Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00266-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00266-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00266-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1
Tema: Derecho fundamental al debido proceso/alcance
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351
de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0025 de 16 de enero de 2023; y ii) la
Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no
correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de
méritos; y ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición en el cual indicó que
“[…] no hubo un pronunciamiento claro y preciso frente al hecho de haber incluido
en el componente de conocimientos específicos, preguntas no relacionadas con las
funciones y competencias del Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas Causas y
competencia múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, cargo para
el cual me inscribí […]”, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, concursó “[…] en la convocatoria No. 27 de funcionarios de la Rama
Judicial para el cargo de Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias (grupo 3),
dentro del cual mediante Resolución No. CJR22-0351 Anexo 1, me notificaron un
puntaje de 781,79 (aciertos: 23 - aptitudes, 41 - conocimientos), razón por la cual
interpuse reposición contra dicho acto administrativo, solicitando la exhibición de la
prueba, en la cual evidencié varias inconsistencias y por lo que, el día 15 de
noviembre de 2022 radiqué adición del recurso de reposición […]”.
4. Adujo que, el “[…] día 17 (sic) de enero de 2023 el Consejo Superior de la
Judicatura profirió la Resolución CJR23-0024 (sic), mediante la cual pretendió
resolver los recursos interpuestos por los participantes, sin embargo, en mi caso
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
particular, no hubo un pronunciamiento claro y preciso frente al hecho de haber
incluido en el componente de conocimientos específicos, preguntas no relacionadas
con las funciones y competencias del Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas
Causas y competencia múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias,
cargo para el cual me inscribí […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] A.- TUTELAR mi derecho fundamental al debido proceso ordenando a los entes
accionados que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, procedan a recalificar
mi prueba de conocimientos, componente especifico, teniendo como contestadas
acertadamente las preguntas Nos. 103, 110, 115, 116, 121 y 129, las cuales bajo
ningún punto de vista, se debieron incluir en el ítem de conocimientos específicos
de dicho examen.
B.- COMO consecuencia de lo anterior y aplicando la formulada implementada por
las entidades accionadas en este concurso de méritos, me sea asignado el puntaje
de 808.62, partiendo de que, a los 41 aciertos obtenidos en el componente de
conocimientos, se le deben sumar las seis preguntas relacionadas, para un total de
47.
Formula para calificación prueba de conocimientos:
Media: 32.558 Desviación Estándar: 6.709
Z=((número de aciertos – media/ desviación estándar x 30 + 550
Z= ((47-32,558)/6.709) X 30 + 550 = 614.57
Es decir, prueba de aptitudes: 194,05 + prueba de conocimientos: 614.57 TOTAL:
808.62 […]”.
6. Indicó que:
“[…] Es relevante señalar que conforme lo indicado en el instructivo para la
presentación de pruebas escritas, se determinó que las preguntas de la 86 a la 130,
correspondían al componente especifico, las cuales fueron definidas por la misma
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como aquellas “cuyo contenido depende
de la especialidad seleccionada y evalúa los saberes específicos a las funciones que
desarrollan los jueces y magistrados según la especialidad”.
En este sentido, resulta inaudito que se hayan incluido 6 preguntas de temas que no
son competencia del cargo para el cual aspire, más si se tiene en cuenta que mediante
la RESOLUCIÓN No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, a través de la cual se
ordenó anular la anterior prueba, la cual aprobé, se argumentó que se habían
“seguido encontrando errores, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la
construcción de las pruebas, porque incluye temas que no corresponden al cargo
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
evaluado y porque algunas tienen múltiples opciones de respuesta, lo que impide que
esos ítems cumplan su función de discriminación, por ser cualquier respuesta válida”.
4.- Si bien en el anexo II – respuesta a objeciones de la Resolución CJR23-0024 (sic),
la Universidad Nacional pretende argumentar las preguntas 103, 110, 115, 116, 121
y 129, aduciendo que es pertinente que el juez conozca de los temas interrogados,
no indica por que se incluyó en dichos ítems, algunas preguntas que no son de la
jurisdicción civil y otras que no son de competencia del Juez Civil Municipal – Juez de
Pequeñas Causas y competencia múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias. Por ejemplo, en la argumentación de la pregunta 129, se adujo que el
juez debía conocer los procedimientos administrativos orientados a la titulación de la
posesión, previos a la definición judicial, en el marco del Decreto Ley 902 del 2017,
perdiendo de vista que de conformidad con lo definido por la Corte Constitucional en
sentencia C-073 del 2018, en la cual declaró inexequible el articulo 78 de la mentada
norma, se determinó que el juez competente para definir judicialmente la titulación de
posesión contemplada en dicha Ley, era el Juez Administrativo […]”.
[…]
“[…] Es tan evidente, la vulneración a mi derecho al debido proceso que ni siquiera
se pronunciaron en la Resolución CJR23-0024 (sic) frente a los argumentos
esbozados en el recurso de reposición, tan es así que en el anexo 1 y 2 se puede
observar que hicieron una clasificación errada de mis alegatos y no existe un ítem
que se relacione con lo esgrimido frente al componente especifico.
7.- Señores magistrados, es inaudito que, en un Estado Social de Derecho, se permita
a entidades de orden nacional que actúen de forma arbitraria, intempestiva, irracional
y desproporcionada, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, cuya
garantía ha sido desarrollada hace muchos años por las altas corporaciones
judiciales. Si las entidades accionadas hubieran dispuesto que en el componente
especifico de conocimientos, iban a realizar preguntas de otras jurisdicciones y de
competencia de jueces de otra especialidad, al cargo para el cual aspiré, no estuviera
ejerciendo esta acción […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto de 30 de enero de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de
Colombia, concediéndoles un término tres (3) días para rendir informe.
8. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto de 16 de febrero de 2023, resolvió vincular a los demás
aspirantes inscritos en la Convocatoria 27 de 2018, como terceros con interés.
9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto de 22 de marzo de 2023, dispuso lo siguiente:
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
“[…] Primero. Por Secretaría General, remitir el expediente de la referencia al
despacho del consejero Hernando Sánchez Sánchez, para que decida sobre su
posible acumulación a la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 00230
00 y, de ser el caso, asuma su conocimiento […]”.
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de abril de 2023, resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: Avocar el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por María
Mercedes Vélez Vásquez contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia.
SEGUNDO: Vincular a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el
Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, en calidad de terceros con interés legítimo.
TERCERO: Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que
comunique a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo
núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, acerca de la tutela de la referencia,
dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la notificación de esta
providencia y, en ese mismo sentido, acredite tal actuación ante este Despacho
dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación.
CUARTO: Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que publique
el contenido de la presente providencia en su página web, con el fin de informar y
notificar a las personas indicadas en el ordinal anterior, sobre la acción de tutela de
la referencia, en su calidad de terceros con interés legítimo, quienes tendrán un
término de tres (3) días, a partir de la notificación, para rendir informe y allegar los
documentos que pretendan hacer valer como pruebas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia […]”.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. La Universidad Nacional de Colombia afirmó que:
“[…] En primera medida, es menester informar que a la fecha de presentación de
este informe, la Universidad Nacional de Colombia ya ha brindado respuesta de
forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por la
accionante en ejercicio del citado recurso de reposición.
En cuanto a las preguntas que el aspirante señala que no fueron atendidas, es
preciso indicar que mediante la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023, y
sus respectivos anexos, las entidades accionadas ya han resuelto las solicitudes y
reparos de la accionante en orden a poner en conocimiento la justificación técnica
de cada pregunta de la prueba en sus dos componentes así como la pertinencia
respecto de los ítems invocados con relación al cargo aplicado […]”.
“[…] Sea lo primero reiterar que, dentro del presente asunto, a través de la
mencionada Resolución CJR23-0025 del 16 de enero de 2023 ya fueron resueltos
de fondo los motivos de inconformidad propuestos por la aspirante, por tal motivo,
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
no ha existido una vulneración al debido proceso. Así mismo, debe llamarse la
atención en que a través del mencionado acto administrativo se brindó toda la
información relacionada con la calificación de los resultados para brindar las
claridades requeridas por el aspirante en lo atinente a la calificación obtenida por la
accionante en los componentes de aptitudes y conocimientos de la prueba y a la
pertinencia de cada pregunta atacada.
En igual sentido, es importante precisar que el ejercicio del recurso de reposición,
no implica que necesariamente se deba resolver a favor del recurrente, en este caso,
a la aspirante que elevó el recurso de reposición contra el acto administrativo que
dió a conocer el puntaje obtenido en la prueba de aptitudes y conocimientos, y quien
ahora alega una supuesta vulneración de derechos con base en la negativa a
acceder a sus reclamos de pertinencia […]”.
12. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial adujo que:
“[…] En virtud de lo anterior, no hay vulneración de los derechos invocados por el
tutelante, ya que se atendieron en debida forma los cuestionamientos elevados por
la accionante.
Por las razones presentadas en este escrito, solicito muy respetuosamente, negar
el amparo solicitado en atención a que:
● Las objeciones presentadas por la accionante en la adición al recurso de
reposición relacionadas con que la prueba incluyó en las preguntas 103, 110, 115,
116, 121 y 129 temas que considera no corresponden a la competencia al cargo
evaluado, fueron atendidas mediante la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de
2023 adicionada con la Resolución CJR23-0059 de 7 febrero de 2023, por lo que se
configura la carencia de objeto por hecho superado.
● La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
invocados puesto que, dio respuesta clara, completa y de fondo, de conformidad
con la información suministrada por la Universidad Nacional de Colombia como
operador técnico de la prueba […]”.
13. Los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
16. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se debe proteger el derecho fundamental al debido proceso
invocado por la actora, el cual considera vulnerado por la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y
la Universidad Nacional de Colombia porque, a su juicio, “[…] no hubo un
pronunciamiento claro y preciso frente al hecho de haber incluido en el componente
de conocimientos específicos, preguntas no relacionadas con las funciones y
competencias del Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas Causas y competencia
múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, cargo para el cual me
inscribí […]”.
17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de debido proceso; ii)
ii) análisis del caso concreto y finalmente las iii) conclusiones de la Sala.
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
18. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
19. Atendiendo a que, la Corte Constitucional6 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
20. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
6 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
21. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
22. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
22.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
22.2. Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia, junto con sus
anexos.
22.3. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
23. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351
de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0025 de 16 de enero de 2023; y ii) la
Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no
correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de
méritos; y iii) al no resolver de fondo el recurso de reposición en el cual indicó que
“[…] no hubo un pronunciamiento claro y preciso frente al hecho de haber incluido
en el componente de conocimientos específicos, preguntas no relacionadas con las
funciones y competencias del Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas Causas y
competencia múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, cargo para
el cual me inscribí […]”, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
24. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por la actora contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio de la actora esta respuesta no atendió de
fondo y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.
25. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0025 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y la actora radicó la solicitud de
amparo el 23 de enero de 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida
dentro de un término razonable.
26. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito general subsidiariedad, que
si bien es cierto la actora solicita que se deje sin efectos, la Resolución núm. CJR23-
0025 de 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es que dicha petición surge
porque a juicio de la actora, las accionadas no resolvieron de manera clara, de fondo
y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente a las preguntas
103, 110, 115, 116, 121 y 129.
27.Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó
o no el núcleo esencial del derecho fundamental indicado supra, con ocasión del
recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de 1°
de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario resultaría
ineficaz para tal fin7.
28. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. 103, 110,
115, 116, 121 y 129, es decir, analizará si las autoridades demandadas
desconocieron el derecho fundamental al debido proceso de la actora, con ocasión a
la falta de una respuesta congruente y de fondo al recurso de reposición promovido
7 Frente al cumplimento del requisito general de subsidiariedad en casos análogos al presente, ver entre otras:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2023,
C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2023-01122-00.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
por María Mercedes Vélez Vásquez en contra de la Resolución núm. CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022.
29. Para tal efecto, a través de la siguiente tabla, la Sala confrontará lo manifestado
por la actora en el citado recurso de reposición y la respuesta remitida, mediante la
Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:
Solicitudes de la actora de conformidad Respuesta de las accionadas conforme a la
con el recurso de reposición Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de
enero de 2023 – Anexo núm. 28
“[…] -PREGUNTA 103: En el presente “[…] Pregunta 103 (…)
cuestionario se describe un caso, en el cual se
ha proferido sentencia de primera y segunda Esta pregunta es pertinente respecto de:
instancia, siendo la respuesta correcta el deber
de la Corte Suprema de Justicia de respetar la a) La ausencia de ambigüedades en un acta de
interpretación del juez respecto de las conciliación es necesaria para que ésta surta
estipulaciones contractuales, salvo casación de efectos de cosa juzgada.
oficio.
b) La diferenciación de normas de
En este sentido, es evidente que la pregunta interpretación en comparación con las normas
tiene como eje principal el recurso de casación, sustanciales, últimas que pueden ser objeto de
el cual no es de competencia, ni se encuentra casación.
dentro de las funciones del Juez Civil Municipal
– Juez de Pequeñas Causas y competencia c) La facultad excepcional de la Corte Suprema
múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de de Justicia de casar una sentencia por indebida
Sentencias (artículos 17 y 18 del C.G.P). Como interpretación contractual, cuando el fallo
sustento de lo anterior, la Corte Suprema de desconoce abruptamente la voluntad negocial
Justicia en providencia del 30 de junio de 2022 de las partes, de forma tal que pueda calificarse
expuso “De otra parte, en el ámbito del recurso la sentencia como absurda o carente de
de casación, está averiguado que, si del texto sindéresis y lógica y, en ese orden, constitutiva
convencional se descubren varios sentidos de un error protuberante de hecho.
razonables, incluso con la aplicación de las
reglas hermenéuticas anotadas, la elección que La opción A no resuelve de manera adecuada
de uno de ellos haga el Tribunal ha de ser el enunciado, y por ende, es una respuesta
respetada y mantenida por la Corte […]”. incorrecta porque el negocio jurídico de
conciliación, a pesar de su cosa juzgada, no
impide que sea interpretado. Puesto que “… si
el acuerdo de conciliación se consigna en
términos vagos o confusos, dando cabida a
dudas o vacilaciones, quiere decir que sigue un
conflicto latente y, por ende, una imprecisión de
los deberes correspondientes que restringe sus
alcances de cosa juzgada” (CSJ SC4468 de 9
de abril de 2014, Rad. 2008-00069-01).
La opción B no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque las normas atacadas no
tienen el carácter de sustancial. En efecto, “el
8 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil Municipal -
Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias de la Rama
Judicial.”
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
ataque por errores de juzgamiento puede
acaecer por trasgresión vía directa o indirecta
de las normas sustanciales, es decir, aquellas
que, en razón de una situación fáctica concreta,
declaran, crean, modifican o extinguen
relaciones jurídicas también concretas entre las
personas implicadas en tal situación. Sin
embargo, las normas establecidas en los
artículos 1618 a 1624 del Código Civil no tienen
el carácter de normas sustanciales habida
cuenta que hacen referencias a las reglas de
hermenéutica para la interpretación de los
contratos, sin que en todo caso alguno de ellos
consagre derechos subjetivos que caracterizan
este tipo de disposiciones”. (CSJ AC4529-2014
de 14 jul. 2017, rad. n° 2015-00427-01)
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque un acuerdo de conciliación
cuyo contenido genera ambigüedades o
diferentes interpretaciones; no resulta claro,
expreso ni exigible respecto de las obligaciones
contenidas en él, por lo tanto, no puede ser
demandado mediante el proceso ejecutivo. Lo
anterior, de conformidad con el Artículo 422 del
Código General del Proceso. “Pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su
causante, y constituyan plena prueba contra él,
o las que emanen de una sentencia de condena
proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de
las providencias que en procesos de policía
aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los
demás documentos que señale la ley.”
La opción D es la respuesta correcta porque
“corresponde a la discreta autonomía de los
juzgadores de instancia el laborío hermenéutico
de las cláusulas contractuales, que Id solo
podrá modificarse en casación”, cuando la
Corte encuentre un error evidente de hecho en
la interpretación de la conciliación, esto es,
“cuando se demuestre la existencia de
ostensibles y palmarios errores de facto, más
allá de que la interpretación realizada pueda ser
compartida por el recurrente o prohijada por la
Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, la
Corte Suprema puede casar sentencias de
oficio, cuando estime de manera razonada y
motivada que merecen su atención, en aquellos
eventos en que advierta la vulneración flagrante
de derechos constitucionales de las partes, o
del ordenamiento sustantivo, en contravía de la
recta y uniforme interpretación de las normas o
del precedente judicial que irroga agravios
injustificados a las partes que deben ser
reparados”.(CSJ, SC3416-2019) […]”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
“[…] -PREGUNTA 110: Dentro del componente “[…] Pregunta 110 (…)
de conocimientos específicos que va del
cuestionario 86 al 130, la Universidad Nacional Esta pregunta es pertinente toda vez que
expone un caso en el que una pareja disolvió y diferencia desde la perspectiva del derecho
liquidó su sociedad conyugal, en cuyo acto - sustancial la figura de terceros y
elevado a escritura pública- el esposo renunció causahabientes. Asimismo, se cuestiona el
a sus gananciales. Según el texto, dicho esposo alcance de la acción de inoponibilidad,
murió y la viuda le dijo a uno de sus hijos diferenciándose la nulidad de esta última, y el
extramatrimoniales, que no tenía derecho interés que en una y otra le corresponde a las
respecto de los bienes de su esposo, razón por partes y a los terceros.
la que dicho heredero requirió ser reconocido
como tercero perjudicado, en pro de conseguir La opción A no resuelve de manera adecuada
la inoponibilidad de dicha renuncia a el enunciado, y por ende, es una respuesta
gananciales que hizo su padre. Con base en lo incorrecta porque “en el supuesto de renuncia a
anterior, se preguntó, qué debía tenerse en gananciales que hieren el derecho del heredero
cuenta en esos casos, y se propuso como a la legítima rigurosa, la reclamación al respeto
respuesta correcta la “C”, según la cual, el acto de ese derecho por el descendiente incumbe a
de renuncia era válido, pero dejaba a salvo su un acto in jure propio y no in jure heredero.
inoponibilidad frente terceros perjudicados.
(…)
Al respecto, considero que la referida pregunta
no podía incluirse en el componente de Con todo, cabe una distinción. Recuérdese que
conocimientos específicos, del examen el anterior colofón ha partido de una premisa
correspondiente al grupo 033 , toda vez que la ineluctable la cual es la de que se trate de cosas
acción de inoponibilidad de la renuncia a que el heredero ha recibido del causante, o sea
gananciales, que por demás está instituida en de las que pueden ser objeto de transmisión por
el artículo 1775 del Código Civil, es un asunto causa de muerte. Para decirlo en breve, de
de competencia de la jurisdicción ordinaria en cosas que vienen en el patrimonio dejado por el
su especialidad familia y no civil. Es decir, se causante. Porque hay derechos que surgen de
trata de un asunto que conoce exclusivamente la condición misma de heredero y que, por
los jueces de familia conforme a sus ende, el causante no ha podido transmitirle. Tal
competencias funcionales. Así lo aceptó la el derecho que él tiene a ciertas asignaciones
honorable Corte Suprema de Justicia – Sala forzosas. Si un contrato celebrado por su
Civil Familia, en las sentencias SC4528-2020 causante -por caso el de donación- hiere su
del 23 de noviembre de 2020 M.P. Francisco derecho, velando por su interés propio estará
Ternera Barrios y SC0070-2006 del 30 de enero tentado a hostigar la eficacia y el alcance de
de 2006 M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez, convención semejante. En tal caso no habla en
donde resolvió -en sede de casación- el puesto del causante; habla para sí propio.”
controversias de esta naturaleza, las cuales (SC 30 de enero de 2006)
habían sido decididas en primera instancia por
jueces de familia y en segunda instancia por La opción B no resuelve de manera adecuada
magistrados de Tribunal – salas de familia o civil el enunciado, y por ende, es una respuesta
familia […]”. incorrecta porque “resulta inane e inidónea la
pretensión de inoponibilidad por cuanto su
declaración no sería suficiente para enmendar
o deshacer las consecuencias que surgieron
del acto de renuncia a la totalidad de los
gananciales. (…)
La inoponibilidad, antes que destruir el acto
jurídico, paraliza sus efectos frente a uno o
varios sujetos. A modo de ejemplo, piénsese en
un tercero, respecto del cual un determinado
acto jurídico no podría producir efectos
jurídicos.
(…)
De manera que, si el legislador patrio autoriza
tal renuncia, «sin perjuicios de los terceros», es
obvio que con esta última expresión instituye un
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
típico caso de inoponibilidad -que no de
nulidad-. (SC4528-2020)”.
La opción C es la respuesta correcta porque la
acción que se ejercita no es la de invalidez sino
la de inoponibilidad del acto de renuncia a fin de
que ésta no afecte al hijo extramatrimonial
como tercero. Por ello, la Corte ha dicho:
“Empero, para su(s) autor(es) es eficaz y
mantiene sus efectos jurídicos vinculantes. El
artículo 1775 del Código Civil, modificado por el
artículo 61 del Decreto 2820 de 1974, faculta a
cualquiera de los cónyuges capaces para
renunciar a los gananciales que resulten a la
disolución de la sociedad conyugal, pero «sin
perjuicio de terceros»”. (SC 30 de enero de
2006)
“A juicio de la Corte, el artículo 1775 del Código
Civil contempla un caso típico de inoponibilidad,
aspecto que no es objeto de controversia en el
presente caso. Empero, lo que aquí sí se
discute es la comprensión conceptual del
término tercero.” (SC4528- 2020)
“Necesario es precisar, sin embargo, que
personas que sin ser propiamente las
celebrantes del negocio, no pueden ser
consideradas como absolutamente extrañas al
mismo, y por eso los efectos de aquel,
sobrevenidas ciertas circunstancias, se
radicarán en ellas. Trátase del fenómeno de la
causahabiencia, a cuyo estudio se contrae la
Corte, habida cuenta que no es tampoco este el
lugar para caer en la ingenua y presuntuosa
idea de abrazar uno a uno todos los eventos de
los terceros. Así que se colma la necesidad de
hoy memorando no más terceros que los
causahabientes.” (SC 30 de enero de 2006)
“Precisadas de esa manera las cosas que
vienen al caso, ahora no sólo es conveniente
sino necesario memorar que la figura jurídica de
la inoponibilidad que encarna el fenómeno de la
venta de cosa ajena no tiene la virtud de destruir
el contrato mismo, - porque su fundamento no
está en hallarlo carente de validez;
simplemente que los efectos dimanantes del
contrato no alcanzan a los terceros. (…)
En una palabra, no podría exigírsele al
heredero, a quien se le afectó su legítima
rigurosa, que demande una sanción de
ineficacia negocial distinta de la prevista
legalmente para esa precisa causa (como
ocurrió en el plenario). Esto es, no está a su
prudente juicio escoger cuál acción le resulta
más adecuada a sus propósitos económicos, ya
que «no puede invocarse una con el fin de
alcanzar las consecuencias propias de la otra»”
(CSJ, sentencia 015 del 18 de febrero de 1994).
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
La opción D no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la jurisprudencia también la
ha reconocido para aquellos casos en que los
negocios jurídicos puedan contrariar la
relatividad de sus efectos y los derechos de
terceros. En efecto: “la inoponibilidad no se
encuentra debidamente sistematizada en el
derecho positivo patrio, como sí lo está, por
ejemplo, la nulidad de los negocios jurídicos,
respecto de la cual el Código Civil en particular
dedica toda una estructura normativa a
regularla en su doble faceta, no lo es menos
que ninguna duda existe acerca de su
consagración legal, pues, así sea de manera
diseminada, existen en el concierto jurídico
colombiano diversas disposiciones a través de
las cuales emerge su regulación legal, como lo
son, verbi gratia, los artículos 640, 1505, 1871,
2105 del Código Civil y 833 del Código de
Comercio, entre otros, en los cuales se prevén
algunos de los eventos en que el acto o contrato
deviene inoponible haciendo que el mismo se
torne ineficaz frente a quien en un momento
dado ostentare la condición de tercero.
Alrededor de esta específica y puntual temática
ha de reiterarse que sin desconocer que “el
legislador, normalmente, como ocurre en
nuestro Código, no establece una teoría
general de la inoponibilidad”, cual
efectivamente “lo hace con la nulidad”, lo cierto
es que dicha institución sí “está establecida en
numerosos preceptos, y su existencia está
reconocida por todos los autores y la
jurisprudencia” (CSJ. Sent, 15 de agosto de
2016, exp. 08001-31-10-003- 1995-9375-01; en
igual sentido, sentencia de 26 de agosto de
1947, GJ. LXII, pág. 676) […]”.
“[…]-PREGUNTA 115: Este ítem versa sobre la “[…] Pregunta 115 (…)
acción popular y el momento procesal oportuno
para coadyuvar la misma, pues unas personas Esta pregunta es pertinente porque las
la radican luego de que se obtuvo fallo de personas que concursan para ser jueces de la
primera instancia. especialidad civil deben analizar en casos
concretos la procedencia y oportunidad para la
Al respecto, valga destacar que de conformidad intervención de terceros en acciones populares
con el artículo 19 No. 7 del C.G.P. es y/o de grupo que sean de su conocimiento.
competencia del Juez Civil del Circuito “las
acciones populares y de grupo no atribuidas a La opción A no resuelve de manera adecuada
la jurisdicción de lo contencioso administrativo” el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la oportunidad para
Ahora, si bien podría decirse que la acción coadyuvar en las acciones populares es hasta
popular es un tema constitucional, también lo es “antes de que se profiera fallo de primera
que, el enfoque de la pregunta es instancia”. (L. 472/98, Art. 24), etapa procesal
eminentemente procesal, pues versa sobre el que ya se surtió. Por otra parte, es incorrecta
trámite de dicha acción, asunto que no es porque no se está afectando el patrimonio
competencia del cargo para el cual aspire, tan público, en cambio se trata del goce de un
es así, que la respuesta a dicho interrogante se ambiente sano (L. 472/98, art. 4º lit. e y a,
encuentra en el artículo 24 de la Ley 472 de respectivamente).
1998 y no en el Código General del Proceso,
estatuto que establece un término diferente a La opción B no resuelve de manera adecuada
dicha actuación, valga decir, coadyuvancia. el enunciado, y por ende, es una respuesta
[…]”. incorrecta porque en las acciones populares
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
hay varios sujetos que pueden presentar
coadyuvancias, bien sea en favor de la parte
demandante o de la parte demandada. En
efecto, el artículo 24 de la Ley 472 de 1998
dispone: “Toda persona natural o jurídica podrá
coadyuvar estas acciones, antes de que se
profiera fallo de primera instancia. La
coadyuvancia operará hacia la actuación futura.
Podrán coadyuvar igualmente estas acciones
las organizaciones populares, cívicas y
similares, así como el Defensor del Pueblo o
sus delegados, los Personeros Distritales o
Municipales y demás autoridades que por razón
de sus funciones deban proteger o defender los
derechos e intereses colectivos.” (subrayas
fuera de texto).
La opción C es la respuesta correcta porque en
las acciones populares, como la que se
presenta en el contexto y en el enunciado del
ítem, la oportunidad para presentar la
coadyuvancia está regulada por el Art. 24 de la
L. 472/98, en los siguientes términos: “Toda
persona natural o jurídica podrá coadyuvar
estas acciones, antes de que se profiera fallo de
primera instancia. La coadyuvancia operará
hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar
igualmente estas acciones las organizaciones
populares, cívicas y similares, así como el
Defensor del Pueblo o sus delegados, los
Personeros Distritales o Municipales y demás
autoridades que por razón de sus funciones
deban proteger o defender los derechos e
intereses colectivos.” (subrayas fuera de texto).
La opción D no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque el sentido del fallo de primera
instancia en las acciones populares no se
relaciona con la posibilidad de aceptar o no
aceptar la coadyuvancia, de acuerdo con lo
prescrito por el artículo 24 de la L. 472 de 1998
[…]”.
“[…] -PREGUNTA 116: En este evento, el “[…] Pregunta 116 (…)
mismo enunciado indica que una acción de
grupo le fue asignada a un Juez Civil del Esta pregunta es pertinente porque la
Circuito y que con posterioridad, otra persona posibilidad de acciones independientes a la
instaura demanda por los mismos hechos, acción de grupo, y la manera en que
acción que es repartida a otro Juez Civil del procesalmente se le debe dar curso a esta,
Circuito, cuestionando que actuación debe haciendo una mezcla entre la norma especial,
realizar este último juez. es decir la Ley 472 de 1998 y la norma general
que es el Código General del Proceso, es de
En ese orden, de la misma lectura de la vital importancia para el juez o magistrado, en
pregunta, se concluye que se trata de un asunto su praxis judicial. En síntesis, comporta una
que no es competencia del cargo para el cual articulación entre el uso de los métodos de
aspire: Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas interpretación y la integración de la ley.
Causas y competencia múltiple – Juez Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias, ni se La opción A no resuelve de manera adecuada
encuentra dentro de sus funciones. Además, el el enunciado, y por ende, es una respuesta
articulo 19 No. 7 del C.G.P. citado incorrecta porque la Ley 472 de 1998, en su
anteriormente, es claro en establecer que el artículo 53, contempla la posibilidad en las
acciones de grupo de acumular las demandas
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
conocimiento de dicho asunto corresponde al que individualmente se hayan iniciado, las
Juez Civil del Circuito […]”. cuales por tratarse de acciones de rango
constitucional y carácter especial admiten que,
en cualquier momento, se haga valer esta
posibilidad, con mayor razón en el momento de
trabarse la litis en la contestación de la
demanda, pues el CGP permitiría la excepción
de pleito pendiente. Por lo tanto, no es correcto
afirmar que se debe continuar el proceso, pues
resulta contrario a la economía procesal y al
espíritu de la Ley 472 de 1998, que pretende la
conformación del grupo de accionantes en una
misma demanda mientras un demandante no
se excluya expresamente. Adicionalmente, el
juez que admitió la primera demanda, de la
misma manera, asumió primero la
competencia, por consiguiente, la economía
procesal está también asociada a lo que se
denomina acumulación de procesos (art. 148 y
149 del C.G.P.).
La opción B es la respuesta correcta porque la
excepción previa está llamada a prosperar
conforme al artículo 53 de la Ley 472 de 1998,
que permite la acumulación de las acciones que
se inicien de manera individual a solicitud del
interesado. Por tal razón el artículo 149 del
CGP, regula de manera expresa y clara que el
juez que adelanta el proceso más antiguo, y en
el cual ya se ha notificado el auto admisorio de
la demanda, conserva su competencia, por lo
cual el segundo juez declara próspera la
excepción previa propuesta, y ordena remitir el
expediente. Según Javier Tamayo Jaramillo
(2017), esta excepción sería asimilable a la de
pleito pendiente porque la ley presume que la
acción de grupo cobija a todas las víctimas que
no se han excluido de esta, pero el juez debe
acumular la demanda a la acción de grupo de
acuerdo a lo que manda el artículo 53 de la ley
472 de 1998.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la acción de grupo y la acción
paralela no pueden cursar de manera
independiente, si una de las partes solicita la
acumulación, salvo en el caso que el
demandante en la segunda acción se haya
excluido expresamente de la primera, ante el
juzgado que conoce de la acción de grupo. Por
tal motivo en este caso, el juez debe acumular
la demanda individual a la acción de grupo
remitiendo el expediente y abstenerse de
continuar con la acción (artículo 148 y 149 del
CGP).
La opción D no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la consecuencia de la
procedencia de la excepción previa en este
caso no es el archivo de la demanda remitiendo
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
copia a la Defensoría, pues conforme a las
normas procesales se debe remitir el
expediente conforme al artículo 53 de la ley 472
de 1998. Si bien la Defensoría del Pueblo lleva
el registro de las acciones de grupo y populares
en Colombia (artículo 80 de la ley 472 de 1998),
la remisión no es una consecuencia de la
excepción que prosperó […]”.
“[…] -PREGUNTA 121: En este caso, se aborda “[…] Pregunta 121 (…)
el tema de un “procedimiento patentado” y el
uso del mismo sin licencia, asunto que por Esta pregunta es pertinente porque exige que el
disposición legal corresponde al Juez Civil del funcionario judicial entienda que si bien el
Circuito, tal como lo establece el artículo 20 No. régimen de las nuevas creaciones otorga
2 Ibidem […]”. monopolios de explotación sobre las
invenciones (sean estas productos o
procedimientos), estos no son ilimitados y
existen unos usos que están permitidos a toda
la población como la experimentación,
investigación, etc., sin que se requiera de una
autorización del titular de la patente o del
Estado.
También, exige que el funcionario judicial tenga
claro que las licencias, en nuestro
ordenamiento jurídico, pueden ser
contractuales u obligatorias. Pero, en todo caso
se trata de licencias. De manera tal que si esta
no existe, por regla general, se infringirá el
derecho de explotación exclusiva del titular de
la patente.
La opción A NO resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en este caso se requiere
licencia. Si el titular de la patente se niega a
otorgarla de manera contractual, la
Superintendencia de Industria y Comercio
puede conceder una licencia obligatoria, al
tenor del artículo 67 de la Decisión 486 de 2000.
La opción B no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque en este caso, previo concepto
de la autoridad de promoción de la
competencia, se puede otorgar una licencia
obligatoria al tenor del artículo 66 de la Decisión
486 de 2000, a fin de evitar la violación de la
libre competencia y, en particular, el abuso de
la posición dominante. Para que no se presente
una infracción a los derechos del titular de la
patente, debería haber una licencia, cuando
menos, obligatoria.
La opción C es la respuesta correcta porque en
el caso de las patentes de invención de
procedimiento los derechos de su titular están
contemplados en el art. 52 de la Decisión 486
de 2000. Ahora bien, se consideran como usos
permitidos, sin necesidad de licencia, los
contemplados en el art. 53 de la misma norma
porque el titular de la patente no puede
prohibirlos, entre los que figura en el literal b)
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
los “actos realizados exclusivamente con fines
de experimentación, respecto al objeto de la
invención patentada”.
La opción D no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque en este caso la persona que
va a hacer uso de la invención requiere de una
licencia. Si el titular de la patente no la concede
voluntariamente, la Superintendencia de
Industria y Comercio de manera temporal
puede conceder una licencia obligatoria. Art. 65
de la Decisión 486 de 2000 […]”.
“[…] -PREGUNTA 129: En este interrogante, se “[…] Pregunta 129 (…)
cuestiona que debe hacer la AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS, en un caso especial Esta pregunta es pertinente porque el Decreto
de sus funciones, las cuales se encuentran Ley 902 de 2017 facultó a la ANT para adelantar
estipuladas en el artículo 4 del Decreto 2363 de procedimientos orientados a la titulación de la
2015 y no son competencia del Juez Civil posesión, dadas las exigencias de la
Municipal, sino de una entidad que ni siquiera implementación de un proceso de paz en el
hace parte de la Rama Judicial. Por tanto, dicha tema de adjudicación de tierras, esto significó
cuestión no debió incluirse como una de las un cambio trascendental en una competencia
preguntas del componente de conocimientos que históricamente había sido exclusiva de la
específicos, pues se reitera que en dicho ítem, rama judicial. En ese sentido, es necesario que
solo pueden incluirse aspectos específicos y los jueces y magistrados conozcan los
referentes a las funciones que desarrollan los procedimientos administrativos previos a la
jueces en su especialidad. Es tan evidente el definición del juez.
yerro, que la respuesta es adelantar la fase
administrativa y de ser procedente, formular La opción A no resuelve de manera adecuada
solicitud al juez, actuación que bajo ningún el enunciado, y por ende, es una respuesta
punto de vista realiza el Juez Civil Municipal – incorrecta porque cuando en el marco del
Juez de Pequeñas Causas y competencia barrido predial, y frente a este tipo de solicitudes
múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de se presentan oposiciones, la ANT no es
Sentencias, además, la pregunta se cuestiona competente para titular la posesión, y debe
sobre que debería hacer la ANT y no se trata de presentar tal solicitud al Juez competente, de
un concurso para pertenecer a dicha agencia acuerdo con el artículo 36 del Decreto Ley 902
estatal de naturaleza especial […]”. de 2017.
La opción B no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en virtud del artículo 36 del
Decreto Ley 902 de 2017, la ANT también es
competente para resolver este tipo de
solicitudes cuando no existe oposición, por lo
que este proceso no es de competencia
exclusiva del juez.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque el proceso de recuperación
sólo es procedente cuando el predio conserva
su carácter de baldío. En el presente caso, al
haberse adjudicado, el predio es de propiedad
privada.
La opción D es la respuesta correcta porque el
artículo 36 del Decreto Ley 902 de 2017 faculta
a la ANT para titular la posesión en aquellos
casos que cumplan los requisitos legales, sin
embargo, si se encuentra una oposición a la
pretensión, la solicitud deberá ser presentada
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
ante el juez competente, como ocurre en el
caso expuesto […]”
30. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0025 de 16 de enero de 2023, en su anexo 2 la Unidad de Administración de Carrera
Judicial de Colombia – Respuesta Objeciones, en el cual, “[…] Se relaciona a
continuación una a una las preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para
el Cargo de Juez Civil Municipal - Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple
• Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias, indicando su pertinencia, la
justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de respuesta
no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas
[…]”, remitido por la Universidad Nacional de Colombia, y anexado por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, resolvió uno a uno los requerimientos de la
actora presentados en el recurso de reposición y en la adición al recurso de
reposición, presentados el 19 de septiembre y 15 de noviembre de 2022,
respectivamente.
31. La Sala evidenció del acervo probatorio allegado por la actora dentro de la
presente acción constitucional, que la Unidad de Administración de Carrera resolvió
el recurso de reposición, pues allegó la Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de
enero de 2023; y la Universidad Nacional de Colombia, el anexo 2 – Respuesta
Objeciones, a partir de lo cual se advierte que sí dio una respuesta congruente y de
fondo al respectivo recurso.
32. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay lugar
a amparar el derecho fundamental invocado por la actora, toda vez que las entidades
demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta a la actora, a través del
Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas que fueron
objetadas por los recurrentes para el Cargo de Juez Civil Municipal - Juez de
Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de
sentencias, indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como
la razón de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la
estructura y elaboración de las preguntas […]”, a través de la Resolución núm.
CJR23-0025 de 16 de enero de 2023.
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Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
33. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna al
derecho fundamental al debido proceso, invocado por la actora, en la medida en que
la Unidad sí dio una respuesta congruente y de fondo al recurso de la actora, de
conformidad con el Anexo núm. 2 de la CJR23-0025 de 16 de enero de 2023.
34. Valga resaltar que la Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual “[…]
se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que dispone
lo siguiente:
“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la
página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso
de selección, incluidos los que resuelven los recursos […]”.
35. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición de la actora haya
afectado el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.
Conclusiones de la Sala
36. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00266-00
Actora: María Mercedes Vélez Vásquez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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