Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01122-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01122-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01122-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
14 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00
Accionante: SANTIAGO RÍOS BARCO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE NIEGA EL AMPARO - No se
configuró la vulneración de los derechos fundamentales
invocados
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela promovida por el ciudadano Santiago Ríos
Barco en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de
Colombia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Santiago Ríos Barco solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] de petición, acceso a la información, debido proceso
administrativo, derecho de defensa, confianza legítima, carrera administrativa,
acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos [y] derecho de
contradicción […]», cuya vulneración le atribuyó a la omisión de las accionadas de
emitir una respuesta «[…] de fondo, clara y congruente […]» al recurso de
reposición que promovió contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre
de 2022, expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, y a través de la cual «[…] se publicaron los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al
concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Penal Municipal de la
Rama Judicial […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00
Accionante: Santiago Ríos Barco
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Manifestó que se inscribió al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, encaminado a proveer el cargo de juez penal municipal.
2.2. Señaló que, con fecha 24 de julio de 2022, presentó la prueba de «[…] aptitudes
y conocimientos […]», en la que obtuvo un puntaje de 795.47, resultado que le fue
notificado mediante Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.
2.3. Comentó que promovió recurso de reposición contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, a través del cual expuso sus cuestionamientos y
objeciones frente «[…] a las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119,
120, 122, 129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
2.4. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial, mediante Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023, adujo
resolver los múltiples recursos de reposición que se presentaron en contra de la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022; sin embargo, a su juicio,
tal aseveración no es cierta, en tanto «[…] se limitó a justificar sus respuestas,
más no se pronunció frente a las objeciones especificas realizadas en la
ampliación del recurso […]».
2.5. Afirmó lo siguiente: «[…] el recurso de reposición presentado no ha obtenido
una respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado, se reitera, basta con
mirar el CJR23-0028 - ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES que hace parte de
la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023 para darse cuenta que la
accionada se limitó a enunciar justificaciones sin mayor análisis jurídico para
ratificarse en las claves de respuesta de las anteriores preguntas, pero en ningún
momento se controvirtieron y mucho menos se desvirtuaron los argumentos
explícitos desarrollados en los escritos de complementación del recurso de
reposición que presenté […]».
2.6. Aseveró que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados
porque «[…] no han otorgado una respuesta de fondo, clara y congruente con lo
solicitado […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
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Accionante: Santiago Ríos Barco
[…] Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos
fundamentales de petición, acceso a la información, debido proceso
administrativo, derecho de defensa, confianza legítima, carrera administrativa,
acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos, derecho de
contradicción; además de aquellos que en su consideración también se haya
vulnerado y, en consecuencia, se ordene a las accionadas dentro del término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir la notificación del fallo lo
siguiente:
PRIMERO: Dar respuesta de fondo, clara y congruente al recurso de
reposición interpuesto y ampliado dentro del término de ley frente a las
preguntas plasmadas renglones atrás en tanto las mismas se emitan con
fundamento en la norma y la jurisprudencia actual; como consecuencia tener
como válidas las opciones de respuestas seleccionadas por la suscrita en el
examen, así mismo excluir o tener por invalidas aquellas preguntan que no
son competencia del juez Penal Municipal.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS O MODIFICAR el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS QUE RESUELVE
EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA LA
RESOLUCIÓN CJR22-0351 Y SU ANEXO, por medio del cual se negó el
recurso de reposición presentado y se ORDENE expedir otro conforme a
Derecho y las pretensiones precedentes y, en consecuencia, se modifique el
puntaje para el Cargo de Juez Penal Municipal, para que en su lugar se
asigne un puntaje superior a 800 puntos, de conformidad a los aciertos
obtenidos […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de marzo de 2023, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia. También se
ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegó el siguiente informe:
5.1. ElConsejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial rindió informe en el que solicitó que se declarara la carencia
actual de objeto por hecho superado porque: «[…] mediante la Resolución
CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 (…) se atendieron de manera clara,
completa y de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso por el
tutelante […]».
5.2. Igualmente aclaró que: «[…] ni en el escrito del recurso interpuesto por el
tutelante, ni en la adición al mismo, se hizo referencia o mención alguna a las
preguntas 32, 65, 66, 70, 100, 101, 102 y 126, por lo que no se realizó la
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Accionante: Santiago Ríos Barco
marcación de los ítems en la fila correspondiente al aspirante dentro del Anexo 2
de la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 y, en consecuencia, la
acción de tutela no es el escenario para efectuar nuevos cuestionamientos a los
resultados obtenidos en la prueba de 24 de julio de 2022 […]».
5.3. Aseguró que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, en
tanto que: «[…] los reparos que planteó en su recurso sobre las preguntas 53, 82,
88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122 y 129, fueron atendidos en los puntos
13, 17, 18 y 35 de la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 […]». Al
respecto, explicó lo siguiente:
[…] Conforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de
2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las claves
de respuesta correctas y la correspondiente explicación, como resultado de
las valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e
imparcialidad con parámetros previamente determinados; es así que, frente a
lo señalado en las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120,
122 y 129 se indicó pertinencia del enunciado de la pregunta y la clave
asignada, así como la justificación de la opciones de las respuestas no
válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las
preguntas […].
5.4. Por último, indicó que la acción de tutela no era el mecanismo judicial idóneo
para ejercer control a los actos administrativos aquí acusados.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la parte actora, en tanto que, presuntamente, se abstuvieron de emitir una
respuesta «[…] de fondo, clara y congruente […]» al recurso de reposición que
promovió contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.
1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Accionante: Santiago Ríos Barco
8. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de manera
previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición
9. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, todas las
personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.
10. Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se
considera satisfecha cuando, presentada la solicitud, el peticionario obtiene una
contestación que cumple con las características de ser oportuna, clara,
congruente, efectiva, eficazmente notificada; todas ellas suficientemente
reiteradas y explicadas por la jurisprudencia constitucional4.
11. En síntesis, la respuesta debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas ni
subterfugios y precisando lo que el peticionario desea; debe ser clara a fin de que
el solicitante entienda los argumentos de la autoridad independientemente de que
los comparta o no; debe mantener coherencia con lo solicitado; además de
ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello, y ser
notificada de manera eficaz para su debida materialización.
VI.4. Caso concreto
12. Elciudadano Santiago Ríos Barco solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] de petición, acceso a la información, debido proceso
administrativo, derecho de defensa, confianza legítima, carrera administrativa,
acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos [y] derecho de
contradicción […]», cuya vulneración le atribuyó a la omisión de las accionadas de
emitir una respuesta «[…] de fondo, clara y congruente […]» al recurso de
reposición que promovió contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre
de 2022, expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, y a través de la cual «[…] se publicaron los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al
concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Penal Municipal de la
Rama Judicial […]».
4 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y
las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras
subreglas que lo informan se advierte en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572
de 1994, T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-
1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de
2006, T-431 de 2007, entre otras.
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Accionante: Santiago Ríos Barco
VI.4.1. Análisis de la presunta vulneración en el caso objeto de estudio
13. La Sala comienza por señalar que encuentra acreditados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, en tanto que: (i) el señor Ríos Barco está
legitimado en la causa por activa; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro
de un término razonable, y (iii) no cuenta con otro medio judicial expedito y eficaz
que garantice la protección de sus derechos fundamentales.
14. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que si
bien es cierto el actor solicita expresamente que se deje sin efectos «[…] el acto
administrativo RESOLUCIÓN CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la
realidad es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las accionadas
no resolvieron de manera clara, fondo y congruente los cuestionamientos u
objeciones que presentó frente «[…] a las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106,
108, 110, 119, 120, 122, 129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y
129 […]».
15. Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó
o no el núcleo esencial del derecho de petición del actor, con ocasión del recurso de
reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de 1° de
septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario resultaría
ineficaz para tal fin.
16. En este punto, la Sala estima pertinente poner de relieve, a través de la siguiente
tabla comparativa, lo manifestado por el actor en el citado recurso de reposición y la
respuesta emitida, mediante la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 –
Anexo N° 2, por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura:
Solicitudes del accionante conforme al Respuesta de las accionadas conforme a la
recurso de reposición Resolución N° CJR23-0028 de 16 de enero
de 2023 – Anexo N° 2
«[…] Pregunta 53: Las normas que «[…] Esta pregunta es pertinente porque para
condicionan las demás normas, tienen un cualquier operador jurídico y, en especial, para
contenido abstracto y abierto, y están los jueces y magistrados, es fundamental
formuladas como cláusulas generales que conocer los diferentes tipos de normas que
determinan criterios interpretativos del resto del integran un sistema jurídico con el objeto de
ordenamiento poder interpretarlas y aplicarlas.
la UNAL dice que son valores D […]
Se considera que también es válida la La opción C no resuelve de manera adecuada
respuesta principios C el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque los principios también son
Justificación: normas que condicionan las demás normas,
pero con mayor grado de concreción y, por lo
En la Sentencia C-1287/01 con ponencia del tanto, de aplicabilidad concreta, alcanzando por
magistrado MARCO GERARDO MONROY sí mismos proyección normativa.
CABRA, la Corte Constitucional señala con
suprema claridad, con sustento en la doctrina La opción D es la respuesta correcta porque
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especializada sobre la materia, que i) tanto los tanto la doctrina como la jurisprudencia
valores como los principios condicionan las constitucional han definido los valores de la
demás normas y ii) que la distinción entre forma expuesta en el enunciado […]». (Subrayas
valores principios, es de grado de abstracción y por fuera del texto original)
de apertura normativa, en el sentido que las
normas que reconocen valores serían normas
más abstractas y abiertas que las que
consagran principios pero además.
[…]
Por lo anterior, es claro que tanto los valores
como los principios cumplen los supuestos del
cuestionamiento, vale decir, i) son normas que
condicionan las demás normas, ii) tienen un
contenido abstracto y abierto, y están
formuladas como cláusulas generales que
determinan criterios interpretativos del resto del
ordenamiento, por lo que las claves de
respuesta D (universidad) y C (marcada) serían
correctas […]».
«[…] Pregunta 82: El caso de un psicólogo a «[…] Esta pregunta es pertinente porque es
quien solicitan información desde una entidad importante que los aspirantes a jueces y
pública en relación con uno de sus clientes. magistrados estén familiarizados con las
Conforme la solicitud, se utilizará de manera implicaciones del mandato constitucional que
anónima para ilustrar casos de acoso laboral. establece en su artículo 74 que “el secreto
El psicólogo niega la información y aduce profesional es inviolable”; durante el ejercicio
protección del secreto profesional. se interroga profesional de los aspirantes como jueces de
si desde una perspectiva constitucional, se tutela (jueces constitucionales), deberán tener
estructura principalmente por. este insumo claro.
La UNAL dice que es la C relación personal La opción B no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
Se considera que es la B carácter de la incorrecta porque Para que se active el secreto
información profesional que se establece entre el psicólogo
y su cliente no es relevante la información que
Justificación: se pretende obligar a divulgar, sino la defensa
de la relación personalísima que se establece
La relación que existe entre el psicólogo y sus entre el profesional y su cliente. El profesional
clientes no es personal sino profesional; es está obligado, por ende, a proteger toda la
más, la estructura de la pregunta o uno de sus información que le sea confiada, sin que le sea
supuestos, es precisamente “El psicólogo se dable establecer diferenciaciones “El secreto
niega, aduciendo la protección del secreto profesional nace de una relación de confianza
profesional”, no el secreto que surge de una que surge entre el profesional y su cliente a
relación personal, por eso la respuesta correcta propósito de los asuntos objeto de su relación:
es por el carácter de la información donde se En el secreto profesional descansa parte muy
deriva el secretor profesional. importante de la confianza que debe surgir y
permanecer entre el profesional y su cliente a
La anterior postura, se revela, totalmente, propósito de los asuntos objeto de su relación.
valedera al observar los artículos 10 literal f y Mal se podría asegurar el éxito de la gestión
23 de la Ley 1090/06 por la cual se reglamenta confiada a aquél si los temores de quien
el ejercicio de la profesión de Psicología, se requiere sus servicios le impiden conocer en su
dicta el Código Deontológico y Bioético y otras integridad los pormenores de la situación en
disposiciones, como quiera que en ningún que se ocupa… El secreto profesional tiene
momento señala que el secreto profesional como fundamentos esenciales la tutela de la
psicólogo cliente se estructura principalmente privacidad natural de la persona y la protección
por una relación personal por el contrario, estas de la honra, el buen nombre y la buena fama
normas, reiteran, lo racional y lógico, esto es, del depositante del secreto: Se reserva para la
relación se estructura en razón de su actividad privacidad o exclusividad, con un doble fin:
profesional. primero, para no dejar indefensa a la persona,
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al despojarla de la introspección necesaria para
[…] vivir dignamente, con su privacidad natural. Y
segundo, por la honra, buen nombre y buena
Así las cosas, como la opción “relación fama del depositante del secreto, que deben
profesional” no aparece dentro de las quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual
posibilidades de respuesta, debe activarse a indica que el conocimiento se guarda para algo
favor el participante este yerro de redacción, específico, que debe ser utilizado en la
bajo la perspectiva que sin duda la respuesta confidencialidad y exclusividad propias del
B) El carácter de la información, en este caso, oficio. Se viola el secreto cuando se divulga
es sin duda la que no solo deviene racional, (…).” Sentencia C301 de 2012 Corte
sino que encuadra mejor en los artículos Constitucional).
precitados que hacen parte del marco legal del
ejercicio de la profesión de Psicología […]». La opción C es la respuesta correcta porque es
el carácter personalísimo de la relación lo que
determina la aplicación del secreto profesional.
“La Corte Constitucional ha definido el secreto
profesional como la información reservada o
confidencial que se conoce por ejercicio de
determinada profesión o actividad. En este
sentido, el secreto profesional es un derecho –
deber del profesional, pues de verse compelido
a revelar lo que conoce perderá la confianza de
sus clientes, su prestigio y su fuente de
sustento. El secreto profesional nace de una
relación de confianza que surge entre el
profesional y su cliente a propósito de los
asuntos objeto de su relación…” Sentencia
C301 de 2012 Corte Constitucional […]».
(Subrayas por fuera del texto original)
«[…] Pregunta 88: X tenía la creencia errada de «[…] Esta pregunta es pertinente porque la
que iba a ser atracada por Y, y reacciona confusión en la solución de estos casos puede
causándole una lesión creyendo que estaba presentarse puesto que la dogmática tradicional
actuando en legítima defensa. contempla que el error sobre los presupuestos
de una causal de justificación es un error de
La UNAL considero que la respuesta acertada es prohibición indirecto, por tanto, debería ser la
la D y que responde por lesiones personales consecuencia jurídica la absolución en los casos
culposas. de error invencible y la rebaja punitiva en los
casos de error vencible. no obstante, en
Se considera que la respuesta acertada es la Colombia, el legislador dispuso, en el numeral 10
C. del artículo 32 del Código Penal, que el error
sobre los presupuestos objetivos de una causal
Justificación: de justificación recibe tratamiento de error de
tipo, por tanto, en caso de que sea vencible el
En el caso concreto X actuó frente a una tratamiento será procesarlo por el respectivo tipo
percepción errada de lo que estaba pasando lo penal en su modalidad culposa (si la hubiere), y
que conllevo a que creyera que podía actuar en en caso de que sea invencible, la consecuencia
LGITIMA DEFENSA, al ser la legitima defensa será la atipicidad del comportamiento.
una causal de justificación de las consagrada en
el artículo 32 del C.P estamos ante un ERROR La opción C no resuelve de manera adecuada
DE PROHIBICION INDIRECTO concretamente el enunciado y por ende es una respuesta
frente a la existencia de una causal de incorrecta porque no puede eximirse de
justificación, y en el caso concreto estamos ante responsabilidad aplicando la legítima defensa
lo que se conoce como una DEFENSA puesto que en el caso no se verifica el requisito
PUTATIVA porque no puede ser legitima porque de que la agresión debe ser real, en tanto que
efectivamente no se está presentando una fue imaginada por “A”, según lo establecido en
agresión injusta, no había un riesgo actual e el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 599 del
inminente y la reacción no podía ser proporcional 2000, Código Penal.
al no haber agresión.
La opción D es la respuesta correcta porque el
Ahora, se considera que ese error de prohibición legislador colombiano ha decidido regular la
indirecto era INVENCIBLE y no vencible porque defensa putativa en el numeral 10, del artículo
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Accionante: Santiago Ríos Barco
no había forma de X saliera de ese error por lo 32 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, como
cual no se le podía dar el tratamiento de vencible un error sobre los presupuestos objetivos de
y equipararlo al error de tipo que se hace en el una causa de justificación. En este caso, hay
C.P Colombiano, y la invencibilidad del error un error de tipo vencible debido a que si “A”
parte de que actuó con el convencimiento hubiese sido diligente, se hubiese percatado de
fundado de que estaba siendo víctima de un que no existía agresión alguna en su contra
ataque actual e injusto por parte de un extraño y […]». (Subrayas por fuera del texto original)
no podía actualizar su conocimiento en ese
momento de lo injusto de su conducta […]».
«[…] Pregunta 103: «[…] Esta pregunta es pertinente porque el juez
al momento de imponer una pena debe conocer
La representante legal de una sociedad es la normatividad aplicable prevista en la Ley 599
condenada por el delito de omisión de agente de 2000 y las modificaciones posteriores en
retenedor por no consignar la suma de 26 materia de subrogados y beneficios penales. Por
millones de pesos por concepto de declaración tanto, ante el cumplimiento parcial de los
de impuestos de los periodos 2,3,4 y 5 del requisitos previstos en el artículo 63 de la Ley
2008, la condena fue de 48 meses, solicito la 599 de 2000 y las modificaciones previstas en la
suspensión condicional de la ejecución de la Ley 1709 de 2014, no puede concederse la
pena, se le debía conceder o no: suspensión de la ejecución de la pena,
estableciendo de suerte una tercera ley
La UNAL dice que la respuesta correcta es la compuesta por los apartes de cada norma que
D, negarse por ser un delito doloso contra la favorezca al procesado. Cualquier mixtura
administración pública. normativa equivale a desnaturalizar el instituto
jurídico de la suspensión de la ejecución de la
Se considera que la opción B también es pena, contraría su finalidad y vulnera el principio
correcta, no cumplía el requisito objetivo de legalidad.
Justificación:
[…]
Para responder a esta pregunta se debe hacer
un cuadro comparativo de los requisitos de la La opción B no resuelve de manera adecuada
suspensión condicional de la ejecución de la el enunciado y por ende es una respuesta
pena antes y después de la expedición de la incorrecta porque el beneficio no es procedente
ley 1709 de 2014 […]. en atención a la naturaleza del delito contra la
administración pública y su carácter doloso, no
La modificación que es materia de importancia por el factor objetivo de la pena
para resolver esta pregunta que trajo la ley exclusivamente.
1709 de 2014 es frente al requisito objetivo
para acceder al beneficio de la suspensión […]
condicional de la ejecución de la pena, es así
que encontramos que la condena fue de 48 La opción D es la respuesta correcta porque
meses de prisión o 4 años por hechos aunque se encuentra satisfecho el requisito
acaecidos en el año 2008 ósea que antes de la objetivo, por cuanto la condena no excedió los
expedición de la ley 1709 de 2014 traía como cuatro años, no puede concederse el
requisito para acceder a este beneficio judicial subrogado de la ejecución condicional de la
que la condena no podía ser superior a 36 pena por tratarse de un delito enlistado en el
meses o 3 años. artículo 68 A, donde se encuentran los delitos
dolosos contra la administración pública, entre
Lo anterior nos ilustra que no se cumplía el los cuales está el delito de omisión de agente
requisito objetivo porque la pena por la cual se retenedor […]». (Subrayas por fuera del texto original)
emitió condena era superior a 3 años ( antes
de la expedición de la ley 1709 de 2014), es
por ello que la respuesta marcada también era
correcta desde el punto de vista normativo
teniendo en cuenta que el estudio del beneficio
judicial se hace a la fecha de ocurrencia de los
hechos y vigencia de la norma y en este caso
fue en el año 2008, si bien los delitos contra la
administración pública en la fecha de
ocurrencia de los hechos estaban excluidos por
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Accionante: Santiago Ríos Barco
el articulo 68 A para conceder este beneficio
judicial, una respuesta valida también era el
incumplimiento del requisito objetivo para ello
como se ilustro renglones atrás […]».
«[…] Pregunta 105: La persona que agrede a «[…] Esta pregunta es pertinente porque los
su ex esposa en la casa de esta y se delitos contra la familia, como el de violencia
divorciaron hace más de un año, propinándole intrafamiliar, se han incrementado con la crisis
varios golpes que dictaminaron una que ha generado la pandemia. Este tipo de
incapacidad de 30 días. circunstancias son de las más comunes en
nuestra sociedad y en consecuencia, los jueces
La UNAL considero que respondía por deben estar al tanto de las últimas
violencia intrafamiliar agravada actualizaciones legales en este tipo delitos así
como las reglas aplicables.
Se considera que la respuesta acertada es
lesiones personales por incapacidad para […]
trabajar o enfermedades agravadas.
La opción C no resuelve de manera adecuada
Justificación: el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el delito de lesiones
El error en la pregunta parte de que no personales, aunque se agrave, según artículo s
determinaron en qué fecha ocurrieron los 112 y 119 del Código Penal (situación que no
hechos de la agresión, ya que el 20 de junio de es admisible en este caso), tiene una pena
2019 se expidió la ley 1959 de 2019 que menor al de violencia intrafamiliar y por ende
modifico el delito de VIOLENCIA se prefiere la aplicación de este último tipo
INTRAFAMILIAR […]». penal tratándose de un delito subsidiario, es
decir, que se aplica a no ser que la conducta
constituya un delito con pena mayor, situación
que no ocurre en el caso en estudio.
La opción D es la respuesta correcta porque el
delito de violencia intrafamiliar que trata el
artículo 229 del Código Penal, en su modalidad
básica, contiene una pena de prisión de 4 a 8
años; sin embargo, esta pena se agrava de la
mitad a las tres cuartas partes (de 72 meses a
168 meses) si la conducta recae sobre una
mujer. En adición el literal a) del parágrafo 1º
establece que a la misma pena quedará
sometido quien sin ser parte del núcleo familiar
realice las conductas descritas en el tipo penal, si
la realiza contra los cónyuges o compañeros
permanentes, aunque se hubieren separado o
divorciado. Esta es precisamente la hipótesis
planteada en el caso, porque anteriormente, el
delito de violencia intrafamiliar al referirse a
núcleo familiar requería convivencia, situación
que ya no es necesaria en los casos planteados
por el mismo artículo , en virtud de la reforma
realizada por el artículo 1º de la Ley 1959 de
2019 al delito de violencia intrafamiliar. Por otra
parte podría pensarse que se trata de un
concurso de tipos penales, entre violencia
intrafamiliar y lesiones personales por
incapacidad para trabajar o enfermedad del
artículo 112 del Código Penal, también
agravadas (Artículo 119 que remite al artículo
104 del Código Penal); sin embargo, esta
situación se define de la siguiente forma:
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Accionante: Santiago Ríos Barco
Si bien el delito de violencia intrafamiliar es
subsidiario, (ver Rad. 48047 del 7 de junio de
2017) es decir que se aplica siempre y cuando la
conducta no constituya delito sancionado con
pena mayor, en este caso específico será la
violencia intrafamiliar agravada el delito con pena
mayor (72 a 168 meses de prisión) respecto al
de lesiones personales por incapacidad para
trabajar o enfermedad también agravada con
pena de 21,33 a 54 meses de prisión, razón por
la cual el delito aplicable es el de violencia
intrafamiliar […]». (Subrayas por fuera del texto original)
«[…] Pregunta 106: Un ciudadano denuncio a «[…] Esta pregunta es pertinente porque se
otro señalando que fue cómplice de haber hace necesario que los jueces distingan las
comprado a un juez y dentro del proceso se diferencias entre los delitos de calumnia e
demostró que lo anterior no era cierto. injuria, con los delitos de falsa denuncia, que
tienen características similares y donde se
La UNAL dice que responde por falsa denuncia presenta un concurso aparente entre unos y
contra persona determinada D otros.
Se considera que la respuesta correcta es la […]
C calumnia en concurso con falsa denuncia.
La opción C no resuelve de manera adecuada
Justificación: el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien es cierto que el
Cuando se dice que una persona fue cómplice ciudadano está imputando falsamente a otro un
de haber comprado a un juez estamos delito y además realiza manifestaciones
hablando del delito de COHECHO POR DAR U injuriosas las realiza a través de una denuncia,
OFRECER del artículo 407 del C.P: en consecuencia, se presenta un concurso
aparente entre falsa denuncia y calumnia, el
[…] cual se resuelve aplicando el tipo penal de
falsa denuncia contra persona determinada,
El delito de falsa denuncia no es un tipo penal contemplado en el artículo 436 de la Ley 599
subsidiario por lo cual puede concursar con de 2000. En ese sentido si bien existe el tipo
otros delitos como en el caso concreto el delito penal de falsa denuncia consagrado en el
de calumnia, además cada delito protege un artículo 435 de la Ley 599 de 2000, es mucho
bien jurídico diferente el primero la eficaz y más específico el tipo penal de Falsa denuncia
recta impartición de justicia y el segundo la contra persona determinada.
integridad moral lo que revalida la posibilidad
de que concursen sin ser delitos excluyentes, La opción D es la respuesta correcta porque la
por lo cual la respuesta acertada era el conducta consiste precisamente en que bajo
concurso de conductas punibles de calumnia y juramento se denuncie a una persona como
falsa denuncia. autor o participe de un delito que no cometió,
de conformidad con el artículo 436 de la Ley
599 de 2000, Código Penal […]». (Subrayas por
fuera del texto original)
«[…] Pregunta 108: Hasta que fecha se «[…] Esta pregunta es pertinente porque el
entiende configurado el delito de desaparición conflicto armado en Colombia y sus altos
forzada índices de violencia han tenido como
consecuencia la comisión de delitos como la
La UNAL considera que cuando se confiesa el desaparición forzada. En muchos casos, la
delito 10/02/2018 B víctima del delito no sobrevive a tan duro
flagelo y se debe reconocer a la luz de la
Se considera que la respuesta correcta es la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte
C cuando aparece el cadáver 1/06/2019 Suprema de Justicia, hasta cuándo se
considera cometido este grave delito.
Justificación:
[…]
El delito de desaparición forzada está tipificado
en el artículo: La opción B es la respuesta correcta porque la
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Accionante: Santiago Ríos Barco
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte
[…] Suprema de Justicia (Rad. 40.559 del 17 de
abril de 2013 y 45.143 del 16 de diciembre de
El delito de desaparición forzada es de 2015) establece que por tratarse de un delito
ejecución permanente, inicia con la privación de conducta permanente y ante el fallecimiento
de la libertad de la persona y su consumación del sujeto pasivo, el delito cesa o se comete
termina según los elementos normativos del hasta que se conoce la suerte de la persona
tipo del delito cuando recobra su libertad y hay (sujeto pasivo). En el caso en estudio, la suerte
certeza de esto o cuando se encuentra el del sujeto pasivo sólo se pudo conocer hasta
cadáver de la persona que es cuando el delito que los autores del hecho confesaron el 10
muta a homicidio. febrero de 2018. Por eso hasta ahí se
considera cometido el delito. Lo anterior quiere decir, que si la persona no
aparece viva o muerta se sigue ejecutando el La opción C no resuelve de manera adecuada
delito de desaparición forzada porque aún no el enunciado y por ende es una respuesta
hay certeza de su paradero, no se puede incorrecta porque la jurisprudencia de la Sala
entender que es cuando los victimarios admiten Penal de la Corte Suprema de Justicia (Rad.
o confiesan el delito porque aun así la persona 40.559 del 17 de abril de 2013 y 45.143 del 16
sigue desaparecida y no se tiene certeza de su de diciembre de 2015) establece que por
paradero, el agotamiento del delito no puede tratarse de un delito de conducta permanente y
depender de la voluntad de los victimarios, sino ante el fallecimiento del sujeto pasivo, el delito
de que efectivamente con actos de cesa o se comete hasta que se conoce la
investigación termine ese estado de zozobra y suerte de la persona (sujeto pasivo). En el caso
se encuentre a la persona viva o muerta […]». en estudio, la suerte del sujeto pasivo sólo se
pudo conocer hasta que los autores del hecho
confesaron el 10 febrero de 2018 […]». (Subrayas
por fuera del texto original)
«[…] Pregunta 110: A una persona le «[…] Esta pregunta es pertinente porque la
incautaron unos elementos como son diferenciación de aquellos actos que atentan
detonadores, 30 baterías, conectores etc. en contra la seguridad pública como bien jurídico
zona catalogada como terrorista, porque tutelado en delitos previstos en el
responde ordenamiento jurídico colombiano frente
aquellos que no llegan a revestir ningún riesgo
La UNAL considera que la respuesta correcta para la comunidad, por lo tanto, debe
es que hay atipicidad absoluta C analizarse desde la órbita de la atipicidad
siendo una competencia importante en las
Se considera que la respuesta correcta es la labores de la autoridad judicial. A si había tipicidad.
[…]
Justificación: La opción A no resuelve de manera adecuada
El delito de terrorismo está tipificado en el el enunciado y por ende es una respuesta
código penal: incorrecta porque la conducta referida no tiene
el carácter de típica, por lo tanto, no es
El ejemplo claramente determina que la necesario analizar su antijuricidad. Debido a
incautación de estos elementos (insumos para que los elementos encontrados no tenían la
realizar artefactos explosivos) se presentó en potencialidad de atentar contra la seguridad
zona terrorista, no era cualquier zona donde no pública o de producir daños a bienes jurídicos o
se evidenciara un riesgo como en el ejemplo de individuales o supraindividuales del
la pregunta, por lo cual podía haber indicios de conglomerado social.
que estos elementos podían ser el medio en
esa zona para causar zozobra o terror a ese […]
sector de la población y causar daños.
La opción C es la respuesta correcta porque el
Lo anterior determina que la conducta era comportamiento realizado por parte del
típica y que el debate se debe centrar en sede individuo mencionado no incluyó la tenencia de
de antijuricidad material bajo el entendido de elementos peligrosos que tuvieran capacidad
que no se lesiono o no se puso en riesgo el de ocasionar estragos y por ende zozobra en la
bien jurídico tutelado en el caso concreto la población o una parte de ella. La tenencia de
seguridad pública. La verificación de la objetos idóneos para la fabricación de
TIPICIDAD OBJETIVA se suscribe a verificar explosivos, no reviste el carácter de acto
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Accionante: Santiago Ríos Barco
que sean medios capaces de causar estragos y ejecutivo, salvo que en ellos se encuentren
zozobra en un sector de la población. Lo que sustancias que en sí sean consideradas como
encuadra en el caso concreto, siendo la peligrosas por la ley penal, cosa que no ocurrió
conducta típica pero no antijuridica en el presente evento. Por tanto, la conducta
materialmente. resulta absolutamente atípica y no se encuadra
en ningún delito dentro del código penal […]».
Además, si en gracia de discusión se considera (Subrayas por fuera del texto original)
que la conducta era atípica del delito de
terrorismo, la pregunta no determina que no se
pudiera analizar la tipicidad de otras conductas
punibles, pues la respuesta marcada se podría
hacer extensivo a otro tipo de conductas
punibles típicas, pero no antijuridicas.
«[…] Pregunta 119: En una audiencia de «[…] Esta pregunta es pertinente porque es
solicitud de medida de aseguramiento la importante que los jueces conozcan los
fiscalía solicito la detención domiciliaria, la alcances que tienen en materia de imposición
víctima no estuvo de acuerdo y solicito al juez de medidas de aseguramiento, que no pueden
una medida de aseguramiento de detención decretarlas de oficio y que las solicitudes de la
preventiva carcelaria, cual debía ser la decisión víctima no se ven limitadas por la pretensión de
del juez frente a esta solicitud. la fiscalía, para garantizar el debido proceso a
este interviniente especial.
La UNAL considero que la respuesta era la C
que se debía dar trámite a la solicitud […]
Se considera que la respuesta correcta es la La opción B no resuelve de manera adecuada
B no se le debía dar trámite a la solicitud el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque la potestad de la víctima no
Justificación: es subsidiaria a las solicitudes elevadas por la
fiscalía. Según lo establecido por la Sala de
La solicitud de imposición de medida de Casación Penal de la Corte Suprema de
aseguramiento está regulada en el código de Justicia en providencia AP2424- 2016,
procedimiento penal: […] radicación No. 47223:
La norma le da la facultad a la víctima “De la jurisprudencia citada por el defensor no
directamente o por intermedio de su se extrae que el máximo Órgano de la
representante de solicitar la imposición de una jurisdicción Constitucional hubiera establecido
medida de aseguramiento ante el juez con que la víctima sólo está facultada para solicitar
función de control de garantías siempre y la imposición de medidas de aseguramiento en
cuando esta no sea solicitada por parte de la forma subsidiaria a la pretensión de la Fiscalía,
Fiscalía, entendiéndose que esta legitimación como afirma el apelante, ni prohibió al
de la víctima solo se da si hay una ausencia perjudicado coadyuvar las solicitudes que en
absoluta de petición de medida de ese sentido presente el ente acusador, pues la
aseguramiento por parte del ente acusador ( no Corte extendió dicha prerrogativa al sujeto
solicita ninguna clase de medidas de pasivo del delito, sin que haya especificado que
aseguramiento de las consagrada en el artículo esa potestad esté supeditada en forma alguna
307 literal A privativas de la libertad o literal B al comportamiento procesal de la Fiscalía.”
no privativas de la libertad), y vemos como en
el caso concreto la Fiscalía si solicito una La opción C es la respuesta correcta porque la
medida de aseguramiento DOMICILIARIA víctima puede sustentar su propia solicitud de
literal A numeral 2, lo que quiere decir que si imposición de medida de aseguramiento, sin
hubo una petición concreta ante el juez lo que importar la pretensión de la fiscalía. Según lo
no habilitaba darle tramite a la solicitud de la establecido por la Sala de Casación Penal de
víctima por no haber una ausencia absoluta de la Corte Suprema de Justicia en providencia
petición por parte de la Fiscalía ante el juez AP2424- 2016 radicación No. 47223: “Ello tiene
[…]». su explicación, porque aun cuando la solicitud
de medida de aseguramiento que realice la
Fiscalía puede satisfacer los intereses de la
víctima, ésta última puede reforzar la
pretensión inicial acudiendo a su propia
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Accionante: Santiago Ríos Barco
argumentación, incluso, adicionar la solicitud
del titular de la acción penal, pues si la ley y la
jurisprudencia faculta a dicho interviniente
especial para postular motu proprio la
imposición de tales medidas cautelares, con
mayor razón le permiten apoyar la que realice
el ente acusador, contrario a lo afirmado por el
defensor.” […]». (Subrayas por fuera del texto original)
«[…] Pregunta 120: Incautan un vehículo en el «[…] Esta pregunta es pertinente porque es
que se transportaba estupefaciente, el importante que los jueces conozcan los
propietario del vehículo manifiesta que no tenía alcances del comiso, las diferencias entre
conocimiento que estuvieran utilizando el delitos culposos y dolosos; entre bienes del
vehículo para esto, que tiene que hacer el autor y de terceros, y también las
fiscal. competencias en materia de devolución de
bienes que no han sido afectados por medidas
La UNAL dice que el fiscal debe entregar el cautelares, por jueces de control de garantías.
vehículo al propietario B
[…]
Se considera que la respuesta correcta es la
D, el fiscal debe pedir la incautación con La opción B es la respuesta correcta porque en
fines de comiso ante el juez de garantías. los delitos dolosos sólo procede el comiso
cuando el autor es propietario del vehículo,
Justificación según lo establecido por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en
En el caso concreto el Fiscal debía solicitar la providencia SP11015-2016, radicación No.
incautación con fines de comiso provisional 47660: ¨En este caso, el comiso sólo es
ante el juez de garantías, como lo establece el procedente respecto de los bienes y recursos
artículo 82 y siguientes del CPP: del penalmente responsable, en el entendido
que el artículo 82 de la Ley 906 de 2004,
[…] desarrolla lo consignado en el artículo 100 del
Código Penal, y éste faculta la medida
El comiso procede bajo dos circunstancias exclusivamente en lo que toca con «…bienes,
cuando los bienes son producto del delito o que tengan libre comercio y pertenezcan al
como sucede en el caso concreto cuando son responsable penalmente, sean utilizados para
utilizados como medio para la comisión de la realización de la conducta punible, o
delitos dolosos, en este caso el vehículo estaba provengan de su ejecución».” Como en este
siendo utilizado para transportar caso el automóvil es de libre comercio, y no le
estupefacientes para la comisión del delito de pertenece al indiciado, debe ser regresado a
tráfico de estupefacientes, si el vehículo era quien acredite su propiedad.
propiedad o no del responsable dicha
responsabilidad se define en la sentencia, si se […]
acredita o no por parte de un tercero, que tiene
una terceridad de buena fe sobre el mismo, La opción D no resuelve de manera adecuada
pero en una etapa primigenia del proceso como el enunciado y por ende es una respuesta
en el caso concreto la Fiscalía debe legalizar el incorrecta porque no es necesario acudir al
comiso provisional ante el juez de garantías sin juez de control de garantías para que legalice
perjuicio de los derechos de los terceros de la incautación de un bien que no será sometido
buena fe para solicitar su posterior entrega a comiso. Según lo proferido en Sentencias C-
[…]» 591 de 2014 y SU-036 2018 por la Corte
Constitucional, quien fija la responsabilidad en
el fiscal para estos casos […]». (Subrayas por fuera
del texto original)
«[…] Pregunta 122:
Se estaba conociendo un «[…] Esta pregunta es pertinente porque los
delito de homicidio en concurso con lesiones funcionarios judiciales deben tener claro, en
personales agravadas, se presentó la qué casos no se discute la competencia, la
acusación en un lugar diferente de donde misma se prorroga y en qué casos
ocurrieron los hechos ante un juez penal del necesariamente se debe decretar una nulidad
circuito y no se alegó incompetencia, frente a la de un proceso, teniendo en cuenta que el
competencia que pasa. mismo es de competencia de un juez de
superior jerarquía. La UNAL considera que la respuesta correcta
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00
Accionante: Santiago Ríos Barco
es la B […]
Se considera que la respuesta correcta es la La opción B es la respuesta correcta porque se
C prorroga de la competencia. presenta una nulidad, al haberse adelantado la
audiencia de acusación, lo que exige decretar
Justificación: la nulidad de lo actuado por violación al debido
proceso como se desprende del artículo 55 de
Lo primero que se debe hacer es determinar la la ley 906 de 2004, que establece que se
competencia de los jueces penal del circuito: entiende que el juez penal del circuito
especializado es de superior jerarquía que el
[…] Juez Penal del circuito y del artículo 456 del
mismo estatuto que establece la nulidad por
En el ejemplo de la pregunta se habla incompetencia del juez al estar asignado este
abstractamente y de forma general del delito de caso al conocimiento de un Juez Penal del
homicidio y de lesiones personales agravadas Circuito Especializado.
sin estructurar claramente a que agravante
frente a las lesiones personales estaba La opción C no resuelve de manera adecuada
haciendo referencia, lo que nos lleva a el enunciado y por ende es una respuesta
determinar que la competencia estaba radicada incorrecta porque el artículo 55 de la Ley 906
en los jueces penales del circuito por no radicar de 2004, establece que se entiende prorrogada
la competencia en los jueces penal municipales la competencia si no se alega la incompetencia
ni en los jueces penal especializados como lo en la oportunidad indicada en el artículo 54 del
determina la norma por no haber una mismo estatuto, salvo que esté radicada la
asignación especial de competencia. competencia en funcionario de superior
jerarquía. El parágrafo del artículo 55 establece
Ahora, la controversia se presenta es frente a que el Juez Penal del Circuito Especializado es
que sucede si un juez de igual jerarquía (penal de superior jerarquía respecto del juez Penal
circuito) está conociendo un caso que no es de del circuito, y por lo tanto debe declararse la
su competencia territorial (los hechos nulidad de este proceso […]».(Subrayas por fuera
ocurrieron en otro lugar) y no se propone del texto original)
incompetencia, la respuesta la encontramos en
el artículo: ARTÍCULO 55. PRÓRROGA. Se
entiende prorrogada la competencia si no se
manifiesta o alega la incompetencia en la
oportunidad indicada en el artículo anterior,
salvo que esta devenga del factor subjetivo o
esté radicada en funcionario de superior
jerarquía.
La norma establece claramente que se
presenta la PRORROGA DE LA
COMPETENCIA bajo el entendido que está
conociendo un juez de igual jerarquía y no hay
fuero especial de juzgamiento que son las
excepciones que trae la norma, situación que
se aplica al caso concreto.
«[…] Pregunta 129: Esta pregunta es sobre la «[…] Esta pregunta es pertinente porque la
jurisdicción especial para la paz, tema que no Jurisdicción Especial para la Paz es un
estaba dentro del componente general para elemento novedoso en la justicia, cosa que no
todos los cargos y tampoco como componente lo hace menos importante que las demás
específico para el cargo de juez penal jurisdicciones. En ese sentido, es importante
municipal. que los candidatos a jueces de la República
tengan claridad de los procedimientos que se
Nota: no es necesario desarrollarla porque se adelanten ante esta jurisdicción transicional y
considera que este tema no estaba dentro del que conozca las consecuencias de la renuncia
plenario de lo que se debía estudiar para el de la persecución penal en procedimientos de
examen, por lo cual debe ser CALIFICADA la JEP […]». (Subrayas por fuera del texto original)
COMO VALIDA por ser una omisión de la
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Accionante: Santiago Ríos Barco
UNAL frente a que se debía estudiar este tema.
La información se extrae del documento
contenidos generales de la prueba escrita
emitido por la UNAL y la Rama Judicial […]»
17. De la lectura de la anterior tabla comparativa, la Sala considera que los
argumentos que fundamentan la presente acción de amparo carecen de vocación
de prosperidad teniendo en cuenta que las entidades accionadas sí dieron una
respuesta de fondo y concreta al accionante, a través del Anexo N°2 de la
Resolución N° CJR23-0028 de 16 de enero de 2023, «[…] Por medio de la cual se
resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la
prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para
la provisión del cargo de Juez Penal Municipal de la Rama Judicial […]».
18. La Sala no desconoce que el hoy actor expuso los motivos por los que
consideraba que su respuesta era la acertada y la razón por la cual estimaba que la
respuesta con clave correcta era inválida; sin embargo, lo que encuentra la Sala es
que las accionadas dieron respuesta al escrito de reposición y brindaron una
explicación que, aunque breve, ciertamente indica los motivos por los que no
resultaban válidas las opciones marcadas por el accionante.
19. Significa lo anterior que no se aprecia vulnerado el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición, y muchos menos las demás garantías fundamentales
invocadas por el accionante, porque la entidad accionada sí dio una respuesta clara,
congruente y de fondo a la solicitud del actor. Dicha respuesta se extrae del Anexo
N° 2 de la Resolución N° CJR23-0028 de 16 de enero de 2023; documento en el
que se explican las razones por las cuales las opciones marcadas por el participante
no eran las acertadas.
20. Valga resaltar que la Resolución No. CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 y sus
anexos fueron publicados y notificadas a través de la página web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-
de-conocimientos-y-aptitudes; tal como lo establece el punto 5.2 del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual «[…] se adelanta el proceso de
selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial […]», norma que dispone lo siguiente:
[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de
la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los
Consejos Seccionales de la Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la
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Accionante: Santiago Ríos Barco
Carrera Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del
proceso de selección, incluidos los que resuelven los recursos […].
21. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo sostenido en el escrito
de tutela, el accionante no presentó en sede administrativa ningún reparo frente
«[…] a las preguntas […] 32 […] 65, 66, 70, 100, 101, 102 [y] 126 […]», razón por
la cual no puede considerarse como omisión de las accionadas no haber emitido
un pronunciamiento frente a las mismas y muchos menos catalogar dicha
circunstancia constitutiva de la vulneración de derechos fundamentales.
22. Por los anteriores razonamientos, la Sala negará las pretensiones de la presente
acción de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (18)
Sigue leyendo
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