Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05281-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05281-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05281-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
10 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05281-01
Demandante: Fabio Giovanni Lazzarini y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05281-01
Demandante: FABIO GIOVANNI LAZZARINI Y VALENTINA LAZZARINI
GRANADOS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO SESENTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Conteo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa en el marco
de la suspensión de los términos judiciales ordenada por el
Consejo Superior de la Judicatura con ocasión del COVID-19.
Aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá,
contra la sentencia de 10 de septiembre de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia invocado por el señor Fabio Giovanni Lazzarini y Valentina Lazzarini
Granados, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 22 de julio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, – Sección Tercera –
Subsección A, para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, PROFIERA una nueva decisión en la que
valore la aplicación del tenor literal del artículo 1 del Decreto 564 de 2020 para
efectos de tener por presentada en tiempo la demanda y adoptar las decisiones
que resulten indispensables para asegurar la efectividad del derecho al acceso a
la administración de justicia de la parte demandante dentro del proceso radicado
con el número 11001-33-43-063-2021-00011-01”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De los expedientes de tutela y ordinario, se observan como hechos relevantes los
siguientes:
El 27 de abril de 2016, al señor Fabio Giovanni Lazzarini se le impuso medida de
aseguramiento intramural dictada como consecuencia de la denuncia penal
formulada en su contra, por los delitos de administración desleal agravada, fraude
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Demandante: Fabio Giovanni Lazzarini y otro
procesal, fraude a resolución judicial y falsedad en documento público agravada,
la cual se prolongó hasta “mediados de junio de 2017”.
El Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá en
sentencia de 21 de septiembre de 2018, absolvió al accionante, al considerar que
la Fiscalía General de la Nación no demostró los elementos concurrentes exigidos
para dictar condena, contemplados en el artículo 381 del Código de Procedimiento
Penal.
El 18 de diciembre de 2020, el señor Fabio Giovanni Lazzarini y su hija, Valentina
Lazzarini Granados, presentaron solicitud de conciliación prejudicial, con el fin de
agotar el requisito previo para ejercer el medio de control de reparación directa
contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se resarcieran los perjuicios materiales, morales y de los derechos
convencionales y constitucionalmente amparados, causados por su privación
injusta de la libertad.
El Procurador 136 Judicial II para Asuntos Administrativos en auto No. 016 de 8 de
enero de 2021, inadmitió la solicitud por no reunir los requisitos exigidos en los
artículos 2.2.4.3.1.1.5 y 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015, es decir, por
encontrarse caducado el medio de control de reparación directa.
Contra la anterior decisión, los accionantes presentaron recurso de reposición el
cual fue resuelto en providencia No. 031 de 19 de enero de 2021, misma fecha en
la que se expidió por el Ministerio Público el auto No. 032, en el que declaró que el
asunto no era susceptible de conciliación, al haber caducado el medio de control
de reparación directa, pues el daño que alegó en la solicitud de conciliación se
consolidó el 21 de septiembre de 2018, fecha en la que quedó ejecutoriada la
sentencia penal absolutoria, por lo que la parte actora contaba hasta el 22 de
septiembre de 2020 para radicar la mencionada solicitud, sin embargo, esta se
presentó el 18 de diciembre de 2020, es decir, por fuera del término legal, el cual,
precisó, frente al Ministerio Público no fue suspendido de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto Legislativo 564 de 2020, además que la Procuraduría General de la
Nación mediante Resolución No. 143 de 2020, habilitó los correos electrónicos
para radicar las solicitudes de conciliación.
El 20 de enero de 2021, los accionantes, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentaron demanda contra la Nación, Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declarara la responsabilidad
extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad a la que fue
sometido el señor Fabio Giovanni Lazzarini y se pagaran los perjuicios morales,
materiales, a la vida de relación y a los derechos convencionales y
constitucionalmente amparados.
El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá por auto de 27 de
enero de 2021, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la
caducidad, conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 1691 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que el fallo absolutorio fue dictado el 21 de septiembre de 2018, el
cual quedó ejecutoriado el 28 de septiembre de la misma anualidad. En
consecuencia, el término de dos años feneció el 29 de septiembre de 2020 y la
demanda fue presentada el 20 de enero de 2021, sumado a que el término de
caducidad no fue suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial, toda vez que esta se presentó extemporáneamente acorde con lo
expuesto en el referido auto No. 032 de 2021, proferido por la Procuraduría
General de la Nación.
1 “ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de
los anexos en los siguientes casos: 1. Cuando hubiere operado la caducidad”.
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Demandante: Fabio Giovanni Lazzarini y otro
Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
mediante proveído de 22 de julio de 2021 confirmó esa determinación, bajo el
argumento de que con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica por la pandemia del COVID-19, la Procuraduría
General de la Nación no suspendió los trámites para la radicación de solicitudes
de conciliación en materia de lo contencioso administrativo, simplemente cambió
el canal de recepción de los documentos, y si bien los términos judiciales
estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, dicha
suspensión judicial solo comprendió la presentación de demandas, acciones y
otras actuaciones judiciales, pero no como lo alega la parte demandante, lo
referente al inicio del trámite de agotamiento del requisito de procedibilidad.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, con la decisión de rechazar la demanda de
reparación directa por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de
control, a pesar que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 de
2020, los términos se encontraban suspendidos.
En primer lugar, los demandantes se refirieron a los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y concluyeron
que los mismos se cumplían por lo que era procedente desde el punto de vista
formal.
De otra parte, los accionantes afirmaron que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo, pues dejaron de aplicar el artículo 1 del
Decreto Legislativo 564 de 20202, el cual dispuso la suspensión de los términos de
caducidad y prescripción en materia judicial por motivos de salubridad pública y
fuerza mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19, para aplicar
indebidamente el artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que regula la
suspensión de términos de caducidad y prescripción en materia administrativa.
Sostuvieron que se desconoció el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020
que establece que los términos de prescripción y de caducidad previstos en
cualquier norma sustancial o procesal aplicable para la Rama Judicial o ante los
tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encontraban suspendidos desde el
16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura dispusiera la
reanudación de los términos, lo cual hizo por el Acuerdo No. 11567 de junio 5 de
2020, mediante el cual ordenó el levantamiento de la suspensión de términos
judiciales a partir del 1° de julio de 2020.
Indicaron que la suspensión de términos culminó el “1° de julio de 2020”, por lo
que a partir del día siguiente se debió sumar los tres (3) meses y catorce (14) días
que duró la suspensión al termino de caducidad que vencía el 29 de septiembre
2 Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de
control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o
años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales. El conteo de los términos de prescripción y
caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión
de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la
caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente. Parágrafo. La
suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal.
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Demandante: Fabio Giovanni Lazzarini y otro
de 2020, de forma tal que la oportunidad para solicitar la conciliación prejudicial
ante el Ministerio Público era el 14 de enero del 2021 y no el 29 de septiembre de
2020, como erradamente lo consideraron las autoridades judiciales accionadas.
Señalaron que “ambos despachos judiciales desconocieron esta norma de rango
legal para aplicar indebidamente el art. 9 del Decreto 491 de 2020, que regula la
suspensión de términos de caducidad y prescripción en materia administrativa,
desconociendo lo decidido por la Corte Constitucional mediante sentencia C-213
de 2020 en el sentido de que como no existía en el ordenamiento jurídico un
instrumento legal que, en consideración a circunstancias de salud pública y su
evolución, permitiera la suspensión de los términos procesales en materia judicial,
se justificaba por la reserva legal que demandaba el tratamiento del tema, la
expedición del Decreto 564 de 2020. Y básicamente esta justificación estribó en
que … “aunque el Decreto Legislativo 491 de 2020 ya preveía normas relativas a
la suspensión de términos de prescripción y caducidad, el Decreto Legislativo 564
de 2020 adopta medidas de alcance diferente y que aclaran inquietudes jurídicas,
que responden al requisito de necesidad jurídica” ... en el ámbito judicial y no en el
administrativo”.
Agregaron que al momento en que se radicó la solicitud de conciliación, el 18 de
diciembre de 2020, se interrumpió el término de caducidad hasta el 19 de enero de
2021, esto es, casi por un mes más. Por esta razón, no se ofrece ninguna duda de
que la demanda se presentó oportunamente, porque se tenía como límite máximo
el 18 de febrero de 2021, y no antes, como lo afirmaron las autoridades judiciales
accionadas.
Por último, manifestaron que las autoridades judiciales accionadas también
incurrieron en defecto sustantivo por aplicar indebidamente una norma no prevista
para gobernar la solución del asunto, en tanto el artículo 9 del Decreto Legislativo
491 de 2020, regulatorio de la suspensión de los términos de caducidad y
prescripción en materia administrativa, cuando lo cierto era que por ser el artículo
1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 una norma especial expedida
posteriormente que regula el tema en lo judicial, su vigencia no daba cabida a la
aplicación de otras normas.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Acreditada como están las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, por la presencia de los graves
defectos antes enunciado[s] y explicado[s], es procedente conceder a los
accionantes, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia que se le han conculcado, con las
determinaciones impugnadas.
En tal virtud, solicito:
6.1.- Declarar sin ningún valor ni efecto las decisiones de fecha 27 de enero
de 2021, proferida en primera instancia por el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá por medio del cual se rechazó la
demanda por caducidad de la acción y de fecha 22 de julio de 2021, expedida
en segunda instancia, por la Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se confirmó la decisión
apelada, dentro del proceso de reparación radicado con el No. 11001-33-43-
063-2021-00011-00.
6.2.- Como consecuencia de la anterior medida, ordenar a las autoridades
accionadas que, dentro del término perentorio de diez días siguientes a la
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notificación de la sentencia de tutela, profieran una nueva decisión en el
referido proceso de reparación, que acate las consideraciones de aquella.
6.3.-Ordenar que en lo sucesivo las autoridades accionadas se abstengan de
incurrir en conductas violatorias de los derechos fundamentales”.
4. Pruebas relevantes
En correo de 19 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, allegó copia digital del expediente que contiene
las actuaciones del medio de control de reparación directa que instauraron Fabio
Giovanni Lazzarini y su hija Valentina Lazzarini Granados contra la Nación, Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con radicado No. 11001-33-43-063-
2021-00011-01.
5. Trámite procesal
Por auto de 7 de agosto de 2021, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a
las autoridades judiciales demandadas, así como al Procurador 136 Judicial II
para Asuntos Administrativos con sede en Bogotá y a la Fiscalía General de la
Nación, en calidad de tercero con interés.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nº 82433 a 82440 de
19 de agosto de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”
En escrito de 19 de agosto de 2021, el magistrado ponente pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y, en subsidio, que se nieguen las
pretensiones.
Resaltó que la solicitud de amparo se torna improcedente, puesto que: i) no se
evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención del juez de tutela; ii) el caso carece de relevancia constitucional; iii)
los argumentos de la parte accionante no se orientan a evidenciar la vulneración
de sus derechos fundamentales, sino a que el Juez de tutela se constituya en una
tercera instancia dentro del trámite del proceso, fin para el cual no fue previsto el
amparo constitucional y iv) la acción de tutela interpuesta no manifiesta o propone
ninguna causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Afirmó que el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá,
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, al
considerar que la misma se presentó el 18 de diciembre de 2020, y la fecha límite
para presentarla era el 29 de septiembre de 2020.
Sostuvo que en providencia de 22 de julio de 2021, se confirmó la decisión de
primera instancia: (i) con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, la Procuraduría
General de la Nación no suspendió los trámites para la radicación de solicitudes
de conciliación en materia de lo contencioso administrativo, simplemente cambio
el canal de recepción de los documentos (a través de correo electrónico); (ii) los
términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de
junio 2020; (iii) en el presente caso la suspensión judicial solo comprende la
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presentación de las demandas, memoriales, recursos y otras actuaciones
judiciales, y no como lo pretende la parte demandante, para iniciar el trámite de
agotamiento del requisito de procedibilidad y(iv) la oportunidad para presentar la
demanda -es decir, los dos (2) años- finalizó el veintidós (22) de septiembre de
2020 y la solicitud de conciliación no logró suspender el término de caducidad, por
cuanto fue radicada el 18 de diciembre de 2020.
6.2. Respuesta del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá
En correo electrónico de 20 de agosto de 2021, la juez titular del despacho solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto no se vulneraron los
derechos fundamentales de los accionantes.
Afirmó que la parte accionante pretende hacer incurrir en error al juez
constitucional, puesto que como consecuencia de la pandemia generada por el
COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 564 de 2020, el
cual fue claro en establecer que el término de caducidad se reanudaría a partir del
día hábil siguiente a la fecha en que cesó la suspensión de términos y, además,
que si al momento de decretarse la suspensión de términos el plazo que restaba
para hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado
tenía un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión,
para realizar oportunamente la actuación correspondiente, situación que no ocurrió
en el presente asunto, toda vez que la parte demandante no logró suspender el
término de caducidad con la solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá.
Agregó que la Procuraduría General de la Nación con la Resolución No. 0143 del
31 de marzo de 2020, habilitó canales virtuales para la recepción de solicitudes de
trámite de conciliación extrajudicial, como requisito para acceder a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo en el ejercicio del medio de control de reparación
directa, de ahí que se pueda inferir que nunca estuvieron suspendidos los
términos por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Sostuvo que con el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020, el Consejo
Superior de la Judicatura ordenó el levantamiento de la suspensión de los
términos judiciales a partir del 1° de julio de 2020.
De otra parte, resaltó que el objeto de debate consistía en la presunta privación
injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Fabio Giovanni Lazzarini, debido
a las actuaciones desarrolladas en el proceso penal adelantado en su contra, que
culminó con sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Veinticuatro Penal con
Función de Conocimiento del Circuito de Bogotá el 21 de septiembre de 2018, la
cual no fue objeto de recurso de apelación, por lo que el despacho concluyó que a
partir del día de ejecutoria de aquella sentencia, es decir, el 28 de septiembre de
2018, se tomará como fecha para contabilizar el término de caducidad señalado
en el literal i) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Indicó que el término de caducidad no fue suspendido con la presentación de la
conciliación extrajudicial, toda vez que la misma fue presentada hasta el 18 de
diciembre de 2020 y la fecha límite para presentarla era el 29 de septiembre de
2020. Igualmente, aseguró que la demanda fue presentada hasta el 20 de enero
de 2021, en consecuencia, para ese día ya había operado el fenómeno jurídico de
la caducidad del medio de control.
Por último, manifestó que a la parte accionante se le brindó en cada etapa
procesal la oportunidad de intervenir, lo que permitió que contra el auto de primera
instancia el apoderado judicial interpusiera recurso de apelación, que fue
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debidamente tramitado ante el superior, quien estuvo de acuerdo con la decisión
impartida por esta autoridad judicial, por lo tanto, no se observa vulneración
alguna a los derechos de los accionantes.
6.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
En escrito de 1 de agosto de 2021, la profesional especializada de la Dirección de
Asuntos Jurídicos pidió que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela
por ser improcedente.
Indicó que en el presente asunto se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá al proferir las providencias objetadas,
respetaron cada una de las garantías de los accionantes, en consecuencia, la
Fiscalía General de la Nación encuentra que en el caso examinado no hay una
violación del derecho fundamental al debido proceso.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 10 de
septiembre de 2021, accedió al amparo del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia de los accionantes, dejó sin efectos el auto de 22 de julio
de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”, y ordenó a esta autoridad judicial dictar una decisión de
reemplazo en la que se aplique el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020.
Afirmó que la sentencia absolutoria dictada a favor del señor Lazzarini fue
proferida en audiencia de lectura de fallo de 21 de septiembre de 2018, la cual se
notificó en estrados, sin que ninguna de las partes presentara recurso alguno, con
lo cual se entiende que el término de caducidad de la demanda de reparación
directa empezó a contar al día siguiente, esto es, el 22 de septiembre de 2018, por
lo que de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el término de
caducidad de la acción estaba llamado a acontecer el 22 de septiembre de 2020.
Agregó que no obstante tal circunstancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1
del Decreto Legislativo 564 de 2020, y en atención a que el término de caducidad
se encuentra legalmente previsto para demandar, acorde con lo dispuesto en los
artículos 161 y 164 de la Ley 1437 de 2011 y no para conciliar, el mismo fue
suspendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.
Sostuvo que el tribunal accionado omitió que de conformidad con el Decreto
Legislativo 564 de 2020 y el Acuerdo No. 11567 de 2020, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, el término para demandar se suspendió desde el 16 de
marzo hasta el 30 de junio de dicha anualidad, es decir, 3 meses y 14 días,
debiendo entenderse que la posibilidad de presentar la respectiva solicitud de
conciliación extrajudicial también fue ampliada, pues no podría considerarse que el
término de caducidad corre de manera independiente para tramitar la conciliación
prejudicial de la actuación consistente en presentar y radicar la respectiva
demanda ante la autoridad judicial competente.
Indicó que se debió considerar que el término de caducidad del medio de control
de reparación directa ejercido por el señor Lazzarini fenecía 3 meses y 14 días
después del 22 de septiembre de 2020, fecha inicial de acaecimiento de la
caducidad. Así, al haber presentado la respectiva solicitud dentro del término, esto
es, el 18 de diciembre de 2020, la caducidad se suspendió hasta la expedición del
Auto No. 032 del 19 de enero de 2021 por parte de la Procuraduría 136 Judicial II
para Asuntos Administrativos.
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Demandante: Fabio Giovanni Lazzarini y otro
Señaló que la anterior interpretación es acorde con el principio pro actione que
sugiere que ante la dubitación respecto de la caducidad, es necesario decantarse
por la posición que procure el acceso a la administración de justicia y garantice la
tutela judicial efectiva de quien acude a la judicatura, sin afectar el derecho a la
seguridad jurídica de quien es demandado, sumado a que no resulta admisible
poner en cabeza de los administrados, las eventuales inconsistencias de la
normativa de excepción, como pudiera haber parecido acontece en el presente
asunto.
Por último, resaltó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante la cual se rechazó la demanda presentada por el señor Lazzarini y su
hija, vulneró su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración
de justicia, toda vez que el hecho de haber desconocido la suspensión de términos
judiciales prevista en el Decreto Legislativo 564 de 2020, implicó una
interpretación desfavorable a los actores en desconocimiento del principio pro
actione, que trajo como consecuencia la negación al acceso a la justicia. Lo
anterior, en tanto se consideró que una era la caducidad del medio de control para
adelantar el trámite de conciliación prejudicial y otra para la presentación de la
demanda, soportado en una interpretación insular de las normas contenidas en el
Decreto Legislativo 491 de 2020 y la Resolución No. 143 de 31 de marzo de 2020,
expedida por la Procuraduría General de la Nación, obviando con ello los
mandatos consignados en el Decreto Legislativo 564 de 2020.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la titular
del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá impugnó la
sentencia y pidió al juez constitucional que se revoque la decisión de primera
instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que no se
vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes.
Relató que en virtud de la pandemia generada por el COVID-19, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto Legislativo 564 de 15 de abril de 2020, “Por el cual se
adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, y
en su artículo 1° dispuso la suspensión de los términos de caducidad y de
prescripción para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial.
Agregó que el Decreto Legislativo 491 de 2020, con el que se reguló lo pertinente
a la suspensión de los términos de prescripción y caducidad para el trámite de
conciliaciones judiciales ante la Procuraduría General de la Nación y con la
Resolución No. 0143 de 31 de marzo de 2020, expedida por ese órgano de
control, dispuso la habilitación de correos electrónicos para la recepción de
solicitudes de trámite de conciliación en materia de lo contencioso administrativo.
Sostuvo que la recepción de solicitudes de conciliación extrajudicial, como
requisito para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del medio de control de reparación directa, nunca estuvo suspendida por
parte de la Procuraduría General de la Nación a partir de 31 de marzo de 2020.
Precisó que si bien el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 564 de
2020, reguló la suspensión de los términos de caducidad y prescripción en materia
judicial, también es cierto que la Procuraduría General continuó garantizando la
atención del público para la presentación de solicitudes de conciliación
extrajudicial, facultad de la cual no hizo uso la parte demandante, puesto que tenía
hasta el 29 de septiembre de 2020 y solo vino a presentarla hasta el 18 de
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diciembre de 2020, cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad
del medio de control de reparación directa.
Indicó que la suspensión de los términos de prescripción y caducidad, se
materializaba solamente si la Procuraduría General de la Nación suspendía la
posibilidad de radicar las solicitudes de conciliación extrajudicial, lo cual nunca
ocurrió, puesto que como se indicó en atención al Decreto Legislativo 491 de
2020, expidió la Resolución No. 143 de 31 de marzo de 2020, en la cual en lo
referente a la radicación de solicitudes de conciliación extrajudicial en materia de
lo contencioso administrativo con el fin de garantizar la prestación del servicio,
habilitó durante la vigencia del confinamiento obligatorio establecido en el Decreto
Ordinario 457 de 2020, el correo electrónico:
conciliacionadtvabogota@procuraduria.gov.co -
https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf.page (numeral 1° del artículo 2°).
Finalmente, manifestó que la recepción de solicitudes de conciliación extrajudicial,
como requisito para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del medio de control de reparación directa, nunca estuvo suspendida por
parte de la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, las decisiones
tomadas por este despacho y confirmadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no incurrieron en la violación de los derechos fundamentales
señalados por los accionantes, sino que, por el contrario, estuvieron
fundamentadas en las normas que regulan los requisitos para la presentación de
las demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el fenómeno
jurídico de la caducidad en el medio de control de reparación directa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar
si debe revocar o confirmar la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021,
por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que accedió
al amparo constitucional del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”, en auto de 22 de julio de 2021, por medio del cual se
confirmó la decisión de 27 de enero de 2021 del Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, que rechazó el medio de control de
reparación directa iniciado por los accionantes, por configurarse el fenómeno de la
caducidad, al considerar que no había operado la suspensión de los términos
respecto de las solicitudes de conciliación prejudicial en virtud de lo dispuesto en
el artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 2020, y que ello tenía incidencia en el
conteo del término de caducidad.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
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la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
3 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
4 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisn que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están
cumplidos en esta oportunidad, por cuanto (i) el asunto goza de relevancia
constitucional, por cuanto debe definirse si se desconoció o restringió el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, en el análisis que realizaron
las autoridades judiciales accionadas respecto del término de caducidad del medio
de control de reparación directa promovida por los demandantes desatendiendo lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020; (ii) la providencia de
segunda instancia se dictó en el marco del recurso de apelación presentado por
los accionantes, por lo que no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial;
(iii) se cumple el requisito de la inmediatez, en tanto la solicitud de amparo se
presentó dentro de un plazo razonable y, finalmente, (iv) las providencias atacadas
no fueron dictadas en el curso de otra acción de tutela.
4.2. Los demandantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado
Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, con la decisión de rechazar
la demanda de reparación directa por haber operado el fenómeno de la caducidad
de ese medio de control, a pesar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto Legislativo 564 de 2020, los términos se encontraban suspendidos.
La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 10 de
septiembre de 2021, accedió al amparo del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, dejó sin efectos el auto de 22 de julio de 2021 proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
y ordenó proferir una nueva decisión en la que se dé aplicación al artículo 1 del
Decreto Legislativo 564 de 2020.
En el escrito de impugnación, el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del
Circuito de Bogotá insistió en que el computó de la caducidad no se vio
suspendido respecto a la radicación de solicitudes de conciliación prejudicial, toda
vez que la Procuraduría General de la Nación dispuso varios correos electrónicos
para la recepción de las solicitudes. Por consiguiente, los accionantes al momento
15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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de radicar la solicitud habían superado el término de dos (2) años con el que
contaban para acudir al medio de control de reparación directa.
4.3. Ahora bien, el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 del 2020 dispuso la
suspensión de términos judiciales, en los siguientes términos:
“Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama
Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil
siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el
Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de
términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o
hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes
contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar
oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en
materia penal.”.
La Corte Constitucional en sentencia C-213 de 202017 realizó la revisión
constitucional y declaró ajustada a la Constitución Política esa disposición, salvo la
expresión y “y caducidad”, contenido en el parágrafo, con sustento en que:
“Respecto a la ampliación del término para interrumpir la prescripción o hacer inoperante
la caducidad, una vez se levante la suspensión de términos judiciales, esta Sala
considera que se trata de una medida anticipativa que responde a la necesidad de evitar
la afluencia masiva de los usuarios en las sedes judiciales, una vez se levante la
suspensión de términos, pues de acuerdo con la experiencia generada en otras
oportunidades de suspensión de términos, por ejemplo en épocas de paro judicial,
cuando se han cerrado los despachos judiciales, una vez fueron restablecidos los
servicios, acudió a las sedes judiciales un gran número de personas que durante el
cierre, no pudieron realizar actuaciones ante dichos despachos. Ahora bien, en caso de
no adoptar medidas que prevengan tal situación, la afluencia masiva aumentaría el
riesgo de contagio con el virus en cuestión, considerando que el mismo se encuentra
aún en circulación en el territorio nacional y no existe, por el momento, una vacuna que
lo prevenga. Por consiguiente, responde al criterio de necesidad fáctica la medida según
la cual, cuando el plazo restante para interrumpir la prescripción o para hacer inoperante
la caducidad, al momento de decretarse la suspensión de términos judiciales por parte
del CSJ, sea inferior a 30 días, los usuarios no tendrán que concurrir precipitadamente
en una única fecha, sino que podrán hacerlo en cualquier día del mes subsiguiente al
levantamiento de términos judiciales, lo que favorece el distanciamiento social, que
deberá practicarse para evitar el contagio del virus.
(…)
En cuanto levantamiento de los términos de suspensión del desistimiento tácito y de
duración máxima de los procesos un mes después de que el CSJ reanude los términos
judiciales, la Sala estima que se trata de una medida que también pretende evitar que se
produzcan aglomeraciones generadas por los usuarios que pretendan reactivar sus
procesos en curso y, al mismo tiempo, permite que los despachos judiciales se preparen
para atender al público en las mejores condiciones de seguridad para proteger la salud,
la vida e integridad de los usuarios.
(…)
66. En lo que respecta el juicio de no contradicción específica, la Sala encontró que de
las medidas previstas en el decreto (i) no se puede predicar el desconocimiento de la
confianza legítima de quienes tenían la expectativa de alegar el paso del tiempo en su
favor (prescripción y caducidad), comoquiera que, no se dan las condiciones para
predicar confianza legítima en el caso concreto y, en su lugar, el decreto garantiza
17 M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
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adecuadamente los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso. Encontró igualmente la Corte que (ii) no se afecta el principio de
seguridad jurídica, pues el decreto imprime certeza a los términos respecto de los cuales
permite la suspensión.
(…)
67. En lo que concierne al juicio de incompatibilidad, la Corte Constitucional advirtió que
las medidas contenidas en el Decreto Legislativo 564 de 2020 suspenden cuatro grupos
de medidas de naturaleza legal y dicha suspensión se encuentra motivada: las (i)
relativas a los términos de prescripción previstas en normas legales de cualquier rama
del derecho; (ii) aquellas que aluden a los términos de caducidad en las acciones; (iii) las
relativas al desistimiento tácito (artículos 315 del CGP y 178 del CPACA); y (iv) las de
duración del proceso (artículo 121 del CGP) (…)”.
4.4. Ahora bien, la Sala debe precisar que el caso concreto lo abordará a partir de
la decisión dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, que fue la que dio por terminada
la controversia relativa al rechazo de la demanda de reparación directa promovida
por los ahora demandantes.
En efecto, la referida autoridad judicial por auto de 22 de julio de 2021 confirmó el
rechazo de la demanda con sustento en lo siguiente:
“a) Para determinar la caducidad en ejercicio del medio de control de reparación directa,
de conformidad con el literal i del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011 (CPACA), se
estableció un término de dos años contados a partir: (i) del día siguiente a la fecha de
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño; y excepcionalmente (ii) cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior, y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
b) Revisado los hechos y el material probatorio aportado en la demanda se desprende
que, el 21 de septiembre de 2018 se profirió sentencia absolutoria en audiencia de
lectura de fallo en favor del señor Fabio Giovanni Lazzarini, por parte del Juzgado 24 de
Conocimiento del Circuito de Bogotá. La cual, no fue objeto recurso de apelación,
quedando en firme el mismo día. De lo anterior, advierte la Sala con certeza, que la
fecha a partir de la cual se debe contabilizar el término de caducidad para el caso
concreto, es el día siguiente a la ocurrencia del hecho, es decir, a partir del día 22 de
septiembre de 2018.
c) Por lo cual, a primera vista encuentra la Sala que la oportunidad para presentar la
demanda -es decir, los dos (2) años- finalizó el día veintidós (22) de septiembre de 2020.
No obstante, dentro del acervo probatorio, y de acuerdo al acta expedida por la
Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos Administrativos, la solicitud de conciliación no
logró suspender el término de caducidad, por cuanto fue radicada el día 18 de diciembre
de 2020.
d) Por otra parte, contrario a lo expuesto por el recurrente, se advierte que con ocasión
de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio Nacional, el gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, en el
cual dispuso en su artículo 9°, lo pertinente a la suspensión de los términos de
prescripción y caducidad para el trámite de conciliaciones extra judiciales.
Así las cosas, para dar alcance al referido decreto, la Procuraduría General de la Nación,
expidió la Resolución No. 143 del 31 de marzo de 20204, en la cual, en el numeral 1° del
artículo 2°, en lo referente a la radicación de solicitudes de conciliación extrajudicial,
indicó que, en materia de lo contencioso administrativo, se llevaría a cabo a través de
correos electrónicos que fueron habilitados, durante la vigencia del confinamiento
obligatorio. Por lo anterior, no se suspendieron los trámites ante la entidad.
e) De igual manera, el Consejo Superior de la Judicatura, suspendió los términos
judiciales en todo el país, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020.
Posteriormente, mediante Acuerdo 11567 de junio 5 de 2020, en su artículo 1º ordenó “el
levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del primero (1º) de julio de
2020”.
Expuesto lo anterior, concluye la Sala: (i) con ocasión de la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, la Procuraduría
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Demandante: Fabio Giovanni Lazzarini y otro
General de la Nación no suspendió los trámites para la radicación de solicitudes de
conciliación en materia de lo contencioso administrativo, simplemente cambio el canal de
recepción de los documentos (a través de correo electrónico); (ii) los términos judiciales
estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio 2020; (iii) sin
embargo, en el presente caso la suspensión judicial solo comprende la presentación de
las demandas, memoriales, recursos y u otras actuaciones judiciales, y no como lo
pretende la parte demandante, para iniciar el trámite de agotamiento del requisito de
procedibilidad; (iv) Por lo tanto, reitera la Sala, que la oportunidad para presentar la
demanda -es decir, los dos (2) años- finalizó el día veintidós (22) de septiembre de 2020
y la solicitud de conciliación no logró suspender el término de caducidad, por cuanto fue
radicada el día 18 de diciembre de 2020.
En ese orden, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia, en el
sentido de rechazar la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
(…)”.
De lo anterior, se observa que la autoridad judicial consideró que si bien se
dispuso la suspensión de términos judiciales por el Consejo Superior de la
Judicatura desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, lo cierto es que
esto era frente a la radicación de demandas, memoriales, recursos y otras
actuaciones judiciales, mas no para adelantar los trámites de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Por consiguiente, al
constatar que los dos años para ejercer el medio de control de reparación directa
culminaban el 22 de septiembre de 2020 y la solicitud se elevó el 18 de diciembre
de 2020, ya se había configurado el fenómeno de la caducidad, razón por la cual
decidió confirmar la providencia de primera instancia que rechazó la demanda.
4.5. La Corte Constitucional ha dicho que el defecto sustantivo se materializa
cuando la decisión que adopta el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional puede darse en los siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de
estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados
por el legislador (iii) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo
sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (iv) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (v) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vi) La decisión se funda en
una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras
disposiciones aplicables al caso. (vii) El servidor judicial da una insuficiente
sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales.
(viii) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación. (ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la
constitución, o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales,
razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (x) Cuando la providencia incurre en
incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se
configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones
expuestas en la providencia”18.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y
alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de
18 Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando
le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable”19 (Negrillas y subrayas de la Sala).
4.6. Descendiendo al caso concreto, el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo
Oral del Circuito de Bogotá en el escrito de impugnación alegó que la suspensión
de los términos de caducidad y prescripción no operó frente a la Procuraduría
General de la Nación, toda vez que dicha entidad estableció unos correos
electrónicos con el fin de recibir las solicitudes de conciliación y así no suspender
los mencionados términos y, en consecuencia, era procedente la decisión de
rechazar la demanda de reparación directa presentada por los accionantes por
configurarse la caducidad del medio de control.
Por lo anterior, la Sala abordará el asunto a partir de los argumentos planteados
en la impugnación.
4.6.1. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador
instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que
determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la
ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la
jurisdicción para hacer efectivo su derecho20.
Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno
derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio
cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer
determinada acción o medio de control ante la jurisdicción, es decir, que es una
figura que se analiza frente a la oportunidad que se tiene para radicar demandas
ante los jueces. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad
de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la
ley en forma objetiva.
Pese a lo anterior, en el ordenamiento jurídico existe un evento establecido por el
legislador en el que se permite la suspensión del término de caducidad, el cual es
cuando se presenta la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 200121. Sin
embargo, el Presidente de la República mediante Decreto 417 de 2020, declaró el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional, por el termino de treinta (30) días calendario con el objeto de prevenir y
controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, declaratoria que tuvo
lugar por segunda ocasión con el Decreto 637 de 2020.
En desarrollo de esa facultad temporal y excepcional, el Gobierno Nacional
expidió, entre otros, el Decreto Legislativo 564 de 2020, mediante el cual incorporó
reglas legislativas respecto de la suspensión de términos de prescripción y
19 Ibíd.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección “B”, C.P.: Gustavo E. Gómez Aranguren (E), sentencia
de 8 de mayo de 2014, radicación No.: 08001-23-31-000-2012-02445-01(2725-12). Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, C.P.: William Hernández Gómez, sentencia de 16 de agosto de 2018,
radicado No.: 17001-23-33-000-2016-00149-01.
21 ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se
haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias
a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será
improrrogable.
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caducidad para fines judiciales. Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura
mediante los Acuerdos PCSJA-11517, PCSJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA-
11521, PCSJA20-11526, PCSJA-11527, PCSJA-11528, PCSJA-11529, PCSJA-
11532, PCSJA-11546, PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567, suspendió́
los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, por motivos de salubridad
publica y fuerza mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19 y,
posteriormente, la referida Corporación en Acuerdo PCSJA-11581 de 27 de mayo
de 2020, dispuso el levantamiento de los términos judiciales a partir del 1° de julio
de ese mismo año. Es decir, que respecto de la caducidad y la prescripción, los
términos para su cómputo estuvieron suspendidos por 3 meses y 14 días.
Ahora bien, es necesario resaltar que la caducidad es una figura que se analiza a
partir de la oportunidad con la que cuenta el interesado para acceder a la
jurisdicción sin que fenezca esta posibilidad, con observancia a los términos
establecidos previamente en la ley. Por consiguiente, cuando se presenta la
suspensión de los términos de dicha figura esta debe estudiarse desde la
oportunidad con la que cuenta la parte demandante para acceder a la
administración de justicia, es decir, al momento en que debería radicar la
demanda.
4.6.2. Precisado lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo, toda vez
que desconocieron artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, cuya aplicación
a la luz del derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia,
permite concluir que la suspensión de los términos judiciales ordenada por el
Gobierno Nacional, con el fin de contrarrestar los efectos de la pandemia frente al
acceso a la administración de justicia, tiene incidencia, igualmente, en el conteo
del término de caducidad del medio de control de reparación directa, aun cuando
la Procuraduría General de la Nación no hubiera dispuesto la suspensión de los
términos administrativos para la presentación de conciliaciones prejudiciales,
posibilidad que otorgaba el artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 2020, norma
que no resultaba aplicable en este caso para abordar el análisis de la caducidad
de la acción.
En efecto, el argumento expuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, en auto de 22 de julio de 2021, se limitó a
indicar que en la Procuraduría General de la Nación no se dispuso la suspensión
de los términos, pues con el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la Resolución No.
0143 de 31 de marzo de 2020, “Por la cual se prorroga la restricción de la atención
presencial en el Centro de Atención al Público CAP y las demás sedes de la
Procuraduría General de la Nación y se establecen reglas para la radicación de
conciliaciones”, se garantizó la atención al público por medios electrónicos, razón
por la cual no fue necesario establecer dicha suspensión.
Para la Sala, esa determinación desconoce el artículo 1 del Decreto Legislativo
564 de 2020 que dispuso la suspensión de los términos de caducidad y
prescripción para efectos judiciales, por lo que la circunstancia de que la
Procuraduría General de la Nación no hubiera suspendido los términos para la
recepción de las solicitudes de conciliación prejudicial, no puede entenderse como
una autorización para no descontar el término de tres (3) meses y catorce (14)
días de suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de
la Judicatura, teniendo en cuenta que esa fue la premisa normativa de la referida
disposición que, se reitera, es aplicable a este caso concreto y permite garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia de los demandantes.
Conforme con lo anterior, por motivo de la pandemia, los términos judiciales y los
plazos de prescripción (de derechos) y caducidad (de los medios de control) se
suspendieron desde el 16 de marzo de 2020 y se reanudaron a partir del día hábil
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siguiente a la fecha en que cesó la suspensión. De igual modo, en el Acuerdo
PCSJA20-11567, los términos estuvieron suspendidos hasta el 30 de junio de
2020 y, por ende, se reanudaron el 1 de julio siguiente.
Por consiguiente, se observa que la aplicación normativa efectuada por las
autoridades judiciales accionadas frente a la caducidad del medio de control de
reparación directa que presentaron los accionantes, desconoció el artículo 1 del
Decreto Legislativo 564 de 2020, lo que conllevó sacrificar el acceso efectivo a la
administración de justicia, pues pasó por alto, se reitera, la suspensión de los
términos judiciales ordenada entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.
Luego, para efectos de reanudar el término de caducidad, deberá adicionarse el
periodo de la suspensión de los términos judiciales. Si durante ese periodo que se
adiciona, se presentó la solicitud de conciliación prejudicial, habrá que entenderse
que se hizo en tiempo, habida cuenta de que se solicitó dentro del plazo previsto
para demandar, conforme con la Ley 1437 de 2011 y el artículo 1 del Decreto
Legislativo 564 de 2020.
Así las cosas, en el medio de control de reparación directa que dio lugar a las
providencias objeto de reproche constitucional, el supuesto daño antijurídico se
presentó con la sentencia absolutoria dictada a favor del señor Fabio Giovanni
Lazzarini, la cual fue proferida en audiencia de lectura de fallo de 21 de
septiembre de 2018 y quedó notificada en estrados sin que contra esta se
presentara recurso alguno. Por consiguiente, el término de dos (2) años
establecidos en el artículo 16422 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
caducidad del medio de control de reparación directa correría del 22 de
septiembre de 2018 al 22 de septiembre de 2020.
Sin embargo, en vista de la suspensión del término de caducidad establecido en el
artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 y que se extendió por tres (3)
meses y catorce (14) días (16 de marzo al 30 de junio de 2020), la oportunidad
para radicar la demanda se trasladó al 5 de enero de 2021, por lo que al momento
en que se radicó la solicitud de conciliación, el 18 de diciembre de 2020, el medio
de control de reparación directa se encontraba en término.
Aunado a lo anterior, la caducidad del mencionado medio de control se suspendió
hasta la expedición del Auto No. 032 del 19 de enero de 2021, por la Procuraduría
136 Judicial II para Asuntos Administrativos, por lo que la demanda radicada el 20
de enero de 2021 se encontraba en término y, en ese orden de ideas, las
autoridades judiciales al momento de estudiar los requisitos de admisión debieron
dar por superado ese presupuesto de procedibilidad.
Por consiguiente, no son de recibo los argumentos planteados en el escrito de
impugnación, en tanto si bien la Procuraduría General de la Nación garantizó la
atención al público por medios electrónicos, es decir, no se suspendió el recibo de
las solicitudes de conciliación prejudicial, esto por sí solo no descarta ni puede
desconocer la suspensión de los términos de caducidad ordenada en el artículo 1
del Decreto Legislativo 564 de 2020, disposición que se declaró exequible por la
Corte Constitucional en sentencia C-213 de 2020.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que
accedió a la protección de derecho fundamental de acceso de la administración de
justicia de los accionantes.
22 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la
reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 10 de septiembre de 2021, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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