Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00161-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00161-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00161-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00161-00
Actor: ELKIN OSWALDO PALACIOS BARRETO Y OTRA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C, nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00161-00
Demandantes: ELKIN OSWALDO PALACIOS BARRETO Y KATHERIN
JOHANNA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, QUIENES A SU VEZ
ACTÚAN EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA KARIM
DANNAE PALACIOS RODRÍGUEZ, ONOFRE PALACIOS
GACHANCIPÁ, ANA JUDITH BARRETO LÓPEZ, RUBÉN
DARÍO PALACIOS BARRETO, HENRY ALIRIO BARRETO Y
KEVIN EDUARDO PALACIOS BARRETO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO
TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa con el fin de que se declare una falla en el
servicio por accidente de tránsito provocado por el mal estado
de la vía. Decreto Legislativo 564 de 2020. Suspensión de los
términos de caducidad y prescripción. Defecto sustantivo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Elkin Oswaldo Palacios Barreto y Katherin Johanna
Rodríguez Rodríguez, quienes a su vez actúan en representación de su hija Karim
Dannae Palacios Rodríguez, Onofre Palacios Gachancipá, Ana Judith Barreto
López, Rubén Darío Palacios Barreto, Henry Alirio Barreto y Kevin Eduardo
Palacios Barreto, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, en la que piden el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso y a la igualdad, supuestamente vulnerados con los
autos de 17 de noviembre y 8 de junio de 2022, en su orden, mediante los cuales
se declaró la caducidad del medio de control y rechazó de plano la demanda de
reparación directa que presentaron contra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y
SBS Seguros Colombia S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los accionantes relataron que el 15 de julio de 2019, el señor Elkin Oswaldo
Palacios Barreto transitaba en su motocicleta por la autopista norte con calle 144
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de Bogotá y que como consecuencia de un hueco que había en la vía sufrió un
accidente, lo que le produjo una fractura diafisiaria de tibia y peroné izquierdo.
Señalaron que el 19 de noviembre de 2021, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca le determinó una pérdida de la capacidad
laboral de 12,92%.
Indicaron que el 30 de septiembre de 2021 se radicó solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación y que el 15 de diciembre del
mismo año se expidió constancia en la que consta que no hubo acuerdo.
Afirmaron que el mismo 15 de diciembre de 2021, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, presentaron demanda contra el Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- y SBS Seguros Colombia S.A., con el fin de que se
resarcieran los perjuicios causados por la falla en el servicio del IDU en el cuidado
de las vías del distrito capital de Bogotá.
Sostuvieron que el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá
por auto de 8 de junio de 20221, rechazó la demanda por configurarse la
caducidad del medio de control de reparación directa.
Finalmente, manifestaron que contra la anterior providencia interpusieron recurso
de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, en proveído de 17 de noviembre de 2022, en el
que confirmó la decisión, bajo el argumento de que el hecho dañoso se conoció el
15 de julio de 2019, por lo que la demanda se debió radicar el 16 de julio de 2021.
Agregó que fue solo hasta el 30 de septiembre de 2021, que se radicó la solicitud
de conciliación, es decir, cuando ya se había configurado la caducidad. Además,
consideró que el Decreto Legislativo 564 de 2020 “no dispuso una ampliación del
término de caducidad, a causa de la suspensión de los términos judiciales desde
el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Por el contrario, estableció la
excepción de extender este término por un mes y únicamente cuando el plazo
para la configuración de la caducidad fuera inferior a 30 días para el momento en
que empezó a regir esa disposición”.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá, con los autos de 17 de noviembre y 8 de
junio de 2022, respectivamente, por medio de los cuales se declaró la caducidad
del medio de control y rechazó de plano la demanda de reparación directa que
presentaron contra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y SBS Seguros
Colombia S.A.
En primer lugar, se refirieron al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la solicitud, razón por la cual el juez de tutela debía resolver sobre
los requisitos especiales de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Luego afirmaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, por la interpretación abiertamente equivocada del Decreto Legislativo
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Aunque la parte demandante no lo mencionó en el escrito de tutela, este despacho judicial por auto de 10 de
marzo de 2022 inadmitió la demanda, con el fin de que indicara con claridad la fecha en la que el demandante
conoció el daño alegado.
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564 de 2020, en relación con la suspensión de los términos judiciales, el cual “no
dice que durante este periodo se apliquen los efectos de la vacancia judicial ni que
aplique solamente a los casos cuya caducidad opere durante el periodo de
suspensión, sino que es claro al establecer que los términos quedan suspendidos,
en general”.
Señalaron que en virtud del mencionado decreto el conteo de los términos se
detuvo desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio de 2020, pues para el 2 de julio de
2020 se reanudaron los términos.
Resaltaron que el tribunal accionado confunde la suspensión con ampliación de
términos, así como confundió suspensión con interrupción, figuras que
procesalmente tienen unos efectos diferentes.
Agregaron que el tribunal accionado desconoció los efectos de la suspensión de
los términos del Decreto Legislativo 564 de 2020, el cual “consiste en detener el
cómputo del plazo de caducidad, que continuará corriendo una vez cese la causa
legal que originó la suspensión. Por lo tanto, si es que con anterioridad a que se
configurase la causal de suspensión, el término de caducidad ya hubiese
alcanzado a correr algún tiempo, éste no se pierde, sino que, al contrario, se
agrega al plazo que continuará corriendo una vez que cese la causal de
suspensión”.
Sostuvieron que “el Decreto Legislativo 564 de 2020 no tuvo vigencia extendida
más allá de los estados de excepción. Esto es cierto, pero, justamente, la
suspensión general de términos operó durante el periodo en que aplicaron los
estados de excepción. No se solicita aplicación del decreto por fuera de su
vigencia, sino que se reconozcan los efectos del decreto desde el 16 de marzo de
2020 hasta el 1 de julio de 2020”.
Mencionaron que las autoridades judiciales accionadas no pueden asimilar los
efectos de una suspensión de los términos con los efectos de la vacancia judicial,
toda vez que el Decreto Legislativo 564 de 2020 suspendió los términos durante
un lapso determinado, mientras que la vacancia judicial no lo hace.
Así mismo, afirmaron que el tribunal accionado desconoció el artículo 11 del
Código General del Proceso que establece la forma en que se debe interpretar las
normas procesales.
Por último, sostuvieron que “el Tribunal inaplica los siguientes principios
constitucionales que siempre deben regir la aplicación de las normas procesales o
adjetivas: El principio pro-actione: Bajo tal precepto, se ha entendido que el
sentido de interpretación del juez en todas sus actuaciones debe permitir el
acceso a la administración de justicia, interpretando las normas procesales de la
manera más favorable para la efectividad de los derechos. El principio del efecto
útil: Según el referido principio, cuando de dos sentidos jurídicos que se le otorga
a una norma, uno produce consecuencias jurídicas y el segundo no, debe
preferirse aquel que conduzca a que se den las consecuencias jurídicas. Principio
de interpretación conforme: La H. Corte Constitucional ha manifestado en relación
con este principio que las normas jurídicas, deben ser interpretadas en un sentido
bajo el cual se deje entrever la norma constitucional. Así las cosas, cuando existan
disposiciones ambiguas, primara la interpretación según la cual se adecue la
norma de la mejor manera a los preceptos constitucionales. Principio de
interpretación razonable: Este principio se deriva del artículo 228 de nuestra Carta
Magna que establece la primacía del derecho sustancial, a su vez, el artículo 5 de
la Constitución, determina la prevalencia de los derechos fundamentales de la
persona”.
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3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“Solicito al Honorable Juez de tutela que, en defensa del Estado de Derecho, de la
función judicial, de la recta administración de justicia y de los derechos fundamentales
de los accionantes y en contra de la grave arbitrariedad que se cometió, disponga:
1. Que se DECLARE que el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca han vulnerado los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de Elkin
Oswaldo Palacios Barreto y su familia.
2. Que se TUTELEN los derechos fundamentales de Elkin Oswaldo Palacios Barreto y
su familia al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la justicia.
3. Que, en consecuencia, se DEJEN SIN EFECTOS los autos del 9 de junio de 2022
proferido por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y del 17 de
noviembre de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
los que se declaró la caducidad de la acción en el proceso con radicación 110013336-
031-2021-00335-00 y se ordene que se dicte una nueva decisión fundamentada en una
adecuada aplicación del Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020 que llevará a la
inexorable admisión de la demanda, por haber sido presentada oportunamente”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 24 de enero de 2023, el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá remitió copia digital del medio de control de
reparación directa que promovió el señor Elkin Oswaldo Palacios Barreto contra el
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y SBS Seguros Colombia S.A. (radicado No.
11001-33-36-031-2021-00335-01).
5. Trámite procesal
Por auto de 20 de enero de 2023, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales
demandadas, así como al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, a SBS Seguros
Colombia S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 4644 a 4649 de 24 de
enero de 20232, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”
En escrito de 25 de enero de 2023, la magistrada en encargo pidió que se negaran
las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la providencia objetada
se ajustó al orden legal y contiene una interpretación razonada de las normas
procesales.
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La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a
las siguientes direcciones de correo electrónico: josedavid_245@hotmail.com,
jadmin31bt@notificcionesrj.gov.co; admin31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co,
scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, atnciudadano@idu.gov.co; notificacionesjudiciales@idu.gov.co y
notificaciones.sbseguros@sbseguros.co.
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Relató que el 22 de noviembre de 2022, el magistrado titular y que fue ponente en
la decisión objetada, fue desvinculado por cumplimiento de la edad de retiro
forzoso.
Afirmó que la acción de tutela presentada por los demandantes no cumple los
criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional para su procedencia, por
cuanto no se materializan los requisitos generales y específicos de procedencia
contra providencias judiciales, pues no advirtió ningún defecto en la providencia de
17 de noviembre de 2022.
Señaló que la decisión cuestionada no incurrió en defecto sustantivo, porque en
esta se efectuó un análisis detallado sobre la aplicación de los tiempos de
suspensión dispuestos en el Decreto Legislativo 564 de 2020, con sustento en lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-213 de 2020.
Agregó que el tribunal accionado no desconoció la suspensión de los términos
dispuesta en el Decreto Legislativo 564 de 2020, en tanto el daño por el que se
demandó devino de las lesiones padecidas por el señor Elkin Oswaldo Palacios
Barreto en el accidente de tránsito del 15 de julio de 2019, de modo que la parte
activa tendría hasta el 16 de julio de 2021 para demandar. Por consiguiente, este
supuesto no se encaja en las situaciones contempladas en la norma para la
adición de un mes a la oportunidad para presentar la demanda, contados a partir
del levantamiento de la suspensión de los términos judiciales, pues el mencionado
decreto solo aplica para asuntos en los que al inicio de la suspensión de términos
judiciales, es decir, 16 de marzo de 2020, faltaran menos de 30 días para que
operara la caducidad.
Señaló que la suspensión de términos judiciales durante el periodo definido en el
Decreto Legislativo 564 de 2020, esto es, desde el 16 de marzo hasta el 30 de
junio de 2020, obedeció a que los despachos judiciales se encontraban cerrados
al público y aún regía el aislamiento preventivo obligatorio en el país. Además, la
Rama Judicial no había implementado las herramientas tecnológicas para
garantizar el acceso a la administración de justicia, lo que impedía que el usuario
presentara las demandas judiciales, hecho que se superó con las medidas
tecnológicas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Resaltó que la interrupción y la suspensión de los términos se relacionan de
manera directa con los eventos previstos por el legislador en los incisos 4º y 5º del
artículo 118 del Código General del Proceso.
Sostuvo que la decisión de 17 de noviembre de 2022 no incurrió en defecto
material o sustancial, porque lo resuelto se fundó en las circunstancias particulares
del caso, teniendo en cuenta las garantías constitucionales de los demandantes y
atendiendo al material probatorio que obraba en el expediente.
Por último, manifestó que en el presente asunto operó el fenómeno de la
caducidad respecto de las pretensiones derivadas de las lesiones padecidas por el
demandante como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 15 de julio
de 2019, en atención a que la parte demandante tenía hasta el 16 de julio de 2021
para accionar y la demanda fue radicada el 16 de diciembre de 2021, es decir,
cuando se había configurado el fenómeno de la caducidad.
6.2. Respuesta del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
En escrito de 26 de enero de 2023, el director técnico de gestión judicial de la
entidad pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, toda vez
que no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
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Señaló que en el presente asunto se evidencia una ausencia de competencia
frente a las inconformidades de los demandantes, en razón a que al IDU no se le
notificó de las decisiones objetadas por los demandantes.
6.3. El Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y SBS
Seguros Colombia S.A., guardaron silencio, aun cuando se les notificó en debida
forma el auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. Los accionantes en el escrito de tutela reprochan las decisiones de 17 de
noviembre y de 8 de junio de 2022, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá. Sin embargo, el estudio se delimitará a la
providencia que se dictó en segunda instancia y que puso fin al trámite judicial de
reparación directa con la declaratoria de caducidad del medio de control, es decir,
el auto de 17 de noviembre de 2022.
2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, con el auto de
17 de noviembre de 2022, por medio del cual confirmó la decisión del a quo que
rechazó la demanda de reparación directa que promovieron contra el Instituto de
Desarrollo Urbano y SBS Seguros Colombia S.A., por configurarse la caducidad
del término para interponer la acción, vulneró los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, y si incurrió en
el defecto sustantivo, por la interpretación abiertamente equivocada del Decreto
Legislativo 564 de 2020, en relación con la suspensión de los términos judiciales.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, pues si
bien se advierte que en ambas instancias del trámite judicial de reparación directa
se declaró la caducidad del medio de control, lo que, en principio, podría llevar a
concluir que se trata de una reiteración de los argumentos y que, por tanto, la
acción de tutela fue utilizada como una instancia adicional, lo cierto es que a juicio
de la Sala se supera el requisito en mención, pues el debate gravita en una
supuesta interpretación equivocada del artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de
2020, “por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los
usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica” y, además, se puede sacrificar en exceso a los
accionantes la posibilidad de acceder a la administración de justicia.
El artículo 229 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental y
principio constitucional de acceso a la administración de justicia, el cual debe ser
garantizado a todas las personas, de conformidad con lo establecido en el artículo
2 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Igualmente, la Corte Constitucional de manera reiterada ha manifestado que el
derecho de acceso a la administración de justicia está orientado “a garantizar: (i) el
acceso a un juez o tribunal imparcial, como materialización del acceso a la justicia,
(ii) a obtener la sentencia que resuelva las pretensiones planteadas de
conformidad con las normas vigentes, y (iii) a que el fallo adoptado se cumpla
efectivamente; siendo estos dos últimos elementos los que permiten la
materialización de la tutela judicial efectiva”17.
Por consiguiente, la solicitud cumple con la carga argumentativa mínima y no
pretende revivir la discusión litigiosa que ya fue resuelta, sino que los accionantes
tienen como propósito que se le garanticen el acceso a la administración de
justicia que consideraron vulnerado con la decisión de rechazo de la demanda de
reparación directa.
Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que los demandantes no cuentan con otro mecanismo de
defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17
Sentencias C-037 de 1996 y T-608 de 2019.
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18
meses establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional19; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al
rechazar la demanda por caducidad20
4.2.1. Los accionantes manifiestan que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, con el auto de 17 de noviembre
de 2022, por medio del cual confirmó la decisión del a quo que rechazó la
demanda de reparación directa que promovieron contra el Instituto de Desarrollo
Urbano y SBS Seguros Colombia S.A., por configurarse la caducidad del término
para interponer la acción, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, e incurrió en defecto
sustantivo, por la interpretación abiertamente equivocada del Decreto Legislativo
564 de 2020.
4.2.2. El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser
pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio
decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La
disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la
Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en
la disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del
derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor
judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta
derechos fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución,
o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia
entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 21.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido
18
La providencia atacada se profirió el 17 de noviembre de 2022, se notificó el 5 de diciembre de 2022 y la
acción de tutela se instauró el 16 de enero de 2023, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6)
meses.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
20
Se reitera la postura desarrollada en sentencias de 10 de febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-
2021-05281-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto; de 9 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-
2022-00923-01 M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, de 3 de noviembre de 2022, radicado No. 11001-03-15-
000-2022-04687-00, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, de 29 de enero de 2023, expediente 11001-03-15-
000-2022-04737-01, C.P. Milton Chaves García y 16 de febrero de 2023, radicado No.: 11001-03-15-000-202-
06616-00, C.P.: Wilson Ramos Girón.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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y alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o
de manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes;
y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que
en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de
la hermenéutica jurídica aceptable”22 (Negrillas y subrayas de la Sala).
4.2.3. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, por auto de
17 de noviembre de 2022 confirmó la decisión que rechazó la demanda de
reparación directa por configurarse la caducidad del término para interponerla,
con sustento en que la oportunidad para ejercer el medio de control inició el 15 de
julio de 2019 y culminaba el 16 de julio de 2021, y que si bien se radicó la solicitud
de conciliación prejudicial el 30 de septiembre de 2021, lo cierto es que para esta
fecha ya había operado la caducidad porque para el momento en que se radicó la
demanda ya esta se encontraba por fuera del término oportuno de los dos años.
Adicionalmente, advirtió que “el Decreto Legislativo 564 de 2020 no dispuso una
ampliación del término de caducidad, a causa de la suspensión de los términos
judiciales desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Por el contrario,
estableció la excepción de extender este término por un mes y únicamente
cuando el plazo para la configuración de la caducidad fuera inferior a 30 días para
el momento en que empezó a regir esa disposición (16 de marzo de 2020).”.
Luego precisó que “el propósito del decreto legislativo 564 de 2020 se
fundamentó en impedir la extensión de los efectos negativos generados por las
circunstancias que motivaron la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica. De esta manera, el Decreto Legislativo 564 de
2020 cumple la finalidad descrita en el Decreto 417 de 2020, que consiste en
garantizar el derecho de los usuarios a que se les preste el servicio de
administración de justicia, sin interrupción alguna, como lo acogió y expresó en la
revisión de constitucionalidad realizada al decreto en mención por la Corte
Constitucionalidad en sentencia C-213 de 2020”.
En ese mismo sentido, el tribunal accionado se refirió a los efectos del Decreto
Legislativo 564 de 2020, frente al término de caducidad y prescripción, así:
“40. En ese orden de ideas, desde una visión expresa de las disposiciones contenidas en
el Decreto 564 de 2020, se ha concluido por la Sala que, el fin de suspender los términos
judiciales durante ese periodo, obedeció a que los despachos judiciales se encontraban
cerrados al público y aún regía el aislamiento preventivo obligatorio en el país. Además,
la Rama Judicial no había implementado las herramientas tecnológicas para garantizar el
acceso a la administración de justicia, lo que impedía que el usuario presentara las
demandas judiciales, hecho que se superó con las medidas tecnológicas puestas a
disposición por el Consejo Superior de la Judicatura en respuesta a un óptimo acceso a
la administración de justicia.
41. Aunado a lo anterior, la Sala considera que esta suspensión de términos judiciales no
se estableció como causal de interrupción de la caducidad. Para lo cual es pertinente
recordar que la interrupción, como la suspensión de términos, se relacionan de manera
directa con los eventos expuestos por el legislador en los incisos 4º y 5º del artículo 118
del C.G.P. En efecto, el inciso 4º relaciona de manera específica la interrupción de los
términos, hipótesis en la cual el plazo corrido deja de contarse, para volver a correr
íntegramente. Caso contrario sucede con la suspensión, evento en el cual el término que
ha corrido mantiene sus efectos, pero se suspende su cómputo para reanudarse en lo
que faltó.
22
Ibíd.
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42. Es decir, aun cuando la oportunidad para presentar la demanda venciera durante el
periodo de suspensión, el actor debía presentar la demanda al siguiente día hábil en el
que se reanudaron los términos judiciales, como acontece cuando se presenta la
suspensión del término por cese de actividades.
43. Así las cosas, para el caso particular que nos ocupa en esta providencia, no resulta
viable determinar que al término de caducidad que se inició desde el 1° de junio de 2019
al 1° de junio de 2021, deben adicionarse el tiempo de suspensión de términos judiciales
ocurrido entre el 16 de marzo y 30 de junio de 2020, porque se reitera: i) al momento de
iniciar la suspensión de términos judiciales faltaban más de 30 días para que operara la
caducidad del medio de control de controversias contractuales impetrado por la
Universidad Nacional (sic), luego no encaja en la excepción expuesta en el Decreto 564
de 2020; ii) la suspensión de términos no fue instituida como causal de interrupción de la
caducidad y iii) los efectos inmediatos que buscaban garantizar la finalidad del Decreto
564 de 2020, se superaron con la implementación de nuevas tecnologías que
aseguraban el acceso efectivo a la administración de justicia, cumpliendo a cabalidad
con el principio de temporalidad”.
4.2.4. La Sala considera necesario precisar que la caducidad opera ipso iure o de
pleno derecho, esto es, que no admite renuncia y el juez debe declararla de oficio
cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer
determinada acción o medio de control ante la jurisdicción, es decir, que es una
figura que se analiza frente a la oportunidad que se tiene para radicar las
demandas ante los jueces. La caducidad ha sido entendida como la extinción de
la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente
fijado por la ley en forma objetiva.
Pese a lo anterior, en el ordenamiento jurídico existe un evento establecido por el
legislador en el que se permite la suspensión del término de caducidad, cuando
se presenta la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 200123, lo que se
replica en el artículo 3 del Decreto 1716 de 200924. Sin embargo, el Presidente de
la República mediante Decreto 417 de 2020 declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el termino de
treinta (30) días calendario con el objeto de prevenir y controlar la propagación del
COVID-19 y mitigar sus efectos, declaratoria que tuvo lugar por segunda ocasión
con el Decreto 637 de 2020.
En desarrollo de esa facultad temporal y excepcional, el Gobierno Nacional
expidió, entre otros, el Decreto Legislativo 564 de 2020, mediante el cual en su
artículo 1 incorporó reglas legislativas de excepción respecto de la suspensión de
los términos de caducidad y prescripción para fines judiciales. Adicionalmente,
estableció que en aquellos casos en los que la persona interesada en acceder a
la administración de justicia contara con menos de 30 días para que le caducara
el medio de control o la acción o le prescribiera el derecho, contaría con un mes
23
ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se
haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias
a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será
improrrogable.
24
ARTÍCULO 3°. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan
las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3)
meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. En caso de que el acuerdo
conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación
de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia
correspondiente. La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada. Parágrafo único.
Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite
conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o
prescripción.
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contado a partir del día siguiente del momento en que se levante la mencionada
suspensión para acceder a la administración de justicia. En otros términos, el
artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 incorporó dos supuestos
transitorios respecto de la suspensión de los términos de caducidad y
prescripción. Esa disposición expresamente señala:
“Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama
Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de
la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día
hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada
por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la
suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir
la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el
interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en
materia penal”.
La Corte Constitucional por medio de la sentencia C-213 de 202025, declaró en
términos generales la exequibilidad del artículo 1 del Decreto Legislativo 26 y,
puntualmente, respecto del inciso segundo de esa disposición sostuvo:
“Respecto a la ampliación del término para interrumpir la prescripción o hacer
inoperante la caducidad, una vez se levante la suspensión de términos judiciales, esta
Sala considera que se trata de una medida anticipativa que responde a la necesidad de
evitar la afluencia masiva de los usuarios en las sedes judiciales, una vez se levante la
suspensión de términos, pues de acuerdo con la experiencia generada en otras
oportunidades de suspensión de términos, por ejemplo en épocas de paro judicial,
cuando se han cerrado los despachos judiciales, una vez fueron restablecidos los
servicios, acudió a las sedes judiciales un gran número de personas que durante el
cierre, no pudieron realizar actuaciones ante dichos despachos. Ahora bien, en caso de
no adoptar medidas que prevengan tal situación, la afluencia masiva aumentaría el
riesgo de contagio con el virus en cuestión, considerando que el mismo se encuentra
aún en circulación en el territorio nacional y no existe, por el momento, una vacuna que
lo prevenga. Por consiguiente, responde al criterio de necesidad fáctica la medida
según la cual, cuando el plazo restante para interrumpir la prescripción o para hacer
inoperante la caducidad, al momento de decretarse la suspensión de términos
judiciales por parte del CSJ, sea inferior a 30 días, los usuarios no tendrán que
concurrir precipitadamente en una única fecha, sino que podrán hacerlo en cualquier
día del mes subsiguiente al levantamiento de términos judiciales, lo que favorece el
distanciamiento social, que deberá practicarse para evitar el contagio del virus.
(…)
Frente al juicio de necesidad, la Corte encontró que el Presidente no incurrió en un
error manifiesto de apreciación de los hechos ni de los instrumentos jurídicos a su
disposición, toda vez que las medidas del decreto son necesarias para evitar que los
efectos negativos de la pandemia se extiendan al servicio judicial y al arbitraje y para
evitar que la situación de emergencia conduzca a la negación del derecho al acceso a
la administración de justicia de quienes, por razones de confinamiento, no pueden
acudir a una sede judicial o a solicitar la convocatoria de un tribunal arbitral. En este
orden de ideas, concluyó que la previsión relativa a los términos inferiores a 30 días y
que permite el conteo del término de un mes posterior al levantamiento de la
suspensión de términos, obedece a la necesidad de evitar las afluencias masivas de
los usuarios a las sedes judiciales, una vez se levante la suspensión de términos.
Encontró la Corte que en el ordenamiento jurídico no existe un instrumento legal que,
25
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26
Salvo la expresión “y caducidad”, prevista en el parágrafo de su artículo 1º, que se declaró inexequible.
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en consideración a circunstancias de salud pública y su evolución, permita la
suspensión de los términos procesales y que lo relativo a dichos términos tiene reserva
legal. Finalmente, se concluyó que aunque el Decreto Legislativo 491 de 2020 ya
preveía normas relativas a la suspensión de términos de prescripción y caducidad, el
Decreto Legislativo 564 de 2020 adopta medidas de alcance diferente y que aclaran
inquietudes jurídicas, que responden al requisito de necesidad jurídica”.
Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura mediante los Acuerdos PCSJA-
11517, PCSJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA-11521, PCSJA20-11526,
PCSJA-11527, PCSJA-11528, PCSJA-11529, PCSJA-11532, PCSJA-11546,
PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567, suspendió́ los términos judiciales
a partir del 16 de marzo de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza
mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19 y, posteriormente, la referida
Corporación en Acuerdo PCSJA-11581 de 27 de mayo de 2020 dispuso el
levantamiento de los términos judiciales a partir del 1° de julio de ese mismo año.
Es decir, que respecto de la caducidad y la prescripción los términos para su
cómputo estuvieron suspendidos por 3 meses y 14 días.
4.2.5. Precisado lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que interpretó
de manera equivocada el contenido y alcance del artículo 1 del Decreto
Legislativo 564 de 2020 y los Acuerdos PCSJA20-11517 de 2020 y PCSJA20-
11567 de 2020, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, cuya
aplicación a la luz del derecho fundamental de acceso efectivo a la administración
de justicia, permite concluir que del 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 los
términos relacionados con la caducidad y la prescripción estuvieron suspendidos
por motivo de salud pública con ocasión de la pandemia por el COVID-19, con el
fin de garantizar a las personas el acceso a la administración de justicia.
Al respecto, el argumento expuesto por la Subsección “A” de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consistió en que el Decreto
Legislativo 564 de 2020, no dispuso la ampliación del término de caducidad y que
el propósito de dicho decreto era impedir los efectos negativos generados por la
declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica.
Adicionalmente, consideró que las medidas implementadas por este decreto
fueron temporales mientras se garantizaba el acceso a la administración de
justicia mas no se pueden convertir en una regla general.
Dicho en otros términos: el alcance que le fijó la autoridad judicial demandada es
contrario a la garantía del acceso efectivo a la administración de justicia, en tanto
tiene como punto de partida una aplicación restrictiva del artículo 1 de esa
legislación de excepción, la cual tuvo como propósito justamente suspender los
términos judiciales por el lapso que determinara el Consejo Superior de la
Judicatura. Es decir, no se puede entender que el término de caducidad se puede
contar como si estuviera en condiciones de normalidad, porque justamente la
expedición de esas reglas legislativas transitorias lo que buscaban era no generar
barreras en el acceso a la justicia. Adicionalmente, incorporó una regla adicional
para aquellos casos en los que el término de caducidad para el momento de la
suspensión fuera inferior a 30 días.
En efecto, esta Sala de manera reiterada ha manifestado que en virtud del artículo
1 del Decreto Legislativo 564 de 202027, “operó la suspensión de términos de
caducidad entre el 16 de marzo y 30 de junio de 2022. Además, por excepción,
cuando al decretarse la suspensión de términos, el plazo de caducidad que fuese
27 La Sala reitera la interpretación adoptada en sentencias de tutela de 10 de febrero de 2022, expediente
11001-03-15-000-2021-05281-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, de 29 de enero de 2023, expediente
11001-03-15-000-2022-04737-01, C.P. Milton Chaves García y de 16 de febrero de 2023, expediente 11001-
03-15-000-2022-06616-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
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inferior a 30 días, el interesado tendrá 1 mes, contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión”.
La Sala evidencia que el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 incorpora
al ordenamiento jurídico, como legislación de excepción, una regla normativa
referente a la suspensión del término de caducidad, en este caso aplicable al
medio de control de reparación directa, la cual se concreta en la suspensión de
los términos judiciales del 16 de marzo al 30 de junio de 2020. Esa suspensión, si
bien se mencionó por la autoridad judicial accionada, no fue aplicada al momento
de hacer el conteo del término de caducidad, lo que resultaba indispensable para
poder concluir que la demanda fue presentada dentro de la oportunidad legal.
Más aún, en la providencia objetada se observa que el argumento del tribunal
accionado es que el Decreto Legislativo 564 de 2020 no estableció una
ampliación de término de caducidad, lo cual es cierto, pues lo que dispuso el
mencionado decreto fue la suspensión de términos del conteo de la caducidad y
la prescripción por la imposibilidad que tenían los ciudadanos de acceder a la
administración de justicia durante el inicio de la pandemia generada por el
COVID-19.
Por consiguiente, lo pertinente frente a los efectos del artículo 1° del Decreto
Legislativo 564 de 2020 no era adicionar algún término, sino que lo procedente
era suspender el conteo del término de caducidad o prescripción desde el 16 de
marzo hasta el 30 de junio de 2020 y reanudarlo a partir del 1 de julio de 2020.
Ahora bien, si bien es cierto que las medidas legislativas de excepción contenidas
en el Decreto Legislativo 564 de 2020 no se podían extender en el tiempo, esa
circunstancia no es suficiente para desconocer el ámbito temporal de su
aplicación, el cual, se reitera, reguló una situación excepcional como lo fue la
garantía para acceder a la administración de justicia en medio de una pandemia y
que no se puede omitir, más aún, cuando está inmerso en los supuestos de dicho
marco normativo.
Por consiguiente, no es dable analizar la caducidad de aquellas situaciones que
se vieron afectadas por un evento tan inusual y que afectó a nivel global, a la luz
de normas que fueron instituidas durante tiempos de normalidad o por el hecho de
que el Consejo Superior de la Judicatura implementara las medidas tecnológicas
pertinentes para garantizar el servicio a los usuarios, pues indistintamente de
esto, lo cierto es que desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, los
términos judiciales fueron suspendidos por mandato legal.
De conformidad con lo indicado, se evidencia que en el presente asunto la
demanda de reparación directa de los accionantes fue promovida oportunamente,
tal como se observa en la siguiente tabla:
Término faltante para la
Fecha Hechos
caducidad
2 años de acuerdo con el
Se conoció el hecho dañino alegado en numeral 2, literal i) del
15 de julio de 2019
el medio de control de reparación directa artículo 164 de la Ley 1437
de 2011
Inició la suspensión de los términos
judiciales ordenada por el Consejo
Superior de la Judicatura por medio del
Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de
16 de marzo de 2020 1 año, 1 mes y 29 días
marzo de 2020, y posteriormente, el
artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de
25 de abril de 2020, incorpora como
legislación de excepción lo referente a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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suspensión de los términos de
prescripción y caducidad
Se levantó la suspensión de los términos
judiciales en virtud de lo dispuesto por el
1 de julio de 2020 Consejo Superior de la Judicatura en el 1 año, 1 mes y 29 días
Acuerdo PCSJA-11581 de 27 de mayo
de 2020
30 de septiembre de Se radicó la solicitud de conciliación
11 meses
2021 prejudicial ante el Ministerio Público
15 de diciembre de Se expide constancia de audiencia fallida
11 meses
2021 de conciliación prejudicial.
16 de diciembre de Se radicó la demanda de reparación
10 meses y 29 días
2021 directa
Es decir, la parte actora al momento en el que inició la suspensión de los términos
judiciales (16 de marzo de 2020) contaba con 1 año, 1 mes y 29 días para que se
configurara la caducidad del término para interponer la demanda en el marco del
medio de control de reparación directa que presentó contra el Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- y SBS Seguros Colombia S.A. Posteriormente, el 30 de
septiembre de 2021 cuando se radicó la solicitud de conciliación prejudicial, le
restaban 11 meses para que caducara dicho medio de control, a lo que se debe
agregar que por expreso mandato legal la suspensión de los términos de
caducidad cuando se acude a la Procuraduría General de la Nación opera por el
término de tres meses o antes si se expide la constancia, que en este caso se
expidió el 15 de diciembre de 2021. Entonces, como la demanda se promovió el
16 de diciembre de 2021, no se había superado el término oportuno para ejercer
su derecho de acción, pues le restaban 10 meses y 29 días, por lo que dicho
requisito debió superarse y constatar si cumplía con los demás que dispone la ley
para su admisión.
Por consiguiente, el tribunal accionado al no aplicar la suspensión de los términos
judiciales establecida en el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 en el
presente asunto, pues el conteo se realizó pasando por alto los 3 meses y 14 días
como plazo de gracia que otorgó la mencionada legislación de excepción, lleva a
concluir que se configuró el defecto sustantivo, en tanto se generó una restricción
y un sacrificio excesivo al derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, razón por la cual se accederá al amparo solicitado por los accionantes.
Finalmente, la Sala considera importante resaltar e insistir en que el artículo 1 del
Decreto Legislativo 564 de 2020 estableció una excepción al cómputo de la
prescripción y la caducidad, con el fin de garantizar a las personas el acceso a la
administración de justicia, el cual se pudo ver afectado como consecuencia de la
pandemia por el COVID-19.
En ese orden de ideas, se concederá el amparo del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, razón por la cual se dejará sin efectos el
auto 17 de noviembre de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”. En consecuencia, se ordenará a
esa autoridad judicial que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de esta decisión dicte un proveído de reemplazo, de conformidad con las razones
expuestas.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00161-00
Actor: ELKIN OSWALDO PALACIOS BARRETO Y OTRA
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de los señores Elkin Oswaldo Palacios Barreto y Katherin Johanna
Rodríguez Rodríguez, quienes a su vez actúan en representación de su hija Karim
Dannae Palacios Rodríguez, Onofre Palacios Gachancipá, Ana Judith Barreto
López, Rubén Darío Palacios Barreto, Henry Alirio Barreto y Kevin Eduardo
Palacios Barreto, por las razones aquí expuestas. En consecuencia,
Segundo.- DÉJASE SIN EFECTO el auto de 17 de noviembre de 2022, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
en el marco del medio de control de reparación directa adelantado por el señor
Elkin Oswaldo Palacios Barreto y Katherin Johanna Rodríguez Rodríguez,
quienes a su vez actúan en representación de su hija Karim Dannae Palacios
Rodríguez, Onofre Palacios Gachancipá, Ana Judith Barreto López, Rubén Darío
Palacios Barreto, Henry Alirio Barreto y Kevin Eduardo Palacios Barreto contra el
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y SBS Seguros Colombia S.A. (exp. No.
11001-33-36-031-2021-00335-01).
Tercero.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”, que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso
de reparación directa radicado con el No. 11001-33-36-031-2021-00335-01, de
conformidad con las consideraciones precisadas en esta providencia.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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