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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07266-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07266-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 8 de febrero de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Manuel Jaramillo Camacho y otros. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07266-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

21 de marzo de 2024

Demandantes: Manuel Jaramillo Camacho y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07266-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07266-01
Demandantes: MANUEL JARAMILLO CAMACHO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de carga
argumentativa en la impugnación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 8 de febrero de 2024, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 30 de noviembre de 20231 el señor Manuel Jaramillo Camacho y otros2, por
conducto de apoderada judicial, presentaron solicitud de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia de 8 mayo de 2023 proferida por la
autoridad judicial en mención.

Lo anterior, por cuanto se revocó la providencia de 12 de junio de 2020 dictada
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 002, que denegó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró de oficio la caducidad. Esto,
dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
promovido contra la Nación - Ministerio de Transporte con radicado 13001-23-33-
000-2013-00723-00/01.

1 Escrito radicado por la ventanilla virtual del Consejo de Estado con solicitud 10290.

2
Carlos y Martín Martínez Hidalgo, Felipe Lozano, Emil Pineda, Isabel González Hernández,
Yesit Gómez Figueroa, José Luis y Diana Fierro, Licenya Rojas Mesa, Carmen Bohórquez Coley,
Orfilia Gómez Quintero, Jaime Turizo Díaz, Enrique y Alejandro García Severiche, Santiago
Manuel Rodríguez Aguas, William Rendón Acosta, Edinson Martínez Álvarez, Efrén Arístides
Flores Atencia, Isabel Cristina Escorcia, Antonio Chedraui Rangel, Armando Rivera Manjarrez y
Cristóbal Mendoza Lozano.

1
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Demandantes: Manuel Jaramillo Camacho y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07266-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, los actores solicitaron:

«PRIMERO: Se sirvan tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la justica de mis poderdantes, dejando sin efectos la sentencia de fecha
08 de mayo de 2023, notificada el día 31 de mayo de 2023, proferida por el
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección A.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
tutelados, se ordene al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo
• Sección Tercera - Subsección A, revocar la sentencia de fecha 08 de mayo de
2023, notificada el día 31 de mayo de 2023, y realizar un nuevo pronunciamiento
acerca del recurso de apelación fallado, acorde a las consideraciones que esta
corporación tenga al momento de resolver la presente acción.»3

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La parte actora relató que el 16 de julio de 2011 el Ministerio de Transporte
publicó en su página web las bases de datos de chatarrización de vehículos de
carga de los años 2005 a 2011, en la cual aparecen relacionados los
automotores de su propiedad.

Narró que fue en ese momento cuando conoció que dicha cartera ministerial
expidió varias resoluciones4 entre los años 2005 y 2006, en las que certificaba el
cumplimiento de los requisitos necesarios para el registro inicial de nuevos
carros en reposición de aquellos que eran de su pertenencia y que
presuntamente fueron desintegrados.

Adujo que el 31 de octubre de 2013 presentó el medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación - Ministerio de Transporte
para controvertir la legalidad de las aludidas resoluciones, dado que no le fueron
notificadas y los vehículos aún existen físicamente. Además, solicitó obtener
nuevamente el registro de sus automotores y el pago de los perjuicios
originados.

Indicó que del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 002 que, en providencia de 12 de junio de 2020, denegó las
pretensiones de la demanda tras concluir que el ministerio antes referido no
incurrió en alguna omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

3
Trascripción literal del original con posibles errores.
4
Corresponden a los siguientes actos administrativos: Resolución 3758 de 3 de octubre de 2006;
Resolución 4420 de 30 de octubre de 2006; Resolución 2899 de 10 de julio de 2006; Resolución
4048 dl 6 de septiembre de 2006; Resolución 2996 de 14 de julio de 2006; Resolución 3007 de 17
de julio de 2006; Resolución 1135 de 12 de abril de 2007; Resolución 4201 de 19 de septiembre
de 2006; Resolución 4693 de 17 de octubre de 2006; Resolución 492 de 21 de febrero de 2007;
Resolución 4431 de 30 de octubre de 2006; Resolución 4030 de 30 de octubre de 2006;
Resolución 2934 de 12 de julio de 2006; Resolución 3009 de 17 de julio de 2006; Resolución
2488 de 19 de junio de 2007; Resolución 3248 de 14 de agosto de 2007; Resolución 3758 de 17
de agosto de 2006; Resolución 3027 de 17 de julio de 2006 y Resolución 3368 de 1 de agosto de
2006.

2
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Lo anterior, por cuanto los actos considerados como causantes del daño
invocado solo reflejaban el cumplimiento de un requisito que se requería para
acceder a inscribir por primera vez un vehículo de carga, con respaldo en una
decisión anterior que emitió cada autoridad territorial de tránsito al disponer la
cancelación de las licencias de los carros.

Señaló que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante mediante la sentencia
de 8 mayo de 20235, en la cual revocó el fallo del a quo para, en su lugar,
declarar de oficio la caducidad. Esto, al advertir que la acción de grupo era
improcedente debido a que el resarcimiento de los perjuicios requeridos no se
derivó de una misma causa.

Explicó que dicho razonamiento se justificó en que en el caso en contreto no se
estaba en presencia de un acto administrativo que afectara a 20 o más personas,
tal como lo prevé en el artículo 1456 del CPACA para que proceda dicho
mecanismo, sino de varias resoluciones que, según la demanda, originaron un
menoscabo a cada uno de sus destinatarios.

Mencionó que por tal motivo se adecuó el trámite de la demanda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo una acumulación subjetiva
de pretensiones, a partir de lo cual se advirtió que había operado el fenómeno
jurídico de la caducidad.

La razón de ello obedeció a que los demandantes afirmaron en los alegatos de
conclusión de primera instancia que «tuvieron conocimiento de la “chatarrización”
de sus vehículos, a finales de la anualidad de 2011», lo cual se reiteró en el
recurso de apelación. De modo que, la demanda se presentó de forma
extemporánea (31 de octubre de 2013), pues transcurrió más de los cuatro
meses establecidos para tal fin7.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de los accionantes, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico por cuanto declaró de oficio la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin tener certeza de las fechas exactas para
contabilizar el término.

5
Notificada el 31 de mayo de 2023.
6
«REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO. Cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes
respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre
del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago
de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo
obligatorio.»
7
Cabe aclarar que el caso analizado se abordó con respaldo en el Codigo Contencioso
Administrativo. Norma aplicable para la época en que ocurrieron los hechos objeto de
controversia.

3
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Pusideron de presente que siempre manifestaron que no fueron notificados de
los actos administrativos conforme con las reglas establecidas para tal efecto en
los artículos 44 y subsiguientes del Decreto 1 de 19848, respecto de lo cual el
Ministerio de Transporte no realizó pronunciamiento alguno dentro del proceso.

Consideraron que no podía contabilizarse la caducidad desde el momento en que
los vehículos afectados fueron publicados en la página web de la cartera
ministerial, toda vez que esto sucedió cinco años después de la expedición de los
actos administrativos en cuestión, sin que la información difundida contuviera sus
motivaciones.

Invocaron la violación directa de la Constitución, debido a que se desconoció su
derecho fundamental al debido proceso y se les impidió acceder a la justicia
dentro del plazo oportuno, con ocasión de la falta de notificación de las
resoluciones objeto de debate.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 4 de diciembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Primera admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte
actora y como demandados a los magistrados que integran la Sección Tercera,
Subsección A de esta Corporación.

Además, vinculó al señor Carlos Caéz Correa9, al Ministerio de Transporte y al
municipio de Magangué - Fondo de Tránsito y Transporte10, así como al Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 002, en atención al interés que les
asiste en las resultas de este proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones11, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

El magistrado ponente de la providencia objeto discusión rindió informe en el cual
se opuso al amparo deprecado por la parte actora y argumentó que la acción de
tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que lo decidido tuvo
fundamento en las normas aplicables al caso, sin que se advierta una anomalía
que exija la intervención del juez constitucional.

Explicó que, si bien no existió prueba de la fecha en que los actos administrativos
fueron notificados, los demandantes afirmaron que los conocieron finalizando el
año 2011, por lo que el término de la caducidad se calculó a partir del 31 de
diciembre de esa anualidad.

Destacó que, pese a que los actores reprochan que se tuvo como fecha de
notificación de las resoluciones el 16 de junio de 2011 –cuando fue publicada la
información sobre los vehículos afectados–, lo cierto es que ese día no fue tenido
8
Codigo Contencioso Administrativo.
9
En calidad de tercero con interés por integrar la parte demandante.
10
Entidades que fueron vinculadas al proceso objeto de la tutela.
11
Mediante oficios enviados el 6 de diciembre de 2023.

4
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en cuenta para tal efecto, sino aquel en que los demandantes aludieron que
conocieron las decisiones administrativas cuestionadas en relación con la
chatarrización de los vehículos de su propiedad.

1.5.2. Ministerio de Transporte

Se pronunció por intermedio de la coordinadora del Grupo de Atención Técnica
en Transporte y Tránsito, quien señaló que las pretensiones de la tutela están
dirigidas contra una autoridad judicial y la parte accionante no le atribuyó la
presunta vulneración de sus derechos a ese ente ministerial, por lo que solicitó
que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar remitió el expediente digital del
proceso controvertido y, los demás vinculados, pese a que fueron debidamente
notificados12, guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia de 8 de febrero de
202413, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, al advertir que la controversia que los actores
proponen, además de implicar la reapertura de un litigio que ya fue resuelto por la
autoridad judicial accionada, recae sobre un asunto de carácter meramente legal.

Además, resaltó que los accionantes aunque invocaron un defecto fáctico, en el
escrito de tutela nada dijeron respecto a las consideraciones señaladas en la
providencia cuestionada en torno al momento en que se enteraron de los actos
administrativos enjuiciados, sino que hicieron referencia a aspectos que no
sustentaron la decisión proferida.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 19 de febrero del año en
curso, la apoderada judicial de los tutelantes impugnó el fallo del a quo, en los
siguientes términos:

«SANDY BANDA NIETO... obrando como apoderada de la parte tutelante, llego
hasta su despacho con el objeto de interponer RECURSO DE IMPUGNACION, en
contra de la decisión de fecha 08 de febrero de 2024, notificada el pasado 14 de
febrero de 2024, por medio de la cual se resolvió de fondo la tutela de la
referencia.»

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera,

12
Según la información visible en los índices 8 y 15 de SAMAI.
13
Notificada el 14 de febrero de 2024.

5
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el 8 de febrero de 2024, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 201514, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si los
argumentos expuestos en la impugnación cumplen con la carga argumentativa
razonable, la cual permita realizar un pronunciamiento en esta instancia y, de
superarse lo anterior, se analizará si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, en particular, el de la relevancia
constitucional.

2.3. Carga argumentativa en sede de tutela

Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación sostuvo que la persona
que ejerce la acción de tutela tiene la obligación de «identificar, de manera
razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos
fundamentales presuntamente afectados por la providencia»15, y que para tal
efecto, se requiere de una carga argumentativa mínima que le permita al juez
constitucional abordar el análisis de fondo de la providencia objeto de debate.

Bajo esa misma línea jurisprudencial, esta Sección16 estableció que en los
eventos en que se pretende cuestionar una decisión adoptada en una
providencia judicial mediante este mecanismo de protección «la parte actora tiene
el deber de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y
precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción», exigencia
que no solo se debe ostentar cuando se presenta la solicitud de amparo sino
también cuando se impugna un fallo de tutela, lo que se ha expresado en los
siguientes términos:

«…en relación con la cual corresponde al impugnante señalarlas falencias,
errores u omisiones en que incurrió el juez de primera instancia, que le
permitan al ad quem asumir el estudio de los argumentos
expuestos.»17Negrilla del texto original

De esta forma, la Sala precisó que la impugnación requiere una carga
argumentativa razonable que sustente las razones de inconformidad, sin que tal
observancia sea tan solo exigida al momento en que se inicia el trámite de la
tutela, sino que cobra mayor importancia cuando se emplea este recurso judicial,
en los siguientes términos:

«Cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, la parte
recurrente no puede limitar su intervención a la simple manifestación de no estar

14
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, actor: Alpina Productos Alimenticios, M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Ver entre otras, sentencias de 23 de septiembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 15001-23-33-000-2021-00575-01 y 2 de octubre de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-01633-01.
17
Sentencia de 15 de diciembre de 2015, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2015-01828-01.

6
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de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por el contrario, debe
observar una carga mínima que soporte los motivos de su impugnación,
indispensable para (sic) el juez de tutela de segunda instancia conozca las
razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere.
Lo anterior se debe a que la acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural…».18

2.4. Caso concreto

En el asunto en estudio, la parte actora considera que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
de 8 mayo de 2023, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, declaró de oficio la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En primera instancia se declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo pretendido por los actores es
reabrir el debate zanjado por el juez natural. Aunado a que el defecto fáctico
invocado se planteó a partir de aspectos diferentes a los que sustentaron la
sentencia en cuestión.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de los demandantes
presentó memorial en el cual se limitó a afirmar que «...llego hasta su despacho
con el objeto de interponer RECURSO DE IMPUGNACION, en contra de la
decisión de fecha 08 de febrero de 2024, notificada el pasado 14 de febrero de
2024, por medio de la cual se resolvió de fondo la tutela de la referencia.»

De la revisión del expediente de la solicitud de tutela de la referencia en el
aplicativo SAMAI se verificó que la parte actora no aportó algún escrito adicional
por medio del cual expusiera los argumentos por los cuales está en desacuerdo
con el fallo proferido por el a quo, situación que torna imposible para esta Sala
realizar algún tipo de análisis.

Lo anterior, debido al carácter excepcional que tiene esta acción en razón del
cual el juez constitucional no está legitimado para estudiar de oficio todas las
etapas y cualquiera de los componentes de la litis, pues ello implicaría transgredir
principios como el de la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

De modo que resulta ineludible que el ciudadano que acuda a esta sede judicial
cumpla con la carga argumentativa mínima exigida, tanto al momento de
presentar la tutela como en el evento de impugnar la sentencia proferida en
primera instancia, según lo expuesto en el acápite anterior.

En otras palabras, resultaba necesario que en la impugnación se precisaran los
motivos por los que, en su sentir de los actores, el fallo proferido por el a quo
debía ser revocado y que pusieran en tela de juicio la conclusión a la que se
arribó en torno al cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, toda
18
Postura reiterada en la providencia de 6 de octubre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad.
11001-03-15-000-2016-01717-01.

7
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vez que la tutela se ejerció contra una providencia judicial, lo que exige por parte
de los jueces constitucionales un estudio más riguroso de la discusión sometida a
su consideración.

Esto es así, por cuanto si se aceptara la tesis de que solo es necesario afirmar
que se impugna la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera se
atentaría contra el principio de igualdad de los demás cuidadanos que acudieron
a esta instancia constitucional y el análisis realizado en segunda instancia se
limitó a los reparos que propusieron en la impugnación.19

En consecuencia, se confirmará la providencia de primera instancia dado que en
el caso que nos ocupa no bastaba con la simple intención de la parte accionante
de impugnarla, pues se insiste en que era necesario que se presentara alguna
inconformidad que esté relacionada con los argumentos del escrito de tutela y la
decisión proferida por el a quo, que permitiera a este juez de tutela tener los
elementos necesarios para revisar el problema jurídico sugerido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 8 de febrero de 2024, por medio de la
cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de
tutela presentada por el señor Manuel Jaramillo Camacho y otros.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

19
En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 18 de enero de 2024, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-02766-01.

8
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