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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25307-33-33-001-2016-00028-01

Acción de tutela: ampara los derechos al mínimo vital, seguridad social y vida digna

Fecha
14 de julio de 2016
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25307-33-33-001-2016-00028-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección C, de conformidad con lo señalado en la parte motiva, salvo el numeral segundo que se modifica. En su lugar quedará así: “SEGUNDO.- SE CONCEDE la tutela solicitada por el señor Manuel Santana García Yepes, contra la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Para tal efecto se ordenará la suspensión de los efectos del Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, por un periodo que no podrá ser inferior a 86 semanas y hasta tanto COLPENSIONES se pronuncie en forma definitiva y de fondo sobre la solicitud pensional del actor y, en caso de que se le reconozca la prestación, hasta que se le incluya en nómina de pensionados. El término empezará a contar desde la notificación de esta providencia. Se ordena al Alcalde Municipal de Soledad y al Gobernador del Departamento del Atlántico y el Gerente o Director del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, o quien haga sus veces, que en un término máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia, emitan el correspondiente certificado laboral del tiempo de servicios del señor MANUEL SANTANA GARCÍA YEPES, que le debería ser entregado personalmente. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de ese plazo, deberán allegar a este proceso la constancia de cumplimiento de la orden. Una vez recibidos los anteriores documentos, el accionante deberá remitirlos dentro de los ocho días siguientes a COLPENSIONES, que en un término de dos meses contados a partir de la radicación de los mismos, deberá actualizar el historial de cotizaciones del accionante en sus bases de datos. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de ese plazo, deberá allegar a este proceso la constancia de cumplimiento de la orden.” TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25307-33-33-001-2016-00028-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

14 de julio de 2016

ACCIÓN DE TUTELA - Ampara los derechos al mínimo vital, seguridad social y vida digna / ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - En condición de prepensionado como sujeto de especial protección constitucional / RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ - Orden a la Procuraduría General de la Nación para que reintegre al actor a un cargo equivalente o similar al que desempeñaba hasta que se le incluya en la nómina de pensionados

[E]l problema jurídico (…) consiste en determinar si la orden de amparo emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de suspender por 4 meses los efectos del Decreto 4308 de 8 de octubre de 2015, garantiza en debida forma la especial protección constitucional que ampara al accionante, al ser retirado del servicio por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso sin que se le haya reconocido la pensión de jubilación. (…). En atención a las pautas señaladas y verificadas las particularidades de este caso, consistentes en que (i) el accionante es prepensionado, (ii) unido al cumplimiento de la edad de retiro forzoso, (iii) le hace falta un corto periodo por cotizar y (iv) las omisiones de sus empleadores en certificar el tiempo de servicio, evidencian la necesidad de emitir una orden de amparo iusfundamental integral, para garantizar el derecho al mínimo vital del accionante y, por ende, el disfrute de otros derechos como el de la seguridad social y vida digna. Es así pues no puede admitirse desde el punto de vista constitucional, desvincular del servicio a una persona mayor que ha alcanzado la edad de retiro forzoso, y a quien le falta muy poco tiempo por cotizar al sistema de seguridad social, sin que se hayan tomado las medidas pertinentes tendentes a garantizar su mínimo vital a través de alguna de las prestaciones que para el efecto dispone el sistema de seguridad social. Así entonces, conforme a las pautas señaladas por la Corte Constitucional, en especial la señalada en el numeral ii) y en atención a que al accionante le falta por cotizar al sistema de seguridad social pensional aproximadamente 86 semanas, se ordenará la suspensión de los efectos del Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, por un periodo que no podrá ser inferior a 86 semanas y hasta tanto COLPENSIONES se pronuncie en forma definitiva y de fondo sobre la solicitud pensional del actor y, en caso de que se le reconozca la prestación, hasta que se le incluya en nómina de pensionados. El término empezará a contar desde la notificación de esta providencia. Adicionalmente en tanto existe omisión del Municipio de Soledad y el Departamento del Atlántico -Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico-, en expedir las correspondientes certificaciones laborales, se ordenará a las citadas entidades, que en un término máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones que sean necesarias y emitan el correspondiente certificado laboral del tiempo de servicios, (…), deberán allegar a este proceso la constancia de cumplimiento de la orden. Una vez expedidos los anteriores documentos, el accionante deberá remitirlos dentro de los ocho días siguientes a COLPENSIONES, (…), deberá actualizar el historial de cotizaciones del accionante en sus bases de datos. (…). Ahora bien, no desconoce la Sala que el 20 de enero de 2015, Ia Procuraduría General de la Nación dio apertura al proceso de selección para proveer cargos de procuradores judiciales l y II, mediante Resolución 040 de 2015, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013. De ellos, 107 cargos correspondieron a Procurador Judicial I Delegado para la Conciliación Administrativa. Y que en el desarrollo del mismo se emitieron las Resoluciones Nos. 337 a 349 del 8 de julio de 2016, a través de las cuales se emitieron las listas de elegibles. No obstante, la misma Resolución de Convocatoria No. 040 de 20 de enero de 2015 dispuso que el aspirante solo podía inscribirse en una (1) de las convocatorias publicadas, pero estableció la opción de señalar las sedes de preferencia.

Por ello, advierte la Sala, que al no haberse nombrado a alguno de los concursantes de la lista de elegibles como Procurador Judicial I Delegado para la Conciliación Administrativa, para la sede específica de Girardot y aquél que haya aceptado el nombramiento, no se vulnera derecho alguno, pues cada participante cuenta con más sedes de su elección donde puede ser nombrado en el cargo de Procurador Judicial I, mientras se produce el cumplimiento de esta sentencia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 790 DE 2002 - ARTÍCULO 12 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 33 PARAGRAFO 4 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 9 PARAGRAFO 3 / LEY 15 DE 1973 / LEY 20 DE 1973 / DECRETO 4308 DE 2015 / DECRETO 306 DE 1992 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 262 DE 2000 - ARTÍCULO 171 / DECRETO 1660 DE 1978 - ARTÍCULO 128 / DECRETO 1660 DE 1978 - ARTÍCULO 130 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 / DECRETO 2400 DE 1968 - ARTÍCULO 31 / DECRETO 1950 DE 1973 - ARTÍCULO 122 / DECRETO 250 DE 1970 / DECRETO 762 DE 1970 / DECRETO 546 DE 1971 / DECRETO 717 DE 1978 / DECRETO 61 DE 1980 / DECRETO 0454 DE 1975 / DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 29

NOTA DE RELATORÍA: Respecto del perjuicio irremediable, ver: Corte Constitucional, sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. En lo relacionado con el retén social, ver. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre regla jurisprudencial, según la cual la aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, para evitar la vulneración de derechos fundamentales de personas de la tercera edad, ver: Corte Constitucional, sentencias T-294 de 22 de mayo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, T-682 de 10 de septiembre de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 25307-33-33-001-2016-00028-01(AC)

Actor: MANUEL SANTANA GARCÍA YEPES

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Decide la Sala de Subsección la impugnación presentada por el accionante, contra la sentencia de 27 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. LA ACCIÓN

La solicitud de protección de los derechos fundamentales de petición, vida en condiciones dignas, mínimo vital, la seguridad social, igualdad y debido proceso descansa en los siguientes

HECHOS
El señor MANUEL SANTANA GARCÍA YEPES ha prestado sus servicios como servidor público por más de 23 años, por lo que acredita más de 1200 semanas de cotizaciones en el sistema pensional.
Pese a tener la edad requerida aún no ha logrado completar el mínimo de cotizaciones para alcanzar el reconocimiento pensional de 1300 semanas.
Mediante Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015 la Procuraduría General de la Nación ordenó su desvinculación del cargo de Procurador 199 Judicial I Administrativo para la Conciliación Administrativa de Girardot, Código 3PJ, Grado EG, por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
Con el salario que devenga cubre tanto sus necesidades básicas y las de su esposa y tres de sus cinco hijos que realizan estudios universitarios; además debe cancelar los pagos de un crédito con el Banco AV Villas y los de sus tarjetas de crédito Éxito, AV Villas y BBVA.
El 7 de marzo de 2016, le solicitó al Procurador General de la Nación reconsiderar las razones de su retiro y suspender los efectos del Decreto, en amparo de sus derechos fundamentales hasta que se reconozca su pensión y se cancele la primera mesada pensional, por encontrarse inmerso en lo que la Ley 790 de 2002, denomina retén social.
Mediante el Oficio No. 00910 de 15 de marzo de 2016 la Secretaría General de la entidad negó la solicitud al señalar que el nominador debe dar cumplimiento a las normas legales y constitucionales que regulan la edad de retiro forzoso; que esa entidad no se encuentra en el programa de renovación administrativa y por cuanto no se han iniciado los trámites pensionales ante COLPENSIONES.
En su caso no existe negligencia en la solicitud pensional por cuanto en la actualidad se está surtiendo ante el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico el trámite de reconstrucción de su expediente laboral, a efectos de la expedición del respectivo bono pensional.

2.- PRETENSIONES
Solicitó el accionante:
“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el amparo de mis derechos fundamentales al mínimo vital, salud, vida digna, igualdad, debido proceso y seguridad social y en consecuencia se ordene a la Procuraduría General de la Nación que en el término de 48 horas proceda a dejar sin efectos el Decreto No. 4308 del 9 de Octubre de 2015, que ordena mi retiro del servicio hasta completar el tiempo de cotizaciones necesario para alcanzar mi pensión y esta sea reconocido (sic) por COLPENSIONES y se cancele la primera mesada”.

3.- TRÁMITE PROCESAL

Examinado el expediente se advierte que, el accionante radicó solicitud de tutela el 8 de abril de 2016 (fol.13), ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, aunque estaba dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al alegar la vulneración de sus derechos por parte de la Procuraduría General de la Nación, al expedir el Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, que ordenó su desvinculación del servicio por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Girardot, por auto de 11 de abril de 2016 admitió la acción y decretó medida cautelar, con lo que ordenó notificar dicha providencia al Procurador General de la Nación y al Secretario General de la Procuraduría General, concediéndole el término de 72 horas para que allegaran un informe sobre los hechos de la acción.

A través de proveído de 14 de abril de 2016, vinculó, además al Departamento del Atlántico, a las Secretarías Departamentales de Talento Humano y Educación; al Instituto Departamental de Tránsito; al Municipio de Soledad – Atlántico y a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

Mediante providencia de 20 de abril de 2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Girardot amparó los derechos fundamentales de petición, mínimo vital y seguridad social y para ello, ordenó a la Procuraduría General de la Nación que en un plazo no superior a las 48 horas siguientes a esa providencia, surtiera lo necesario para cesar por un plazo máximo de 3 años, los efectos del Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, en cuanto dispuso el retiro del accionante a partir del 12 de abril de 2016, por haber llegado a la edad de 65 años, al considerar que le hacía falta para el reconocimiento pensional dos años de cotizaciones a empresas que omitieron expedir las certificaciones, con lo que desconocieron el derecho de petición del accionante.

De igual manera emitió las siguientes órdenes: (i) a COLPENSIONES, para que en un mes, resolviera la solicitud de actualización y corrección de su historia laboral, formulada el 7 de enero de 2016; (ii) al Municipio de Soledad para que en un mes respondiera la solicitud de certificación de servicios y cotizaciones al sistema pensional; (iii) al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico y al Gobernador del Departamento del Atlántico, para que en un mes certifiquen los servicios y cotizaciones al sistema pensional. (fols. 290 y s.s.).

Contra dicha decisión presentaron impugnación los apoderados de la Procuraduría General de la Nación (fols. 318 y s.s), la Alcaldía de Soledad -Atlántico- ( fl. 333) y COLPENSIONES (fols. 338 y s.s).

Al momento de decidir las impugnaciones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consideró, que al carecer el Juzgado Primero Administrativo Oral de Girardot de competencia para conocer en primera instancia de la acción de tutela interpuesta por el señor GARCÍA YEPES en contra de la Procuraduría General de la Nación, debía dejar sin efectos el fallo proferido el veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), conservando validez todo lo demás de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable, por disposición del artículo 4º del Decreto 306 de 1992.

De acuerdo a lo anterior, procedió a dictar fallo en primera instancia, al señalar que se encontraba configurado el contradictorio, en atención a que la Procuraduría General de la Nación se notificó el 11 de abril de 2016. (fols. 151 a 173).

4.- INFORMES

4.1. La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderada judicial solicitó cesar los efectos del auto admisorio y señaló que no hay afectación de los derechos fundamentales del accionante, pues la decisión de retirarle del servicio por encontrarse en edad de retiro forzoso está acorde al ordenamiento jurídico, y en especial, a lo señalado por el numeral 11 del artículo 158 del Decreto 262 de 2000, que lo determina como una causal de retiro definitivo del servicio de la Procuraduría. Además indicó:

Si bien en principio se condiciona el decreto oficioso del retiro forzoso a que se haya reconocido la pensión que corresponda al servidor retirado, también conforme a la misma, transcurridos seis meses de la configuración de la causal de retiro, este debe cumplirse aun cuando no se haya producido el reconocimiento pensional, situación que ocurrió en el presente caso, pues el demandante cumplió los 65 años de edad el 11 de octubre de 2015, momento para el cual conforme a su hoja de vida contaba con más de 20 años de servicios y el retiro se dispuso a partir del 12 de abril de 2016.

Adicionalmente, el accionante ha sido negligente e irresponsable respecto del reconocimiento de su pensión, pues desde el mes de octubre de 2015 tenía conocimiento de su retiro forzoso del servicio y sólo hasta marzo de 2016, inició los trámites para la corrección de su historia laboral.

Precisó que el accionante no se encuentra amparado por el instituto del retén social, consagrado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, aplicable a los empleados de la rama ejecutiva, en carrera administrativa, con ocasión de la renovación de la administración pública, pues la Procuraduría se trata de un órgano autónomo e independiente de las ramas del poder público.

4.2. El Departamento del Atlántico, a través de apoderado judicial, esgrimió la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, pues esa entidad no afectó los derechos fundamentales del accionante, además, la solicitud de certificación del tiempo de servicios prestados, que el accionante formuló a la entidad fue atendida mediante Oficio No. 20160510007411, por el cual se le remitió a través del servicio postal con guía No.318562048899, el Formato No. 1 “CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL” correspondiente al periodo en que prestó sus servicios al Departamento del Atlántico desempeñando el cargo de Secretario General del Colegio Masculino de Soledad, del 25 de junio de 1975 al 14 de enero de 1976, así como el Formato No. 2 “CERTIFICACIÓN DE SALARIO BASE” y el Formato No. 3 “CERTIFICACIÓN SALARIOS MES A MES”.

4.3. Las demás entidades guardaron silencio.

5.- LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, mediante sentencia de 27 de mayo de 2016, concedió parcialmente la solicitud de amparo ius fundamental solicitado.

Para arribar a tal decisión se refirió a la posición de la Corte Constitucional manifestada en sentencias T- 660 de 2011, T- 294 de 2013, T- 682 de 2014, pero consideró que esos casos eran diversos al sub lite, por cuanto se otorgó el amparo porque los accionantes o sus dependientes padecían diversas patologías que afectaban gravemente su salud, siendo necesario garantizar su derecho a la seguridad social en salud.

Dijo que el marco para la resolución del caso se trataba del señalado en las sentencias T- 294 de 2014 y T- 682 de 2014, donde la Corte Constitucional estableció una regla jurisprudencial, según la cual la aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, para evitar la vulneración de derechos fundamentales de personas de la tercera edad.

En el presente caso, dijo el accionante haber cumplido la edad y el tiempo requerido para pensionarse (20 años) lo que era materia de discusión, en cuanto se desprendía de las pruebas allegadas que se habían solicitado a COLPENSIONES corrección de la historia laboral, aunque tardíamente, ya que ello debía ventilarse con suficiente antelación; que pese a habérsele notificado de su retiro, este no realizó ninguna gestión ante el fondo de pensiones en un tiempo prudencial mientras se elevó la solicitud de corrección de historia laboral ante COLPENSIONES, un mes antes de hacerse efectivo su retiro.

Además, el accionante no fue diligente en adelantar ante la entidad de previsión los trámites correspondientes a su reconocimiento, pese a que la Procuraduría General de la Nación al configurarse la causal de retiro del servicio, si bien expidió el acto administrativo, le concedió el término de 6 meses establecido en el artículo 130 del Decreto 1660 de 1978 sin que hubiese probado adelantar las gestiones administrativa en procura del reconocimiento de su pensión de jubilación.

Que el actor puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo que contempla medidas cautelares; que tampoco se observaba ningún perjuicio irremediable, por cuanto los hijos del accionante son mayores de edad y en este caso no se demuestra la concurrencia la demostración de alguna circunstancia especial como la discapacidad, que le impida valerse por sí mismo, lo que no ocurre en el sub lite.

Sin embargo, debía concederse el amparo constitucional por el término de 4 meses, tiempo prudencial para que la entidad defina si el accionante tiene o no el tiempo cotizado requerido para acceder a su pensión, mediante la acreditación de los tiempos públicos y privados que dice haber cotizado y que le corresponde a éste allegar.

Finalmente, dijo que en relación con los efectos que venía generado el decreto de la medida cautelar dictada en primera instancia, se cambiaría conforme a los términos de ese fallo.

4. IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con los siguientes argumentos:

Su desempeño laboral al servicio del Estado duró aproximadamente 23 años, en la Contraloría Departamental del Atlántico, la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, la Personería de Soledad Atlántico, el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Atlántico, CAPRECOM y la Procuraduría General de la Nación.

Además de ese servicio cotizó al Instituto de los Seguros Sociales desde el 23 de septiembre de 2004 y al 10 de octubre de 2008 como trabajador independiente. Que desde el 29 de julio de 2014 solicitó a tales entidades, en ejercicio de su derecho de petición, la expedición de certificaciones de información laboral, de salarios base y de salarios mes a mes que son los formatos 1, 2 y 3, que se exigen para el reconocimiento pensional.

Las entidades no le han contestado dentro del plazo legal, pues algunas de las entidades corrieron traslado de las peticiones a las entidades encargadas de manejar los archivos; otras entidades dieron respuesta pero sin diligenciar los formatos antes referidos por lo que le tocó volver a ejercer el derecho de petición lo que le ha impedido tener las certificaciones a tiempo. Además, como el tiempo que pretende demostrar está comprendido desde el año 1974 a 1997, ha sido totalmente imposible obtener toda la información requerida, debido a que para aquellas épocas muchas de tales entidades eran desorganizadas en sus archivos y en muchas de ellas incluso se han destruido por incendios o por el simple transcurrir del tiempo.

El 7 de enero de 2016 solicitó a COLPENSIONES la corrección y actualización de su historia laboral, por lo que la demostración del tiempo de servicios no depende de él, pues son las entidades en las que laboró las que deben certificarle para cumplir ese requisito.

Su salud se ha deteriorado, producto de un síndrome radicular C5, C6, C7, síndrome del carpo bilateral, así como también espondilosis en la columna lumbar y bilateral y de igual manera la pérdida auditiva a partir de 300HZ, situación que sumada al cumplimiento de 65 años de edad, impide el acceso a otras fuentes de empleo, para seguir cotizando al sistema de seguridad social.

Agregó que si bien la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ajusta a derecho, no está de acuerdo con el término de suspensión del Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, porque es perentorio, si se tiene en cuenta que las autoridades no le han certificado el tiempo de servicio en su totalidad, lo que puede significar el vencimiento del plazo de los 4 meses concedidos.
A folio 43 del Cdno. Principal señaló que se le expone al perjuicio irremediable en la medida en que se le privaría de la única fuente de ingresos con la que cuenta para suplir sus necesidades básicas y las de su familia contrariando la figura del retén social y que dio origen a la noción de pre pensionado.

Además, el Tribunal no valoró que la vulneración tiene su génesis en la falta de respuesta pronta y oportuna por parte de las entidades que no han certificado el tiempo de servicios y cotizaciones, por lo que se torna inexacta su apreciación, por cuanto desde el 15 de julio de 2014 requirió al Instituto Departamental de Tránsito del Atlántico, a través de derecho de petición, que certifique el tiempo de servicios, que laboró en esa entidad y que corresponde a los cargos de Jefe de División Técnica y de Automotores, Subdirector y Secretario General, sin que haya emitido certificación alguna a la fecha y que corresponden a seis años.

Le ampara la figura del retén social contemplado en la Ley 790 de 2002 y que además de la certificación de las entidades le faltaría un corto tiempo para acceder al reconocimiento pensional, que en su parecer se trata de 78 semanas, por lo que solicita que se modifique la decisión del Tribunal sin la limitación de los 4 meses.

Recibido el expediente en el Despacho sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala conocer la presente acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”.

2. Planteamiento del problema jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto de la impugnación, el problema jurídico central sobre el que ésta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si la orden de amparo emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de suspender por 4 meses los efectos del Decreto 4308 de 8 de octubre de 2015, garantiza en debida forma la especial protección constitucional que ampara al accionante, al ser retirado del servicio por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso sin que se le haya reconocido la pensión de jubilación.

3. Procedencia de la acción.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. No obstante, sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Por su parte, el numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece, que la acción de tutela no procederá entre otros casos, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, ha señalado que la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de actos administrativos que declaran la insubsistencia de servidores públicos, sin embargo ha admitido su procedencia excepcional para amparar los derechos fundamentales de personas que han sido retiradas del cargo por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, cuando al momento de su desvinculación no habían logrado el reconocimiento de una pensión que garantizara su derecho al mínimo vital y no cuentan con otra fuente de ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas.

En tales eventos, la Corte ha considerado que la avanzada edad de los solicitantes, sumada a la falta de recursos económicos para asumir los costos y su manutención mientras aguardan los resultados de un proceso judicial, hacen que resulte desproporcionado someter a estas personas a esperar el pronunciamiento de la jurisdicción administrativa. En tales circunstancias, de manera excepcional se ha abierto camino a la acción de tutela, sea como mecanismo principal o transitorio, dependiendo de las particulares circunstancias de cada caso.

En el sub lite, el señor GARCÍA YEPES cumplió la edad de retiro forzoso, es decir cuenta con más de 65 años de edad, motivo por el cual fue retirado del servicio como Procurador 199 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Girardot, Código 3PJ Grado EG, a través del Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, con efectos a partir del 13 de abril de 2016.

Ahora bien, el cumplimiento de esa edad, constituye una inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas, conforme lo señalan el Decreto 2400 de 1968, en su artículo 31 y el Decreto 1950 de 1973, artículo 122 y genera como consecuencia que el accionante no pueda ser vinculado en otras entidades del Estado, salvo contadas excepciones.

Además, conforme a declaración rendida por el accionante ante el Juzgado Primero Administrativo de Girardot el 15 de abril de 2016, señaló que su única fuente de ingresos la constituye su salario y su esposa CARMEN ABIGAIL PATIÑO SÁNCHEZ, de 56 años de edad, depende económicamente de él (fls. 243 y 244).

Esta situación, sumada a su avanzada edad, evidencian una grave dificultad para que pueda conseguir un nuevo empleo y asegurar los recursos económicos suficientes para garantizar sus necesidades básicas y con ello, el derecho a una vida en condiciones dignas y al mínimo vital.

Todo lo anterior, sumado a la larga espera de un pronunciamiento judicial al interior de un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en donde se cuestione la legalidad del acto de retiro, evidencian la procedencia de la acción de tutela y exigen la intervención del juez constitucional al advertir derechos fundamentales comprometidos, como pasa a explicarse a continuación:

Del retiro del servicio por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

En primer lugar debe destacarse que la posibilidad de retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un instrumento del que disponen el legislador y la administración para lograr el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos y al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado.

En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-351 de 1995, al declarar exequible el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, estimó como razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos.

Sin embargo, dicha Corporación también ha precisado que la aplicación de esta figura no debe ser objetiva, sino razonable, y obedecer a la valoración de las condiciones particulares del trabajador en cada caso concreto, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales, toda vez que va dirigida a personas de la tercera edad que, por ese solo hecho, merecen especial protección por parte del Estado:

“(…) una aplicación objetiva de la medida, sin atender a las particularidades de cada situación, tendría un efecto perverso para sus destinatarios, porque podría desconocer sus garantías fundamentales de los trabajadores (sic), en razón a que se les privaría de continuar trabajando y percibiendo un ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido decidida de fondo, avocándolos inclusive de manera eventual a una desprotección en lo relacionado con su servicio de salud”.

En este sentido, a través de sentencia T-012 de 2009, dijo la Corte que tal es el caso del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, indicativo de la protección que el Estado brinda a los trabajadores que culminan su vida laboral, al establecer como causal de terminación de las relaciones laborales o legales reglamentarias con justa causa por parte del empleador el cumplimiento de los requisitos para pensionarse, norma cuya aplicación está condicionada a que al trabajador se le haya reconocido el derecho a la pensión e incluido en nómina para su pago, de modo que no se vulneren sus derechos fundamentales.

Dicha disposición, fue modificada por el parágrafo 3º del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1037 de 2003, pero bajo el siguiente entendido:

“La Corte considera que el mandato constitucional previsto en el artículo 2° de la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la “efectividad de los derechos”, en este caso del empleado, público o privado, retirado del servicio asegurándole la “remuneración vital” que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un supuesto de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con la Constitución Política. En este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su inclusión en la nominas (sic) de pensionados correspondiente.
La desmejora en los ingresos del trabajador al cambiar su status de trabajador activo al de pensionado, dado que en el mejor de los casos recibirá lo equivalente al 75% de su salario, no puede traducirse tampoco en que no reciba la mesada pensional durante ese intervalo de tiempo, puesto que dicha situación cercenaría, también, la primacía que la Carta reconoce a los derechos inalienables de la persona, en este evento del trabajador.
Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos (C.P., arts. 2° y 5°). Por tanto, la única posibilidad de que el precepto acusado devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor público sea retirado sólo cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión.
La Corte constata que con este condicionamiento no se incurre en la prohibición constitucional conforme a la cual no se pueden recibir dos asignaciones que provengan del tesoro público (C.P., art.128), en relación con los pensionados del sector público, pues una vez se incluye en la nómina correspondiente el pago de la mesada pensional respectiva debe cesar la vinculación laboral.
Por ello, la Corte declarará EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, mediante sentencia aditiva, pues además de la notificación del reconocimiento de la pensión exigirá, para hacerla conforme con la constitución, la notificación de su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. En síntesis la Corte adiciona a la primera notificación, otra, la de su inclusión en la nómina de pensionados” .Negrilla de la Sala.

En éste caso, mediante Decreto 4308 de 2015, proferido por la Procuraduría General de la Nación, se dispuso retirar del servicio al accionante con fundamento en el artículo 171 del Decreto 262 de 2000 y los artículos 128 y 130 del Decreto 1660 de 1978 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 15 y 20 de 1972, los Decretos 250 y 762 de 1970, 546 de 1971 y 717 de 1978, y otras disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de las Direcciones de Instrucción Criminal”.

Sin embargo, advierte la Sala que la Procuraduría acudió a la aplicación de las normas que para esa entidad, contemplaron la causal de cumplimiento de edad de retiro forzoso, pero también al artículo 130 del Decreto 1660 que se refiere al retiro por pensión, para justificar que, pese a la falta de reconocimiento pensional, al transcurrir seis meses, el retiro debía producirse.

Sin embargo, olvidó la Procuraduría General de la Nación, que el mismo artículo 172 del Decreto 262 de 2000, también referente al retiro por pensión dispone que “En todo caso, el retiro se regirá por las normas de seguridad social que se encuentren vigentes.”

En este sentido, la entidad accionada debió dar aplicación a los lineamientos señalados en la sentencia C- 1037 de 2003 porque el pronunciamiento de la Corte Constitucional contiene la interpretación que a luz de la Constitución debe darse sobre el parágrafo 4º del artículo 33 modificado de la Ley 100 de 1993, norma que integra el régimen de seguridad social.

Establecido lo anterior, la Sala de Subsección analizará la particular situación del accionante a efectos de verificar la posible vulneración ius fundamental y en caso positivo, las medidas a tomar para remediar la afectación.

Del caso concreto.

Como ya ha quedado claro, el accionante fue retirado de la Procuraduría General de la Nación, por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso sin que se hubiese producido el reconocimiento pensional. No obstante, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como la Procuraduría General de la Nación señalaron que el accionante fue negligente en el trámite de su reconocimiento pensional.

Sin embargo, advierte esta Sala de Subsección, de las pruebas aportadas, que la falta de reconocimiento pensional no obedeció a negligencia del accionante sino a la omisión de certificación laboral por parte el Instituto de Tránsito y Transporte del Atlántico y el Municipio de Soledad, así como del cumplimiento de 86 semanas de cotización. Veamos:

Solicitudes presentadas por el accionante:
Estas fueron las peticiones que el accionante elevó ante sus distintos empleadores para obtener la certificación de su tiempo de servicios:
Petición de 29 de julio de 2014, por la cual el accionante solicitó al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, certificar el tiempo de servicio que laboró para esa entidad en los cargos de Jefe de División Técnica y de Automotores, Subdirector, y Secretario General, desde el 1º de enero de 1977 a diciembre de 1982. (fols. 15 y 16 C.2).
Solicitud de 30 de noviembre de 2014, por la cual el accionante insistió en su petición ante el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, en la que precisó que el 4 de agosto de 2014, sólo recibió certificación del tiempo de servicios correspondiente al cargo de Secretario General que va del 30 de abril de 1981 al 27 de diciembre de 1982, pero se omitió lo correspondiente a los cargos de Jefe de División Técnica y de Automotores y Subdirector de Tránsito que va de 1977 a 1980.
Solicitud radicada con el No. 20150500782982, de 27 de noviembre de 2015, por la cual solicitó al Departamento de Atlántico certificar el tiempo de servicio que laboró en el año de 1975 como Secretario General del Instituto Oficial de Bachillerato de Soledad a efectos de tramitar su pensión.
Petición de 26 de noviembre de 2015, en la que solicitó al Alcalde del Municipio de Soledad, certificar el tiempo de servicios que laboró en dicha entidad como personero municipal en el año de 1976, a efectos de tramitar reconocimiento pensional ( fol. 11 C.2).
Escrito de 9 de marzo de 2016, por medio del cual el accionante reitera su petición señalada en el numeral anterior y agrega solicitud de certificación del tiempo de servicios prestados en el cargo de Secretario General del Colegio de Bachillerato de Soledad y explica que la Secretaría General de Educación del Departamento del Atlántico, le informó que con ocasión de la descentralización de la educación, la documentación que acreditaba sobre sus servicios había sido trasladada a las instituciones educativas de origen.
Escrito de 4 de abril de 2016 suscrito por el accionante y dirigido al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, por medio del cual allegó declaraciones extra proceso a efectos de la reconstrucción de su expediente. Señala que para constar sobre los tiempos de su ejercicio en los cargos de Jefe de la División Técnica y de Automotores y Subdirector de Tránsito puede efectuarse confrontación de los actos que expidió en ejercicio de los indicados cargos de 1977 a 1980, como son las matrículas de los automotores y otros trámites. ( fols. 23 y 24).

B. Actuación administrativa ante la Procuraduría General de la Nación.
Decreto N° 4308 del 9 de octubre de 2015 (fols. 87 y 88 C. 2), por medio del cual el Procurador General de la Nación retiró al accionante del cargo de Procurador 199 Judicial 1 para Conciliación Administrativa de Girardot, Código 3PJ, Grado EG, a partir del 12 de abril 2016, con base en el artículo 171 del Decreto 262 de 2000, 128 del Decreto 1660 de 1978 y 130 ibídem.
Petición de 7 de marzo de 2016 (fols. 94 y 95 C. 2), por la que el accionante solicitó al Procurador General de la Nación diferir los efectos de la Resolución 4308 del 9 de octubre de 2015, en amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud, vida digna, igualdad, debido proceso y seguridad social, como quiera que ostenta la calidad de pre pensionado y le hacen falta menos de tres años para adquirir su status pensional, pese a que cuenta con más de 23 años de servicio, al no obtener certificación de la totalidad del tiempo de servicio para obtener su reconocimiento pensional.
Oficio de 15 de marzo de 2016 (fols. 97-102 C.2), proferido por la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, que negó la anterior petición al señalar que la decisión de retiro se encuentra ajustada a derecho pues el retén social previsto en la Ley 790 de 2002, no aplica a la Procuraduría General de la Nación, y el retiro se produjo por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso y más de 20 años de servicios; además consultada COLPENSIONES, el servidor aún no había radicado solicitud de reconocimiento pensional.
C. Actuación ante COLPENSIONES.
Formato, reporte de COLPENSIONES, acerca de las semanas cotizadas en pensiones actualizado el 4 de abril de 2016, correspondiente al accionante.
Oficio de 7 de enero de 2016, expedido por COLPENSIONES, en atención solicitud del accionante para corrección de su historia laboral radicada con el No. 2016-159427-0039738 de la misma fecha, le informa que atendiendo a su complejidad, la solicitud será resuelta dentro de los 60 días siguientes a la radicación.

D. Tiempos de servicios acreditados:
Las certificaciones y pruebas aportadas, dan cuenta de los siguientes periodos laborados:

Cargo
Entidad
Desde
Hasta
Total
Certificado
Fiscal de espectáculos Públicos
Contraloría Departamental del Atlántico
29/11/74
23/07/75
7 meses y 24 días
Si.
( Fols 14 cdno 2)
Secretario General
Colegio de Bachillerato de Soledad- Departamento de Atlántico
25/06/75
14/01/76
6 meses y 19 días
Si
Fol. 264 C.2
Personero Municipal
Municipio de Soledad
02/01/76
31/12/76
(Según señala el actor)

12 meses
Parcialmente.
Solo el acta de posesión.
Jefe de División Técnica de Automotores, Subdirector y Director en encargo
Secretaría Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico
02/01/77
(según el accionante)
29/04/81
( según señala el accionante)
4 años, 3 meses y 27 días
Sin certificar.
A folio 22 C.2obra el Decreto 061 de 1980 en el que señala que a 20 de febrero de 1980 el accionante se desempeñaba como Subdirector y se le encarga como Director.
La entidad señaló el 25 de agosto de 2015 que no le era posible certificar el cargo desempeñado desde 1977 y trasladaba la solicitud a la Subsecretaría de Talento Humano.

Secretario General
Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Atlántico
30/04/81
27/12/1982
1 año, 7 meses y 27 días
Si.
Fol. 20 C.2
Director Oficina Control de Precios, Pesas y Medidas de la Secretaría de Gobierno
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
02/01/90
30/09/90
8 meses, 28 días
Si
Acreditado a fol. 30 C.2
Jefe de Oficina Código 2045 Grado 09
CAPRECOM
7/10/1993
6/7/97
3 años, 8 meses y 29 días
Si
Acreditado fols 35 – 37 C.2
Independiente
Independiente y cotizó al ISS
23/09/04
30/09/08
4 años y 7 días
Si
Acreditados a folios 74 y s.s. C. Segundo.
Procurador 63 Judicial I de Barranquilla
Procuraduría General de la Nación
10/10/08
15/07/09
9 meses 5 días
Si. Acreditados a fol. 176 del C. 2.

Procurador 199 Judicial I de Girardot
Procuraduría General de la Nación
11/03/10
A la fecha
6 años y 4 meses
Si. Acreditados a fol. 176 C. 2.

TOTAL
23 años, 4 meses y 16 días

Conforme a todo lo anterior se advierten las siguientes situaciones:
1-. El tiempo que laboró el accionante en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Atlántico, desde el 2 de enero de 1977 al 29 de abril de 1981, no ha sido certificado por dicha entidad pese a las numerosas peticiones en ese sentido que datan desde el año 2014; además, según certificación de 18 de abril de 2016, que obra a folio 313 se adelanta proceso de reconstrucción del expediente laboral, sin que se haya allegado a estas diligencias respuesta específica sobre el tema. Por esto y por las demás solicitudes formuladas antes las otras entidades y COLPENSIONES, no puede considerarse que hubo negligencia del accionante frente a obtener su reconocimiento pensional.
2.- De igual manera, no fue certificado el tiempo de servicios como Personero por parte del Municipio de Soledad, pese a que el accionante efectuó solicitud el 26 de noviembre de 2015 y el 9 de marzo de 2016, sin que obre la respuesta correspondiente de la entidad territorial. ( fols 11 y s.s. C 2). Sin embargo, el accionante allegó el acta de posesión en ese cargo.
3.- Al sumar los tiempos debidamente acreditados y aquellos que se encuentran pendientes de certificar, se tiene que el accionante completó 23 años, 4 meses y 16 días cotizados, que en total sumarían 1214 semanas.
4.- Aun allegándose las certificaciones faltantes sobre su labor como Personero Municipal y aquellos servidos en el Instituto de Tránsito y Transporte del Atlántico, es evidente que al accionante le faltan por acreditar aproximadamente 86 semanas, para completar 1300, que es un corto tiempo para poder alcanzar el reconocimiento pensional y garantizar su mínimo vital.

Todo lo anterior lleva a colegir que el señor GARCÍA YEPES, se encuentra dentro de aquellas categoría denominada prepensionado, de origen constitucional por lo que goza de estabilidad laboral reforzada, pero sin que se derive de la figura del retén social, tal como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T- 186 de 2013:
“El fundamento del reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados no es un asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional. Esto debido a que dicha estabilidad opera como instrumento para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público. Por ende, la Corte desestima lo expresado por los jueces de instancia, en el sentido de confundir la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados con la figura del retén social, para concluir erróneamente que la mencionada estabilidad solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se sustenta en su supresión ante la liquidación de la entidad y en el marco de los procesos de restructuración de la Administración Pública.”

Además, las múltiples características de este caso, encajan dentro de aquellas señaladas por la Corte Constitucional en sentencia T- 294 de 2013, en la que se construyeron algunas reglas jurisprudenciales, “con las cuales busca armonizar la aplicación de la normatividad que establece el retiro forzoso como causal de desvinculación, y la garantía del mínimo vital y vida digna del funcionario jubilado”. La Sala se permite citar esa providencia in extenso por su importancia en el análisis del caso:
“30. Sin embargo, al examinar la aplicación de estas normas en situaciones concretas, la Corte ha podido constatar que el progresivo endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, debido al aumento en la edad y el número de semanas de cotización requeridas, sumado a las dificultades institucionales para dar respuesta oportuna a las solicitudes de reconocimiento pensional, ha llevado a que en no pocos casos las personas alcancen la edad de retiro forzoso y sean separados de sus cargos sin que aún hayan logrado acceder a una pensión que garantice su mínimo vital.
En respuesta a este tipo de situaciones, la Corte Constitucional ha construido regla jurisprudencial según la cual la aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias especiales de cada caso, para evitar la vulneración de derechos fundamentales de personas de la tercera edad. En aplicación de esta doctrina ha distinguido varios tipos de situaciones:
En aquellos casos en los que el trabajador retirado del servicio ya cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero esta no ha sido reconocida por demora del Fondo de Pensiones o por negligencia del empleador en adelantar los trámites o mora en el pago de cotizaciones a su cargo, la Corte ha ordenado el reintegro de la persona hasta tanto tenga lugar el reconocimiento de la pensión y su inclusión en la respectiva nómina de pensionados.
Cuando está probado que al trabajador en edad de retiro forzoso le falta un corto tiempo para cumplir el tiempo de cotizaciones, ha ordenado su reintegro hasta completar las cotizaciones y se produzca el reconocimiento efectivo de la pensión de vejez. En estos casos, si bien la Corte ha precisado que las normas sobre retén social (Ley 790 de 2002), que establecen estabilidad laboral reforzada para los servidores públicos a quienes les falte un máximo de tres años para cumplir los requisitos para pensionarse, fueron previstas sólo para trabajadores de empresas estatales en liquidación, pueden no obstante ser empleadas como parámetro de interpretación para determinar cuál es el plazo razonable para mantener vinculado al servidor que alcanza la edad de retiro forzoso sin haber completado el tiempo de cotizaciones necesario para obtener el reconocimiento de una pensión.
Cuando exista controversia o vacíos probatorios sobre el tiempo cotizado por el trabajador en edad de retiro forzoso, de modo tal que no se logre establecer si cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se ha concedido la tutela como mecanismo transitorio, ordenando el reintegro del peticionario y confiriéndole un plazo para interponer las acciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria.
Finalmente, en casos de personas de edad avanzada que no lograron cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez pero si satisfacen las condiciones para obtener la pensión de retiro por vejez, la Corte amparó su derecho ordenando el reconocimiento inmediato de esta última prestación.

31. En definitiva, los casos anteriores evidencian una pauta decisional según la cual no se considera razonable la decisión de desvincular del servicio a una persona mayor que ha alcanzado la edad de retiro forzoso, cuando antes no se ha logrado garantizar su mínimo vital a través de alguna de las prestaciones que para el efecto dispone el sistema de seguridad social. Esta regla de decisión fue formulada en la sentencia T-495 de 2011 en los siguientes términos:

“…en virtud del principio de solidaridad, nadie puede permanecer indiferente frente a la desprotección de un adulto mayor”, razón por la cual “el Estado, la sociedad y la familia, cada uno desde su perspectiva, debe contribuir a protegerlo con el fin de que no se vea vulnerado su derecho al mínimo vital. Por ello la Corte ha invocado este principio para brindar protección, tanto a mayores en estado de indigencia que no cumplen los requisitos de tiempo y edad para que les sea reconocida su pensión, como a adultos retirados de su cargo por alcanzar la edad de retiro forzoso sin empezar a percibir efectivamente la mesada pensional, habiendo completado el tiempo de servicio.
Situaciones como la del actor del presente caso, se encuentran ubicadas entre los dos extremos anteriores; más hacia el lado de quienes tienen oportunidad de percibir una pensión, que hacia el lado de quienes tienen que ser protegidos por estado de indigencia porque en un país como Colombia la mayoría de personas de edad avanzada viven sin cobertura de pensiones. Teniendo en cuenta la voz del derecho romano “In eo quod plus sit Samper inest et minus”, en lo que es más siempre está lo menos, los fundamentos constitucionales anteriormente expuestos sirven para concluir que el derecho al mínimo vital de todos los adultos mayores tiene que ser protegido independientemente del punto de la línea en que se encuentren. Otra cosa es que entre más cotizaciones tenga más deberá propenderse por la obtención de una pensión y si carece de cotizaciones tendría que optarse por asistencia social mediante subsidio. Asimismo, la posibilidad de escoger una indemnización sustitutiva dependiendo del caso, también debe ser protegida por el Estado, la familia y la sociedad, mientras se hace efectiva.” Resaltado de la Sala.

En atención a las pautas señaladas y verificadas las particularidades de este caso, consistentes en que (i) el accionante es prepensionado, (ii) unido al cumplimiento de la edad de retiro forzoso, (iii) le hace falta un corto periodo por cotizar y (iv) las omisiones de sus empleadores en certificar el tiempo de servicio, evidencian la necesidad de emitir una orden de amparo iusfundamental integral, para garantizar el derecho al mínimo vital del accionante y, por ende, el disfrute de otros derechos como el de la seguridad social y vida digna.

Es así pues no puede admitirse desde el punto de vista constitucional, desvincular del servicio a una persona mayor que ha alcanzado la edad de retiro forzoso, y a quien le falta muy poco tiempo por cotizar al sistema de seguridad social, sin que se hayan tomado las medidas pertinentes tendentes a garantizar su mínimo vital a través de alguna de las prestaciones que para el efecto dispone el sistema de seguridad social.

Así entonces, conforme a las pautas señaladas por la Corte Constitucional, en especial la señalada en el numeral ii) y en atención a que al accionante le falta por cotizar al sistema de seguridad social pensional aproximadamente 86 semanas, se ordenará la suspensión de los efectos del Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, por un periodo que no podrá ser inferior a 86 semanas y hasta tanto COLPENSIONES se pronuncie en forma definitiva y de fondo sobre la solicitud pensional del actor y, en caso de que se le reconozca la prestación, hasta que se le incluya en nómina de pensionados. El término empezará a contar desde la notificación de esta providencia.

Adicionalmente en tanto existe omisión del Municipio de Soledad y el Departamento del Atlántico -Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico-, en expedir las correspondientes certificaciones laborales, se ordenará a las citadas entidades, que en un término máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones que sean necesarias y emitan el correspondiente certificado laboral del tiempo de servicios, que deberá ser entregado al accionante. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de ese plazo, deberán allegar a este proceso la constancia de cumplimiento de la orden.

Una vez expedidos los anteriores documentos, el accionante deberá remitirlos dentro de los ocho días siguientes a COLPENSIONES, que en un término de dos meses contados a partir de la radicación de los mismos, deberá actualizar el historial de cotizaciones del accionante en sus bases de datos. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de ese plazo, deberá allegar a este proceso la constancia de cumplimiento de la orden.

Ahora bien, no desconoce la Sala que el 20 de enero de 2015, Ia Procuraduría General de la Nación dio apertura al proceso de selección para proveer cargos de procuradores judiciales l y II, mediante Resolución 040 de 2015, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013. De ellos, 107 cargos correspondieron a Procurador Judicial I Delegado para la Conciliación Administrativa. Y que en el desarrollo del mismo se emitieron las Resoluciones Nos. 337 a 349 del 8 de julio de 2016, a través de las cuales se emitieron las listas de elegibles. No obstante, la misma Resolución de Convocatoria No. 040 de 20 de enero de 2015 dispuso que el aspirante solo podía inscribirse en una (1) de las convocatorias publicadas, pero estableció la opción de señalar las sedes de preferencia.

Por ello, advierte la Sala, que al no haberse nombrado a alguno de los concursantes de la lista de elegibles como Procurador Judicial I Delegado para la Conciliación Administrativa, para la sede específica de Girardot y aquél que haya aceptado el nombramiento, no se vulnera derecho alguno, pues cada participante cuenta con más sedes de su elección donde puede ser nombrado en el cargo de Procurador Judicial I, mientras se produce el cumplimiento de esta sentencia.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
IV. FALLA

PRIMERO.- CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección C, de conformidad con lo señalado en la parte motiva, salvo el numeral segundo que se modifica. En su lugar quedará así:

“SEGUNDO.- SE CONCEDE la tutela solicitada por el señor Manuel Santana García Yepes, contra la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Para tal efecto se ordenará la suspensión de los efectos del Decreto 4308 de 9 de octubre de 2015, por un periodo que no podrá ser inferior a 86 semanas y hasta tanto COLPENSIONES se pronuncie en forma definitiva y de fondo sobre la solicitud pensional del actor y, en caso de que se le reconozca la prestación, hasta que se le incluya en nómina de pensionados. El término empezará a contar desde la notificación de esta providencia.
Se ordena al Alcalde Municipal de Soledad y al Gobernador del Departamento del Atlántico y el Gerente o Director del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, o quien haga sus veces, que en un término máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia, emitan el correspondiente certificado laboral del tiempo de servicios del señor MANUEL SANTANA GARCÍA YEPES, que le debería ser entregado personalmente. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de ese plazo, deberán allegar a este proceso la constancia de cumplimiento de la orden.
Una vez recibidos los anteriores documentos, el accionante deberá remitirlos dentro de los ocho días siguientes a COLPENSIONES, que en un término de dos meses contados a partir de la radicación de los mismos, deberá actualizar el historial de cotizaciones del accionante en sus bases de datos. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de ese plazo, deberá allegar a este proceso la constancia de cumplimiento de la orden.”

TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Folios 178 y s.s. Cuaderno Segundo.
Folios 258-262. Cuaderno segundo.
Folios 12 y s.s. Cuaderno principal.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículos 86 de la Constitución Política”.
La Corte Constitucional, en sentencia T-1316 de 2001, con ponencia del Magistrado Rodrigo Uprimny Yepes señaló que el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder, en estos términos:

“(..)
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”

Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-012 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-685 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio), T-007 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt), T-487 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao), T-1208 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y T-067 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt).

Conforme al artículo 171 del Decreto 262 de 2000 y los artículos 128 y 130 del Decreto 1660 de 1978.
Según su cédula de ciudadanía, el señor MANUEL SANTANA GARCÍA YEPES nació el 11 de octubre de 1950. (fol. 2 Cdno. 2).

Obra a folio 87 del cuaderno segundo.

Puede consultarse la sentencia T- 254 de 2002 con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Rentería
Ver Sentencia C-351 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa
Sentencia T-012 de 2009, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
"ARTÍCULO 9°. El artículo 33 de la Ley 100 quedará así: […]
"PARÁGRAFO 3o. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.
"Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.
"Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones […]”.
M. P. Jaime Araujo Rentería.

“…Todo servidor de la Procuraduría General dela Nación que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años deberá ser retirado del servicio y no podrá ser reintegrado…”.

“Artículo 128. La edad de retiro forzoso e de sesenta y cinco (65) años.”.
“Artículo 130. El funcionario o empleado que llegue a encontrarse en circunstancia de retiro forzoso deberá manifestarla a la corporación o funcionario a quien competa proveer el empleo, tan pronto como ella ocurra. El retiro forzoso se producirá a solicitud del interesado o del Ministerio Público, o se decretará de oficio por la autoridad nominadora en cuanto haya sido reconocida la pensión que le corresponda. Seis (6) meses después de ocurrida la causal de retiro, este deberá producirse necesariamente, aunque no se haya reconocido la pensión.”
El accionante nació el 11 de octubre de 1950 conforme se aprecia de su cédula de ciudadanía que obra a folio 2 del cuaderno segundo. 1. Certificación de 2 de septiembre de diciembre de 2015, proferido por la Contraloría Departamental del Atlántico en la cual se señala que el accionante laboró para dicha entidad en el cargo de Fiscal de Espectáculos Públicos, del 29 de noviembre de 1974 hasta el 23 de julio de 1974, para un tiempo total de servicios de 7 meses y 24 días y que sus aportes se giraron a la Caja de Previsión Social del Departamento del Atlántico. 2. Oficio No. 20160510000151 de 4 de enero de 2016 suscrito por la Subsecretaria de Talento Humano del Departamento del Atlántico en atención al a precitada comunicación, en la que señala que le accionante fue nombrado mediante el Decreto 0554 de 4 de febrero de 1974, en el cargo de Secretario General del Colegio de Bachillerato de Soledad y tomó posesión el 25 de febrero de 1975 y explica que no le es posible emitir la certificación de servicios pues no se encontró anotación del acto administrativo de desvinculación, con lo que le era imposible certificar el tiempo laborado al no saber la fecha de salida de la institución. (fol. 8 C.2). 3. Acta de posesión No. 016 de 25 de junio de 1975, del accionante, ante el Gobernador del Atlántico en el cargo de Secretario general del Colegio de Bachillerato de Soldad, en virtud de nombramiento efectuado mediante el Decreto No. 0454 de 4 de junio de 1975, con afiliación a la Caja Departamental de Previsión Social. (fol. 9 C.2). 4. Acta del 24 de diciembre de 1975, por la cual el actor tomó posesión del cargo de Personero del Municipio de Soledad ( fol. 13 C.2). 5. Certificación de 4 de agosto de 2014 por la cual el Profesional Universitario de la Oficina Administrativa y Financiera de Tránsito del Atlántico hace constar que el accionante se desempeñó como Secretario General de la Institución entre el 30 de abril de 1981 y el 27 de diciembre de 1982. 6. Oficio OAF-RH -0144/15 de 25 de agosto de 2015, por la cual el Profesional Universitario del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, le informó al accionante que además de la información certificada en relación al desempeño del cargo de Secretario General no se cuenta en el expediente laboral con la información de otros periodos laborados y se dio traslado de su solicitud a la Subsecretaría de Talento Humano del Departamento del Atlántico. 7. Oficio de 13 de noviembre de 2014, radicado con el No. 20140500616682 del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, por el que le solicita al accionante allegar los documentos con los que cuenta para efectuar la reconstrucción de su expediente laboral. 8. Decreto No. 061 de 20 de febrero de 1980, por el cual el Gobernador del Atlántico, suplió vacancia temporal del Director del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico derivada de la licencia y designó al accionante en su condición de Subdirector del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico para desempeñar en encargo las funciones de Directo del mismo. 9.

Declaraciones extraproceso rendidas ante Notario por los señores Martín Eduardo Mestre Yuñez y Federico Antonio Nobmans sobre el desempeño del accionante en el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, en los años 1976, 1977 y 1979 a 1971. 10. Certificación expedida por el Gerente de Gestión Humana del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en el que señala que el accionante laboró en esa entidad en el cargo de Director de la Oficina de Control de Precios Pesas y Medidas de la Secretaria de Gobierno en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1990 y el 30 de septiembre de 1990. 11. Formato No. 1º, 2º y 3º, Certificados de Información Laboral, proferidos por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla correspondiente al accionante (fols.32 C.2). 12. Formatos No. 1 y 3 de información laboral, suscritos por CAPRECOM en el que señala que el accionante se desempeñó como Jefe de Oficina Código 2045 grado 09, por el periodo comprendido entre 7 de octubre de 1993 y el 6 de julio de 1997 (fols. 36 y 37 C.2). 13. Formatos de autoliquidación mensual de aportes al sistema de seguridad social integral, efectuados por el accionante como independiente, desde el 23 de septiembre de 2004 hasta agosto de 2007 (salvo abril de 2005) (fols. 39-73 C.2). A su turno obran los pagos electrónicos efectuados por el accionante al Instituto de Seguros Sociales por concepto de seguridad social en pensión desde septiembre a diciembre de 2007 y enero a septiembre de 2008, salvo el mes de febrero. (fols. 74- 85 C.2). 14. Certificación de 8 de abril de 2016, por la cual el Jefe de División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, en la cual hace constar el tiempo de servicio laborado en dicha entidad por el accionante (fols. 176 C.2). 15. Formato N° 1 "CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL" , suscrito por el Departamento del Atlántico sobre desempeño del accionante como Secretario General del Colegio Bachillerato Masculino de Soledad, del 25 de junio de 1975 al 14 de enero de 1976, y se efectuó aportes a la Caja de Previsión Departamental (fols. 264 C.2). Formato N° 2 "CERTIFICACIÓN DE SALARIO BASE" (fl. 265). Y Formato N° 3 "CERTIFICACIÓN SALARIOS MES A MES" (fols. 264 a 266 C.2).

Al no alcanzar 750 semanas conforme a lo señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Cita de cita.Tal ha sido la decisión adoptada, entre otras, en las sentencias T-012 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-685 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio), T-007 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt), T-487 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao) y T-154 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). Cita de cita.Es el caso de la sentencia T-495 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao. AV. Gabriel Eduardo Mendoza), donde se resuelve el caso de un trabajador desvinculado del cargo por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, y a quien le faltaban sólo dos meses y medio para cumplir con el tiempo de cotizaciones requerido para acceder a la pensión de vejez. Cita de cita. Este criterio interpretativo fue fijado en la sentencia T-495 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao. AV. Gabriel Eduardo Mendoza). Cabe señalar que en una decisión anterior, adoptada en la sentencia T-496 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt, SV. Humberto Sierra Porto), la Corte resolvió la tutela interpuesta por una persona a quien le faltaban menos de dos (2) años de servicios para que se le reconociera su derecho a la pensión de vejez. En aquella ocasión la Corte estableció que la peticionaria tenía derecho a ser reintegrada y a que la entidad accionada no la desvinculara hasta que manifestara si seguiría cotizando al sistema hasta cumplir con el número de semanas exigidas para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, caso en el cual la entidad no estaría obligada a mantenerla en el cargo, o si optaría por solicitar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, evento en el cual la entidad sólo podría desvincularla hasta que la administradora de fondos de pensiones le reconociera y pagara dicha prestación, con el fin de asegurar la protección de su mínimo vital. Sin embargo, el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto salvó su voto por considerar que “no darle la orden a la entidad demandada de mantener a la accionante en el cargo que venía desempeñando, en caso de escoger la primera opción que se le da en la parte resolutiva de la sentencia, es tanto como negarle la oportunidad de acceder a la pensión de vejez, pues difícilmente será contratada por otra entidad para poder continuar cotizando los dos años que le faltan para adquirir el derecho pensional”. Cita de cita. Sentencia T-174 de 2012 (MP. María Victoria Calle). Cita de cita. Prevista en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 como una prestación sucedánea para aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales que alcancen la edad de retiro forzoso sin cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez. Cita de cita. Tal fue la decisión adoptada en las sentencias SU-189 de 2012 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza, SV. Juan Carlos Henao, María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas), respecto de un docente de 74 años de edad, quien no obstante haber prestado servicios por más de 1200 semanas, no había alcanzado a cotizar el número de semanas requerido, pues buena parte de su labor docente la había cumplido como miembro de una comunidad religiosa, razón por la cual no se efectuaron las respectivas cotizaciones. Por su parte, en la sentencia T-067 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt), la Corte ordenó el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez a una persona de 100 años de edad, quien desde sus 79 años, cuando fue retirado del servicio, había solicitado en vano el reconocimiento de dicha pensión. Cita de cita. MP. Juan Carlos Henao. AV. Gabriel Eduardo Mendoza.
“(ii) Cuando está probado que al trabajador en edad de retiro forzoso le falta un corto tiempo para cumplir el tiempo de cotizaciones, ha ordenado su reintegro hasta completar las cotizaciones y se produzca el reconocimiento efectivo de la pensión de vejez.

En estos casos, si bien la Corte ha precisado que las normas sobre retén social (Ley 790 de 2002), que establecen estabilidad laboral reforzada para los servidores públicos a quienes les falte un máximo de tres años para cumplir los requisitos para pensionarse, fueron previstas sólo para trabajadores de empresas estatales en liquidación, pueden no obstante ser empleadas como parámetro de interpretación para determinar cuál es el plazo razonable para mantener vinculado al servidor que alcanza la edad de retiro forzoso sin haber completado el tiempo de cotizaciones necesario para obtener el reconocimiento de una pensión”.

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