó solicitud de adición y de
nulidad, en atención a que la autoridad judicial de segundo grado no tuvo en
cuenta que se adelantaron dos trámites de conciliación prejudicial,
particularmente al no analizar la segunda acta de conciliación fallida7.

• El 12 de abril de 2023, el tribunal precisó que «no procede ni la solicitud de
adición de sentencia ni la pretensión de nulidad, pues lo acontecido en el sub
lite es que la parte demandante no está de acuerdo con el análisis probatorio
esbozado por la Sala y la conclusión a la que se llegó en la providencia de
segunda instancia», sumado a que no se configuran ninguna de las casuales de
nulidad del artículo 133 del CGP.

• La providencia que resolvió la solicitud de adición y de nulidad de la
sentencia de segunda instancia fue notificada el 26 de abril de 2023 y la acción
6
Los señores Alberto Loaiza Montoya, Carlos Alberto Montoya Patiño y Juan José Velasco
Montoya y las señoras Gohanna Montoya Patiño, Ana María Amparo Patiño de Montoya e
Isabel Cristina Montoya Patiño.
7
Que fue radicada el 14 marzo de 2017 y acta de conciliación fallida se emitió el 2 de abril de
2017.

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de tutela de la referencia radicada el 24 de mayo de 2023.

1.2. Fundamentos de la solicitud

Los accionantes consideran que la autoridad judicial demandada vulneró sus
garantías constitucionales ante la configuración del defecto fáctico en su
dimensión negativa, comoquiera que el tribunal no tuvo en cuenta que se
adelantaron dos trámites de conciliación prejudicial al declarar la caducidad del
medio de control, particularmente porque no estudió el acta de conciliación
fallida que se emitió el 2 de abril de 2017, lo que a su juicio implicó que no se
motivó la decisión de segundo grado.

1.5. Trámite en primera instancia

A través de auto de 25 de julio de 2023, la magistrada ponente de primer grado
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar como demandado al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó al Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali, a la Nación – Fiscalía General de
la Nación y a los señores Carlos Alberto Montoya Patiño, Ana María Amparo
Patiño de Montoya, Isabel Cristina Montoya Patiño y Juan José Velasco
Montoya, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente
tutela.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contentaciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del magistrado
ponente de las decisiones controvertidas, solicitó negar el mecanismo al
exponer que la Sala que integra realizó «una sindéresis adecuada del material
probatorio […], incluso [al considerar] de forma más favorable, acoger como
fecha de radicación de la conciliación el 6 de febrero y no el 14 de marzo de
2017 -que es la fecha que aduce la parte actora que debía ser tomada-,
entonces, no tiene vocación de amparo constitucional lo deprecado por la parte
accionante».

Agregó que lo pretendido por los accionantes es reabrir el debate probatorio
abordado por el juez natural de la causa.

1.6.2. El Nación – Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara la
improcedencia del mecanismo por cuanto no se cumplen las causales
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

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concretamente el requisito de subsidiariedad, así como tampoco se argumenta
la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

1.6.3. Los demás sujetos procesales, pese a que fueron notificados, guardaron
silencio.

1.7. Fallo impugnado

El 26 de octubre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la
tutela al exponer que si bien es cierto que el tribunal demandado no tuvo en
cuenta el segundo trámite de conciliación prejudicial, este se dio en fecha
posterior al que sí analizó. Luego, su estudio no tendría ninguna incidencia en la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Al respecto destacó que «el acta de no conciliación que se omitió incluir en la
valoración probatoria se expidió el 2 de abril de 2017, es decir, el plazo -un día-,
se reanudó el 3 de abril de esa anualidad. No obstante, la demanda se presentó
el 28 de abril de 2017, esto es, por fuera del término de los dos años previsto en
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, por lo que también habría
operado la caducidad de la acción».

Precisó que «resulta[ba] claro que, aunque sí se evidenció una omisión por
parte del Tribunal accionado al no incluir en la valoración probatoria un
elemento que obraba en el expediente, el mismo no tiene trascendencia en la
decisión proferida, razón por la cual el cargo por el defecto fáctico invocado no
está llamado a prosperar».

1.8. Impugnación8

Los accionantes manifestaron: «de forma respetuosa y comedida, manifiesto a
su despacho que impugno la sentencia de primera instancia, la cual negó las
pretensiones de tutela de la parte accionante. Sírvase proceder de
conformidad».

1.9. Trámite para resolver impedimento

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la sala que actualmente
se encuentra conformada por tres [3] magistrados9, comoquiera que la
integrante restante culminó su periodo constitucional10 y en la actualidad se
encuentra en trámite la designación de su reemplazo.

8
El fallo fue notificado el 1 de noviembre de 2023, la impugnación se presentó el 3 siguiente.
9
los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Omar Joaquín Barreto Suárez y Luis Alberto
Álvarez Parra
10
Doctora Rocío Araújo Oñate.

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No obstante, el 18 de enero de 2024, el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia con
fundamento en la causal 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Al respecto, indicó:

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, manifiesto que me encuentro impedido para conocer y decidir el presente
asunto, dado que me encuentro incurso en la causal prevista en el numeral 1º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal1, norma que es del siguiente
tenor:

«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…) 1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.»

La razón de ello se justifica en que mi cónyuge se desempeña como fiscal
adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que
integró la parte demandada entidad demandada en el medio de control de
reparación directa dentro del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dictó las providencias a las que la parte actora le atribuye la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales invocados. Por lo expuesto y con el fin de
asegurar los principios de transparencia, imparcialidad y autonomía que enmarca
la actividad judicial, le solicito declarar fundado el impedimento y separarme del
conocimiento del asunto, en atención al interés que le asiste a mi cónyuge en las
resultas del mecanismo constitucional en mención.

El 16 de enero de 2024 el despacho sustanciador dispuso, con el fin de lograr la
mayoría requerida para resolver la manifestación de impedimento del
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, ordenar a la Secretaría General que
procediera a efectuar el sorteo de dos [2] conjueces, uno principal y el otro
suplente, del cual resultó la designación de los doctores Jesús Vall de Rutén
Ruiz11 y Alejandro Venegas Franco 12.

El 18 de enero de 2024, la sala integrada por Luis Alberto Álvarez Parra, Pedro
Pablo Vanegas Gil y Jesús Vall de Rutén Ruiz declaró infundado el
impedimento manifestado por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez,
porque no se configuró el elemento subjetivo de la causal, en atención a que (i)
el solo hecho de trabajar en la entidad en mención no conlleva a que la cónyuge
del referido magistrado tenga interés en todos los procesos en los que esa
dependencia sea parte o tercero con interés y (ii) comoquiera que tampoco
existen elementos que permitan establecer que la unidad en la que labora la
esposa del señor consejero haya participado o inclusive conocido de los hechos
que dieron lugar a la demanda contenciosa de responsabilidad extracontractual.

11
Conjuez principal.
12
Conjuez suplente.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para pronunciarse en segunda instancia de la
impugnación presentada por la señora Luz Adriana Montoya Patiño y otros, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 26 de octubre de 2023, proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación, que negó el mecanismo constitucional.

Para el efecto, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) la carga argumentativa en sede de tutela, y (iii) estudio
del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201213
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema14.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales15.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
15
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Carga argumentativa en sede de tutela

La Corte Constitucional17 y esta corporación18 han establecido que, cuando la
tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el
deber de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y
«precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción».

En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que «[…] el actor
tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados
por la providencia»19 y exponer en forma clara los defectos de los cuales
adolece la decisión judicial, desplegando para el efecto una carga
argumentativa mínima que le permita al juez constitucional abordar el análisis
de la providencia.

Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se presenta
la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia proferida en sede
de tutela, donde le corresponde al impugnante señalar las falencias,
errores u omisiones en que incurrió el a quo20 que le permitan al ad quem
asumir el estudio de los argumentos expuestos.

16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre
de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01
19
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-
590 de 2005.
20
Así lo ha expresado esta Sección, entre otras, en la providencia del 15 de diciembre de 2015,
con ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 11001-03-15-000-2015-01828-
01, en el cual se efectuaron las siguientes consideraciones: «[…] se debe tener en cuenta que
en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional
inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el
estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos
adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una
providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa
juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una
tercera, e incluso, en una cuarta instancia».

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En este sentido se pronunció la sala en sentencia del 13 de octubre de 2016, en
la que consideró21:

cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, la
parte recurrente no puede limitar su intervención a la simple manifestación
de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por el
contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos de su
impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia
conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que
la misma requiere.

2.5. Caso concreto

La sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto,
pese a que la impugnación se formuló en tiempo, ésta no cuentan con
argumentos que permitan acometer su estudio, como se pasa a explicar.

En el presente asunto, los accionantes no expusieron las razones por las cuales
están en desacuerdo con la decisión del 26 de octubre de 2023, ni mucho
menos exponen por qué el estudio del material probatorio identificado
constitutivo del defecto fáctico incide en la decisión adoptada por el tribunal
demandado, motivo por el cual se torna imposible para esta corporación realizar
algún tipo de análisis de oficio.

Al respecto, resulta del caso precisar que constituye una carga para los
impugnantes exponer los motivos de inconformidad con base en los cuales
controvierten un fallo constitucional, sobre todo cuando se trata de tutelas
ejercidas en contra de providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza,
exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso de la
materia.

Sobre este punto, se debe tener en cuenta que le está vedado al juez
constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales
se estaría realizando un estudio oficioso y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia.

Ello es así, pues, como se indicó en precedencia, si bien la acción de tutela ha
sido concebida como un mecanismo para la protección de los derechos
fundamentales, cuando se trata de desvirtuar una providencia judicial, ha de
tenerse presente que las partes deben argumentar los motivos de su

21
Magistrado Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro. Ver igualmente las sentencias del 9 de
febrero de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2016-02014-01 y del 15 de
noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-01880-01

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inconformidad en contra de esta, pues de otra manera no se atendería al
principio de autonomía judicial.

Por su parte, la autoridad judicial de segunda instancia debe decidir a partir de
los aspectos del fallo de primera que fueron objeto de impugnación, sin
poder analizar, de manera oficiosa, la decisión frente a la cual, en forma
expresa, no le hayan sido advertidos los argumentos de inconformidad.

De esta manera, como los accionantes, en su escrito de impugnación, no
expusieron las razones por las cuales controvertían el fallo de la Sección Cuarta
de esta corporación, particularmente frente a las consideraciones que expuso
en cuanto a que la prueba que se alude desconocida no tiene incidencia en la
decisión del tribunal demandado, resulta claro para la sala que no se acreditó
con la carga argumentativa mínima que le correspondía, y, por tal razón, no es
posible realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como
tampoco de la decisión del a quo que impugnó, como si se tratara de una
revisión automática de todo lo dispuesto en primer grado.

En efecto, en este asunto resulta pertinente recordar que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó lo pretendido por el extremo activo al encontrar que
«resulta[ba] claro que, aunque sí se evidenció una omisión por parte del
Tribunal accionado al no incluir en la valoración probatoria un elemento que
obraba en el expediente, el mismo no tiene trascendencia en la decisión
proferida, razón por la cual el cargo por el defecto fáctico invocado no está
llamado a prosperar».

En este orden ideas, lo procedente en este caso era que la parte que impugnó
controvirtiera esa tesis, alegando por qué el análisis de esa prueba altera la
decisión plasmada en la sentencia de segundo grado, sin embargo, tal
consideración no fue alegada en la alzada lo que implica que esta colegiatura
no podría analizar de oficio lo dispuesto por el a quo con el fin de establecer si
sus consideraciones son «correctas» o no.

Dicha tesis también se encuentra acorde con el criterio de la sala que se refiere
a los límites de la impugnación, en donde esta sección, en múltiples
oportunidades ha considerado que en segunda instancia el juez de tutela solo
debe centrarse en estudiar los cargos advertidos en el escrito de alzada,
excluyendo los que, si bien fueron abordados por el a quo, no fueron objeto de
controversia.

En consecuencia, de aceptarse la tesis de que en tutela contra providencia
judicial solo es necesario advertir que se impugna la decisión, ello atentaría con
el principio de igualdad en todos esos actores que, bajo el criterio de la carga
argumentativa rigurosa en casos de tutela contra providencia judicial, esta
sección delimitó el estudio a lo puntualmente expuesto en la impugnación.

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Demandantes: Luz Adriana Montoya Patiño y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02766-01

En consecuencia, como esta sección no cuenta con los argumentos que
desvirtúen el análisis de la Sección Cuarta de esta corporación, no se podría
realizar una revisión oficiosa de sus fundamentos, porque la tutela es un
mecanismo subsidiario que no puede convertirse «en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales22».

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por
la Sección Cuarta de esta corporación, que negó el mecanismo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salvamento de voto

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Conjuez

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

22
Ver al respecto SU-215 de 2022.

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