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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07305-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07305-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora DIANA PATRICIA ESGUERRA PERDOMO, respecto a las pretensiones invocadas por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: DENEGAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por los señores JAIME ALEXIS POVEDA PINEDA, JUAN CARLOS SANTANA BALAGUERA, JORGE ISAAC ANAYA NAZZAR, GABRIEL ANTONIO MANRIQUE BURGOS, ANGELA PATRICIA MORALES RIVERA, JOSÉ URIEL MOJICA ALBARRACÍN, OSCAR RODRIGO ZAMUDIO MORA, SERGIO ESCOBAR HOLGUÍN, MELISSA DÍAZ RAMOS y PEDRO PASCACIO MARTÍNEZ REYES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DENEGAR la solicitud de acumulación presentada por la señora CARMEN JUANA CAMARGO RODRÍGUEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07305-00 Actor: JUAN CAMILO TORRES PABÓN CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07305-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07305-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN CAMILO TORRES PABÓN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIDA DENTRO
DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, EN EL QUE SE RECHAZÓ LA INSCRIPCIÓN DEL
ACTOR POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL
ACUERDO PCSJA25-12348 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y TRABAJO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor JUAN CAMILO TORRES PABÓN, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

1
En adelante, UNIDAD.

2

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Actor: JUAN CAMILO TORRES PABÓN

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a los

principios de mérito y primacía del derecho sustancial sobre el

formal, los cuales estima vulnerados por la UNIDAD, al haber

expedido la Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de agosto de 20262

dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la convocatoria

núm. 28, para proveer cargos de funcionarios de carrera en la Rama

Judicial.

I.2. Hechos

Refirió que se inscribió como aspirante para proveer el cargo de juez

municipal- juez promiscuo municipal, en la modalidad de ingreso

público y abierto, para la conformación de los registros de elegibles

dentro de la convocatoria núm. 28, adelantada con fundamento en

el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de 20253, expedido

por el Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó que, dentro del término fijado en la convocatoria, realizó la

inscripción a través del software de gestión integrado CARJUD APP4,

en el que efectuó el diligenciamiento de la información personal,

académica y experiencia laboral.

2
“Por medio de la cual se decide acerca de la admisión o rechazo de las y los aspirantes al concurso de
méritos, modalidad de ingreso público y abierto, destinado a la conformación de los Registros
Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado
mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de 2025”
3
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
4
Herramienta tecnológica desarrollada para el trámite, control y gestión a nivel central y seccional de
los procesos de administración de la carrera judicial, procesos de selección, convocatoria de méritos,
traslados, escalafón y calificación integral de servicios.

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3

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Además, manifestó que no cargó la declaración juramentada de

ausencia de inhabilidades e incompatibilidades en el formato PDF,

pues, a su juicio, ese requisito no fue catalogado como relevante y

obligatorio en el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de

2025.

Sostuvo que mediante la Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de

agosto de 2026, la UNIDAD decidió acerca de la admisión y rechazo

de los aspirantes inscritos en el referido concurso de méritos,

modalidad de ingreso público y abierto.

Mencionó que, al consultar el resultado de su inscripción, advirtió que

fue rechazado por la causal núm. 5 del artículo 6 del numeral 3 del

Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 que dispone: “[…] No presentar la

declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e

incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en

formato PDF […]”.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la entidad accionada vulneró sus garantías

constitucionales al excluirlo del concurso de méritos bajo la causal de

ausencia de declaración juramentada de inhabilidades, pese a haber

cumplido con la totalidad de los requisitos mínimos para aspirar al

cargo de juez municipal y haber realizado su inscripción de buena fe

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a través del aplicativo CARJUD APP siguiendo rigurosamente la guía

práctica oficial.

Mencionó que el instructivo de la inscripción no advertía de manera

expresa ni obligatoria la exclusión automática por la omisión de dicho

documento, pues se otorgó un rigorismo formal y desproporcionado

que desconoce que sí cumplió con los demás requisitos.

Adujo que la actuación administrativa incurrió en una vía de hecho y

una flagrante vulneración de los derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, haciendo

procedente la acción constitucional para proteger su legítima

aspiración en el concurso frente a una exigencia que nunca fue

advertida como un requisito obligatorio en la fase inicial.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…]PRIMERO: AMPARAR la protección de mis derechos
fundamentales y constitucionales como lo son mi derecho al debido
proceso administrativo, mi derecho a concursar por mérito, mi
derecho al trabajo, igualdad y del principio de primacía de lo
sustancial sobre lo formal.

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO
PARCIALMENTE la Resolución CJR260497 de 3 de agosto de 2026,
únicamente en cuanto que me rechazó del concurso MODALIDAD
INGRESO - CONVOCATORIA 28 - FUNCIONARIOS DE CARRERA DE
LA RAMA JUDICIAL, cargo Juez Promiscuo Municipal, por la causal
5
.

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TERCERO: ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del fallo, expida el acto administrativo que me
incluya en el listado de aspirantes admitidos y garantice mi
participación efectiva en las fases subsiguientes, disponiendo las
fechas alternas que resulten necesarias si el cronograma hubiere
avanzado.

CUARTO: En subsidio, y si se estimare que existe otro medio de
defensa judicial idóneo, CONCEDER el amparo como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los términos
del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Tomar las medidas de protección que usted considere
pertinentes y conducentes Honorable Magistrado, en aras de
salvaguardar y proteger mis derechos fundamentales […]”
(Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- La UNIDAD manifestó que la solicitud de amparo de la

referencia no satisface los requisitos generales ni específicos de

procedencia para controvertir la actuación administrativa surtida

dentro del proceso de selección objeto de cuestionamiento, por

cuanto la decisión contenida en la Resolución CJR26-0497 de 3 de

agosto de 2026, se encuentra debidamente motivada y se empleó la

normativa aplicable al asunto, esto es, el artículo 164 de la Ley 270

de 19965 modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 20246,

además del material probatorio obrante en el aplicativo CARJUD-APP,

en el que se constató de manera objetiva la omisión en la carga del

documento exigido.

5
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
6
"Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia y se dictan
otras disposiciones"

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Igualmente, descartó la configuración de la vulneración a los

derechos fundamentales invocados, así como la existencia de un

exceso ritual manifiesto, esto, al considerar que es

constitucionalmente admisible, legítimo y de obligatorio

cumplimiento exigir a todos los participantes la presentación física y

oportuna de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades

e incompatibilidades en formato PDF dentro del plazo perentorio de

inscripción, sin que la simple aceptación general de términos del

sistema o la acreditación de títulos académicos puedan entenderse

como mecanismos idóneos para sustituir o convalidar un requisito

legal de estricta observancia.

Asimismo, aseguró que la acción constitucional de la referencia busca

pretermitir el debate jurídico natural y reabrir etapas preclusivas ya

surtidas, pretendiendo de manera improcedente que la fase de

verificación posterior sirva para subsanar cargas documentales

omitidas en tiempo.

Aseveró que el actor inobservó el requisito de la subsidiariedad, pues

no ha hecho uso del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, mecanismo judicial idóneo para controvertir la legalidad

de la actuación administrativa objeto de tutela y en el que, además,

puede solicitar medidas cautelares.

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I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El señor HUGO LASCARRO POLO quien indica actuar como

tercero con interés al ser participante de la convocatoria núm. 28,

solicitó declarar improcedente la presente solicitud de amparo por

incumplir el requisito de la subsidiariedad, dado que, a su juicio, la

parte actora cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir el

contenido de la actuación administrativa objeto de tutela.

I.6.2.- La señora CARMEN JUANA CAMARGO RODRÍGUEZ quien

indica actuar como tercero con interés al ser participante de la

convocatoria núm. 28, solicitó la acumulación de diferentes acciones

constitucionales promovidas ante múltiples despachos judiciales a

nivel nacional por otros participantes, que también excluidos del

concurso objeto de controversia.

Manifestó que, al igual que la parte actora, fue excluida del proceso

al exigírsele un requisito que la ley no ha dispuesto como obligatorio,

lo cual contraría el marco legal e impone restricciones

desproporcionadas al derecho a acceder a cargos públicos y al

principio constitucional del mérito.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) de las

peticiones de coadyuvancia; y ii) la solicitud de acumulación de

procesos presentada por la señora CARMEN JUANA CAMARGO

RODRÍGUEZ.

i) De las peticiones de coadyuvancia

La Sala pone de presente que resulta necesario resolver las

solicitudes presentadas por los señores JAIME ALEXIS POVEDA

PINEDA, JUAN CARLOS SANTANA BALAGUERA, JORGE ISAAC

ANAYA NAZZAR, GABRIEL ANTONIO MANRIQUE BURGOS,

ANGELA PATRICIA MORALES RIVERA, JOSÉ URIEL MOJICA

ALBARRACÍN, OSCAR RODRIGO ZAMUDIO MORA, SERGIO

ESCOBAR HOLGUÍN, MELISSA DÍAZ RAMOS, PEDRO

PASCACIO MARTÍNEZ REYES y DIANA PATRICIA ESGUERRA

PERDOMO, referente a que se les tenga como coadyuvantes del

actor en la acción de tutela de la referencia.

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Sea lo primero advertir que la coadyuvancia en la acción de tutela se

encuentra establecida en el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591

de 1991, de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE
LA ACCIÓN E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra
la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno
u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización
o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad
de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […] (Destacado fuera de texto).

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-062

de 2010, se refirió sobre el particular en los siguientes términos:

“[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del
proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga
que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante […]”.

De igual manera, esta Sala a través de providencia de 3 de septiembre

de 20267, frente a unas solicitudes de coadyuvancia en el trámite de

la acción de tutela, se pronunció en el siguiente sentido:

“[…] Respecto de lo anterior, resulta preciso señalar que
el inciso segundo del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de
1991 establece que: “[…] Quien tuviere un interés legítimo
en el resultado del proceso podrá intervenir en él como

7
Expediente número 2026-05924-00. M.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

La Corte Constitucional8 ha definido la coadyuvancia en los
procesos de tutela como “[…] la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta
compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por
el demandante de la tutela […]”.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha
establecido las siguientes reglas para la procedencia de la
coadyuvancia:

“[…] (i) la participación del coadyuvante debe estar
acorde con las posiciones y pretensiones presentadas por
el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es
decir, no puede formular pretensiones propias de
amparo a sus derechos fundamentales;

(ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes
de que se expida la sentencia que finalice el proceso de
tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de única,
de segunda instancia o de revisión ante la Corte
Constitucional, según sea el caso […]”9. [Se
destaca] […]”. (Destacado pertenece al texto).

En ese sentido, la Sala advierte que los peticionarios manifestaron

su interés en las resultas del proceso, por cuanto, al parecer, la

decisión cuestionada incide de manera directa en los intereses de

todos los participantes inscritos en la convocatoria núm. 28. Sin

embargo, al verificar las solicitudes de los señores JAIME ALEXIS

POVEDA PINEDA, JUAN CARLOS SANTANA BALAGUERA y

JORGE ISAAC ANAYA NAZZAR, GABRIEL ANTONIO MANRIQUE

BURGOS, ANGELA PATRICIA MORALES RIVERA, JOSÉ URIEL

MOJICA ALBARRACÍN, OSCAR RODRIGO ZAMUDIO MORA,

SERGIO ESCOBAR HOLGUÍN, MELISSA DÍAZ RAMOS y PEDRO

8
Sentencia T-070 de 2018.
9
Corte Constitucional, Auto 401 de 2020.

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PASCACIO MARTÍNEZ REYES, se evidencia que están formulando

pretensiones de amparo propias y/o personales relacionados con el

reconocimiento de sus derechos fundamentales y la extensión de los

efectos de la decisión que se profiera en el asunto de la referencia.

Al respecto, la Sala considera que las referidas solicitudes no

satisfacen los presupuestos para reconocer a los peticionarios como

coadyuvantes, comoquiera que las pretensiones formuladas están

encaminadas a la obtención de un interés eminentemente particular

y subjetivo. En consecuencia, se denegarán dichas peticiones.

Ahora, respecto de la señora DIANA PATRICIA ESGUERRA

PERDOMO, no se advierte la formulación de pretensiones de amparo

propias y/o personales y ahora se va a dictar sentencia de primera

instancia, razón por la que la Sala accederá a la solicitud de

coadyuvancia y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

ii) De la solicitud de acumulación

En cuanto a la solicitud de acumulación presentada por la señora

CARMEN JUANA CAMARGO RODRÍGUEZ, la Sala considera que

no hay lugar a conceder tal petición, por cuanto, si bien en el

presente asunto así como en las acciones de tutela traídas a colación

se discute la legalidad de la Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de

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agosto de 2026, mediante la cual la UNIDAD decidió acerca de la

admisión y rechazo de los aspirantes inscritos en el concurso de

méritos, modalidad de ingreso público y abierto, también lo es que

dicho acto administrativo es el resultado del análisis del cumplimiento

de los requisitos y la documentación aportada por cada persona en

la fase de inscripción y frente a la postulación de un cargo

determinado, en el que se tuvieron en cuenta diferentes causales

para disponer el rechazo de algunos aspirantes, incluida la núm. 5º,

alegada en el caso sub examine, razón por la que el juez de tutela

debe realizar el estudio y examinar la situación de cada uno de estos

de manera individual.

Por lo precedente, la Sala denegará la solicitud de acumulación en

atención a que no se encuentran configurados los presupuestos para

tal efecto10 y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

10
Según lo dispuesto en el artículo 88 del Código General del Proceso (CGP), aplicable al trámite de las
acciones de tutela por remisión expresa del artículo 4° del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992.

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particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199111. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

a la igualdad, al trabajo y a los principios de mérito y primacía del

derecho sustancial sobre el formal, los cuales estima vulnerados por

la UNIDAD, al haber expedido la Resolución núm. CJR26-0497 de 3

de agosto de 2026, mediante la cual se rechazó su inscripción como

aspirante para proveer cargos de funcionarios de carrera en la Rama

Judicial en el marco del concurso de méritos adelantado dentro de la

convocatoria núm. 28.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela y ii) de superarse tal derrotero, establecer si la accionada

vulneró los derechos fundamentales invocados, al expedir el acto

11
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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administrativo mediante el cual rechazó su inscripción al concurso de

méritos.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el cumplimiento

de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en

especial, el requisito general de la subsidiariedad.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»12 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Con relación a la procedencia de la acción de tutela para cuestionar

actos administrativos en el marco de la convocatoria núm. 27 para

proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, la Corte

Constitucional en la sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022,

precisó lo siguiente:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una

12
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

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97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»13.

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»14.

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el

13
Sentencia T-049 de 2019.
14
En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de
sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos
fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en
su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de
la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal
motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.

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supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite. […]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»15. A continuación, se procede a analizar la
procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

15
Sentencia SU-077 de 2018.

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111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «define
una situación especial y sustancial que se proyecta en la decisión
final»16. Si bien el acto administrativo que da a conocer los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto
de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible
relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de
ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer
hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202
como acto administrativo de trámite: la manifestación de
voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la
finalización o la obstaculización del avance de la actuación
administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario,
aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales cuando la vulneración se endilga respecto de un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

16
Idem.

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administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza

real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

pero que, en todo caso, sí definía una situación especial y sustancial

que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución núm.

CJR20-0202 a través de la cual la UNIDAD corrigió varias de las

actuaciones que había desarrollado hasta ese momento en el marco

de la convocatoria núm. 27 desde la citación a las pruebas de

aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el curso a derecho y

continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro

medio de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades

planteadas en este trámite constitucional recaen frente a la

Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, mediante la

cual la UNIDAD decidió acerca de la admisión y rechazo de los

aspirantes inscritos al concurso de méritos adelantado con ocasión

de la convocatoria núm. 28, modalidad de ingreso público y abierto;

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y cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa

judicial idóneo para el asunto y en el cual se puede solicitar las

medidas cautelares dispuestas en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 17, las cuales

“permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo mientras

se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte Constitucional

en la precitada sentencia SU-067 de 2022.

Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de

tutela para discutir decisiones administrativas particulares emitidas

en concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que

excluye a un aspirante del proceso de selección, esta Sección en

sentencia de 14 de octubre de 202118, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son

17
En adelante, CPACA.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 2021-06518-
00(AC).

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los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido

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perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.

Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 2021 19, 4 de

marzo de 202220 y 27 de febrero de 202521, esta Sección también se

pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela para

cuestionar decisiones particulares emitidas en el desarrollo de los

concursos de méritos, bajo argumentos similares a los expuestos en

el precedente en cita.

Asimismo, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias de

2422 y 3123 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes dentro del concurso

de méritos adelantado con ocasión de la convocatoria núm. 27, dicha

situación obedeció a que los asuntos devenían de la presunta falta

de resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón número único de radicación 2021-03717-00(AC).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón número único de radicación 2022-00315-00 (AC).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
febrero de 2025, MP. Nubia Margoth Peña Garzón número único de radicación 2024-06700-00 (AC).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.

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puntajes de las pruebas de aptitudes conocimientos, lo que se

relacionaba con el derecho de petición, garantía susceptible de

protección directa a través de la acción de tutela24, lo que difiere del

asunto bajo examen, en el que se cuestiona el rechazo de la

inscripción por incumplimiento de los requisitos allí exigidos.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sección precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».

Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, la Sala destaca que el actor no hizo uso de la

solicitud de verificación de requisitos contemplada en el numeral

4 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, disposición que

rige el concurso de méritos cuestionado y que dispone:

24
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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“[…] Artículo 6. El concurso es público. La convocatoria es norma
obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de
perentorio cumplimiento tanto para la administración como para
los participantes, quienes, con su inscripción, aceptan las
condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo. […]

4. ETAPAS DEL CONCURSO

El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y
Clasificación

4.1 Etapa de Selección

Para los concursos de ingreso y ascenso comprende la Fase I -
Verificación de requisitos, la Fase II – Prueba de conocimientos,
competencias, aptitudes y/o habilidades y la Fase III – Curso de
Formación Judicial Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio.
(Artículos 164 - 4 y 168 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia).Hoja No. 17 Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre
de 2025, “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección
en las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial”

Fase I. Verificación de requisitos

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura verificará el cumplimiento de los
requisitos mínimos para desempeñar el cargo de aspiración
señalados en la presente convocatoria, respecto de quienes se
inscribieron al concurso de ingreso y de ascenso. Igualmente,
verificará las condiciones establecidas en el artículo 163 de la citada
Ley Estatutaria para participar en los concursos de ascenso.

La verificación de los requisitos se decidirá mediante dos
resoluciones (una por cada modalidad de concurso) sobre la
admisión o rechazo al concurso, indicando la causal o causales que
dieron lugar a la decisión. Contra estas decisiones no habrá recurso
en sede administrativa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 164, numeral tercero de la Ley 270 de 1996 modificado por
el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.

Sólo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
de las resoluciones expedidas, los aspirantes rechazados
podrán pedir la verificación de su documentación, mediante
escrito tramitado únicamente en el software CARJUDAPP,
dentro del citado término.

Cualquier solicitud extemporánea o enviada por un medio diferente
al indicado en el acto administrativo, se entenderá como no
presentada […]” (Resaltado fuera del texto original)

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Asimismo, la Sala advierte que el artículo 3 de la Resolución núm.

CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, ahora cuestionada, determinó

la procedencia de la solicitud de verificación de requisitos de la cual

podrían hacer uso los aspirantes rechazados mediante escrito

tramitado por el aplicativo CARJUD APP, así:

“[…] ARTÍCULO 3º: SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS. Las y los aspirantes rechazados podrán
solicitar la verificación de su documentación dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión,
mediante escrito tramitado únicamente a través del
software CARJUD APP. Cualquier solicitud extemporánea o
enviada por un medio diferente o registradas en una opción
distinta dentro del aplicativo, se entenderá como no
presentada […]”. (Resaltado fuera del texto original).

Por lo anterior, se tiene que, en el caso bajo examen, si la parte

actora estaba inconforme con el rechazo de su inscripción debido a

la ausencia del requisito establecido en la causal núm. 5 esto es “[…]

No presentar la declaración juramentada de ausencia de

inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante,

escaneada y cargada en formato PDF […]”, lo procedente era haber

presentado la solicitud en mención.

En ese sentido, se colige que, al no haber acudido a los mecanismos

previstos en las reglas del concurso de méritos para controvertir la

decisión aquí cuestionada, se incumple el presupuesto de

subsidiariedad de la acción de tutela.

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Sobre el particular, es dable traer a colación lo dispuesto por la Corte

Suprema de Justicia25 que resolvió un asunto similar al aquí

planteado, pues la allí actora también controvirtió el contenido de la

Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, que rechazó

su inscripción al concurso de méritos de la convocatoria núm.28 por

la causal prevista en el numeral 5º. En dicha oportunidad, esa

Corporación dispuso:

“[…] Siguiendo esa línea de pensamiento, emerge con
claridad que los reproches esbozados por la accionante son
improcedentes en la medida en que lo perseguido es que se
deje sin efecto la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de
2026 -mediante la cual se rechazó su inscripción a la
convocatoria 28- no obstante, revisado el plenario se
advierte que la accionante no manifestó ninguna
inconformidad ante la autoridad convocada en relación con
la determinación que ahora censura.

Ello es, así pues, verificado el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 -a
través del cual se establecen los lineamientos del concurso-, en el
mismo se estableció: […]

De allí que, si la accionante consideraba que la entidad convocada
se equivocó al exigirle presentar la declaración juramentada en
formato PDF y que ello constituye un exceso de ritual manifiesto,
lo cierto es que esas discrepancias debió exponerlas a través de los
mecanismos dispuestos para el desarrollo del concurso.

Ahora bien, esta Sala no pasa por alto que la accionante
refirió que no hizo uso de dicha herramienta porque «en su
momento no se adjuntó el formato pdf donde se afirmaba
no estar inmerso en habilidades o incompatibilidades», no
obstante, dicho argumento deviene improcedente pues,
esta Sala encuentra que la fase de verificación prevista en
el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 constituía el
mecanismo idóneo para que los aspirantes expusieran sus
inconformidades o reparos frente al rechazo de su
inscripción, siendo ese el escenario previsto para que se
analizara la viabilidad de los argumentos que ahora expone.

25
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia STL 17137-2026 de 2 de septiembre
de 2026, M.P. Juan Carlos Espeleta Sánchez número único de radicación 2026-01240-00(AC).

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Ahora bien, de otro lado, esta Sala advierte que lo censurado
por la accionante corresponde a un acto administrativo
respecto del cual la vía correcta para discutir su legalidad es
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a
través de los medios de control establecidos para ello,
mecanismos en los cuales puede solicitar las medidas
cautelares reguladas en el artículo 229 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Sin embargo, tampoco se observa que la accionante hubiera
activado los medios judiciales expeditos para ello de forma previa
a la interposición de la acción de tutela.
Al respecto, debe decirse que el mecanismo de amparo no puede
concebirse como una instancia paralela o previa - como lo
pretendió la accionante- a las vías judiciales ordinarias dispuestas
por el legislador para debatir las decisiones que las partes estimen
arbitrarias o incompatibles con sus derechos, de ahí que,
ineludiblemente, deban agotar las herramientas jurídicas
correspondientes y luego, si estiman que el trámite de aquellas no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que no son
idóneas y eficaces para a resolución de su controversia, acudir a la
acción constitucional.

En esas condiciones, surge palmario que con la omisión antedicha
la interesada no ejerció las herramientas procesales que le
otorgaba la ley para discutir, en el escenario idóneo y ante la
autoridad competente, sus discrepancias contra las decisiones que
se emitieron en el concurso censurado, de manera que no puede
ahora aspirar a su quebrantamiento en sede de tutela, pues, se
insiste, este mecanismo no se encuentra instituido como una
instancia adicional ni como un procedimiento para revivir términos
u oportunidades pretermitidas en los procesos judiciales o
administrativos.

Tampoco se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, es decir, cierto, inminente, grave y de urgente
atención, que posibilite tramitar la petición de tutela para
proteger transitoriamente a quien se dice afectado con la
decisión, pues no se aportó prueba alguna que diera cuenta
de una situación excepcional y de tal magnitud que
ameritara la intervención especial del juez de tutela. […]

En ese entendido, al no encontrar cumplido el presupuesto
de subsidiariedad, esta Sala no emitirá pronunciamiento
sobre el fondo del asunto puesto a consideración […]”

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

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configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 26 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de subsidiariedad,

26
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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razón por la que se declarará improcedente la solicitud de amparo y

así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la

señora DIANA PATRICIA ESGUERRA PERDOMO, respecto a las

pretensiones invocadas por el actor, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DENEGAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas

por los señores JAIME ALEXIS POVEDA PINEDA, JUAN CARLOS

SANTANA BALAGUERA, JORGE ISAAC ANAYA NAZZAR,

GABRIEL ANTONIO MANRIQUE BURGOS, ANGELA PATRICIA

MORALES RIVERA, JOSÉ URIEL MOJICA ALBARRACÍN, OSCAR

RODRIGO ZAMUDIO MORA, SERGIO ESCOBAR HOLGUÍN,

MELISSA DÍAZ RAMOS y PEDRO PASCACIO MARTÍNEZ REYES,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR la solicitud de acumulación presentada por la

señora CARMEN JUANA CAMARGO RODRÍGUEZ, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede

en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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