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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06163-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06163-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06163-00 Actor: ROY DAVID GONZÁLEZ ANGULO para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06163-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06163-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ROY DAVID GONZÁLEZ ANGULO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA
PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE
MÉRITOS, EN LA CUAL SE OTORGÓ EL PUNTAJE OBTENIDO EN EL
CURSO-CONCURSO. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Saneadas las irregularidades procesales1, la Sala procede a decidir la

acción de tutela promovida por el actor contra la UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA2, la SOCIEDAD

E-DISTRIBUTION S.A.S.3, el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA4 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL - ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.

1
La Sala advierte que, mediante auto de 18 de febrero de 2025, la Sección Tercera -Subsección “A”-
del Consejo de Estado, magistrado sustanciador Fernando Alexei Pardo Flórez, declaró la nulidad de la
sentencia de 12 de diciembre de 2024, proferida por esta Sección en el asunto de la referencia.
2
En adelante la UNIVERSIDAD.
3
En adelante la SOCIEDAD.
4
En adelante el CONSEJO SUPERIOR.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06163-00
Actor: ROY DAVID GONZÁLEZ ANGULO

I. ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ROY DAVID GONZÁLEZ ANGULO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado

por la UNIVERSIDAD, la SOCIEDAD, el CONSEJO SUPERIOR –

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL -

ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA al expedir esta

última autoridad las resoluciones EJR24-298 de 21 de junio y EJR24-

1284 de 8 de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos

adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer

cargos de carrera en la Rama Judicial.

I.2. Hechos

Refirió que se inscribió como aspirante al cargo de Juez Penal de

Circuito dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con

fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de

2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución

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núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase

general del IX Curso de Formación Judicial inicial, en el que obtuvo

un puntaje no aprobatorio de 767,100.

Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la referida

decisión, el cual fue desatado a través de la Resolución EJR24-1284

de 8 de noviembre de 2024, de manera desfavorable a sus intereses,

pues se le otorgó un puntaje no aprobatorio de 775, decisión que

no fue debidamente motivada.

Relató que la suma de los módulos da un total, la de la resolución

primigenia otro y la que resuelve el recurso de reposición un valor

distinto, lo que genera dudas en todo el proceso administrativo

llevado por las accionadas.

Comentó que al realizar un examen de la Resolución EJR24-1284 de

8 de noviembre de 2024 se evidencia que más del 80% de la misma

es elaborada por Inteligencia Artificial5, de tal forma que existen

concursantes aprobados con preguntas recalificadas que pueden ser

5
En Adelante IA.

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beneficiosas o perjudiciales dentro del concurso, lo que afecta la fase

especializada y vulnera la non reformatio in pejus.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó que se ampare su derecho fundamental invocado

como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] 1. Que se ordene responder de manera clara y precisa
(motivación del acto administrativo) a las preguntas recalificadas,
con su respectivo informe técnico.

2. Que se recalifique a todos los concursantes, tanto aprobados
como reprobados, en una sola fecha.

3. Que sea eliminada la intervención de la Inteligencia Artificial en
la elaboración de dicho acto administrativo […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA solicitó

declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia por

falta del requisito general de subsidiariedad o, en su defecto, denegar

el amparo solicitado, toda vez que no existe vulneración alguna al

derecho fundamental invocado.

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Para el efecto, sostuvo que el accionante cuenta con un mecanismo

idóneo y efectivo para proteger su derecho fundamental al debido

proceso como es el medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, máxime cuando no se advierte la existencia de algún

perjuicio irremediable en el asunto que amerite la intervención del

juez constitucional.

Destacó que los reparos del actor se limitan a solicitar la expedición

de un nuevo acto administrativo con determinadas características,

sin señalar los motivos por los cuales considera vulnerado su derecho

fundamental al debido proceso, de tal forma que los argumentos del

actor corresponden a reparos legales que deben ser dirimidos por el

juez contencioso.

Por último, aseveró que no hizo uso de herramientas basadas en IA

para el análisis y expedición de las resoluciones, comoquiera que

cada asunto fue atendido de manera individual y con fundamento en

la razonabilidad y juicio profesional de la entidad, por lo que los

motivos de inconformidad fueron resueltos con los insumos

proporcionados por la Unión Temporal de Formación Judicial.

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I.4.2.- La UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019,

conformada por la UNIVERSIDAD y la SOCIEDAD, informó que no

se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales del

actor, pues las actuaciones del concurso se encuentran enmarcadas

dentro del marco de los acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 de 16

de agosto de 2018, PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 y

PCSJA19-11405 de 2019, los cuales rigen la convocatoria y reglas

del IX Curso de Formación Judicial.

I.4.3.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL solicitó su desvinculación del presente trámite

constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en

su defecto, denegar el amparo deprecado, en la medida en que no

ha vulnerado derecho fundamental alguno en tanto no ha intervenido

en el desarrollo del Curso de Formación Judicial ni tiene injerencia

alguna con la aplicación del instrumento evaluativo a cargo de la

ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.

I.4.4.- La UNIVERSIDAD refirió que la acción de tutela es

improcedente ante la carencia actual de objeto y por no cumplir con

el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que se está ante

un caso concreto en el que no existe un hecho vulnerador que

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demuestre la conculcación del derecho fundamental invocado,

aunado a que los hechos que fundamentan la solicitud de amparo

dan cuenta de que ha actuado de conformidad a su competencia.

Afirmó que no se está en presencia de un perjuicio de carácter

irremediable que amerite la intervención del juez constitucional,

máxime cuando ha actuado con observancia de las normas de orden

constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial

Inicial.

Así las cosas, solicitó que se despachen desfavorablemente las

pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

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de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos: i) trámite de nulidad y ii) la

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva presentada por la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL.

i) Trámite de nulidad

Sea lo primero advertir que, durante el trámite de segunda instancia,

mediante auto de 18 de febrero de 2025, la Sección Tercera -

Subsección “A”- del Consejo de Estado, magistrado sustanciador

Fernando Alexei Pardo Flórez, declaró la nulidad de la sentencia de

primera instancia de 12 de diciembre de 2024, proferida por esta

Sección, por cuanto no existió pronunciamiento alguno respecto de

la posible acumulación de la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-

2024-06232-00 al proceso de la referencia, con lo cual al señor

Daniel Camilo Agudelo Tolosa se le pretermitió íntegramente el

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trámite procesal correspondiente a la primera instancia de la

presente acción constitucional.

Así las cosas, una vez el expediente identificado con el núm. 2024-

06232-006 ingresó al Despacho sustanciador, mediante auto de 3

de marzo de 2025, fue denegada la solicitud de acumulación al

presente proceso y, en consecuencia, se ordenó devolver la acción

constitucional al Despacho de origen.

Asimismo, en el proceso de la referencia se dio trámite a una

recusación presentada por el actor contra la consejera Ponente, la

cual fue rechazada a través de proveído de 3 de abril de 2025.

Por lo anterior, al encontrarse saneada la nulidad decretada, la Sala

procederá a proferir nuevamente sentencia de primera instancia

dentro del presente asunto.

ii) Solicitud de desvinculación por falta de legitimación

en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.

6
Se resalta que el expediente pasó al Despacho sustanciador solo hasta el 3 de marzo de 2025, según
informe secretarial visible en el índice núm. 12 del expediente digital agregado al sistema SAMAI, por
cuanto no tuvo conocimiento previo de la solicitud de acumulación presentada.

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL solicitó su desvinculación en la presente acción

de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida,

entre otros, contra la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL, su vinculación se dio como parte accionada,

razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el

cual, a su juicio, le fue vulnerado por las autoridades accionadas, al

expedir las resoluciones EJR24-298 de 21 de junio y EJR24-

1284 de 8 de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos

adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos

de carrera en la Rama Judicial.

7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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A través de las referidas decisiones la ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase

general del IX Curso de Formación Judicial Inicial en el cual el actor

obtuvo un puntaje no aprobatorio de 767,100 y se resolvió el

recurso de reposición contra dicha decisión, en el cual le fue otorgado

un puntaje no aprobatorio de 775.

El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se

resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, comoquiera

que, a su juicio, carecen de una debida motivación, pues fueron

elaboradas en más del 80% por IA, lo que vulnera su derecho

fundamental al debido proceso, razón por la cual solicitó que se

ordene responder de manera clara y precisa las preguntas

recalificadas, con su respectivo informe técnico, sin la intervención

de la IA en la elaboración del acto administrativo.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si

las autoridades accionadas vulneraron el derecho deprecado por el

actor, al expedir las resoluciones EJR24-298 de 21 de junio y EJR24-

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1284 de 8 de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos

adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU 067 de 24 de febrero de 2022 aludida, la Corte Constitucional

precisó lo siguiente:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para

8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que

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permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»9.
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación

9
Sentencia T-049 de 2019.

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de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»10.

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»11. A continuación, se procede a analizar la
procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-

10
En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de
sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos
fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en
su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de
la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal
motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.
11
Sentencia SU-077 de 2018.

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8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «define
una situación especial y sustancial que se proyecta en la decisión
final»12. Si bien el acto administrativo que da a conocer los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto
de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible
relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de
ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer
hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202
como acto administrativo de trámite: la manifestación de
voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la
finalización o la obstaculización del avance de la actuación
administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario,
aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales, cuando la vulneración se endilga respecto de un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

permita demandar la protección de la garantía fundamental

12
Idem.

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infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza

real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

pero que, en todo caso, sí definía una situación especial y sustancial

que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-

0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

corrigió varias de las actuaciones que había desarrollado hasta ese

momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde la citación

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a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el

trámite a derecho y continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro medio

de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas

en este trámite constitucional recaen en las resoluciones EJR24-298

de 21 de junio y EJR24-1284 de 8 de noviembre de 2024, cuya

legalidad puede ser discutida a través del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho.

Cabe precisar que la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024

publicó los puntajes obtenidos por los concursantes en la evaluación

de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial y la

Resolución EJR24-1284 de 8 de noviembre de 2024 estudió el recurso

de reposición interpuesto por el actor en el cual se analizaron los

motivos de inconformidad específicos frente al contenido del

cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación sobre las

preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 24, 27, 36, 38, 39, 40, 41,

44, 45, 51, 56, 57, 60, 62, 66, 75, 76.

Así las cosas, se destaca que para controvertir la calificación de la

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evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial

Inicial y el contenido de las preguntas antes mencionadas, el actor

cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, mecanismo de defensa judicial idóneo para el asunto y en

el cual puede solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA,

las cuales “permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo

mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte

Constitucional en la sentencia SU-067 de 2002.

Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de

tutela para discutir decisiones administrativas particulares emitidas

en concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que

excluye del proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de

octubre de 202113, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-
000-2021-06518-00(AC).

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21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima

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vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.

Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 202114 y 4 de

marzo de 202215, esta Sala también se pronunció sobre la

improcedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones

particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo

argumentos similares a los expuestos en el precedente en cita.

En efecto, tal criterio ha sido acogido por esta Sala en múltiples

oportunidades, entre ellas, mediante providencia de 14 de abril de

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
03717-00(AC).
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315
00 (AC).

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202316, por medio de la cual en un asunto en el que el actor pretendía

controvertir el puntaje asignado en las pruebas de aptitudes y

conocimientos y en el que formuló reproches respecto de cada una

de las preguntas del examen, declaró improcedente la solicitud de

amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad, al considerar

que la legalidad de las decisiones acusadas podía ser discutida a

través del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho.

Asimismo, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias de

2417 y 3118 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria

27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la

presunta falta de resolución de los recursos de reposición

interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y

conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,

garantía susceptible de protección directa a través de la acción de

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-01326-
00.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.

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tutela19, lo que difiere del asunto bajo examen, en el cual se

cuestiona la forma de calificación y los instrumentos utilizados para

el efecto.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sala precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».

Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

19
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 20 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la

20
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la

referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta

sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

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para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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