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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03004-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03004-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la decisión de primera instancia del 11 de agosto de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, en su lugar, 2. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de Colombia Móvil S.A EPS, en consecuencia, 3. Dejar sin efecto la providencia del 24 de febrero de 2022 y ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia dicte decisión de reemplazo, teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03004-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

27 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03004-01
Demandante: Colombia Movil S.A. ESP.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03004-01
Demandante: COLOMBIA MOVIL S.A. ESP.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 11 de agosto de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por COLOMBIA MÓVIL S.A. contra el
Juzgado Primero Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, por las razones expuestas.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Colombia Móvil S.A. ESP, mediante apoderada, interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el
Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. TUTELAR el derecho al acceso a la administración de justicia establecido en el artículo 229 de la
Constitución Política de Colombia.

2. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de mi representada establecido en el artículo
29 de la Constitución Política de Colombia.

3. TUTELAR el derecho fundamental a la igualdad de mi representada establecido en el artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia.

4. DECLARAR, que las providencias judiciales demandadas, violaron los derechos fundamentales
expuestos.

5. En consecuencia DEJAR sin efectos (i) el Auto I-284/2020 del 21 de octubre de 2020, mediante el
cual el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Bogotá rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurada contra la Superintendencia de Industria y Comercio (expediente
110013334001202000227-00), en el que argumentó que operó el fenómeno jurídico de la caducidad; y

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03004-01
Demandante: Colombia Movil S.A. ESP.

(ii) el Auto del 24 de febrero de 2022 Radicación: No. 110013334001202000227-01, por cuyo conducto
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera subsección B lo confirmó; en su lugar, se
ordene a las autoridades accionadas admitirla y continuar con el correspondiente trámite procesal”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Colombia Móvil S.A. ESP, el 2 de octubre del 2020, ejerció demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y
Comercio con el fin de que se declarará la nulidad de las Resoluciones: (i) 92716
del 21 de diciembre de 2018 “Por medio de la se impuso una sanción”; (ii) 51016
del 30 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de
reposición” y, (iii) 73536 del 13 de diciembre de 2019 “mediante el cual resuelve
recurso de apelación”, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, en auto del 21 de octubre de
2020, rechazó la demanda porque había vencido el término para su presentación
conforme con lo dispuesto en el artículo 164 literal d) de la Ley 1437 de 2011, en la
medida en que la notificación de la Resolución 73536 del 13 de diciembre de 2019,
se realizó por aviso 30669 del 24 de diciembre de 2019 y, por lo tanto, la parte
demandante tenía hasta el 25 de abril de 2020, para solicitar la conciliación
extrajudicial e incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
sin embargo, la conciliación se solicitó el 26 de mayo de 2020.

La apoderada de Colombia Móvil S.A. ESP interpuso recurso de apelación en el
que alegó que no ocurrió el fenómeno de la caducidad, pues en ese momento se
encontraban disposiciones normativas que se expidieron en el estado de
emergencia, lo que permitió la suspensión de términos de prescripción y caducidad
desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, además, porque de acuerdo
con el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “en materia de conciliación no correrá el
término de prescripción y caducidad de los medios de control hasta que se reanude la posibilidad
de radicación o gestión de solicitudes” y porque la Resolución PGN143 del 31 de marzo
de 2020, dispuso la suspensión de términos para los trámites de conciliación en
aquellos casos donde hubiese la imposibilidad de aportar pruebas u otros soportes
necesarios para incoar la solicitud de conciliación.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
en auto del 24 de febrero de 2022, confirmó la decisión recurrida, con fundamento
en que la Resolución 73536 del 13 de diciembre de 2019, fue notificada el 24 de
diciembre de 2019, por lo que, el término de cuatro meses de caducidad vencía el
25 de abril de 2020 y la demanda fue radicada el 2 de octubre de 2020.

Precisó que no le asistió razón al recurrente en afirmar que por el hecho de haberse
suspendido los términos judiciales también se entendían suspendidos los términos
para la radicación de solicitudes de conciliación extrajudicial, pues, se trata de un
requisito de procedibilidad de obligatorio cumplimiento cuyo ejercicio no estaba
supeditado a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 de 15 de abril de 2020.
Además, la Procuraduría General de la Nación mediante las Resoluciones 127 de
16 de marzo de 2020, 133 de 19 de marzo de 2020, 143 de 31 de marzo de 2020
y subsiguientes, implementaron la atención al público a través de la página

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Demandante: Colombia Movil S.A. ESP.

electrónica oficial de la entidad, sin que se advirtiera alguna circunstancia que
impidiera la radicación de la solicitud de conciliación.

3. Argumentos de la acción de tutela

La apoderada de Colombia Móvil S.A ESP anticipó que la acción de tutela de la
referencia cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular, sobre
el de relevancia constitucional indicó que, se cumple, en cuanto el ejercicio del
mecanismo tiene como propósito la reivindicación de los derechos, porque se vio
afectada en sus garantías mínimas procesales, por: i) la barrera que se le impuso
para acceder a la justicia, mediante dos decisiones judiciales que desconocieron el
marco jurídico aplicable durante el primer semestre de 2020, con ocasión de la
pandemia COVID-19; ii) no ser escuchada su argumentación, ni valorado el material
probatorio; iii) recibir un trato disímil frente a iguales condiciones y, iv) “aplicar un
procedimiento ajeno al previsto para el caso concreto”.

Mencionó que la ocurrencia temporal del presunto fenómeno de caducidad es
atípico, por cuanto se configura en un momento en el que fue necesario que el
Gobierno Nacional expidiera unas normas que modificaran la regla general y, que,
pese a que el tema se desarrolló con fundamento en dos normas de carácter
general (Decretos 457 y 564 de 2020), de existir una duda razonable acerca de su
ocurrencia, por parte de la autoridad judicial, debió plantear este debate en sede de
sentencia, no tanto así en la calificación de la demanda, pues ello restó
oportunidades procesales de defensa.

En cuanto al fondo del asunto sostuvo la parte actora que las autoridades
accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y “procesal” que vician las
decisiones y dan lugar a la procedencia del amparo constitucional.

En cuanto al defecto sustantivo, explicó que para la fecha de ocurrencia de los
hechos, la aplicación “plana” del artículo 136 del CPACA no era procedente, en
tanto que el Gobierno Nacional había expedido una normatividad que alteraba la
contabilización del término de la caducidad de los medios de control, esto es, el
Decreto 385 de 2020, el Acuerdo PCSJA-11517 de 2020, el Decreto 417 de 2020,
el Decreto 491 de 2020, el Decreto 564 de 2020 y el Acuerdo PCSJA-11581 de
2020, normas vigentes entre marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020.

Que, en el caso objeto de estudio la ejecutoria de la decisión que puso fin a la
investigación administrativa se dio el 26 de diciembre de 2019, por lo que, en
condiciones normales de acceso a la administración de justicia, la caducidad de la
acción se habría dado el 26 de abril de 2020, día feriado y, por lo tanto, la acción
judicial caducaba el 27 de abril del año 2020.

Dijo que, la suspensión de los términos de prescripción y caducidad de las acciones
judiciales previstos en cualquier norma sustancial o procesal operó desde el 16 de
marzo de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, que, en ese sentido, si desde el 26 de
diciembre de 2019 -fecha de ejecutoria-, hasta el 15 de marzo de 2020, -previo a que se
suspendieran los términos de caducidad de la acción judicial-, habían transcurrido dos meses
y dieciocho días, de manera que, al momento en que se restablecieron los términos,
-1 de julio de 2020-, Colombia Móvil aún contaba con un mes y once días para

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Demandante: Colombia Movil S.A. ESP.

iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo su deber haber
agotado dentro de dicho periodo el requisito de procedibilidad de la acción.

Que el referido término de un mes y once días feneció el 12 de agosto de 2020, sin
embargo, la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 11 de mayo de 2020
y el 16 de septiembre de 2020 se expidió la constancia de no acuerdo, por lo que
la demanda fue radicada el 28 de septiembre de 2020, fecha para la cual quedaba
un mes para que operara la caducidad.

Se refirió al Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a los artículos 6, 9 y 10 del
Decreto 491 de 2020, y al artículo 1 del Decreto 564 de 2020 según el cual “(...) los
términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante
los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de
marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de
los términos judiciales”.

Que, de hecho, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los acuerdos
PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-
11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532,
PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 suspendió
los términos judiciales hasta el 30 de junio de 2020, lo que hacía aplicable la
suspensión de la caducidad entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.

Dijo que, en tal sentido, el 11 de mayo de 2020 ejerció la solicitud de conciliación
prejudicial, la cual, no cuenta con ningún término independiente para agotarse, el
artículo 21 de la Ley 640 de 2001, señala la posibilidad de suspender la caducidad,
con “la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador hasta
que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los
casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias de no
acuerdo, o hasta que se venza el término de tres (3) meses”. A juicio de la parte actora, en el
presente caso, habrá de entenderse que la suspensión de la caducidad se generó
entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, “por lo que este tiempo no ha de ser
contabilizado para el término de la caducidad”.

Explicó que, pese a lo anterior, radicó la solicitud de conciliación el 11 de mayo de
2020, la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2020 y
radicó la demanda el 28 de septiembre de 2020, esto es, tan solo 12 días después,
pese a que aún le restaba 1 mes y 11 días.

Afirmó que, no es cierto que la solicitud de conciliación se presentó el 26 de mayo
de 2020 como lo afirmó el juez, pues tal como lo certificó la propia procuraduría a
cargo, la conciliación se presentó el 11 de mayo, que, si en gracia de discusión, la
suspensión de la caducidad sólo hubiese operado en los eventos en los que se
hubiese suspendido la posibilidad de radicar las solicitudes de conciliación ante la
Procuraduría General de la Nación, debió analizarse lo dispuesto en la Resolución
PGN 143 del 31 de marzo de 2020.

Indicó que, desde el escrito de solicitud de conciliación el 11 de mayo de 2020, se
puso de presente la imposibilidad de aportar algunas pruebas, soportes y anexos
en aplicación de lo dispuesto en la referida Resolución PGN 143 del 31 de marzo
de 2020.
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Señaló que también se presentó el defecto sustantivo porque no resultaba aplicable
la regla dispuesta en el segundo párrafo del artículo 1 del Decreto 564 de 2020,
sino que era aplicable el primer párrafo de esa norma.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en el alegado
defecto, al señalar que la suspensión de la caducidad no operaba en aquellos casos
en los que no se suspendiera la posibilidad de radicación de las solicitudes de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, a su juicio esa afirmación
desconoce:

(i) el inciso 3 del artículo 9° del Decreto 491 de 2020 y el Decreto 564 de 2020, que,
suspendió el término de caducidad, sin ningún tipo de condicionamiento;

(ii) lo que señaló la Corte Constitucional en sentencia C-213 de 2020, en el estudio
de los requisitos materiales de la norma, según el cual, “(ii) se superan las dudas
interpretativas que surgen de la lectura sistemática de los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo 491
de 2020, en cuanto que una de dichas normas indica que la suspensión dependerá́ de la decisión del
Procurador, pero la otra dispone que los términos de prescripción y caducidad se encuentran
suspendidos”;

(iii) parte de un supuesto lógico errado, “en tanto que, si el Decreto 564 de 2020 lo que
pretendía era mantener lo que se señalaba en el inciso 3o del artículo 9o del Decreto 491 de 2020, el
considerando habría señalado: “Que en relación con el inciso 3 del artículo 9° del Decreto 491 de
2020, se aplicará lo que dispone dicho decreto para la suspensión de la prescripción e inoperancia de
la caducidad de las solicitudes de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación”;

(iv) desconoce que la posibilidad de radicar solicitudes de conciliación no sólo
depende de la entidad receptora, esto es, la Procuraduría General de la Nación,
sino también del resto de actores que pudieran verse involucrados en el trámite, en
tanto que el convocante debe contar con un mínimo de información y
documentación que depende de terceros, los que de no estar prestando el servicio
de atención de trámites afectarían los derechos del convocante.

Igualmente, dijo que el Tribunal demandado parte del supuesto que la Procuraduría
General de la Nación nunca suspendió la posibilidad de radicar solicitudes de
conciliación, lo cual resulta completamente contrario a la realidad, tal y como se
prevé en la Resolución PGN 143 del 31 de marzo de 2020.

En relación con el defecto procedimental indicó que es claro que ante la existencia
de circunstancias atípicas que afectaron el primer semestre de 2020 respecto de la
contabilización de términos, a lo menos se configuró un escenario atípico de
administración de justicia que ameritaba la admisión y no el rechazo de la demanda,
que, en caso contrario, se le otorgaría primacía a un formalismo de conteo de
términos, pese a existir serios elementos de juicio para controvertir la forma en que
se contabilizaron los términos en el primer semestre de 2020.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 8 de junio de
2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo
de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B y vincular a la Superintendencia de Industria y Comercio, como

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terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá indicó que el despacho no ha
quebrantado derecho fundamental alguno, porque al revisar las pruebas
documentales aportadas a la demanda, estableció que la Resolución 73536 del 13
de diciembre de 2019 fue notificada por aviso 30669 el 24 de diciembre de 2019,
por lo que la compañía tenía hasta el 26 de abril de 2020 para solicitar la
conciliación extrajudicial e interponer el medio de control, sin embargo, la solicitud
se radicó el 26 de mayo de 2020, después de transcurridos 30 días del término que
se tenía para solicitarla y la demanda la presentó el 28 de septiembre de 2020, lo
que llevó a concluir que había operado el fenómeno de caducidad.

Precisó que durante la emergencia sanitaria la Procuraduría General de la Nación
continuó tramitando las solicitudes de conciliación por medios virtuales, pues el
Decreto 564 de 2020 no mencionó a dicha entidad al suspender los términos de
caducidad, por lo que, en este caso, no había lugar a considerar la suspensión
dispuesta hasta el 1 de julio de 2020.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
se opuso a las pretensiones de la demanda, con el argumento que la decisión
adoptada tuvo en consideración que, aunque, en virtud del Decreto Legislativo 564
del 15 de abril de 2020, los términos judiciales se suspendieron el 16 de marzo de
2020 y se reanudaron el 1 de julio del mismo año, no ocurrió lo mismo con los
trámites de conciliación prejudicial, pues la Procuraduría habilitó canales virtuales
para proceder a la radicación de dichas solicitudes y, por medio de las Resoluciones
127 del 16 de marzo de 2020, 133 del 19 de marzo de 2020, 143 del 31 de marzo
de 2020 y subsiguientes, implementó la atención al público por medio de la página
electrónica oficial de la entidad, por lo que no ocurrió ninguna circunstancia que
impidiera la radicación de la mencionada solicitud.

Por lo anterior, determinó que la demanda se había radicado por fuera del término
de caducidad, en tanto la solicitud de conciliación se radicó el 26 de mayo de 2020,
es decir, 31 días después de los 4 meses de que trata el artículo 164 del CPACA
para acudir al medio de control.

6. Intervención del tercero interesado

La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó negar pretensiones de la
acción de tutela, toda vez que el medio de control que pretende ejercer la parte
accionante es el de nulidad y restablecimiento del derecho que, según lo
establecido en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011, numeral 2 literal d) del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuenta con
término de caducidad de cuatro meses, el que empezará a correr a partir del día
siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo que finaliza la actuación.

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Que, la sociedad demandante radicó la solicitud de conciliación el 26 de mayo de
2022, esto es, después de los 4 meses, por lo tanto, dicha solicitud se encuentra
caducada, tal como lo indicó el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante los autos acusados en esta
acción constitucional.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, en sentencia del 11 de
agosto de 2022, negó la solicitud de tutela formulada, pues, concluyó que la
decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de rechazar por caducidad el medio de control no
adolece del defecto alegado, toda vez que, después de analizar detalladamente los
decretos legislativos y demás normas expedidas en el marco de la pandemia
causada por el COVID-19, establecieron que, para el caso de las conciliaciones
prejudiciales, no se ordenó la suspensión de términos, en tanto la Procuraduría
General de la Nación dispuso suficientes canales de atención para dar trámite a
dichas solicitudes.

Determinó que no le asistió razón a la compañía accionante cuando afirmó que,
entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020, no corrió el término para presentar la
conciliación prejudicial y que, incluso, este se había extendido un mes y once días
hasta el 12 de agosto de 2020, toda vez que, para el 25 de abril de 2020 -fecha en
que vencían los 4 meses-, la sociedad accionante contaba con todos los canales de
acceso necesarios para radicar la solicitud de conciliación y solamente acudió a la
misma el 26 de mayo de ese año.

Estableció que tampoco fue de recibo para la Sala el argumento, según el cual, la
radicación tardía de la solicitud de conciliación obedeció a la demora en la
expedición de las copias de la actuación administrativa por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que, aunque según se afirmó
en la demanda, estas fueron suministradas el 2 de julio de 2020, ello no fue óbice
para que, con anterioridad, el 26 de mayo de 2020, la sociedad presentara dicha
solicitud.

Concluyó que la posición jurídica asumida por las autoridades judiciales
demandadas constituyó un ejercicio razonable de la actividad judicial, producto de
la aplicación de las normas procesales que regulan la caducidad del medio de
control, en consonancia con las que fueron expedidas en el marco de la pandemia
causada por el COVID-19 y circunstancias particulares ocurridas en el asunto, lo
que descartó la configuración de un defecto.

8. Impugnación

La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual señaló
que la sentencia de tutela de primera instancia en el análisis del caso en concreto
se limitó a señalar que los decretos expedidos durante la pandemia no ordenaron
la suspensión de términos respecto de la atención de trámites en la Procuraduría
General de la Nación.

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Al respecto, dijo que en el escrito de la acción de tutela se alegó un defecto
sustantivo, bajo la premisa correspondiente a que, para la fecha de ocurrencia de
los hechos, la aplicación del artículo 136 del CPACA no era procedente, en tanto
que el Gobierno Nacional había expedido una normatividad que alteraba la
contabilización del término de la caducidad de los medios de control, esto es, el
Decreto 385 de 2020, el Acuerdo PCSJA-11517 de 2020, el Decreto 417 de 2020,
el Decreto 491 de 2020, el Decreto 564 de 2020 y el Acuerdo PCSJA-11581 de
2020, normas vigentes entre marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020.

Insistió en que la ejecutoria de la investigación administrativa se dio el 26 de
diciembre de 2019 y en condiciones normales de acceso a la administración de
justicia, la caducidad de la acción se habría dado el 26 de abril de 2020, día feriado,
por lo que la acción judicial caducaba el 27 de abril del año 2020, sin embargo, la
suspensión de los términos de prescripción y caducidad de las acciones judiciales
previstos en cualquier norma sustancial o procesal operó desde el 16 de marzo de
2020 hasta el 1 de julio de 2020.

Que, desde el 26 de diciembre de 2019, fecha de ejecutoria, hasta el 15 de marzo
de 2020, previo a que se suspendieran los términos de caducidad de la acción
judicial, habían transcurrido dos meses y dieciocho días. Al momento en que se
restablecieron los términos, esto es, el 1 de julio de 2020, Colombia Móvil aún
contaba con un mes y once días para iniciar la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, siendo su deber haber agotado dentro de dicho periodo el requisito de
procedibilidad de la acción. El referido término de un mes y once días feneció el 12
de agosto de 2020.

Para el caso en concreto, la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 11
de mayo de 2020, el 16 de septiembre de 2020 se expidió la constancia de no
acuerdo y la demanda fue radicada el 28 de septiembre de 2020, fecha para la cual
quedaba un mes para que operara la caducidad.

Los argumentos que fundamentan la suspensión de la caducidad se enmarcan en
que a partir del artículo 1 del Decreto 564 de 2020, los términos de caducidad
quedaron suspendidos sin ningún tipo de condicionamiento, únicamente con un
límite temporal correspondiente al momento en el que el Consejo Superior de la
Judicatura dispusiera la reanudación de los términos judiciales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que aquella regla excepcional que había quedado planteada en
el Decreto 491 de 2020, correspondiente a que el término de caducidad,
únicamente no correría en los eventos en que se suspendiera la posibilidad de
radicación de solicitudes de convocatoria de conciliación, quedó expresamente
derogada en el Decreto 564 de 2020.

En general, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
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quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 3
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.

Cuestión previa

La Sala advierte que el presente asunto cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en específico, (i)
el de relevancia constitucional, si se tiene en cuenta que la parte actora, además
de invocar la protección de derechos de carácter fundamental, identifica con
claridad y suficiencia las razones por las que las decisiones cuestionadas
desconocieron normas relacionadas con el conteo del término de caducidad y las
expedidas en el marco de la Económica, Social y Ecológica que conllevaron a la

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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denegación del derecho de acceso a la administración de justicia, argumentos que,
si bien, encuentran semejanza con los propuestos en el recurso de apelación del
proceso ordinario, no pueden ser catalogados como idénticos a los acá expuestos,
por lo que esta Sala, al igual que el a quo, considera satisfecho el requisito de la
relevancia constitucional.

Igualmente, (ii) la providencia de segunda instancia se dictó en el marco del recurso
de apelación presentado por la sociedad accionante, por lo que no cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, en tanto
la solicitud de amparo se presentó dentro de un plazo razonable y, finalmente, (iv)
las providencias atacadas no fueron dictadas en el curso de otra acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de tutela de
primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela, por considerar
que las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en algún defecto, sino
que, por el contrario, la decisión resultó razonable y acorde con el conteo del
término de caducidad.

De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala establecer si procede revocar o
confirmar la decisión de primera instancia, para lo cual, deberá previamente hacer
referencia a los supuestos de hecho que se encuentran acreditados en el caso
objeto de estudio.

De los supuestos de hecho acreditados en el caso objeto de estudio 4

• Mediante Resolución 92716 del 21 de diciembre de 2018, la Superintendencia de
Industria y Comercio impuso una sanción a Colombia Móvil S.A. ESP. Colombia
Móvil S.A. ESP interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los
cuales fueron resueltos mediante las resoluciones 51016 del 30 de septiembre de
2019 y 73536 del 13 de diciembre de 2019, respectivamente.

• La Resolución 73536 del 13 de diciembre de 2019, que finalizó las actuaciones
del expediente 13-34852 fue comunicada por aviso número 30660 del 24 de
diciembre de 2019.

• El 27 de febrero de 2020 Colombia Móvil S.A ESP solicitó a la Superintendencia
de Industria y Comercio las copias de la investigación administrativa 16-34852,
frente a la que la entidad en respuesta del 24 de abril de 2020 indicó que la solicitud
sería atendida una vez se superen las restricciones y aislamientos ordenados y en
respuesta del 24 de junio de 2020 indicó que la información requerida aún se
encontraba en proceso de ubicación y copiado y que el requerimiento sería
atendido dentro de los 10 días siguientes. En oficio del 2 de julio de 2020 remitió
las copias solicitadas “solicitud conciliación extrajudicial parte 2 expediente 15-
34852”.

4 Ver el documemento en que obran los anexos de la demana ordinaria y que obra en el expediente magnético

de la acción de tutela de la referencia en el Sisteme de Información SAMAI.
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• Obran correos electrónicos del 11 de mayo de 2020, que fueron titulados “solicitud
conciliación extrajudicial parte 1 expediente 15-34852” y “solicitud conciliación
extrajudicial parte 2 expediente 15-34852” con archivos adjuntos titulados “solicitud
conciliación 16-34852 procuraduría parte 2”, remitida por defensa@gyclaw.com
dirigida a conciliacionadtvabogota@procuraduria.gov.co, a la que se le asignó
número de radicación E-2020-259494 el 25 de mayo de 2020.

• En auto 326 del 19 de junio de 2020 la Procuraduría Sexta Judicial II Para Asuntos
Administrativos requirió a la parte convocante para que manifestara si persistía la
imposibilidad de allegar los documentos, “para si es el caso de persistir la imposibilidad de
adjuntar los documentos requeridos para la admisión, se sirva manifestarlo a fin de suspender los
términos hasta el 1 de julio de 2020, de conformidad con (sic) manifestado por la Resolución 232 de
2020. Y una vez reanudados se dispone su subsanación”.

• En auto 346 del 3 de julio de 2020 la Procuraduría Sexta Judicial II Para Asuntos
Administrativos admitió la solicitud de conciliación extrajudicial.

• El 16 de septiembre de 2020, se llevó a cabo audiencia de manera no presencial,
la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

• Colombia Móvil S.A. ESP, el 28 de septiembre del 2020, ejerció demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de
Industria y Comercio con el fin de que se declarará la nulidad de las Resoluciones:
(i) 92716 del 21 de diciembre de 2018; (ii) 51016 del 30 de septiembre de 2019 y,
(iii) 73536 del 13 de diciembre de 2019, proferidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio, según se advierte del acta individual de reparto el reparto de
la demanda tuvo lugar el 30 de septiembre de 2020 y en la misma “se deja constancia
que se recibe demanda en línea 28/09/2020”.

• El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, en auto del 21 de octubre de 2020,
rechazó la demanda.

• La apoderada de Colombia Móvil S.A. ESP interpuso recurso de apelación.

• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en
sentencia del 24 de febrero de 2022, confirmó la decisión recurrida.

Caso concreto

Como se indicó, la parte actora cuestiona la decisión de tutela de primera instancia,
por considerar que en el análisis del caso en concreto el a quo se limitó a señalar
que los decretos expedidos durante la pandemia no ordenaron la suspensión de
términos respecto de la atención de trámites en la Procuraduría General de la
Nación, a pesar de que en el escrito de tutela se alegó un defecto sustantivo, bajo
la premisa que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, la aplicación del artículo
136 del CPACA no era procedente, en tanto el Gobierno Nacional había expedido
una normatividad que alteraba la contabilización del término de la caducidad de los
medios de control, esto es, el Decreto 385 de 2020, el Acuerdo PCSJA-11517 de
2020, el Decreto 417 de 2020, el Decreto 491 de 2020, el Decreto 564 de 2020 y el

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Acuerdo PCSJA-11581 de 2020, normas vigentes entre marzo de 2020 y el 30 de
junio de 2020.

Con base en lo anterior, afirmó que “desde el 26 de diciembre de 2019, fecha de ejecutoria
de la citada Resolución 73536, hasta el 15 de marzo de 2020, previo a que se suspendieran los
términos de caducidad de la acción judicial, habían transcurrido dos (2) meses y dieciocho (18) días.
Al momento en que se restablecieron los términos, esto es, el 1° de julio de 2020, Colombia Móvil
aún contaba con un (1) mes y once (11) días para iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, siendo su deber haber agotado dentro de dicho periodo el requisito de procedibilidad de la
acción. El referido término de un (1) mes y once (11) días feneció el 12 de agosto de 2020”.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala encuentra necesario hacer
referencia a las motivaciones de la providencia del 24 de febrero de 2022, mediante
la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión de declarar
la caducidad del medio de control, acá cuestionada, que, en lo pertinente sostuvo:

“(…)

6. Así las cosas, en el presente asunto se advierte que la Resolución No. 73536 del 13 de diciembre
de 2019, “por medio la cual se resuelve un recurso de apelación”, fue notificada el día 24 de diciembre
de 2019, (fl. 180, archivo demanda del expediente electrónico), por lo que el término de cuatro meses
de que trata el artículo 164, numeral 2o, literal d) de la Ley 1437 de 2011, vencía el 25 de abril de
2020; y la demanda fue radicada ante la Oficina de apoyo de los Juzgados administrativos el 2 de
octubre de 2020; no obstante, es importante anotar que, teniendo en cuenta las medidas adoptadas
tendientes para la preservación de la vida y la mitigación de riesgos con ocasión de la situación
epidemiológica generada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) causante de la enfermedad
(COVID-19), el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales desde el dieciséis
(16) de marzo hasta el treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020), dentro de los cuales se encontraba
incluido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por lo que no se recibieron
ni tramitaron demandas y actuaciones durante ese tiempo.

7. Adicional a lo anterior, es pertinente señalar que mediante el artículo 1 del Decreto 564 de 2020, se
estableció que:

Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios
de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

8. En cuanto al tramité de las solicitudes de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso
administrativo ante la Procuraduría General de la Nación el Decreto Legislativo no. 491 de 28 de marzo
de 2020 “por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica” previó lo siguiente:

“Artículo 9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. En la
radicación de solicitudes de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de
competencia de la Procuraduría General de la Nación, se promoverán y privilegiaran los
procedimientos no presenciales, de acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta el
Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las tecnologías de la comunicación y la
información. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se
perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o mediante el uso de correos electrónicos
simultáneos o sucesivos. Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta en la que
certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias, según corresponda y cuando sea necesario
las remitirá para aprobación a la autoridad judicial competente.

El Procurador General de la Nación de acuerdo con la valoración de las circunstancias específicas de
salubridad y capacidad institucional podrá suspender la radicación y/o el trámite de solicitudes de
convocatoria de conciliaciones en materia civil, de familia y comercial que se lleven a cabo en los centros
de conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, así como de la conciliación
extrajudicial en materia contencioso administrativo adelantada por los agentes del Ministerio Público.

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En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudes de convocatoria de
conciliaciones, no correrá el término de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios control,
respectivamente, hasta el momento en que se reanude la posibilidad de radicación o gestión de
solicitudes. (...)” (Resaltado original)

9. En este aspecto es de anotar lo dispuesto por el Decreto 564 de 2020, el cual en la parte
considerativa expuso que en relación con el inciso 3 del artículo 9 del Decreto 491 de 2020 antes
citado, se aplicará lo que dispone aquel para la suspensión de la prescripción e inoperancia de la
caducidad de las solicitudes de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, es decir, que
dichas suspensiones aplican en el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de la
solicitud de convocatoria de conciliaciones y por tanto, no correrá el término de prescripción o
caducidad del medio de control.

10. Al respecto, se advierte que la suspensión de términos judiciales no era extensiva a la Procuraduría
General de la Nación, lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del
Decreto 1069 de 2015 y la Resolución 127 de marzo 16 del 2020, que dispone en su artículo 5°:

(…)

11. Conforme la anterior, se tiene que para el caso de las solicitudes de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría General de la Nación no operó la suspensión de los términos en tanto que dicho
servicio al igual que la celebración de las audiencias de conciliación se continuó prestando en la
modalidad virtual en consonancia con las instrucciones impartidas por el Procurador General de la
Nación.

12. En este contexto en el caso objeto de estudio se tiene que, la actora radicó solicitud de conciliación
extrajudicial el día 26 de mayo de 2020, es decir, 31 días después de los 4 meses que trata el artículo
164 del CPACA, pues la publicación del acto administrativo que agotó la vía gubernativa, esto es la
resolución No. 73536 del 13 de diciembre de 2019, fue publicada el 24 de diciembre de 2019, por
tanto, el actor tenía hasta el 25 de abril de 2020, para radicar la solicitud de conciliación, trayendo
como consecuencia el fenómeno de caducidad que trata el artículo 169, numeral 1° de la ley 1437 de
2011, pues se advierte incluso que la radicación de la demanda ante la oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos fue el 2 de octubre de 2020.

(…)”.

Establecido lo anterior, debe señalarse, tal como lo ha manifestado esta Sección 6,
«Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador
instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que
determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de
no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para
hacer efectivo su derecho 7.

Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno
derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando
verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada
acción o medio de control ante la jurisdicción, es decir, que es una figura que se
analiza frente a la oportunidad que se tiene para radicar demandas ante los jueces.
La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una

6 Sobre el particular, ver: (i) sentencia de tutela del 10 de febrero de 2022, expediente con radicado número:

11001-03-15-000-2021-05281-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto; (ii) auto del 4 de noviembre de 2021,
expediente con radicado número: 68001-23-33-000-2020-00851-01 (25603), medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto y, (iii) sentencia de tutela del 9 de junio de
2021, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2022-00923-01, M.P.: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección “B”, C.P.: Gustavo E. Gómez Aranguren (E), sentencia de

8 de mayo de 2014, radicación No.: 08001-23-31-000-2012-02445-01(2725-12). Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, C.P.: William Hernández Gómez, sentencia de 16 de agosto de 2018, radicado No.:
17001-23-33-000-2016-00149-01.
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pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma
objetiva.

Pese a lo anterior, en el ordenamiento jurídico existe un evento establecido por el
legislador en el que se permite la suspensión del término de caducidad, el cual es
cuando se presenta la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 8. Sin
embargo, el Presidente de la República mediante Decreto 417 de 2020, declaró el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional,
por el termino de treinta (30) días calendario con el objeto de prevenir y controlar la
propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, declaratoria que tuvo lugar por
segunda ocasión con el Decreto 637 de 2020.

En desarrollo de esa facultad temporal y excepcional, el Gobierno Nacional expidió,
entre otros, el Decreto Legislativo 564 de 2020, mediante el cual incorporó reglas
legislativas respecto de la suspensión de términos de prescripción y caducidad para
fines judiciales. Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura mediante los
Acuerdos PCSJA-11517, PCSJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA- 11521,
PCSJA20-11526, PCSJA-11527, PCSJA-11528, PCSJA-11529, PCSJA- 11532,
PCSJA-11546, PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567, suspendió los
términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, por motivos de salubridad
publica y fuerza mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19 y,
posteriormente, la referida Corporación en Acuerdo PCSJA-11581 de 27 de mayo
de 2020, dispuso el levantamiento de los términos judiciales a partir del 1° de julio
de ese mismo año. Es decir, que, respecto de la caducidad y la prescripción, los
términos para su cómputo estuvieron suspendidos por 3 meses y 14 días.

Ahora bien, es necesario resaltar que la caducidad es una figura que se analiza a
partir de la oportunidad con la que cuenta el interesado para acceder a la
jurisdicción sin que fenezca esta posibilidad, con observancia a los términos
establecidos previamente en la ley. Por consiguiente, cuando se presenta la
suspensión de los términos de dicha figura esta debe estudiarse desde la
oportunidad con la que cuenta la parte demandante para acceder a la
administración de justicia, es decir, al momento en que debería radicar la
demanda» 9.

Justamente, el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 del 2020 dispuso la
suspensión de términos judiciales, en los siguientes términos:

“Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios
de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

8 Artículo 21. Suspensión de la prescripcion o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación

extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo
2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo
que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
9 Sentencia de tutela del 10 de febrero de 2022, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2021-

05281-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03004-01
Demandante: Colombia Movil S.A. ESP.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a
la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la
Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el
plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta
(30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal .”.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-213 de 2020 10 realizó la
revisión constitucional y declaró ajustada a la Constitución Política esa disposición,
salvo la expresión y “y caducidad”, contenido en el parágrafo, con sustento en que:

“Respecto a la ampliación del término para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad,
una vez se levante la suspensión de términos judiciales, esta Sala considera que se trata de una
medida anticipativa que responde a la necesidad de evitar la afluencia masiva de los usuarios en las
sedes judiciales, una vez se levante la suspensión de términos, pues de acuerdo con la experiencia
generada en otras oportunidades de suspensión de términos, por ejemplo en época de paro judicial,
cuando se han cerrado los despachos judiciales, una vez fueron restablecidos los servicios, acudió a
las sedes judiciales un gran número de personas que durante el cierre, no pudieron realizar
actuaciones ante dichos despachos. Ahora bien, en caso de no adoptar medidas que prevengan tal
situación, la afluencia masiva aumentaría el riesgo de contagio con el virus en cuestión, considerando
que el mismo se encuentra aún en circulación en el territorio nacional y no existe, por el momento, una
vacuna que lo prevenga. Por consiguiente, responde al criterio de necesidad fáctica la medida según
la cual, cuando el plazo restante para interrumpir la prescripción o para hacer inoperante la caducidad,
al momento de decretarse la suspensión de términos judiciales por parte del CSJ, sea inferior a 30
días, los usuarios no tendrán que concurrir precipitadamente en una única fecha, sino que podrán
hacerlo en cualquier día del mes subsiguiente al levantamiento de términos judiciales, lo que favorece
el distanciamiento social, que deberá practicarse para evitar el contagio del virus.

(...)

En cuanto levantamiento de los términos de suspensión del desistimiento tácito y de duración máxima
de los procesos un mes después de que el CSJ reanude los términos judiciales, la Sala estima que se
trata de una medida que también pretende evitar que se produzcan aglomeraciones generadas por
los usuarios que pretendan reactivar sus procesos en curso y, al mismo tiempo, permite que los
despachos judiciales se preparen para atender al público en las mejores condiciones de seguridad
para proteger la salud, la vida e integridad de los usuarios.

(...)

66. En lo que respecta el juicio de no contradicción específica, la Sala encontró que de las medidas
previstas en el decreto (i) no se puede predicar el desconocimiento de la confianza legítima de quienes
tenían la expectativa de alegar el paso del tiempo en su favor (prescripción y caducidad), comoquiera
que, no se dan las condiciones para predicar confianza legítima en el caso concreto y, en su lugar, el
decreto garantiza adecuadamente los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso. Encontró igualmente la Corte que (ii) no se afecta el principio de seguridad
jurídica, pues el decreto imprime certeza a los términos respecto de los cuales permite la suspensión.

(...)

67. En lo que concierne al juicio de incompatibilidad, la Corte Constitucional advirtió que las medidas
contenidas en el Decreto Legislativo 564 de 2020 suspenden cuatro grupos de medidas de naturaleza
legal y dicha suspensión se encuentra motivada: las (i) relativas a los términos de prescripción
previstas en normas legales de cualquier rama del derecho; (ii) aquellas que aluden a los términos de
caducidad en las acciones; (iii) las relativas al desistimiento tácito (artículos 315 del CGP y 178 del
CPACA); y (iv) las de duración del proceso (artículo 121 del CGP) (...)”.

Así las cosas, la negativa de aplicar los términos de suspensión de caducidad y
prescripción, entre el 16 de marzo al 30 de junio de 2020, constituye el
desconocimiento del artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, en la medida

10 M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03004-01
Demandante: Colombia Movil S.A. ESP.

en que, el objeto de la suspensión de los términos judiciales ordenada por el
Gobierno Nacional buscaba contrarrestar los efectos de la pandemia frente al
acceso a la administración de justicia y, por ende, tiene incidencia, en el conteo del
término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Sin que lo anterior desconozca que la Procuraduría General de la Nación no
dispuso la suspensión de los términos administrativos para la presentación de
conciliaciones prejudiciales en materia de lo contencioso administrativo, posibilidad
que le otorgó el artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 2020. Sin embargo, a juicio
de esta Sala, “dicha norma no resultaba aplicable en este caso para abordar el análisis
de la caducidad de la acción” 11.

Para la Sala «la circunstancia de que la Procuraduría General de la Nación no
hubiera suspendido los términos para la recepción de las solicitudes de conciliación
prejudicial, no puede entenderse como una autorización para no descontar el
término de tres (3) meses y catorce (14) días de suspensión de los términos
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta
que esa fue la premisa normativa de la referida disposición que, se reitera, es
aplicable a este caso concreto y permite garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia de los demandantes» 12.

Conforme con lo anterior, por motivo de la pandemia, los términos judiciales y los
plazos de prescripción (de derechos) y caducidad (de los medios de control) se
suspendieron desde el 16 de marzo de 2020 y se reanudaron a partir del día hábil
siguiente a la fecha en que cesó la suspensión. De igual modo, en el Acuerdo
PCSJA20-11567, los términos estuvieron suspendidos hasta el 30 de junio de 2020
y, por ende, se reanudaron el 1 de julio siguiente.

Luego, entiende esta Sala que, para efectos de reanudar el término de caducidad,
deberá adicionarse el periodo de la suspensión de los términos judiciales. Si
durante ese periodo que se adiciona, se presentó la solicitud de conciliación
prejudicial, habrá́ que entenderse que se hizo en tiempo, habida cuenta de que se
solicitó dentro del plazo previsto para demandar, conforme con la Ley 1437 de 2011
y el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020.

Pues, una conclusión en sentido contrario, conllevaría a sacrificar el acceso efectivo
a la administración de justicia, al pasar por alto la suspensión de los términos
judiciales ordenada entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.

En ese contexto, la Sala advierte que la conclusión de la autoridad judicial
demandada, según la cual, la suspensión de términos judiciales dispuesta por el
Consejo Superior de la Judicatura, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de
2020, no operaba respecto de los trámites de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría General de la Nación en materia de lo Contencioso Administrativo,
configura el defecto sustantivo alegado por la parte actora.

11 Sentencia de tutela del 10 de febrero de 2022, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2021-

05281-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado.
12 Ibídem.

16
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03004-01
Demandante: Colombia Movil S.A. ESP.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que, a efecto de computar el término de caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a las
providencias objeto de reproche constitucional, la Resolución 73536 del 13 de
diciembre de 2019 -que puso fin a la actuación administrativa del expediente 13-34852 - fue
notificada en aviso número 30660 del 24 de diciembre de 2019, que, por lo que, de
acuerdo con el literal d) del artículo 164 del CPACA, el término de los 4 meses
contado a partir del día siguiente de la notificación 13, empezó a contar el 25 de
diciembre de 2019, el cual, en principio, culminaba el 25 de abril de 2020.

No obstante, en atención a la suspensión del término de caducidad establecido en
el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 y que se extendió por tres (3)
meses y catorce (14) días -entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020-, la oportunidad
para radicar la demanda se trasladó al 11 de agosto de 2020.

Pero, en el caso objeto de estudio, para esa fecha, se encontraba en trámite la
conciliación prejudicial -cuya solicitud se radicó el 11 de mayo de 2020-, de la cual solo
obtuvo constancia de no acuerdo el 16 de septiembre de 202014, luego, a partir del
día siguiente -17 de septiembre de 2020- empezó a correr el (1) mes y diez (10) días
con que aún contaba para ejercer el medio de control, es decir, hasta el 26 de
octubre de 2020, como ello ocurrió el 28 de septiembre de 2020, el medio de control
no se encontraba caducado.

En suma, en el presente caso, si se configuró el defecto sustantivo alegado por la
parte actora y, en esa medida, corresponde revocar la decisión de primera instancia
del 11 de agosto de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, objeto de impugnación, en su lugar, amparar el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia de Colombia Móvil S.A EPS, en
consecuencia, dejar sin efecto la providencia del 24 de febrero de 2022 y ordenar
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia
dicte decisión de reemplazo, teniendo en cuenta las consideraciones aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

13 Esta Corporación, en providencia del 31 de agosto de 2015, Exp. 2015-00155-01, Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera, reiterada en providencia del 4 de agosto de 2011,
expediente con radicado número: 27001233100020090009301 y providencia del 9 de febrero de 2017,
expediente número: 05001233300020160027401, ha definido que “los términos expresados en meses, para su
contabilización no se tienen en cuenta los días de vacancia judicial, o los que, por cualquier causa, el Despacho deba
permanecer cerrado, como ocurre con el paro judicial, los cuales no suspenden ni interrumpen el término de caducidad, de
suerte que si el vencimiento del mismo ocurre en aquellos días, el término se extenderá al primer día hábil siguiente” .
14 Ello, porque e artículo 9 del Decreto 491 de 2020, dispuso: “ Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y

21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de l o
contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses” . Asimismo, el
artículo 2 de la Resolución 193 del 30 abril de 2020, dispuso: “En cuanto a los trámites de conciliación extrajudicial
en materia de lo contencioso administrativo, el agente del Ministerio Público podrá programar y realizar audiencias de
conciliación extrajudicial de manera no presencial, respecto de las solicitudes radicadas y recibidas hasta el día 29 de mayo
de 2020, diligencias que, en todo caso, deberán celebrarse dentro de los cinco (5) meses siguientes a la fecha de radicación
de la solicitud”.
17
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FALLA
1. Revocar la decisión de primera instancia del 11 de agosto de 2022, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, en
su lugar,

2. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de
Colombia Móvil S.A EPS, en consecuencia,

3. Dejar sin efecto la providencia del 24 de febrero de 2022 y ordenar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que, dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia dicte
decisión de reemplazo, teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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