Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00065-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00065-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2022-00065-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
16 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00065-01
Accionante: JOSÉ ULFRAN RODRÍGUEZ ORTIZ
Accionado: JUEZ SÉPTIMA DE PEQUEÑAS CAUSAS Y OTROS
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
derechos fundamentales a la vida digna, salud,
seguridad social, mínimo vital, trabajo, debido
proceso e igualdad / concurso de méritos /
prepensionado / estabilidad reforzada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante y la jueza séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples de Barranquilla en contra de la sentencia del 7 de marzo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
accedió parcialmente al amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales a la vida
digna, salud, seguridad social, mínimo vital, trabajo, debido proceso e
igualdad se fundamenta en los siguientes:
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1. HECHOS
El 14 de febrero de 2022, la jueza séptima de pequeñas causas y
competencias múltiples de Barranquilla, nombró en propiedad como
escribiente nominado de ese despacho judicial al señor Pedro José
Moros Fontalvo, pese a que quien ocupaba el cargo en
provisionalidad, el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz tenía el carácter
de prepensionado.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«Solicito se conceda el amparo a mi favor, en relación con los
derechos fundamentales a la vida digna, salud, seguridad social en
pensiones, mínimo vital, trabajo, debido proceso y a la igualdad.
Se ordene a la Dra. Karol Natalia Roa Montalvo, juez séptima de
pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla (antes juez
dieciséis civil municipal de Barranquilla, que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la decisión que se
profiera, proceda a nombrarse en el cargo de escribiente nominado,
que venía desempeñando en el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas
y Competencias Múltiples de Barranquilla (antes juez dieciséis civil
municipal de Barranquilla), hasta tanto me sea reconocida la pensión
de vejez y haya sido incluido en la nómina de pensionados de
COLPENSIONES».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
En la acción de tutela, la parte accionante afirmó que la actuación de
la juez séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla vulneró sus derechos fundamentales puesto que
desconoció su calidad de prepensionado la cual le aseguraba una
estabilidad laboral reforzada en el cargo que ostentaba en ese
despacho judicial como escribiente nominado.
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4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 23 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo
del Atlántico, admitió la acción de la referencia y ordenó notificar a la
jueza séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla, al Consejo Seccional del Atlántico y al señor Pedro José
Moros Fontalvo, como accionados para que en el término de dos (2)
días, a partir del recibo de la comunicación, se pronunciaran sobre los
hechos que fundamentaron la acción de tutela. Asimismo, negó la
medida provisional solicitada consistente en la suspensión del
nombramiento y posesión del señor Pedro José Moros Fontalvo,
porque no la estimó urgente, ni necesaria.
5. INTERVENCIONES
5.1. La juez séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples de Barranquilla sostuvo que no vulneró los derechos del
accionante, porque su actuación se ajustó a las normas y
jurisprudencia que privilegian el derecho al mérito.
En ese sentido, advirtió que ha realizado varios llamados de atención
al señor José Ulfran Rodríguez Ortiz por fallas en la prestación del
servicio y el incumplimiento de tareas que le ha asignado e indicó que
ante la tensión entre su condición especial y el derecho al mérito la
Corte Constitucional ha establecido alternativas como el otorgamiento
de las prestaciones sociales o la posibilidad de encontrar vacantes en
otras plazas en la Dirección Nacional que estén más acordes con el
perfil del accionante, las cuales podría eventualmente garantizar de
forma transitoria los derechos del mismo.
5.2. El señor Pedro José Moros Fontalvo manifestó que la acción
de tutela es improcedente, por cuanto el señor José Ulfran Rodríguez
Ortiz cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho y no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable. Asimismo, solicitó la desvinculación del presente trámite
constitucional, toda vez que los hechos son ajenos a él en el
entendido que su nombramiento fue el resultado de superar el
concurso de méritos para el cargo en que fue nombrado.
5.3. La presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico señaló que una vez revisada la base de datos del
accionante no se encontró registro alguno en que se informara acerca
de su condición especial de tal manera que se publicó la vacante y
sostuvo que en todo caso según la Circular CJC22-2 del 10 de febrero
de 2022 expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura dispuso que la autoridad
nominadora era la que tenía la facultad de definir sobre las solicitudes
de estabilidad laboral reforzada de los empleados en provisionalidad
sin que en ello intervenga esa entidad.
5.4. La señora Karla Cristina Vanegas Luna fue vinculada al presente
trámite mediante auto del 8 de junio de 2022, el cual fue
debidamente notificado, sin embargo, no se pronunció.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 7 de
marzo de 2022, tuteló el derecho fundamental al trabajo y seguridad
social del señor José Ulfran Rodríguez Ortiz y en consecuencia ordenó
a la titular del Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Barranquilla a reubicar en provisionalidad al accionante
en un cargo equivalente al que venía ejerciendo, siempre y cuando
estuviera vacante de manera definitiva y no se hubiere remitido al
despacho judicial accionado las opciones presentadas por el personal
incluidas en el registro de elegibles vigente para ese empleo o
vacante temporal o en su defecto, cuando proveyera cualquier
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vacancia futura en un cargo similar, o en aquel que el accionante
reuniera los requisitos legales, ya fuera definitiva o temporal, de
acuerdo con las circunstancias administrativas citadas.
Adicional a lo anterior, indicó que «dicha reubicación estará vigente
hasta cuando le sea reconocida la pensión al accionante y esté
incluido en nomina de pensionados, siempre que no hayan remitido al
despacho judicial accionado las opciones presentadas por personas
incluidas en el vigente registro de elegibles para ese empleo vacante
de manera definitiva. Si fue reubicado en un cargo vacante
temporalmente, permanecerá hasta cuando cese la situación
administrativa que originó la separación del titular de ese empleo, o el
tiempo de duración de la medida de descongestión según el caso. Y
de presentarse otra vacante definitiva (si no hay remisión de opciones
de personal incluidas en el registro de elegibles vigente); o temporal
(cargo de planta o creado como medida de descongestión),
nuevamente reubicará al accionante y así sucesivamente hasta
cuando reúna las semanas faltantes, a fin de que le reconozcan la
pensión y esté incluido en nómina de pensionados».
Como fundamento de la decisión, advirtió que el señor José Ulfran
Rodríguez Ortiz nació el 17 de octubre de 1960, de tal manera que a
la fecha de interposición de la tutela contaba con 61 años y 4 meses
de edad, y ha cotizado al régimen de prima media un total de 1193
semanas lo cual implica que para alcanzar el requisito de las 1300
semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, le faltan
106,15 semanas, menos de tres años de cotizaciones al sistema de
pensiones, circunstancias que le otorgan la calidad de prepensionable.
De acuerdo con lo anterior, manifestó que si bien el nombramiento del
señor Pedro José Moros no transgredió las garantías fundamentales
invocadas en protección, porque obedeció a su derecho al mérito, lo
cierto es que la condición de prepensionable del accionante exige la
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aplicación de medidas afirmativas o de discriminación positiva a fin de
proteger la expectativa legitima de obtener su derecho pensional.
En ese sentido, indicó que al recaer exclusivamente sobre los jueces
la facultad nominadora conforme lo previsto en el numeral 8 de la Ley
270 de 1996, le correspondía a la titular del despacho donde
trabajaba el accionante, reubicarlo en un cargo equivalente al que
venía ejerciendo siempre y cuando se encontrara vacante o en su
defecto cuando provea una vacancia futura en un cargo similar o en
aquel que reúna los requisitos legales.
7. IMPUGNACIÓN
7.1. El señor José Ulfran Rodríguez Ortiz impugnó la decisión de
primera instancia para que se modificara el numeral segundo y en su
lugar se ordenara a la jueza accionada que lo reintegrara al cargo que
venía desempeñando o que se ordenara al Consejo Seccional de la
Judicatura para que lo reubicara en un puesto que se encontrara
vacante.
Al respecto advirtió que el a quo no tuvo en cuenta que en varias
oportunidades presentó solicitudes a la jueza para que le reconociera
la calidad de prepensionado, sin embargo, la funcionaria judicial hizo
caso omiso a sus peticiones vulnerando de esa manera los derechos
fundamentales cuya protección pretende.
De igual forma, resaltó que en este momento no existen vacantes en
el despacho judicial donde laboraba de tal manera que resultaba
incierto el nombramiento ordenado mientras que la transgresión a sus
garantías constitucionales continúa.
7.2. La jueza séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples de Barranquilla, Karol Natalia Roa Montalvo, impugnó
la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico para que se
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revocarán los numerales segundo y tercero y en su lugar se ordenara
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Atlántico que reubicara dentro de su planta de personal al accionante
a un cargo igual o superior al que venía desempeñando, toda vez que
en su despacho judicial no existían vacantes definitivas que
permitieran materializar la orden dispuesta en la sentencia y porque
el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz, de frente a la pandemia y al
Decreto 806 de 2020, que implementó el uso de la tecnología en la
prestación del servicio de justicia, desempeñó su cargo de forma
deficiente pues no podía anexar un memorial digital, pese a que
solicitó su capacitación.
Asimismo, destacó que otra alternativa era ordenar a la Dirección
Seccional de Administración Judicial el pago de la seguridad social del
accionante hasta tanto cumpla con los requisitos para pensionarse.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMAS JURÍDICOS
De conformidad con los antecedentes expuestos y teniendo en cuenta
que no se encuentra en discusión si la presente tutela cumple con los
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Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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requisitos generales de procedencia, la Sala de Subsección deberá
resolver el siguiente cuestionamiento:
¿La jueza séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla vulneró los derechos fundamentales invocados en
protección por el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz, al desvincularlo
del cargo que ejercía en ese despacho judicial pese a ostentar la
calidad de prepensionado?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela como mecanismo excepcional en el
desarrollo de concursos de méritos, ii) de los concursos de méritos en
la Rama Judicial, iii) procedencia de la acción de tutela frente a
prepensionados como sujetos de especial protección del estado y iv)
el caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO EXCEPCIONAL
EN EL DESARROLLO DE CONCURSOS DE MÉRITOS
A partir de lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, se tiene
que la acción de tutela ostenta un carácter residual, en tanto que su
procedencia está supeditada a que el afectado carezca de otro
mecanismo judicial que permita la protección de sus derechos
fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, es necesario advertir, que no basta con la existencia de
otro mecanismo de defensa judicial, sino que este deberá ser eficaz
en cuanto al fin pretendido por el ciudadano, apreciación que implica
la realización de un estudio minucioso del mecanismo judicial previsto
por el ordenamiento jurídico, y establecer, además, la idoneidad de
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este para lograr el propósito perseguido, es decir, el cese de la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente,
el juez de tutela deberá realizar un estudio de las circunstancias del
caso concreto en que se encuentra el solicitante.
En materia de concursos públicos, la Corte Constitucional ha
considerado que si bien, en principio, podría sostenerse que los
afectados por una presunta vulneración de sus derechos
fundamentales podrían controvertir las decisiones tomadas por la
administración -las cuales están contenidas en actos administrativos
de carácter general o de carácter particular- mediante las acciones
señaladas en el Código Contencioso Administrativo, hoy CPACA, se ha
estimado que éstas vías judiciales no son idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados.
En ese sentido, frente a decisiones de trámite que se dictan en el
desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos,
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los
medios de control que regula la Ley 1437 de 2011 –CPACA-. Por lo
tanto, en el evento de que se presente en desarrollo del concurso la
flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela
para el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de
defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso.
Así lo aceptó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado y lo ha reiterado la Sección Cuarta en anteriores
ocasiones.
Sin embargo, en lo que se refiere a los actos definitivos, se ha
señalado que estos son pasibles de los medios ordinarios de control
judicial contemplados en el CPACA, en los cuales se puede solicitar,
como medida cautelar la suspensión del acto. Sin embargo, contra los
mismos, procederá de manera excepcional la acción de tutela,
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conforme a las siguientes reglas establecidas por la Corte
Constitucional en las cuales el carácter subsidiario de la acción de
tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos
de defensa judicial, es decir:
i. Cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable inminente, que requiera medidas
urgentes, sea grave e impostergable y,
ii. Cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz
para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y
que, en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio
para el accionante, caso en el que corresponde al juez de tutela
evaluar si el medio alternativo presenta la eficacia necesaria para la
defensa del derecho fundamental presuntamente conculcado.
Ahora, para la primera regla en mención, la tutela procederá
excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, en tratándose de la provisión de cargos
públicos mediante el sistema de concurso de méritos, cuando el
perjuicio reúne las siguientes condiciones:
«(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es
de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales» .
De lo anterior se colige que, si el perjuicio que se alega no se
enmarca en las anteriores condiciones, el amparo solicitado es
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improcedente y deberá acudirse a los medios de control establecidos,
dentro de los cuales se puede solicitar la suspensión del acto
administrativo que le afecta, para evitar la consumación de un posible
daño.
3.2. DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS EN LA RAMA JUDICIAL
La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en
el artículo 125 de la Constitución Política, es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad
de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. En
este sentido, la carrera administrativa funge, entonces, como un
principio y una garantía constitucional.
Al efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado
que «La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma
indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para
la provisión de cargos al servicio del Estado, en todas sus ramas y
órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos,
para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio
público».
En este sentido, esa corporación ha expresado reiteradamente que
los funcionarios deberán ser nombrados por concurso público cuando
el sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, esto es, cuando se trate de cargos de elección
popular, de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.
Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la selección
objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su
capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de
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manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad del nominador o
criterios contrarios a los principios y valores constitucionales.
En lo que se refiere a la carrera judicial, la Ley 270 de 1996,
reformada por la Ley 1258 de 2009, establece que ésta se funda en
el carácter profesional de los servidores, la eficacia de su gestión, la
garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función
pública y en la consideración del mérito como fundamento principal
para el ingreso, la permanencia y promoción en el servicio.
En efecto, el artículo 160 ibídem señala los requisitos exigidos para
ocupar cargos en la carrera judicial, entre ellos el concurso:
«Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se
requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones
generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección
y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de
conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera
requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en
los términos que señala la presente ley.
PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber
realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo
para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las
respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de
evaluación.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del
año siguiente a su entrada en vigencia, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que
sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible,
con los alcances que esta ley indica, a partir del 1o. de enero de
1997».
Así, el proceso de selección contenido en el artículo 162 comprende
las siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del registro
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nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos,
nombramiento y confirmación.
En este sentido, las personas que superen el concurso de méritos
entran a formar parte del registro de elegibles para los cargos por los
que optaron y concursaron, en orden descendente por los puntajes
obtenidos en los procesos de selección, la especialidad y las sedes
territoriales para las que aplicaron.
Las valoraciones de estos factores se deben realizar por medios
técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad,
con parámetros previamente determinados.
Las etapas siguientes son la conformación del registro de elegibles, el
nombramiento, la comunicación, la aceptación, la confirmación y la
posesión, las cuales se encuentran reguladas específicamente en los
artículos 133, 165 y s.s. de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, para el
caso de los empleados se omite la etapa de confirmación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 162 ibídem. Veamos el procedimiento
que para estas etapas señala la norma:
«ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de
los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con
quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente
Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de
carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes
categorías de empleos y los siguientes principios.
La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de
conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de
selección determine el reglamento.
La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro
años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier
interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime
necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere
lugar.
Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las
corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al
registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
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Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los
aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes
territoriales de su interés.
[…]
ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una
vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará
la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la
correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional
de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos,
procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar
dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa
del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista
de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco
lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación
de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3)
días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los
diez (10) días siguientes».
En cuanto al término perentorio para efectuar la posesión en los
cargos, el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 señala que el elegido
dispondrá de 15 días para tomar posesión del cargo:
«ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y
POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al
interesado dentro de los ocho días siguientes y éste deberá aceptarlo
o rehusarlo dentro de un término igual.
Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se
exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la
autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que
acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado
dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si
reside en el país o de dos meses si se halla en el exterior.
La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá
negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas
mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra
inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del
cargo.
Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para
tomar posesión del mismo.
PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser
prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere
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justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del
vencimiento».
Conforme a las anteriores disposiciones, la Sala de Decisión debe
analizar los problemas jurídicos formulados.
3.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A
PREPENSIONADOS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
DEL ESTADO
El estatus de prepensionado ha sido protegido en varias ocasiones por
esta Corporación y por la Corte Constitucional, en ejercicio de la
acción de tutela, dada la especial condición de quienes tienen una
expectativa legítima de que se les reconozca la pensión de vejez2.
En efecto, ha señalado la Corte Constitucional, que para determinados
grupos de funcionarios, como madres y padres cabeza de familia,
discapacitados o prepensionados, concurre una relación de
dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la
garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo
vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la
jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de
un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que
conforman la carrera administrativa.
En este sentido, es menester destacar que en la sentencia T-186 de
2013 la Corte diferenció el retén social de la protección de origen
constitucional que se predica de los prepensionados. En efecto, señaló
esa corporación:
«[…] el fundamento del reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada de los prepensionados no es un asunto que dependa de un
2
Sobre el tema ver entre otras sentencias: C-331/00, C-789/02, C-754/04, T-169/03, T-
798/06 y T-128/09 de la Corte Constitucional.
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mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre
constitucional. Esto debido a que dicha estabilidad opera como
instrumento para la satisfacción de los derechos fundamentales de
estos grupos poblacionales, que se verían gravemente interferidos por
el retiro del empleo público. Por ende, la Corte desestima lo
expresado por los jueces de instancia, en el sentido de confundir la
estabilidad laboral reforzada de los prepensionados con la figura del
retén social, para concluir erróneamente que la mencionada
estabilidad sólo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se
sustenta en su supresión ante la liquidación de la entidad y en el
marco de los procesos de restructuración de la Administración Pública.
En contrario, el retén social es apenas una especie de mecanismo,
dentro de los múltiples que pueden considerarse para garantizar los
derechos fundamentales concernidos por la permanencia en el empleo
público de los servidores próximos a pensionarse. En otras palabras,
el fundamento de la estabilidad laboral de los prepensionados tiene
origen constitucional y, por ende, resulta aplicable en cada uno de los
escenarios en que entren en tensión los derechos al mínimo vital y la
igualdad, frente a la aplicación de herramientas jurídicas que lleven al
retiro del cargo, entre ellas el concurso público de méritos, como se
explica enseguida.»
De igual manera, a través de diversos pronunciamientos esta
corporación ha accedido a la protección constitucional cuando se
encuentran en juego los derechos de prepensionados3, al señalar que
dicha situación especial, sumada a la avanzada edad y al retiro del
servicio sin que haya sido reconocida la pensión de jubilación,
evidencian la dificultad que puede surgir para que los accionantes
puedan conseguir un nuevo empleo y asegurar los recursos
3
En efecto en sentencia de 5 de febrero de 2015, la Sección Cuarta de esta Corporación,
dentro del proceso radicado con el No. 25000-23-42-000-2013-03899-01 amparó los
derechos de la accionante quien ostentaba la calidad de prepensionada y pese a tal condición
el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, profirió lista de
elegibles para proveer por concurso público el cargo que ostentaba, pese a que no le había
sido reconocida la pensión de jubilación ni incluida en nómina de pensionados. Pueden
consultarse además, la sentencias de la Sección Segunda, Subsección A, de 14 de julio de
2016, dentro del proceso radicado con el No. 25307-33-33-001-2016-00028-01, Accionante:
Manuel Santana García Yepes, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia. De la
Sección Cuarta pueden consultarse las sentencias de 30 de septiembre de 2010, Rad. AC-
2010-00553, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 7 de octubre de 2010, Rad. AC-
2010-00745, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de 11 de noviembre de 2010, Rad.
AC-2010-01786, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo; de 20 de enero de 2011, Rad. AC-2010-
02985, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 10 de febrero de 2011, Rad. AC-
2010-03439, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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económicos suficientes para garantizar sus necesidades básicas y con
ello el derecho a una vida en condiciones dignas y al mínimo vital.
Todo lo anterior confirmando lo que esta Subsección en providencias
con ponencia del suscrito magistrado ponente, ya ha planteado en los
casos con los radicados: 05001-23-23-000-2016-01944-01 y 11001-
03-15-000-2019-01744-00.
4. CASO CONCRETO
Para resolver el problema jurídico formulado y teniendo en cuenta el
acervo probatorio aportado al proceso, la Sala de Decisión tiene como
hechos demostrados, los siguientes:
i. El señor José Ulfran Rodríguez Ortiz cuenta con 61 años de
edad y 1193,85 semanas cotizadas de acuerdo con el reporte
del 8 de febrero de 2022 rendido por COLPENSIONES, es decir,
tiene la condición de prepensionado pues le hacen falta menos
de tres años para completar las 1300 semanas requeridas.
ii. Mediante Acuerdo No. CSJATA21-321 del 23 de diciembre de
2021, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
formuló lista de elegibles ante el Juzgado 7° de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla, con el fin de
proveer el cargo de escribiente de juzgado municipal grado
nominado, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 1°. De la formulación. Formular ante el Juzgado 7°
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples (16 Civil Municipal)
de Barranquilla, la siguiente lista de candidatos en orden
descendente de puntaje total, destinada exclusivamente a
proveer el cargo de Escribiente de Juzgado Municipal Grado
Nominado. en esa dependencia judicial, así:
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iii. El 17 de enero de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico remitió por correo electrónico al Juzgado 7° de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla el
oficio CSJATOP22-161, a través del cual notificó el Acuerdo No.
CSJATA21-321 del 23 de diciembre de 2021 y solicitó que se
informara a esa corporación una vez realizado el procedimiento
de agotamiento de la lista correspondiente.
iv. El 19 de enero de 2022, el accionante envió correo electrónico a
la jueza séptima de pequeñas causas y competencias múltiples
de Barranquilla en el que le manifestó que tenía la calidad de
prepensionado.
v. Por Resolución No. 002 del 28 de enero de 2022, la jueza
séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla nombró en propiedad al señor Pedro José Moros
Fontalvo en el cargo de escribiente que venía ocupando en
provisionalidad el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. CSJATA21-321
del 23 de diciembre de 2021, del cual tomó posesión el 10 de
febrero de 2022.
vi. El 2 de febrero de 2022, el accionante le solicitó a la jueza
séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla que se abstuviera de nombrar en el cargo de
escribiente que ocupaba en ese despacho judicial, teniendo en
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cuenta su calidad de prepensionado.
vii. El 9 de febrero de 2022, el señor José Ulfran Rodríguez Ortiz
presentó solicitud ante el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico y la jueza séptima de pequeñas causas y
competencias múltiples de Barranquilla en la que requirió que
se le brindara un trato diferente por ser sujeto de especial
protección constitucional en su calidad de adulto mayor y
prepensionable, se le concediera el fuero de estabilidad
reforzada y se le garantizara su vinculación en la Rama Judicial
en el cargo que desempeñaba o que fuera reubicado en otro
igual o equivalente en el distrito de Barranquilla hasta terminar
de cotizar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
viii. A través de Circular CJC22-2 del 10 de febrero de 2022 la
directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
impartió una directriz sobre las solicitudes de estabilidad
laboral reforzada a los presidentes de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, en el sentido de indicarles que los
nominadores eran los únicos competentes para decidir
sobre ese requerimiento y debían informar a los consejos
seccionales las decisiones que tomaran al respecto. En
ese sentido, indicó que:
« […]
Es claro que para que el Consejo Seccional de la Judicatura
proceda a hacer anotaciones en la publicación de la
vacante, debe mediar un acto administrativo expedido
por el nominador en el que determine la existencia de
estabilidad o cualquier circunstancia especial frente al servidor
que ocupa la sede en provisionalidad y el término determinado
o determinable de la decisión». Destacado fuera del texto
original.
ix. El 18 de febrero de 2022, la secretaria del Juzgado 7° de
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Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla
envió correo electrónico a la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico en el que señaló:
«Cordial saludo
Se remite acta de posesión del señor PEDRO JOSE MORO
FONTALVO. Se realizo en la fecha 10 de febrero de 2022 con
efectos fiscales a partir del 12 de febrero de 2022 debido a que
la persona que venía ocupando el cargo presento incapacidad
médica»
x. El 5 de abril de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico publicó las opciones de sede para el cargo de
escribiente de juzgado municipal y equivalentes grado
nominado, en la que se incluyó otro cargo de escribiente del
Juzgado 7° de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Barranquilla.
xi. El 4 de mayo de 2022, la Presidencia de la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico notificó al
Juzgado 7° de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
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Barranquilla del Acuerdo CSJATA22-101 del 27 de abril de 2022
a través del cual se formuló lista de elegibles para el cargo de
escribiente ofertado el 5 de abril de 2022, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 1°. De la formulación. Formular ante el Juzgado 7°
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla, la
siguiente lista de candidatos en orden descendente de puntaje
total, destinada exclusivamente a proveer el cargo de
Escribiente de Juzgado Municipal Grado Nominado, en esa
dependencia, así:
[…]».
xii. El 12 de mayo de 2022, la señora Thalía Elena Pedrozo Ferreira
quien figuraba como primera en la lista, envió correo
electrónico al Juzgado 7° de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Barranquilla en el que declinó de ocupar la vacante
de escribiente en ese despacho judicial.
xiii. Mediante Resolución No. 006 del 12 de mayo de 2012, la jueza
séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla nombró en el cargo de escribiente ofertado el 5 de
abril de 2022 a la señora Karla Cristina Vanegas Luna, quien
ocupaba el segundo puesto en la lista de elegibles conformada
a través del Acuerdo CSJATA22-101 del 27 de abril de 2022,
del cual se posesionó el 1 de junio de 2022.
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xiv. En escrito allegado por el accionante, informó al despacho
sustanciador que a través de Resolución No. 005 del 1 de abril
de 2022, la jueza séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples de Barranquilla, de acuerdo con la orden de tutela del
7 de marzo de 2022, lo nombró en el cargo de escribiente
desempeñado por la señora Angélica Rodríguez, quien renunció
al mismo porque fue designada en otro despacho judicial, sin
embargo, el 1 de junio de 2022, cuando llegó a iniciar sus
labores, la funcionaria judicial le manifestó que había llegado
lista de elegibles para ese cargo y que había designado a la
señora Karla Cristina Vanegas Luna.
xv. De acuerdo con lo solicitado en auto del 28 de abril de 20224, la
jueza séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla informó que mediante correo electrónico del 28 de
enero de 2022 puso en conocimiento del Consejo Seccional de
la Judicatura del Atlántico la solicitud presentada por el
accionante sobre su condición de prepensionable. Además, en
relación con la planta de personal de su despacho indicó que
estaba conformada así:
«JUEZ: ocupado en propiedad por KAROL ROA MONTALVO
SECRETARIA: ocupado en propiedad por LEIDI CAEZ POSADA
OFICIAL MAYOR: ocupado en propiedad CONSUELO NIETO
BENAVIDES
SUSTANCIADORA: ocupado en propiedad MERCEDES EVELIN
4
Mediante auto del 28 de abril de 2022, previo a proferir la presente sentencia, el despacho
sustanciador resolvió:
«2.1. Requerir a la jueza séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla, señora Karol Natalia Roa Montalvo, para que:
a. Informe con cuántos cargos cuenta su despacho judicial y cuáles
de ellos están ocupados en provisionalidad y en propiedad.
b. Responda si puso en conocimiento del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, antes del nombramiento en propiedad del
señor Pedro Moro en el cargo que ocupaba el señor José Ulfran
Rodríguez Ortiz, la condición de prepensionable de este último.
c. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, se requiere
para que aporte las pruebas que así lo demuestren».
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MERCADO AVILA
ESCRIBIENTE: ocupado en propiedad PEDRO MOROS
FONTALVO
ESCRIBIENTE: Actualmente se encuentra nombrada en
propiedad la señora KARLA CRISTINA VANEGAS LUNA, a través
de la Resolución No 0006 de 2022, quien manifestó a este
Despacho la aceptación del cargo, el día 13 de mayo del
presente mes y se encuentra pendiente de posesionarse.
Es necesario aclarar, que el cargo era ocupado en carrera por
la doctora Angélica Rodríguez, quien presentó renuncia al
mismo el 29 de abril de 2022. Una vez aceptada la renuncia de
la doctora Angélica Rodríguez, como escribiente en carrera, el
Despacho en aras de dar cumplimiento al fallo de tutela de
primera instancia, nombró en provisionalidad a JOSÉ ULFRAN
RODRIGUEZ.
AUXILIAR JUDICIAL GRADO 6: El cargo está provisto en
propiedad con el Señor ROMMEL ANGEL, el cual se encuentra
actualmente suspendido, y contra el cual se está adelantando
proceso disciplinario.
Actualmente el cargo se encuentra ocupado por el Señor
SERGIO ARRIETA RODRIGUEZ, quien, por sus competencias y
conocimientos en sistemas y herramientas digitales, tiene a su
cargo el manejo del correo del Despacho».
xvi. Evidenciado lo anterior, mediante auto de 8 de junio de 2022,
se vinculó al presente trámite constitucional a la señora Karla
Cristina Vanegas Luna, sin embargo, guardó silencio.
Ahora bien de acuerdo con estos hechos probados la Sala de Decisión
advierte que la jueza séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples de Barranquilla, señora Karol Natalia Roa Montalvo, vulneró
flagrantemente los derechos fundamentales a la vida digna, salud,
seguridad social, mínimo vital y trabajo del señor José Ulfran
Rodríguez Ortiz por las siguientes razones:
Desde el 19 de enero de 2022, la jueza séptima de pequeñas causas
y competencias múltiples de Barranquilla, señora Karol Natalia Roa
Montalvo, conocía de la condición de prepensionable del accionante
de acuerdo con la solicitud que presentó en esa fecha y que reiteró el
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2 de febrero y el 9 de febrero de 2022.
Como nominadora del Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Barranquilla y según la Circular CJC22-2
del 10 de febrero de 2022, la señora Karol Natalia Roa Monsalve, era
la funcionaria judicial encargada de decidir sobre el fuero de
estabilidad del señor José Ulfran Rodríguez Ortiz y de informar al
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico para que procediera a
realizar la anotación en la publicación de la vacante.
Pese a conocer de la condición de prepensionable del accionante y
contar con la facultad para resolver sobre su fuero de estabilidad,
hasta la fecha no se tiene constancia de acto administrativo alguno
en el que la jueza séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples de Barranquilla se pronunciara al respecto.
Si bien para el 19 de enero de 2022, fecha de la primera solicitud del
accionante referida a su condición de prepensionable ya se
encontraba en firme la lista de elegibles prevista en el Acuerdo núm.
CSJATA21-321 del 23 de diciembre de 2021, resultado de lo cual la
funcionaria judicial profirió la Resolución núm. 002 del 28 de enero de
2022 a través de la cual nombró en el cargo que ocupaba el señor
José Ulfrán Rodríguez Ortiz, al señor Pedro José Moros Fontalvo, lo
cierto es que para la segunda vacante de escribiente que se presentó
en su juzgado, el 29 de abril de 2022, se encontraba en firme la
orden de tutela de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 7 de marzo de 2022 que amparó los
derechos del accionante como sujeto de especial protección del
Estado en su calidad de prepensionable y la Resolución núm. 005 de
del 1 de abril de 2022 a través de la cual había nombrado en ese
cargo al accionante.
Pese a encontrarse en firme la orden de tutela del 7 de marzo de
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2022 expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
amparó los derechos fundamentales del señor José Ulfran Rodríguez
Ortiz y a conocer que, en efecto, el accionante tenía la calidad de
prepensionable, la jueza séptima de pequeñas causas y competencias
múltiples de Barranquilla informó al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico de la segunda vacante de escribiente,
resultado de lo cual nombró a la señora Karla Cristina Vanegas Luna
mediante Resolución núm. 006 del 12 de mayo de 2012.
No es válido entonces que la jueza séptima de pequeñas causas y
competencias múltiples de Barranquilla argumente que cumplió con
sus deberes legales al nombrar a la señora Karla Cristina Vanegas
Luna cuando al hacerlo se abstuvo de cumplir con la orden de tutela
referida y desconoció los derechos constitucionales del accionante en
su calidad de prepensionado pues lo que debió hacer fue reconocerle
el fuero de estabilidad e informar al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico que de ofertar este segundo cargo de
escribiente realizara la respetiva anotación sobre las condiciones del
cargo, esto es, que solo estaría disponible hasta tanto el señor José
Ulfran Rodríguez Ortiz cumpliera con el estatus pensional.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Decisión confirmará la
decisión del a quo, pero la modificará en el sentido que se dejará sin
efectos la Resolución núm. 006 del 12 de mayo de 2012, toda vez
que quedó demostrado que es violatoria de la Constitución, en
consecuencia, para no afectar el derecho al mérito de la señora Karla
Cristina Vanegas Luna, se ordenará al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico que la priorice en la próxima lista de elegibles
que se conforme para el cargo al cual aspiró de tal manera que sea
posible su reubicación y no se afecten sus derechos de carrera.
Una vez efectuada la reubicación de la señora Karla Cristina Vanegas
Luna, la jueza de pequeñas causas y competencias múltiples de
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Barranquilla deberá reintegrar en un término no superior a
veinticuatro (24) horas al señor José Ulfran Rodríguez al cargo de
escribiente en el que había sido nombrado mediante Resolución núm.
005 del 1 de abril de 2022, hasta cuando cumpla los requisitos para
el reconocimiento de la pensión y este incluido en nómina de
pensionados.
En el interregno comprendido entre la reubicación de la señora Karla
Cristina Vanegas Luna y el reintegro del señor José Ulfrán Rodríguez,
el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico deberá pagar al
accionante los aportes a seguridad social correspondientes.
Bajo ese contexto, se remitirán copias de las presentes diligencias a
la Comisión Disciplinaria de la Rama Judicial para que provea lo que
en derecho corresponda respecto a la actuación de la jueza séptima
de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla.
Asimismo, teniendo en cuenta que en varias oportunidades la
funcionaria judicial expresó que el accionante no contaba con los
conocimientos tecnológicos necesarios para la implementación del
Decreto 806 de 2020 lo cual entorpecía el normal funcionamiento de
su despacho y sin que dichas manifestaciones constituyeran hechos
relevantes en relación con la condición de prepensionable del
accionante, ni justificaran el desconocimiento de sus derechos
fundamentales, la Sala de Subsección le ordenará al Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico para que través del comité de
convivencia constituido para el efecto, realice un seguimiento al caso
a fin de salvaguardar el buen ambiente laboral de dicho despacho
judicial.
En esa línea de ideas, también se ordenará al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico que brinde las capacitaciones necesarias al
accionante en relación con la implementación de las nuevas
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tecnologías a los trámites judiciales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la
sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia, el cual
quedará así:
«SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución núm. 006 del
12 de mayo de 2012 expedida por la jueza séptima de
pequeñas causas y competencias múltiples del Atlántico a
través de la cual nombró a la señora Karla Cristina Vanegas
Luna en el cargo de escribiente que ocupaba el señor José
Ulfran Rodríguez Ortiz, en consecuencia ORDENAR:
2.1. Al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico que
priorice a la señora Karla Cristina Vanegas Luna en la próxima
lista de elegibles que se conforme para el cargo al cual aspiró
de tal manera que sea posible su reubicación y no se afecten
sus derechos de carrera.
2.2. Una vez efectuada la reubicación de la señora Karla
Cristina Vanegas Luna, la jueza de pequeñas causas y
competencias múltiples de Barranquilla deberá reintegrar en un
término no superior a veinticuatro (24) horas al señor José
Ulfran Rodríguez Ortiz al cargo de escribiente en el que había
sido nombrado mediante Resolución núm. 005 del 1 de abril de
2022.
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2.3. En el interregno entre la reubicación de la señora Karla
Cristina Vanegas Luna y el reintegro del señor José Ulfran
Rodríguez al cargo que ocupaba, el Consejo Seccional de la
Judicatura, deberá pagar a favor del accionante los aportes a
seguridad social correspondientes.
TERCERO.- El reintegro del señor José Ulfran Rodríguez Ortiz
estará vigente hasta cuando le sea reconocida la pensión al
accionante y este sea incluido en la nómina de pensionados.»
SEGUNDO.- ADICIONAR la sentencia del 7 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico conforme las
razones señaladas en esta providencia, en los siguientes términos:
«CUARTO.- ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico que:
4.1. A través del comité de convivencia constituido para el efecto,
realice un seguimiento al caso sub examine a fin de salvaguardar el
buen ambiente laboral de dicho despacho judicial.
4.2. Brinde las capacitaciones necesarias al accionante en relación
con la implementación de las nuevas tecnologías a los trámites
judiciales.
QUINTO.- REMITIR copias de las presentes diligencias a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que
provea lo que en derecho corresponda respecto a la actuación de la
jueza séptima de pequeñas causas y competencias múltiples de
Barranquilla, señora Karol Natalia Roa Monsalve».
TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 7 de
marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
que amparó los derechos fundamentales del accionante de acuerdo
con los argumentos consignados en la parte motiva de este fallo. las
razones señaladas en esta providencia.
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CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FI R MA D O E L E C TR Ó N I C A ME N TE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FI R MA D O E L E C TR Ó N I C A ME N TE FIR MA D O E LE C TR ÓN IC A ME N TE
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