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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00332-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00332-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de Vanti S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se dispone: 2. Dejar sin valor ni efecto la providencia del 10 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-34-002- 2020-00207-01. 3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que, en el término de 10 días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, dicte decisión de reemplazo, en los términos expuestos en las consideraciones de esta decisión. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00332-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

2 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-0000-2023-00332-00
Demandante: Vanti S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00332-00
Demandante: VANTI S.A E.S.P.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Suspensión de caducidad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Vanti S.A. E.S.P. contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y el Juzgado Segundo
Administrativo de Bogotá.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 25 de enero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, Vanti S.A. E.S.P. pidió la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con
ocasión de las providencias del 27 de octubre de 2020 y del 10 de marzo de 2022,
dictadas, en su orden, por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. En concreto, formuló
la siguiente pretensión:

SEGUNDA. - Que se DEJEN SIN EFECTOS las siguientes decisiones:
2.1. El auto del VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) proferido por la JUEZ
SEGUNDA ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ.

2.2. El auto del VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL VENTIDÓS (2022) proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN A.

TERCERO. - Que, como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones, se ordene
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN A.
revocar el auto del VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) proferido por la
JUEZ SEGUNDA ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ, y se decida ADMITIR la demanda, pues la misma
cumple con los requisitos legales para su admisión.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Mediante acto administrativo No. CF-190922402-583505 -2019 del 31 de julio de
2019, Vanti S.A. E.S.P. confirma el cobro impuesto en la factura de servicios por concepto

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Demandante: Vanti S.A. E.S.P.

de consumo no registrado, por valor de $ 11.038.370, a cargo de la usuaria Flor Stella
Jiménez Padilla.

2.2. En contra de la anterior decisión, la señora Jiménez Padilla interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación, el primero resuelto de manera desfavorable
mediante acto administrativo No. 191855140 del 8 de agosto de 2019, expedido por Vanti
S.A.

2.3. Mediante Resolución No. 20198140399165 del 23 de diciembre de 2019, en sede de
apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios modificó el acto
administrativo No. CF-190922402-583505-2019 del 31 de julio de 2019, en el sentido de
reliquidar el consumo no registrado, para que el valor de recuperación correspondiera a
$ 4.054.505. Ese acto administrativo se notificó personalmente el 31 de diciembre de
2019.

2.4. El 11 de mayo de 2020, Vanti S.A. E.S.P. presentó la solicitud de conciliación, ante
la Procuraduría 85 judicial I para Asuntos Administrativos, la cual se llevó a cabo el 24 de
julio de 2020.

2.5. El 9 de septiembre de 2022, la parte actora radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, con el objeto de obtener la nulidad de la Resolución No. 20198140399165
del 23 de diciembre de 2019. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
confirmara el acto administrativo No. CF-191668451-583505-2019 y se condenara a la
parte demandada al pago de $ 11.038.370, junto con los intereses moratorios.

2.6. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de
Bogotá, que, por auto del 27 de octubre de 2020, rechazó la demanda por haber operado
el fenómeno jurídico de la caducidad. La autoridad judicial expuso por virtud del Decreto
Legislativo 564 de 2020, los términos procesales estuvieron suspendidos desde el 16 de
marzo de 2020, hasta el 1º de julio de 2020, fecha a partir de la cual se levantó la
suspensión de conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.

2.6.1. Siendo así, expuso que como para el momento en que inició la suspensión
restaban 1 mes y 15 días para que se configurara la caducidad, ese término se reanudó
el 24 de julio de 2020, fecha en que celebró la audiencia de conciliación solicitada por la
parte actora el 11 de mayo de 2020. Con fundamento en lo anterior, consideró que el 8
de septiembre de 2022 venció el termino para interponer la demanda, de modo que para
la fecha en que se interpuso (9 de septiembre de 2022) la acción ya había caducado.

2.7. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por auto
del 10 de marzo de 20221, la confirmó. El tribunal consideró que la suspensión de
términos fijada en el Decreto 564 de 2020 no aplicó para solicitudes de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación y, por lo tanto, para el momento
en que la parte actora presentó la solicitud de conciliación (11 de mayo de 2020), ya había
vencido el término de caducidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La sociedad actora, de manera preliminar, manifestó que la tutela cumple los
requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo del
1 Notificado por estado el 25 de julio de 2022.

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Demandante: Vanti S.A. E.S.P.

asunto, alegó que las providencias del 27 de octubre de 2020 y 10 de marzo de 2022,
dictadas, en su orden, por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, incurrieron en los
siguientes defectos:

3.1.1. Defecto procedimental absoluto. A juicio de la parte actora, las autoridades
judiciales se alejaron del procedimiento establecido para el análisis de la caducidad de la
acción y, sin motivo razonable, limitaron el tiempo con el que contaba para iniciar el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.1.1.1. En ese sentido, adujo que desconocieron el artículo 1º del Decreto Legislativo
564 de 2020, que determinó que desde el 16 de marzo de 2020 no se podía seguir
contando el término de caducidad para iniciar el medio de control. Adujo que, de haberse
seguido ese procedimiento para el conteo de caducidad, se habría concluido que para el
momento en que se radicó la solicitud de conciliación, restaban 1 mes y 16 días para que
se produjera la caducidad.

3.1.1.2. Sumado a lo anterior, alegó que tampoco tuvieron en cuenta que una vez solicitó
la conciliación, la caducidad también se suspendió, conforme con el artículo 21 de la Ley
640 de 2001.

3.1.1.3. De acuerdo con lo anterior, señaló que el término restante era de 1 mes y 16
días, el cual debía contarse a partir del 25 de julio de 2020, día siguiente al que se expidió
la constancia de conciliación.

3.1.1.4. Dijo que también debieron tener en cuenta que el parágrafo primero del artículo
2.2.4.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015 no hace distinción alguna de términos y sólo
señala que dentro del término del artículo 164 del CPACA se debe presentar la solicitud
de conciliación.

3.1.2. Defecto sustantivo. Según la parte actora, el tribunal dio una interpretación
arbitraria e irracional al Decreto Legislativo 564 de 2020, al considerar que quedaron
excluidas las solicitudes de conciliación de la suspensión del término de caducidad, bajo
el argumento de que estas se regían por el Decreto 491 de 2020. Al respecto, sostuvo
que el Decreto Legislativo 564 de 2020 derogó tácitamente el artículo 9 del Decreto 491
de 2020, que disponía que la suspensión de términos, en los trámites de conciliación
estaban a cargo del Procurador.

3.1.2.1. Sostuvo que en esa línea de interpretación fue expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia C-213 de 2020.

3.1.3. Desconocimiento del precedente constitucional. Reprochó que, sin ninguna
justificación, las autoridades judiciales desconocieron el contenido en la sentencia C-213
de 2020, que estableció que, en materia de suspensión de términos, por la situación de
salubridad e inseguridad jurídica que atravesó el país, la norma vigente y aplicable era el
Decreto Legislativo 564 de 2020, por ser la norma que respondía a las necesidades de
los usuarios, “cosa que no ocurría con la norma derogada, el Decreto Legislativo 491 de
2020”.

3.1.4. Por último, relacionó apartes de la sentencia de tutela del 12 de agosto de 2022,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que, según dijo, amparó los
derechos fundamentales en un caso similar en el que también se configuró una
interpretación errada de las normas de suspensión de términos.

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4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 27 de enero de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y al juez
segundo administrativo de Bogotá. Adicionalmente, vinculó en calidad de tercero con
interés, al superintendente de servicios públicos domiciliarios.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 31 de enero de
20232.

5. Intervenciones

5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, ponente de la decisión objeto de tutela, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Adujo que, en esencia, los argumentos propuestos en el escrito de tutela
reiteran los formulados en el recurso de apelación que, en su momento, conoció esa
Corporación y que se contraen a cuestionar la interpretación del Decreto Legislativo 564
de 2020.

5.1.1. A partir de lo anterior, sostuvo que la sociedad demandante acudió a la acción de
tutela a modo de instancia adicional para volver sobre lo ya decidido.

5.1.2. Con todo, sostuvo que en el caso concreto no se acreditó la existencia de
irregularidades procesales. Además, explicó que, como se consignó en la decisión
acusada, el Decreto Legislativo 564 de 2020 estableció la posibilidad de suspender
términos de caducidad y prescripción “solo en el evento de suspensión de la radicación
de solicitudes de convocatoria a diligencia de conciliación extrajudicial, lo cual no ocurrió
pues la Procuraduría General de la Nación continuó con dicha actividad por medios
virtuales”.

5.2. La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó
que se declarara la inexistencia de violación de derechos fundamentales por parte de esa
entidad o la improcedencia de la acción de tutela. Argumentó que esa superintendencia
no estaba legitimada por pasiva, por cuanto las obligaciones jurídicas pretendidas por la
parte actora eran exigibles al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, y al Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá.

5.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá se limitó a remitir el expediente
digital del proceso ordinario.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
2 Índice No. 8 de Samai.

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República3. La Corte Constitucional, por su parte, ha determinado dos tipos de requisitos
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.2. En primer lugar, están los requisitos generales de procedibilidad que son de
naturaleza procesal y, por lo tanto, deben estudiarse de manera previa a cualquier
análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados en la sentencia C-590 de 2005, así: la
relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.

1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico4, defecto sustantivo5,
procedimental6, fáctico7, error inducido8, decisión sin motivación9, desconocimiento del
precedente judicial10 o violación directa de la Constitución11.

1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos
específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una
decisión judicial.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, y en los términos
alegados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, la Sala debe decidir si la demanda de tutela de la referencia cumple el requisito de
relevancia constitucional. De encontrarse cumplido ese requisito, será planteado y
decidido el problema jurídico de fondo.

2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.2.1. En ese sentido, la Corte Constitucional12 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

3
Sentencia C-543 de 1992.
4 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de 2018,

SU-041 de 2018.
5
Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de 2018,
SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
6
Sentencia SU-061 de 2018.
7
Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
8 Sentencia SU-261 de 2021.
9
Sentencia SU-489 de 2016.
10
Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
11 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
12 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505

de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.

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2.2.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, esta Sección
ha determinado que un asunto goza de relevancia constitucional cuando se acreditan los
siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales»14. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión
objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que
pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita
a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el
que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos
sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

2.3. La Sala considera que la tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional,
pues se cuestionan providencias que impiden el ejercicio del derecho de acción y tienen
incidencia frente al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia15.
Además, la parte actora cumplió la carga de identificar de manera clara y suficiente los
supuestos motivos de vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

2.3.1. Conviene precisar que, si bien la demanda de tutela reitera argumentos expuestos
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que la Sala no puede
desconocer que prevalece el interés por garantizar el derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia, con fundamento en las especiales circunstancias derivadas
de la suspensión de términos judiciales en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

13
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03
15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
14 Ibidem
15 La Sala ha estudiado casos similares y ha tenido por cumplido el requisito de relevancia constitucional. Ver

sentencias de tutela del 10 de febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05281-01, M.P.: Stella Jeannette
Carvajal Basto, y del 29 de enero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-04737-01, C.P. Milton Chaves García.

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6

Radicado: 11001-03-15-0000-2023-00332-00
Demandante: Vanti S.A. E.S.P.

2.4. Como están cumplidos los demás requisitos generales de procedibilidad, la Sala
procede a plantear el problema jurídico de fondo.

2.5. Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala advierte que la parte actora
alega la presunta configuración de los defectos procedimental absoluto y sustantivo, por
interpretación errada del artículo 1º del Decreto Legislativo 564 de 2020. Adicionalmente,
considera que se desconoció la sentencia C-213 de 2020, que declaró exequible el citado
decreto legislativo. Siendo así, como todos los argumentos propuestos por la actora se
subsumen en el defecto sustantivo, se abordará el análisis de fondo a partir de ese
defecto.

2.6. El problema jurídico de fondo se concreta a decidir si la providencia del 10 de marzo
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente
judicial de una sentencia de tutela, al rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el número 11001-33-34-002-2020-00207-01.

2.6.1. El estudio de tutela estará limitado al auto del 10 de marzo de 2022, habida cuenta
de que fue el que decidió en última instancia sobre la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Respuesta al problema jurídico de fondo

3.1. Para resolver el problema jurídico de fondo, la Sala pondrá de presente lo expuesto
en la providencia cuestionada, citará el artículo 1° del Decreto Legislativo 564 de 2020 y
adoptará la decisión que corresponda.

3.2. La Sala observa que la providencia del 10 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, realizó la siguiente
interpretación del Decreto Legislativo 564 de 2020:

En relación con este aspecto, cabe resaltar que el Decreto Legislativo 564 de 15 de abril de 2020,
en su parte considerativa, expuso que en relación con el inciso 3 del artículo 9 del Decreto Legislativo
491 de 28 de marzo de 2020, antes citado, se aplicará lo que dispone aquél para la suspensión de
la prescripción e inoperancia de la caducidad de las solicitudes de conciliación ante la Procuraduría
General de la Nación, es decir, que únicamente en el evento de que se suspenda la posibilidad de
radicar la respectiva solicitud de convocatoria de conciliación ante la Procuraduría General de la
Nación no correrá el término de prescripción o caducidad del medio de control.

Conforme a la anterior normativa, se aprecia que para el caso de las solicitudes de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación no operó la suspensión de los términos de
que tratan los incisos anteriores en tanto que dicho servicio, al igual que la celebración de las
audiencias de conciliación, se continuó prestando en la modalidad virtual.

(…)

No le asiste razón a la recurrente al afirmar que la suspensión de los términos judiciales implicaba
suspender los términos para la radicación de solicitudes de conciliación extrajudicial. Esta debió ser
presentada dentro del término de cuatro (4) meses que señala la norma para suspender el término
de caducidad del medio de control, independientemente de la suspensión de los términos judiciales
para incoar la demanda o ejercer el respectivo medio de control.

Se trata de un requisito de procediblidad de obligatorio cumplimiento cuyo ejercicio no estuvo
supeditado a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 564 de 15 de abril de 2020, dado que la
Procuraduría General de la Nación continuó prestando sus servicios sin interrupción alguna.

La demandante es plenamente consciente de ello. El 11 de mayo de 2020, presentó sin ninguna
dificultad la correspondiente solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de

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la Nación, con lo cual ella misma pudo constatar que no se suspendieron los términos para recibir
solicitudes de conciliación ante dicha entidad y que, por tanto, no puede invocarse el fenómeno de
suspensión del término de caducidad entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.

3.2.1. Como se ve, la autoridad judicial demandada entiende que el Decreto Legislativo
564 de 2020, que dispuso la suspensión de términos judiciales, no operó para el trámite
de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, por cuanto el
mismo se regía por el Decreto Legislativo 491 de 2020. En ese sentido, señaló que
debido a que para efectos de solicitudes de conciliación y de celebración de las
audiencias conciliatorias el servicio se continuó prestando en la modalidad virtual, la
parte actora estaba habilitada para presentar la solicitud de conciliación dentro de los
cuatro meses siguientes a la notificación del acto demandado.

3.2.1.1. A partir de lo anterior, concluyó para el momento en que la sociedad demandante
presentó la solicitud de conciliación, esto es el 11 de mayo de 2020, ya había operado la
caducidad del medio de control.

3.3. Ahora bien, en el marco del estado de emergencia derivado por la pandemia por
COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 564 de 2020, cuyo objeto
general fue asegurar el derecho de acceso a la administración de justicia en tiempos de
pandemia. El artículo 1° de dicho Decreto previó lo siguiente16:
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean
de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que
el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a
la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la
Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el
plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a
treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de
la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal.

3.3.1. A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura profirió diversos acuerdos para,
justamente, suspender los términos y así evitar la confluencia masiva de usuarios a las
sedes judiciales17. La suspensión de términos estuvo vigente entre el 16 de marzo y el

16 Nota: el Decreto legislativo 564 se declaró ajustado a la Constitución, por sentencia C-213 del julio de 2020, proferida

por la Corte Constitucional, salvo la expresión “y caducidad”, prevista en el parágrafo del artículo 1, que se declaró
inexequible.
17
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió, entre otras, las siguientes normas:
a. Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, que suspendió “los términos judiciales en todo el país a partir
del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de
garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la
libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela”.
b. Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, que complementó “las medidas transitorias de salubridad
pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”, y dispuso mantener, entre el 16 y el 20 de marzo de 2020,
las medidas de suspensión de los términos judiciales en los juzgados, tribunales y altas cortes, con excepción de las
acciones de tutela y los hábeas corpus.
c. Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, en el que, desde el 21 de marzo al 3 de abril de 2020, se
prorrogó la suspensión de términos adoptada mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-
11519 de 2020, incluidas las excepciones.
d. Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, que prorrogó la suspensión de términos, del 13 de abril al 26 de
abril de 2020 y, además, se ampliaron las excepciones.

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30 de junio de 2020, cuando fue levantada por virtud del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5
de junio de 202018.

3.3.2. De acuerdo con lo expuesto, la Sala ha entendido19 que operó la suspensión de
términos de caducidad entre el 16 de marzo y 30 de junio de 2020. Además, por
excepción, cuando al decretarse la suspensión de términos, el plazo de caducidad que
fuese inferior a 30 días, el interesado tendrá 1 mes, contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión.

3.3.3. También ha considerado que el hecho de que la Procuraduría General de la Nación
no hubiere suspendido términos para la recepción de solicitudes de conciliación
prejudicial, no podía entenderse como una autorización para desconocer la suspensión
de términos de caducidad y prescripción de efectos judiciales, de que trata el artículo 1º
del Decreto Legislativo 564 de 202020.

3.3.4. Y es que, si el Decreto Legislativo 564 de 2020 suspendió el término de caducidad
para ejercer los medios de control, tal suspensión se hace extensiva para la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial. De hecho, con la expedición del citado decreto
se superaron las dudas interpretativas que habían surgido con la lectura de los artículos
9 y 10 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en cuanto a que por un lado señaló que la
suspensión dependería del Procurador y, por otra, que los términos de prescripción y
caducidad se encontraban suspendidos.

3.3.4.1. Por lo tanto, al unificarse las medidas de suspensión respecto de la Rama Judicial
con el Decreto Legislativo 564 de 2020, no cabe duda de que dicha norma también cobijó
el trámite conciliatorio.

3.3.5. Esta interpretación es acorde con lo expresado con la Corte Constitucional en
sentencia C-213 de 2020, que señala:

Respecto a la ampliación del término para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la
caducidad, una vez se levante la suspensión de términos judiciales, esta Sala considera que
se trata de una medida anticipativa que responde a la necesidad de evitar la afluencia masiva
de los usuarios en las sedes judiciales, una vez se levante la suspensión de términos, pues de
acuerdo con la experiencia generada en otras oportunidades de suspensión de términos, por
ejemplo en época de paro judicial, cuando se han cerrado los despachos judiciales, una vez
fueron restablecidos los servicios, acudió a las sedes judiciales un gran número de personas
que durante el cierre, no pudieron realizar actuaciones ante dichos despachos. (…).

3.3.6. Tal como se evidenció, el Decreto Legislativo objeto de estudio tiene como
propósito de proteger los derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de los usuarios del sistema judicial. En este sentido, la Sala estudiará de
manera conjunta la finalidad del mencionado Decreto, y cuando sea del caso,
emprenderá valoraciones particulares de las medidas incorporadas en el decreto

18
El artículo 1 del Acuerdo PCSJA20-11567 dispuso:
Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y
administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas
en el presente Acuerdo.
19
La Sala reitera la interpretación adoptada en sentencias de tutela del 10 de febrero de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2021-05281-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto; del 29 de enero de 2023, expediente 11001-03-15-000-
2022-04737-01, C.P. Milton Chaves García; del 9 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-00923-01 M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, y del 16 de febrero de 2022, expediente 11001-03-000-2022-06616-00. M.P. Wilson
Ramos Girón.
20 Así se señaló en la sentencia 10 de febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05281-01, M.P.: Stella

Jeannette Carvajal Basto, en el cual se analizó una decisión judicial en la que también se declaró la caducidad con
fundamento en que el Decreto Legislativo 564 de 2020 no suspendió términos para la presentación de solicitudes de
conciliación.

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enjuiciado. En este orden de ideas, se procederá, con el estudio de los requisitos
materiales del Decreto Legislativo bajo control:
[…]
Por otra parte, el Decreto Legislativo 491 de 2020 ya preveía normas relativas a la suspensión
de los términos de prescripción y de caducidad, en particular, (i) su artículo 9º disponía que en
el caso en que el Procurador General de la Nación dispusiera la suspensión de la posibilidad
de realizar conciliaciones en los centros de conciliación de la Procuraduría o de conciliación
prejudicial en lo contencioso administrativo, “no correrá el término de prescripción o caducidad
de las acciones o de los medios de control, respectivamente, hasta el momento en que se
reanude la posibilidad de radicación o gestión de solicitudes”; y (ii) el artículo 10º, relativo a
los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos por
medios virtuales disponía, de manera general, no obstante el objeto limitado de dicho artículo,
que “Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria no correrán los términos de prescripción o
caducidad de las acciones”. Aunque no existe en el Decreto 564 de 2020, actualmente bajo
control, una justificación precisa respecto de la modificación de la norma anterior y únicamente
se prevé en la parte motiva que dichos asuntos ahora se regirán por este decreto, para la Corte
es claro que la existencia previa del Decreto Legislativo 491 de 2020 no enerva la necesidad
jurídica de la expedición del Decreto Legislativo 564 de 2020, por las siguientes razones: (i) A
diferencia de la norma previa, el decreto objeto de control da certeza en cuanto a la fecha a
partir de la cual se encuentran suspendidos los términos, esto es, el 16 de marzo de 2020; (ii)
se superan las dudas interpretativas que surgen de la lectura sistemática de los artículos 9 y
10 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en cuanto que una de dichas normas indica que la
suspensión dependerá de la decisión del Procurador, pero la otra dispone que los términos de
prescripción y caducidad se encuentran suspendidos; (iii) se incluyen medidas de suspensión
de términos de desistimiento tácito y de duración de los procesos; (iv) se toman previsiones
respecto del conteo de términos, luego de su reactivación, cuando se tratara de términos
inferiores a 30 días; y (v), tal como lo indicó el Gobierno Nacional frente a los requerimientos
probatorios del Magistrado ponente, que buscaban identificar la necesidad jurídica, a diferencia
de la norma anterior que mantenía la suspensión de términos hasta que el Ministerio de Salud
levantara la declaratoria de emergencia sanitaria, en el presente decreto legislativo se ata la
suspensión de los términos indicados a la suspensión de términos judiciales ordenada por el
CSJ y, de manera congruente, el levantamiento de términos se confía a una decisión
administrativa de la misma corporación, quien tomará en consideración no únicamente las
medidas sanitarias, sino, además, la capacidad institucional de la administración de justicia
para prestar el servicio público, incluso a través de medios virtuales.

Finalmente, el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” dispuso en el
inciso final del artículo 10º que "(...) durante la vigencia la Emergencia Sanitaria no correrán los
términos prescripción o caducidad de las acciones". Sin embargo, la existencia de esta norma
no excluye la necesidad jurídica de la previsión de la suspensión de términos de prescripción y
de caducidad respecto del arbitraje, considerando que se requería unificar las medidas de
suspensión respecto de la Rama Judicial y determinar una condición uniforme para su
levantamiento, en este caso, la decisión del CSJ. (Subraya la Sala)

3.4. Siendo así, la providencia del 10 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, incurrió en defecto
sustantivo por indebida interpretación del artículo 1° del Decreto Legislativo 564 de 2020,
pues desconoció que la suspensión de que trata esa norma aplica, inclusive, para las
solicitudes de conciliación.

3.5. Por consiguiente, para el caso bajo estudio, la contabilización del término de
caducidad sería la siguiente:
Fecha Hechos Término faltante para la
caducidad
31 de diciembre de 2019 Fecha en que se notificó el acto 4 meses de conformidad con el
administrativo demandado literal d) del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011

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16 de marzo de 2020 Inició la suspensión de los 1 mes y 15 días
términos judiciales ordenada por
el Consejo Superior de la
Judicatura por medio del Acuerdo
PCSJA20-11517 de 15 de marzo
de 2020, y posteriormente, el
artículo 1 del Decreto Legislativo
564 de 25 de abril de 2020,
incorpora como legislación de
excepción lo referente a la
suspensión de los términos de
prescripción y caducidad
11 de mayo de 2020 Se radicó la solicitud de 1 mes 15 días
conciliación ante el Ministerio
Público
1° de julio de 2020 Se levantó la suspensión de los 1 mes 15 días
términos judiciales en virtud de lo
dispuesto por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo
PCSJA-11581 de 27 de mayo de
2020.
24 de julio de 2020 Constancia de no conciliación 1 mes 15 días (faltaba el mismo
término, en virtud de la conciliación
prejudicial)21. Es decir, que a partir
del 25 de julio de 2020 se reanudó
el término de caducidad
9 de septiembre de 2022 Vencimiento de los 4 meses de
caducidad.
9 de septiembre de 2022 Se radicó la demanda de nulidad y Presentación oportuna de la
restablecimiento del derecho demanda, por cuanto se radicó el
día en que venció el plazo para
demandar.

3.6. A partir de lo anterior, la autoridad judicial se equivocó al interpretar el Decreto
Legislativo 564 de 2020, habida cuenta de que adoptó una interpretación restrictiva del
derecho de acceso a la administración de justicia. El error del tribunal demandado tuvo
un efecto decisivo en la decisión cuestionada, por cuanto derivó en la declaratoria de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que,
como se vio, la demanda fue oportunamente radicada.

3.7. Queda resuelto el problema jurídico de fondo: la providencia del 10 de marzo de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, sí incurrió en defecto sustantivo al rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho radicada con el número 11001-33-34-002-2020-00207-01.
En este punto, la Sala advierte que no es necesario pronunciarse sobre el
desconocimiento del precedente, por cuanto es suficiente con encontrar acreditado el
defecto sustantivo.

3.8. La Sala considera que el defecto sustantivo en que incurrió el tribunal demandado
vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, pues, en ultimas, impidió a
la parte actora el acceso al aparato judicial y obtener una decisión frente a los
cuestionamientos formulados en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.9. Para garantizar la protección del derecho a la administración de justicia, la Sala
dejará sin valor ni efecto la providencia del 10 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y ordenará que, en el

21 De conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

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término de 10 días, sea dictada decisión de reemplazo, en la que deberá tenerse en
cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de Vanti
S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia, se dispone:

2. Dejar sin valor ni efecto la providencia del 10 de marzo de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-34-002-
2020-00207-01.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, que, en el término de 10 días, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, dicte decisión de reemplazo, en los términos expuestos en las
consideraciones de esta decisión.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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