Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00923-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00923-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00923-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00923-01
Demandante: Luis Camilo Pacheco Maestre
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-00923-01
Demandante LUIS CAMILO PACHECO MAESTRE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Pensión de
sobrevivientes. Caducidad del medio de control ejecutivo con
título judicial que presta mérito ejecutivo. Defectos
procedimental y orgánico.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Luis Camilo Pacheco Maestre, contra
la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por el señor Luis Camilo Pacheco Maestre
contra el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar, en lo que tiene que ver con el defecto procedimental alegado.
SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la pretensión relacionada con el defecto
orgánico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de febrero de 20221, a través de apoderado, Luis Camilo Pacheco Maestre
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, por considerar vulnerado
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,
dignidad humana, irrenunciabilidad de los beneficios mínimos, situación más
favorable, primacía de la realidad sobre las formalidades y acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se ampare el derecho fundamental de DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C.N.), LA
SEGURIDAD SOCIAL (Art. 48, C.N.), A LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS
MÍNIMOS, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES Y PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS
FORMALIDADES (Art. 53, C.N.), PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art.
5º, C.N.), DERECHO AL DEBIDO PROCESO (Art. 29, C.N.), ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.N.), DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C.N.) y
cualquier otro que se considere vulnerado.
2. Se ordene al(los) accionado(s/as), que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE(L) CESAR revoque(n) el(los/la/s) Auto de 5 DE
1 Índice 2 Samai.
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Demandante: Luis Camilo Pacheco Maestre
AGOSTO DE 2021, que confirmó Auto del 19 DE AGOSTO DE 2020 proferido por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE(L) VALLEDUPAR.
3. Que como consecuencia de la revocatoria deprecada, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE(L) CESAR y/o el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE(L) VALLEDUPAR, debe(n) proceder dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de la Sentencia a desarchivar y expedir la Providencia que se determine.
4. Se ordene al accionado(a) que, una vez producida la decisión definitiva en el asunto en
cuestión, remita a su Despacho, copia del acto administrativo con las formalidades de ley,
so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por Sentencia de tutela”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
2.1. El señor Luis Camilo Pacheco Maestre promovió acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
pretendiendo la nulidad de la Resolución Nro. 000208 del 6 de mayo de 2010
y que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,
con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Inocenta Rafaela Muegues
Baquero, ocurrido el 7 de febrero de 1994.
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Valledupar que, mediante sentencia del 24 de mayo de 2012 negó
las pretensiones de la demanda.
2.3. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
mediante sentencia del 5 de septiembre de 2013 el Tribunal Administrativo del
Cesar revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, accedió a las pretensiones
de la demanda.
En consecuencia, el a quem declaró la nulidad de la Resolución Nro. 000208
del 6 de mayo de 2010, y a título de restablecimiento del derecho ordenó
reconocerle la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite de
la señora Inocenta Rafaela Muegues Baquero, en los términos de los artículos
46 y 48 de la Ley 100 de 1993.
El Tribunal, dispuso darle cumplimiento al fallo en los términos de los artículos
176 y 177 del CCA.
La sentencia cobró ejecutoria el 28 de octubre de 2013.
Hechos relativos a la acción ejecutiva para el cumplimiento de la sentencia
declarativa
2.4. El 15 de abril de 2016, el actor radicó ante la Secretaría de Educación del
Cesar, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitud de
cumplimiento de la mencionada sentencia, petición que fue recibida el 18 de
abril de 2016, según consta en el correo certificado aportado.
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2.5. Al no obtener el cumplimiento de la sentencia condenatoria, el 24 de julio de
2020, a través del buzón electrónico repartofjudvpar@cendoj.gov.co, presentó
demanda ejecutiva.
El conocimiento de la demanda le correspondió por reparto al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar que, por auto del 19 de
agosto de 2020 se abstuvo de librar mandamiento de pago por considerar que
operó la caducidad de la acción ejecutiva.
El Juzgado señaló que la sentencia del 5 de septiembre de 2013 proferida por
Tribunal Administrativo del Cesar que ordenó reconocer y pagar pensión de
sobrevivientes “se hizo exigible 10 meses después de su ejecutoria, esto es, que si
la sentencia cobró fuerza de ejecutoria el 28 de octubre de 2013, a partir del día
siguiente se deben contar 10 meses, los cuales vencieron el 29 de agosto de 2014.
Lo anterior significa que a partir de esa fecha el demandante disponía de cinco (5)
años para presentar la demanda ejecutiva, los cuales se extendieron hasta el 29 de
agosto del 2019, y como quiera que la demanda se presentó el 24 de julio de 2020,
[…] y repartida a esta agencia judicial por la Oficina Judicial mediante acta de fecha
11 de agosto de 2020, para la fecha ya había caducado la oportunidad para
presentarla ante la jurisdicción”.
2.6. El actor interpuso recurso de apelación contra esa decisión, argumentando
que el proceso ejecutivo fue iniciado oportunamente y el mismo debía
tramitarse bajo las reglas del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01
de 1984), y por lo tanto, la exigibilidad ante la jurisdicción ocurría luego de
trascurridos 18 meses desde la ejecutoria de la sentencia que presta mérito
ejecutivo, y no trascurridos 10 meses señalados en el CPACA, y como
equivocadamente lo indicó el a quo.
2.7. Mediante providencia del 5 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del
Cesar confirmó la decisión del Juzgado, al considerar que la sentencia
constitutiva del título ejecutivo cobró ejecutoria el 28 de octubre de 2013, por
tanto su ejecutabilidad en sede judicial empezaba a contar 18 meses después,
esto es, a partir del 28 de abril de 2015 y durante los siguientes 5 años, que
vencieron, en principio, el 28 de abril de 2020, plazo que por la suspensión de
términos debido a la pandemia del Covid-19, se extendió hasta el 1º de julio
de 2020, pero la demanda ejecutiva se radicó el 11 de agosto de 2020.
2.8. Anota el actor que esa providencia se notificó con “ Estado No. 073 del 6 DE
AGOSTO DE 2021”.
3. Fundamentos de la acción
Sostiene la parte actora que al proferir las decisiones de primera y segunda
instancia, en el proceso ejecutivo con radicado Nro. 20001-33-33-002-2020-00124-
01, promovido para obtener el cumplimiento de sentencia judicial que dispuso el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal
Administrativo del Cesar incurrieron en defecto procedimental y orgánico.
3.1. En relación con el defecto procedimental, se afirma que en el presente asunto
no operó la caducidad como lo afirmaron las autoridades judiciales de
instancia, toda vez que al haberse tramitado el proceso que dio origen a la
sentencia constitutiva de título ejecutivo bajo el Código Contencioso
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Administrativo (Decreto 01 de 1984)2, se tenía como fecha máxima para
presentar la demanda ejecutiva hasta el 13 de agosto de 2020, y la radicó a
través del correo electrónico el 24 de julio de 2020.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que la sentencia del 5 de septiembre de 2013
constitutiva del título ejecutivo, cobró ejecutoria el 28 de octubre de 2013, por
lo que los 18 meses siguientes se cumplieron el 28 de abril de 2015, y por
tanto, los 5 años de caducidad vencían el 29 de abril de 2020, fecha para la
cual, los términos judiciales se encontraban suspendidos debido a la
emergencia sanitaria por causa de la pandemia generada por el covid-19. La
suspensión de términos tuvo lugar desde el 16 de marzo y se prolongó hasta
el 1º de julio de 2020.
Lo que significa que el mes y 13 días trascurridos entre el 16 de marzo y el 29
abril de 2020 se deben contabilizar a partir de la fecha en que se reanudaron
los términos, por ende el plazo para presentar la demanda venció el 13 de
agosto de 2020, y al haber sido radicada la demanda el 24 de julio de 2020,
no es dable entender que operó el fenómeno de caducidad. Sostiene en
tutelante:
“13. Entonces si la demanda de Acción de Nulidad Y Restablecimiento del derecho
se presentó en el año 2010, forzoso es concluir que se le aplica el sistema escritural
consagrado en el decreto 01 de 1984 y por lo tanto la operación a tener en cuenta para
la caducidad es la siguiente:
[…]
d. Fallo de Segunda Instancia: 5 de septiembre del 2013
e. Ejecutoria del Fallo de Segunda Instancia: 28 de octubre del 2013
f. Vencimiento de los 18 meses de exigibilidad: 28 de abril de 2019
g. Vencimiento de los 5 años para ejecutar la Sentencia: 29 de abril del 2020
(Estábamos en emergencia Social, Ambiental y Ecológica decretada por el
Gobierno Nacional). De conformidad a lo anterior y con lo expresado por el Decreto
594 del 2020, operó la suspensión de los términos de caducidad por un lapso de 1
mes y 13 días (del 16 de marzo de 2020 y hasta el 29 de abril de 2020).
h. Fecha límite para la presentación de la Demanda: 13 de agosto del 2020,
conforme la reanudación de los términos judiciales decretada por el Consejo
Superior de la Judicatura.
i. Fecha de presentación de la Demanda Ejecutiva: 24 de julio del 2020.
En conclusión, habiéndose presentado y tramitado la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral conforme a los lineamientos del
C.C.A. (Decreto 01 de 1984), teníamos plazo para presentar la demanda ejecutiva
hasta el 13 de agosto del 2020; sin embargo, lo hicimos el 24 de julio del 2020, razón
por la cual no operó el fenómeno de la caducidad erradamente decretada por el
Despacho”.
3.2. El defecto orgánico, porque las providencias fueron proferidas sin competencia
para ello, toda vez que el único juez facultado para pronunciarse sobre el
mandamiento de pago era el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar,
quien resolvió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en primera
instancia, de conformidad con las reglas de competencia fijadas en el numeral
2 Como soporte de este argumento cita auto del 30 de julio de 2016, de la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, CP. William Hernández Gómez, radicado 25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-
14), y sentencia de tutela del 1º de diciembre de 2016 de la Sección Primera, CP. María Elizabeth García,
radicado 2016-02732-01.
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9º del artículo 156 y el artículo 298 del CPACA, así como el artículo 306 del
CGP3.
El 24 de julio de 2020 radicó la demanda ejecutiva dirigida al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Valledupar, pero, por reparto el 11 de agosto de
2020 se asignó al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar.
Por último, dice que la providencia de segunda instancia no fue notificada
personalmente a la dirección de correo electrónico señalada para esos
efectos, ni el estado 073 del 6 de agosto de 2021, desconociendo el artículo
201 del CPACA, en concordancia con los artículos 291, numeral 2, 295 y 612
del CGP.
Estos errores son aún más graves si se tiene en cuenta que el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio no ha pagado la prestación social a
su favor ordenada en la sentencia del 5 de septiembre de 2013, lo que atenta
gravemente contra su derecho fundamental a la seguridad social, a la pensión
de sobrevivientes como derecho irrenunciable, así como la situación más
favorable y la primacía de la realidad sobre las formalidades.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 14 de febrero de 2022 se admitió la acción de tutela por el
despacho sustanciador, que dispuso notificar a las partes, al igual que vincular
y notificar, como terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
Fiduciaria La Previsora S.A., y al Departamento del Cesar, Secretaría de
Educación.
4.2. El Tribunal Administrativo del Cesar se pronunció por intermedio de su
Presidenta. Solicitó negar la acción de tutela, “por cuanto la providencia proferida
por [esa] Corporación no es constitutiva de vía de hecho judicial”.
Como sustento de esa solicitud argumentó que la providencia cuestionada
mediante la cual se confirmó el auto que declaró la caducidad del proceso
ejecutivo, se ajustó a las normas procesales aplicables y a la suspensión de
términos que operó entre el 16 de marzo y el 1º de julio de 2020 debido a la
pandemia del Covid-19.
Explicó que la sentencia constitutiva de título ejecutivo fue proferida el 5 de
septiembre de 2013, quedó debidamente ejecutoriada el día 28 de octubre de
2013, como lo certificó la secretaría del Tribunal.
Por lo tanto, la condena de reconocer y pagar al actor pensión de
sobrevivientes podía ser ejecutable ante la jurisdicción 18 meses después de
su ejecutoria, en los términos lo dispuesto en el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, vigente cuando esta fue expedida, lo que
comporta que, a partir del 28 de abril de 2015 la condena resultaba exigible
ante la jurisdicción contencioso administrativa.
3 Apoyó ese argumento con lo señalado en el auto de importancia jurídica I.J. O-001-2016 del 25 de julio de
2016, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 11001-03-25-000-2014- 01534 00 (4935-
2014), CP. William Hernández Gómez.
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Precisó que el término de cinco (5) años para exigir la ejecución de la sentencia
condenatoria venció el 28 de abril de 2020, cuando se encontraban
suspendidos los términos, suspensión que se extendió hasta el 1º de julio de
2020, sin embargo, la demanda ejecutiva se presentó el 11 de agosto de 2020,
por fuera del plazo de caducidad, cuando había expirado la oportunidad para
exigir la ejecución de la referida decisión judicial.
4.3. El Ministerio de Educación Nacional se manifestó por conducto del Jefe
Oficina Asesora Jurídica. Solicitó se desvincule al Ministerio del presente
trámite porque no ha vulnerado derechos fundamentales del accionante.
4.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, la
Fiduciaria La Previsora S.A. y el Departamento del Cesar, vinculados estos
dos últimos como terceros con interés, no obstante haber sido notificados,
guardaron silencio.
5. Providencia impugnada
Mediante fallo del 17 de marzo de 2022, la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela en lo que tiene que
ver con el cargo por defecto procedimental y la “rechazó por improcedente” respecto
al defecto orgánico.
Consideró “que el conteo de caducidad efectuado por las autoridades judiciales cuestionadas
no desconoció las normas aplicables al asunto particular, toda vez que se remitió al Código
Contencioso Administrativo a fin de contabilizar el plazo en el que la obligación se hizo exigible
ante la jurisdicción, es decir, 18 meses después de la respectiva ejecutoria”.
Precisó que, como la ejecutoria de la sentencia “ocurrió el 28 de octubre de 2013, la
obligación se hizo exigible ante la jurisdicción el 28 de abril de 2015 y, en ese sentido, los 5
años con que contaba el accionante para acudir al proceso ejecutivo vencían el 29 de abril de
2020. No obstante, en dicha data, los términos judiciales se encontraban suspendidos, por lo
que el término de caducidad culminaba el día hábil siguiente, que para este efecto fue el 1º de
julio de 2020, cuando se levantó la mencionada suspensión por parte del Consejo Superior de
la Judicatura”. No obstante, la demanda ejecutiva se presentó después de esa fecha.
Además, señaló que no es “dable entender, como lo sugiere el demandante, que el tiempo
transcurrido durante la suspensión de los términos judiciales se compensara a partir del 1º de
julio de 2020, de manera que el término de caducidad se extendiera hasta el 13 de agosto de
2020, puesto que en los eventos en los que el último día de caducidad corresponda a uno
vacante o feriado – como ocurrió en este caso –, el plazo se extenderá hasta el día hábil
siguiente, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 “Sobre régimen político y
municipal”.
Consideró que la decisión adoptada por las autoridades judiciales cuestionadas es
resultado de la aplicación de las normas que regulan el proceso ejecutivo para
obtener el cobro de sentencias proferidas en vigencia del CCA y con plena
observancia de las circunstancias particulares ocurridas en el asunto, lo que
descartaba la configuración de un defecto procedimental.
En cuanto al defecto orgánico por falta de competencia, señaló que no se cumple el
requisito de subsidiariedad, dado que el demandante no manifestó reparo alguno
en sede del proceso ejecutivo y en el recurso de apelación presentado; no expuso
ese reparo ante los jueces que estaban conociendo el asunto, a través de los medios
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ordinarios de defensa previstos para ello, v. gr., el incidente de nulidad al momento
de la radicación y reparto del proceso o, inclusive, en el recurso de apelación.
Y respecto a irregularidades ocurridas frente a la forma en que se notificó la
providencia cuestionada, dijo que lo advertido “es que, en todo caso, el demandante
accedió a cada una de las etapas del proceso, por lo que se entiende que tuvo conocimiento
oportuno de cada una de ellas y, en ese sentido, no se observa una irregularidad que tenga la
relevancia necesaria para dejar sin efectos el trámite surtido”.
6. Impugnación
La parte actora impugnó para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela. Como argumentos reiteró lo expuesto en su
escrito de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico
3.1. En primer lugar, se precisa que el análisis de los argumentos de la acción de
tutela se restringirá a la providencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar. Esta delimitación obedece a que las
inconformidades contra la providencia de primera instancia se deben plantear
ante la autoridad competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso,
el de apelación. En esta medida, es en la segunda instancia donde se define
de manera definitiva la controversia y en la que corresponde al juez de tutela
concentrar el análisis de la alegada vulneración iusfundamental.
3.2. Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, y concretamente los
argumentos expuestos en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
establecer, si le asistió o no razón al juez de tutela de primera instancia en
declarar improcedente la acción de tutela respecto del defecto orgánico
alegado, y en negar las pretensiones frente al cargo por defecto procedimental.
Por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, de manera
preliminar, corresponderá a la Sala establecer si cumplen a cabalidad los
requisitos generales de procedibilidad, concretamente el de relevancia
constitucional.
De superar el anterior estudio, se determinará si al proferir la providencia de
segunda instancia del 5 de agosto de 2021, en el medio de control ejecutivo
radicado Nro. 20-001-33-33-002-2020-00124-01, el Tribunal Administrativo del
Cesar incurrió en los defectos que le endilga la parte actora.
4. Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
4.1. La relevancia constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en
las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
En caso de que se trate de los mismos argumentos y que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es factible que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
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que el juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
Justamente, la Sala considera que la acción de tutela analizada se está
empleando como si fuera una instancia adicional.
Con base en el criterio anterior, para el análisis del requisito de relevancia
constitucional por instancia adicional, esta Sala ha estimado que es posible
acudir al contraste o confrontación de los argumentos que se exponen en el
recurso de apelación contra la decisión de primera instancia en el respectivo
proceso ordinario y los fundamentos de la demanda de tutela 8, a fin de
establecer si el mecanismo constitucional es usado con el fin de prolongar la
discusión sobre aspectos ya resueltos por el juez natural.
En el caso concreto, se advierte que en ambas instancias del proceso
compulsivo iniciado para el cumplimiento de sentencia judicial favorable, se
declaró la caducidad de la acción ejecutiva, por lo que, en principio, podría
pensarse que se trata de una reiteración de argumentos, y que por tanto, la
acción de tutela fue utilizada como una instancia adicional.
Sin embargo, a juicio de la Sala, el asunto supera el requisito de relevancia
constitucional, considerando que en el presente asunto no solo se omitió la
aplicación del Decreto 564 de2020 “por el cual se adoptan medidas para la
garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, sino que además, está en
juego la posibilidad del actor de materializar el derecho a la pensión de
sobrevivientes reconocido judicialmente mediante sentencia definitiva, el cual
además de ser fundamental, es irrenunciable e imprescriptible.
4.2. En reiteradas oportunidades ha dicho la Corte Constitucional9 que conforme el
artículo 48 superior el derecho a la seguridad social es irrenunciable y que se
debe garantizar a todos los colombianos, el cual, a su vez, está consagrado en
distintos instrumentos internacionales como en la Declaración Americana de
los Derechos Humanos (art.16) y en el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art.9º), de los que se concluye que la finalidad de este
derecho es amparar a las personas contra las consecuencias normales de la
vejez, la viudez, la invalidez, y ante la imposibilidad física o mental para
proveerse su propio sustento que les asegure una vida en condiciones dignas.
Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que se
trata de una garantía fundamental, independiente y autónoma, y que su
carácter irrenunciable indica que es imprescriptible10. En ese sentido, el artículo
53 de la Carta Política dispone que, respecto de las pensiones, es deber del
Estado garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de dichas
prestaciones.
No obstante que el derecho a la pensión no prescribe, ha dicho la Corte
Constitucional que esa característica no cobija las mesadas periódicas
causadas que, teniéndose el derecho, no fueron cobradas, las que sí se
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 19 de
agosto de 2021. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2021-03795-00. Magistrado ponente: Julio Roberto Piza
Rodríguez.
9 Entre ellas se puede consultar las sentencias C-617 de 2001 y T-046 de 2016.
10 Sentencia T-001 de 2020.
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encuentran sometidas a la regla general de prescripción de tres (3) años, en
los términos de los artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, 102 Decreto
1848 de 1969 y 151 del Código Procesal del Trabajo. Así también lo ha
señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado.
En lo que se refiere específicamente a la pensión de sobrevivientes 11, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que es una prestación social fundada
en los principios de solidaridad y de universalidad de la seguridad social, que
busca garantizar a los familiares de la persona afiliada fallecida, una
estabilidad económica suficiente para asegurar su subsistencia en condiciones
dignas. Además, ha dicho que la naturaleza de la pensión de sobrevivientes
siempre estará ligada a la protección del derecho fundamental al mínimo vital
y por tanto, adquiere el carácter de fundamental12.
En la sentencia C-617 de 2001 recordó la Corte que esa prestación "busca
impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean
obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su
fallecimiento” y, con ello se busca mantener el statu quo de los familiares del
trabajador a fin de “garantizar a sus beneficiarios el acceso a los recursos
necesarios para continuar viviendo en condiciones dignas, tal como la hacían durante
la vida del causante.”
En uno de sus tantos pronunciamientos, dijo la Corte que “la sustitución pensional
tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del
producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el
desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que
las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación
pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar
post-mortem del status laboral del trabajador fallecido”13.
4.3. Así las cosas, la Sala estima procedente analizar de fondo si, como lo sostiene
el actor, la Corporación judicial accionada incurrió en defecto procedimental
al determinar que el término de los 5 años para presentar la demanda
ejecutiva vencieron el 1º de julio de 2020.
5. Requisito general de subsidiariedad y su análisis respecto del defecto
orgánico
5.1. Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales
invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección. Por esto, el artículo 6° del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen
otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
11 Frente a la pensión de sobrevivientes se pueden revisar, entre otras, las sentencias T-479 de 2009, T-427
de 2011, T-361 de 2012, T-395 de 2013, T-037 de 2014, T-527 de 2014, SU-428 de 2016, T-316 de 2017,
T-321 de 2018.
12 Ver sentencia T-006 de 2010.
13 Sentencia T-190 de 1993. En igual sentido se puede consultar, entre otras, C -1176 de 2001, C-1094 de
2003, C-451 de 2005, T-001 de 2020 y SU-149 de 2021.
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La subsidiariedad, como uno de los requisitos generales de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial, implica que el actor haya desplegado todos
los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos. Por eso, ha dicho la jurisprudencia
constitucional que la acción de tutela no es un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley para defensa de los
derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos
procesos para controvertir las decisiones que se adopten14.
De no ser así se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, concentrando en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones por parte del Juez de tutela.
El principio de subsidiariedad, reiteradamente ha precisado la Corte 15, hace
que la tutela se torne improcedente contra providencias judiciales, cuando (i)
el asunto esté en trámite, salvo como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable; (ii) no se han agotado los medios de defensa judiciales,
ordinarios y extraordinarios; y (iii) se use para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
5.2. La jurisprudencia ha sostenido que se configura el defecto orgánico, cuando
el funcionario judicial que haya expedido la providencia que se ataca, carezca,
absoluta y totalmente de competencia para ello. Es necesario entonces que
aparezca claro que quien pronunció la decisión judicial no tenía competencia
para hacerlo o se atribuyó una que no le había sido asignada16.
En estos casos, agotados los medios de defensa judicial existentes para
remediar el vicio o siendo éstos ineficaces, y cumpliéndose los demás
requisitos para la procedibilidad de la acción de tutela es procedente el amparo
por violación al debido proceso.
5.3. La parte actora alega que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar carecía de competencia para conocer en primera instancia el
proceso ejecutivo, que esa competencia correspondía al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Valledupar por haber sido el que conoció y
profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pese a que fue revocada por el Tribunal
Administrativo del Cesar mediante la sentencia del 5 de septiembre de 2013
que ordenó reconocerle la pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento de su cónyuge Inocenta Rafaela Muegues Baquero, ocurrida el 7
de febrero de 1994.
Al igual que el a quo constitucional, en lo que atañe al sustento del defecto
orgánico, esta Sala considera que el presente asunto no es posible analizarlo
de fondo, porque no se cumple con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad, conforme al cual solo es viable acudir al amparo constitucional
14 Al respecto, por mencionar algunas, se pueden consultar las sentencias SU-424 de 2012 y T-584 de 2012.
15 Ver, entre otras, sentencias T-103 de 2014 y T-006 de 2015.
16 Sentencia T-446 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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si la persona ha utilizado oportunamente todos los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales.
Así las cosas, si el demandante consideraba que el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar carecía de competencia para
conocer del proceso ejecutivo iniciado para obtener el cumplimiento de una
sentencia judicial, bien pudo oponerse a la asignación por reparto a ese
despacho y al inicio del proceso ejecutivo, incluso, alegar la causal de nulidad
por falta de competencia, sin embargo, no lo hizo. Asimismo, no objetó esa
falta de competencia en el recurso de apelación que interpuso contra el
proveído del 19 de agosto de 2020, mediante el cual ese despacho se abstuvo
de librar mandamiento de pago por haber operado la caducidad de la acción
ejecutiva.
Además de no cumplir con el requisito de subsidiariedad, porque la acción de
tutela no está concebida para enmendar las omisiones y/o falencias en que
incurren las partes en los procesos ordinarios, es claro que el hecho de no
haber expuesto en su recurso de apelación lo que sí presenta como
argumento en su escrito de tutela para sustentar el defecto orgánico, esto es,
la falta de competencia del Juzgado, resulta ser un hecho nuevo sobre el cual
el Tribunal Administrativo del Cesar no tuvo la oportunidad de pronunciarse.
Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que una de las
circunstancias que implica incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, es que se propongan en la acción de tutela nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario, ya que la acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Finalmente, frente la irregularidad en las notificaciones, en particular respecto
a que el estado 073 del 6 de agosto de 2021 no se le notificó electrónicamente
al buzón señalado para el efecto, considera la Sala, al igual que lo estimó el a
quo constitucional, al revisar el expediente del proceso ejecutivo se observa
que el actor accedió a cada una de las etapas del proceso, por lo que se
entiende que tuvo conocimiento oportuno de cada una de ellas, de ahí que no
se observa una irregularidad que tenga la importancia necesaria para dejar sin
efectos el trámite surtido.
Es más, esa irregularidad en la notificación la resalta solo con respecto a la
providencia del 5 de agosto de 2021, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, la que, dicho
sea, es la que cuestiona en la presente tutela y de la que aportó copia
digitalizada con su escrito de tutela. Por eso, se reitera, no se trata de una
inconsistencia de tal magnitud que, en sí misma, comporte dejar sin efectos el
trámite surtido en el proceso ejecutivo.
Dicho lo anterior, se confirmará el ordinal segundo del fallo impugnado, pero
en el entendido de declarar improcedente la acción de tutela interpuesta,
respecto del alegado defecto orgánico, por no satisfacer el requisito general
de procedibilidad de la de subsidiariedad.
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6. Alcance del defecto procedimental: su análisis en el caso concreto
6.1. El defecto procedimental, ha dicho la Corte Constitucional que se incurre en
él “…cuando el funcionario judicial encargado de adoptar la decisión no actúa ciñéndose
a los postulados procesales aplicables al caso y, a contrario sensu, desconoce de manera
evidente los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una decisión manifiestamente
arbitraria que, [de manera directa], vulnera derechos fundamentales”17.
Igualmente, ha reconocido dos modalidades de este defecto: 1) absoluto, que
se configura cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido, y 2) por exceso ritual manifiesto,
que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales
6.2. Hechas las anteriores anotaciones, al tratarse la pensión de sobrevivientes,
esto es, de un derecho irrenunciable e imprescriptible, este último atributo que
no afecta el derecho como si a las mesadas causadas y no cobradas, sumado
a que se ordenó su reconocimiento y pago mediante sentencia judicial,
procede la Sala a analizar si en el presente caso, como lo estima la parte
actora, la autoridad judicial accionada incurre en defecto procedimental al
asumir que el término de cinco (5) años para presentar la demanda ejecutiva
en sede judicial venció el 1º de julio de 2020, fecha en que se reanudaron los
términos judiciales que, con ocasión de la pandemia del Covid-19, se hallaban
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020.
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
(i) Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2013, el Tribunal
Administrativo del Cesar ordenó reconocer y pagar en favor del señor
Luis Camilo Pacheco Maestre la pensión de sobrevivientes en calidad
de cónyuge supérstite de la señora Inocenta Rafaela Muegues Baquero,
en los términos de los artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993. Sentencia
que cobró ejecutoria el 28 de octubre de 2013.
(ii) Para la determinación de la exigibilidad de dicha providencia, aplica el
término de 18 meses señalados en el artículo 177 del CCA desde la
ejecutoria de la sentencia, y que una vez trascurridos esos 18 meses,
inician a contabilizase los cinco (5) años para acudir a sede judicial a
exigir el cumplimiento de la sentencia.
Los 18 meses desde la ejecutoria de la sentencia corrían hasta el 28 de
abril de 2015, y los 5 años que corrieron a partir de esa fecha, vencían
el 28 de abril de 2020.
(iii) A partir del 16 de marzo de 2020, por la pandemia del Covid-19, el
Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales;
suspensión que se prolongó hasta el 30 de junio de 2020. A partir del 1º
de julio de 2020 se reanudaron esos términos.
17 Sentencia T-388 de 2015. En similar sentido se pueden consultar las sentencias T-096 de 2014; T-160, T-
444, T-620 y T-674 de 2013, entre otras.
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iv) La demanda ejecutiva se radicó vía electrónica el 24 de julio de 2020, al
buzón repartofjudvpar@cendoj.gov.co.
Por reparto del 11 de agosto de 2020 el asunto le fue asignado al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar que, por auto
del 19 de agosto de 2020 se abstuvo de librar mandamiento de pago al
considerar que la demanda se presentó por fuera del término de ley, y
que por tanto, operó la caducidad de la acción ejecutiva.
6.3. Para la Sala, si el término de cinco (5) años para presentar demanda ejecutiva
y exigir el cumplimiento de la sentencia vencían el 28 de abril de 2020, y desde
el 16 de marzo de 2020 se hallaban suspendidos los términos judiciales en
razón de la pandemia, lo razonable y proporcionado era que el tiempo de
suspensión trascurrido entre el 16 de marzo y el 28 de abril 2020, fecha hasta
la que el actor podía presentar demanda ejecutiva (1 mes y 12 días),
comenzara a contarse a partir del 1º de julio de 2020 fecha en que se levantó
la suspensión y se reanudaron los términos suspendidos en razón de la
pandemia, lo que comporta que el término de los 5 años para promover la
demanda ejecutiva se extendía hasta el 12 de agosto de 2020.
6.4. No comparte la Sala la apreciación del a quo constitucional para justificar que
la decisión asumida por autoridad judicial cuestionada, es resultado de la
aplicación de las normas que regulan el proceso ejecutivo para obtener el
cobro de sentencias proferidas en vigencia del CCA y con plena observancia
de las circunstancias particulares ocurridas en el asunto, lo que en su criterio
descartaba la configuración de un defecto procedimental, toda vez que para
justificar que el 1º de julio de 2020 vencieron los cinco (5) años para presentar
demanda ejecutiva, el juez de tutela de primera instancia acudió a lo que
dispone el artículo 62 de la Ley 4ª de 191318, anotando “que en los eventos en
los que el último día de caducidad corresponda a uno vacante o feriado -como ocurrió
en este caso-, el plazo se extenderá hasta el día hábil siguiente”.
Considera esta Sala que esa norma no aplica al caso. El término de cinco (5)
años con que contaba el demandante para promover la acción ejecutiva,
inicialmente vencía el 28 de abril de 2020, y no puede interpretarse como lo
hizo el a quo constitucional que, como los términos judiciales fueron
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 y se levantó la suspensión a partir
del 1º de julio de 2020, el 16 de marzo de 2020 se trataba de un día feriado o
de vacancia, que pasó al primer día hábil (al 1º de julio), en que se reanudaron
los términos suspendidos.
Esta conclusión tiene fundamento en el artículo 1º del Decreto 564 del 15
de abril de 202019, en el que se determinó que los términos de prescripción y
de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama
Judicial, sean de días, meses o años, permanecerían suspendidos desde el
18 “ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos
los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el
calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
(Subrayas ajenas al texto original).
19 Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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16 marzo 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga
la reanudación de los términos judiciales. Dice textualmente la norma:
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama
Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día
hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada
por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la
suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la
prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el
interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en
materia penal.
Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-213 de 2020:
“El Decreto Legislativo 564 de 2020 tiene por finalidad explícita “ salvaguardar los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, para lo cual es
indispensable suspender los términos de caducidad y prescripción desde el 16 de marzo de 2020,
fecha a partir de la cual el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales
de conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11518, y hasta cuando esta Corporación disponga su
reanudación”. Así, en términos generales, este decreto legislativo busca salvaguardar
los derechos de los usuarios del sistema judicial para la protección de sus derechos y
mecanismos de acceso a la administración de justicia, particularmente, en lo relativo al
conteo de los términos de prescripción y caducidad, ante la suspensión de términos
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. Con tal propósito, este
decreto legislativo instituye, en términos generales, las siguientes medidas: (i)
suspensión de términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma
sustancial o procesal; (ii) el conteo de su reanudación cuando el plazo para interrumpir
la prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior a treinta (30) días; (iii)
aclaración que la suspensión de términos prevista en el decreto no es aplicable en
materia penal; y, (iv) suspensión de términos procesales para el desistimiento tácito y
los términos de duración del proceso, así como su reanudación.
(…)
Teniendo en cuenta que el objeto ni el efecto del decreto legislativo consiste en la
suspensión de derechos fundamentales, sino, por el contrario, se pretende adoptar
medidas dirigidas a garantizar la eficacia del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, la carga de motivación exigida es menos exigente.
En la parte motiva del decreto, se relata la génesis de la pandemia causada por el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, la declaratoria de emergencia sanitaria y del estado de
excepción. En sus consideraciones, precisa que se expide en el marco y en desarrollo
del estado de emergencia declarado en el Decreto 417 de 2020. Resume las principales
medidas adoptadas en materia de asilamiento y distanciamiento social, para
contrarrestar su propagación.
Posteriormente, alude a la suspensión de términos judiciales declarada por el CSJ, con
algunas excepciones, para salvaguardar los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, con ocasión de las medidas de aislamiento. Expone la
necesidad de suspender, de manera simultánea, los términos judiciales y los términos
de prescripción y de caducidad, a partir del 16 de marzo de 2020, tanto respecto de
la Rama Judicial, como en materia de arbitraje, a fin de no generar incertidumbre ni
inseguridad jurídica para los jueces, los árbitros y las partes, en cuanto a la promoción
de sus derechos, acciones o medios de control y el conteo de los términos de
prescripción y caducidad, toda vez que no puede obligarse a los usuarios de la Rama
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Judicial y del arbitraje a cumplir cargas procesales, en contravía de su seguridad
personal. Indica que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acceso a la
administración de justicia es un derecho que ampara no únicamente una posibilidad
formal, sino una prerrogativa real de presentar pretensiones y que éstas sean
despachadas.
(…)
Igualmente, el decreto legislativo motiva suficientemente por qué las medidas
adoptadas surtirán efectos retroactivos, al exponer que con ello se busca que la
suspensión de términos ordenada “sea coherente con la fecha de inicio de suspensión de
términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura (…) de lo contrario se
podría interpretar que los términos procesales de inactividad por desistimiento y de duración del
proceso transcurrieron desde esta fecha hasta la expedición de este decreto, con lo cual se
desconocería el derecho de acceso a la administración de justicia de los usuarios del sistema de
justicia y se afectaría la labor de los jueces, pues con las medidas de aislamiento adoptadas para
prevenir la enfermedad coronavirus COVID-19 se afecta el trámite normal de los procesos
judiciales y el cumplimiento de los actos procesales que corresponden a los sujetos procesales y
a los jueces”. Por otra parte, la medida relativa a la extensión de los términos de caducidad o de
prescripción a 30 días posteriores al levantamiento de la suspensión de términos
judiciales por parte del CSJ se encuentra motivada en la necesidad de que “(…) los
sujetos procesales y los jueces puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o
no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, se garantice el ejercicio de los
derechos y se evite la aglomeración de personas en los despachos judiciales una vez se levante
la suspensión de términos judiciales por parte del Consejo Superior de la Judicatura”.
(…)
En consideración de lo anterior, el decreto legislativo bajo control responde a la
exigencia de suficiente motivación. El decreto legislativo no afecta, suspende ni vulnera ningún derecho fundamental y, por
el contrario, adopta medidas tendientes a hacer efectivos los derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en consideración de las
circunstancias propias de las medidas de aislamiento social preventivo y de aquellas
adoptadas por el CSJ, respecto del funcionamiento de la Rama Judicial del poder
público, durante la emergencia.
“… considera la Sala Plena de la Corte Constitucional que el decreto legislativo objeto
de control no desconoce la prohibición de arbitrariedad durante los estados de
excepción porque, en realidad, no tiene por objeto, ni por efecto, suspender el
funcionamiento de la Rama Judicial, algo que afectaría gravemente la vigencia del
Estado de Derecho y, por lo tanto, sería contrario a la Constitución y desconocería la
prohibición expresa del artículo 7º de la LEEE…”
(…)
En el presente caso, aunque es lógico que las medidas de suspensión de términos
adoptadas en el decreto objeto de control frustren la expectativa de ciertas personas
públicas o privadas respecto de quienes se tenía prevista determinada fecha para que
la obligación que pesaba sobre ellos se extinguiera (prescripción) o se cerraría la
posibilidad de ser demandados (caducidad), para la Sala Plena de la Corte
Constitucional, de tales personas no se podía predicar una confianza legítima digna de
protección y, por lo tanto, no existe inconstitucionalidad al respecto en las medidas bajo
control que tiene por finalidad hacer efectivo el derecho de acceso a la administración
de justicia, al cumplir una de las obligaciones del Estado al respecto, relativa a crear las
condiciones reales para que las personas puedan disponer de los medios institucionales
para solucionar sus litigios o controversias.
Por demás, nadie puede esperar,
legítimamente, de buena fe, que la situación anómala que amenaza la salud de las
personas, pueda beneficiar a los acreedores o a las personas que podrían ser
demandadas, por la imposibilidad de realizar los trámites necesarios para interrumpir la
prescripción o de hacer inoperante la caducidad…”. 20
20 Corte Constitucional. Sentencia C-213 del 1º de julio de 2020. M.P. Alejandro Linares cantillo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00923-01
Demandante: Luis Camilo Pacheco Maestre
De la lectura de la norma y del alcance que le dio la Corte Constitucional es
claro para la Sala que los términos de caducidad para presentar la demanda
ejecutiva se encontraban suspendidos desde el 16 marzo de 2020 hasta el día
que el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la reanudación de los
mismos.
Y se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el levantamiento
de la suspensión de los términos judiciales mediante el Acuerdo PCSJA20-
11567 del 5 de junio de 202021, que en su artículo 1º, preceptúa:
“Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión
de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de
julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo.”
Por eso, para la Sala sí es dable entender, como lo expone el demandante,
que el tiempo transcurrido durante la suspensión de los términos judiciales se
compensara a partir del 1º de julio de 2020, de manera que el término de
caducidad se extendía hasta el 12 de agosto de 2020.
Así las cosas, contrario a lo considerado por juez constitucional de primera
instancia, en el presente caso la acción ejecutiva no se encontraba caducada,
teniendo en cuenta que entre día en que empezó a contarse los cinco (5) años
(28 de abril de 2015), y a la fecha en que se dispuso suspender los términos
judiciales con ocasión de la pandemia causada por el Covid-19 (16 de marzo
de 2020), habían transcurrido 4 años, 10 meses y 16 días, de manera que al
reanudarse el cómputo de la caducidad a partir del 1° de julio de 2020, el
demandante contaba con 1 mes y 12 días más, a partir de esa fecha, para
presentar la demanda ejecutiva, es decir, hasta el 12 de agosto de 2020, en
que fenecieron los cinco (5) años.
Por eso, para cuando se radicó la demanda ejecutiva, el 24 de julio de 2020,
no había operado el fenómeno de la caducidad para ejecutar en sede judicial
el cumplimiento de la sentencia que ordenó reconocer y pagar al actor pensión
de sobrevivientes.
6.5. Por lo tanto, se revocará el ordinal primero del fallo impugnado que negó la
acción de tutela respecto al defecto procedimental, para en su lugar, conceder
el amparo del derecho al debido proceso y a la seguridad social del actor.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala revocará el ordinal primero del fallo impugnado,
y en su lugar (i) se concederá el amparo al derecho al debido proceso y a la
seguridad social del actor; (ii) se dejará sin efectos la providencia del 5 de agosto
de 2021 y se ordenará al Tribunal Administrativo del Cesar que dentro de los 10
días siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera nueva providencia
en la que retome el conocimiento del recurso de apelación en el medio de control
ejecutivo radicado 2020-00124-01 y asuma la decisión de fondo que en derecho
corresponda, partiendo de la premisa que para la fecha en que el demandante
radicó la demanda ejecutiva no había caducado el término para hacerlo.
21 Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras
disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00923-01
Demandante: Luis Camilo Pacheco Maestre
Se confirmará el ordinal segundo del fallo impugnado, pero en el entendido que se
declarará improcedente respecto a la pretensión del defecto orgánico.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el ordinal primero del fallo impugnado, proferido el 17 de marzo de
2022 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. En su
lugar, se concede el amparo constitucional al debido proceso y a la seguridad
social del señor Luis Camilo Pacheco Maestre, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
2. En consecuencia, dejar sin efectos la providencia del 5 de agosto de 2021,
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar en el
medio de control ejecutivo radicado Nro. 20-001-33-33-002-2020-00124-01, y
ordenar a la citada autoridad judicial que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera una providencia de
reemplazo en la que retome el conocimiento de del recurso de apelación y
asuma la decisión de fondo que en derecho corresponda, partiendo de la
premisa que para la fecha en que el demandante radicó la demanda ejecutiva
no había caducado el término para hacerlo.
3. Confirmar el ordinal segundo del fallo impugnado, pero en el entendido que
se declara improcedente la pretensión relacionada con el defecto orgánico,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (AUSENTE CON PERMISO)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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