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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00224-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00224-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Karla Cristina Vanegas Luna, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00224-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: KARLA CRISTINA VANEGAS LUNA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditan los presupuestos especiales de procedencia de tutela contra
fallo de tutela / TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA – Por regla general no procede
tutela contra sentencia de tutela, salvo que se presenten circunstancias excepcionalísimas
como la existencia de un fraude, hecho que, en este caso, ni siquiera fue alegado.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Karla Cristina Vanegas
Luna contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

1. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 18 de enero de la presente anualidad1, la señora Karla Cristina Vanegas Luna
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y el Tribunal Administrativo del Atlántico, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción), a la
doble instancia, de acceso a los cargos públicos, al trabajo, a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad2, con ocasión de las providencias del 16 de junio de
2022 y el 25 de julio de 2022 por medio de las cuales, en su orden, se dictó
1 Se advierte que, el 2 de febrero de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También reclama la protección de derechos de «sujetos de especial protección».

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

sentencia de segunda instancia, y se resolvieron las solicitudes de nulidad,
corrección, aclaración y adición al fallo en el proceso de tutela con radicado
08001-23-33-000-2022-00065-01. Formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben textualmente):

Que se amparen mis derechos fundamentales deprecados y como consecuencia
de ello, se deje sin efecto la decisión contenida en el fallo de fecha 16 de junio de
2022 y en su auto interlocutorio de fecha 25 de julio de 2022, por corresponder a
una decisión abiertamente apartada de la norma y la jurisprudencia aplicables, y
en consecuencia se ordene mantener mi nombramiento en el Juzgado Séptimo
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla EN
PROPIEDAD;

Que se ordene la reubicación del señor JOSÉ ULFRAN RODRÍGUEZ, y se le
continúen cancelando sus prestaciones sociales hasta que sea posible su
reubicación.

1.2 Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La señora Karla Cristina Vanegas Luna se inscribió al concurso de méritos
destinado a la conformación de los registros seccionales de elegibles para cargos
de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del distrito
judicial del Atlántico (Acuerdo CSJATA17-647 del 06 de octubre de 2017), para el
cargo de escribiente de juzgado municipal.

Tras ser admitida, y haber superado el examen de conocimientos, competencias,
aptitudes y/o habilidades, junto con la respectiva evaluación de experiencia y
estudios adicionales, fue incluida en el registro de elegibles para el cargo de
escribiente de juzgado municipal con un puntaje de 681,68 (puesto 19 en el
registro).

En el mes de abril de 2022, la aspirante optó por el cargo de escribiente del
Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla,
despacho en el que ocupó el segundo puesto de la lista de elegibles.

Luego de que el aspirante del primer lugar declinara del nombramiento, mediante
Resolución 6 del 12 de mayo de 2022, la señora Vanegas Luna fue nombrada en
propiedad en el cargo de escribiente del despacho mencionado y, el 1º de junio
siguiente, se posesionó en dicho empleo.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Por su parte, el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz, quien ocupaba en
provisionalidad el cargo en el que fue nombrada la aquí demandante, presentó
acción de tutela (rad. 08001-23-33-000-2022-00065-00/01) en contra de la juez
séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla, por
estimar que con el nombramiento de los integrantes de la lista de elegibles se
afectaron sus derechos fundamentales, dada su calidad de prepensionado. En el
trámite de la impugnación de la tutela, la señora Vanegas Luna fue vinculada
como tercera con interés.

La tutela promovida por el señor Rodríguez Ortiz correspondió en primera
instancia al Tribunal Administrativo del Atlántico, el que, mediante sentencia del 7
de marzo de 2022, amparó sus derechos fundamentales y ordenó a la juez
séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla reubicarlo
en provisionalidad en un cargo equivalente al que tenía o en una vacante futura
similar, o aquella para la que reuniera los requisitos legales, hasta el momento en
que le fuera reconocida la pensión de jubilación e incluido en nómina de
pensionados.

La anterior decisión fue impugnada y, mediante fallo del 16 de junio de 2022, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dispuso:

PRIMERO. – MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la
sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia, el cual quedará así:

«SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución núm. 006 del 12 de
mayo de 2012 expedida por la jueza séptima de pequeñas causas y
competencias múltiples del Atlántico a través de la cual nombró a la señora
Karla Cristina Vanegas Luna en el cargo de escribiente que ocupaba el
señor José Ulfran Rodríguez Ortiz, en consecuencia ORDENAR:

2.1. Al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico que priorice a la
señora Karla Cristina Vanegas Luna en la próxima lista de elegibles que se
conforme para el cargo al cual aspiró de tal manera que sea posible su
reubicación y no se afecten sus derechos de carrera.

2.2. Una vez efectuada la reubicación de la señora Karla Cristina Vanegas
Luna, la jueza de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla deberá reintegrar en un término no superior a veinticuatro (24)
horas al señor José Ulfran Rodríguez Ortiz al cargo de escribiente en el que
había sido nombrado mediante Resolución núm. 005 del 1 de abril de 2022.

2.3. En el interregno entre la reubicación de la señora Karla Cristina
Vanegas Luna y el reintegro del señor José Ulfran Rodríguez al cargo que

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Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ocupaba, el Consejo Seccional de la Judicatura, deberá pagar a favor del
accionante los aportes a seguridad social correspondientes.

TERCERO.- El reintegro del señor José Ulfran Rodríguez Ortiz estará
vigente hasta cuando le sea reconocida la pensión al accionante y este sea
incluido en la nómina de pensionados.»

SEGUNDO.- ADICIONAR la sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico conforme las razones señaladas en esta
providencia, en los siguientes términos:

«CUARTO.- ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
que:

4.1. A través del comité de convivencia constituido para el efecto, realice un
seguimiento al caso sub examine a fin de salvaguardar el buen ambiente
laboral de dicho despacho judicial.

4.2. Brinde las capacitaciones necesarias al accionante en relación con la
implementación de las nuevas tecnologías a los trámites judiciales.

QUINTO.- REMITIR copias de las presentes diligencias a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que provea lo que en
derecho corresponda respecto a la actuación de la jueza séptima de
pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla, señora Karol
Natalia Roa Monsalve».

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 7 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que amparó los derechos
fundamentales del accionante de acuerdo con los argumentos consignados en la
parte motiva de este fallo. las razones señaladas en esta providencia.

Frente a la sentencia de segunda instancia, la señora Karla Cristina Vanegas
Luna presentó solicitud de adición del fallo e incidente de nulidad por no haber
sido vinculada desde la primera instancia; el señor Rodríguez Ortiz, la corrección,
y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, una aclaración. En
providencia del 25 de julio de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado resolvió dichas peticiones así:

PRIMERO.- NEGAR la solicitud de adición y el incidente de nulidad presentados
por la señora Karla Cristina Vanegas, de conformidad con los motivos expuestos
en esta providencia.

SEGUNDO.- CORREGIR la sentencia del 16 de junio de 2022 proferida dentro
de la acción de tutela presentada por el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz en el
entendido que para todos los efectos la Resolución 006 corresponde al 12 de
mayo de 2022 y no como erróneamente se había indicado, de acuerdo con lo
señalado en la parte considerativa de esta providencia. En ese sentido, el
NUMERAL PRIMERO quedará así:

«PRIMERO. – MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la
sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia, el cual quedará así:

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

«SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución núm. 006 del 12 de
mayo de 2022 expedida por la jueza séptima de pequeñas causas y
competencias múltiples del Atlántico a través de la cual nombró a la señora
Karla Cristina Vanegas Luna en el cargo de escribiente que ocupaba el
señor José Ulfran Rodríguez Ortiz, en consecuencia, ORDENAR: […]»

TERCERO.- ACLARAR y ADICIONAR el NUMERAL PRIMERO de la sentencia
del 16 de junio de 2022 proferida dentro de la acción de tutela presentada por el
señor José Ulfran Rodríguez Ortiz en los siguientes términos:

«PRIMERO. – MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la
sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia, el cual quedará así:

«SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución núm. 006 del 12 de mayo
de 2022 expedida por la jueza séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples del Atlántico a través de la cual nombró a la señora Karla Cristina
Vanegas Luna en el cargo de escribiente que ocupaba el señor José Ulfran
Rodríguez Ortiz, en consecuencia, ORDENAR:

2.1. Al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico que priorice, según
lo expuesto en este proveído, a la señora Karla Cristina Vanegas Luna en
la próxima lista de elegibles que se conforme para el cargo al cual aspiró de
tal manera que sea posible su reubicación y no se afecten sus derechos de
carrera. Al conformar las correspondientes listas de elegibles para proveer
el cargo de escribiente municipal, previa presentación de opción de sede
por parte de la señora Karla Cristina Vanegas, siempre se deberán respetar
los puntajes y las posiciones que obtuvieron los demás aspirantes, incluida
la citada.

2.2. Una vez efectuada la reubicación de la señora Karla Cristina Vanegas
Luna, la jueza de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla deberá reintegrar en un término no superior a veinticuatro (24)
horas al señor José Ulfran Rodríguez Ortiz al cargo de escribiente en el que
había sido nombrado mediante Resolución núm. 005 del 1 de abril de 2022.

2.3. En el interregno entre la reubicación de la señora Karla Cristina
Vanegas Luna y el reintegro del señor José Ulfran Rodríguez al cargo que
ocupaba, el Consejo Seccional de la Judicatura, deberá pagar a favor del
accionante los aportes a seguridad social correspondientes.

2.4. Toda vez que la Resolución núm. 006 del 12 de mayo de 2022 se dejó
sin efectos y con ello el nombramiento en propiedad en el cargo de
escribiente de la señora Karla Cristina Vanegas Luna, se ordenará a la
jueza séptima de pequeñas causas y competencias múltiples del Atlántico
que la nombre temporalmente en dicho cargo hasta tanto se logre su
nombramiento en otro despacho judicial en el cargo al que aspiró.

TERCERO.- El reintegro del señor José Ulfran Rodríguez Ortiz estará vigente
hasta cuando le sea reconocida la pensión al accionante y este sea incluido en la
nómina de pensionados.»

En cumplimiento del citado fallo de tutela, la juez séptima de pequeñas causas y
competencias múltiples de Barranquilla nombró de manera temporal a la señora
Karla Cristina Vanegas Luna en el cargo de escribiente.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De otra parte, la accionante sostuvo (i) que se «encuentra en trámite un incidente
de desacato» y (ii) que, mediante Resolución CSJATR22-4360 del 14 de
diciembre de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico ordenó su
exclusión del registro de elegibles, razón por la cual le es imposible optar por
nuevas opciones de sede.

1.3. Argumentos de la tutela

La señora Karla Cristina Vanegas Luna consideró que las autoridades judiciales
demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso y a la doble instancia,
toda vez que:

• Solo fue vinculada en la segunda instancia y no se le permitió presentar
argumentos de defensa, bajo el argumento de que la contestación fue
enviada a un buzón que no estaba habilitado. Explicó que dicha
equivocación obedeció a la «angustia y zozobra» que le generó la
posibilidad de quedar sin empleo, por lo que no pudo «evaluar con claridad
los medios dispuestos para remitir los memoriales».
• Negaron sus solicitudes de «aclaración» al fallo de tutela y de nulidad,
fundadas en el hecho de no haberse tenido en cuenta su contestación
como tercera con interés, y por no haberse vinculado a los demás
integrantes del registro de elegibles para el cargo de escribiente.
• Dejaron sin efectos un acto administrativo de contenido particular, sin el
consentimiento del interesado.
• Se omitió su vinculación en el trámite de incidente de desacato que cursa
en el Tribunal Administrativo de Atlántico.

De otra parte, argumentó que se violaron sus derechos al acceso a cargos
públicos por concurso de méritos, con fundamento en que:

• Se desconoció el derecho que le asiste de ser nombrada en propiedad, por
haber superado las etapas del concurso de méritos.
• No se hizo una ponderación de los derechos del prepensionado y de quien
superó todas etapas del concurso.
• Se desconocieron los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 y el
Decreto 1415 de 2021, que establecen la garantía de reubicación de los

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

prepensionados; en su lugar, se le otorgó un fuero de estabilidad laboral, a
pesar de la existencia de una lista de elegibles.

Afirmó que se desconoció su derecho al trabajo, al dejarse sin efectos su
nombramiento en propiedad, a lo que se suma que ya no hace parte del registro
de elegibles, razón por la cual no puede optar por las opciones de sede, porque el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, en Resolución CSJATR22-4360
del 14 de diciembre de 2022, la excluyó del referido registro.

Que se afectó el derecho a la igualdad, por cuanto el Consejo de Estado omitió
amparar sus derechos de la misma forma en que decidió la acción de tutela
promovida por el señor Pedro Moros, quien también integró la lista de elegibles y
fue nombrado en el cargo de escribiente.

Adujo que se vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al ordenarse
su reubicación en la próxima vacante, obligándole a enviar opciones de sede sin
importar en dónde estaban ubicadas, con lo cual se desconoce el derecho el
derecho a escoger sede, especialidad y ubicación; además, porque de ser
reubicada en otro municipio se desmejorarían sus condiciones laborales y se
afectarían los sujetos de especial protección con los que convive, esto es, su hijo
de dos años y su madre que es adulta mayor y padece de «insuficiencia crónica
estado V».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 20 de enero de 2023, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Atlántico y a los del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, como parte demandada; como terceros con interés, a los
señores José Ulfran Rodríguez Ortiz y Pedro José Moros Fontalvo, a la titular del
Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla
y al presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. Así mismo, se
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico sostuvo que ha estado verificando el
cumplimiento del fallo de tutela objeto de la presente solicitud de amparo, tarea en
la cual no ha vulnerado ninguno de los derechos de la accionante.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Alegó que lo resuelto por esa corporación no incidió en la expedición de la
Resolución CSJATR22-4360 del 145 de diciembre de 2022, por medio la cual el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico excluyó a la demandante del
registro de elegibles de escribiente de juzgado municipal. Esto, a pesar de que fue
nombrada en provisionalidad y no en propiedad, de conformidad con lo ordenado
en el fallo de tutela.

2.2. El señor José Ulfran Rodríguez Ortiz sostuvo que a la accionante no se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, pues cuenta con la posibilidad de optar
por las sedes de su preferencia y ejercer su derecho de carrera.

De otra parte, adujo que la procedencia de la tutela contra un fallo de tutela está
sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en la sentencia SU-625 de 2015,
los cuales no se cumplen en este caso. Por tanto, la acción de tutela debe
declararse improcedente, al tiempo que debe ordenársele a la juez séptima de
pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla reintegrarlo al cargo
de asistente judicial que se encuentra vacante.

2.3. La titular del Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Barranquilla explicó que, en cumplimiento al fallo de tutela dictado por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expidió el acto
administrativo de nombramiento temporal de la señora Vanegas Luna.

Por lo demás, expuso las diferentes situaciones administrativas presentadas al
interior del Despacho, respecto del cargo que dio lugar al debate constitucional.

2.4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico adujo que se configura una
falta de legitimación en la causa por pasiva en su favor, puesto que carece de
competencia para decidir lo ordenado «en la sentencia T-065-2022 (sic)»3.

Señaló que, en atención a lo dispuesto en la sentencia de tutela cuestionada y al
auto aclaratorio del 25 de julio de 2022, dicha corporación en Sala extraordinaria
corrigió la Resolución CSTR22-4360 del 14 de diciembre de 2022, en el sentido de
abstenerse de excluir del registro a la señora Karla Cristina Vanegas Luna y

3 Aunque se alude a un fallo de la Corte Constitucional, en realidad se está haciendo referencia a la

sentencia de tutela objeto de la presente demanda.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

continuar con su priorización en la próxima lista de elegibles que se conforme para
el cargo al cual aspiró.

2.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, por cuanto se dirigía contra una sentencia de tutela; y que frente
a los reparos contra la Resolución CSJATR22-4360 de 2022, en la que se excluyó
a la demandante del registro de elegibles, existe el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.6. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias
judiciales; sin embargo, a partir del año 20124, aceptó su procedencia, conforme
con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole
flagrantemente algún derecho fundamental.

4 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.

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Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en unos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato o de la impugnación
del fallo.

Pero, si de lo que se trata es de una solicitud de amparo contra un fallo de tutela
que no fue proferido por la Corte Constitucional, la procedencia de la tutela es
excepcionalísima y se restringe a la existencia de un fraude, es decir, cuando se
presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, «siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera
clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto
de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación»5. Para tal efecto, es
imprescindible que la tutela no haya sido seleccionada por la Corte Constitucional,
dado que, mientras exista esa posibilidad la decisión no se encuentra en absoluta
firmeza y el fraude puede ser conjurado por la decisión producto de la revisión
eventual.

Ahora bien, una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales
anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que
advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i)
defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La
Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar

5 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional6».

2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
especiales y generales de la tutela contra sentencia dictada en otro proceso de
tutela. Solo en caso de que se cumplan, se abordará el estudio de fondo con el fin
de establecer si las providencias del 16 de junio y del 25 de julio de 2022, por
medio de las cuales, en su orden, se dictó sentencia de segunda instancia y se
resolvieron las solicitudes de nulidad, corrección, aclaración y adición de la
sentencia, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
en el proceso de tutela con radicado 08001-23-33-000-2022-00065-00/01,

6 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

vulneraron los derechos fundamentales de la señora Karla Cristina Vanegas Luna
y si, como consecuencia de ello, se debe conceder el amparo solicitado.

3. Análisis de la Sala

3.1. De la procedencia de tutela contra sentencia de tutela.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó el criterio en
relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión
adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato o de la impugnación al fallo de tutela7.

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

• Análisis de la procedencia de la tutela contra tutela en el caso
concreto

La señora Karla Cristina Vanegas Luna pretende que «se deje sin efecto la
decisión contenida en el fallo de fecha 16 de junio de 2022 y en su auto
interlocutorio de fecha 25 de julio de 2022, por corresponder a una decisión
abiertamente apartada de la norma y la jurisprudencia aplicables, y en
consecuencia se ordene mantener mi nombramiento en el Juzgado Séptimo de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla EN PROPIEDAD».
Bajo esa premisa, resulta evidente que la solicitud de amparo es abiertamente
improcedente, pues, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, por regla
general, no procede el cuestionamiento por vía de tutela contra otro fallo dictado
en una acción de tutela, salvo que se trate de eventos excepcionalísimos en los
que exista fraude y se configure una «cosa juzgada fraudulenta».

7 Esta última hipótesis es aceptada en la sentencia T-162 de 1997 y reiterada en diferentes
ocasiones, entre otras, en la SU-627 de 2015 y la SU-387 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En este caso, en manera alguna la parte actora ha enrostrado a la decisión de las
autoridades judiciales accionadas la existencia de un fraude en el contenido de la
decisión, sino que su inconformidad es directamente con el contenido del fallo y la
de la providencia que resolvió sus solicitudes de nulidad y aclaración, adición o
corrección, por no compartir lo que allí se decidió. De hecho, la solicitud de
amparo se edifica en puntos de derecho y no en que la sentencia sea producto de
una situación fraudulenta.

Aun cuando la parte indica que en el otro proceso de tutela se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, por no haber
sido vinculada desde la primera instancia y porque no fueron vinculados los demás
integrantes del registro de elegibles, en últimas, ese debate también fue zanjado
en aquel trámite, toda vez que, en providencia del 25 de julio de 2022, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incorporó dichas
decisiones al fallo, pues allí también se resolvieron las solicitudes de adición,
corrección y aclaración de la sentencia, por lo que el debate continúa dentro del
marco de lo decidido en la tutela.

De suerte que este mecanismo no es idóneo para discutir una sentencia de tutela
que fue tramitada en sus dos instancias y surtió el trámite de revisión eventual8 por
la Corte Constitucional, por consiguiente, lo decidido hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, luego es improcedente un nuevo escrutinio, en tanto que los
principios de seguridad jurídica impiden que un mismo debate sea sometido a la
revisión periódica o perpetua de las autoridades judiciales.

La discusión sobre el cargo de escribiente del Juzgado Séptimo de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiples de Barranquilla, en el que la señora Vanegas
Luna fue nombrada en propiedad y, posteriormente, de manera temporal, fue
zanjada en el proceso de tutela que formuló el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz,
de tal manera que ninguna de las partes e interesados que estuvieron
involucrados en dicha controversia se encuentra habilitado para promover un
nuevo juicio o para vincularse a uno existente, revivir ese debate y ampliar los
reparos contra esa decisión o los relacionados con el cumplimiento del fallo.

8 Según información registrada en la página web de la Corte Constitucional, la acción de tutela con

radicado 08001-23-33-000-2022-00065-00 (T8961571) fue excluida de revisión por la Sala Diez de
Selección de Tutelas, como consta en el numeral octavo del auto del 28 de octubre de 2022. (Ver
hipervínculos).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De modo que la señora Vanegas Luna no puede pretender que, a través de una
nueva acción de tutela, se mantenga su nombramiento en propiedad y se
resguarden los derechos del señor Rodríguez Ortiz, convirtiendo este valioso
mecanismo constitucional en una suerte de demanda de reconvención, con el
propósito de modificar o revocar las órdenes impartidas en otro proceso de tutela.
Tampoco es de recibo que el señor José Ulfran como tercero con interés en esta
tutela solicite que sea nombrado en otro empleo, pues todos esos aspectos se
enmarcan y tienen como límite las órdenes simples y complejas que fueron
dictadas en la tutela anterior, por lo que su verificación y cumplimiento debe
proponerse y constatarse en aquel proceso.

En tal sentido, conviene considerar que al Tribunal Administrativo de Atlántico le
corresponde verificar el cumplimiento de las órdenes del fallo de tutela, por tanto,
los aspectos que a ello conciernen o las alternativas para lograr su ejecución
deben definirse en la misma tutela inicial, en la medida en que tampoco se
exponen elementos que justifiquen la procedencia de la tutela por decisiones
proferidas en el trámite del desacato, mucho menos si, como se aprecia, se
encuentran decisiones pendientes en dicha actuación.

Nótese que, ante la dificultad de hacer efectivo el cumplimiento del fallo de tutela,
el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del
2 de febrero de 2022, ordenó que se remitiera el expediente a la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, «a fin de que se examine la
posibilidad de modular la sentencia de tutela de segunda instancia fechada 16 de
junio de 2022, y el auto de fecha 25 de julio de 2022, en el sentido de considerar
procedente, entre otras alternativas, el nombramiento transitorio del señor José
Ulfran Rodríguez Ortiz, en el cargo de Auxiliar Judicial Grado 6 del Juzgado
Séptimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla, hasta
que se logre la reubicación de la señora Karla Cristina Vanegas Luna, condición
estipulada en esas providencias».

De lo dicho se concluye que, a la acción de tutela inicial, al desacato o verificación
de cumplimiento no puede anteponerse una nueva acción de tutela como
instrumento paralelo o alterno, bien para cuestionar por simple inconformidad la
sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional o para procurar o debatir
el cumplimento del fallo de tutela, cuando no existe un ataque que surja de un

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

fraude en la decisión o de una efectiva vulneración de los derechos al debido
proceso en las actuaciones previas o posteriores al fallo que no haya sido posible
debatir o conjurar en la misma actuación.

Finalmente, la Sala estima que, en lo atinente a la exclusión de la señora Vanegas
Luna del registro de elegibles, dicha decisión también debe ser valorada en el
marco de la verificación del cumplimiento del fallo de tutela objeto de esta
demanda, pues la permanencia en el registro de elegibles depende de si la
concursante ha tomado posesión en propiedad en el cargo y como su
nombramiento en propiedad fue dejado sin efectos en el fallo en cuestión, para, en
su lugar, ordenar un nombramiento temporal hasta tanto la demandante pueda ser
nombrada y posesionada en propiedad, no hay duda de que la decisión de
exclusión del registro se encuentra atada al cumplimiento del fallo; y es en ese
escenario en el que debe discutirse su eventual incumplimiento.

En todo caso, conviene señalar que el propio Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico, al contestar esta tutela, afirmó haber corregido tal situación y, por
ende, se abstuvo de excluir a la demandante del registro de elegibles de
escribientes. Dicha circunstancia fue constatada por la Sala en la respectiva
página electrónica, en la que se advierte que el hecho fue conjurado mediante
Resolución CSJATR23-95 del 24 de enero de 2023.

En suma, como la presente tutela no satisface los requisitos jurisprudenciales de
procedencia de la acción de tutela contra una sentencia proferida en otro proceso
de tutela, sino que lo que se busca es controvertir el fallo y establecer un
mecanismo alterno para restarle efectos y/o discutir su cumplimiento, es claro que
las pretensiones son improcedentes y así lo declarará la Sala en la parte
resolutiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00224-00
Demandante: Karla Cristina Vanegas Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Karla Cristina Vanegas Luna, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
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